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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00395-01

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00395-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 13 de enero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone lo siguiente: Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 038217 del 18 de septiembre de 2014; RDP 006325 del 17 de febrero de 2015; y 008742 del 5 de marzo de 2015, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia de la actora. Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Dolores Socorro Cerón Santacruz, identificada con cédula de ciudadanía 30.713.999, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 29 de junio de 2006 y el 28 de junio del 2007. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 22 de agosto de 2011 por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal. Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales adeudadas a favor de la demandante con anterioridad al 22 de agosto de 2011. Quinto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los 30 Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17) Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia. Sexto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA. Séptimo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2015-00395-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

8 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 13 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Nariño,
que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Dolores Socorro Cerón Santacruz,
por conducto de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad
de las Resoluciones RDP 038217 del 18 de septiembre de 2014; RDP 006325 del 17
de febrero de 2015; y 008742 del 5 de marzo de 2015, dictados por la UGPP, por
medio de las cuales se le negó el reconocimiento de una pensión gracia de

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

jubilación.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó que se condene a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP
a lo siguiente: i) reconocer una pensión gracia en cuantía del 75 % del promedio de
los salarios devengados durante el año anterior al cumplimiento del estatus, es
decir, entre el 29 de junio de 2006 y el 28 de junio de 2007, de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 4 de 1966; (ii)
actualizar el valor de la condena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187
de la Ley 1437 de 2011; (iii) pagar las costas que se generen en el proceso; y (iv)
cumplir el fallo en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Dolores Socorro Cerón prestó sus servicios como docente
alfabetizadora al servicio del departamento de Nariño entre el 1 de marzo de 1979
y el 29 de febrero de 1980, con ocasión de los nombramientos efectuados por esa
entidad territorial por medio de las Resoluciones 044 del 5 de marzo y 220 del 18
de septiembre de 1979; posteriormente fue nombrada como docente nacionalizada,
en propiedad, por medio del Decreto 909 del 6 de octubre de 1983, cargo que ha
ejercido de manera ininterrumpida hasta, por lo menos, la fecha de radicación de la
presente demanda.

ii) El 28 de junio de 2007, la accionante cumplió 50 años de edad, momento para el
cual ya contaba con más de 20 años de servicio docente, razón por la que en ese
momento adquirió el derecho a percibir una pensión gracia de jubilación; sin
embargo, la solicitud de reconocimiento solo fue interpuesta hasta el 22 de agosto
de 2014, petición que fue negada por parte de la UGPP a través de la Resolución
RDP 0038217 del 18 de diciembre de 2014, a partir del argumento según el cual la

2

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Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

señora Cerón Santacruz no cumple con el requisito de haber laborado como
docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.

iii) Contra la anterior decisión la demandante radicó los recursos de reposición, y en
subsidio apelación, que fueron desatados desfavorablemente por medio de las
Resoluciones RDP 006325 del 17 de febrero y RDP 008742 del 5 de marzo de 2015.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política de
1991; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 43 de 1975, 91 de 1989, 37 de 1993 y
100 de 1993; y el Decreto 2277 de 1979. Al desarrollar el concepto de violación, la
apoderada de la demandante expuso lo siguiente:1

i) La accionante cumple con todos los requisitos previstos por el legislador para
acceder a la pensión gracia, por cuanto se vinculó al servicio docente antes del 31
de diciembre de 1980, toda vez que el departamento de Nariño la nombró como
alfabetizadora, cargo que desempeñó en calidad de docente nacionalizada.
Posteriormente, a partir del año 1983 se posesionó en el cargo de docente
nacionalizada en propiedad, el cual ha desempeñado de manera continua hasta el
momento de interposición del presente medio de control.

ii) La señora Dolores Cerón cuenta con más de 50 años de edad, más de 20 años
de servicio docente, siempre ha conservado una buena conducta y nunca ha sido
sancionada disciplinariamente, razón por la que tiene derecho a que le sea
reconocida una mesada pensional gracia, por satisfacer todas las exigencias
previstas por la norma.

iii) Los actos administrativos de nombramiento y los certificados de tiempo de
servicio constituyen pruebas suficientes que acredita que las designaciones fueron

1 Folios 3 al 12.

3

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Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

realizadas por autoridades territoriales, por lo tanto, su vinculación se reputa
nacionalizada.

