RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01525-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01525-00

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01525-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Ampárase los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 5 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 52001-23-33-000-2020- 00899-01. Ordénase a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01525-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

7 de abril de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Demandante: NELSON EMILIO TORO ORTIZ
Demandado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. DISCUSIÓN
SOBRE EL RECONOCIMIENTO A LA PENSIÓN GRACIA.

Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia de segunda instancia que revocó la decisión de
primer grado que había ordenado el reconocimiento y pago de la pensión gracia al actor por
encontrar satisfechos todos los requisitos exigidos para esos efectos. La Sala accederá al
amparo, tras advertir configurados los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Nelson Emilio Toro Ortiz en
contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para la
protección de su derecho fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) El 29 de julio de 2020, el señor Nelson Emilio Toro Ortiz, a través de apoderado judicial,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó
demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social para que se declarara la nulidad de

1
Mediante escrito radicado el 17 de marzo de 2025.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

las Resoluciones no. ACMG 46008 del 11 de septiembre de 2006 y UGM021068 del 19
de diciembre de 2011, mediante las cuales la Caja Nacional de Previsión Social
(CAJANAL) le negó 2el reconocimiento y pago de la pensión gracia3.

2) A través de sentencia del 8 de julio de 2022, la Sala Segunda del Tribunal
Administrativo de Nariño accedió a las pretensiones en cuanto i) declaró la nulidad de los
actos acusados; ii) ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia, a partir del 16
de noviembre de 2002, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados entre el 16 de noviembre de 2001 y el 16 de noviembre de 2002 (último año
de servicio); iii) ordenó indexar las mesadas pensionales causadas a partir del 29 de julio
de 2017 con el IPC certificado por el DANE, mes a mes; iv) negó las excepciones
propuestas por la UGPP, y v) condenó en costas.

3) Como sustento de la decisión, manifestó que el demandante cumplía con los requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913 y normas complementarias para acceder a la pensión
gracia, por a) haber acreditado una vinculación como docente territorial anterior al 31 de
diciembre de 1980, b) cumplir más de 20 años de servicio, c) haber cumplido 50 años de
edad el 16 de noviembre de 2002, d) no registrar sanciones disciplinarias, y e) no haber
recibido otra pensión del orden nacional.

4) Además, le reconoció como tiempo válido el laborado en programas de alfabetización
y de hora cátedra, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha
establecido que dichas actividades constituyen ejercicio de la profesión docente y, por
tanto, son computables para efectos del reconocimiento pensional.

5) El apoderado de la UGPP apeló con base en que el actor no cumplió con los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia, pues, por una parte, el tiempo laborado como
docente alfabetizador antes del 31 de diciembre de 1980 no podía computarse para dicho
reconocimiento por tratarse de educación no formal financiada por la Nación, por tanto,
era una vinculación de carácter nacional y no territorial, con lo cual se incumplía el
requisito de haber estado vinculado como docente territorial antes de esa fecha.

2
“Por cuanto el peticionario al 31 de diciembre de 1980 no se encontraba vinculado como docente de
carácter departamental, distrital o municipal”.
3
Proceso con radicación no 52001-23-33-000-2020-00899-00/01.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

6) En segundo lugar, respecto del tiempo laborado como docente por hora cátedra, afirmó
que dicha modalidad no constituía una relación legal y reglamentaria y era retribuida
mediante honorarios, de manera que no podía ser considerada para efectos pensionales,
además de que los recursos utilizados también provenían del Ministerio de Educación
Nacional, a través del Fondo Educativo Regional, lo cual reafirmaba la naturaleza
nacional de dicha vinculación.

7) Por medio de sentencia del 5 de septiembre de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de estado revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones
por considerar que el demandante no acreditó el cumplimiento del requisito de vinculación
como docente territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
exigido por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913.

8) Lo anterior, por cuanto los servicios que prestó entre 1973 y 1976 se desarrollaron en
el marco del programa nacional de educación de adultos, en plazas asignadas y
financiadas por el Ministerio de Educación Nacional y no por entidades territoriales, lo
cual les otorgaba carácter nacional.

