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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01525-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01525-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01525-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 7 de abril de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que amparó los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, y en consecuencia, dejó sin efectos jurídicos la sentencia de 5 de septiembre de 2024 emitida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 52001-23-33-000-2020-00899-00/01, y le ordenó proferir una sentencia de reemplazo en la cual valorara integralmente el material probatorio obrante en el expediente, con sujeción al marco normativo y jurisprudencial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. 24 Sentencia de segunda instancia Radicación: 11001-03-15-000-2025-01525-01 Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01525-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01525-01
Accionante Nelson Emilio Toro Ortiz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 7
de abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 14 de marzo de 20251 Nelson Emilio Toro Ortiz, a través de apoderado, interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad y debido proceso, los que considera vulnerados por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B con ocasión de la sentencia del 5 de septiembre
de 2024 mediante la cual revocó la providencia emitida por el Tribunal Administrativo
Oral de Nariño el 8 de julio de 2022 que había accedido a las pretensiones de la
demanda, para en su lugar, negarlas, en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 52001-23-33-000-2020-00899-00/01.

2. Hechos

2.1. El hoy accionante interpuso demanda3 contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
en orden a que se declarara la nulidad de las Resoluciones ACMG 46008 de 2006 y
UGM 021068 de 2011 emitidas por la extinta CAJANAL. A título de restablecimiento

del derecho solicitó, entre otras cosas, ordenar a la referida entidad reconocer una

1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
FE327100B0A2FBC0 CF337A776C3E2D13 D492B82EFA3512E9 EE6B66A0C14FD60D.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 88011A8E5CDE4ECF B3ADC252BE475C9A
022C33833EADDFFA AE2D2C17961BCC65.
3
Archivo denominado “06Demanda anexos”, carpeta “1. Expediente digital RAR” visible a índice 8 de SAMAI del expediente
de tutela digital de primera instancia, certificado E1DA1291489E2171 E0A5310BB07B1C84 3F4411B82D9F0867
CF55434950CA1BA0.

2

Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01525-01
Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

pensión gracia, a partir del 16 de noviembre de 2002, en el equivalente al 75 % del
salario básico con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año
anterior a la consolidación del estatus jurídico pensional, esto es, desde el 16 de
noviembre de 2001 y el 16 de noviembre de 2002, a saber: asignación básica,
sobresueldo de coordinador, prima de alimentación y las doceavas partes de las
primas de vacaciones y de navidad.

2.2. El 8 de julio de 20224 el Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de
primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y condenar a la UGPP
a reconocer y pagar al hoy accionante una pensión gracia con efectos fiscales desde
el 29 de julio de 2017 por prescripción trienal, equivalente al 75% del promedio de
todos los factores salariales establecidos en la ley, devengados en el año
inmediatamente anterior a la consolidación del estatus pensional, esto es, del 16 de
noviembre de 2001 hasta el 16 de noviembre de 2002.

2.3. De su lado, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B el 5 de
septiembre de 20245 desató el recurso de apelación contra la sentencia del 8 de
julio de 2022, en el sentido de revocarla y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.

2.3.1. Para ello, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B encontró
que el hoy accionante a. estuvo vinculado como profesor de alfabetización mediante
las Resoluciones 230 del 2 de octubre de 1973, 320 del 22 de noviembre de 1973,
241 del 18 de septiembre de 1974, 404 del 4 de septiembre de 1975 y 209 del 3 de
septiembre de 1976, en los Centros “Aranda”, “Cárcel Judicial” y “El Calvario” de
Nariño, suscritas por el secretario (sic), el coordinador general de educación y el
delegado del Ministerio de Educación; y b. no cumplía con el requisito de haber
laborado al servicio docente del orden nacionalizado o territorial con anterioridad al
31 de diciembre de 1980, pues si bien tuvo vinculaciones antes de dicha data
concluyó que eran del orden nacional, razón por la cual no era posible computar ese
tiempo para efectos de obtener el reconocimiento de una pensión gracia.

4
Archivo denominado “3Sentencia de primera instancia”, visible a índice 8 de SAMAI del expediente de tutela digital de
primera instancia, certificado E1DA1291489E2171 E0A5310BB07B1C84 3F4411B82D9F0867 CF55434950CA1BA0.
5
Índice 17 de SAMAI de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, radicado 52001233300020200089901,
certificado E9C9F7438CAA9D95 8DF4309E2428BCE5 BC4D7D4534ED5E0A D76742772CB442E4.

3

Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante sostuvo que:

3.1. La decisión judicial cuestionada fue proferida y aprobada solo por 2 magistrados
en contravía de lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo 080 de 2019, que
establece que cada Subsección debe estar integrada por 3 consejeros y, a pesar de
ello, no se dejó constancia de la ausencia, permiso o salvamento de voto del tercer
magistrado, lo cual constituye una violación al procedimiento legal aplicable y afecta
la validez del fallo.