1.2. Contestación de la demanda

El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:2

i) Para el 31 de diciembre de 1080, la señora Dolores Socorro Cerón no se
encontraba vinculada al servicio docente oficial, requisito ineludible para el
reconocimiento de una pensión gracia de jubilación. Adicionalmente, a pesar de que
el acto de nombramiento fue suscrito por el secretario de educación del
departamento de Nariño, también hubo participación de un delegado del Ministerio
de Educación Nacional, entidad que, para la época, se encargada de la
administración y financiación de los programas de educación, por lo que tampoco
puede entenderse que la accionante fuera docente del nivel territorial.

ii) El Consejo de Estado3 ha señalado que los docentes que recibieran salarios
provenientes del situado fiscal, es decir, del Sistema General de Participaciones no
tiene derecho a percibir la citada pensión gracia, por ser dineros provenientes del
orden nacional y no del territorial. De los actos de nombramiento no puede extraerse
cuál es el origen de los dineros con los cuales se pagaron los salarios de la señora
Dolores Cerón entre 1979 y 1980, por lo que no existe certeza de que su vinculación
laboral en realidad haya sido en el sector territorial.

iii) Finalmente propuso las excepciones de inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales; cobro de lo no debido; prescripción; y la denominada
«solicitud de reconocimiento oficioso de excepciones».

2 Folios 155 al 164.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 11 de agosto de 2011. M.P. Dra. Bertha

Lucía Ramírez de Páez. No se aportó radicado.

4

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

1.3. La sentencia apelada

Por medio de fallo del 13 de enero de 2017, el Tribunal Administrativo de Nariño
negó las pretensiones de la demanda con sustento en las siguientes razones:4

i) La señora Dolores Socorro Cerón Santacruz fue nombrada como docente
alfabetizadora en el programa de adultos, desde el 1 de marzo de 1979 hasta el 29
de febrero de 1980, según las Resoluciones 044 y 2220 del 5 de marzo y 8 de
septiembre de 1979, respectivamente; sin embargo, dichos actos administrativos
fueron suscritos por el secretario de educación departamental de Nariño y por un
delegado del Ministerio de Educación Nacional, lo que implica que su vinculación al
servicio docente fuera del nivel nacional.

ii) De acuerdo con lo anterior, las vinculaciones docentes previas a 31 de diciembre
de 1980 no pueden ser tenidas en cuenta para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, por no ser dicho vínculo laboral del sector territorial o nacionalizado,
exigencia indispensable para el reconocimiento de la mesada que pretende.

iii) La vinculación de la accionante al servicio docente oficial «solo ocurrió con el
Decreto 909 del 6 de octubre de 1983, es decir, con posterioridad al 31 de diciembre
de 1980». Además, los recursos con los cuales se pagaron los salarios de la
demandante entre 1979 y 1980 provenían del Sistema General de Participaciones,
lo que implica que tenían origen en dineros de la Nación y no de la entidad territorial
en la que fue nombrada. Por último, condenó en costas a la peticionaria dada la
resolución negativa de sus pretensiones.

1.4. El recurso de apelación

La apoderada de la actora interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:5

4 Folios 245 al 257.
5 Folios 261 al 287.

5

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

i) Las funciones desarrolladas por la señora Dolores Cerón como docente
alfabetizadora no corresponden a una vinculación laboral de carácter nacional, pues
fue un nombramiento realizado por el secretario de educación del departamento de
Nariño «en uso de sus atribuciones legales», mientras que el aval del delegado del
Ministerio de Educación Nacional tiene connotaciones distintas.

ii) El pago de los salarios de los docentes oficiales provenía de los Fondos
Educativos Regionales, con recursos del situado fiscal, lo que quiere decir que esos
dineros no pertenecían a la Nación, sino que eran emolumentos apropiados por las
entidades territoriales.

iii) La accionante cumple con los requisitos necesarios para que le sea reconocida
una pensión gracia de jubilación, pues tiene más de 50 años de edad, acredita más
de 20 años de servicio, fue nombrada por una entidad territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y nunca ha sido sancionada disciplinariamente. Por último, se
mostró inconforme con la condena en costas impuesta por el a quo al considerar
que trasgrede el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en las
oportunidades procesales.6

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7

La Sala decide, previas las siguientes

6 Índices 26 y 27 del portal Samai
7 Según constancia secretarial obrante en el folio 336.

6

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19288 y 37 de 19339 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 10

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».11

8 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción

Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
9 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de

carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
10 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de

16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
11 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

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Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».12

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de

1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.

