Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2012-00075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2012-00075-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2012-00075-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
18 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001 23 33 000 2012 00075 01 (2863-2014)
Demandante: Melbanid Valverde
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 26 de marzo de 2014, por el Tribunal Administrativo del Huila,
que accedió las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), la señora Melbanid Valverde, por conducto de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
Resoluciones UGM 023695 del 4 de enero de 2012 y UGM 038722 del 16 de marzo
del mismo año, mediante las cuales le fue negado el reconocimiento y pago de la
pensión gracia.
1 Folios 31 al 49 del cuaderno principal tomo 1.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 41001 23 33 000 2012 00075 01 (2863-2014)
Demandante: Melbanid Valverde
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar al actor
la pensión gracia de jubilación, por su labor como docente, desde cuando adquirió
el estatus jurídico; ii) pagar los valores adeudados con los ajustes de valor, en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iii) pagar las costas del proceso.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, se relataron los siguientes:
i) La señora Melbanid Valverde, al cumplir 50 años y acreditar un tiempo de labor
como docene al departamento del Huila por más de 21 años, el 23 de junio de 2011
solicitó a la demandada el reconocimiento de su pensión gracia.
ii) Cajanal Eice en Liquidación, por Resolución UGM 023695 del 4 de enero de 2012,
le negó su derecho con el argumento de que no es posible tener en cuenta el periodo
laborado entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 1979, relacionado en la Resolución
159 del 6 de abril de 1979, por no existir la correspondiente acta de posesión.
iii) La anterior decisión fue confirmada por medio de la Resolución UGM 038722 del
16 de marzo de 2012, en la que se señaló, además, que no es posible establecer
plena identificación entre la demandante y la persona que figura en el citado acto
administrativo.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron las Leyes 4 de 1966, 114 de 1913, 116 de 1928; 37 de
1933; 91 de 1989 y 115 de 1994. Al desarrollar el concepto de violación, el
apoderado de la actora expuso lo siguiente:
i) Los actos acusados infringen los derechos a la dignidad, la igualdad, el trabajo, la
seguridad social, los fines esenciales del Estado y los derechos adquiridos, por
2
Radicación: 41001 23 33 000 2012 00075 01 (2863-2014)
Demandante: Melbanid Valverde
cuanto le negaron la pensión gracia a que tiene derecho, a pesar de que acreditó
más de 20 años como docente en el departamento del Huila, tiene más de 50 años
de edad y se vinculó antes del 31 de diciembre de 1980 a la docencia, conforme lo
dispone el artículo 15 de la ley 91 de 1989; además, demostró su buena conducta,
pobreza y honestidad en el ejercicio de sus labores.
ii) Contrario a lo considerado por la demandada, sí es la misma persona que aparece
en la Resolución 159 del 6 de abril de 1979, mediante la cual fue designada maestra
de educación básica primaria de alfabetización en el departamento del Huila,
aunque para la época, en dicho acto, al igual que en su cédula de ciudadanía,
aparecía con el apellido de su esposo [Melbanid de Galindo] y para aquel entonces
los docentes no tomaban posesión, conforme lo certificó la Secretaria de Educación
del Huila.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP, por medio de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y
expuso las siguientes razones de defensa:2
i) No está demostrado que la demandante hubiera sido nombrada mediante la
Resolución 159 del 6 de abril de 1979, pues no hay certeza de que la persona
mencionada allí corresponde a la actora, dado que en el mismo no aparece su
apellido ni su número de cédula.
ii) No es cierto que para dicha fecha no se requiriera posesión, pues la vinculación
de todo servidor público necesita de dicho acto. En ese orden, no está acreditada
su vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, ni que carece de medios
de subsistencia, como lo exige el artículo 4 de la ley 114 de 1912, «todo lo contrario,
lo que demostró es que devengaba sueldos muy superiores a los dos millones de
pesos, lo cual le garantiza sus medios de subsistencia».