9) En ese orden, precisó que, si bien los actos de nombramiento fueron suscritos por
funcionarios del nivel departamental, ello no desvirtuaba la naturaleza nacional de las
plazas, toda vez que dichas vinculaciones fueron ejecutadas dentro de un programa
centralizado y con cargo al presupuesto nacional, en consecuencia, al no configurarse el
supuesto normativo de una vinculación territorial o nacionalizada previa al 31 de
diciembre de 1980, no había lugar al reconocimiento de la pensión gracia.

Fundamento de la vulneración

El actor alegó que la providencia del 5 de septiembre de 2024 adolece de los defectos
procedimental, sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente por las
siguientes razones:

Frente al defecto procedimental señaló que la sentencia fue proferida y aprobada solo
por dos magistrados en contravía de lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo no. 080
de 2019, que establece que cada Subsección debe estar integrada por tres consejeros y,
a pesar de ello, no se dejó constancia de la ausencia, permiso o salvamento de voto del

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

tercer magistrado, lo cual, a su juicio, constituye una violación al procedimiento legal
aplicable y afecta la validez del fallo.

En cuanto al defecto sustantivo, en primer lugar, el accionante afirmó que la providencia
se fundó en una lectura no sistemática de las normas que regulan la naturaleza jurídica
de las plazas docentes, por considerar de manera aislada que el origen parcial de los
recursos del Ministerio de Educación Nacional bastaba para calificar la vinculación como
de carácter nacional.

A su juicio, tal conclusión desconoció lo establecido en los artículos 29, 31, 32 y 34 del
Decreto 3157 de 1968 que regulaban el funcionamiento de los Fondos Educativos
Regionales (FER), los cuales se integraban con aportes de la Nación, los departamentos,
las intendencias, las comisarías y los municipios, y eran administrados por las
autoridades territoriales de manera separada, de ahí que el carácter de la plaza no se
define exclusivamente por el origen del recurso, sino por el ente nominador.

En segundo lugar, alegó que la providencia omitió la aplicación de normas y sentencias
con efectos erga omnes, en particular, la sentencia SU-014 de 2020 de la Corte
Constitucional, la cual reconoció el carácter mixto de la financiación educativa y la
intervención activa de los entes territoriales en la administración del servicio público de
educación a través de los FER.

Asimismo, reprochó que se haya desatendido la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-
2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, que reiteró que la naturaleza de
la plaza no depende únicamente del origen del recurso, sino de la entidad que efectuó el
nombramiento, reconociendo el carácter nacionalizado de las vinculaciones realizadas
por entidades territoriales antes del 1 de enero de 1976.

En tercer lugar, el actor adujo que la interpretación realizada fue irrazonable y perjudicial,
en tanto desconoció los elementos formales y sustanciales de los actos de vinculación
que obraban en el expediente, estos son, las Resoluciones nos. 209 y 234 de 1976 que
fueron suscritas por autoridades del orden territorial, como el secretario de Educación y
el gobernador de Nariño, así como por el coordinador de Educación de Adultos, en el
marco de la Campaña Nacional de Alfabetización.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

A su juicio, la Sala omitió considerar que dicha campaña estaba regulada por el Decreto
1796 de 1973, que preveía una estructura financiera mixta con participación de
donaciones privadas y de entidades oficiales y semioficiales, además de recursos
nacionales, de manera que, la autoridad judicial incurrió en un razonamiento erróneo por
presumir que la sola intervención del Ministerio de Educación o del delegado de
educación confería carácter nacional a la plaza, sin valorar que este último, conforme con
el Decreto 393 de 1970, únicamente tenía funciones de autorización y vigilancia del uso
de los dineros del FER y no de nominación directa.

En conclusión, argumentó que se omitió la aplicación del artículo 1, literales b) y e) del
Decreto 393 de 1970; el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, que define las categorías de
personal docente; así como el Decreto 146 de 1969, que limitaba las funciones de los
delegados del Ministerio de Educación ante las Secretarías Departamentales.

