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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04694-01

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04694-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 20 de noviembre de 2023, proferida por la Subsección A de Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por temeridad e impuso una sanción y, en su lugar, DECLARAR la cosa juzgada constitucional respecto de la acción de tutela presentada por José Augusto Tamara Garrido, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: EXHORTAR al demandante para que se abstenga de continuar presentando acciones de tutelas por los mimos hechos y argumentos, so pena de las sanciones pecuniarias a las que haya lugar. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18. CUARTO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 18 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 9 de 10 Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-01 Demandante: José Augusto Tamara Garrido Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otros Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia Decisión: Revoca ______________________________________________________________________________________________________________ QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04694-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

8 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 8 de abril de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-01
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD - ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Impugnación | Ausencia de carga
argumentativa | Cosa juzgada constitucional

Síntesis del caso: El demandante reprochó que las autoridades judiciales demandadas
hubieran declarado improcedentes las acciones de tutela que él presentó en contra de
autoridades administrativas por una problemática relacionada con el relleno sanitario El
Carrasco y, a su vez, que estas últimas no hubieran acatado el fallo de una acción
popular en lo atinente a la habilitación de un nuevo espacio de disposición final.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada contra la Sentencia de 20 de noviembre de 2023,
mediante la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la presente acción de tutela por temeridad
y por no cumplirse con el requisito de inmediatez ni acreditarse la cosa
juzgada fraudulenta2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera Instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 28 de agosto de 2023, José Augusto Tamara Garrido presentó
acción de tutela contra las Secciones Primera y Cuarta del Consejo de
Estado, la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el
departamento de Santander y los municipios de Piedecuesta, Girón
Floridablanca y Bucaramanga, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la salud y vida digna, y del derecho colectivo a

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017, 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el señor José Augusto Tamara Garrido de

conformidad con las razones expuestas en esta providencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-01
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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un ambiente sano, con ocasión de las sentencias proferidas en las
acciones de tutela No. 2022-01886-00/01 y No. 2022-00766-00, así como a
los problemas ambientales y de funcionamiento del relleno sanitario El
Carrasco.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales y colectivos tales como el
derecho a un ambiente sano, derecho a una vida digna y derecho a la salud.

SEGUNDO: Exhortar la generación de proyectos de ayuda municipal frente al
resuelve de problemas de carácter urgente= contratación de urgencia –
aplicativo de la Ley 1523 de 2012 por parte de los municipios de Girón –
Floridablanca y Bucaramanga Santander, para dar solución al problema y
necesidad de primer nivel ‘relleno sanitario municipal’.

TERCERO: Permitir la Intervención del presidente como litisconsorte necesario
como ordenador del gasto, para la generación de un proyecto destinado a la
compra de terrenos y adecuación de un nuevo relleno sanitario para los
municipios de Girón – Floridablanca y Bucaramanga Santander.

CUARTO: Generación de políticas públicas sobre el reciclaje y la disposición de
residuos sólidos por parte del Ministerio del Medio Ambiente:
1. Exigir un determinado peso de residuos máximo a generar por predio
2. Exigir una cuota de reciclaje por predio.

La ley está destinada a coartar las conductas destructivas del ser humano se
deberá buscar e impedir o minimizar los riesgos para los seres humanos y el
medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, y en especial
minimizar la cantidad o peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición
final.

QUINTO: La vinculación de en pro de las consideraciones que reúnen el
documento - presidente de la República de Colombia (ordenador del gasto) -
Ministerio del Medio Ambiente - gobernador de Santander - alcaldes de los
municipios de: • Piedecuesta • Girón • Floridablanca • Bucaramanga Instituto
Geográfico Agustín Codazzi – sabe que lotes o predios se pueden utilizar.

SEXTO: Se de protección a los derechos fundamentales al trabajo –
originándose acción de tutela en pro ‘de esclarecer los hechos corruptos’ –
‘en estados se gana la acción de tutela – se entrega el proceso perdido.’

SÉPTIMO: El proceso en radicado 11001-03-15-000-2022-01886-00 sale en
consulta de expediente ganado pero el fallo no se entrega – frente a lo cual
solicito investigación disciplinaria y se de traslado si es necesario a la fiscalía en
atención – la cual debe ser trasladada a la Fiscalía General de la Nación.3”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:

4. 1) José Augusto Tamara Garrido presentó acción de tutela4 contra la
Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el IGAC, el departamento de Santander y los municipios de

3 Se pone de presente que en el expediente digital obran 2 escritos de tutela similares, por lo que se unieron y

trascribieron las pretensiones de ambos.
4 Radicado No. 11001-03-15-000-2022-00766-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-01
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a un ambiente sano, vida
digna y salud, por el incumplimiento de la orden judicial dada el 16 de
febrero de 20115 en la acción popular No. 68001-23-31-000-2002-02891-00.