2 Folios 82 al 89.
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Radicación: 41001 23 33 000 2012 00075 01 (2863-2014)
Demandante: Melbanid Valverde
iii) La demandante fue sancionada con destitución, mediante Decreto 44 del 22 de
enero de 1997, por lo cual no es merecedora de la pensión gracia.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción e
innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 26 de marzo de 2014,
accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada,
con sustento en las siguientes consideraciones:3
i) Con el conjunto de pruebas obrante en el plenario se acreditó que la demandante
mantuvo una vinculación como docente de carácter departamental en educación
básica primaria con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, cumpliendo con la
exigencia establecida por el artículo 15 de la ley 91 de 1989, sin que dicha
disposición hubiera impuesto restricción alguna en cuanto al tipo de vinculación del
docente, como erradamente lo indicó la demandada en los actos acusados.
ii) En relación con dicho tiempo de servicio, se tiene que mediante Resolución 159
de 1979 emanada de la Gobernación del Huila, la señora "Melba-nid de Galindo"4
fue asignada maestra de educación básica primaria del Centro Nocturno Rural
Bruselas de Pitalito, del 1 de febrero al 30 de junio de 1979 y, si bien no obra la
correspondiente acta de posesión, de las certificaciones expedidas por la Secretaría
de Educación Departamental del Huila y la coordinadora del Programa de
Alfabetización y Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos, emerge que la
actora prestó sus servicios como docente departamental, conforme a lo previsto en
el citado acto administrativo de nombramiento.
3 Folios 565 al 577.
4 Comillas del a quo.
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Demandante: Melbanid Valverde
Aunado a lo anterior, las declaraciones recaudadas en el proceso, a instancias de
la demandante, son coincidentes en afirmar que Melbanid Valverde laboró como
docente de alfabetización con vinculación de carácter departamental en el Centro
Nocturno Rural de Bruselas de Pitalito, con anterioridad al año de 1980. Los testigos
advirtieron que para aquella época los docentes no tomaban posesión, pues solo se
les comunicaba el nombramiento. También indicaron que la demandante figuró en
la respectiva resolución como "Melbanid de Galindo"5 en razón al apellido de su
esposo, de quien posteriormente se separó.
Tales manifestaciones gozan de credibilidad si se tiene en cuenta que explicaron
sus dichos en razón a la cercanía que como compañeros de labores tuvieron con la
demandante, pues, al igual que esta, también fueron designados por la Resolución
159 de 1979 para laborar en el mencionado centro nocturno de Bruselas.
iii) De otra parte, respecto de los argumentos de la demandada en el escrito de
contestación, relacionados con la sanción de destitución impuesta por el Decreto 44
del 22 de enero 1997, se advierte que estos no fueron esgrimidos en los actos
demandados y por tanto no se otorgó a la demandante la oportunidad de
controvertirlos en sede administrativa. En todo caso, la accionada no demostró que
esta hubiera sido objeto de sanción alguna, pues el referido acto nunca fue allegado
al plenario y, por el contrario, dentro de su hoja de vida no se advierte que hubiera
incurrido en comportamiento alguno objeto de reproche. Además, el certificado
expedido por el secretario de educación y cultura de Pitalito pone de presente la
ausencia de sanciones disciplinarias.
Así mismo, la señora Melbanid Valverde presentó declaración juramentada en la
que indica que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social
y costumbres, lo cual constituye una negación indefinida que, conforme al artículo
177 CPC no requiere de prueba, debiendo demostrar lo contrario la entidad
demandada, lo cual no ocurrió.
5 Ibidem.
5
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Demandante: Melbanid Valverde
En consecuencia, Melbanid Valverde tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia, a partir del 28 de octubre de 2009, fecha en que adquirió el estatus
pensional, en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el
año anterior.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la accionada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
con base en los siguientes argumentos:6
i) La entidad obró en legal y debida forma al negarle la pensión gracia a la
accionante, porque al verificar la Resolución 159 del 6 de abril de 1979, mediante la
cual se le designó como maestra de educación básica primaria en el departamento
del Huila, no hay certeza de que la persona mencionada en dicho acto corresponde
a la actora, dado que en este no aparece su apellido ni número de cédula. Por lo
tanto, no es posible tomar en cuenta este periodo para efectos del reconocimiento
de pensión gracia.
