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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00212-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2013-00212-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 19 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Martha Gertrudis Toro Ordoñez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. 23 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi. Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017) Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente expuesto. Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2013-00212-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

3 de noviembre de 2022

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: MARTHA GERTRUDIS TORO ORDOÑEZ
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL

Tema: Reconocimiento pensión gracia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 19 de
diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Martha Gertrudis Toro Ordoñez en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 2011,1 demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante
UGPP, y formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad de las siguientes Resoluciones: i) PAP 050303 del 27
de abril de 2011, a través de la cual se le negó el reconocimiento y pago
de la pensión gracia en favor de la demandante y ii) UGM 000854 del 13
de julio de 2011, mediante la cual se confirmó en todas sus partes el acto
administrativo inicial.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó a Cajanal EICE, hoy UGPP,
para que: i) reconozca y pague la pensión gracia deprecada a partir del 5
de julio de 2009, fecha en la que adquirió el estatus jurídico de pensionada;
ii) ajustar la primera mesada conforme a la Ley 71 de 1988; iii) reconocer y

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

en adelante CPACA.
2 Folios 59 y 60.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

pagar las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al
IPC o al por mayor y; iv) reconocer y pagar los interés comerciales y
moratorios de no dar cumplimiento al fallo.

Fundamentos fácticos relevantes3

1. La señora Martha Gertrudis Toro Ordoñez nació el 5 de julio de 1959 e
ingresó al servicio de la educación del departamento de Nariño en los
siguientes establecimientos:

• Como docente alfabetizadora en el Centro docente Capucigra de Pasto:
desde el 1.° de septiembre de 1980, nombrada mediante Resolución 197
del 27 de agosto de 1980; del 15 de septiembre de 1981, nombrada
mediante Resolución 255 de la misma fecha y del 1.° de septiembre de
1982, nombrada mediante Decreto 271 del 15 de septiembre de 1982.

• Como docente a través de contratos de prestación de servicios con el
departamento del Valle:
i) En la escuela Villavicencio del municipio de Cancelaria: del 5 de
septiembre al 3 de diciembre de 1989; del 16 de enero al 30 de mayo de
1990; del 1.° al 30 de junio de 1990 y del 1.° de septiembre de 1990 al
10 de junio de 1991.
ii) En la escuela Enrique Olaya Herrera del municipio de Candelaria: del
2 de septiembre al 31 de diciembre de 1991; del 13 de enero al 30 de
junio de 1992; del 1.° de julio al 31 de agosto de 1992; del 1.° de
septiembre al 31 de diciembre de 1992 y del 1.° de enero al 30 de junio
de 1993.
iii) En la escuela José Antonio Galán del municipio de Candelaria: del 1.°
de septiembre al 31 de diciembre de 1993; del 16 de enero al 30 de junio
de 1994 y del 22 de agosto al 31 de diciembre de 1994.

• Como docente en propiedad de la escuela José Antonio Galán del
municipio de Candelaria, nombrada mediante Decreto 15 del 12 de enero
de 1995, hasta el 26 de diciembre de 2000.

• Como docente incorporada a la planta de personal del departamento de
Valle del Cauca, a través del Decreto 230 del 27 de diciembre de 2000,
en la escuela José Antonio Galán del municipio de Candelaria y
posteriormente, por Decreto 243 del 17 de febrero de 2004 a la fecha de
la presentación de la demanda4, en el Colegio Rodrigo Lloreda Caicedo
de esa misma localidad.

2. Mediante escrito radicado el 24 de noviembre de 2010, solicitó ante Cajanal
EICE el reconocimiento y pago de una pensión gracia, al haber adquirido el
5 de julio de 2009 el derecho pensional.

3. Por conducto de la Resolución PAP 050303 del 27 de abril de 2011, el
liquidador de Cajanal negó el reconocimiento y pago de la prestación
aludida, bajo el argumento de que el tiempo prestado a la Secretaría de

3 Folios 60 y 61.
4 13 de diciembre de 2012.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

educación del Valle del Cauca, en el período comprendido entre el 16 de
enero de 1995 y el 9 de julio de 2010, es de carácter nacional.