En su criterio, si la autoridad judicial hubiese aplicado correctamente dichas normas,
habría concluido que el cargo ocupado por él fue una plaza vacante existente, asignada
y administrada por la entidad territorial antes del proceso de nacionalización iniciado en
1976 y que su vinculación cumplía plenamente con los requisitos legales para acceder a
la pensión gracia.

En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que la autoridad judicial accionada no valoró
adecuadamente las resoluciones de nombramiento expedidas por las autoridades
territoriales entre los años 1973 y 1976, a pesar de que estas daban cuenta de que fue
nombrado en una plaza vacante ya existente, no creada, y en todo caso administrada por
el departamento de Nariño a través de su Secretaría de Educación.

Además, señaló que el fallo omitió considerar el contenido y el valor de las certificaciones
expedidas por la Secretaría de Educación Departamental que daban cuenta de la
vinculación territorial, así como los sellos, firmas y calidades de los funcionarios
intervinientes en los actos administrativos, por ejemplo, que la Resolución no. 209 de
1976 fue suscrita por el gobernador de Nariño, autoridad del orden territorial,
circunstancia que, a su juicio, constituía prueba clara de que la vinculación era territorial
y no nacional.

En esa línea, sostuvo que el juzgador realizó una lectura sesgada del contenido de los
documentos en cuanto desvirtuó su alcance probatorio y dejó de lado elementos

6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

esenciales como el origen, la autoridad expedidora y el contexto institucional de los actos
de vinculación.

También destacó que no se valoró adecuadamente la participación del coordinador de
Educación de Adultos, la cual, según afirmó, debía analizarse en el contexto del Decreto
1796 de 1973, que reguló la Campaña Nacional de Alfabetización.

En consecuencia, la demandada no solo realizó una lectura restringida de la documental
obrante en el expediente, sino que prescindió por completo de un estudio articulado de
los elementos de prueba en omisión de las reglas de la sana crítica, con lo cual afectó su
reconocimiento pensional.

Por último, alegó que se desconoció el precedente, tanto vertical como horizontal, al
apartarse sin justificación de las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte
Constitucional y el propio Consejo de Estado en casos con identidad fáctica y jurídica.

En primer lugar, reprochó que se hubiese ignorado el precedente vertical contenido en la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de
Estado, en la cual se reiteró que el carácter territorial o nacional de una plaza docente no
se determina por el origen de los recursos, sino por la autoridad que realiza el
nombramiento, y se reconoció el derecho a la pensión gracia a docentes vinculados por
entidades territoriales antes del 1° de enero de 1976, aun cuando su pago proviniera de
fondos mixtos.

Aunado a ello, indicó que la sentencia cuestionada se apartó sin motivación suficiente del
precedente horizontal establecido por la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación que ha reconocido la pensión gracia a docentes vinculados en condiciones
similares a la suya, mediante resoluciones expedidas por las mismas autoridades del
departamento de Nariño, con participación del Fondo Educativo Regional, entre las
cuales se encuentran las proferidas en los procesos con radicaciones 52001-23-33-000-
2018-00041-01, 25000-23-42-000-2018-02196-01 y 52001-23-33-000-2015-00395-01.

Finalmente, se refirió al desconocimiento de la sentencia SU-014 de 2020 de la Corte
Constitucional, la cual reiteró que la participación de recursos del presupuesto general de
la Nación no basta para considerar que una plaza es de carácter nacional y que en el
sistema educativo previo a 1991 existía una financiación compartida entre niveles

7
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

territoriales, a su juicio, la omisión de todos estos precedentes privó a la sentencia de
legitimidad constitucional y constituyó un desconocimiento claro del principio de igualdad
en la aplicación del derecho y de la fuerza vinculante del precedente judicial.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“Sírvase, tutelar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad del señor Nelson Emilio Toro Ortiz, transgredidos por el Consejo de
Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B
dentro del proceso de nulidad restablecimiento del derecho, al preferir la
sentencia de fecha 5 de septiembre de 2024, y notificada el 2 de diciembre de
2024, bajo el radicado número 5200123-33-000-2020-00899-01 (2199-2023).