5. 2) En Sentencia de 17 de marzo de 2022, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional, por no
acreditarse el requisito de subsidiariedad, toda vez que el mecanismo
judicial idóneo para la protección de los intereses invocados era la acción
popular. Dicha providencia no fue impugnada.

6. 3) En contra de la decisión anterior, el demandante interpuso una
segunda acción de tutela6, en la cual insistió en los argumentos ya
planteados y manifestó que la sentencia enjuiciada constituía un hecho
nuevo.

7. 4) En Sentencia de 12 de mayo de 2022, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado, por
considerar que no se acreditaron las condiciones de procedencia de la
acción de tutela contra un fallo de la misma naturaleza.

8. 5) El actor presentó escrito de impugnación contra la providencia
anterior y la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la
Sentencia de 9 de junio de 2022, la modificó, en el sentido de declarar la
cosa juzgada constitucional frente a la solicitud relacionada con las
supuestas omisiones de las autoridades administrativas accionadas y
declarar la improcedencia de la solicitud de amparo presentada contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por considerar que no se acreditó
una situación de fraude.

9. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en que
las autoridades judiciales demandadas no concedieron el amparo
solicitado7 y las autoridades administrativas han incumplido la orden
judicial dada en la acción popular No. 2002-02891-00, por hacer uso del
relleno sanitario El Carrasco.

10. Además, manifestó que la disposición final de residuos sólidos de
varios municipios seguía sin una solución definitiva, pues se está ante (se
trascribe) “una emergencia que lleva más de 15 años en calamidad,
siendo obviada por la administración, recargando aún más El Carrasco o

5 En la cual el Tribunal Administrativo de Santander confirmó el cierre del relleno sanitario El Carrasco a partir del

30 de septiembre de 2011 y ordenó que se realizaran las gestiones administrativas necesarias para habilitar un
sitio nuevo de disposición final.
6 Radicado No. 11001-03-15-000-2022-01886-00.
7 Sobre este aspecto, refirió que al consultar la acción de tutela No. 2022-01886-01 apareció que esta había sido

fallada a su favor, pero que cuando le notificaron la sentencia, la decisión era opuesta.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-01
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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generando subcontratación con otros municipios que están por fuera del
circuito departamental, incrementando los sobrecostos municipales”, por
lo que, a su juicio, era necesaria la aplicación de la Ley 1523 de 20128 y la
protección, vía acción de tutela, del derecho al medio ambiente.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

11. Mediante Sentencia de 20 de noviembre de 2023, la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la
presente acción de tutela.

12. En relación con los reparos dirigidos contra la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, la Presidencia de la República, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el IGAC, el departamento de Santander y
los municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga
advirtió la existencia de una cosa juzgada constitucional, comoquiera que
esta era la tercera acción de tutela mediante la cual se solicitaba el
amparo de los derechos al medio ambiente sano, salud y vida digna, con
fundamento en las omisiones de dichas autoridades y, por ende, había
identidad de partes, causa petendi y hechos.

13. Con fundamento en lo anterior, así como el hecho de que el
demandante reconoció que con su proceder podía incurrir en una
actuación temeraria y, además, presentó juramento en las 3 tutelas,
consideró que se estaba ante un uso abusivo de la acción de tutela y, en
consecuencia, declaró la temeridad y sancionó al señor Tamara Garrido
con multa equivalente a 1 smlmv.

14. Frente a la Sentencia de 9 de junio de 2022, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado en la acción de tutela No. 2022-01886-01,
declaró improcedente el amparo solicitado porque, de un lado, no se
demostró la configuración de una cosa juzgada fraudulenta, pues la
afirmación del demandante de que al consultar el proceso apareció una
decisión favorable, pero que le notificaron una desfavorable, no fue
probada y, en todo caso, no desencadenaba un fraude. De otro lado, no
se satisfizo el requisito de inmediatez, ya que entre la notificación de la
providencia enjuiciada y la presentación de la tutela trascurrió más de 1
año.