4. La señora Toro Ordoñez interpuso recurso de reposición en contra del
anterior acto administrativo, el cual fue resuelto a través de la Resolución
UGM 000854 del 13 de julio de 2011, que lo confirmó en todas sus partes.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba.5

En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la
contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En la audiencia inicial se consignó lo siguiente respecto de las excepciones
propuestas:

«En la contestación de la entidad demandada solicitó varias excepciones, sin
embargo, se entrará a decidir solamente la de PRESCRIPCIÓN, por encontrase
dentro de las que taxativamente señala el numeral 6 del artículo 180 del CPACA.

[…]
Sin embargo, teniendo en cuenta que en el caso bajo estudio la demandante
pretende se reconozca y pague su pensión gracia, con el reajuste respectivo, el
Despacho considera que en este momento procesal no resulta pertinente el
decreto de la prescripción, toda vez que este fenómeno va conexo a la declaratoria
de existencia de tal derecho, asunto que requiere un estudio de fondo que se
llevará a cabo en la respectiva sentencia.

Lo anterior no obsta, para que si a bien lo tiene el Despacho proceda al decreto de
la prescripción trienal en el correspondiente momento procesal.»

Se notificó la decisión en estrados y no se propusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«Que se declare la nulidad de la Resolución PAP 0503030 del 27 de abril de 2011
originaria del liquidador de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN E.I.CE. EN
LIQUIDACIÓN, mediante la cual se negó la pensión de gracia de la demandante y
la Resolución UGM 000854 del 13 de julio de 2011 que confirmó la negativa. En
consecuencia, solicita se reconozca y pague la pensión gracia con los
correspondientes reajustes a que haya lugar.»

5 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

La decisión fue notificada en estrados y frente a esta no se interpusieron
recursos.

SENTENCIA APELADA6

Mediante la sentencia del 19 de diciembre de 2016, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca accedió a las pretensiones invocadas por la demandante
con fundamento en que la documentación allegada al expediente da cuenta
que la demandante laboró para el municipio de Pasto por un período de 2 años,
6 meses y 13 días en el Centro de Capucigra, y para el departamento del Valle
del Cauca un total de 21 años y 12 días en diferentes instituciones educativas
adscritas a esa entidad territorial. De esta manera, tuvo como demostrado un
tiempo superior a los 20 años exigidos por la Ley 114 de 1913 como docente
nacionalizada y una vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
teniendo en cuenta que ella ingresó a partir del 1.° de septiembre de 1980.

Así mismo y de conformidad con los actos acusados advirtió que la libelista
cumplió los 50 años de edad el 5 de julio de 2009, fecha en la que adquirió el
derecho pensional.

En ese sentido, ordenó a la UGPP reconocer a favor de la demandante la
pensión gracia y actualizar la primera mesada con el promedio de lo
devengado en el año anterior al que cumplió con todos los requisitos, esto es
entre el 5 de julio de 2008 y el 5 de julio de 2009; además de aplicarle al valor
resultante los incrementos anuales correspondientes hasta que se realice el
pago efectivo.

En segundo lugar, declaró que no se configuró el fenómeno de la prescripción
comoquiera que la solicitud de reconocimiento de la pensión se radicó el 24
de noviembre de 2010 y el estatus pensional se configuró el 5 de julio de 2009.

Finalmente, condenó a la entidad demandada al pago de las costas y fijó
agencias en derecho equivalentes al 1% del valor de las prestaciones de
conformidad con los artículos 365 y 366 del CGP.

RECURSO DE APELACIÓN7

Dentro de la oportunidad legal, la UGPP presentó recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia. Para sustentar el recurso, adujo que la
documentación aportada por la demandante evidencia que se desempeñó
como docente de carácter nacional desde el 16 de enero de 1995 y el 9 de
julio de 2010, tiempo que no puede ser computable para acceder a la pensión
gracia y en ese sentido, no cumple con los requisitos exigidos por la ley para
acceder a dicha prestación.

