Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01457-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2016-01457-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2016-01457-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001 23 33 000 2016 01457 01 (2575-18)
Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 16 de enero de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Martha de Jesús Montenegro
González, por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare
la nulidad de las Resoluciones RDP 47643 del 17 de noviembre de 2015 y RDP 24173
del 29 de junio de 2016, por medio de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento
de la pensión gracia de jubilación.
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Radicación: 08001 23 33 000 2016 01457 01 (2575-2018)
Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó que se condene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP
a lo siguiente: i) reconocerle la pensión gracia a la que tiene derecho por haber
prestado sus servicios como docente oficial por más de 20 años, a partir del 1 de
octubre de 2007; (ii) incluir en el ingreso base de liquidación todos los factores
salariales percibidos durante el último año de servicio; (iii) dar cumplimiento a la
sentencia en los términos del inciso 1 del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; (iv)
liquidar los intereses moratorios a que haya lugar, según el artículo 192 del C.P.A.C.A;
y (v) condenar en costas a la demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Martha de Jesús Montenegro nació el 26 de abril de 1957; fue nombrada
por medio del Decreto 134 del 20 de octubre de 1978, para ejercer labores de básica
primaria en el Colegio de Comercio de Palmar de Varela, Atlántico, hasta el 27 de
junio de 1983; posteriormente fue nombrada a través del Decreto 220 del 28 de
mayo de 1992, expedido por la Alcaldía Mayor de Barranquilla, para prestar sus
servicios como educadora de primaria de la Escuela Nacionalizada número 44 para
Varones, de esa ciudad, en donde ha laborado hasta, por lo menos, la fecha de
interposición de la demanda.
ii) El 24 de julio de 2015, la demandante solicitó ante la UGPP el reconocimiento de
la pensión gracia, petición que fue resuelta negativamente por medio de la
Resolución RDP 47643 del 17 de noviembre de 2015, por considerar que la
vinculación era nacional y, por lo tanto, no eran computables para el reconocimiento
de la pensión gracia.
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Radicación: 08001 23 33 000 2016 01457 01 (2575-2018)
Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
iii) El 27 de enero de 2016, la accionante radicó recurso de apelación en contra de
la anterior decisión, la cual fue confirmada por medio de la Resolución RDP 24173
del 29 de junio de 2016, bajo el mismo argumento sobre el carácter nacional del
tiempo de servicio y la imposibilidad de computar dichos periodos.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 5, 11, 13, 16, 23, 29 y 53 de la Constitución
Política; 1, 4 y 5 de la Ley 114 de 1913; Ley 116 de 1928; Ley 37 de 1933; artículos
1 y 15 de la Ley 91 de 1989; y artículo 1, inciso 2, de la Ley 33 de 1985. Al desarrollar
el concepto de violación, la apoderada de la demandante expuso lo siguiente:1
i) La certificación del tiempo de servicio expedida por la Alcaldía de Barranquilla
señala que la vinculación laboral de la demandante es de carácter nacional, lo cual
no es más que un error de la entidad certificadora; sin embargo, la administradora
de pensiones ha desconocido las definiciones legales de los términos «nacional,
nacionalizado y territorial», consagradas en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989.
ii) De acuerdo con los decretos de nombramiento, es claro que las vinculaciones de
la señora Martha de Jesús Montenegro de 1978 y 1992 son de carácter territorial,
pues fueron efectuadas por la gobernación del Atlántico y la Alcaldía Mayor de
Barranquilla, respectivamente, es decir, no fueron realizadas por autoridades
nacionales.
iii) La demandante cumple con los requisitos fijados en la Ley 91 de 1989 para ser
titular de una pensión gracia, toda vez que cuenta con una vinculación territorial
antes del 31 de diciembre de 1989, ha laborado por más de 20 años en calidad de
docente territorial o nacionalizada y cuenta con más de 50 años de edad.
1.2. Contestación de la demanda
1 Folios 28 al 31.
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Radicación: 08001 23 33 000 2016 01457 01 (2575-2018)
Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:2
i) Es cierto que la demandante acreditó haber laborado por más de 20 años al
servicio de la docencia oficial y contar con una vinculación previa al 31 de diciembre
de 1989; sin embargo, dichos tiempos laborados fueron en calidad de docente
nacional, razón por la que no son aptos para el reconocimiento de la pensión gracia
que pretende; en consecuencia, los actos administrativos demandados se ajustan
a derecho.
ii) La vinculación nacional de la demandante implica que los dineros con los cuales
le pagaron sus salarios tiene origen en recursos del tesoro nacional, circunstancia
que es incompatible con el reconocimiento de una pensión gracia, lo que quiere
decir que no cumple los requisitos de la Ley 114 de 1913.