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Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía realizarse la
vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento pensional.

13 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que demarque la
última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».14

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:15

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».16

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado

15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-

03-15-000-2019-02219-01 (AC).

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Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,17 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:18

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:

25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de

la sentencia transcrita.

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Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».19

2.3. Hechos probados

2.3.1. Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

i) De acuerdo con la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento aportado
al proceso, la señora Dolores Socorro Cerón Santacruz nació el 28 de junio de
1957.20

ii) El 5 de marzo de 1979, por medio de la Resolución 044, «por la cual se hacen
unos nombramientos en la Sección de Educación de Adultos», el secretario de
educación pública del departamento de Nariño, el delegado Regional del Nariño del

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:

25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20 Folios 22 a 23.

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Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

Ministerio de Educación Nacional y el jefe del Grupo número 1 – Educación Adultos
de Nariño se designó a la actora como alfabetizadora en el Centro de Alfabetización
Santiago, del municipio de Pasto, nombramiento que tendría efectos desde el día 1
de marzo de esa anualidad hasta el mes de febrero de 1980 [sic].21 La demandante
tomó posesión del cargo el 6 de marzo de 1979.22

iii) El 18 de septiembre de 1979, a través de la Resolución 220, «por la cual se hacen
unos nombramientos en el Ramo de la Educación de Adultos», suscrita por el
secretario de educación pública del departamento de Nariño, el delegado del
Ministerio de Educación Nacional y el jefe del Grupo número 1 – Educación Adultos
de Nariño, se nombró a la señora Dolores Socorro Cerón como alfabetizadora del
Centro de Alfabetización Santiago de Pasto, con efectos retroactivos desde el 11 de
septiembre de ese año hasta el mes de febrero de 1980 [sic].23 La servidora tomó
posesión del cargo el 27 de septiembre de 1979.24

iv) El 6 de octubre de 1983, mediante Decreto 909, el gobernador y el secretario de
educación del departamento de Nariño «en uso de sus atribuciones legales»,
nombraron a la señora Dolores Socorro Cerón Santa Cruz como profesora de
tiempo completo del Colegio San Pedro de Cumbitara, en reemplazo del docente
[Flavio Rodríguez] a quien se le recibió renuncia al cargo.25 La demandante tomó
posesión del cargo el 5 de noviembre de 1983, con efectos retroactivos desde el 1
de ese mes.26

v) El 4 de abril de 1988, a través del Decreto 404, el gobernador y el secretario de
educación departamental de Pasto aceptaron la permuta del cargo de rectores,
presentada por los señores Francisco Luis [ilegible] Reyes como director de la
Escuela XII de octubre del municipio de Pasto y la señora Socorro Cerón Santacruz
como directora de la Escuela Rural Mixta de Loma del Carmen, del municipio de

21 Folio 26.
22 Folio 33 y 93.
23 Folio 28.
24 Folio 33 reverso y 37.
25 Folio 1 del archivo «expediente laboral» visible en el cd del folio 223.
26 Acta de posesión en folio 14 del archivo «expediente laboral» visible en el cd del folio 223 y

aclaración en folio 15.

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Ilos, Nariño, por lo que a partir de ese momento el señor Reyes pasó a cumplir sus
funciones en esta última institución y la demandante, a su vez, a la institución del
municipio de Pasto.27

vi) El 15 de julio de 1992, la señora Dolores Cerón presentó ante el secretario de
educación del municipio de pasto, «como autoridad nominadora», la renuncia al
cargo de rectora de la Escuela XII de Octubre y retomó sus funciones como docente
de base [sic].28

vii) El 2 de octubre de 1992, el alcalde y el secretario de educación del municipio de
Pasto trasladaron a la demandante de la Escuela XII de Octubre al Instituto San
Juan Bosco, en reemplazo de Carlos Vasquez quien pasó otro cargo.29

viii) El 14 de septiembre de 1993, el alcalde y el secretario de educación del
municipio de Pasto reubicaron a la demandante del Instituto San Juan Bosco al
Colegio Nocturno Departamental Luis Avelino Pérez de ese municipio. Además, se
ordenó enviar copia de ese acto administrativo al delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional ante el FER de Nariño.30

27 Folio 18 del archivo «expediente laboral» visible en el cd del folio 223.
28 Folio 20 del archivo «expediente laboral» visible en el cd del folio 223
29 Folio 21 del archivo «expediente laboral» visible en el cd del folio 223
30 Folio 22 del archivo «expediente laboral» visible en el cd del folio 223

