Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06599-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06599-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06599-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06599-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de noviembre de 2023
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06599-00
Accionante: Margarita Acosta Maldonado
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2.
Temas: Acción de tutela contra sentencia dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que se revocó la providencia de primera
instancia, en la cual se accedió a las pretensiones de la demanda tendientes a lograr
la reliquidación de una pensión gracia con la inclusión del sobresueldo del 20 %.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Margarita Acosta
Maldonado contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2,
por la expedición de la sentencia del 11 de octubre de 2023, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 15759-33-33-001-2015-00250-00 [01].
ANTECEDENTES
La señora Margarita Acosta Maldonado promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva,
los cuales consideró vulnerados por la autoridad judicial accionada.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
HECHOS
La parte accionante manifestó que en su condición de docente adscrita a la
Secretaría de Educación de Boyacá fue beneficiada del sobresueldo del 20%
consagrado en la Ordenanza 23 de 1959, según el Oficio DJ 2373 del 19 de octubre
de 1999.
Que, al tratarse de una obligación clara, expresa y exigible demandó ejecutivamente
su pago, y dentro del proceso 15001-31-05-003-2010-00148-00 se libró
mandamiento de pago por concepto del sobresueldo y se decidieron de forma
desfavorable las excepciones propuestas por la ejecutada.
Que solicitó la reliquidación de la pensión gracia que devenga para que fuera
incluido el factor salarial del sobresueldo dentro del ingreso base de liquidación,
pero la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) la negó, por lo que instauró
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Que el 30 de octubre de 2017 el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Sogamoso accedió a las pretensiones de la demanda, por lo cual la
UGPP interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión.
Que el 11 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 2, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al determinar que no se demostró mediante
documento idóneo que hubiera devengado el factor salarial reclamado durante el
año anterior a la consolidación del estatus pensional, como serían los actos
administrativos expedidos por el pagador o la certificación del jefe de personal de la
entidad pública.
Considera que la Sala precitada, al desconocer el carácter vinculante de las
sentencias y decisiones judiciales que se dictaron en el proceso laboral ejecutivo en
las que se reconoció que devengaba el sobresueldo y del Oficio DJ2373 del 19 de
octubre de 1999, bajo el argumento de no haber sido expedidas por el pagador, no
tuvo en cuenta que, en el Código General del Proceso, concretamente, en el artículo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
176, se abandonó el concepto de tarifa legal a favor de la libre valoración de la
prueba a través de los conceptos de la sana crítica.
Que la exigencia de un acto administrativo del pagador o certificación del jefe de
personal en la que conste que durante el año anterior a la adquisición del estatus
pensional percibió el sobresueldo es imposible de cumplir, pues el departamento de
Boyacá optó por sustraerse de esa obligación al entrar en mora en el pago desde el
2003 y hasta el 2008, y desconoce lo decidido en el proceso ejecutivo.
Que aceptar la argumentación de la Sala accionada implica inaplicar el artículo 521
del Código de Procedimiento Civil, vigente a la fecha del proceso ejecutivo laboral,
aplicable por remisión del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, según
el cual una vez ejecutoriado el auto que resuelve las excepciones, las partes están
facultadas para presentar la liquidación del crédito respecto de los derechos
económicos ordenados en el mandamiento de pago y reconocidos en el auto que
resuelve excepciones, que corresponden al año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus pensional.
En suma, sostuvo que la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 2, se enmarca en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, debido a que el empleador no podía sustraerse del deber de pagar el
derecho salarial reconocido en el Oficio DJ 2373 del 19 de octubre de 1999; no
podía ser sancionado por acudir a la jurisdicción sin contar con un certificado del
jefe de personal del ente territorial o de actos expedidos por el pagador, cuando el
ente nominador fue obligado a pagar el factor salarial del sobresueldo del 20 % en
un proceso ejecutivo; y se desconoció la libertad probatoria.
PRETENSIONES
El accionante solicitó ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 2, expedir una sentencia sustitutiva, en la que acoja las pretensiones
de la demanda instaurada, de acuerdo con la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Sogamoso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
ACTUACIÓN PROCESAL
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 27 de octubre de 2023, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión núm. 2, como accionado; y a la UGPP y al departamento de Boyacá,
como terceros con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, por conducto
del magistrado ponente de la sentencia cuestionada, indicó que la tutela debe
declararse improcedente, por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por cuanto se utiliza como una tercera instancia y tiene por objeto
reabrir un debate puramente legal, esto es, la posibilidad de reliquidar la pensión
gracia con la inclusión, como factor salarial, del sobresueldo del 20 % regulado en
la Ordenanza 023 de 1959 con un porcentaje igual al 75 % de lo devengado en el
último año de servicios anterior a la consolidación del estatus pensional, a pesar de
que la prueba documental con la que pretendió probar ese hecho no era idónea ni
conducente.
