Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00491-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00491-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2014-00491-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00491-01 (4910-2016)
Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 23 de septiembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Ramiro Valente Villota Meza, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las siguientes resoluciones: i) 07383 del 16 de febrero de 2009, proferida por la
Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E, que le negó el reconocimiento de la
1 Folios 1 a 12.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00491-01 (4910-2016)
Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
pensión gracia; ii) PAP 019744 del 20 de octubre de 2010, que resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó; iii) RDP 052675
del 14 de noviembre de 2013, expedida por la UGPP que negó nuevamente el
reconocimiento de la pensión gracia; y iv) RDP 057521 del 19 de diciembre de
2013, que desató el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y
la confirmó.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer la pensión
gracia de jubilación, efectiva a partir del 21 de mayo de 2006, fecha en que
adquirió el estatus pensional; ii) efectuar los ajustes automáticos de ley sobre los
factores salariales y mesadas pensionales; iii) indexar el valor de la condena
conforme lo autorizan los artículos 162, 187, 188, 190, 192 y 195 del CPACA; iv)
pagar los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y
v) sufragar las costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:2
i) El señor Ramiro Valente Villota Meza prestó sus servicios al magisterio oficial en
el departamento de Nariño de la siguiente forma:
Acto de vinculación Desde Hasta
Resolución 121 del 20 de mayo de 1980 - 22/05/1980 28/01/1981
ratificada por la Resolución 197 de 1980
Decreto 161 de 1981 --/--/1981 25/07/1983
Decreto 684 del 26 de julio de 1983 26/07/1983 16/09/2001
Decreto 745 del 17 de septiembre de 2001 17/09/2001 25/12/2007
Decreto 2060 del 26 de diciembre de 2007 26/12/2007 Actualidad3
ii) Por Resolución 121 del 20 de mayo de 1980, ratificada mediante la Resolución
197 de 1980, el departamento de Nariño nombró al actor como profesor
2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, por lo cual se resumirán en dicho acápite.
3 La demanda fue presentada el 12 de agosto de 2014 (folios 12, reverso, y 60).
2
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Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
alfabetizador en la Institución Educativa del corregimiento Genoy, municipio de
Pasto, cargo que ocupó hasta el 28 de enero de 1981.
iii) Por Decretos 161 de 1981, 684 del 26 de julio de 1983, 745 del 17 de
septiembre de 2001 y 2060 del 26 de diciembre de 2007, el señor Villota Meza fue
designado como maestro oficial.
iv) Desde su primer nombramiento y hasta la actualidad el demandante ha tenido
la condición de profesor departamental nacionalizado, teniendo en cuenta que la
alfabetización también hace parte del ejercicio docente, fue nombrado por una
entidad territorial y ha prestados sus servicios en instituciones del nivel municipal y
departamental.
v) El accionante solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia; sin
embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados,
por considerar que el interesado no fungió como educador departamental, distrital
o municipal; sin embargo, esta afirmación desconoce las pruebas aportadas en
sede administrativa.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 29, 46, 48, 53, 58,
125 y 228 de la Constitución Política; Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 60 de 1993, 115 de 1994, 715 de 2001 y 812 de
2003; y Decretos 1285 de 1955, 224 de 1972, 2277 de 1979, 1440 de 1992 y 196
de 1995.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del actor expuso lo siguiente:
i) El señor Ramiro Valente Villota Meza cumple con todos los requisitos previstos
por el legislador para acceder a la pensión gracia, por cuanto ha laborado en
forma diligente y abnegada; cuenta con más de 50 años de edad; ha prestado sus
3
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Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
servicios como docente departamental nacionalizado por más de 20 años y se
vinculó en tal condición antes del 31 de diciembre de 1980.
ii) El actor fue designado por una autoridad del orden territorial, en ejercicio de su
facultad nominadora y ello no se desdibuja por el hecho de que también hubiera
intervenido un delegado del Ministerio de Educación Nacional; por el contrario,
desde la expedición de la Ley 39 de 1903, el legislador ha optado por la
descentralización administrativa y financiera de la educación pública, lo cual ha
sido ratificado por las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993, 115 de 1994 y los Decretos
2277 de 1979 y 196 de 1995.