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ix) El 20 de septiembre de 2004, por medio de la Resolución 995, «por la cual se
determina el lugar de desempeño de una docente del sector educativo del municipio
de Pasto» el secretario de educación de ese municipio asignó a la señora Cerón
Santacruz «perteneciente a la planta global del sector educativo del municipio» a la
Institución Educativa Municipal Macondino.31

x) De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificados de Historia
Laboral, la señora Dolores Socorro Cerón se vinculó al servicio de la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño por medio del Decreto 909 del 6 de octubre de
1983, permutó el cargo que desempeñaba en el año 1988 a un cargo docente en
una institución educativa municipal y, finalmente, fue asignada a la Institución
Educativa Municipal Macondino.32

31 Folio 28 del archivo «expediente laboral» visible en el cd del folio 223
32 Folios 35 y reverso

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Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

xi) El 26 de junio de 2014, la Oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño certificó que la señora Dolores Socorro Cerón
Santacruz prestó sus servicios como docente alfabetizadora del Centro de
Alfabetización Santiago de la ciudad de Pasto, nombrada por medio de las

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Resoluciones 044 del 5 de marzo, con efectos retroactivos desde el 1 de marzo, y
220 del 18 de septiembre de 1979, con efectos retroactivos desde el 11 de
septiembre.33

xii) De acuerdo con el Oficio 2015EE21616 del 28 de agosto de 2015, la
Gobernación del departamento de Nariño informó al Tribunal Administrativo de
Nariño que la señora Dolores Cerón Santacruz hace parte del «grupo de docentes
entregados por parte del departamento de Nariño al municipio de Pasto», razón por
la que su hoja de vida y demás documentos no reposan en esa dependencia, y que
los dineros con los que se pagaron los salarios de la demandante mientras estuvo
a cargo de esa entidad territorial provenían «de la Nación, anterior situado fiscal».34

xiii) Al proceso fue aportado el siguiente certificado de historia laboral del
accionante:

xiv) El 14 de julio de 2014, la Procuraduría General de la Nación certificó que la
actora no registraba antecedentes disciplinarios.35

33 Folio 33 y reverso.
34 Folio 140.
35 Folio 24.

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2.3.2. Actuación administrativa

i) El 22 de agosto de 2014, la señora Dolores Cerón solicitó ante la UGPP el
reconocimiento de una pensión gracia de jubilación por considerar satisfechos
todos los requisitos previstos en la norma.36 La anterior petición fue resuelta
negativamente por parte de la Unidad a través de la Resolución RDP 038217 del 18
de diciembre de 2014, de acuerdo con lo siguiente: 37
que el peticionario ha prestado los siguientes servicios:

ENTIDAD DESDE HASTA NOVEDAD CARGO VINCULACIÓN MODALIDAD
LABORO
MUN. 1983 11 01 2014 07 10 TIEMO DOCENTE N/LIZADO PRIMARIA
PASTO SERVICIO

Que nació el 28 de junio de 1957 y actualmente cuenta con 57 años de edad.
[…]
De conformidad con […] los tiempos de servicio antes relacionado se puede
observar que al 31 de diciembre de 1980, la peticionaria no se encontraba vinculada
a la docencia oficial […].
[…]
Que una vez revisado el expediente administrativo se observa que la peticionaria
allegó Resolución No. 044 del 05 de marzo de 1979, por medio de la cual se nombra
a la señora Dolores del Socorro Cerón […] como docente en el Centro Santiago de
la ciudad de Pasto, a partir del 1 de marzo de 1979.
[…]
Que obra Resolución 220 del 18 de septiembre de 1979, por medio de la cual se
nombra a la señora Dolores del Socorro Cerón, como docente en el Centro Santiago
de la ciudad de pasto.
[…]
Que los anteriores actos administrativos se encuentran suscritos por un delegado
del Ministerio de Educación Nacional, por lo tanto, se deduce que dichos periodos
se encuentran a cargo de la Nación.
Por otra parte, una vez verificada la base de datos del FOMAG, se evidencia que la
peticionaria se encuentra registrada con vinculación NACIONALIZADA a partir del
1 de noviembre de 1983.
[…]
Que es preciso señalar que la constancia expedida por la Secretaría de Educación
de la Gobernación de Nariño, de fecha 26 de junio de 2014, señala que el
peticionario [sic] prestó sus servicios como alfabetizadora, en el Centro Santiago,
en el ramo de la educación para ADULTOS, tiempo que no será tenido en cuenta,
por cuanto la educación para adultos se encontraba a cargo de la Nación.
[…]

ii) Los recursos de reposición y apelación propuesto por la docente fueron
desatados desfavorablemente por medio de las Resoluciones RDP 6325 del 17 de