Que no se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección, por
cuanto no se configuró un presunto defecto por exceso ritual manifiesto, en el
entendido en que se explicó cuál era la prueba que resultaba procedente para
demostrar que la demandante percibió el factor salarial mencionado, en atención al
artículo 7 de la Ley 50 de 1886, el cual preveía la forma en que debían acreditarse
los hechos relevantes para el reconocimiento de pensiones, entre otros, los salarios
devengados. Agregó que en la providencia se explicó que los documentos
aportados relativos al proceso ejecutivo solo reflejaban la existencia de este y su
trámite.
Que la decisión que adoptó no está viciada de algún defecto, dado que fue
consecuente con las reglas que precisan cómo debe probarse y el valor de los
documentos obrantes en el expediente, de conformidad con la norma especial que
rige la materia, con la que se buscó preservar la integridad del Fondo de Pensiones
Públicas y evitar un impacto negativo en el sostenimiento de aquel, con mayor razón
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
cuando la actora no demostró que estuviera en una imposibilidad de recaudar las
pruebas autorizadas por el legislador.
En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto,
negar las pretensiones de esta.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La UGPP, a través del subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado
judicial, informó que la señora Margarita Acosta Maldonado, además de la
prestación reconocida por esa Unidad, posee una pensión de la Fiduprevisora, lo
que desvirtúa la afectación del mínimo vital y de la salud de aquella.
Que la tutela es improcedente, porque la demandante no logró probar que tuviera
derecho a la reliquidación pensional con medios de prueba idóneos, esto es, con
certificación expedida por su empleador en la que constara que había devengado el
sobresueldo del 20 % en el año anterior a la adquisición del estatus pensional
gracia, por lo que existe cosa juzgada y firmeza de los actos administrativos
discutidos en sede judicial.
Que acorde con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado la reliquidación
de la pensión gracia se realiza con base en los factores salariales devengados en
el año anterior a la consolidación del estatus pensional, los cuales deben estar
demostrados; en esa medida, como la accionante no logró probar el sobresueldo
del 20 %, debía negarse su inclusión para ese efecto.
Añadió que, si bien se allegó al cuaderno administrativo constancia expedida por el
Juzgado Laboral del Circuito de Tunja en la que se indica que obra en el expediente
proceso ejecutivo laboral por el cobro forzado del 20 % del sobresueldo, este debe
verse reflejado en el respectivo certificado de factores salariales expedido por la
entidad pagadora, en este caso la Secretaría de Educación del departamento de
Boyacá, en el período a liquidar.
Que el sobresueldo del 20 % fue creado por la Asamblea del departamento de
Boyacá, a través de la Ordenanza 23 de 1959, sin tener competencia para ello, por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
lo cual fue derogado del ordenamiento jurídico, lo que hace improcedente cualquier
reconocimiento.
De otra parte, adujo que no se superan los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de subsidiariedad, puesto que la actora cuenta con el recurso
extraordinario de revisión y, por tanto, el juez de tutela no es el competente para
acceder a reconocer una pensión gracia a quien no cumplió los requisitos para ello,
máxime si se tiene en cuenta que el mecanismo no es adecuado para reclamar
prestaciones económicas; así como tampoco se configura algún defecto, en tanto
la decisión atendió a las normas y jurisprudencia sobre la materia y fue adoptada en
virtud de la autonomía de la autoridad judicial.
Por consiguiente, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, negar el amparo
de los derechos fundamentales ante la ausencia de vulneración, y ordenar el archivo
del expediente.
El departamento de Boyacá, mediante apoderado, afirmó que la Secretaría de
Educación Departamental carece de legitimación en la causa por activa, pues no
cuenta con competencia para garantizar los derechos fundamentales vulnerados,
por lo que solicitó su desvinculación.