3.2. La decisión accionada adolece del defecto fáctico al incurrir en una indebida
valoración probatoria, comoquiera que en los actos administrativos de
nombramiento y/o traslado del docente, contenidos en las Resoluciones 230 y 320
de 1973 y 209 y 234 de 1976, se evidencia que el nominador es el secretario de
Educación Pública del departamento de Nariño. En la expedición de la Resolución
209 de 1976 se constata la participación y aprobación del gobernador del
departamento de Nariño, razón por la cual no es posible afirmar que el nominador
hubiere sido el ministro de Educación Nacional.

Por su parte, se omitió que las plazas que ocupó el señor Toro Ortiz en el Centro
Educativo “Aranda” y “Cárcel Judicial” eran del orden territorial, porque en las
Resoluciones 320 de 1973, 209 y 234 de 1976, en la parte de las firmas, se
evidenció que la participación del delegado del Ministerio de Educación Nacional se
hace como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo
Regional. Igualmente, las Resoluciones 230 y 320 de 1973 y 209 y 234 de 1976,
contienen sellos del departamento de Nariño.

Por otro lado, la autoridad judicial accionada no valoró las certificaciones emitidas
el 14 de julio de 2005 por el coordinador del Programa Educación Adultos de la
Secretaría de Educación departamental, en la que se señaló que el actor se
desempeñó como profesor alfabetizador en el centro “Cárcel Judicial” desde
noviembre de 1973 hasta junio de 1976; y el 11 de julio de 2011 por la profesional
universitaria de la referida secretaría, que constató que mediante las Resoluciones

4

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Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz
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209 de 1976, 404 de 1975, 241 de 1974 y 230 de 1973, el docente laboró para el
departamento de Nariño.

3.3. La decisión censurada incurrió en desconocimiento del precedente establecido
en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000 23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014), sentencias del 9 de mayo de 2024, radicado
520012333000201900399 01 (0559-2022), del 21 de marzo de 2024, radicado
52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-2019), del 15 de febrero de 2024, radicado
25000-23-42-000-2018-02196-01 (0911-2021), y del 8 de febrero de 2024, radicado
52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17), proferidas por el Consejo de Estado.
Asimismo, la sentencia SU-014 de 2020 emitida por la Corte Constitucional.

3.4. El Consejo de Estado ha sostenido, de acuerdo con los Decretos 128 de 1977
y 2277 de 1979, que las tareas desempeñadas por un docente alfabetizador para
adultos, sí implican el ejercicio de la actividad docente, toda vez que se relacionan
con el proceso de educación formal y, por ende, dicho tiempo es válido para
computar a la pensión gracia.

3.5. La providencia reprochada erradamente consideró que el origen parcial de los
recursos del presupuesto general de la Nación bastaba para calificar la vinculación
como nacional, con lo cual desconoció lo establecido en los artículos 29, 31, 32 y
34 del Decreto 3157 de 1968 que regulaban el funcionamiento de los Fondos
Educativos Regionales (FER), los cuales se integraban con aportes de la Nación, los
departamentos, las intendencias, las comisarías y los municipios y eran
administrados por las autoridades territoriales de manera separada, de ahí que el
carácter de la plaza no se define exclusivamente por el origen del recurso, sino por
el ente nominador.

En ese orden de ideas, advierte, las Resoluciones 209 y 234 de 1976 fueron
suscritas, por un lado, por autoridades del orden territorial, esto es, el secretario de
Educación y el gobernador de Nariño, así como por el coordinador de Educación de
Adultos y, por el otro, en el marco de la campaña nacional de alfabetización, razón
por la cual la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, además,
omitió considerar que dicha campaña estaba regulada por el Decreto 1796 de 1973,

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que preveía una estructura financiera mixta con participación de donaciones
privadas y de entidades oficiales y semioficiales, además de recursos nacionales.

De esta manera, erróneamente concluyó que la sola intervención del Ministerio de
Educación o del delegado de educación confería carácter nacional a la plaza, sin
valorar que este último, conforme con el Decreto 393 de 1970, únicamente tenía
funciones de autorización y vigilancia del uso de los dineros del FER y no de
nominación directa. En consecuencia, no aplicó los artículos 29 y 31 del Decreto
3157 de 1968, 1, literales b) y e) del Decreto 393 de 1970; y 1 de la Ley 91 de 1989
y el Decreto 146 de 1969.

4. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“1. Sírvase, tutelar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del
señor NELSON EMILIO TORO ORTIZ, transgredidos por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, al proferir la sentencia de fecha 5 de
septiembre de 2024, y notificada el 2 de diciembre de 2024, bajo el radicado No. 52001-23-33-
000-2020-00899-01 (2199-2023).

2. Dejar sin valor y efectos jurídicos la sentencia proferida, el 5 de septiembre de 2024, por el
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
adelantado por el señor NELSON EMILIO TORO ORTIZ, en contra de la UGPP, como quiera que
la decisión contenida en esa providencia presenta los defectos: procedimental, fáctico, material o
sustantivo, y desconocimiento de precedente judicial vertical y horizontal.