36 Folios 18 al 21.
37 Folios 37A reverso a 38 reverso.

18

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febrero38 y 8742 del 5 de marzo de 2015,39 respectivamente, a partir del mismo
argumento señalado en el acto administrativo recurrido.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará la
decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante.

Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.

2.4.1. Primer período. Del 1 de marzo de 1979 al 29 de febrero de 1980

De acuerdo con las certificaciones laborales, nombramientos y actas de posesión
aportadas al plenario, se encuentra que, por medio de la Resolución 044 del 5 de
marzo de 1979, retroactiva desde el 1 de ese mismo mes, la señora Dolores Socorro
Cerón fue nombrada como alfabetizadora en el Centro de Alfabetización Santiago
del municipio de Pasto, cargo del que tomó posesión según acta del 6 de marzo de
esa anualidad, como puede corroborarse a continuación:

38 Folios 43 al 44 reverso.
39 Folios 46 a 47 reverso.

19

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A pesar de que la Resolución antes
mencionada dispuso que los nombramientos serían «válidos» hasta el mes de
febrero de 1980, el 11 de septiembre de 1979 se profirió una nueva resolución,
identificada con el consecutivo 220, en la que se ratificó dicha designación y se
reiteró que el ejercicio de la función docente como alfabetizadores sería hasta el
mes de febrero de 1980, como puede observarse en la siguiente imagen:

20

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Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

En este punto resulta importante señalar que la educación para adultos fue
reglamentada por el Decreto 1830 de 1966, en cuyo artículo 7 se dispuso que la
alfabetización «constituye la etapa inicial de programas más amplios de educación
de adultos y tiene como misión específica la enseñanza de la lectura, escritura,
cívica y nociones de aritmética, la iniciación en actividades profesionales,
habilitando al alfabetizado para su ingreso a los cursos de educación general básica
y a los de formación profesional».

Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para
adultos en todo el territorio nacional, mientras que el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979 dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de
adultos, sustento normativo que ha servido para que esta Corporación haya
considerado que la labor de alfabetización es computable para efectos de acceder
a la pensión gracia. En tal sentido se ha sostenido lo siguiente:40

De acuerdo con las normas antes mencionadas, el tiempo servido como docente en
programas de alfabetización debe tomarse como laborado en educación primaria, por
lo que es dable tenerlo en cuenta para efecto de calcular el requerido para acceder
a la pensión gracia y sumarlo al que se laboró en educación secundaria, pues como
ya se expuso el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933, extendió dicha prestación a los
maestros que completaron los años de servicio previstos en la Ley 114 de 1913 en
establecimientos del nivel educativo antes mencionado.

En virtud de lo anterior, el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 1979 y el
mes de febrero de 1980, durante el cual la señora Dolores Cerón se desempeñó
como alfabetizadora al servicio del departamento de Nariño debe tenerse en cuenta
para computar los 20 años de servicio requeridos para acceder a la pensión gracia,

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado

19001-23-33-000-2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes
sentencias: i) del 15 de agosto de 2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); ii)
del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio de
2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv) del 27 de mayo de 2021, radicado
41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado 76001-23-33-000-
2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-42-000-2016-03173-
01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022, radicado
41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).

21

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teniendo en cuenta que dicho nombramiento fue efectuado por una autoridad del
orden territorial y el servicio docente se prestó antes del 31 de diciembre de 1980.41

Además, en consideración de esta Sala, dicha designación es de carácter
nacionalizado, pues al tenor del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, tal condición la
adquieren «los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con
lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son
«los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales»,
conforme ocurrió en el sub lite.

Sin embargo, es importante precisar que estas directrices normativas y
jurisprudenciales operan en el presente asunto, por cuanto las pruebas aportadas
son suficientes para ratificar la vinculación nacionalizada de la accionante; no
obstante, en cada caso concreto deberá analizarse si existen otros elementos de
juicio que conduzcan a establecer una conclusión distinta.

