Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06100-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06100-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06100-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06100-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
4 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: ROSA ELVIRA ORTEGATE DE GÓMEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación de pensión gracia con
inclusión de sobresueldo del 20%. Defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la señora Rosa Elvira Ortegate de Gómez, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra la sentencia de 23 de octubre de 2025 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de septiembre de 2025, la demandante pidió al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, así como los principios de seguridad jurídica
y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, supuestamente
vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1.- TUTELAR los Derechos Fundamentales de prevalencia del derecho sustancial, debido proceso,
igualdad, justicia, seguridad jurídica, entre otros de la accionante de la referencia, los cuales están
siendo vulnerados.
2.- DECLARAR que con la SENTENCIA PROFERIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR LA
SALA DE DECISIÓN No. 2 DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, dentro del MEDIO
DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 15001-3333-002-2016-
00060-01, adelantado en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, se
incurrió en VÍA DE HECHO Y/O DECISIÓN ILEGÍTIMA por violación de los derechos fundamentales
de prevalencia del derecho sustancial, debido proceso, igualdad, justicia, seguridad jurídica, entre
otros.
3.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR DEJAR SIN EFECTO LA SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR LA SALA DE
DECISIÓN No. 2 DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, dentro del MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 15001-3333-002-2016-
00060-01, adelantado en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
4.- Que la SALA DE DECISIÓN No. 2 DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, expida
la Sentencia de Segunda Instancia por medio de la cual CONFIRMA el FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja, accediendo a las
pretensiones y condenas de la demanda”.
2. Hechos
La parte actora relató que ingresó al servicio público de la educación el 12 de marzo
de 1978 y que el 30 de junio de 2005, adquirió el estatus para acceder a la pensión
gracia, la cual fue reconocida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social
mediante Resolución núm. 15436 de 24 de abril de 2007.
Afirmó que en proceso ejecutivo laboral, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Tunja libró mandamiento de pago a favor de la señora Rosa Elvira Ortegate de
Gómez y en contra del departamento de Boyacá, Secretaría Departamental de
Educación, con el fin de que se le pagara el sobresueldo del 20% previsto en la
ordenanza núm. 23 de 1959, desde el 1 de enero de 2004 hasta el 30 de diciembre
de 2008.
Sostuvo que el 8 de mayo de 2015 solicitó a la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, la inclusión
del sobresueldo del 20% como factor salarial para ser tenido en cuenta dentro del
año base de liquidación para el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Sin
embargo, en las Resoluciones núm. RDP 039326 de 24 de septiembre de 2015 y
RDP 002658 de 27 de enero de 2016, se resolvió negativamente la petición.
Indicó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la UGPP, en la que pidió que se anularan las
Resoluciones núm. RDP 039326 de 24 de septiembre de 2015 y RDP 002658 de
27 de enero de 2016, y a título de restablecimiento del derecho que se ordenara la
inclusión del sobresueldo del 20% en la liquidación de la pensión gracia.
Señaló que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja en fallo de 13
de diciembre de 2017, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
por la UGPP. Declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, en
consecuencia, ordenó a la entidad demandada que reliquide y pague la pensión
reconocida mediante Resolución núm. 15436 de 24 de abril de 2007, en cuantía
equivalente al 75% del promedio mensual de los salarios devengados en el año de
adquisición del estatus pensional comprendido entre el 27 de junio de 2004 al 26 de
junio de 2005, para lo cual se deberá incluir el sobresueldo del 20%.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión la UGPP interpuso recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia de 18 de septiembre
de 2025 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, pues la
demandante no probó que hubiese devengado el sobresueldo del 20%, más aún
cuando al momento en que adquirió el estatus habían cesado los efectos de la
ordenanza que creó dicho emolumento. Adicionalmente, precisó que en el Consejo
de Estado no existe una postura unificada y resaltó que la fecha en que la actora
adquirió el estatus pensional la ordenanza que establece el sobresueldo del 20%
había cesado sus efectos.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
3. Fundamentos de la acción
La demandante aseguró que la acción de tutela resulta procedente, toda vez que
no cuenta con otro medio eficaz para la defensa de sus derechos fundamentales, a
lo que agregó que se están causando graves perjuicios irremediables que afectan
su dignidad.