Finalmente, en cuanto a la condena en costas señaló que dicha sanción tiene
como objetivo sancionar a la parte en virtud de su accionar; empero, señaló
que su actuar fue célere al aportar de manera oportuna y pertinente la
documentación solicitada, sumado a que, al ser una entidad adscrita al

6 Folios 237 a 248.
7 Folios 255 a 257.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con ello se afecta el erario público y
a sus contribuyentes.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante8 reiteró que cumple con los requisitos exigidos por la
ley. Agregó que la sentencia de primera instancia es amplia en sus
conclusiones, así como en los planteamientos de tipo jurídico que han
señalado que los tiempos de servicios prestados en la modalidad de OPS se
pueden tener en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta
etapa, de conformidad con lo dispuesto en la constancia secretarial visible a
folio 287.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:

1. ¿La señora Martha Gertrudis Toro Ordoñez tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación?

2. ¿Se encuentra probado en el presente proceso la causación objetiva y
valorativa de las costas procesales de primera instancia?

Primer problema jurídico

¿La señora Martha Gertrudis Toro Ordoñez tiene derecho al reconocimiento y
pago de la pensión gracia de jubilación?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: De conformidad con las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, de
la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la parte
demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, como se
explica a continuación:

8 Folios 284 y 285

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

Marco legal y jurisprudencial para el reconocimiento de la pensión de
jubilación gracia. Síntesis.

La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hubiesen servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. El
derecho a la prestación se extendió a través de las Leyes 116 de 1928 (a
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública) y 37 de 1993 (a los maestros de escuela que hubieren
completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria), pero siempre bajo el entendido de que se debe
cumplir con los demás requisitos regulados por el artículo 4 de la Ley 114
citada.

Luego, la Ley 91 de 1989, en el numeral 2 de su artículo 15, limitó el derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, en el sentido de que, a partir de esta
solo serían beneficiarios aquellos docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980, de modo que todo aquel que haya ingresado al servicio
docente oficial con posterioridad a dicha fecha carece de legitimidad para
reclamar la prestación.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta;
ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional;
y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige
que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.° de
enero de 1981.

Ahora, de las diferentes normas enunciadas la jurisprudencia de esta
corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo
docente que cumpla con los requisitos citados, sino que en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y
nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 19979 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»

Para ayudar a determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
201810 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

9Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto

de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
10 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys

Amanda Hernández Triana contra la UGPP.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas
de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los
educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto
de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en
uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a
los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
(Resaltado del texto original)

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

Por último, y no menos importante, debe recalcarse que en reciente sentencia
de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 202211 la Sección
Segunda también incorporó como regla jurisprudencial sobre la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que él o la
docente laboró 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna
posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley 114
de 1913.

La parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia de jubilación

Según se desprende de las consideraciones de los actos administrativos
demandados y del escrito de apelación, el objeto de controversia surge frente
al tiempo exigido por el artículo 1.° de la Ley 114 de 1913, comoquiera que los
tiempos de servicios entre el 16 de enero de 1995 y el 9 de julio de 2010 son
de carácter nacional y desestimó el tiempo de servicio entre el 1.° de
septiembre de 1980 y el 31 de diciembre de 1994, teniendo en cuenta que los
certificados adjuntos no aclaran el tipo de vinculación correspondiente.

Sobre el particular, se observa que la señora Martha Gertrudis Toro Ordoñez
nació el 5 de julio de 195912, es decir, cumplió 50 años de edad en el año 2009.

Así mismo, obra certificado de antecedentes emitido por la Procuraduría
General de la Nación en el que se indicó por la autoridad competente que la
parte demandante, a la fecha de su expedición13 no registraba sanciones o
inhabilidades. Además, se advierte que este ítem no fue objeto de discusión
en sede administrativa o en la primera instancia, por lo que se presume la
buena fe del interesado en cuanto al cumplimiento del requisito de honradez,
consagración y buena conducta.