Pues bien, el juez de primera instancia desestimó el tiempo en que la señora Cerón
Santacruz laboró como alfabetizadora en consideración a que, a su juicio, los
salarios fueron financiados por la Nación, por provenir del situado fiscal, y a que en
el acto de nombramiento intervino un delegado del Ministerio de Educación
Nacional; a pesar de lo anterior, conforme se expuso en acápites anteriores, esta
corporación ha unificado su criterio en el sentido de indicar que tales razonamientos
no son adecuados para negar el reconocimiento de la mentada prestación.

Lo anterior es así, porque los dineros provenientes del entonces situado fiscal -
ahora sistema general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los
entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de julio de 2021, radicado

76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20).

22

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endógenas y exógenas»,42 de manera que los docentes territoriales y/o
nacionalizados no se convierten en nacionales «por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación»,
toda vez que la participación del Fondo Educativo Regional en la designación no
significa que este actuara por directriz del Gobierno Nacional.

En ese sentido, de conformidad con la interpretación que se desarrolló en la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, tampoco puede
concluirse que un docente sea nacional por el hecho de que un delegado del
Ministerio de Educación haya participado en la suscripción del acto de
nombramiento, toda vez que el delegado no funge como nominador, sino que
cumple funciones de verificación de disponibilidad presupuestal o de vacancia
definitiva del cargo.

Explicado lo anterior, la señora Dolores Socorro fue nombrada como docente
alfabetizadora por el secretario de educación departamental de Nariño, en uso de
sus atribuciones legales y sus salarios fueron pagados con dineros provenientes del
entonces denominado situado fiscal, hoy sistema general de participaciones, tal
como lo certificó el departamento de Nariño en Oficio del 28 de agosto de 2015,
según imagen incorporada a continuación:

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:

25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

Además, en las resoluciones de nombramiento no se especifica que la plaza sea
nacional y los actos tampoco provienen directamente o por autorización del
Ministerio de Educación Nacional; así las cosas, el periodo comprendido entre el 1
de marzo de 1979 y el 29 de octubre de 1980 resulta computable para determinar
el derecho a la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 1 año de labores y
además acredita el requisito de haber ostentado una vinculación nacionalizada con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

2.4.2. Segundo período. Del 1 de noviembre de 1983 al 7 de junio de 200743

En este segundo período la demandante se desempeñó como docente en propiedad
en virtud del nombramiento efectuado por el Decreto 909 del 6 de octubre de 1983,
suscrito por el gobernador y el secretario de educación del departamento de Nariño.
Esta designación fue objeto de sendas permutas,44 traslados y reubicaciones, por
las cuales el nominador pasó a ser el municipio de Pasto, pero sin modificar las
condiciones legales en la que fue vinculada.

De acuerdo con la anterior, si bien el nombramiento citado en el párrafo anterior fue
realizado por el gobernador y el secretario de educación departamental, con ocasión
de la permuta aceptada por medio del Decreto 404 del 4 de abril de 1988, la
demandante fue «cedida» al municipio de Pasto, tal como lo corroboró la
gobernación de ese departamento, razón por la que fue la secretaría de educación
municipal de esa ciudad la que certificó que el tipo de vinculación de la accionante
es nacionalizada.

43 Fecha en la que la accionante cumplió 50 años de edad.
44 Según la aceptación consignada en el Decreto 404 del 4 de abril de 1988

24

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Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

Así las cosas, de acuerdo con las pruebas aportadas se encuentra acreditado que
la actora fue designada como docente nacionalizada, pues el nombramiento fue
realizado por una autoridad territorial, en funciones de alfabetización, la cual hace
parte de la educación primaria para adultos, en los términos de los Decretos 378 de
1970 y 2277 de 1979, como se explicó previamente, y los recursos con los cuales
se realizó el pago de salarios provenían del antes denominado situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones.

En estas condiciones, el nombramiento se ajusta a los preceptos del artículo 1 de
la Ley 91 de 1989 para el personal nacionalizado y las directrices trazadas por la
Corte Constitucional en la Sentencia Sentencia C-085 de 2002, lo que quiere decir
que la señora Dolores Cerón ha ostentado la calidad de docente nacionalizada, y
no nacional, desde el año 1979, cuando se vinculó por primera vez a la docencia

25

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

oficial. Los anteriores argumentos y conclusiones han sido también expuestos por
esta Subsección en casos de similares circunstancias fácticas y jurídicas.45

A lo anterior se suma que en ninguno de los actos de nombramiento se especifica
que el demandante ocuparía una plaza docente del nivel nacional. En ese orden de
ideas, este último periodo, que comprende un total de 23 años, 6 meses y 27 días
también resulta válido para estudiar las pretensiones de la accionante, cuyo tiempo
total hasta el momento de cumplimiento de los 50 años de edad es el siguiente:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Nacionalizada 01-03-1979 29-02-1980 0 0 1
Nacionalizada 01-11-1983 28-06-200746
27 06 23

TOTAL 27 06 24
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada cumplió el requisito del
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.