Dejar sin valor y efectos jurídicos la sentencia proferida, el 5 de septiembre de
2024, por el Consejo de Estado, Sala de de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, dentro de procesos nulidad restablecimiento
del derecho adelantado por el señor Nelson Emilio Toro Ortiz, en contra de la
UPP como quiera que la decisión contenida en esa providencia presenta los
defectos procedimental fáctico material o sustantivo y desconocimiento de
precedentes judicial vertical y horizontal.

Ordenar al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, accionado que,
dentro del término previsto para tal fin emita un nuevo pronunciamiento
valorando adecuadamente la totalidad de medios probatorios y aplicando el
precedente judicial Vertical de la sala plena de Consejo de Estado (sentencia
bonificación del 21 de junio de 2018, radicada CE-SUJ-SI-11-2018); así como
el horizontal, por no haber considerados los fallos expedidos por la Sección
Segunda – Subsección A de la misma Corporación, y el precedente horizontal
establecido por la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación del 22 de
enero de 2020. SU 014/20 y la correcta interpretación de la normatividad vigente
y jurisprudencial sobre la materia

La entidad accionada será responsable en forma personal del cumplimiento
exacto y oportuno de dicha decisión, bajo el apremio de las sanciones previstas
por los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 19 de marzo de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y, como terceros con interés, se dispuso la
vinculación del director (a) o quien haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y a los

8
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Nariño, con el fin de que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

La UGPP solicitó declarar improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional por considerar que la misma pretende reabrir un debate ya resuelto
mediante sentencia ejecutoriada, lo cual excede el ámbito de protección del amparo
constitucional.

El actor no cumple con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, en tanto
la plaza ocupada por él hacía parte del programa de alfabetización administrado por el
Ministerio de Educación Nacional, lo cual la calificaba como una plaza nacional,
incompatible con el régimen de dicha prestación.

Por su parte, el magistrado ponente de la sentencia cuestionada solicitó denegar las
pretensiones de la acción de tutela y explicó que la decisión adoptada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se fundamentó en el análisis del material
probatorio obrante en el expediente, así como en la jurisprudencia vigente, incluida la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 y el criterio reiterado por la Sección
Segunda de esa Corporación.

Precisó que, aunque los actos de nombramiento fueron suscritos por autoridades del
orden departamental, las plazas desempeñadas por el actor fueron asignadas por el
Ministerio de Educación Nacional en el marco del programa de educación de adultos, por
lo cual tenían naturaleza nacional, de ahí que no se configuró ninguno de los defectos
endilgados, además, sostuvo que la acción de tutela era improcedente por pretender
revivir un litigio ya decidido en sede judicial ordinaria.

Por último, explicó que la sentencia fue suscrita por dos de los tres magistrados que
integran la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cual se
encuentra ajustado a derecho, pues, conforme al artículo 54 de la Ley 270 de 1996, el
artículo 128 del CPACA y el artículo 33 del Reglamento Interno del Consejo de Estado,
las decisiones de las Salas o Subsecciones deben ser adoptadas por la mayoría absoluta
de sus integrantes.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

En ese sentido, precisó que la providencia fue válidamente proferida por contar con el
quórum decisorio exigido, razón por la cual consideró infundado el reproche por supuesta
irregular integración de la Sala.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, 3) análisis de
los requisitos generales de procedencia, 4) análisis de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente, 5) análisis del defecto fáctico y 6) conclusión y orden
de remplazo

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de que se proteja el derecho
constitucional fundamental del debido proceso, presuntamente vulnerado con ocasión de
la sentencia del 5 de septiembre de 2024.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala amparará los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, por las siguientes razones:

10
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

Como cuestión previa, la Sala advierte que se relevará del análisis del defecto
procedimental planteado, ya que el estudio de los restantes es suficiente para sustentar
la decisión de amparar los derechos fundamentales invocados.