Ahora, la Sala advierte que la parte demandante se vinculó al servicio docente,
como profesora alfabetizadora en el Centro Compusigra del municipio de

11 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia

Jiménez Lozano contra la UGPP.
12 Según registro civil de nacimiento cédula de ciudadanía visibles a folios 16, 82 y 83.
13 23 de noviembre de 2010, visible a folio 92.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

Pasto14, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, según nombramientos
efectuados mediante: i) Resolución 197 del 27 de agosto de 198015, entre el
1.° de septiembre de 1980 y el 30 de junio de 1981; ii) Resolución 255 del 15
de septiembre de 198116, entre el 1.° de septiembre de 1981 y el 30 de junio
de 1982 y iii) Resolución 271 del 15 de septiembre de 1982, desde el 1.° de
septiembre y el 30 de junio de 1982.

Ahora, pese a que solo se aportó copia de las Resoluciones 197 del 27 de
agosto de 1980 y 255 del 15 de septiembre de 1981, la primera de las cuales
fue suscrita por el secretario de educación pública de Nariño y la segunda
además del secretario de educación pública de Nariño, por el delegado del
Ministerio de Educación Nacional y el jefe (E) de Educación Adultos Mayores;
acorde con la pauta v) de la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
no es posible inferir que la señora Toro Ordoñez hubiese sido vinculada como
docente nacional durante su nombramiento a través de la Resolución 255 de
1981, dado que «la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada
por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, por el hecho de que el acto de
vinculación de la docente haya intervenido el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional
o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del
cargo».

Repárese además que aunque no obra copia de la Resolución 271 del 15 de
septiembre de 1982, lo cierto es que la certificación da cuenta que el
establecimiento en la que ejerció sus funciones docentes era del municipio de
Pasto.

En todo caso, la certificación en ningún momento dice que la plaza ocupada
fuera nacional, por ende, se debe atender que de acuerdo con el artículo 1.°
de la Ley 91 de 1989, adquieren la condición de nacionalizados «los docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de
1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975» y de territoriales «los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

En relación con el tiempo de servicio prestado por la señora Martha Gertrudis
Toro Ordoñez a partir del 16 de enero de 1995 como docente, se aportaron
como prueba de dicha vinculación copia de los contratos de prestación de
servicios visibles a folios 31 a 40 así: i) En la escuela Antonio Villavicencio,
Corregimiento La Regina del municipio de Candelaria mediante CPS S/N del
5 de septiembre de 1989 (desde el 4 de septiembre y hasta el 3 de diciembre
de 1989), CPS S/N del 2 de enero de 1990 (desde el 16 de enero y hasta el
30 de mayo de 1990, CPS 032 del 12 de junio de 1990 (desde el 1.° y hasta el
30 de junio de 1990) y CPS 121 del 10 de septiembre de 1990 (desde el 1.°
de septiembre de 1990 y hasta el 30 de junio de 1991); CPS 018 del 2 de enero
de 1991 (desde el 1.° de enero y hasta el 30 de junio de 1991); CPS 236 del 2
de septiembre de 1991 (desde el 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre de
1991), CPS 62 del 13 de enero de 1992 (desde el 13 de enero y hasta el 30

14 Según certificación visible a folio 28, expedido por el jefe de la Sección de Educación no Formal y de

Adultos Nariño, el 23 de junio de 1997.
15 Folios 19 a 23.
16 Folios 24 a 27.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

de junio de 1992), CPS 126 del 1.° de julio de 1992 (desde el 1.° de julio y
hasta el 31 de agosto de 1992), CPS S/N del 1.° de septiembre de 1992 (desde
el 1.° de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 1992), ii) En la escuela
Enrique Olaya Herrera, Vereda Domingo Largo del municipio de Candelaria
por CPS S/N del 1.° de enero de 1993 (desde el 16 de enero y hasta el 30 de
junio de 1993), CPS S/N del 1.° de julio de 1993 (desde el 1.° de julio y hasta
el 30 de agosto de 1993), CPS 171 del 1.° de septiembre de 1993 (desde el
1.° de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 1993), CPS 18 del 16 de enero
de 1994 (desde el 16 de enero y hasta el 30 de junio de 1994), CPS 18 del 22
de agosto de 1994 (desde el 22 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 1994).
Todos los contratos, fueron suscritos por el alcalde municipal de Candelaria,
Valle, a fin de que la libelista preste sus servicios profesionales como maestra
municipal en escuelas de esa localidad, servicios que fueron pagados con
recursos propios.