3. Ordenar al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B accionado que, dentro del término previsto para tal fin,
emita un nuevo pronunciamiento, valorando adecuadamente la totalidad de medios probatorios y
aplicando el precedente judicial vertical de la Sala Plena del Consejo de Estado (Sentencia de
Unificación del 21 de junio de 2018, Rad: CE-SUJ-SII-11-2018); así como el horizontal, por no
haber considerado los fallos expedidos por la Sección Segunda – Subsección A de la misma
Corporación, y el precedente horizontal establecido por la Corte Constitucional en Sentencia de
Unificación del 22 de enero de 2020. SU 014/20, y la correcta interpretación de la normatividad
vigente y jurisprudencia sobre la materia.

4. La entidad accionada será responsable en forma personal del cumplimiento exacto y oportuno
de dicha decisión, bajo el apremio de las sanciones previstas por los artículos 27 y 52 del Decreto
2591 de 1991.”6 (Resaltado original del texto).

6
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 88011A8E5CDE4ECF B3ADC252BE475C9A
022C33833EADDFFA AE2D2C17961BCC65, folios 3 y 4.

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5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 19 de marzo de 20257 se admitió la acción de tutela y se
vinculó al Tribunal Administrativo de Nariño y a la UGPP. También se dispuso la
notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. La UGPP8 sostuvo que la acción de tutela es improcedente, porque el accionante
pretende utilizarla como una tercera instancia al proceso ordinario, aunado a que
tiene fines netamente económicos. Asimismo, consideró que las pretensiones de la
presente acción ya fueron objeto de estudio judicial y, por lo tanto, se configura la
cosa juzgada.

Finalmente, manifiesta que no se configura un perjuicio irremediable, comoquiera
que el accionante percibe pensión de jubilación reconocida por el FOMAG en 2009.

5.3. El consejero ponente de la decisión censurada9 explicó que aquella fue suscrita
por 2 de los 3 magistrados que integran la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo cual se encuentra ajustado a derecho, pues, conforme al
artículo 54 de la Ley 270 de 1996, al artículo 128 del CPACA y al artículo 33 del
Reglamento Interno del Consejo de Estado, las decisiones de las Salas o
Subsecciones deben ser adoptadas por la mayoría absoluta de sus integrantes.

Por su parte, señaló que la sentencia reprochada se fundamentó en el análisis del
material probatorio obrante en el expediente, así como en la jurisprudencia vigente,
incluida la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 y el criterio reiterado por
la Sección Segunda de esta corporación. Precisó que, aunque los actos de
nombramiento fueron suscritos por autoridades del orden departamental, las plazas
desempeñadas por el actor fueron asignadas por el Ministerio de Educación
Nacional en el marco del programa de educación de adultos, por lo cual tenían
naturaleza nacional. Finalmente, aseveró que la acción de tutela es improcedente,
pues pretende revivir un litigio ya decidido en sede judicial ordinaria.

7
Índice 4 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado F8E6C0FF233D39B0
A2A2C8B099B3F370 B6939B43A3426B96 EFACCAC9A3D8BF44.
8
Índice 9 de SAMAI, certificado 0D95FA5EA7B7AB7D 9EDE2A1B71A05890 90194662D259143B C29EA43DDC58FF3C,
ibid.
9
Índice 11 de SAMAI, certificado A2DF62E4F5918533 ECC95C15DAFD026D B6961B33DD720E1A 5C1873B4E8095650,
ibid.

7

Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

5.4. El Tribunal Administrativo de Nariño no se pronunció.10

6. Fallo de tutela de primera instancia

El 7 de abril de 202511 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
concedió el amparo y, en consecuencia, dejó sin efecto la sentencia del 5 de
septiembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación y le ordenó que, en el término de 10 días contados a partir de la fecha
de notificación de dicha providencia, profiriera una decisión en reemplazo, en la cual
se tuvieran en cuenta las consideraciones expuestas.

El a quo constitucional en primera medida se relevó del análisis del defecto
procedimental planteado, ya que el estudio de los restantes era suficiente para
sustentar la decisión de amparar los derechos fundamentales invocados.

Así, consideró que la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación erró
al concluir que la vinculación del entonces demandante antes del 31 de diciembre
de 1980 era del orden nacional con fundamento en que la plaza fue asignada por el
Ministerio de Educación Nacional en el marco del programa de alfabetización y
educación de adultos, financiada con recursos del presupuesto nacional y con
participación del delegado ministerial en los actos de nombramiento. Dicha
afirmación desconoce el marco normativo que regula la pensión gracia, así como el
precedente jurisprudencial vinculante, en especial la sentencia SU-014 de 2020.

Adujo que la firma del delegado ministerial no convierte una plaza en nacional
cuando, por el contrario, se acreditó en el expediente que el nombramiento provino
de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y se materializó en
instituciones locales bajo jurisdicción del ente territorial. La expresión “asignadas
por el Ministerio” contenida en la Resolución 204 de 1974 debe entenderse dentro
del marco de la financiación mixta de los Fondos Educativos Regionales y no como

10
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Tribunal Administrativo de Nariño hubiera
rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida obrante a índice 7 de SAMAI, ibid.
11
Índice 14 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado 62729C64DBB946B0 4FE85256520DFC55
918647E75959F54A 5C0C6EFF337778BD.