Análisis de los requisitos generales de procedencia

Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance del accionante, sin que sea procedente algún otro de conformidad;
ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez4 ; iii) no se atacó una sentencia de tutela,
y iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute es constitucionalmente relevante, en
tanto lo que se reprocha es que la autoridad judicial demandada en la sentencia de
segunda instancia incurrió en los defectos antes aludidos, debido a la falta de
interpretación sistemática de las normas que rigen la pensión gracia, desatendió los
precedentes vinculantes y omitió valorar pruebas obrantes que resultarían determinantes
en la decisión.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala accederá al amparo
invocado por las siguientes razones:

Análisis de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente

1) La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 como una medida de
reconocimiento a la labor educativa de los docentes vinculados a las escuelas primarias
del orden territorial, quienes durante décadas prestaron sus servicios en condiciones
precarias y al margen del sistema pensional nacional.

2) El artículo 4 de dicha ley estableció como requisitos esenciales para su disfrute i) haber
prestado al menos veinte (20) años de servicios en establecimientos educativos oficiales
del orden territorial, ii) no ser beneficiario de otra pensión o recompensa nacional, iii)

4
La sentencia cuestionada se notificó el 2 de diciembre de 2024 y la acción de tutela se presentó el 17 de
marzo de 2025, esto es, dentro del término que la jurisprudencia constitucional ha considerado razonable.

11
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

haber alcanzado los cincuenta (50) años de edad y iv) haber demostrado buena conducta
en el ejercicio de la función docente.

3) A su turno, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-11-20185 sostuvo que para establecer si un docente tiene derecho a la
pensión gracia se debe atender al conjunto de elementos que permiten identificar la
naturaleza de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada.

4) En dicha providencia también se descartó como criterio autónomo la fuente de
financiación, dado que el funcionamiento de los Fondos Educativos Regionales (FER)
incluía recursos tanto nacionales como territoriales, además, se precisó que la firma del
delegado del Ministerio de Educación Nacional tenía funciones limitadas al control
presupuestal y no equivalía a una competencia nominadora, de modo que se exigió
valorar en conjunto el contexto administrativo y normativo del vínculo para evitar
decisiones fundadas en inferencias incompletas.

5) Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-014 de 2020, sobre el primer
requisito, reiteró que la naturaleza jurídica del vínculo docente no se determina
exclusivamente por la fuente de financiación de la plaza ni por la participación del
delegado del Ministerio de Educación Nacional en los actos de nombramiento, sino por
la naturaleza de la plaza, entendida como el cargo efectivamente ocupado y su
adscripción institucional.

6) Esta interpretación se apoya en la evolución normativa del proceso de nacionalización
de la educación que se dio entre los años 1976 a 1980, en consecuencia, para efectos
del reconocimiento de la pensión gracia es indispensable verificar si el docente fue
vinculado por autoridad territorial en una plaza existente en un establecimiento territorial
o nacionalizado, sin que baste con probar que su salario fue financiado parcialmente por
la Nación o que intervino un delegado ministerial.

7) Este precedente fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación
del 11 de agosto de 2022, en la cual se reafirmó que la categorización de los docentes
como nacionales, nacionalizados o territoriales no depende de la presencia de programas
centralizados o de convenios de financiación entre niveles de gobierno, sino del examen

5
25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14).

12
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

riguroso del acto administrativo de nombramiento y del marco institucional al que
pertenecía el establecimiento educativo donde se prestó el servicio.

8) Pues, bien, en presente asunto, el actor cuestionó que la providencia judicial
censurada interpretó de forma indebida e irrazonable las normas y la jurisprudencia que
regulan la pensión gracia, por cuanto concluyó que el requisito de haberse vinculado
antes de 1980 a un establecimiento del orden territorial estaba insatisfecho, debido a que
la plaza ocupada supuestamente era del orden nacional por haber sido asignada por el
Ministerio de Educación Nacional en el marco del programa de alfabetización y educación
de adultos, financiada con recursos del presupuesto nacional y que en su creación hubo
intervención del delegado ministerial en los actos de nombramiento.