15. Contra la decisión de primera instancia, el demandante, a través de
un mensaje de datos, indicó que presentaba (se trascribe) “impugnación

8 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

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Demandante: José Augusto Tamara Garrido
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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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junto con la aclaración sobre el caso” y adjuntó varios archivos; sin
embargo, ninguno corresponde al escrito de impugnación anunciado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3. Verificación de la
cosa juzgada constitucional y/o temeridad procesal. 2.4. Conclusión.

2.1. Cuestión previa

16. Revisado el escrito de impugnación, la Sala advierte que la parte
actora no formuló reparo alguno contra la Sentencia de tutela de primera
instancia.

17. En ese orden, debe indicarse que, ante la falta de argumentación
del escrito de impugnación al tratarse de tutelas contra providencia
judicial, la Sala Mayoritaria9 de esta Subsección10, en relación con los
criterios expuestos por otras Salas del Consejo de Estado según los cuales,
ante la ausencia de carga argumentativa automáticamente debe
confirmarse la decisión de primera instancia11, ha tomado una postura
intermedia, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la administración
de justicia. Por esa razón no confirma de plano la decisión del juez de
primer grado, pero tampoco efectúa una revisión oficiosa y exhaustiva de
la providencia que se enjuicia en sede constitucional de tutela para
establecer en qué defectos pudo incurrir.

18. Así, esta Sala revisará las razones que sirvieron de fundamento del
fallo de tutela de primera instancia, con el fin de concluir si resultan
razonables y deben ser confirmadas, o si, por el contrario, no cuentan con
el respaldo jurídico y deben modificarse.

2.2. Fijación de la controversia

19. Verificar si hubo, o no, cosa juzgada constitucional y/o temeridad
procesal12, en relación con los reparos presentados contra la Presidencia
de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el departamento de
Santander y los municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y

9 El voto disidente a esta postura pertenece al consejero Fredy Ibarra Martínez.
10 Entre otras, Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 10 de septiembre de 2019. Rad.

11001-03-15-000-2019-02020-01, Sentencia de 29 de enero de 2021, Rad. 11001-0-15-000-2020-04032-01, Sentencia
de 9 de julio de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-00810-01, Sentencia de 2 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-
15-000-2021-02695-01, Sentencia de 18 de mayo de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-00178-01.
11 Por ejemplo, Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 28 de febrero de 2019. Rad. 11001-03-15-000-

2019-03163-01.
12 El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla (se trascribe) “ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo

expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.

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Demandante: José Augusto Tamara Garrido
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Bucaramanga, por los supuestos problemas ambientales y de
funcionamiento del relleno sanitario El Carrasco. Asimismo, establecer si se
superan los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra las
sentencias de tutela que se enjuician de las Secciones Cuarta y Primera del
Consejo de Estado.

2.3. Verificación de la cosa juzgada constitucional13 y/o temeridad
procesal14

20. De conformidad con lo expuesto, se tiene que se han presentado 3
solicitudes de amparo identificadas con los radicados: 1) 11001-03-15-000-
2022-00766-00; 2) 11001-03-15-000-2022-01886-00; y 3)11001-03-15-000-2023-
04694-00. En ese orden, la Sala logró advertir:

21. (1) Identidad de partes: Todas las acciones constitucionales fueron
presentadas por José Augusto Tamara Garrido en contra de la Presidencia
de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el IGAC,
el departamento de Santander y los municipios de Piedecuesta, Girón,
Floridablanca y Bucaramanga.

22. Sin embargo, debe indicarse que en el proceso No. 2022-01886-01 se
demandó, adicionalmente, a la Sección Cuarta del Consejo de Estado y
en el de la referencia, a la Sección Primera de la misma corporación. Lo
que, aparentemente, conlleva a una variación en las partes.