1.3. La sentencia apelada
Por medio de fallo del 16 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico
accedió a las pretensiones de la demanda con sustento en las siguientes razones:3
i) De acuerdo con la Ley 91 de 1989, el personal docente nacional es aquel
vinculado por nombramiento del gobierno nacional; los nacionalizados son los
vinculados por nombramiento de entidad territorial con anterioridad al 1 de enero de
1976 y, luego de esa fecha, de conformidad con lo previsto en la Ley 43 de 1975;
mientras que los territoriales corresponden a los nombrados por entidad territorial
sin el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
ii) Por su parte, el Decreto 196 de 1995 definió a los docentes nacionales y
nacionalizados como aquellos que venían siendo financiados con recursos de la
2 Folios 46 al 59
3 Folios 185 al 199.
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Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
Nación y del denominado situado fiscal a partir de la entrada en vigencia de la Ley
60 de 1993. A su vez, explicó que los educadores territoriales son aquellos
nombrados por la respectiva entidad territorial, con cargo a su propio presupuesto y
en su planta de personal; además, también son territoriales los docentes financiados
o cofinanciados por la Nación – Ministerio de Educación Nación Nacional, a través
de convenios y que se encuentran vinculadas a plazas departamentales o
municipales.
iii) Explicadas las anteriores definiciones legales y de acuerdo con las pruebas
aportadas al expediente, la señora Martha de Jesús Montenegro fue nombrada
como docente de tiempo completo desde el 26 de octubre de 1978 hasta el 27 de
junio de 1983, en el Colegio de Comercio del municipio de Palmar de Varela,
Atlántico, por medio del Decreto 134 del 20 de octubre de 1978.
Adicionalmente, la accionante fue nombrada como docente de la Escuela
Nacionalizada número 44 para Varones de Barranquilla, a partir del 2 de junio de
1992, nombramiento que ocurrió con ocasión del Decreto 220 del 28 de mayo de
1992 y que se ha extendido hasta la fecha de expedición de la sentencia [sic].
iv) La parte demandada considera que el tiempo de servicio desde el año 1992 no
debe ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, con sustento
en la certificación expedida por la Alcaldía de Barranquilla en donde se indica que
ese tiempo es de carácter nacional, aseveraciones que no está sustentada en los
actos administrativos de nombramiento aportados al proceso ni al plantel educativo
donde se ha prestado el servicio ni al origen de los recursos con los cuales se
pagaron los salarios de la docente.
v) El primer acto de nombramiento fue suscrito por el gobernador y el secretario de
educación del departamento del Atlántico y se designó a la accionante a prestar sus
servicios en una institución del municipio de Palmar de Varela. El segundo
nombramiento fue efectuado por el alcalde de Barranquilla y el secretario de
educación distrital para prestar servicios en una institución de esa misma ciudad.
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Radicación: 08001 23 33 000 2016 01457 01 (2575-2018)
Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
vi) Las vinculaciones laborales de la señora Montenegro González, de acuerdo con
los términos de la Ley 91 de 1989, son territoriales, toda vez que los actos de
nombramiento han sido expedidos por autoridades territoriales y las instituciones
donde ha prestado el servicio son de la misma naturaleza. Además, no hay indicio
alguno sobre el origen nacional de los recursos con los que se pagaron los salarios,
por el contrario, lo probado es que la interesada estaba vinculada a la planta de
personal de las entidades que dispusieron su vinculación.
Definido lo anterior, la interesada cuenta con una vinculación territorial antes del 31
de diciembre de 1980; acredita más de 20 años de servicio público docente
territorial; y tiene más de 50 años de edad, por lo que cumple los requisitos
necesarios para el reconocimiento de una pensión gracia en cuantía del 75 % del
salario promedio que sirvió de base para realizar los aportes durante el último año
de servicio a partir del 30 de septiembre de 2007, pero con prescripción de las
mesadas causadas antes del 24 de julio de 2012.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con
base en los siguientes argumentos:4
i) La vinculación laboral de la señora Martha de Jesús Montenegro es de origen
nacional, pues así se consagró en el certificado expedido por la Secretaría de
Educación de Barranquilla, es decir, que los nombramientos que tuvieron lugar en
al año 1978 y 1992 no son ni territoriales ni nacionalizados que son las únicas
válidas para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. A pesar de acreditar
una vinculación oficial antes del 31 de diciembre de 1981, tener más de 20 años de
servicio público y contar con más de 50 años de edad, la naturaleza del citado
4 Folios 207 al 214.
6
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Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
tiempo de servicio no es apto para los efectos que se pretenden en la presente
demanda.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Tanto la parte demandante como la demandada guardaron silencio.5