Que no se avizora la transgresión al debido proceso alegada, ya que la accionante
accedió a todas las instancias judiciales sin ninguna clase de dilación.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
En síntesis, la señora Margarita Acosta Maldonado considera que el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto en la sentencia del 11 de octubre de 2023
porque impuso una tarifa legal, al exigirle una certificación del jefe de personal del
ente territorial o los actos administrativos expedidos por el pagador, para demostrar
que devengó el sobresueldo del 20 % en el año anterior a la adquisición de su
estatus pensional.
Que con dicha exigencia desconoció, primero, la libertad probatoria de que trata el
artículo 176 del Código General del Proceso y, segundo, que acreditó que percibió
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
ese factor salarial con las decisiones adoptadas en el proceso laboral ejecutivo que
adelantó para lograr el pago de ese sobresueldo, con base en el Oficio DJ2373 del
19 de octubre de 1999 y de conformidad con el artículo 521 del Código de
Procedimiento Civil, vigente para esa época.
A esta Subsección le corresponde analizar, inicialmente, si se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir providencias
judiciales y, luego, de ser así, si se configura algún defecto que haga procedente el
amparo deprecado.
En primer lugar, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedibilidad de la presente acción de tutela para discutir la sentencia del 11 de
octubre de 2023 censurada en esta sede, comoquiera que 1) el asunto a resolver
es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en
establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados en protección; 2) el accionante no cuenta con otros
medios de defensa judicial que sean idóneos y eficaces para discutir lo aquí
expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de aquella; 4) la irregularidad procesal alegada podría tener afectación
en la decisión; 5) el solicitante identificó claramente los hechos generadores de la
vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de tutela.
Revisada la sentencia discutida en esta sede, esta Subsección advierte que el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, consideró que, si bien,
en principio, la parte demandante podía demostrar por medio de cualquier medio
probatorio que devengó el sobresueldo del 20 % durante el año anterior al estatus
pensional, conforme al Capítulo IX de la Ley 1437 de 2011 y al artículo 165 del
Código General del Proceso, lo cierto es que en el caso de los haberes salariales
que deben hacer parte de la pensión gracia, en el artículo 7.° de la Ley 50 de 1886
se limitó esa libertad probatoria, por lo cual esa situación debía ser acreditada a
través de certificación expedida por el jefe de personal de la entidad respectiva o
con los actos administrativos expedidos por el pagador, mas no mediante los
documentos del proceso laboral ejecutivo, pues carecían de eficacia probatoria.
Sobre ese particular, aclaró que aun cuando el artículo 7 de la Ley 50 de 1886 era
una disposición antigua, no había sido modificada o derogada tácitamente por el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
Código de Procedimiento Civil o el Código General del Proceso y, además, es una
norma especial por lo que prevalece sobre la general.
Agregó, de un lado, que del certificado salarial expedido por la Secretaría de
Educación del departamento de Boyacá que se allegó al proceso ejecutivo, el cual
constituía el documento idóneo para determinar la causación del derecho, no podía
establecerse que hubiese devengado el sobresueldo en el año anterior a la
consolidación del estatus pensional, esto es, de octubre de 2006 a octubre de 2007,
y, de otro, no se advertía que la accionante no hubiera podido recaudar las pruebas
autorizadas por el legislador, lo que sí le hubiera permitido acudir a pruebas
supletorias expedidas por la propia entidad. En suma, concluyó que la demandante
no cumplió con la carga probatoria que le correspondía.
Al respecto, se advierte que no le asiste razón al Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión núm. 2., al exigir una prueba determinada, como lo es la
certificación expedida por el jefe de personal de la entidad respectiva o los actos
administrativos expedidos por el pagador, con fundamento en la Ley 50 de 1886,
por las razones que se explican a continuación.
En primer lugar, es necesario precisar que la Ley precitada fue derogada
tácitamente con la Ley 91 de 1887, en los términos del artículo 71 del Código Civil3,
por lo cual, contrario a lo definido por el Tribunal aquí accionado, actualmente
aquella no se encuentra vigente y, por tanto, no resultaba aplicable al caso ni podía
exigirse lo allí previsto al demandante.
