Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00041-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2018-00041-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00041-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2018-00041-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-2019)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 20 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Mercedes del Rosario Arteaga
Pantoja, por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare
la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) RDP09328 del 9 de marzo de 2017, que
le negó el reconocimiento de la pensión gracia; ii) RDP017544 del 27 de abril de
2017, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
la confirmó; y iii) RDP019983 del 16 de mayo de 2017, que desató el recurso de
apelación incoado dentro de dicha actuación y ratificó la postura de la
administración. Los mencionados actos fueron proferidos por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio mensual percibido al
momento de la adquisición del estatus pensional, esto es, el 21 de diciembre de
2013; ii) cancelar el valor de las mesadas pensionales con los correspondientes
reajustes de ley desde la fecha de acreditación de requisitos de pensionada; iii)
cumplir la sentencia al tenor de lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA; y
iv) condenar en costas procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja nació el 21 de diciembre
de 1963, luego cumplió 50 años de edad, el 21 de diciembre de 2013.
ii) Prestó servicios como docente oficial al departamento de Nariño de la
siguiente manera:
Acto de Fecha acto Fecha inicial
Nombramiento administrativo
Resolución 025 18/02/1981 01/09/1980
Decreto 030 11/01/1985 11/01/1985
Decreto 1438 31/12/1990 26/11/1990
Decreto 080 27/09/1993 27/09/1993
Decreto 1293 16/12/1998 16/12/1998
Decreto 0514 01/10/2002 01/10/2002
2
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
Resolución 0160 10/02/2010 10/02/2010
Resolución 0344 10/03/2010 10/03/2010
iii) Acreditó más de 32 años de servicio al magisterio con honradez, idoneidad y
buena conducta.
iv) El 27 de octubre de 2016, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia; sin
embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 2 y 3 del Decreto Ley 2277 de 1979; y el literal a) del
numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:
i) Los actos administrativos demandados transgredieron las disposiciones
citadas, por cuanto se negó el reconocimiento de los tiempos de trabajo que la
actora realizó como alfabetizadora, nombrada con la Resolución 025 del 18 de
febrero de 1981, con retroactividad al 1° de septiembre de 1980, bajo el argumento
de que no impartió educación formal por haber sido «alfabetizadora».
ii) Dentro de la profesión docente las personas que desarrollen actividades de
alfabetización de adultos se los debe contemplar como educadores, por lo tanto, el
tiempo servido deberá ser computable para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia.
1.2. Contestación de la demanda
3
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:1
i) La vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 se considera del orden
nacional, por cuanto, aunque el acto de nombramiento fue suscrito por el
departamento de Nariño, el Ministerio de Educación Nacional estaba a cargo para
esa época del manejo y financiación de los programas de alfabetización, razón por
la cual no resulta computable para efectos del reconocimiento prestacional
deprecado.
ii) No se encuentran debidamente acreditados los tiempos de servicio con
posterioridad a 1980, pues no se ha podido dilucidar qué tipo de vinculación tenia la
actora, ni el origen de los recursos con los que se pagaron las asignaciones
devengadas, así como tampoco obran los actos administrativos de nombramiento o
situaciones administrativas que se pudieran presentar.
Propuso las excepciones de inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales, cobro de lo no debido y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia escrita proferida el 20 de
febrero de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:2
i) Contrario a lo afirmado por la entidad demandada, el tiempo servido como
docente en programas de alfabetización es dable tenerlo en cuenta para calcular el
requerido para acceder a la pensión gracia. Así las cosas, en virtud de que los
nombramientos fueron realizados por la entidad territorial y que su vinculación
ocurrió el 1° de septiembre de 1980, se infiere que se dan los presupuestos del
1 Folios 144 al 148.
2 Folios 240 al 244. Con ponencia del magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos.
4
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
numeral 2° del artículo 1° de la Ley 91 de 1989, es decir, que la señora Arteaga
Pantoja fue docente de carácter municipal antes del 31 de diciembre de 1980;
además, está probado que laboró por más de 20 años al servicio de la docencia
oficial.
ii) Adicionalmente, cumplió 50 años el 21 de diciembre de 2013 y no obra
prueba en el plenario que demuestre que durante el desempeño laboral estuvo
incursa en una causal de mala conducta.