9) En este punto, conveniente exponer las razones de la autoridad judicial accionada con
base en las cuales consideró que el actor no tenía derecho a la pensión gracia, veamos:

“En este sentido, la Sala procederá a verificar si Nelson Emilio Toro Ortiz
acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, según lo descrito
en el párrafo anterior. Al respecto, en el expediente se encuentra acreditado que
fue vinculado como profesor de alfabetización mediante las resoluciones 230
del 2 de octubre de 1973, 320 del 22 de noviembre de 1973, 241 del 18 de
septiembre de 1974, 404 del 4 de septiembre de 1975 y 209 del 3 de septiembre
de 1976, en los Centros “Aranda”, “Cárcel Judicial” y “El Calvario” de Nariño,
todas suscritas por el secretario, el coordinador general de educación y el
delegado del Ministerio de Educación.

En relación con las vinculaciones anteriores al 31 de diciembre de 1980,
se advierte que, de conformidad con las consideraciones contenidas en la
Resolución 204 del 17 de julio de 1974, estas designaciones se efectuaron
en «plazas destinadas a la Educación de Adultos en el Departamento,
asignadas por el Ministerio de Educación Nacional», esto es, que en el
periodo comprendido entre el 1° de octubre de 1973 y el 20 de septiembre
de 1976 prestó sus servicios en una plaza del orden nacional.

Lo anterior tiene sustento en el material probatorio que obra en el expediente,
según el cual, de conformidad con: i) el Decreto 230 del 2 de octubre de
1973, la plaza en la que fue vinculado se financió con recursos del
presupuesto nacional; ii) la Resolución 204 del 17 de julio de 1974, tuvo
como objetivo reubicar las plazas asignadas por el Ministerio de
Educación Nacional; iii) la Resolución 241 del 18 de septiembre de 1974, a
través de la cual fue designado como profesor del Centro de Educación
de Adultos “Cárcel Judicial”, en el parágrafo dispuso «[l]os profesores de
educación de adultos reelegidos, no necesitan acta de posesión», lo que
permite concluir que la designación se efectuó en el programa del
ministerio señalado en la referida Resolución 204, esto es en una plaza del
orden nacional, situación que se reitera en los actos contenidos en las
resoluciones 404 de 1975 y 209 de 1976.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que, aunque las
vinculaciones que ostentó el demandante, con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, se efectuaron a través de actos suscritos por el

13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

secretario de educación pública del ente territorial, estas se efectuaron en
plazas «asignadas por el Ministerio de Educación Nacional», en el marco
del programa de educación para adultos que estaba cargo de esta cartera
ministerial. En ese orden, la naturaleza de la plaza en la que fue designado
el docente, contrario a lo concluido por el a quo, es del orden nacional,
por lo que no es posible computar ese tiempo de servicios para el
reconocimiento de la pensión gracia.

Lo anterior, en línea con lo reiterado por la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia de unificación, según la cual «[e]n cuanto al personal
nacional la regla es clara. Tanto el marco jurídico que rige la aludida prestación
como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir que los docentes
nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en
esa condición no se puede computar con el servido en calidad de educador
nacionalizado o territorial».

Asimismo, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, se advierte que
no se acreditó otra vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, por lo que,
concluye esta Subsección que Nelson Emilio Toro Ortiz no es acreedor del
reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto no acreditó todos los requisitos
para esta prestación. Por lo expuesto se revocará la sentencia proferida el 8 de
julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Nariño, y en su lugar se negarán
las pretensiones de la demanda.

10) De la cita expuesta previamente se extrae que, para sustentar su decisión, en efecto,
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el reconocimiento
de la pensión gracia porque consideró que si bien el actor acreditó vinculaciones
anteriores al 31 de diciembre de 1980 y estas se efectuaron a través de actos
administrativos suscritos por el secretario de Educación Pública del ente territorial, lo
cierto es que la plaza ocupada era del orden nacional por haber sido asignada por el
Ministerio de Educación Nacional en el marco del programa de alfabetización y educación
de adultos, financiada con recursos del presupuesto nacional y con participación del
delegado ministerial en los actos de nombramiento, razones por las cuales estimó que
no era posible computar ese tiempo de servicios para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia porque ello presuntamente daba cuenta del carácter “nacional” de la
plaza.