Además, la señora dolores Cerón cuenta con más de 50 años de edad y durante su
ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias,47 es decir, que
demuestra los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con
honradez y consagración48 previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento
del beneficio pensional reclamado.

Ahora bien, la accionante cumplió los 50 años de edad el 28 de junio de 2007,
fecha para la cual contaba con más de 20 años de servicio, es decir, que en ese
momento adquirió el derecho pensional.

45 Ver las siguientes sentencias: (i) del 3 de noviembre de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-

00212-01 (1549-2017); (ii) del 9 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2014-00088-01
(4719-2015); y (iii) del 24 de agosto de 2023, radicado 52001 23 33 000 2014 00491 01 (4910-
2016).
46 Esta fecha corresponde al día en que la demandante cumplió los 50 años de edad.
47 De conformidad con la certificación detallada en el acápite de hechos probados de esta

providencia.
48 Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia.

26

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

Así las cosas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad de los actos acusados y se ordenará el reconocimiento y pago de la pensión
gracia pretendida, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados por
la demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 29 de junio del 2006 y el 28 de junio del año 2007.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».49

De otro lado, esta Subsección ha determinado que «según el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969 el derecho prescribirá a los tres años contados a partir de la
fecha en que la obligación se hace exigible, sin mencionar que su conteo es a partir
de que la entidad expide el acto administrativo que resuelve la pretensión
formulada».50

En el sub judice, se tiene que la parte demandante cumplió el estatus pensional el
28 de junio de 2007, de manera que, para que no se configurara el fenómeno
prescriptivo, debía formular la reclamación, tendiente a solicitar el reconocimiento
pensional, a más tardar hasta el 28 de junio de 2010; circunstancia que no ocurrió,
toda vez que la reclamación administrativa solo fue interpuesta hasta el 22 de
agosto de 2014.

Ahora bien, la citada petición tiene la virtualidad de interrumpir el fenómeno extintivo
por el lapso de tres años, pero para que dicha interrupción tuviera efecto, debió

49 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de

Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
50 Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar

sentido puede consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-
2013-01580-01(0945-19).

27

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

formular la demanda, a más tardar, dentro de los 3 años siguientes, esto es, hasta
el 22 de agosto de 2017; sin embargo, la radicó el 12 de junio de 2015, es decir,
dentro del término legal, por lo tanto, la reclamación, en este caso, sí tuvo el efecto
de interrumpir dicho fenómeno.

Como consecuencia de lo anterior, es forzoso entender que la fecha de la radicación
de la reclamación administrativa es el momento a partir del cual se debe contabilizar,
hacia atrás, la extinción de las mesadas pensionales y, en ese sentido, el
reconocimiento efectivo del derecho procede a partir del 22 de agosto de 2011, por
prescripción trienal.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que el demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

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Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,51 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser revocada y, en
su lugar, se accederá a la pensión gracia reclamada.

51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

29

Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 13 de enero de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se
dispone lo siguiente:

Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 038217 del 18 de
septiembre de 2014; RDP 006325 del 17 de febrero de 2015; y 008742 del 5 de
marzo de 2015, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión
gracia de la actora.

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
reconocer y pagar la pensión gracia de la señora Dolores Socorro Cerón Santacruz,
identificada con cédula de ciudadanía 30.713.999, en cuantía del 75% del promedio
de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus
pensional, comprendido entre el 29 de junio de 2006 y el 28 de junio del 2007. La
prestación tendrá efectos fiscales a partir del 22 de agosto de 2011 por haber
operado el fenómeno de la prescripción trienal.

Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas
pensionales adeudadas a favor de la demandante con anterioridad al 22 de agosto
de 2011.

Quinto. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los

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Radicación: 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17)
Demandante: Dolores Socorro Cerón Santacruz

índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.

Sexto. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
señalado en el artículo 192 del CPACA.

Séptimo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LBC

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

31

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