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
5 Índices 26 y 27 del portal Samai
6 Según constancia secretarial obrante en el folio 336.
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Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
Por su parte, las Leyes 116 de 19287 y 37 de 19338 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 9
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».10
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».11
7 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
8 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
9 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
10 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
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Radicación: 08001 23 33 000 2016 01457 01 (2575-2018)
Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 08001 23 33 000 2016 01457 01 (2575-2018)
Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,12 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la
vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la
última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».13
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:14
12 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 08001 23 33 000 2016 01457 01 (2575-2018)
Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».15
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 08001 23 33 000 2016 01457 01 (2575-2018)
Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,16 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:17
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
17 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
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Demandante: Martha de Jesús Montenegro González
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».18
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
i) De acuerdo con la cédula de ciudadanía y la copia del registro civil de nacimiento
aportados al proceso, la señora Martha de Jesús Montenegro González nació el 26
de abril de 1957.19
ii) El 20 de octubre de 1978, el gobernador y los secretario y subsecretario de
educación del departamento del Atlántico, en uso de sus facultades legales,
expidieron el Decreto 134 por medio del cual nombraron a la señora Martha de
Jesús Montenegro González «en el cargo de profesora de básica primaria en el
Colegio de Comercio de Palma de Varela». La demandante tomó posesión del cargo
el 26 de octubre de ese mismo año, según acta de la fecha. 20 Ejerció el cargo hasta
el 27 de junio de 1983.21
iii) El 28 de mayo de 1992, el alcalde y la secretaria de educación, deporte y cultura
de Barranquilla, profirieron la Resolución 220 a través de la cual nombraron en
propiedad a la señora Martha de Jesús Montenegro como docente de primaria de
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Folio 12 y 13.
20 Folios 18 y 19.
21 Folio 15.
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la Escuela Nacionalizada número 44 para Varones de Barranquilla; en el citado acto
se señaló que debía enviársele una copia al delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional del Atlántico. La accionante
tomó posesión del cargo el 2 de junio de 1992, según acta número 170 de esa
fecha.22
iv) Según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, el
tiempo de servicio como docente oficial de la Secretaría de Educación de
Barranquilla es nacional.23
v) Según certificado de la Procuraduría General de la Nación, la señora Martha de
Jesús Montenegro González no registra sanciones ni inhabilidades.24
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 24 de julio de 2015, la señora Martha de Jesús Montenegro González interpuso
una solicitud de reconocimiento de una pensión gracia de jubilación ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, por considerar cumplidos los requisitos legales necesarios para
su reconocimiento.25
ii) El 17 de noviembre de 2015, la UGPP resolvió negativamente la anterior solicitud,
a través de la Resolución RDP 47643, al estimar que todas las vinculaciones
laborales de la demandante como docente oficial son del orden nacional, por lo que
no pueden ser tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia de jubilación.26
iii) El 17 de enero de 2016, la accionante interpuso recurso de apelación contra la
22 Folios 20 al 23.
23 Folio 14.
24 Folio 24.
25 Información contenida en la Resolución RDP 47643 del 17 de noviembre de 2015.
26 Folios 2 al 4.
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Resolución RDP 47643 del 17 de noviembre de 2015. En la alzada, la interesada
insistió en tener derecho al reconocimiento de la pensión pretendida, pues los
docentes nacionales son solo aquellos nombrados por una autoridad del nivel
nacional, circunstancia que no ocurre en su caso, toda vez que los dos
nombramientos de los que ha sido titular han sido efectuadas por una autoridad
territorial.27
iv) El 29 de junio de 2016, la UGPP profirió la Resolución RDP 24173 en la que
resolvió el recurso propuesto por la accionante, en el sentido de indicar que, a su
juicio, las vinculaciones eran nacionales y no podían ser tenidas en cuenta para el
reconocimiento de una pensión gracia, razón por la que no cumplía con el tiempo
mínimo de 20 años de servicio público docente territorial o nacionalizado.28
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante.
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Del 26 de octubre de 1978 al 27 de junio de 1983.
De acuerdo con las certificaciones laborales, nombramientos y actas de posesión
aportadas al plenario, se encuentra que, por medio del Decreto 134 del 20 de
octubre de 1978, la señora Martha de Jesús Montenegro fue nombrada como
27 Folios 10 y 11.
28 Folios 6 al 7.
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docente de primaria, asignada al Colegio de Comercio de Palmar de Varela, cargo
del que tomó posesión el 26 de octubre de ese año. lo anterior puede corroborarse
a continuación:
El anterior cargo fue ejercido hasta el 27 de junio de 1983, según la certificación
suministrada por la Secretaría de Educación de Barranquilla, para un total de 4
años, 8 meses y 1 día, el documento es el siguiente:
Tal como lo concluyó el a quo, este primer tiempo sí cumple las condiciones
necesarias para ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia,
pues, a pesar de que en el certificado expedido por la Secretaría de Educación de
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Barranquilla se señala que es nacional, lo cierto es que la naturaleza del
nombramiento depende, estrictamente, de las condiciones o características del acto
de vinculación; así, según se puede observar del Decreto 134 de 1978 fue expedido
por el gobernador del departamento del Atlántico, el secretario de educación y el
subsecretario, es decir, autoridades netamente territoriales, en uso de uso de sus
facultades legales y sin intervención alguna de delegados o autoridades nacionales.