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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

un indicio de subordinación directa al gobierno Nacional. En consecuencia, se
configura el defecto sustantivo.

Por otro lado, el a quo determinó la configuración del defecto fáctico, comoquiera
que la sentencia censurada se limitó a afirmar que el actor fue vinculado a una plaza
del orden nacional entre 1973 y 1976, sin realizar un análisis detallado de los actos
administrativos de nombramiento y traslado que obraban en el expediente, esto es,
las Resoluciones 230 y 320 de 1973, 241 de 1974, 404 de 1975, 209 y 234 de 1976
proferidas por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, con
participación del coordinador de Educación para Adultos, en algunos casos, con
firma del gobernador del departamento y el delegado del Ministerio de Educación
Nacional. Adicionalmente, los planteles educativos “Aranda” y “Cárcel Judicial” del
municipio de Pasto, para la época de los hechos, se encontraban bajo la
administración de la Secretaría de Educación Departamental, lo cual excluye su
categorización como nacionales.

Sostuvo que la Resolución 320 de 1973, da cuenta de que el cargo ocupado por el
actor era una plaza vacante, lo que descarta la idea de que se trataba de un cargo
recién creado por parte del Ministerio de Educación y denota que la designación se
realizó dentro de la estructura organizativa del ente territorial. En consecuencia,
concluyó que se desconocieron las reglas de la sana crítica.

Finalmente, ordenó a la autoridad accionada tener en cuenta los siguientes
parámetros: “i) realizar una valoración sustantiva de los actos administrativos de
nombramiento y traslado del docente Nelson Emilio Toro Ortiz, ii) reconocer que la
naturaleza de la plaza no se define única y exclusivamente por la fuente de
financiación ni por la intervención del delegado ministerial, y iii) aplicar los
precedentes judiciales relevantes y de casos similares en los que se ha reconocido
lo anterior.”

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7. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión, la UGPP presentó escrito de impugnación12, en el que
argumentó lo siguiente:

7.1. La naturaleza de la plaza en la que fue designado el docente, contrario a lo
concluido por el a quo constitucional, es del orden nacional por lo que no es posible
computar ese tiempo de servicio para el reconocimiento de la pensión gracia, con
lo cual se afectó el principio de sostenibilidad financiera del sistema que debe ser
garantizado por el Estado.

7.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B efectuó un análisis
acucioso basado en la ley, la jurisprudencia y en las pruebas allegadas al proceso
judicial.

7.3. La acción de tutela es improcedente, porque el accionante pretende utilizarla
como una tercera instancia al proceso ordinario, aunado a que tiene fines netamente
económicos, es decir, reclamar el reconocimiento y pago de prestaciones de
carácter laboral. Asimismo, consideró que las pretensiones de la presente acción ya
fueron objeto de estudio judicial y, por lo tanto, se configura la cosa juzgada.

7.4. Las decisiones de los jueces no puedan ser interferidas, anuladas o cambiadas
por otro juez o funcionario diferente al del proceso, que carece de competencia para
decidir sobre el asunto en cuestión. Adicionalmente, no se acredita la configuración
de un perjuicio irremediable, por cuanto el actor contaba con una mera expectativa
de adquirir un derecho.

8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 2 de mayo de 202513 el a quo concedió la impugnación.

12
Índice 18 de SAMAI, certificado C2469B55BA31485B 8BE86414FCF2FF50 C0558141826F9A83 F1919B2F67C51150,
ibid.
13
Índice 20 de SAMAI, certificado F4E9B47F0C2D6E87 306F2A21E3D64649 2AEA3748DFAE3FFC 6BC2ACBA9EDBA346,
ibid.

10

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Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 7 de abril de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad14 y de procedencia15 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. Procedibilidad de la acción de tutela

4.1. Los reparos de la tutela superan el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la parte tutelante expuso con claridad que la vulneración de sus derechos
surgió a partir de una errónea interpretación de las normas que regulan la pensión
gracia y definió las sentencias inobservadas, entre ellas, la sentencia de unificación

14
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
15
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

11

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del 21 de junio de 2018, y explicó por qué fueron desconocidas por la autoridad
judicial accionada.

Lo anterior implica la posible configuración de un defecto sustantivo por indebida
aplicación de las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 y los Decretos 1830 de 1966, 378
de 1970 y 2277 de 1979, y el desconocimiento del precedente jurisprudencial, por
lo que se trata de aspectos definitivos para establecer si el tutelante tenía derecho
a que se computaran los períodos en los cuales ejerció como docente alfabetizador
antes del 31 de diciembre de 1980, para efectos de obtener una pensión gracia,
asunto que está relacionado con la protección de las garantías al debido proceso y
a la igualdad.

Además de lo anterior, las anotadas garantías se encontrarían comprometidas ante
una posible configuración del defecto fáctico, alegado por la parte actora, tanto por
la falta como por la indebida valoración probatoria por parte de la autoridad judicial
accionada.