1.2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:4
i) El actor fue nombrado como docente alfabetizador, pero sin indicar el tipo de
vinculación o el origen de los recursos con los que se pagaban sus salarios, por lo
que no puede afirmarse con certeza que haya sido nacionalizado.
ii) El interesado estuvo adscrito al ramo de la educación para adultos que estaba a
cargo de la Nación y se ha catalogado como no formal, al tenor de los artículos 36
y 37 de la Ley 115 de 1994.
iii) El nombramiento en el referido empleo es del orden nacional, por cuanto fue
suscrito por un delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo
Educativo Regional. Esta conclusión se funda en los artículos 29 y 34 del Decreto
3157 de 1968.
iv) Bajo este escenario, se debe desestimar el tiempo laborado por el accionante
entre el 20 de mayo de 1980 y el 27 de enero de 1981.5 Esta situación conduce a
4 Folios 112 a 121.
4
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Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
negar la pensión gracia reclamada, ya que no acreditó una vinculación como
educador nacionalizado o territorial antes del 31 de diciembre de 1980. Tampoco
sería posible acceder a las pretensiones, si durante el tiempo en que prestó sus
servicios, la Nación financió el pago de las acreencias laborales, a través del
Sistema General de Participaciones.
v) Se proponen las siguientes excepciones: 1) inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales; 2) cobro de lo no debido; 3) prescripción; y 4)
genérica.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 23 de septiembre de
2016, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:6
i) De acuerdo con los artículos 3 del Decreto 128 de 1977, 2 del Decreto 2277 de
1979, 3 del Decreto 428 de 1986 y 6 del Decreto 3011 de 1997, las tareas
desempeñada por un alfabetizador implican el ejercicio de la profesión docente, ya
que se relacionan con la instrucción formal, conforme a las directrices y contenidos
curriculares fijados por el Ministerio de Educación Nacional.
ii) El tiempo laborado por el demandante como alfabetizador, antes del 31 de
diciembre de 1980, no es computable para acceder a la pensión gracia, en razón a
que sus salarios fueron pagados con recursos del presupuesto asignado al
referido ministerio, es decir, que provienen de la nación; por lo tanto, son
incompatibles con la prestación reclamada y demuestran que la vinculación del
docente fue del orden nacional.
5 La UGPP solicitó la aplicación de las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: i) del 26 de agosto de
2009, radicado 19001-23-31-000-2005-00041-01 (2109-08); y ii) del 9 de octubre de 2003, radicado 08001-23-31-000-
1995-9531-01 (3643-01).
6 Folios 329 a 339.
5
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Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
iii) El actor no tuvo la condición de profesor territorial, ya que los actos de
nombramiento fueron suscritos por el gobernador de Nariño y el Secretario de
Educación con el fin de administrar el personal nacional, en ejercicio de la función
que les fue asignada por las Leyes 43 de 1975, 24 de 1988 y 29 de 1989.
iv) La intervención de los alcaldes y gobernadores para la designación, traslado y
remoción de los profesores obedecía a la desconcentración de funciones, pero sin
contar con autonomía administrativa y financiera, por ello, el Ministerio de
Educación Nacional supervisaba las determinaciones relacionadas con las plantas
de personal y la financiación se hacía con cargo a los recursos de la nación.
v) El señor Villota Meza no tiene derecho a la pensión gracia, por cuanto no logró
demostrar una vinculación como educador del orden municipal, departamental,
distrital o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980. En consecuencia, se
impondrá condena en costas a cargo del interesado y a favor de la UGPP.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado del accionante interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:7
i) Las pruebas aportadas al plenario demuestran que el actor prestó sus servicios
como empleado oficial del orden territorial.
ii) El tiempo laborado se tuvo en cuenta para reconocer las cesantías, por lo que
resulta incomprensible que no sea estimado para efectos pensionales.
iii) El a quo desconoció que la entidad demandada ha reconocido la pensión gracia
a docentes en condiciones similares a las del señor Villota Meza.
iv) El Consejo de Estado ha sostenido que «los tiempos de servicio prestados en
7 Folios 341 a 342.
6
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la alfabetización para adultos son hábiles para acceder al beneficio de la pensión
gracia, no puede desconocerse que a la luz de la normatividad el nombramiento
debe provenir de una entidad territorial con anterioridad al 31 de diciembre de
1980».8
v) En cuanto a los recursos con el que se paga la remuneración de los educadores
oficiales, es pertinente aclarar que los actos acusados no reprocharon ese
aspecto. En todo caso, la jurisprudencia ha explicado que «los recursos que
antiguamente la nación cedía por disposición constitucional a las entidades
territoriales bajo las modalidades del Situado Fiscal, para departamentos y
distritos, y de participación en los ingresos corrientes de la nación en favor de los
municipios, actualmente son asignados directamente por la Constitución a todas
las entidades territoriales bajo el denominado Sistema General de Participaciones,
lo cual implica, como ya se dijo que son sus titulares directos: Evidentemente
estos recursos no son producidos por las entidades territoriales y en esa medida
deben ser considerados exógenos».9
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El accionante guardó silencio10 y la UGPP11 reiteró los argumentos expuestos en el
transcurso del proceso.
