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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04720-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04720-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 2 de octubre de 2023 por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió negar el amparo solicitado por la señora Mery Lucy Cruz Martínez. En su lugar, Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la señora Mery Lucy Cruz Martínez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-4720-01 Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 11 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso con radicado 15759-33-33- 001-2017-00262-01, y ordenarle que, en su lugar, dentro del término de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, dicte una sentencia de reemplazo en la que se abstenga de aplicar la Ley 50 de 1886 y de exigir un documento solemne para demostrar si la demandante devengó el sobresueldo del 20 % en el año anterior a la adquisición del estatus laboral, para lo cual deberá valorar nuevamente la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente. Cuarto: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04720-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-4720-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-4720-01
Accionante: Mery Lucy Cruz Martínez
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Acción de tutela contra sentencia proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se revocó la providencia de
primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones y, en su lugar
negó las súplicas de la demanda.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Mery Lucy Cruz
Martínez, en contra de la sentencia del 2 de octubre de 2023 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

La accionante, actuando por conducto de apoderado judicial, promovió acción
de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso
e igualdad, los cuales consideró vulnerados por la autoridad judicial accionada,
con fundamento en los siguientes:

HECHOS

La señora Mery Lucy Cruz Martínez interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de

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Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, con el fin de que se
declarara la nulidad de las Resoluciones No. RDP 031695 del 29 de agosto de
2016, por medio de la cual se negó la inclusión del sobresueldo del 20 %
devengado en el año anterior a que adquiriera su estatus de pensionada y RDP
047424 del 16 de diciembre de 2016, por medio de la cual se resolvió el recurso
de apelación en contra del precitado acto administrativo.

El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Sogamoso, dependencia judicial que, mediante sentencia del 9 de mayo de
2019 resolvió acceder a las súplicas de la demanda.

Interpuesto el recurso de apelación por la UGPP, el Tribunal Administrativo de
Boyacá a través de la sentencia del 11 de agosto de 2023 revocó la decisión
proferida por el a quo y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda, al
considerar que la parte demandante no demostró que devengó el factor salarial
de sobresueldo en el año anterior a adquirir su estatus pensional.

Sostiene que la autoridad judicial accionada en la decisión cuestionada incurrió
en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, puesto que inobservó los
documentos expedidos por el Juzgado 2.º Laboral del Circuito de Tunja que
demostraban que la señora Cruz Martínez sí devengó el factor salarial de
sobresueldo y solamente estableció como documento idóneo el Certificado de
Factores Salariales expedido por la entidad nominadora, exigiendo así una
tarifa legal.

PRETENSIONES

La accionante solicitó amparar los derechos fundamentales al debido proceso
e igualdad presuntamente vulnerados con la sentencia del 11 de agosto de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y, en consecuencia,
pidió que se expidiera una nueva decisión en la cual se confirme el fallo de
primera instancia.

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ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 30 de agosto de 2023, mediante
proveído en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá
como accionado y a la UGPP como tercero con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá, manifestó que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que lo
pretendido por la parte actora es acudir al mecanismo constitucional como una
instancia adicional para controvertir la decisión adoptada por el juez natural de
la causa.

De otra parte, señaló que la razón por la cual resolvió revocar la decisión de
primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, obedeció a que «(…)
no aportó documento idóneo en virtud del cual acreditara que durante el año
anterior a la época en que alcanzó el estatus de pensionada devengó el
sobresueldo del 20%, lo anterior, en los términos establecidos en el artículo 7
de la Ley 50 de 1886 y bajo los parámetros de los artículos 4 de la Ley 4 de
1966 y 5 del Decreto 1746 de 1966».

POSICIÓN DE LA INTERVINIENTE

La UGPP fue enterada del presente trámite de tutela mediante notificación
número 92031 del 1.º de septiembre de 2023, con el fin de que ejerciera su
derecho de defensa, si a bien lo tenía; sin embargo, no rindió informe alguno.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 2 de octubre de 2023 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado negó el amparo solicitado al considerar que la sentencia cuestionada

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devino de un análisis con una carga argumentativa válida y razonable, propia
de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación de las pruebas.

Al respecto, indicó que efectivamente el tribunal accionado hizo referencias a
las pruebas allegadas al proceso y consideró que la parte actora no cumplió
con la carga de acreditar que devengó el factor salarial de sobresueldo, con el
propósito de que fuese tenido en cuenta para reliquidar su pensión.

Igualmente consideró que el propósito de la presente acción de tutela es reabrir
el debate, por no estar de acuerdo con la valoración probatoria efectuada por
la autoridad judicial accionada.

IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia mediante escrito en
el cual reiteró los argumentos planteados en la acción de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y
II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los
derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los
requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas
en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias,
en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias
cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga

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de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional,
por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el
medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se
cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones
de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero,
de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave
lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera
independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación
del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa
humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior
del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso
de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión
judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario

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aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.

[…]”.

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, la Sala encuentra cumplidos los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela para discutir providencias judiciales, puesto
que 1) el asunto es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que
la discusión planteada por el accionante se centra en establecer si con la
decisión judicial controvertida se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, buena fe, igualdad y acceso a la administración de justicia; 2)
la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de
aquella; 3) la actora no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir
lo aquí expuesto; 4) La solicitante identificó claramente los hechos generadores
de la vulneración y los derechos transgredidos y 5) no se trata de una acción
de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.

De conformidad con lo expuesto, a esta Subsección le corresponde examinar
si en la sentencia discutida en esta sede se configuró un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria, puesto que la accionante indica que a partir de
las pruebas aportadas al proceso el Tribunal Administrativo de Boyacá sí podía
evidenciar que se percibió el factor salarial de sobresueldo en el año anterior a
obtener su estatus pensional.

Revisada la sentencia discutida en esta sede, esta Subsección advierte que el
Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que si bien, en principio, la parte
demandante podía demostrar por medio de cualquier medio probatorio que
devengó el sobresueldo del 20 % durante el año anterior al estatus pensional

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conforme al Capítulo IX de la Ley 1437 de 2011 y al artículo 165 del Código
General del Proceso, lo cierto es que en el caso de los haberes salariales que
deben hacer parte de la pensión gracia, en el artículo 7.° de la Ley 50 de 1886
se limitó esa libertad probatoria, por lo cual esa situación debía ser acreditada
a través de certificación expedida por el jefe de personal de la entidad
respectiva o con los actos administrativos expedidos por el pagador, mas no
mediante los documentos del proceso laboral ejecutivo, pues carecían de
eficacia probatoria.

Sobre ese particular, aclaró que aun cuando el artículo 7 de la Ley 50 de 1886
es una disposición antigua, no ha sido modificada o derogada tácitamente por
el Código de Procedimiento Civil o el Código General del Proceso y, además,
es una norma especial por lo que prevalece sobre la general.

Conviene anotar en este punto que, dentro del proceso ordinario, la accionante
pretendió demostrar con un certificado expedido por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Tunja, que efectivamente percibió el factor salarial de
sobresueldo; sin embargo, la autoridad judicial accionada determinó que en los
términos establecidos en el artículo 7.º de la Ley 50 de 18861 dicho documento
no tenía la virtualidad de acreditar que la señora Cruz Martínez devengó el
factor salarial mencionado en el año anterior a adquirir su estatus pensional,
esto es, de febrero de 2006 a febrero de 2007, y, de otro, no se advirtió que la
accionante no hubiera podido recaudar las pruebas autorizadas por el
legislador, lo que sí le hubiera permitido acudir a pruebas supletorias expedidas
por la propia entidad. En suma, concluyó que la demandante no cumplió con la
carga probatoria que le correspondía.

Al respecto, se advierte que no le asiste razón al Tribunal Administrativo de
Boyacá al exigir una prueba determinada o específica, como lo es la

1
Art. 7°. No es admisible la prueba testimonial para comprobar hechos que debe constar por
documentos o por pruebas preestablecidas por las leyes. Así los servicios de un militar, los
cuales deben comprobarse con su hoja de servicios debidamente formada y calificada; los
empleos que haya tenido un ciudadano, los cuales deben constar de los respectivos
nombramientos; los servicios de un individuo, que deben constar en los actos oficiales que
ejecutara y de que debió quedar prueba escrita; y todos los hechos de la misma naturaleza,
deben probarse con los respectivos documentos o sus copias auténticas.

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certificación expedida por el jefe de personal de la entidad respectiva o los actos
administrativos expedidos por el pagador, con fundamento en la Ley 50 de
1886, por las razones que se explican a continuación.

En primer lugar, es necesario precisar que la ley precitada fue derogada
tácitamente con la Ley 91 de 1887, en los términos del artículo 71 del Código
Civil2, por lo cual, contrario a lo definido por el Tribunal aquí accionado,
actualmente aquella no se encuentra vigente y, por tanto, no resultaba aplicable
al caso ni podía exigirse lo allí previsto al demandante.