4.2. El presupuesto de subsidiariedad también se encuentra satisfecho, porque no
procede otro mecanismo judicial para controvertir, en particular, la sentencia del 5
de septiembre de 2024.

4.3. La acción de tutela se instauró oportunamente, en términos del requisito de la
inmediatez, en tanto la providencia reprochada fue notificada electrónicamente el 2
de diciembre de 202416 y el amparo se interpuso el 14 de marzo de 202517, es decir,
dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia.

4.4. Si bien la parte accionante en la acción de tutela alega un defecto
procedimental, porque, en su concepto, la decisión judicial cuestionada fue proferida
y aprobada solo por 2 magistrados en contravía de lo dispuesto en el artículo 15 del
Acuerdo 080 de 2019, que establece que cada Subsección debe estar integrada por
3 consejeros; lo cierto es que en el escrito de impugnación no se alega defecto
alguno frente a ello, razón por la cual la Sala no abordará su estudio.

16
Índice 20 de SAMAI de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, radicado 52001233300020200089901.
17
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
FE327100B0A2FBC0 CF337A776C3E2D13 D492B82EFA3512E9 EE6B66A0C14FD60D.

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4.5. En el escrito de tutela se identifican de manera razonable los hechos que
generan la vulneración y los derechos invocados.

4.6. Finalmente, la providencia censurada no corresponde a una sentencia de tutela.

Satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, hay lugar a
avanzar al análisis de los requisitos específicos de procedencia.

5. Los defectos sustantivo y fáctico

5.1. La Corte Constitucional ha considerado que el defecto sustantivo se configura
cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia de
interpretación y aplicación de las normas jurídicas y procede a tomar decisiones sin
sustento legal, a usar disposiciones legales inaplicables al caso o a realizar
interpretaciones que contravienen postulados de rango constitucional o que
conducen a resultados desproporcionados18; o por desconocimiento del precedente,
cuando se aparta de la regla de decisión aplicable al caso sin justificar tal
conducta19.

5.2. Sobre el defecto fáctico en general, la Corte Constitucional precisó que se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que fundó su decisión20, yerro con la connotación de flagrante,

18
En ese orden, la Corte Constitucional ha fijado las siguientes hipótesis de configuración del defecto sustantivo: i) cuando
existe una carencia absoluta de fundamento jurídico, es decir, la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha
sido derogada o que ha sido declarada inconstitucional, ii) cuando la aplicación de una norma requiere interpretación
sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada, iii) cuando la providencia
incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión, iv) cuando se aplica una norma cuya interpretación
desconoce una sentencia de efectos erga omnes, es decir, se aplica una norma en sentido diferente al fijado en una sentencia
de constitucionalidad o de legalidad, v) cuando se aplican normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien
el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la Constitución o cuando la norma
aplicable, si bien no es inconstitucional, al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que
debe ser inaplicada, vi) cuando la autoridad judicial realiza una interpretación irrazonable porque le otorga a la disposición
jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o le confiere a la disposición legal una interpretación que en
principio resulta formalmente posible apartir de las varias opciones que ofrece pero que en realidad contraviene postulados
de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.
19
Según la sentencia SU-354 de 2017: “La Corte Constitucional ha establecido que una providencia judicial adolece de un
defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera
de las razones previstas por la normatividad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso; (iii) a pesar del amplio
margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realice una interpretación contraevidente
o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial -horizontal o vertical- sin justificación
suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-448 de 2016 “[s]e estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la
decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. (…) el fundamento de la intervención del juez de tutela
por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante, las amplias facultades discrecionales con que cuenta
el juez del proceso para el análisis del material probatorio, [e]ste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica,
es decir, con base en criterios objetivos y racionales”.

13

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ostensible, manifiesto y con incidencia directa en la decisión. Para la existencia de
este defecto, es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea
posible, de manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llegó el juez
del proceso en su providencia, o que el apoyo probatorio en que se basó resulta
absolutamente inadecuado para el caso.

5.3. En el sub lite el accionante adujo que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B incurrió en defecto sustantivo ya que, en su concepto, esta
corporación ha sostenido que, de acuerdo con los Decretos 128 de 1977 y 2277 de
1979, las tareas desempeñadas por un docente alfabetizador para adultos, sí
implican el ejercicio de la actividad docente, toda vez que se relacionan con el
proceso de educación formal y, por ende, dicho tiempo es válido para computar a la
pensión gracia. Así, señala que se desconoció lo establecido en los artículos 29, 31,
32 y 34 del Decreto 3157 de 1968 que regulaban el funcionamiento de los Fondos
Educativos Regionales (FER).

De esta manera, afirma, que erróneamente la autoridad judicial accionada concluyó
que la sola intervención del Ministerio de Educación o del delegado de educación
confería carácter nacional a la plaza, sin valorar que este último, conforme con el
Decreto 393 de 1970, únicamente tenía funciones de autorización y vigilancia del
uso de los dineros del FER y no de nominación directa. En consecuencia, no aplicó,
además, los artículos 1, literales b) y e) del Decreto 393 de 1970; y 1 de la Ley 91
de 1989 y el Decreto 146 de 1969.