iii) En cuanto al origen de los recursos, la UGPP alegó que no se evidenció que
los salarios de la demandante fueran cubiertos en su totalidad con recursos propios,
toda vez que consideró pudo haber recibido recursos el situado fiscal o del sistema
general de participaciones, sin tener en cuenta que era obligación del extremo
pasivo acreditar o desvirtuar uno u otro aspecto dentro del proceso, y que dicha
circunstancia no incide al momento de definir el tipo de vinculación, ni mucho menos
el derecho al reconocimiento prestacional.
iv) En atención a ello, deviene procedente acceder a las pretensiones de la
demanda y ordenar a la UGPP reconocer y pagar las mesadas correspondientes
atendiendo a los ingresos y prestaciones devengadas en el año anterior a la
adquisición del estatus, esto es, entre el 21 de diciembre de 2012 y el 21 de
diciembre de 2013, así como condenar en costas a la parte demandada.
v) En relación con la prescripción, se tiene que la reclamación administrativa
presentada el 27 de octubre de 2016, interrumpió el fenómeno por el lapso de tres
años, esto es, hasta el 27 de octubre de 2019, y como la demanda fue presentada
el 14 de septiembre de 2017, se consideran prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 27 de octubre de 2013.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia
5
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
con base en los siguientes argumentos:3
i) Reiteró en estricto sentido las consideraciones presentadas en la
contestación de la demanda referentes a que no se puede tener en cuenta el tiempo
servido como alfabetizadora para efectos del reconocimiento de la pensión gracia y
que no se encuentra debidamente acreditada la vinculación a partir de 1980.
ii) De manera subsidiaria, y en el evento de confirmarse la decisión del a quo,
no se comparte la determinación de condenar en costas a la entidad en tanto la
oposición ejercida no fue temeraria, pues la actuación se acomodó a un adecuado
ejercicio del derecho de defensa y contradicción y sin abuso del derecho.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en las
oportunidades procesales.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
3 Folios 247 al 249.
4 Expediente digital, memoriales visibles en los índices 13 y 17 de la plataforma Samai.
5
Folio 312.
6
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19286 y 37 de 19337 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 8
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».9
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
6 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
7 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
8 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
9 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
7
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».10
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
8
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,11 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
11 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
9
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».12
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:13
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».14
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
10
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,15 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:16
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
11
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».17
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad y tiempo de servicios
i) Conforme a su cédula de ciudadanía la señora Mercedes del Rosario Arteaga
Pantoja nació el 21 de diciembre de 1963, por lo tanto, cumplió 50 años de edad el
21 de diciembre de 2013.18
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Folio 14.
12
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
ii) El 18 de febrero de 1981, mediante la Resolución 025, «por la cual se hacen
unos nombramientos en el programa de educación de adultos y se dictan otras
disposiciones», el secretario de educación pública del departamento de Nariño
nombró a la señora Arteaga Pantoja como alfabetizadora del Centro Enrique
Jhensen del municipio de Pasto, con retroactividad al 1° de septiembre de 1980.19
iii) La profesional universitaria de la sección de constancias de la Secretaría de
Educación del departamento de Nariño certificó que la actora fue vinculada como
alfabetizadora mediante la Resolución 025 del 18 de febrero de 1981, con
retroactividad al 1° de septiembre de 1980.20
iv) El 11 de enero de 1985, por medio del Decreto 030, «por el cual se hace un
nombramiento en el ramo de la educación», el gobernador del departamento de
Nariño, en uso de sus atribuciones legales nombró a la demandante como maestra
19 Folios 15 al 17.
20 Folio 18. Certificado del 21 de septiembre de 2016 y folio 189.
13
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
del departamento y la destinó como seccional de la Escuela Rural de Niñas de la
Victoria, del municipio de Ipiales.21 Tomó posesión del empleo ante el secretario de
gobierno municipal.22
v) El 27 de septiembre de 1993, con el Decreto 080, «por medio del cual se efectúa
un traslado interno por solicitud propia de un docente nacionalizado del municipio
de Ipiales», el secretario de educación municipal en ejercicio de las atribuciones
conferidas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y de conformidad con los Decretos
2277 de 1979, 180 de 1982 y 1706 de 1989, trasladó a la actora de la Escuela Rural
de Niñas de la Victoria, a la Concentración Escolar Centenario.23
vi) El 10 de diciembre de 1998, a través del Decreto 1293, «por el cual se traslada
a un docente amenazado y se ordenan otros movimientos de personal, en el ramo
de la educación», el gobernador del departamento de Nariño en ejercicio de sus
atribuciones trasladó a la docente de la Concentración Escolar Centenario del
municipio de Ipiales, a la Escuela Rural Mixta Santa Teresita de Catambuco del
municipio de Pasto.24
vii) El 10 de octubre de 2002, mediante el Decreto 0514, «por el cual se termina
una comisión y se traslada a un docente en el ramo de la educación», el secretario
municipal de la Alcaldía de Pasto, en uso de la delegación de funciones concedidas
mediante el Decreto 0037 de enero y 0142 de marzo 30 de 2001, trasladó a la
maestra a la Concentración Escolar Enrique Jensen.25
viii)El 10 de marzo de 2010, por medio de la Resolución 0344, el secretario
municipal de educación de la Alcaldía de Pasto, en uso de sus facultades legales,