1.6. El Ministerio Público
La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el sentido de solicitar que se confirme la sentencia de primera instancia, salvo la
condena en costas impuestas a cargo del demandante, con fundamento en los
siguientes razonamientos:12
8 En el recurso de apelación se citó la sentencia del 1 de febrero de 2007, radicado 8533-05.
9 En el recurso de apelación se citó la sentencia del 2 de junio de 2016, radicado 25000-23-42-000-2013-00827-01.
10 Según constancia secretarial obrante en el folio 404.
11 Folios 392 a 394.
12 Folios 395 a 403.
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Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
i) La pensión gracia únicamente puede otorgarse a los docentes que se vincularon
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumplieron 20 años de servicio en el
orden territorial antes de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, esto es, el
29 de diciembre de 1989.
ii) El señor Villota Meza no tiene derecho al aludido beneficio pensional, por
cuanto la vinculación que tuvo antes del 31 de diciembre de 1980 fue del nivel
nacional, ya que los actos de nombramiento se suscribieron por un delegado del
Ministerio de Educación Nacional y los salarios se pagaron con recursos de esa
cartera.
iii) El a quo no debió condenar en costas al actor, ya que no se demostró que
hubiera actuado de manera temeraria o con mala fe.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en
la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
8
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Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
Por su parte, las Leyes 116 de 192813 y 37 de 193314 consagraron la posibilidad
de que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados
en la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 15
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».16
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales».17
13 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen
derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el
computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza
primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
14 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,
quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
15 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,
radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
16 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo
necesario para su sostenimiento.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii)
Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii)
Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar
sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00491-01 (4910-2016)
Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
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Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,18 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».19
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
18 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00491-01 (4910-2016)
Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:20
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».21
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir
respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron
tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos
para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus
efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura
posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
21 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-
01 (AC).
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de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,22 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:23
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
23 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
13
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acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».24
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme a la cédula de ciudadanía, el señor Ramiro Valente Villota Meza nació