Afirmó que la autoridad judicial accionada negó “idoneidad a las pruebas
documentales expedidas por un despacho judicial, como lo es el juzgado tercero
laboral del circuito de Tunja, documentos que de lejos, dan mayor seguridad jurídica
que los certificados de factores salariales expedidos por la secretaría de educación
del ente territorial, máxime cuando esta entidad no pago voluntariamente la
prestación, obligando a mi cliente a acudir a la administración de justicia, en procura
de sus derechos labores”.
Agregó que la sentencia objetada realizó una valoración probatoria sesgada, pues
solo le brinda valor probatorio al certificado de factores salariales expedido por la
entidad nominadora.
Finalmente, manifestó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de tutela de 23 de noviembre de 2023, en un caso similar
amparó los derechos fundamentales a la parte actora, y que el Tribunal
Administrativo de Boyacá en fallo de 25 de enero de 2024, profirió la decisión de
reemplazo en cumplimiento de la orden de tutela antes mencionada.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá
El magistrado ponente de la sentencia objetada informó que no vulneró los derechos
fundamentales alegados por la accionante, pues el proceso se surtió con las
ritualidades establecidas en el ordenamiento jurídico.
Afirmó que la accionante no atendió la carga probatoria señalada en el artículo 167
del Código General del Proceso, pues le correspondía demostrar los supuestos
fácticos en los cuales fundaba su pretensión, carga que no debía apuntar a que una
parte tuviera que probar más que la otra, sino que obedecía al interés que tuviera
según su posición en la relación jurídico procesal para demostrar los hechos.
Agregó que “no era dable abordar la procedencia de los argumentos planteados por
el a-quo, los cuales cuestionó la parte apelante, sobre el reconocimiento del
sobresueldo aludido conforme con la normatividad sustantiva, tomando en
consideración la naturaleza y fecha del vínculo docente de la actora, así como por
inconstitucionalidad sobreviniente del sobresueldo del 20% consagrado en la
Ordenanza 23 de 1959, por lo cual no tenía derecho a que ese sobresueldo se
tuviese en cuenta como factor para su reliquidación pensional”.
Para terminar, aseguró que actuó de manera razonable, sin que se le pueda endilgar
una interpretación o aplicación equivocada de la ley o hubiera valorado erradamente
el material probatorio o se omitiera injustificadamente alguna.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
4.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
La subdirectora de la oficina de Defensa Judicial pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no incurrió en los defectos fáctico
o procedimental, además que la accionante pretende utilizar la solicitud de amparo
como una tercera instancia y no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable.
Afirmó que la accionante no cumplió con la formalidad que exige la prueba de
salarios devengados a efectos de liquidar la mesada pensional, por lo que resulta
necesario acreditarlos con el certificado de factores salariales o CETIL, el cual es
prueba de conformidad con lo establecido en la Ley 50 de 1886 que fija reglas sobre
concesiones de pensiones tal como lo refiere acertadamente la sentencia objetada.
Finalmente, señaló que la demandante no allegó pruebas del perjuicio irremediable,
más aún cuando devenga una mesada por concepto de pensión gracia.
4.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja, a pesar de que
se les notificó el auto admisorio y allegó el link de acceso al expediente ordinario
digitalizado, guardó silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 23 de octubre de 2025 declaró
la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional, en tanto la solicitud de amparo lo que pretende es revivir
una controversia decidida por el juez ordinario.
Afirmó que la demandante no cumplió con la carga argumentativa exigida para
demostrar una relación directa entre la decisión judicial cuestionada y la presunta
vulneración de derechos fundamentales, pues sus alegatos se limitan a discrepar
del razonamiento del juez ordinario sin evidenciar una contradicción manifiesta de
los mandatos constitucionales que justifique la intervención del juez constitucional
ni superar el requisito de relevancia constitucional.