De otro lado, la Secretaría de Educación del departamento Valle del Cauca
mediante certificado del 16 de junio de 201117, dio fe que la libelista además
del tiempo prestado como docente mediante los contratos de prestación de
servicios, laboró en el nivel de básica primaria, en vinculación en propiedad,
como municipal en forma continua, así: i) Decreto 15-A del 12 de enero de
1995, en la escuela José Antonio Galán del municipio de Candelaria desde el
16 de enero 1995 y hasta el 26 de diciembre de 2000; ii) Decreto 230 del 22
de diciembre de 2000, en la escuela José Antonio Galán del municipio de
Candelaria, desde el 27 de diciembre de 2000 y hasta el 26 de febrero de 2004
y iii) Decreto 243 del 12 de febrero de 2004, en la escuela Rodrigo Lloreda
Caicedo del municipio de Candelaria, desde el 27 de febrero de 2004 y hasta
el 16 de junio de 201118.

Aunado a lo anterior, se cuenta con copia del Decreto 15-A del 12 de enero de
199519, por medio del cual fue nombrada en propiedad por el alcalde municipal
de Candelaria, Valle, para desempeñar el cargo de profesora categoría 1,
adscrita a la Secretaría de Educación municipal de esa localidad, cargo en el
cual tomó posesión el 16 de enero del mismo año20. De igual forma y pese a
que en citado acto de nombramiento no se consignó la institución en la que la
libelista prestaría el servicio, de la certificación aludida en precedencia, se
puede inferir que la docente fue vinculada a un establecimiento educativo del
municipio de Candelaria, esto es, la Escuela José Antonio Galán.

También se cuenta con Acta de Posesión 2004-03228D del 27 de febrero de
200421, por medio del cual la libelista tomó posesión ante el alcalde municipal
de Candelaria, Valle, como docente de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda
Caicedo, cargo en el cual fue nombrada mediante Decreto 0243 del 12 de
febrero de 2004, en incorporación.

Así las cosas, acorde con las reglas vi) y vii) de la sentencia de unificación del
21 de junio de 2018, lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la
pensión gracia, es la acreditación que la plaza a ocupar por el docente sea de
carácter territorial o nacionalizada calidad que en principio, se debe probar con

17 Folios 29 y 30.
18 Fecha en la que fue expedido el certificado de tiempo de servicios.
19 Folios 51 y 52.
20 Folio 55.
21 Folio 57

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

la copia de los actos administrativos donde conste el vínculo y,
subsidiariamente, a través de certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial.

En ese sentido, es claro que el tiempo laborado por la señora Martha Gertrudis
Toro Ordoñez a partir del 4 de septiembre de 1989, para el departamento del
Valle del Cauca tiene la calidad de docente territorial en razón que las órdenes
de prestación de servicios, el acto de nombramiento y el acta de posesión
fueron suscritas por el representante legal del municipio de Candelaria, Valle,
para ocupar plazas docentes de esa localidad y que en el caso de los contratos
de prestación de servicios los recursos para el pago de los honorarios
provenían del municipio. Lo anterior se convalida con el certificado de tiempo
de servicios en la cual se indica que la demandante es docente municipal de
básica primaria.

En consecuencia, y según las pautas fijadas por esta sección en las sentencias
de unificación citadas, la Sala evidencia que la señora Toro Ordoñez acreditó
los 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado, de la siguiente
forma:

Carácter plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 01 09 1980 30 06 1981 29 9
Territorial 01 09 1981 30 06 1982 29 9
Territorial 01 09 1982 30 06 1982 29 9
Territorial 04 09 1989 03 12 1989 3
Territorial 16 01 1990 30 05 1990 15 4
Territorial 01 06 1990 30 06 1980 1
Territorial 01 09 1990 30 06 1991 10
Territorial 02 09 1991 31 12 1991 29 3
Territorial 13 01 1992 30 06 1992 18 5
Territorial 01 07 1992 31 08 1992 2
Territorial 01 09 1992 31 12 1992 4
Territorial 16 01 1993 30 06 1993 15 5
Territorial 01 07 1993 30 08 1993 2
Territorial 01 09 1993 31 12 1993 4
Territorial 16 01 1994 30 06 1994 15 5
Territorial 22 08 1994 31 12 1994 9 4
Territorial 16 01 1995 26 12 2000 11 11 5
Territorial 27 12 2000 26 02 2004 2 3
Territorial 27 02 2004 16 06 2011 20 3 7
Total 3 4 23