el 21 de mayo de 1956.25
• El 20 de mayo de 1980, a través de la Resolución 121, «por la cual se hacen
unos nombramientos en el Ramo de la Educación para Adultos», suscrita por el
secretario de educación pública de Nariño y el delegado Regional de Nariño del
Ministerio de Educación Nacional, se designó al actor como alfabetizador en el
Centro de Alfabetización de Genoy.26 El demandante tomó posesión del cargo el
22 de mayo de 1980.27
• El 27 de agosto de 1980, mediante la Resolución 197, «por la cual se hacen
unos nombramientos en el Ramo de Nariño», suscrita por el secretario de
educación pública de Nariño, el delegado del Ministerio de Educación Nacional y
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
25 Folio 14.
26 Folios 51 y 233, cuaderno principal y 8, cuaderno 2.
27 Folios 234, cuaderno principal, y 7, cuaderno 2.
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el jefe del Grupo 1 – Educación Adultos Nariño, se nombró al accionante como
alfabetizador en el corregimiento de Genoy, municipio de Pasto.28 El servidor tomó
posesión del cargo el 29 de septiembre de 1980.29
• El 28 de enero de 1981, por Decreto 161, el gobernador de Nariño, nombró al
demandante «como seccional de la Escuela de Varones de Ricaurte, en lugar de
Martha Benavides de Mera, quien pasó a otro cargo». Este acto también fue
firmado por el secretario de educación, el delegado del Ministerio de Educación
Nacional y el secretario ejecutivo de escalafón.30 El interesado se posesionó el
mismo día.31
• El 7 de mayo de 2009, la coordinadora del Programa de Educación de Jóvenes y
Adultos de Nariño hizo constar que el señor Ramiro Valente Villota Meza, «se
desempeñó como docente alfabetizador, en el centro de alfabetización en el
corregimiento de Genoy, municipio de Pasto. Fue nombrado mediante Resolución
No. 121 de mayo de 1980 y nuevamente ratificado por resolución No. 197 del
agosto de 1980; laboró hasta el 27 de enero de 1981».32
• El 5 de junio de 2009, la Secretaría de Educación y Cultura Departamental del
Nariño certificó que el actor cuenta con un «tipo de vinculación: nacionalizado»,
teniendo en cuenta que fue nombrado por el Decreto 161 del 28 de enero de
1981.33
• El 29 de febrero de 2016, la profesional universitaria de la Oficina Financiera de
la Secretaría de Educación de Nariño certificó que «los recursos con los que se
pagó al señor RAMIRO VALENTE VILLOTA, […], provienen del situado fiscal, en virtud
que [sic] el nombramiento realizado mediante Decreto 161 del 28 de enero de
1981, fue firmado por el gobernador del departamento de Nariño, el secretario de
28 Folios 43 a 44 y 235 a 239, cuaderno principal, y 1, cuaderno 2.
29 Folios 232 y 240, cuaderno principal, y 2 a 6 y 9, cuaderno 2 .
30 Folio 11, cuaderno 2.
31 Folios 249, cuaderno principal, y 10, cuaderno 2.
32 Folio 52. Similar certificación expidió la secretaria, Sección Constancias, Recursos Humanos, Gobernación de Nariño
(folio 58).
33 Folios 53 a 54.
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educación y el delegado del Ministerio de Educación Nacional, al igual que los
actos administrativos posteriores».34
• El 8 de septiembre de 2016, la profesional universitaria de la Oficina Financiera
de la Secretaría de Educación de Nariño certificó que «los recursos con los que se
pagó al señor RAMIRO VALENTE VILLOTA, […], provienen del situado fiscal, en virtud
de los nombramientos realizados mediante Resolución 121 del 20 de mayo de
1980 y Resolución 197 del 27 de agosto de 1989 [sic], fueron expedidos por el
Secretario de Educación Pública de Nariño y el delegado del Ministerio de
Educación Nacional».35
• El 26 de septiembre de 2017, en cumplimiento del requerimiento probatorio
efectuado por esta Subsección,36 la Secretaría de Educación de Nariño expidió el
siguiente certificado de historia laboral del accionante:37
34 Folio 206. Igual certificación se expidió el 3 de octubre de 2017, en cumplimiento del auto proferido el 3 de agosto de
2017 por esta Subsección (folio 96, cuaderno 2).
35 Folio 325.
36 Auto del 3 de agosto de 2017 (folio 405).
37 Folios 95 a 94, cuaderno 2.
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• El 27 de septiembre de 2017, también en cumplimiento de la prueba de oficio
decretada por esta Subsección, el Ministerio de Educación Nacional indicó que en
cuanto al «tipo de vinculación como docente por el tiempo comprendido entre el 20
de mayo de 1980 al 26 de diciembre de 2007 a nombre del señor RAMIRO VALENTE
VILLOTA MEZA, nos permitimos informarle que con base en la información contenida
en los inventarios de la serie Historias Laborales del archivo central de este
Ministerio de la planta de personal, el Grupo de Gestión Documental pudo
establecer que no se encontró información alguna a nombre del mencionado
señor».38
• La Procuraduría General de la Nación,39 el subsecretario administrativo y
financiero de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño40 y el secretario
38 Folio 413.
39 Folio 87, cuaderno 2.
40 Folio 244.
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de gobierno del municipio de Mallama41 certificaron que el actor no registraba
antecedentes disciplinarios.
➢ Actuación administrativa
• El 11 de agosto de 2006,42 el demandante peticionó ante Cajanal EICE el
reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, la entidad negó la solicitud
mediante la Resolución 07383 del 16 de febrero de 2009, en razón a que el
interesado tuvo una vinculación como docente nacional antes del 31 de diciembre
de 1980.43 A su vez, por Resolución PAP 019744 del 20 de octubre de 2010, la
administración ratificó su postura al desatar el recurso de reposición.44
• El 10 de octubre de 2013,45 el accionante solicitó nuevamente el reconocimiento
de la pensión gracia ante la UGPP, pero esta petición también se despachó
desfavorablemente, a través de la Resolución RDP 052675 del 14 de noviembre de
2013,46 la cual fue confirmada por la Resolución RDP 057521 del 19 de diciembre
de 2013, al resolver el recurso de reposición.47
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por el señor Ramiro
Valente Villota Meza en la docencia oficial se estudiará en dos momentos
relevantes, pues a pesar de que el actor tuvo una vinculación ininterrumpida desde
el 22 de mayo de 1980 hasta el 26 de septiembre de 2017, fecha en que se
expidió la última certificación laboral, es pertinente realizar algunas precisiones en
consideración a que en el primer período el interesado fue vinculado en calidad de
alfabetizador y en el segundo como docente de primaria.