23. No obstante, la Corte Constitucional ha determinado que no basta
con una coincidencia formal sino que debe verificarse la coincidencia
material entre los procesos, a pesar de las pequeñas diferencias, es decir,
que una alteración parcial a la identidad no necesariamente excluye la
cosa juzgada, ya que, (se trascribe) “accionar a una persona más o una
menos puede significar, en todo caso, identidad de sujetos”; aspecto que
aquí se evidencia, pues, a pesar de que el demandante accionó a las

13 La Corte Constitucional ha sostenido que (se trascribe) “ha sostenido que se predica la existencia de cosa

juzgada constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de
tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa”.
Sentencias SU-027 de 2021, T-380 de 2013 y C-774 de 2001. La triple identidad se define de la siguiente manera:
“(i) la identidad de partes consiste en que al nuevo proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes
que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada; (ii) la identidad de objeto se
refiere a que ambas demandas deben versar sobre las mismas pretensiones; y (iii) la identidad de causa consiste
en que ambos procesos tengan los mismos fundamentos fácticos, por lo tanto, cuando se presenten nuevos
hechos o elementos el juez solamente podrá pronunciarse sobre estos últimos”.
14 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para

determinar la existencia o no de temeridad: “(1) identidad de partes; (2) identidad de hechos; (3) identidad de
pretensiones; y (4) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar
doloso y de mala fe por parte del libelista. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aun existiendo
dicha multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (1) la ignorancia
del accionante; (2) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (3) el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente,
la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del
demandante. Sentencias SU-168/17, T-272/19, T-162/18, T-185 de 2013 T-084/12 y T-727/11, entre otras,

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autoridades judiciales referidas, lo cierto es que, en el fondo, cuestiona sus
decisiones para obtener lo pretendido en la tutela inicial que dirigió contra
autoridades administrativas.

24. (2) Identidad de hechos: En los 3 procesos se estructuró el sustento
fáctico a partir de la presunta vulneración de los derechos a la salud, vida
y “ambiente sano”, con ocasión del incumplimiento de las órdenes dadas
en la acción popular No. 2002-02891-00 sobre el relleno sanitario El
Carrasco.

25. No puede perderse de vista que aunque en la tutela No. 2022-01886-
00/01, el señor Tamara Garrido formuló, adicionalmente, reparos contra la
Sentencia de 17 de marzo de 2022, mediante la cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente la tutela No. 2022-00766-00 por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad15 y, a su vez, en la presente
acción cuestionó la Sentencia de segunda instancia de 9 de junio de 2022
de la tutela No. 2022-01886-01, a través de la cual la Sección Primera del
Consejo de Estado modificó la decisión impugnada y, en su lugar, declaró
la cosa juzgada constitucional y la improcedencia, lo cierto es que estas
providencias, de una u otra manera, resolvieron los reparos del accionante
sobre a las problemáticas del relleno sanitario El Carrasco.

26. En esa medida, la Sala concluye que como todas las acciones de
tutela giran en torno a la presunta vulneración de derechos con ocasión
de las omisiones y/o decisiones relacionadas con el relleno sanitario El
Carrasco, existe identidad de hechos.

27. (3) Identidad de pretensiones: La Sala encontró que en las 3
acciones tutelas, el accionante solicitó lo mismo (se trascribe):

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales y colectivos tales como el
derecho a un ambiente sano, derecho a una vida digna y derecho a la salud.
SEGUNDO: generación de proyectos de ayuda municipal frente al resuelve de
problemas de carácter urgente = contratación de urgencia- aplicativo de la
Ley 1523 de 2012. TERCERO: Intervención del presidente como ordenador del
gasto, para la generación de un proyecto destinado a la compra de terrenos
y adecuación de un nuevo relleno sanitario. CUARTO: Generación de políticas
públicas sobre el reciclaje y la disposición de residuos sólidos: 1. Exigir un
determinado peso de residuos máximo a generar POR PREDIO 2. Exigir una
cuota de reciclaje POR PREDIO La ley está destinada a coartar las conductas
destructivas del ser humano se deberá buscar e impedir o minimizar los riesgos
para los seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos
y peligrosos, y en especial minimizar la cantidad o peligrosidad de los que

15 “Justamente, del expediente de tutela es posible advertir que todas las contestaciones allegadas por las

entidades demandadas coinciden en informar que, ya se surtió la acción popular y que, en la actualidad, cursa
incidente de desacato frente a la orden de cerramiento del relleno sanitario El Carrasco (…). De manera que las
inconformidades que el actor plantea mediante el ejercicio de la acción de tutela le corresponde exponerlas en
el trámite del incidente de desacato que se encuentra en curso, para que sea la autoridad judicial del
conocimiento de ese asunto la que evalúe y se pronuncie frente a dichos argumentos.” Página 9 de dicha
providencia.

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llegan a los sitios de disposición final. QUINTO: la vinculación de en pro de las
consideraciones que reúnen el documento”

28. En otras palabras, lo que pretendió, en uno y otro proceso, fue el
cumplimiento de lo ordenado en la acción popular No. 2002-02891-00.