Lo anterior si se tiene en cuenta que en la Ley 50 de 1886, concretamente, en
los artículos 5.°, 6.°, 11, 12, 17, 18, 19 y 20, se previó un régimen en materia
de pensiones remuneratorias y militares o de personal civil, por ejemplo, los de
la instrucción pública, es decir, la que actualmente corresponde al sector
educativo oficial, pero posteriormente en el artículo 1.° de la Ley 91 de 1887 se
estableció que no habría derecho a pensión ni a recompensa por servicios
civiles, lo que evidencia que el contenido de la Ley 50 de 1886 únicamente
continuó siendo aplicable para las pensiones de los militares de la
independencia y demás titulares consagrados en el artículo 1.° de la Ley 91 de
1887, mas no para el personal civil.

En esa medida, resulta evidente que en atención a que la naturaleza de la
pensión gracia creada en virtud de la Ley 114 de 1913 es esencialmente
gratuita o dadivosa a título de recompensa, como lo ha definido reiteradamente
la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina, la aludida Ley 50 de 1886
de ninguna manera es aplicable a casos relacionados con dicha prestación civil,
como el que ahora es objeto de estudio.

En segundo lugar, en gracia de discusión, de considerarse aplicable la ley
mencionada, se observa que las reglas en materia de valoración probatoria
contenidas en los artículos 7 a 9 de la Ley 50 de 1886 son aplicables en vía

2
ARTÍCULO 71. <CLASES DE DEROGACION>. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.

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administrativa, pero no en la jurisdiccional, pues esos preceptos no estaban
destinados a los jueces ni constituían una modificación a los postulados
adjetivos que estaban previstos en el Código Civil (Ley 84 de 1873).

En consecuencia, se concluye que en la sentencia discutida en esta sede el
Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en un defecto sustantivo, porque la
norma en la que fundamento la decisión perdió vigencia y, por ende, no podía
ser aplicada, por lo cual la decisión que se adoptó desbordó la ley. Al respecto,
se aclara que, si bien el accionante no alegó expresamente ese defecto, lo
cierto es que el estudio aquí realizado permite evidenciar su estructuración.

Adicionalmente, se evidencia que la autoridad judicial precitada también
incurrió en el defecto fáctico alegado por la actora, pues al exigirle una carga
probatoria adicional, esto es, demostrar lo devengado en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional a través de un
medio de convicción determinado, desconoció los principios de libertad
probatoria y de realidad sobre las formas y atentó contra las garantías
constitucionales del debido proceso, de defensa y contradicción, de igualdad y
de tutela judicial efectiva.

Tal planteamiento significa que, si la Ley 50 de 1886 aún estuviera vigente,
dicha norma tendría que inaplicarse a través de la figura de la excepción de
inconstitucionalidad desarrollada por mandato del artículo 4 superior, pues
aquella legislación abiertamente contraviene las garantías superiores de la
parte demandante previamente mencionadas.

Así las cosas, el Tribunal aquí accionado debió acudir a la libertad probatoria y
a las reglas de la sana crítica para valorar las pruebas obrantes en el plenario,
en los términos de los artículos 165 y 176 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, esta Sala de Subsección procederá a revocar la providencia
del 2 de octubre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo de la presente acción

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para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales de la señora Mery Lucy
Cruz Martínez.

En ese orden de ideas, se dejará sin efectos la sentencia del 11 de agosto de
2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá para que, en su lugar,
dentro del término de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, dicte una sentencia de reemplazo, en la que se abstenga de aplicar
la Ley 50 de 1886 y de exigir un documento solemne para demostrar que la
demandante devengó el sobresueldo del 20 % en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional, para lo cual deberá valorar nuevamente la
totalidad de las pruebas obrantes en el expediente.

Sobre el particular, esta Subsección debe aclarar que la anterior orden no
implica que forzosamente el Tribunal Administrativo de Boyacá deba confirmar
la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino que, conforme a los parámetros aquí
expuestos, deberá valorar nuevamente las pruebas que reposan en el plenario,
para determinar si es procedente o no acceder a las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 2 de octubre de 2023 por medio de la cual
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió negar el
amparo solicitado por la señora Mery Lucy Cruz Martínez. En su lugar,

Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad
de la señora Mery Lucy Cruz Martínez, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-4720-01

Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 11 de agosto de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el proceso con radicado 15759-33-33-
001-2017-00262-01, y ordenarle que, en su lugar, dentro del término de los
veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, dicte una
sentencia de reemplazo en la que se abstenga de aplicar la Ley 50 de 1886 y
de exigir un documento solemne para demostrar si la demandante devengó el
sobresueldo del 20 % en el año anterior a la adquisición del estatus laboral,
para lo cual deberá valorar nuevamente la totalidad de las pruebas obrantes en
el expediente.

Cuarto: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ (E)
Consejero de Estado
Con aclaración de voto
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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