asignó como lugar de desempeño laboral de la señora Mercedes del Rosario la
Institución Educativa Municipal San Juan Bosco.26
21 Folio 171.
22 Folio 172.
23 Folio 174
24 Folios 178 y 179.
25 Folios 181 y 182.
26 Folio 225.
14
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
ix) A través del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del municipio de Pasto certificó que la docente fue
vinculada a través del Decreto 030 del 11 de enero de 1985, al servicio de la
Escuela Rural Mixta La Victoria del municipio de Ipiales como docente de preescolar
en propiedad y el vínculo se prorrogó desde esa data hasta la expedición del
certificado, inclusive, esto es, el 29 de noviembre de 2018, y que tuvo dos períodos
de licencias no remuneradas.27 En dicho certificado se dejó constancia de que el
tipo de vinculación de la demandante fue nacionalizado, fuente de recursos
sistema general de participaciones.
x) Según el certificado de salarios emitido por la Secretaría de Educación del
municipio de Pasto, la señora Arteaga Pantoja devengó entre 2012 y 2013 los
factores salariales de asignación básica, prima de navidad, y prima de vacaciones.28
xi) El 29 de octubre de 2018, el jefe de la oficina de Control Interno Disciplinario de
la Gobernación de Nariño certificó que revisada la base de datos y los libros
radicadores de sanciones que se llevan en la Oficina de Control interno Disciplinario
de la gobernación no se encontró registrada sanción en contra de la señora Arteaga
Pantoja.29
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 9 de marzo de 2017, la UGPP profirió la Resolución RDP09328 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante, al considerar que al 31 de diciembre de 1980 no
se encontraba vinculada a la docencia oficial.30 En gracia de discusión, los períodos
laborados como alfabetizadora no están contemplados como educación formal por
lo que no podrían tenerse en cuenta para efectos de la prestación deprecada.
27 Folios 205 y 206.
28 Folios 22 y 23.
29 Folio 187.
30 Folios 24 y 25.
15
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
ii) Los días 27 de abril y 16 de mayo de 2017, la UGPP expidió las Resoluciones
RDP017544 y RDP019983, respectivamente, por las cuales resolvió los recursos de
reposición y apelación interpuestos contra la anterior decisión y la confirmó.31
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante al observar las siguientes circunstancias.
2.4.1. Está demostrado que la señora Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja laboró
como maestra alfabetizadora antes del 31 de diciembre de 1980 en el Centro
Enrique Jhensen del municipio de Pasto, en virtud de la designación efectuada con
la Resolución 025 de 1981.
31 Folios 28 al 36.
16
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
17
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
Bajo este escenario, tal como lo determinó el a quo, la vinculación como docente
alfabetizadora es válida para obtener la pensión gracia objeto de controversia por
las siguientes razones:
El Decreto 1830 de 1966 reglamentó la educación para adultos y en su artículo 7
determinó que la alfabetización «constituye la etapa inicial de programas más
amplios de educación de adultos y tiene como misión específica la enseñanza de la
lectura, escritura, cívica y nociones de aritmética, la iniciación en actividades
profesionales, habilitando al alfabetizado par a su ingreso a los cursos de educación
general básica y a los de formación profesional».
Posteriormente, el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para
adultos en todo el territorio nacional. A su vez, el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979 dispuso que el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de
adultos.