Además, las funciones para las que fue nombrada la demandante debían cumplirse
en una institución del municipio de Palmar de Varela, y si bien en el citado acto no
se indica el origen de los dineros con los cuales se sufragaría, lo cierto es que la
docente hacía parte de la planta de personal del departamento y no existe indicio
alguno que señale que la plaza docente, estando asignada a una institución
municipal y con nominador territorial, fuera pagada con dineros nacionales.
En consideración de esta Sala, dicha designación es de carácter territorial, pues al
tenor del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, tal condición la adquieren «los docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial a partir del 1 de enero de 1976,
sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»,
aunado al hecho de que en el acto administrativo de nombramiento no se indicó que
la plaza docente en la que fue nombrada la demandante contara con la autorización
de que trata el articulo 10 ibidem.
Sin embargo, es importante precisar que estas directrices normativas y
jurisprudenciales operan en el presente asunto, por cuanto las pruebas aportadas
son suficientes para ratificar la vinculación territorial de la accionante; no obstante,
en cada caso concreto deberá analizarse si existen otros elementos de juicio que
conduzcan a establecer una conclusión distinta.
De acuerdo con lo anterior, no hay prueba que haya sido aportada al plenario que
desvirtúe el carácter territorial del nombramiento efectuado por el departamento del
Atlántico en favor de la señora Martha de Jesús Montenegro en el año 1978. Así las
cosas, el tiempo comprendido entre el 26 de octubre de 1978 y el 27 de junio de
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1983 es plenamente computable para determinar el derecho a la pensión gracia
reclamada.
2.4.2. Segundo período. Del 2 de junio de 1992 al 24 de marzo de 201529
En este segundo período la demandante se desempeñó como docente en propiedad
en virtud del nombramiento efectuado por el Decreto 220 del 28 de mayo de 1992,
suscrito por el alcalde mayor de Barranquilla y la secretaria de educación, deporte
y cultura, cargo del que tomó posesión el día 2 de junio de 1992, según se observa
a continuación:
29 Fecha del certificado del tiempo de servicio
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Así las cosas, de acuerdo con las pruebas aportadas se encuentra acreditado que
la actora fue designada como docente nacionalizada, pues el nombramiento fue
realizado por una autoridad territorial, en ejercicio de las atribuciones del artículo 9
de la Ley 29 de 1989, mientras que los salarios fueron sufragados con los recursos
provenientes del Fondo Educativo Regional del Atlántico, como se observa del
artículo 2 del citado decreto.
En estas condiciones, el nombramiento se ajusta a los preceptos del artículo 1 de
la Ley 91 de 1989 para el personal nacionalizado y las directrices trazadas por la
Corte Constitucional en la Sentencia Sentencia C-085 de 2002, lo que quiere decir
que la señora Martha Montenegro ha ostentado la calidad de docente nacionalizada,
y no nacional, desde el año 1992. Los anteriores argumentos y conclusiones han
sido también expuestos por esta Subsección en casos de similares circunstancias
fácticas y jurídicas.30
A lo anterior se suma que en ninguno de los actos de nombramiento se especifica
que el demandante ocuparía una plaza docente del nivel nacional. En ese orden de
ideas, este último periodo, que comprende un total de 22 años, 9 meses y 23 días
también resulta válido para estudiar las pretensiones de la accionante, cuyo tiempo
total hasta el momento de la certificación laboral es el siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 26-10-1978 26-06-1983 01 08 4
Nacionalizada 02-06-1992 24-03-2015 23 09 22
TOTAL 24 11 26
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes
30 Ver las siguientes sentencias: (i) del 3 de noviembre de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-
00212-01 (1549-2017); (ii) del 9 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2014-00088-01
(4719-2015); y (iii) del 24 de agosto de 2023, radicado 52001 23 33 000 2014 00491 01 (4910-
2016).
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del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada cumplió el requisito del
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
Además, la señora Martha de Jesús Montenegro cuenta con más de 50 años de
edad y durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones
disciplinarias,31 es decir, que demuestra los requisitos de edad, buena conducta y
desempeño laboral con honradez y consagración32 previstos por la Ley 114 de 1913
para el reconocimiento del beneficio pensional reclamado, razón por la que se
confirmará la sentencia apelada.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,33 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
31 De conformidad con la certificación detallada en el acápite de hechos probados de esta
providencia.
32 Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 16 de enero de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por la señora Martha de Jesús Montenegro González en contra de la
UGPP, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
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Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
MLBC
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
22
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