29. De lo expuesto, la Sala evidencia, tal y como lo hizo en su momento
el juez de tutela de primera instancia, que el demandante presentó 3
tutelas que versaban sobre lo mismo.

30. Sin embargo, a pesar de la comprobación de la triple identidad, la
Sala no comparte la conclusión de la providencia impugnada sobre la
configuración de una actuación temeraria por parte del accionante, ya
que, con fundamento en la jurisprudencia constitucional y en los elementos
de juicio obrantes en el expediente, no se advirtió el dolo o la mala fe del
señor Tamara Garrido.

31. Lo anterior obedece a que, si bien la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado fundó la imposición de la sanción por
temeridad en que (se trascribe) “el demandante textualmente indica que
aun conociendo que su proceder es inadecuado y que con el mismo
podía incurrir en una actuación temeraria, mencionó textualmente en el
escrito que ha interpuesto más de 5 acciones de tutelas por los mismos
hechos, (…)”, la Sala considera que no identificó ni tuvo en cuenta que,
precisamente, el actor reconoció la existencia previa de otras 2 acciones
de tutela, las cuales promovió bajo la convicción fundada de que existían
nuevos hechos, como lo eran los fallos de tutela16, que lo habilitaban para
acudir nuevamente ante el juez constitucional, por tanto, el actor no obró
de mala fe, máxime cuando se evidencia que él actuó por sí mismo, es
decir, sin apoderado judicial17.

32. En ese sentido, la Sala revocará la decisión impugnada que impuso
la sanción pecuniaria. No obstante, se le advertirá al accionante que, en lo
sucesivo, se abstenga de presentar acciones de tutela con fundamento en
los hechos que ya han sido debatidos, so pena de las sanciones

16 Concretamente, en la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2022-01886-00, la providencia de 17 de marzo de

2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
17 Al respecto, la Sala destaca que Corte se ha abstenido de sancionar a los solicitantes cuando (se trascribe)

“no encuentra elementos de juicio suficientes que permitan determinar con pleno convencimiento que los
[solicitantes] actuaron de mala fe o con la intención dolosa o desleal de engañar al juez constitucional”, así
como cuando “el accionante no estaba obrando de mala fe, pues en su entender no existía identidad procesal
ni fáctica con la tutela anterior, a pesar de que el objeto y la finalidad sí convergieran” y cuando “se evidencia
que de manera transparente el mismo ciudadano aclaró ser consciente de estar promoviendo una segunda
acción de tutela”. De manera específica, la Corte también se ha abstenido de sancionar a aquellos sujetos en
condición de vulnerabilidad que actúan en nombre propio, y, en cuanto a la doble interposición de una tutela
por parte de población desplazada, se ha estimado que esta se encuentra en una condición tal que lo más
probable es que desconozcan por completo el contenido y alcance de las figuras procesales de la cosa
juzgada y la temeridad. Además, suelen ser personas que se encuentran en una necesidad extrema de
defender sus derechos. Sentencias T-146 de 2023, T-393 de 2021, T-427 de 2017, SU-397 de 2022, T-219 de 2018 y T-
089 de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-01
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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pecuniarias a las que haya lugar, pues no puede admitirse que acuda
perpetuamente a esta jurisdicción para enjuiciar los mismos aspectos
relacionados con la acción popular No. 2022-02891-00 y el relleno sanitario
El Carrasco e insistir en que los jueces accedan a sus pretensiones.

2.4. Conclusión

33. Existen motivos suficientes para revocar la decisión de primer grado
que declaró improcedente la acción de tutela por temeridad e impuso, a
título de sanción, una multa equivalente a 1 smlmv, para, en su lugar,
declarar la cosa juzgada constitucional, como consecuencia de la
comprobación de la triple identidad entre las acciones de tutela
promovidas por el señor Tamara Garrido.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 20 de noviembre de 2023, proferida
por la Subsección A de Sección Tercera del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela por temeridad e impuso una
sanción y, en su lugar, DECLARAR la cosa juzgada constitucional respecto
de la acción de tutela presentada por José Augusto Tamara Garrido, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: EXHORTAR al demandante para que se abstenga de continuar
presentando acciones de tutelas por los mimos hechos y argumentos, so
pena de las sanciones pecuniarias a las que haya lugar.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18.

CUARTO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

18 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-01
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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