Lo anterior si se tiene en cuenta que en la Ley 50 de 1886, concretamente, en los
artículos 5.°, 6.°, 11, 12, 17, 18, 19 y 20, se previó un régimen en materia de
pensiones remuneratorias y militares o de personal civil, por ejemplo, los de la
instrucción pública, es decir, la que actualmente corresponde al sector educativo
oficial, pero posteriormente en el artículo 1.° de la Ley 91 de 1887 se estableció que
no habría derecho a pensión ni a recompensa por servicios civiles, lo que evidencia
3ARTÍCULO 71. <CLASES DE DEROGACION>. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es
expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
que el contenido de la Ley 50 de 1886 únicamente continuó siendo aplicable para
las pensiones de los militares de la independencia y demás titulares consagrados
en el artículo 1.° de la Ley 91 de 1887, mas no para el personal civil.
En esa medida, resulta evidente, que en atención a que la naturaleza de la pensión
gracia creada en virtud de la Ley 114 de 1913 es esencialmente gratuita o dadivosa
a título de recompensa, como lo ha definido reiteradamente la jurisprudencia del
Consejo de Estado y la doctrina, la aludida Ley 50 de 1886 de ninguna manera es
aplicable a casos relacionados con dicha prestación civil, como el que ahora es
objeto de estudio.
En segundo lugar, en gracia de discusión de considerarse aplicable la Ley
mencionada, se observa que las reglas en materia de valoración probatoria
contenidas en los artículos 7 a 9 de la Ley 50 de 1886 son aplicables en vía
administrativa, mas no en la jurisdiccional, pues esos preceptos no estaban
destinados a los jueces ni constituían una modificación a los postulados adjetivos
que estaban previstos en el Código Civil (Ley 84 de 1873).
En consecuencia, se concluye que en la sentencia discutida en esta sede el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2., incurrió en un defecto
sustantivo, porque la norma en la que fundamento la decisión perdió vigencia y, por
ende, no podía ser aplicada, por lo cual la decisión que se adoptó desbordó la ley.
Al respecto, se aclara que, si bien el accionante no alegó expresamente ese defecto,
lo cierto es que el estudio aquí realizado permite evidenciar su estructuración.
Adicionalmente, se evidencia que la autoridad judicial precitada también incurrió en
el defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto alegado por la actora,
pues al exigirle una carga probatoria adicional, esto es, demostrar lo devengado en
el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional a través de un
medio de convicción determinado, desconoció los principios de libertad probatoria y
de realidad sobre las formas y atentó contra las garantías constitucionales del
debido proceso, de defensa y contradicción, de igualdad y de tutela judicial efectiva.
Tal planteamiento significa que, si la Ley 50 de 1886 aún estuviera vigente, dicha
norma tendría que inaplicarse a través de la figura de la excepción de
inconstitucionalidad desarrollada por mandato del artículo 4 superior, pues aquella
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
legislación abiertamente contraviene las garantías superiores de la parte
demandante previamente mencionadas.
Así las cosas, el Tribunal aquí accionado debió acudir a la libertad probatoria y a las
reglas de la sana crítica para valorar las pruebas obrantes en el plenario, en los
términos de los artículos 165 y 176 del Código General del Proceso.
En ese orden de ideas, se ampararán los derechos fundamentales previamente
señalados de la señora Margarita Acosta Maldonado y, en consecuencia, se dejará
sin efectos la sentencia del 11 de octubre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, para que, en su lugar, dentro
del término de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
dicte una sentencia de reemplazo, en la que se abstenga de aplicar la Ley 50 de
1886 y de exigir un documento solemne para demostrar que la demandante
devengó el sobresueldo del 20 % en el año anterior a la adquisición del estatus
laboral, para lo cual deberá valorar nuevamente la totalidad de las pruebas obrantes
en el expediente.
Sobre el particular, esta Subsección debe aclarar que la anterior orden no implica
que forzosamente el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2,
deba confirmar la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino que, conforme a los parámetros aquí expuestos,
deberá valorar nuevamente las pruebas que reposan en el plenario, para determinar
si es procedente o no acceder a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, igualdad y tutela judicial efectiva de la señora Margarita Acosta
Maldonado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 59 9- 0 0
Segundo: Dejar sin efectos la sentencia del 11 de octubre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, en el proceso con
radicado 15759-3333-001-2015-00250-01, y ordenarle que, en su lugar, dentro del
término de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, dicte
una sentencia de reemplazo, en la que se abstenga de aplicar la Ley 50 de 1886 y
de exigir un documento solemne para demostrar si la demandante devengó el
sobresueldo del 20 % en el año anterior a la adquisición del estatus laboral, para lo
cual deberá valorar nuevamente la totalidad de las pruebas obrantes en el
expediente.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.