Finalmente, mencionó que la accionante se limitó a calificar la valoración probatoria
del juez de segunda instancia como sesgada y conveniente, sin precisar en qué
consistía el error alegado, más aún, pretendió una nueva revisión integral del acervo
probatorio, lo cual excede el alcance de la acción de tutela y desconoce los límites
funcionales del juez constitucional.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:
Afirmó que la acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia constitucional,
pues desde el momento en que presentó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ha pretendido la protección de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al
trabajo, así como los principios a la seguridad jurídica, a la buena fe y la prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas. Igualmente, manifestó que cumplía con los
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
requisitos generales de la subsidiariedad, inmediatez, señaló las irregularidades
procesales e identificó razonablemente los hechos que generaron la vulneración.
Sostuvo que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, pues las pruebas documentales
aportadas no fueron valoradas adecuadamente, además que no se realizó un
análisis crítico del material probatorio.
Por último, insistió en el argumento relacionado con el fallo de tutela de 23 de
noviembre de 2023 de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el cual, en un caso similar se accedió al amparo de los derechos de una
persona que se le negó la reliquidación de pensión gracia con la inclusión del
sobresueldo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 23 de octubre de 2025 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de la relevancia constitucional y, en caso afirmativo y que
cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si la autoridad judicial
accionada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los
principios de seguridad jurídica y de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas de la parte actora.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución13.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
13 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Contrario a lo sostenido por el a quo, se cumple con el requisito de la
relevancia constitucional y los demás requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, contrario a lo resuelto en la sentencia impugnada, los
requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por
cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si en la
decisión de segunda instancia proferida en el marco del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Boyacá revocó la decisión favorable de primera instancia y negó las pretensiones
tendientes a la reliquidación de la mesada de la pensión gracia con inclusión de
sobresueldo del 20% establecido en la Ordenanza núm. 23 de 1959, por una
supuesta indebida valoración de las pruebas y aplicación del precedente judicial, lo
que pudo limitar el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como
los principios de seguridad jurídica y de prevalencia del derecho sustancial sobre
las formas, a lo que se agrega que la solicitud de amparo no se propone como una
instancia adicional, ni se plantea con la intención de reabrir el debate o se
desarrollan unos argumentos de naturaleza legal, más aún cuando en la sentencia
objetada se desarrollaron argumentos diferentes a los de la decisión de primera
instancia y frente a los cuales no contó con algún mecanismo para reprocharlos.
Igualmente, cuenta con la suficiente carga argumentativa por lo que se trata de un
genuino debate constitucional, en el que se deberá determinar si la autoridad judicial
accionada, desconoce los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Igualmente, (ii) la decisión objetada se dictó al resolver el recurso de apelación de
la parte demandada del proceso ordinario, por lo que la accionante no cuenta con
otro mecanismo de defensa judicial ni el asunto se encuadra en alguna de las
causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión, previstas en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, ni del de unificación de jurisprudencia
descritas en el artículo 257 de la misma normativa; (iii) la solicitud de amparo se
16
instauró dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo razonable precisado
14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
16 La providencia objetada se profirió el 18 de septiembre de 2025, cuya notificación se surtió el 23 de septiembre
de 2025, mientras que la acción de tutela se instauró el 29 de septiembre de 2025, es decir, dentro del plazo
razonable de los seis (6) meses.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
por esta Corporación y la Corte Constitucional17; (iv) los hechos y las pretensiones
fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la
misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial18
La accionante presentó la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
seguridad jurídica y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, al
revocar la decisión favorable de primera instancia y negar las pretensiones
tendientes a la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión del sobresueldo
del 20%.
La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 23 de octubre de 2025,
declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito de la relevancia
constitucional, al considerar que la solicitud de amparo se utilizó para insistir en el
mismo debate desarrollado por el juez natural del asunto, además que no cumplió
con la carga argumentativa suficiente..
La demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual insistió en que la acción
de tutela si cumple con el requisito de la relevancia constitucional y que la autoridad
judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, para lo cual insistió en los
argumentos desarrollados en el escrito de tutela.
La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, negará las pretensiones de la
solicitud de amparo. Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un
breve recuento de la sentencia objetada, así:
La señora Rosa Elvira Ortegate de Gómez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin que se anularan las
Resoluciones núm. RDP 039326 de 24 de septiembre de 2015 y RDP 002658 de
27 de enero de 2016, por medio de las cuales se negó la reliquidación de la pensión
gracia con la inclusión del sobresueldo del 20%, y a título de restablecimiento del
derecho que se ordenara la reliquidación de la mencionada prestación.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja en fallo de 13 de diciembre
de 2017, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción por la UGPP.
Declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, en consecuencia,
ordenó a la entidad demandada que reliquide y pague la pensión gracia, en cuantía
equivalente al 75% del promedio mensual de los salarios devengados en el año de
adquisición del estatus pensional comprendido entre el 27 de junio de 2004 al 26 de
junio de 2006, para lo cual se deberá incluir el sobresueldo del 20%.
Lo anterior, en atención al principio de unidad de la prueba, el juzgado consideró
que si bien el sobresueldo del 20% no fue certificado por el departamento de Boyacá
en la constancia de salarios devengados en el año de adquisición del estatus
17 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
18 En atención que los defectos invocados guardan estrecha relación serán abordados en conjunto.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
pensional, lo cierto es que la accionante le fue pagado dicho emolumento en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 al 30 de diciembre de 2008, en
atención a los resultados del proceso ejecutivo laboral que promovió la actora, lo
que se torna en una situación jurídica consolidada que no puede ser objeto de
discusión al configurarse la cosa juzgada material.
Agregó que, en la fecha en que la demandante adquirió el estatus pensional, el 25
de junio de 2005, ya había adquirido el derecho a percibir el sobresueldo del 20%
establecido en la Ordenanza núm. 23 de 1959.
La UGPP interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. Expuso que en
la liquidación de la pensión gracia solo se podían incluir los factores expresamente
previstos en la Ley 62 de 1985, en la que no aparece el sobresueldo del 20%.
Indicó que el emolumento creado en la Ordenanza núm. 23 de 1959, posteriormente
fue derogado y, además, carecía de sustento legal para ser aplicado a los docentes
nacionalizados, como lo era la demandante vinculada con posterioridad a la Ley 43
de 1975 y el Acto Legislativo 1 de 1968.
Aseguró que los factores salariales creados por las entidades territoriales no
resultaban aplicables a docentes nacionalizados.
Resaltó que el sobresueldo del 20% no estaba certificado por la Secretaría de
Educación Departamental de Boyacá, quien era la entidad competente para expedir
los factores salariales devengados al año inmediatamente anterior al
reconocimiento de la pensión.
Por último, afirmó que para la fecha en la que demandante cumplió con los
requisitos para beneficiarse de la pensión gracia, no se encontraba vigente las
Ordenanzas núm. 23 de 1959 y 54 de 1967, pues fueron derogados por el Decreto
52 de 1994 expedido por el Gobierno Nacional en desarrollo de las facultades
previstas en la Ley 4 de 1994 y en concordancia con lo dispuesto por la Ley 60 de
1993 y mantuvieron sus efectos únicamente frente a quienes consolidaron derechos
en su vigencia.
El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia de 18 de septiembre de 2025,
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
para lo cual se refirió al material probatorio que se allegó en debida forma al proceso,
entre los que resaltó i) la Resolución núm. 15436 de 24 de abril de 2007, por medio
de la cual se reconoció la pensión gracia, ii) certificado expedido por la Secretaría
del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, por medio de la cual se informó
que se libró mandamiento de pago el 7 de abril de 2011, por concepto de
sobresueldo en favor de la demandante, iii) las Resoluciones núm. RDP 039326 de
24 de septiembre de 2015 y RDP de 27 de enero de 2016, en las que se negó la
reliquidación de la pensión gracia a la demandante y iv) el certificado expedido por
el tesorero del departamento de Boyacá.