A partir de dichas normas, esta corporación ha sostenido que la labor docente de
alfabetización es computable para efectos de acceder a la pensión gracia. En tal
sentido se ha sostenido lo siguiente:32
De acuerdo con las normas antes mencionadas, el tiempo servido como docente en
programas de alfabetización debe tomarse como laborado en educación primaria, por
lo que es dable tenerlo en cuenta para efecto de calcular el requerido para acceder
a la pensión gracia y sumarlo al que se laboró en educación secundaria, pues como
ya se expuso el artículo 3.° de la Ley 37 de 1933, extendió dicha prestación a los
maestros que completaron los años de servicio previstos en la Ley 114 de 1913 en
establecimientos del nivel educativo antes mencionado.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2016, radicado
19001-23-33-000-2013-00138-01 (2497-2014). En igual sentido pueden consultarse las siguientes
sentencias: i) del 15 de agosto de 2013, radicado 19001-23-31-000-2011-00303-01 (0106-2013); ii)
del 6 de julio de 2017, radicado 52001-23-33-000-2014-00257-01 (4537-2016), iii) del 17 de julio de
2020, radicado 52001-23-33-000-2014-00255-01 (4850-2016); iv) del 27 de mayo de 2021, radicado
41001-23-33-000-2016-00553-01(1062-20); v) del 29 de julio de 2021, radicado 76001-23-33-000-
2017-01130-01(0523-20); vi) del 14 de octubre de 2021, radicados 25000-23-42-000-2016-03173-
01(4060-19) y 76001-23-33-000-2017-01199-01(5496-19); vii) del 23 de junio de 2022, radicado
41001-23-33-000-2016-00462-00 (1503-2021).
18
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
Así las cosas, se itera, la vinculación del 1° de septiembre de 1980, a partir de la
cual la demandante fungió como alfabetizadora, debe tenerse en cuenta para
computar los 20 años de servicio requeridos para acceder a la pensión gracia,
teniendo en cuenta que dicho nombramiento fue efectuado por una autoridad del
orden territorial y el servicio docente se prestó antes del 31 de diciembre de 1980.33
Además, dicha designación es de carácter nacionalizado, pues al tenor del artículo
1 de la Ley 91 de 1989, tal condición la adquieren «los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En
similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-085 de 2002, indicó
que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes del 31 de diciembre
de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en el sub lite.
Es oportuno resaltar que la parte demandada desestimó la referida vinculación en
consideración, entre otras cosas, a que los salarios de la docente alfabetizadora
pudieron haber sido financiados por la Nación; sin embargo, conforme se expuso
en acápites anteriores, esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar
que tal argumento no podía oponerse para reconocer la prestación en comento,
toda vez que los dineros provenientes del entonces situado fiscal -ahora sistema
general de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y
exógenas».34
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación».
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de julio de 2021, radicado
76001-23-33-000-2017-01130-01(0523-20).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
Así las cosas, contrario a lo argumentado en el recurso de apelación, la vinculación
al servicio oficial docente para desarrollar labores de alfabetización es válida para
efectos del reconocimiento pensional pretendido.
2.4.2. Respecto de la vinculación con posterioridad a 1980, se advierte que está
determinada por la Resolución 030 del 11 de enero de 1985, proferida por el
gobernador del departamento de Nariño, mediante la cual «se hace un
nombramiento en el ramo de la educación», y se nombró a la accionante como
maestra del departamento en la Escuela Rural de Niñas de la Victoria en el
municipio de Ipiales. Este acto se fundó en las siguientes consideraciones:
De acuerdo con la anterior motivación, se encuentra acreditado que la actora fue
nombrada como docente territorial, pues el acto de designación fue suscrito por
una autoridad del orden departamental, en ejercicio de sus atribuciones legales.
20
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
Corolario a ello, no obra alusión alguna a que la autoridad territorial hubiera
realizado la designación con ocasión del proceso de nacionalización de la educación
adelantado por la Ley 43 de 1975, al paso que no se evidencia la intervención directa
o por autorización del Ministerio de Educación Nacional para adoptar dicha decisión.
Aunado a ello, la afirmación de que dicha designación tiene el carácter territorial
también encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 91 de 1989,
en tanto dispone que son territoriales aquellos «docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».
Por consiguiente, se observa a partir de la prueba bajo análisis que la demandante
fue nombrada como maestra departamental, sin que, se itera, se mencione o se
aduzca la participación del Ministerio de Educación Nacional para adoptar dicha
decisión, más aún cuando la plaza en la que fue designada correspondía a una
propia de la entidad territorial.