ii) Además, el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 señala que para gozar de la pensión
de jubilación gracia, se debe comprobar, entre otros requisitos, haber observado
buena conducta. Este hecho no se ha demostrado, por cuanto el Decreto 44 del 22
de enero de 1997, con fecha fiscal del 12 de abril de 1995, denota una sanción de
destitución, circunstancia que no la hace merecedora de la pensión gracia.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso.7
1.6. El Ministerio Público
6 Folios 582 al 585.
7 Folios 688 al 693 (demandante) y 694 al 695 (demandada).
6
Radicación: 41001 23 33 000 2012 00075 01 (2863-2014)
Demandante: Melbanid Valverde
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19289 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 11
8 Constancia secretarial obrante en el folio 696.
9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública
tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter
legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio
de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
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Radicación: 41001 23 33 000 2012 00075 01 (2863-2014)
Demandante: Melbanid Valverde
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».12
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».13
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.
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Radicación: 41001 23 33 000 2012 00075 01 (2863-2014)
Demandante: Melbanid Valverde
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Demandante: Melbanid Valverde
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».15
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:16
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».17
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-
2019-02219-01 (AC).
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Demandante: Melbanid Valverde
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,18 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:19
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
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Demandante: Melbanid Valverde
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando
se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».20
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Melbanid Valverde
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme a l registro civil de nacimiento, la señora Melbanid Valverde nació el 28
de octubre de 1959, 21 es decir, que cumplió 50 años el 28 de octubre de 2009.
• El 6 de abril de 1979, por medio de la Resolución 159, expedida por el gobernador
del departamento del Huila, fue asignada al Centro Nocturno Rural Bruselas, Distrito
Educativo 5 de Pitalito, como «maestra de educación básica primaria de
alfabetización», a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de junio de 1979.22
• El 24 de junio de 1988, la secretaria de educación departamental del Huila, a través
del Oficio 2167 dirigido a la señora Melbanid Valverde de Galindo, le comunicó que
por Decreto 574 del 23 de junio de 1988, fue nombrada educadora en el Colegio
José Eustasio Rivera —Bruselas Pitalito—, a partir de la fecha de posesión.23
• El 8 de julio de 1988, según Acta de la fecha, tomó posesión del cargo para el cual
fue nombrada, ante el secretario de educación.24
• El 2 de septiembre de 2010, el municipio de Pitalito expidió certificado de tiempo
de servicio de la señora Melbanid Valverde en que hizo constar que esta, a la fecha
de la certificación, prestaba sus servicios en el nivel de básica secundaria, en
propiedad, con vinculación departamental, en forma continua, desde el 8 de julio de
1988.25
21 Folio 13 del cuaderno principal, tomo 1.
22 Folios 10 al 12 ibidem.
23 Folio 21 ibidem.
24 Folio 22 ibidem
25 Folio 173 ibidem.
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Demandante: Melbanid Valverde
• El 10 de septiembre de 2010, el secretario de educación, cultura y deporte de
Pitalito hizo constar que «revisado el listado donde se relacionan los nombres de
los docentes excluidos del Escalafón Docente, NO se encontró que la educadora
Melbanid Valverde, identificada con cédula 36.273.274 expedida en Pitalito Huila
haya sido sancionada o excluido (sic) y se encuentra clasificado (sic) en el grado
catorce (14), por Resolución 01149 del 7 de septiembre de 1999, emanada de la
Junta de Escalafón del Huila».26
• El 5 de abril de 2011, la coordinadora departamental del Programa Nacional de
Alfabetización y Educación Básica y Media de Jóvenes y Adultos certificó que la
actora laboró como maestra alfabetizadora en el Distrito Educativo N.° 5 de Pitalito,
según lo dispuesto en la Resolución 159 del 6 de abril de 1979, del 1 de febrero al
30 de junio de 1979.27
• El 25 de abril de 2012, la secretaria de educación y la coordinadora departamental
del Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica y Media de Jóvenes y
Adultos certificaron lo siguiente:
[…] la señora Melbanid de Galindo […] prestó los servicios como maestra de
educación básica primaria de alfabetización en el departamento del Huila mediante
Resolución 159 del 6 de abril de 1979 emanada de la Gobernación del Huila, donde
fue asignada al Centro Nocturno Rural Bruselas del municipio de Pitalito […] a partir
del primero (1) de febrero al treinta (30) de junio de 1979.