Del estudio de las pruebas, el Tribunal afirmó que la Ley 50 de 1886 estableció que
los requisitos para acceder al derecho pensional deben acreditarse conforme con
los documentos expedidos por la entidad nominadora. Excepcionalmente, en los
eventos en que por circunstancias únicas no sea posible recaudarlos, el interesado
está habilitado para acudir a las pruebas supletorias, a través de las cuales sea
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
posible demostrar la existencia de los hechos, siempre que las mismas sean
expedidas por la propia entidad.
Resaltó que con las pruebas aportadas no resulta suficiente para revocar la
presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por la UGPP, al
considerar que tal documentación carecía de eficacia probatoria para fundamentar
su petición de reliquidación de su pensión gracia tomando en cuenta el sobresueldo
aludido.
El Tribunal indicó que es una especie de tarifa legal, la cual ha sido aplicable a
asuntos similares, pues los documentos provenientes del proceso laboral ejecutivo
no fueron expedidos por el jefe de personal del ente territorial -departamento de
Boyacá, Secretaría de Educación- en el que laboraba la señora Rosa Elvira
Ortegate de Gómez, ni son actos administrativos expedidos por el pagador,
careciendo por tanto de validez para acreditar los supuestos de hecho que
sustentan sus pretensiones de reliquidación pensional.
Aclaró que el certificado de salarios y devengados dio cuenta del citado proceso
ejecutivo con ocasión al cobro del mentado sobresueldo, pero no de que hubiese
devengado como factor dentro del año anterior a la consolidación del estatus
pensional, reafirmándose una vez más el hecho de que la actora hubiese
devengado ese factor en dicho periodo.
Por otro lado, el Tribunal señaló que “si bien es cierto que en un caso de similares
contornos al debatido en sede de acción de tutela el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A ordenó a este Tribunal el reconocimiento de dicho
sobresueldo19, lo cierto es que dicho pronunciamiento fue revocado por ese Alto
Tribunal, Sección Tercera, en fallo del 19 de febrero del año en curso, al considerar
que esta Corporación no incurrió en defecto sustantivo ni procedimental absoluto
por exceso ritual manifiesto”.
Aseguró que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó
que “no existe una postura unificada ni una interpretación pacífica en cuanto a que
la Ley 50 de 1886 perdió vigencia y por ende el Tribunal no podía aplicarla, y que
no le correspondía al juez de tutela definir una postura sobre aquello y juzgar si el
criterio de aquel se alineaba al de esa Sección del Consejo de Estado”.
Igualmente, el Tribunal consideró que no se le exigió una carga probatoria adicional
a la demandante, pues la exigencia probatoria resultaba consecuente con los
requisitos definidos en la Ley 50 de 1886 para el reconocimiento de las pensiones,
normatividad que se estimaba razonable.
Por otra parte, resaltó que, conforme a lo probado en el proceso, se tiene que la
accionante ostentaba la condición de docente nacionalizado y, a su vez, fue
vinculada al servicio educativo desde el 12 de marzo de 1978, es decir, con
posterioridad a la expedición de la Ley 43 de 1975. Por consiguiente, al tenor de lo
dispuesto por el Consejo de Estado no se puede ordenar la reliquidación de la
pensión gracia de la demandante con la inclusión del sobresueldo creado por la
Ordenanza núm. 023 de 1959 debido a que esta norma es de carácter territorial y
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 23 de noviembre de 2023, radicado núm.
11001-03-15-000-2023-06599-00.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
por ende inaplicable a los docentes vinculados con posterioridad al proceso de
nacionalización que inició con la Ley 43 de 1975.
Finalmente, precisó que, para la fecha de estatus de pensionado de la actora, esto
es, el 26 de junio de 2005, la ordenanza mencionada había dejado de surtir efectos,
lo que determina que la inclusión del sobresueldo del 20% que le fue reconocido
mediante proceso ejecutivo en la jurisdicción ordinaria laboral no puede ser tenido
en cuenta como factor salarial para la reliquidación de su pensión gracia.