11) Sin embargo, estas conclusiones no se ajustan al marco normativo expuesto en
precedencia ni a la interpretación jurisprudencial vinculante, en especial a lo señalado en
la sentencia SU-014 de 2020, en la cual la Corte Constitucional reiteró que la
categorización del docente nacional, nacionalizado y territorial conforme con el artículo
1° de la Ley 91 de 1989 no depende de la fuente de financiación ni de la intervención del
delegado del Ministerio en la expedición de los actos administrativos, sino de la
naturaleza de la plaza:

14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

“81. Así pues, el punto de partida para evaluar la categorización de la
educación lo determina la naturaleza jurídica del vínculo definido en el
artículo 1º la Ley 91 de 1989, esto es, la plaza a ocupar, no la fuente de
financiación. Y tal autorizado criterio proviene de la interpretación
recientísima del Consejo de Estado6.

82. En otras palabras, la nacionalización de la educación dada mediante la
Ley 43 de 1975 conllevó la asunción por parte del gobierno central del
pago de los servicios educativos de los docentes otrora territoriales,
situación que no derivó en que estos mutaran de plano a maestros
nacionales, toda vez que este salto solo se dio para los vinculados a partir de
la expedición de la Ley 91 de 1989 que unificó o igualó el régimen prestacional
de todos los educadores. Por ello, la distinción entre profesores nacionales
y nacionalizados vinculados en el período que nos ocupa (entre el 1º de
enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980), la establecía la plaza a ocupar,
es decir, que esta se diera en establecimientos antes
territoriales”.(Resaltado de la Sala).

12) En consecuencia, de acuerdo con el precedente en cita en este caso es claro que la
decisión adoptada desconoció que, conforme con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y la
sentencia SU-014 de 2020 de la Corte Constitucional, la naturaleza de la plaza no se
determina ni por el origen de los recursos ni por el programa al que se adscriba, sino por
la autoridad nominadora y la sede o establecimiento donde se prestó el servicio.

13) La firma del delegado ministerial no convierte una plaza en nacional cuando, como
en este caso, el nombramiento provino de la Secretaría de Educación Departamental de
Nariño y se materializó en instituciones locales bajo jurisdicción del ente territorial.

14) La Resolución no. 204 de 1974, en la que la autoridad judicial accionada basó su
conclusión, no tiene el alcance jurídico para mutar el carácter de las plazas, pues la sola
expresión de que fueron “asignadas por el Ministerio” debe entenderse dentro del marco
de la financiación mixta de los Fondos Educativos Regionales y no como un indicio de
subordinación directa al Gobierno Nacional.

15) Al respecto, los artículos 29 y 31 del Decreto 3157 de 1968 establecen que los Fondos
Educativos Regionales (FER) se componían de recursos nacionales y territoriales, pero
eran administrados por las entidades territoriales, y el Decreto 1796 de 1973 reguló la
Campaña Nacional de Alfabetización como una estrategia financiada con recursos
diversos, incluidos aportes locales y privados.

6
“En particular, esta es la postura consolidada recientemente por el Consejo de Estado. Al respecto, la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en la citada providencia de unificación de sección del 18 de junio
de 2018, indicó: “Lo determinante no es de dónde provienen los fondos si no la plaza a ocupar”.

15
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

16) Asumir que la plaza era nacional sin realizar un análisis integral del contexto
normativo, probatorio y jurisprudencial como lo hizo la autoridad accionada conlleva a la
Sala a concluir que se incurrió en una interpretación alejada de las reglas
jurisprudenciales aplicables al caso.

17) A su vez, esa errónea interpretación normativa desconoció la estructura y
funcionamiento del sistema educativo anterior a 1980, así como los límites legales de la
participación del Ministerio de Educación en los actos administrativos de vinculación, lo
cual configura un defecto sustantivo.

Análisis del defecto fáctico

18) De entrada, la Sala advierte que este defecto también se encuentra acreditado, toda
vez que la autoridad judicial accionada omitió valorar de forma suficiente y rigurosa el
material probatorio relevante para determinar la naturaleza del vínculo del docente.