Por consiguiente, se puede concluir que la demandante laboró como docente
territorial por más de 20 años, con honradez, consagración y buena conducta,
así como acreditó los 50 años de edad y su vinculación con anterioridad al 31
de diciembre de 1980, de modo que cumplió con la totalidad de requisitos
exigidos para ser beneficiaria de la pensión gracia y consolidó el derecho el 5
de julio de 2009, fecha en que acreditó los 50 años de edad.

En conclusión: La parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión gracia al haber acreditado el cumplimiento de los requisitos
legales y jurisprudenciales exigidos para ser beneficiaria de la prestación.

Segundo problema jurídico

¿Se encuentra probado en el presente proceso la causación objetiva y
valorativa de las costas procesales de primera instancia?

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con la postura
asumida por esta Subsección en sentencia del 07 de abril de 2016, la condena
en costas y agencias en derecho se encuentra sustentada en un criterio
objetivo valorativo, que debe verificarse para determinar su procedencia. Bajo
tal entendido, se encuentra probado que en el presente asunto las mismas
fueron causadas conforme pasa a explicarse:

De conformidad con los planteamientos desarrollados en providencia dictada
por esta Corporación el 07 de abril de 200622, «el concepto de las costas del
proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos o expensas del
proceso llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para
traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de
auxiliares de la justicia como peritos y secuestres, transporte de expediente al
superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.» (Subrayas propias)

Así mismo, comprende las denominadas agencias de derecho, las cuales
«[…]corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a
los criterios sentados en los numerales 3° y 4º del artículo 366 del CGP, y que no
necesariamente deben corresponder al mismo monto de los honorarios pagados por
dicha parte a su abogado los cuales deberán ser fijados contractualmente entre éstos
conforme los criterios previstos en el artículo 28 numeral 8.º de la ley 1123 de 2007.»
(Subraya la Sala)

Ahora, a efectos de sustentar la postura que a partir de la sentencia en
mención fue asumida por esta Subsección en materia de costas y agencias en
derecho, es preciso señalar la interpretación y el criterio a la luz de los cuales
se daba aplicación a tales conceptos:

«[…] a raíz de la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en anteriores oportunidades y en materia de
condena en costas, la Subsección A sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, no implicaba la condena de manera “automática” u “objetiva”, frente a aquel
que resultara vencido en el litigio.

Ello, en consideración a que debían observarse una serie de factores, tales como
la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos
y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo en
el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla, o no.

Sin embargo, en esta oportunidad la Subsección A varía aquella posición y acoge
el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho)
al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe).
Se deben valorar aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal
como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365. Las razones son las siguientes:

a- El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, regula que tratándose de costas en la jurisdicción de lo contencioso

22Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Consejero ponente: William Hernández Gómez, Bogotá, D.C., siete (7) de abril de 2016. Radicación
número: 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14). Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre
dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés
público.

Asimismo, que la liquidación y ejecución se rigen por lo dispuesto en el Código de
procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, artículo 365.

b- De la lectura del artículo 365 en comento, se observa que varias de las
situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están
relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin
que para tal efecto se indique que adicionalmente debe verificarse mala fe o
temeridad como lo refiere la postura anteriormente adoptada y que aquí se
substituye.

c- En efecto, la evolución normativa de este concepto en nuestra legislación,
específicamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, permite
resaltar tres etapas bien definidas y diferenciadas: Una primera etapa de
prohibición, la segunda de regulación con criterio subjetivo, y la última de
regulación con criterio objetivo. […].»