Luego del anterior relato, se procede abordar el defecto invocado por la parte actora
en la demanda de tutela y el escrito de impugnación, así:
En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se configura
cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso,
o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba
sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de
determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no
procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al
ámbito funcional de esta jurisdicción”.
Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto
fáctico: 1) una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución20, o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión21.
Es decir que, dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.
Con respecto, al desconocimiento del precedente judicial, es necesario precisar que
la Corte Constitucional ha dicho que su aplicación implica que22 «un caso pendiente
de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo
(i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a
los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en
20 Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
21 Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
22 Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación».
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas23:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer
las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial.
Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez
hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 24.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza
legítima.
La accionante afirma que se incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento
del precedente judicial, por restarle valor probatorio al certificado expedido por
otra autoridad judicial y que en un caso similar la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en fallo de 23 de noviembre de 2023 (radicado
núm. 11001-03-15-000-2023-04720-01), dejó sin efectos una decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá que no le otorgó valor probatorio a un certificado expedido
por un juzgado para la inclusión del sobresueldo del 20% en la liquidación de la
pensión gracia.
Al respecto, sea lo primero precisar que la autoridad judicial accionada consideró
que la prueba para estudiar la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión del
sobresueldo del 20% era la certificación expedida por la misma entidad territorial en
la que se evidenciara que la interesada devengó el emolumento durante el último
año de servicio, la cual consideraba eficaz a partir de lo establecido en la Ley 50 de
1886. Por consiguiente, le restó eficacia al certificado emitido en la jurisdicción
ordinaria laboral, en tanto no fue expedida por el departamento de Boyacá, ni
demostraba que la actora devengó el sobresueldo en el último año.
23 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
24 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de
que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al
caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta
indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega,
tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución
jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá
demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
En segundo lugar, en la sentencia objetada el Tribunal resaltó que la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo de tutela 23 de noviembre
de 2023 (radicado núm. 11001-03-15-000-2023-06599-00), dejó sin efectos una
decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en un asunto similar por
imponer una carga probatoria adicional a la parte demandante y dejar de lado el
principio de libertad probatoria. Sin embargo, indicó que dicha decisión fue revocada
el 19 de febrero de 2024 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, al considerar que la valoración que se realizó a partir de la Ley 50 de 1886
no resultaba arbitraria ni caprichosa.
Ahora bien, de lo anterior se observa que la autoridad judicial accionada indicó que
en los casos en que se debate el aspecto probatorio de la reliquidación de la pensión
gracia con la intención de incluir el sobresueldo del 20% han optado por aplicar lo
dispuesto en la Ley 50 de 1886, más aún cuando no existe tesis unificada en la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
De hecho, al verificar las sentencias ordinarias y de tutela de las Subsecciones de
la Sección Segunda del Consejo de Estado se evidencian posturas divergentes
relacionadas con la vigencia de la Ley 50 de 1886, los factores a tener en cuenta
para su liquidación y las pruebas de estos, lo que se pone de presente así:
• Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Fallo de tutela de 23 de noviembre de 2023 (radicado núm. 11001-03-15-000-2023-
04720-01), al discutir sobre Ley 50 de 1886 indicó que “la ley precitada fue derogada
tácitamente con la Ley 91 de 1887”. En consecuencia, no se le podía imponer la
carga a la parte actora y limitar su libertad probatoria con sustento en el artículo 7
de la mencionada ley.
Sentencia de tutela de 23 de noviembre de 2023 (radicado núm. 11001-03-15-000-
2023-06599-01). Al pronunciarse sobre la aplicación de la Ley 50 de 1886, precisó
que “la Ley precitada fue derogada tácitamente con la Ley 91 de 1887, en los
términos del artículo 71 del Código Civil, por lo cual, contrario a lo definido por el
Tribunal aquí accionado, actualmente aquella no se encuentra vigente y, por tanto,
no resultaba aplicable al caso ni podía exigirse lo allí previsto al demandante”.