Finalmente, en lo relativo al cargo por desconocimiento del precedente, el tutelante
consideró que en la sentencia atacada no se tuvieron en cuenta 6 sentencias
emitidas por esta corporación y 1 por la Corte Constitucional que, indicó, resultaban
aplicables a su caso en concreto.

5.3.1. De su lado, la Sección Segunda de esta corporación ha sostenido que tiene
derecho a que se le reconozca la pensión gracia a aquel docente que haya
demostrado una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás
normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los
requisitos de edad y tiempo de servicio. Su desarrollo jurisprudencial se encuentra,

14

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entre otras, en las sentencias del 21 de junio de 201821 y del 11 de agosto de 202222
emitidas por la Sección Segunda de esta corporación.

Ahora, la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 emitida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,23 estableció la regla según la cual no es dable
inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores
nacionales i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio
de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
fondo educativo regional; o ii) por el argumento de que los recursos destinados para
su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

Asimismo, en cuanto al régimen de la labor docente para la alfabetización de adultos
tanto la Sección Segunda, Subsección A24 como la Subsección B25 de esta
corporación han sostenido que es dable computar el período laborado por el
docente bajo esa modalidad, a efectos de acreditar los requisitos exigidos para
obtener el reconocimiento de una pensión gracia.

Así las cosas, resulta claro que uno de los requisitos para acceder a la pensión
gracia es acreditar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del
31 de diciembre de 1980.

5.3.2. Sobre el asunto, la Sala observa que la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado, consideró:

“En relación con las vinculaciones anteriores al 31 de diciembre de 1980, se advierte que, de
conformidad con las consideraciones contenidas en la Resolución 204 del 17 de julio de 1974,
estas designaciones se efectuaron en «plazas destinadas a la Educación de Adultos en el
Departamento, asignadas por el Ministerio de Educación Nacional», esto es, que en el periodo

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000 23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
22
Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000 23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
24
Veáse, sentencias del 18 de octubre de 2023, radicado 41001 23 33 000 2012 00075 01 (2863-2014), 8 de febrero de 2024,
radicado 52001 23 33 000 2015 00395 01 (1606-17), 29 de febrero de 2024, radicado 20001-23-39-000-2016-00207-01 (1980-
2018), 21 de marzo de 2024, radicado 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-2019) y 9 de mayo de 2024, radicado 76001-
23-33-000-2014-01421-01 (0205-2016).
25
Veáse, sentencias del 23 de junio de 2022, radicado 41001-23-33-000-2016-00462-00, 18 de mayo de 2023, radicado
52001-23-33-000-2017-00418-01 (4488-2021), 3 de agosto de 2023, radicado 76001-23-33-000-2018-00870-01 (3085-2022)
y 9 de mayo de 2024, radicado 52001233300020190039901 (0559-2022).

15

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comprendido entre el 1° de octubre de 1973 y el 20 de septiembre de 1976 prestó sus servicios
en una plaza del orden nacional.”26

5.3.3. Esta Subsección concuerda con la decisión de primera instancia que
consideró la configuración de un defecto sustantivo en la sentencia proferida dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 52001-23-33-000-
2020-00899-00/01, pues como se reseñó líneas atrás la referida Subsección B,
entre otras, en sentencia del 18 de mayo de 2023,27 computó el lapso ejercido por
el entonces demandante en calidad de docente alfabetizador, producto del
nombramiento efectuado a través de la Resolución 209 del 3 de septiembre de
1976, la cual en el sub lite también hace parte del acervo probatorio, en
concordancia con la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,28 de cara a la
interpretación de las normas jurídicas que regulan la pensión gracia.

5.4. Por otro lado, en el caso concreto el accionante cuestiona, en esencia, que la
decisión emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió
en un defecto fáctico por una indebida valoración probatoria, comoquiera que a. en
los actos administrativos de nombramiento y/o traslado del docente, contenidos en
las Resoluciones 230 y 320 de 1973 y 209 y 234 de 1976, se evidencia que el
nominador es el secretario de Educación Pública del departamento de Nariño; y b.
en las Resoluciones 320 de 1973, 209 y 234 de 1976, en la parte de las firmas, se
evidenció que la participación del delegado del Ministerio de Educación Nacional se
hace como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo
Regional, de manera que las plazas que ocupó el señor Toro Ortiz en el Centro
Educativo “Aranda” y “Cárcel Judicial” eran del orden territorial. Igualmente, las
Resoluciones 230 y 320 de 1973 y 209 y 234 de 1976, contienen sellos del
departamento de Nariño.

De otra parte, para el actor la autoridad judicial accionada no valoró las
certificaciones emitidas el 14 de julio de 2005 y el 11 de julio de 2011, pues, por un
lado, se señaló que aquel se desempeñó como profesor alfabetizador en el centro
“Cárcel Judicial” desde noviembre de 1973 a junio de 1976; y, por el otro, se

26
Índice 17 de SAMAI de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, radicado 52001233300020200089901,
certificado E9C9F7438CAA9D95 8DF4309E2428BCE5 BC4D7D4534ED5E0A D76742772CB442E4.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2023, radicado 52001-23-33-000-2017-
00418-01 (4488-2021).
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000 23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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constató que mediante las Resoluciones 209 de 1976, 404 de 1975, 241 de 1974 y
230 de 1973, laboró para el departamento de Nariño.