Tipo de vinculación: Departamental
Total devengado: $ 7.500.00 pesos
Tiempo de servicio: 5 meses
Los docentes asignados mediante esta resolución no tomaban posesión
La información reposa en los archivos de la Secretaría de Educación Departamental
[…].
26 Folio 172 ibidem.
27 Folio 423.
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Demandante: Melbanid Valverde
• El Formato Único para expedición de certificado de historia laboral del 27 de abril
de 2012, expedido por el FOMAG -Secretaría de Educación Municipal de Pitalito—
contiene la siguiente información:
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Demandante: Melbanid Valverde
• El 28 de agosto de 2013, el secretario de educación del Huila, en respuesta al
requerimiento judicial efectuado por el Tribunal, informó lo siguiente: 28
• La Registraduría Municipal del Estado Civil de Pitalito (Huila) certificó que la cédula
de ciudadanía con cupo numérico 36.273.274 expedida en Pitalito corresponde a
«Valverde Melbanid».29
• Al plenario se allegaron dos copias de la cédula de ciudadanía 36.273.274
expedida en Pitalito, una en formato anterior y otra en formato actual. La primera, a
nombre de «Valverde de Galindo Melvanid» y la segunda a nombre de «Valderde
Melbanid».30
• De acuerdo con el registro de matrimonio, la señora Melbanid Valverde contrajo
nupcias con el señor Regulo Galindo, el 11 de octubre de 1978.31
28 Folio 473.
29 Folio 174 ibidem.
30 Folios 14 y 17 ibidem
31 Folio 16
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Demandante: Melbanid Valverde
• La Procuraduría General de la Nación certificó que la actora, al 23 de junio de
2011, no registraba antecedentes disciplinarios.32
➢ Actuación administrativa
• El 23 de junio de 2011, la demandante peticionó ante Cajanal E.I.C.E. en
liquidación, el reconocimiento de la pensión gracia.33
• El 4 de enero de 2012, a través de la Resolución UGM 023695, Cajanal negó la
solicitud, con el argumento de que los tiempos laborados como docente
alfabetizadora en el departamento del Huila no se podían tener en cuenta, por no
existir certeza del carácter del nombramiento.34
• El 16 de marzo de 2012, mediante la Resolución UGM 038722, se confirmó la
decisión.35
➢ Pruebas de oficio decretadas en esta instancia
En cumplimiento del requerimiento efectuado por esta Subsección, 36 se allegaron
los siguientes documentos:
• Comunicación oficial del 2 de octubre de 2017, suscrita por el líder de Talento
Humano del municipio de Huila, en la que certifica que:37
[…] revisada la historia laboral de la señora Melbanid Valverde […] docente de aula
nacionalizada grado 14 con tipo de nombramiento en propiedad, se evidenció lo
siguiente:
1. Fue vinculada desde el 8 de julio de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2009 con
el departamento del Huila.
32 Folio 427 ibidem.
33 Folios 96 y 97 ibidem.
34 Folios 2 y 3 ibidem.
35 Folios 5 al 7 ibidem.
36 Auto del 10 de agosto de 2017 (folio 697).
37 Folio 712.
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Demandante: Melbanid Valverde
2. A partir del 1 de enero de 2010 hasta la fecha labora en la Secretaría de
Educación Municipal de Pitalito.
3. Los recursos con los cuales se le cancelaron los emolumentos salariales son
recursos a cargo de la Nación.
Así mismo envío copia de la Resolución 159 de 1979 encontrada en la historia laboral
donde se evidencia que la señora Melbanid laboró como maestra en el programa de
Alfabetización en el Departamento del Huila […].