En dicho fallo se presentó una aclaración de voto en la que se manifestó que “en la
sentencia del 28 de septiembre de 202325 indiqué que era procedente aplicar la Ley
50 de 1886 en el reconocimiento de la pensión gracia. En consecuencia, como en
la providencia de la referencia se hacen manifestaciones atinentes a la no vigencia
de la norma citada, en ese aspecto consiste el motivo de aclaración”.
• Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
i) Sentencia de 11 de octubre de 2023 (radicado núm.. 47001-23-33-000-2018-
00278-01). Al estudiar el caso concreto, se determinó que “la entidad territorial
cumplió con el deber de reconstruir el documento del cual ostentaba su custodia,
para lo cual agotó el trámite y los requisitos previstos en la Ley 50 de 1886, por lo
que, estos documentos tienen la relevancia probatoria necesaria para demostrar la
vinculación territorial de la demandante como educadora, con anterioridad al 31 de
25 Radicado núm. 20001-23-39-000-2015-00221-01.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
diciembre de 1980”. Es decir, aceptó la vigencia de la Ley 50 de 1886 y las reglas
que estas desarrolló para el reconocimiento de la pensión gracia.
De lo anterior, es evidente que en la Sección Segunda del Consejo de Estado no
existe una postura uniforme respecto a la vigencia o no de la Ley 50 de 1886 y las
reglas establecidas respecto a la prueba de tiempos y factores para el
reconocimiento y liquidación de la pensión gracia.
A partir de este escenario, se observa que el hecho de que Tribunal en la sentencia
objetada considerara que no era el certificado expedido por la Secretaría del
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja lo que demostraba que la actora
devengó el sobresueldo del 20% en el último año de servicio, sino que era el
certificado de factores salariales expedido por la entidad territorial con sustento en
lo dispuesto en la Ley 50 de 1886, no resulta una interpretación caprichosa ni
arbitraria que configure los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente
judicial alegados, más aún cuando la misma autoridad judicial accionada advirtió
sobre la existencia de tesis contrarias en la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Por otra parte, se torna necesario precisar que la falta del certificado de factores
salariales expedido por la entidad territorial no fue el único argumento para revocar
la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones
tendientes a la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión del sobresueldo
del 20%.
En efecto, el Tribunal también indicó que la demandante ostentaba la condición de
docente nacionalizada y, a su vez, fue vinculada al servicio educativo desde el 12
de marzo de 1978, es decir, con posterioridad a la expedición de la Ley 43 de 1975,
razón por la cual no se puede ordenar la reliquidación de la pensión gracia de la
demandante con la inclusión del sobresueldo creado por la Ordenanza núm. 023 de
1959 debido a que esta norma es de carácter territorial y por ende inaplicable a los
docentes vinculados con posterioridad al proceso de nacionalización que inició con
la Ley 43 de 1975.
Igualmente, en la sentencia objetada se advirtió que la accionante para el momento
de adquirir el estatus pensional, la ordenanza había dejado de surtir efectos, por lo
que la inclusión del sobresueldo reconocido en la jurisdicción ordinaria laboral no
podía ser tenida en cuenta.
Sin embargo, al verificar los escritos de tutela e impugnación, la accionante delimitó
sus reproches frente a la valoración probatoria que hizo el Tribunal a partir de la Ley
50 de 1886, lo que, como ya se explicó, en la jurisprudencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado no existe una postura uniforme ni unificada. Es decir, no
desarrolló reproche alguno frente a las demás consideraciones de la sentencia
objetada.
En ese orden de ideas, la demandante no demostró la configuración de los defectos
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, por consiguiente, la Sala
revocará la sentencia impugnada en la que se declaró la improcedencia de la acción
de tutela y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la acción de tutela.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06100-01
Accionante: Rosa Elvira Ortegate de Gómez
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Revocar la sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora
Rosa Elvira Ortegate de Gómez, quien actúa mediante apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.