5.4.1. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 5 de
septiembre de 2024 emitida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, se observa el siguiente análisis textual:

“En este sentido, la Sala procederá a verificar si Nelson Emilio Toro Ortiz acreditó una vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980, según lo descrito en el párrafo anterior. Al respecto, en el
expediente se encuentra acreditado que fue vinculado como profesor de alfabetización mediante
las resoluciones 230 del 2 de octubre de 1973, 320 del 22 de noviembre de 1973, 241 del 18 de
septiembre de 1974, 404 del 4 de septiembre de 1975 y 209 del 3 de septiembre de 1976, en los
Centros “Aranda”, “Cárcel Judicial” y “El Calvario” de Nariño, todas suscritas por el secretario, el
coordinador general de educación y el delegado del Ministerio de Educación.

En relación con las vinculaciones anteriores al 31 de diciembre de 1980, se advierte que, de
conformidad con las consideraciones contenidas en la Resolución 204 del 17 de julio de 1974,
estas designaciones se efectuaron en «plazas destinadas a la Educación de Adultos en el
Departamento, asignadas por el Ministerio de Educación Nacional», esto es, que en el periodo
comprendido entre el 1° de octubre de 1973 y el 20 de septiembre de 1976 prestó sus servicios
en una plaza del orden nacional.

Lo anterior tiene sustento en el material probatorio que obra en el expediente, según el cual, de
conformidad con: i) el Decreto 230 del 2 de octubre de 1973, la plaza en la que fue vinculado se
financió con recursos del presupuesto nacional; ii) la Resolución 204 del 17 de julio de 1974, tuvo
como objetivo reubicar las plazas asignadas por el Ministerio de Educación Nacional; iii) la
Resolución 241 del 18 de septiembre de 1974, a través de la cual fue designado como profesor
del Centro de Educación de Adultos “Cárcel Judicial”, en el parágrafo dispuso «[l]os profesores
de educación de adultos reelegidos, no necesitan acta de posesión», lo que permite concluir que
la designación se efectuó en el programa del ministerio señalado en la referida Resolución 204,
esto es en una plaza del orden nacional, situación que se reitera en los actos contenidos en las
resoluciones 404 de 1975 y 209 de 1976.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que, aunque las vinculaciones que ostentó el
demandante, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, se efectuaron a través de actos
suscritos por el secretario de educación pública del ente territorial, estas se efectuaron en plazas
«asignadas por el Ministerio de Educación Nacional», en el marco del programa de educación
para adultos que estaba cargo de esta cartera ministerial. En ese orden, la naturaleza de la plaza
en la que fue designado el docente, contrario a lo concluido por el a quo, es del orden nacional,
por lo que no es posible computar ese tiempo de servicios para el reconocimiento de la pensión
gracia.”29.

5.4.2. La Sala advierte que el defecto fáctico en el sub lite se encuentra acreditado
respecto al requisito de demostrar una vinculación anterior al 31 de diciembre de
1980 de cara a la labor docente para la alfabetización de adultos, la cual es objeto
de censura, por las siguientes consideraciones:

En el expediente del proceso ordinario reposan los siguientes actos administrativos:

29
Índice 17 de SAMAI de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, radicado 52001233300020200089901,
certificado E9C9F7438CAA9D95 8DF4309E2428BCE5 BC4D7D4534ED5E0A D76742772CB442E4, folios 14 y 15.

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• Resolución 230 del 2 de octubre de 1973:30

[…]

[…]

• Resolución 320 del 22 de noviembre de 1973:31

[…]

30
Archivo denominado “06Demanda anexos”, carpeta “1. Expediente digital RAR”, de la carpeta de antecedentes
administrativos del señor Nelson Emilio Toro Ortiz, visible a índice 8 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera
instancia, certificado E1DA1291489E2171 E0A5310BB07B1C84 3F4411B82D9F0867 CF55434950CA1BA0, folios 114 y
115.
31
Archivo denominado “06Demanda anexos”, carpeta “1. Expediente digital RAR”, de la carpeta de antecedentes
administrativos del señor Nelson Emilio Toro Ortiz, visible a índice 8 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera
instancia, certificado E1DA1291489E2171 E0A5310BB07B1C84 3F4411B82D9F0867 CF55434950CA1BA0, folios 116 y
117.

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[…]

• Resolución 241 del 18 de septiembre de 1974:32

[…]

[…]

32
Archivo denominado “06Demanda anexos”, carpeta “1. Expediente digital RAR”, de la carpeta de antecedentes
administrativos del señor Nelson Emilio Toro Ortiz, visible a índice 8 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera
instancia, certificado E1DA1291489E2171 E0A5310BB07B1C84 3F4411B82D9F0867 CF55434950CA1BA0, folios 119 al
121.