41 Folio 248.
42 Información extraída de la Resolución 07383 del 16 de febrero de 2009 (folios 15 a 21)
43 Folios 15 a 21.
44 Folios 22 a 28.
45 Información extraída de la Resolución RDP 052675 del 14 de noviembre de 2013 (folios 29 a 33).
46 Folios 29 a 33.
47 Folios 35 a 36.
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2.4.1. Primer período. Del 22 de mayo de 1980 al 27 de enero de 1981
De acuerdo con las certificaciones laborales, nombramientos y actas de posesión
aportadas al plenario, se encuentra acreditado que, mediante la Resolución 121
del 20 de mayo de 1980, ratificada por la Resolución 197 del 27 de agosto de
1980, el actor fue nombrado como alfabetizador en el Centro de Alfabetización de
Genoy, corregimiento del municipio de Pasto.
El demandante tomó posesión del referido cargo el 22 de mayo de 1980 y lo
desempeñó hasta el 27 de enero de 1981.
Ahora bien, el Decreto 1830 de 1966 reglamentó la educación para adultos y en su
artículo 7 determinó que la alfabetización «constituye la etapa inicial de programas
más amplios de educación de adultos y tiene como misión específica la
enseñanza de la lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la iniciación en
actividades profesionales, habilitando al alfabetizado par a su ingreso a los cursos
de educación general básica y a los de formación profesional».
Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para
adultos en todo el territorio nacional.
A su vez, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 dispuso que el ejercicio de la
profesión docente incluye la alfabetización de adultos.
A partir de las normas transcritas, esta corporación ha sostenido que la labor
docente de alfabetización es computable para efectos de acceder a la pensión
gracia. En tal sentido se ha sostenido lo siguiente:48
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado 19001-23-33-000-
2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 15 de agosto de 2013,
radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); ii) del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-000-2014-
00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio de 2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv) del 27 de
mayo de 2021, radicado 41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado 76001-23-33-
000-2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-42-000-2016-03173-01(4060-19) y
76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022, radicado 41001-23-33-000-2016-00462-00
(1503-2021).
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De acuerdo con las normas antes mencionadas, el tiempo servido como docente en
programas de alfabetización debe tomarse como laborado en educación primaria,
por lo que es dable tenerlo en cuenta para efecto de calcular el requerido para
acceder a la pensión gracia y sumarlo al que se laboró en educación secundaria,
pues como ya se expuso el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933, extendió dicha
prestación a los maestros que completaron los años de servicio previstos en la Ley
114 de 1913 en establecimientos del nivel educativo antes mencionado.
Así las cosas, el lapso comprendido entre el 22 de mayo de 1980 al 27 de enero
de 1981, cuando el demandante fungió como alfabetizador, debe tenerse en
cuenta para computar los 20 años de servicio requeridos para acceder a la
pensión gracia, teniendo en cuenta que dicho nombramiento fue efectuado por
una autoridad del orden territorial y el servicio docente se prestó antes del 31 de
diciembre de 1980.49
Además, dicha designación es de carácter nacionalizado, pues al tenor del artículo
1 de la Ley 91 de 1989, tal condición la adquieren «los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados
a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En
similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-085 de 2002, indicó
que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes del 31 de diciembre
de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en el sub lite.
Se aclara que estas directrices normativas y jurisprudenciales operan en el
presente asunto, por cuanto las pruebas aportadas son suficientes para ratificar la
vinculación nacionalizada del actor; sin embargo, en cada caso concreto deberá
analizarse si existen otros elementos de juicio que conduzcan a establecer una
conclusión distinta.
Es oportuno resaltar que el a quo desestimó el tiempo en que el señor Villota
Meza laboró como alfabetizador en consideración a que los salarios fueron
financiados por la Nación y en el acto de nombramiento intervino un delegado del
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de julio de 2021, radicado 76001-23-33-000-2017-
01130-01(0523-20).