Así, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, el pilar de aplicación
de la condena en costas se restringió a la observancia objetiva de los
preceptos legales, en armonía con las disposiciones del nuevo Código General
del Proceso:

«[…] La condena en costas con criterio objetivo. El CPACA adoptó la misma
línea del CPC y CGP en el sentido de acoger el criterio objetivo para la condena
en costas. Veamos las normas que lo consagran:

i. El artículo 178 que se refiere a condena en costas en los casos del desistimiento
tácito.
ii. El artículo 188 que regula la condena en costas cuando se trate de sentencias,
salvo en los procesos en los que se ventile un interés público.
iii. El artículo 267, regula que en caso de que fuere desestimado el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, se condenará en costas al
recurrente.
iv. El artículo 268, regula la condena en costas en caso de que alguno de los
recurrentes desista del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
salvo que se interponga ante el Tribunal antes de haberse enviado al Consejo
de Estado.

Las reglas previstas en los literales 1, 3 y 4 de la anterior relación, permiten
interpretar el enunciado deóntico “dispondrá” que consagra el artículo 188 ibídem,
el cual puede asimilarse al enunciado “decidirá”, lo que necesariamente lleva a
señalar que se supera el criterio optativo propio del criterio subjetivo, para avanzar
hacia la condena en costas por un criterio valorativo, con base en los presupuestos
objetivos reseñados por la legislación procesal civil.
[…]
d- Por su parte, el artículo 365 del CGP que fue objeto de análisis por la Corte
Constitucional en sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, ratificó el criterio
objetivo valorativo de la norma, al señalar lo siguiente:

“[…] La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o
siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en
el proceso o recurso que haya propuesto en el artículo 365.

Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas
como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de
su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el
propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de
una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra. […]” (negrillas
fuera de texto)

e- En virtud de lo anterior y conforme la evolución normativa del tema, puede
concluirse que el legislador cambió su posición al respecto, para regular la condena
en costas a ambas partes en la jurisdicción de lo contencioso administrativo con
un criterio netamente objetivo, excepto en cuanto corresponda a los procesos en
los que se ventile un interés público, en los cuales está legalmente prohibida la
condena en costas. […]» (Negrillas del texto original, subraya la Subsección)

Bajo el análisis relacionado, se tiene que frente a la causación y condena de
las costas y las agencias en derecho procede revisar las siguientes
conclusiones:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo
valorativo” –CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá”
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del
CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de
su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa
valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos
últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como
la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará
el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP,
previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario
judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.

Tales son los lineamientos que corresponde entonces verificar, a efectos de
determinar si en el presente asunto corresponde la condena en costas de
primera instancia a cargo de la entidad demandada.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

Revisado el expediente se advierte a folios 127 a 129, auto admisorio del 1.°
de marzo de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo del valle del Cauca,
quien ordenó a efectos de cubrir los gastos ordinarios del proceso, que la parte
demandante consignara la suma de $60.000 dentro de los 10 días siguientes
a la notificación de esta providencia; carga que fue debidamente acatada por
la interesada, tal como obra a folios 131 a133 de la actuación.

Por consiguiente, como la sentencia objeto de apelación accedió a las
pretensiones de la demandante, ello conlleva necesariamente que aquella
hubiese sido desfavorable a los intereses de la entidad demandada. De tal
modo que, la condición de parte vencida en el proceso y la acreditación de los
gastos sufragados por la parte demandante como consecuencia de la orden
judicial impartida en el auto admisorio, implica que se encuentren acreditados
con suficiencia los elementos objetivos y valorativos para considerar la
procedencia de la condena.

Así las cosas, la pretensión de la parte demandada de revocar dicha condena,
bajo el argumento de que su actuación fue célere al aportar de manera
oportuna y pertinente la documentación solicitada y afecta el erario público y a
sus contribuyentes, por ser esta una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, no tienen vocación de prosperidad.

Decisión de segunda instancia

Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia del 19 de diciembre
de 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las
pretensiones.

De la condena en costas

En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por
esta subsección en providencias del 7 de abril de 201623, en esta oportunidad
resulta necesario tener presente que la decisión adoptada en esta instancia
obedeció al cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso,
razón por la cual la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 19 de diciembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Martha
Gertrudis Toro Ordoñez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

23 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario

Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

Radicación: 76001-23-33-000-2013-00212-01 (1549-2017)
Demandante: Martha Gertrudis Toro Ordoñez

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia, por lo brevemente
expuesto.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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