19) La sentencia de segunda instancia se limitó a afirmar que el actor fue vinculado a una
plaza del orden nacional entre 1973 y 1976, sin realizar un análisis detallado de las
resoluciones de nombramiento y traslado que obran en el expediente, esto es, las
Resoluciones nos. 230 de 1973, 320 de 1973, 241 de 1974, 404 de 1975, 209 de 1976 y
234 de 1976, en las cuales se advierte que los actos fueron proferidos por la Secretaría
de Educación Departamental de Nariño, con participación del coordinador de Educación
para Adultos, en algunos casos, con firma del gobernador del Departamento y el delegado
del Ministerio de Educación Nacional, como se podrá observar seguidamente:

16
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

20) Además, dichas resoluciones contienen sellos institucionales del ente territorial,
estampillas departamentales y referencias a estructuras administrativas propias del nivel
territorial, lo cual no fue considerado por la autoridad judicial accionada.

21) Ahora bien, contrario a lo sostenido en la sentencia cuestionada, en el presente caso
no se está ante plazas de nueva creación asignadas directamente por el nivel central,
sino, por el contrario, frente a cargos preexistentes en establecimientos educativos del
orden territorial ubicados en el departamento de Nariño.

17
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

22) Las resoluciones de nombramiento y traslado dan cuenta de que el docente fue
designado para prestar sus servicios en centros como “Aranda” y “Cárcel Judicial” del
municipio de Pasto, planteles que, para la época de los hechos, se encontraban bajo la
administración de la Secretaría de Educación Departamental, lo cual excluye su
categorización como planteles nacionales.

23) De hecho, la Resolución no. 320 de 1973 ilustrada previamente, da cuenta de que el
cargo ocupado por el actor era una plaza vacante, lo que descarta la idea de que se
trataba de un cargo recién creado por parte del Ministerio de Educación y denota que la
designación se realizó dentro de la estructura organizativa del ente territorial.

24) En ese contexto, los establecimientos donde fueron prestados los servicios y la
inexistencia de un acto de creación de nueva plaza con cargo exclusivo a la Nación
reafirman que el vínculo del docente, tanto por su forma como por su contenido, se
configuró conforme al régimen territorial.

25) Tales actos, la naturaleza de los establecimientos en los que se prestaron los
servicios junto con los sellos institucionales visibles en las resoluciones, constituían
pruebas relevantes para determinar el carácter territorial del vínculo, sin embargo, ni
siquiera fueron mencionados ni valorados, motivo por el cual resulta forzoso concluir que
se incurrió en un desconocimiento de las reglas de la sana crítica y en una omisión que
fue determinante en el sentido de la decisión.

Conclusión y orden de sentencia de reemplazo

En suma, la Sala concluye que la decisión de segunda instancia proferida por la
Subsección B de la Subsección B del Consejo de Estado incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, en consecuencia, se dejará sin
efectos jurídicos la sentencia de 5 de septiembre de 2024 y se ordenará a esa autoridad
que profiera una sentencia de reemplazo en la cual valore integralmente el material
probatorio obrante en el expediente, con sujeción al marco normativo y jurisprudencial
que ha sido expuesto en esta providencia.

La Sala aclara que la orden aquí dictada no implica el reconocimiento automático de la
pensión, pues, el juez de tutela no puede desplazar al juez natural de la causa, por
consiguiente, la sentencia de reemplazo será quien valore el derecho que le asiste a la

18
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

parte actora, previo cumplimiento de los demás requisitos, para lo cual en todo caso
deberá i) realizar una valoración sustantiva de los actos administrativos de nombramiento
y traslado del docente Nelson Emilio Toro Ortiz, ii) reconocer que la naturaleza de la plaza
no se define única y exclusivamente por la fuente de financiación ni por la intervención
del delegado ministerial, y iii) aplicar los precedentes judiciales relevantes y de casos
similares en los que se ha reconocido lo anterior.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Ampárase los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 5 de septiembre de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al interior del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 52001-23-33-000-2020-
00899-01.

Ordénase a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el
término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia,
profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones
expuestas en esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

19
Expediente: 11001-03-15-000-2025-01525-00
Actor: Nelson Emilio Toro Ortiz
Acción de tutela

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.