• Oficio del 10 de octubre de 2017, suscrito por el coordinador del Grupo de
Certificaciones, Subdirección de Talento Humano, en que se informa que en sus
archivos no se encontró información alguna a nombre de la señora Melbanid
Valverde.38
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el recuento fáctico que antecede, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en precedencia, la Sala confirmará la decisión
del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:
i) La señora Melbanid Valverde acreditó como tiempo de servicio computable para
obtener la pensión gracia el período comprendido entre el 1.° de febrero y el 30 de
junio de 1979. Esta vinculación obedeció al nombramiento efectuado por el
gobernador del Huila, mediante la Resolución 159 del 6 de abril de 1979, por la cual
se asignaron maestros de educación básica primaria de alfabetización en dicho ente
departamental.
Aunque en el mencionado acto no se consignaron los documentos de identificación
de los respectivos docentes asignados a los diferentes centros educativos del
departamento, no puede afirmarse, como lo hace la demandada, que no hay certeza
de que este se refiera a la actora, por el hecho de haberse mencionado como
Melbanid de Galindo, pues este era su apellido de casada, como lo demuestra la
38 Folio 713.
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copia de la cédula de ciudadanía que circulaba en el país anteriormente.
La entidad accionada no tuvo en cuenta este periodo, con el argumento de que no
se tenía certeza del tipo de vinculación. Sin embargo, de la lectura del acto de
nombramiento se evidencia que fue proferido por el gobernador del departamento
en uso de sus atribuciones legales. El acto fue suscrito, además, por el secretario
de Educación y por el delegado regional ante el Ministerio de Educación Nacional,
como se observa en la siguiente imagen:
[…]
19
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Conforme al epígrafe de la resolución, se advierte que dicha vinculación la realizó
el mandatario departamental como representante del FER del Huila, de conformidad
20
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Demandante: Melbanid Valverde
con el Decreto 102 de 1976,39 reglamentado por el Decreto 378 del mismo año, que
establece en el artículo 3:
Artículo 3. Las Juntas Administradoras de los F.E.R. se integrarán así:
a) Por el Gobernador, Intendente, Comisario o el Alcalde del Distrito Especial de
Bogotá, quien será el Presidente de la Junta:
b) […]
Esta disposición es consonante con el artículo 6 de la Ley 43 de 1975, que establece
que «los recursos de que tratan los artículos anteriores serán administrados por los
Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los planes que establezca el
Ministerio de Educación Nacional».
Ahora bien, al plenario no se allegó el acta de posesión respectiva, sin embargo, se
aportaron certificaciones expedidas por la secretaria de educación y la coordinadora
departamental del Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica y Media
de Jóvenes y Adultos, las cuales dan cuenta de que la actora prestó sus servicios
como maestra alfabetizadora en el Centro Nocturno Rural Bruselas del municipio de
Pitalito, conforme a lo dispuesto en el Decreto 159 del 6 de abril de 1979. Se trató
de una vinculación departamental, por el término de cinco meses. Así se aprecia en
las siguientes imágenes:
39 Por el cual se descentraliza la administración de los planteles nacionales de educación y se dictan otras
disposiciones.
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Demandante: Melbanid Valverde
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Respecto de las vinculaciones de los docentes que desempeñaron su labor en
centros de enseñanza para adultos, esta Subsección40 ha considerado que los
tiempos de servicios en los cuales se ejerció la labor docente para la alfabetización
de adultos son computables para efectos de acceder a la pensión gracia, en la
medida en que: la educación para adultos fue reglamentada a través del Decreto
1830 de 1966; el Decreto 378 de 1970 estableció la educación primaria para adultos
en todo el territorio nacional; y el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 dispuso que
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 3 de octubre de 2022, radicado 52001-
23-33-000-2014-00540-01, (2892-2016), consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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el ejercicio de la profesión docente incluye la alfabetización de adultos.
Así las cosas, el lapso comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 1979,
cuando la demandante fungió como alfabetizadora, debe tenerse en cuenta para
computar los 20 años de servicio requeridos para acceder a la pensión gracia,
teniendo en cuenta que dicho nombramiento fue efectuado por una autoridad del
orden territorial y el servicio docente se prestó antes del 31 de diciembre de 1980.41
Además, dicha designación es de carácter nacionalizado, pues al tenor del artículo
1 de la Ley 91 de 1989, tal condición la adquieren «los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». En
similar sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-085 de 2002, indicó
que los «docentes nacionalizados» son «los vinculados antes del 31 de diciembre
de 1980, por las entidades territoriales», conforme ocurrió en el sub lite.
ii) De acuerdo con la certificación expedida por la líder de Talento Humano del
municipio del Huila, la señora Melbanid Valverde fue vinculada desde el 8 de julio
de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2009 con el departamento del Huila; a partir
del 1 de enero de 2010 labora con la Secretaría de Educación de Pitalito; y los
emolumentos salariales se pagan con recursos a cargo de la Nación.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de julio de 2021, radicado 76001-23-
33-000-2017-01130-01(0523-20).