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Ministerio de Educación Nacional; sin embargo, conforme se expuso en acápites
anteriores, esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar que tales
razonamientos no podían oponerse para reconocer la prestación en comento, toda
vez que los dineros provenientes del entonces situado fiscal -ahora sistema
general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas
y exógenas».50
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación» y ello tampoco ocurre
«cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo».
Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho
a la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 8 meses y 6 días; sin
embargo, no sería suficiente para decretar la prestación, por lo que deberá
revisarse la vinculación restante.
2.4.2. Segundo período. Del 28 de enero de 1981 al 21 de mayo de 200651
En este segundo período el demandante se desempeñó como docente de primaria
en virtud del nombramiento efectuado por el Decreto 161 del 28 de enero de 1981,
suscrito por el gobernador de Nariño. Esta designación no sufrió variaciones, pues
a partir de ese momento se le hicieron permutas, traslados y reubicaciones sin
modificar las condiciones en que fue vinculado.
50 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
51 Se toma como referente el 21 de mayo de 2006, por ser la fecha en que el actor cumplió los 50 años de edad
requeridos para acceder a la pensión gracia reclamada.
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Por su parte, la Secretaría de Educación de Nariño certificó que en este lapso el
actor tuvo el carácter de docente nacionalizado, criterio que acoge la Sala por
razonamientos idénticos a los expresados frente al primer período, pues el
nombramiento lo hizo una autoridad del orden territorial, en el ramo de la
educación primaria, los salarios se pagaron con recursos del situado fiscal y del
sistema general de participaciones.
En estas condiciones el nombramiento se ajusta a los preceptos del artículo 1 de
la Ley 91 de 1989 para el personal nacionalizado y las directrices trazadas por la
Corte Constitucional en la Sentencia Sentencia C-085 de 2002, conforme se
explicó en precedencia.
Bajo esta línea de intelección, se encuentra acreditado que desde el 22 de mayo
de 1980 el actor fue nombrado como docente nacionalizado y no nacional, como lo
estableció el a quo, pues la designación fue efectuada por el gobernador de
Nariño, en el nivel de primaria e inclusive cuando fue designado como
alfabetizador se aclaró que la finalidad era fijar el personal docente «en el Ramo
de Nariño».
Inclusive, esta corporación ha tenido oportunidad de pronunciarse frente a otros
casos de docentes que fueron nombrados por la Resolución 197 del 27 de agosto
de 1980, con la que se ratificó al accionante como alfabetizador, y ha esgrimido
argumentos similares a los antes expuestos para concluir que les asiste el derecho
a la pensión gracia.52
A lo anterior se suma, que ninguno de los actos de nombramiento se especifica
que el demandante fuera a ocupar una plaza docente del nivel nacional, es más, el
Ministerio de Educación hizo constar que, una vez revisados los inventarios de
historias laborales, el señor Villota Meza no aparecía en su planta de personal; por
52 Ver las siguientes sentencias: i) del 3 de noviembre de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017);
y ii) del 9 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2014-00088-01 (4719-2015).
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lo tanto, no existe prueba alguna que permita concluir que el demandante tuvo un
vínculo Nacional.
En este orden de ideas, este segundo período analizado, equivalente a 25 años, 3
meses y 24 días, también resulta válido para estudiar las pretensiones del actor.
Así las cosas, el tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia
corresponde al siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Nacionalizada 22-05-1980 27-01-1981 6 8 0
53
Nacionalizada 28-01-1981 21-05-2006 24 3 25
TOTAL 0 0 26
De esta manera, el demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado
antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, el interesado cumplió el requisito
del tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación
pretendida.
Además, el señor Ramiro Valente Villota Meza cuenta con más de 50 años de
edad y durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones
disciplinarias, es decir, que demuestra los requisitos de edad, buena conducta y
desempeño laboral con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913
para el reconocimiento del beneficio pensional reclamado.
Ahora bien, el accionante cumplió los 50 años de edad el 21 de mayo de 2006,
fecha para la cual contaba con más de 20 años de servicio, es decir, que en ese
momento adquirió el derecho pensional.