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• Resolución 404 del 4 de septiembre de 1975:33

[…]

[…]

• Resolución 209 del 3 de septiembre de 1976:34

33
Archivo denominado “06Demanda anexos”, carpeta “1. Expediente digital RAR”, de la carpeta de antecedentes
administrativos del señor Nelson Emilio Toro Ortiz, visible a índice 8 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera
instancia, certificado E1DA1291489E2171 E0A5310BB07B1C84 3F4411B82D9F0867 CF55434950CA1BA0, folios 122 al
124.
34
Archivo denominado “06Demanda anexos”, carpeta “1. Expediente digital RAR”, de la carpeta de antecedentes
administrativos del señor Nelson Emilio Toro Ortiz, visible a índice 8 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera
instancia, certificado E1DA1291489E2171 E0A5310BB07B1C84 3F4411B82D9F0867 CF55434950CA1BA0, folios 125 al
127.

20

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Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

[…]

[…]

• Resolución 234 del 20 de septiembre de 1976:35

[…]

[…]

35
Archivo denominado “06Demanda anexos”, carpeta “1. Expediente digital RAR”, de la carpeta de antecedentes
administrativos del señor Nelson Emilio Toro Ortiz, visible a índice 8 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera
instancia, certificado E1DA1291489E2171 E0A5310BB07B1C84 3F4411B82D9F0867 CF55434950CA1BA0, folios 128 y
129.

21

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5.4.3. Así las cosas, si bien la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación
relacionó los anteriores actos administrativos en el acápite denominado “caso
concreto”, con el fin de llegar a la conclusión de que, en atención a la Resolución
204 del 17 de julio de 1974, las plazas ejercidas por el entonces demandante eran
del orden nacional, razón por la cual no era posible computar ese tiempo para
efectos de obtener el reconocimiento de una pensión gracia; lo cierto es que no
realizó un análisis detallado de su contenido a la luz de la sentencia de unificación
del 21 de junio de 2018,36 y del precedente jurisprudencial sentado por la Sección
Segunda, Subsecciones A y B en los cuales se abordaron casos similares, en
concordancia con las normas que regulan la labor docente para la alfabetización de
adultos, esto es, los Decretos 1830 de 1966, 378 de 1970 y 2277 de 1979, artículo
2.

Por su parte, en el material probatorio del proceso ordinario, se observa que reposa
la certificación del 11 de julio de 2011, emitida por la profesional universitaria de
atención a poblaciones, programa de educación de jóvenes y adultos de la
Secretaría de Educación departamental de Nariño, sin embargo, la autoridad judicial
accionada no la relacionó en el acápite denominado “caso concreto” ni tampoco
refirió su existencia en la parte considerativa de la providencia censurada. Dicho
documento contiene la siguiente información:37

36
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000 23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
37
Archivo denominado “22. Certificado de información laboral- causante”, carpeta “1. Expediente digital RAR”, de la carpeta
de antecedentes administrativos del señor Nelson Emilio Toro Ortiz, visible a índice 8 del expediente de primera instancia,
certificado E1DA1291489E2171 E0A5310BB07B1C84 3F4411B82D9F0867 CF55434950CA1BA0.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01525-01
Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

5.4.4. Expuesto este panorama, esta Subsección halla la razón al a quo
constitucional cuando afirmó que se incurrió en un desconocimiento de las reglas
de la sana crítica y en una omisión que fue determinante en el sentido de la decisión.

6. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite se encuentra que la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 5 de
septiembre de 2024, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01525-01
Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

desconocimiento del precedente, como lo concluyó el a quo, razón por la que se
confirmará el proveído impugnado.

La Sala precisa que la decisión de reemplazo que debe emitir la Sección Segunda,
Subsección B de esta corporación debe tener en cuenta las premisas de orden
constitucional relacionadas con el asunto en estudio y apreciar en su integridad el
acervo probatorio obrante en el expediente, en especial, frente a los actos
administrativos de nombramiento y traslado del docente Nelson Emilio Toro Ortiz,
en concordancia con las normas jurídicas y los precedentes jurisprudenciales
reseñados con antelación, junto con aquellos relevantes sobre la materia y de
supuestos fácticos y jurídicos similares al sub lite, de acuerdo con lo expuesto en
precedencia.

Finalmente, se reafirma la consideración realizada por el a quo constitucional, según
la cual la orden dada a la autoridad judicial accionada no implica el reconocimiento
automático de la pensión gracia a favor del hoy accionante.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 7 de abril de 2025 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que amparó los derechos
fundamentales a la igualdad y debido proceso, y en consecuencia, dejó sin efectos
jurídicos la sentencia de 5 de septiembre de 2024 emitida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 52001-23-33-000-2020-00899-00/01, y le
ordenó proferir una sentencia de reemplazo en la cual valorara integralmente el
material probatorio obrante en el expediente, con sujeción al marco normativo y
jurisprudencial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01525-01
Accionante: Nelson Emilio Toro Ortiz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Salva voto

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado

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