Adicionalmente, se advierte que la demandante fue objeto de varios traslados en
este período, tal como se extrae del siguiente certificado:
21
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
La Sala precisa que en el dossier se encuentra copia de los actos administrativos
mediante los cuales la actora fue nombrada a partir de 1985 y por medio de los
cuales fue trasladada a diferentes instituciones educativas al interior del
departamento de Nariño,35 de los que se extrae con claridad que el objeto de la
vinculación fue prestar servicios como docente de educación primaria y prescolar.
Así pues, no se puede perder de vista que las condiciones de la vinculación docente
de la demandante no se modificaron a pesar de los traslados de que fue objeto,
comoquiera que el último nombramiento se efectuó el 11 de enero de 1985, para
desempeñarse en una plaza departamental y este se mantuvo incólume al no existir
ruptura del vínculo laboral.36
35
Decretos 080 del 27 de septiembre de 1993; 1293 del 10 de diciembre de 1998; 0514 del 10 de
octubre de 2002 y 0344 del 10 de octubre de 2002, detallados en el acápite de hechos probados de
esta providencia.
36 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en sentencias del 23 de marzo
de 2023, radicación 17001 23 33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023,
radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–2018).
22
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
En este orden de ideas, la vinculación que se mantuvo entre el 11 de enero de 1985
y el 21 de diciembre de 2013,37 que suma un total de 28 años, 10 meses, y 3 días,38
tal como acertadamente lo consideró el a quo, resulta válida para estudiar las
pretensiones de la demandante.
Ahora, respecto del motivo de inconformidad de la entidad apelante respecto de la
condena en costas de primera instancia se tiene que por mandato del artículo 188
del CPACA la imposición de las costas obedecía a un criterio objetivo, sin que para
ello debiera evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le
correspondía efectuar una valoración objetiva-valorativa para comprobar que estas
se causaron conforme con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se
requiriera un examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de
los sujetos procesales.
En ese orden de ideas la decisión de condenar o no en costas a la parte vencida
del proceso correspondía a un análisis discrecional del fallador de instancia. En
efecto, en aplicación del criterio objetivo, en la sentencia debía haber una
disposición o decisión acerca de la condena en costas, bien sea imponiéndola o
absteniéndose de hacerlo; en este caso, el juez de instancia decidió condenar en
costas a la parte vencida en el proceso.
Así las cosas, en virtud del criterio anotado era necesario que el juez revisara si las
costas se causaron o si era viable comprobar su causación, ello, de acuerdo con la
actividad que efectivamente se hubiera desplegado en ejercicio de la defensa de los
intereses de las partes, como en efecto ocurrió.
De suerte que la decisión de condenar en costas tomada por el Tribunal
Administrativo de Nariño no desatendió los postulados del artículo 188 del CPACA
37 Fecha en la que la accionante cumplió 50 años de edad y para la cual continuaba prestando
servicios como educadora según fue certificado.
38 Descontando los 37 días respecto de los cuales gozó de licencia no remunerada. Los actos
mediante los cuales le concedieron la licencia no remunerada reposan en los folios 173 y 183 del
expediente.
23
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
para el momento en que fue proferida la decisión,39 razón por la cual se
encuentra ajustada a derecho.
No obstante, aprovecha la Sala para precisar que a partir de la promulgación de la
Ley 2080 de 2021, en tanto en su artículo 47 adicionó un inciso al artículo 188 del
CPACA para señalar que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal», se debió ajustar el mencionado criterio objetivo.
De esta manera, debe entenderse que a partir de la anterior modificación el juez
está llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente
o no imponer costas a cargo de alguna de ellas. Sin embargo, se insiste, para la
fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia (20 de febrero de 2019),
no habían comenzado a regir las previsiones de la mentada norma, cuya publicación
data del 25 de enero de 2021, luego su decisión no desatendió los postulados del
artículo 188 del CPACA vigentes al momento de su promulgación.
En suma, una vez fueron estudiados uno a uno los argumentos esbozados en el
recurso de apelación impetrado, la Sala advierte que ninguno tiene vocación de
prosperidad y en tal sentido se confirmará la sentencia de primera instancia.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
39
De acuerdo con lo expuesto, para la imposición de la condena en costas debía hacerse una
valoración objetivo - valorativa que implica el deber del juez de comprobar que se causaron conforme
con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la existencia de
una actuación temeraria o de mala fe de las partes.
24
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,40 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada, pues
se acreditaron los requisitos previstos en la norma para acceder a la pensión gracia
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
25
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00041-01 (2679-19)
Demandante: Mercedes del Rosario Arteaga Pantoja
reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 20 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda de la
referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
26
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.