53 Esta fecha corresponde al día en que el actor cumplió los 50 años de edad.
24
Radicación: 52001-23-33-000-2014-00491-01 (4910-2016)
Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la
pensión gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores
devengados por el demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 21 de mayo de 2005 y el 21 de mayo de 2006,
con inclusión de la asignación básica, el auxilio de movilización y las doceavas
partes de las primas de vacaciones y navidad.54
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».55
De otro lado, conforme al artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, esta Subsección
ha explicado que el «fenómeno prescriptivo opera cuando concurran todas las
circunstancias, entre ellas, que sea evidente la exigibilidad frente a la cual se
observe inactividad injustificada del interesado o titular del derecho en lograr su
cumplimiento»,56 lo cual se predica en casos en los que se hagan varias peticiones
y se dejen transcurrir más de tres años entre una y otra o entre la solicitud y la
presentación de la demanda.57
En el sub lite debe aplicarse el fenómeno prescriptivo, toda vez que el actor
consolidó el estatus pensional el 21 de mayo de 2006, elevó una primera petición el
11 de agosto de 2006, otra el 10 de octubre de 2013 y radicó la demanda el 12 de
54 Folio 55.
55 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25 de
enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2015, radicado 76001-23-31-000-2011-
01490-01(2621-2014).
57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021, radicado 54001-23-33-
000-2014-00010-01 (3243-19).
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00491-01 (4910-2016)
Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
agosto de 2014.58 Entonces, como entre la segunda solicitud y la presentación del
medio de control no transcurrieron 3 años, se tomará la última reclamación como
parámetro para el conteo de la prescripción trienal. En consecuencia, los efectos
fiscales del reconocimiento pensional se decretarán a partir del 10 de octubre de
2010.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que el demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
De otro lado, no se reconocerán los intereses moratorios solicitados por el
accionante, pues esta corporación ha precisado que conforme al artículo 141 de la
Ley 100 de 1993, aquellos solo proceden «en los casos en los que el pago de las
mesadas pensionales no se discute porque está en firme el reconocimiento de la
prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se presenta es una
negativa de la entidad a efectuar el pago».59
Bajo el anterior lineamiento, los intereses de mora no pueden decretarse cuando
la pensión aún no ha sido reconocida, como ocurre en el sub lite, pues hasta el
58 Folios 12 (reverso) y 60.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto
de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019)
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00491-01 (4910-2016)
Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
momento de proferirse el fallo el derecho reclamado se encuentra en discusión,
por ende, no existe un acto administrativo que radique la prestación en cabeza del
demandante y le permita exigir su pago oportuno.60
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,61
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que
«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de julio de
2020, radicado: 76001-23-33-000-2014-00581-01 (2162-2019).
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor:
José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00491-01 (4910-2016)
Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se accederá a la pensión gracia reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 23 de septiembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda de la
referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su
lugar, se dispone lo siguiente:
Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones 07383 del 16 de febrero de
2009, PAP 019744 del 20 de octubre de 2010, RDP 052675 del 14 de noviembre de
2013 y RDP 057521 del 19 de diciembre de 2013, mediante las cuales Cajanal EICE
y la UGPP negaron el reconocimiento de la pensión gracia del actor.
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Radicación: 52001-23-33-000-2014-00491-01 (4910-2016)
Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia del señor Ramiro Valente Villota Meza,
identificado con cédula de ciudadanía 12.969.597, en cuantía del 75% del
promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 21 de mayo de 2005 y el 21 de mayo de
2006, con inclusión de la asignación básica, el auxilio de movilización y las
doceavas partes de las primas de vacaciones y navidad. La prestación tendrá
efectos fiscales a partir del 10 de octubre de 2010 por haber operado el fenómeno
de la prescripción trienal.
Cuarto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación
de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.
Quinto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.
Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Séptimo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Octavo. Reconocer personería al abogado Oscar Eduardo Moreno Enríquez
como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y para los efectos del
poder que obra en los folios 363 a 389.
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Demandante: Ramiro Valente Villota Meza
Noveno. Aceptar la renuncia del poder presentada por el abogado Oscar Eduardo
Moreno Enríquez, bajo el entendido de que allegó la comunicación de que trata el
inciso 4 del artículo 76 del CGP.62
Décimo. Reconocer personería a la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón,
como apoderada de la UGPP y para los efectos del poder conferido,63 quien en la
actualidad ejerce la defensa judicial de la entidad.
Décimo primero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
62 Folios 422 a 423.
63 Folios 425 a 448.
30
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