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Si bien al proceso no se arrimaron los respectivos actos de nombramiento, sí se
aportó la comunicación del 24 de junio de 1988, con la cual se le informó a la
demandante su nombramiento, por medio del Decreto 574 del 23 de junio de 1988,
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Demandante: Melbanid Valverde
como educadora del Colegio José Eustasio Rivera, de Pitalito, a partir de la fecha
de posesión.
De igual manera, se allegó copia del acta que da cuenta de la posesión de la
docente en el mencionado cargo, el 8 de julio de 1988.
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Dicha información coincide con la consignada en el certificado emitido por el
municipio de Pitalito, en el que se indicó, además, que el fondo receptor de los
aportes para pensión, entre el 8 de julio de 1988 y el 29 de junio de 2000, fue la
Caja de Previsión Departamental del Huila, así:
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Y en la historia laboral certificada en el Formato Único elaborado por la Secretaría
de Educación Municipal de Pitalito, así:
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Además, dicha vinculación fue aceptada por la entidad accionada en la Resolución
UGM 023695,42 con carácter departamental, así:
Es oportuno resaltar que esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar
que el hecho de que los salarios hayan estado a cargo de la Nación no es óbice
para reconocer la pensión gracia, toda vez que los dineros provenientes del
entonces situado fiscal —ahora Sistema General de Participaciones— «le
pertenecía[n] de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
42 Por la cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante.
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presupuestos en calidad de rentas endógenas y exógenas».43 De esta manera, los
docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en nacionales «por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación».
Así las cosas, los servicios prestados por la señora Melbanid Valverde como
docente, al departamento del Huila y al municipio de Pitalito, le permiten acceder a
la pensión gracia reclamada, por cuanto todo el tiempo ostentó una vinculación
territorial. Además, cumplió con el requisito de haber tenido una relación laboral en
una plaza del mismo orden, antes del 31 de diciembre de 1980.
Finalmente, en cuanto al argumento de la entidad, relacionado con que la actora no
acreditó el requisito de haber observado buena conducta, por cuanto fue sancionada
con destitución, la Sala coincide con el análisis del a quo, en tanto que no existe en
parte alguna del plenario ninguna referencia a este hecho ni se aportó copia del
Decreto 44 del 22 de enero de 1997 que, según la demandada, impuso la supuesta
sanción. Por el contrario, el secretario de educación de Pitalito, el 10 de septiembre
de 2010, hizo constar:
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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iii) En suma, la Sala advierte que la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio
de la profesión docente en plazas del orden territorial por más de 20 años y cumplió
con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; por lo
tanto, cumplió el requisito del tiempo de servicio previsto por el legislador para
acceder a la prestación pretendida. Además, cuenta con más de 50 años de edad y
durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es
decir, que también acreditó los requisitos de edad, buena conducta y desempeño
laboral con honradez y consagración, previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la actora causó el derecho a la pensión gracia
el 28 de octubre de 2009, cuando cumplió los 50 años de edad, momento para el
cual había completado más de veinte de servicio, y que radicó la petición el 23 de
junio de 2011, se concluye que no operó la prescripción de mesadas pensionales y,
por ende, tiene derecho al pago de la prestación a partir de la consolidación del
estatus, como lo determinó el tribunal. Por lo tanto, la sentencia será confirmada en
sus precisos términos.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del cpaca establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del cpaca, se atendía una valoración objetiva, en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida
de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la
temeridad de las partes.
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Demandante: Melbanid Valverde
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del cpaca para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 26 de marzo de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Huila, que accedió las pretensiones de la demanda incoada por
Melbanid Valverde contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
33
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