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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01886-00

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01886-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Presidencia de la República, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada por el señor José Augusto Tamara Garrido, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Id Documento: 11001031500020220188600005025210050 CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-01886-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

12 de mayo de 2022

Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01886-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01886-00
Demandante: JOSÉ AUGUSTO TAMARA GARRIDO
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia de la misma naturaleza – declara la
improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por el

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
señor José Augusto Tamara Garrido contra la Presidencia de la República, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, el departamento de Santander, los municipios de Piedecuesta, Girón,
Floridablanca y Bucaramanga y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 24 de marzo de 2022 1 al buzón
web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial2, el señor José Augusto Tamara Garrido, actuando en
nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Presidencia de la República, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, el departamento de Santander, los municipios de Piedecuesta, Girón,
Floridablanca y Bucaramanga y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el
fin de que le sean amparados los derechos fundamentales “a la vida digna, ambiente
sano y a la salud.”

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
debido a la sentencia de 17 de marzo de 2022 proferida por la Sección Cuarta de
esta Corporación, mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado por
él, dado que, no cumplía con el requisito de la subsidiariedad en el marco del
proceso de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2022-00766-00.

1 Ingresó al despacho ponente el 3 de mayo de 2022.
2 La acción de tutela fue enviada al buzón web tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co.

1

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Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01886-00

3. En dicho proceso, al igual que en la acción de la referencia sus pretensiones
van encaminadas a la protección de sus derechos fundamentales “a la vida digna,
ambiente sano y a la salud”, debido a que no se ha cumplido en su totalidad la orden
judicial impartida dentro de una acción popular, en la cual se les imponía a las
autoridades competentes el cierre del relleno sanitario El Carrasco ubicado en la
ciudad de Bucaramanga (Santander) y adoptar un nuevo lugar para la recolección
de los residuos de basura de la región.

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…)

SEGUNDO: EXORTAR LA GENERACION DE PROYECTOS DE AYUDA
MUNICIPAL FRENTE AL RESUELVE DE PROBLEMAS DE CARÁCTER
URGENTE = CONTRATATACION DE URGENCIA- APLICATIVO DE LA LEY
1523 DE 2012 POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE GIRON –
FLORIDABLANCA Y BUCARAMANGA SANTANDER.

TERCERO: Intervención del presidente como ordenador del gasto, para la
generación de un proyecto destinado a la compra de terrenos y adecuación de
un nuevo relleno sanitario PARA LOS MUNICIPIOS DE GIRON –
FLORIDABLANCA Y BUCARAMANGA SANTANDER.

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
CUARTO: Generación de políticas públicas sobre el reciclaje y la disposición
de residuos sólidos POR PARTE DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE:

1. Exigir un determinado peso de residuos máximo a generar POR PREDIO
2. Exigir una cuota de reciclaje POR PREDIO.

La ley está destinada a coartar las conductas destructivas del ser humano se
deberá buscar e Impedir o minimizar los riesgos para los seres humanos y el
medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, y en especial
minimizar la cantidad o peligrosidad de los que llegan a los sitios de
disposición final.

QUINTO: la vinculación de en pro de las consideraciones que reúnen el
documento”. (Sic a toda la cita)3

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor José Augusto Tamara Garrido en ejercicio de la acción de tutela, de la
cual tuvo conocimiento la Sección Cuarta de esta Corporación, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a un ambiente sano, a una vida digna y
a la salud, los cuales estimó vulnerados por la Presidencia de la República como
ordenador del gasto, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernador
de Santander, los alcaldes de los municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca
y Bucaramanga, y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi por no haber cumplido a
cabalidad la orden judicial impartida en el fallo de 16 de febrero de 2011 dentro de
una acción popular.

3 Folio 25 y 26 de la demanda de tutela; índice 2 del aplicativo SAMAI.

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6. En dicho trámite el actor manifestó que desde el año 2002 se advirtió que el
relleno sanitario El Carrasco había llegado a su límite con el riesgo de colapsar,
pues recibía más de 1.000 toneladas de basura cada día, dichos residuos
provenían de 16 municipios entre los cuales estaban Bucaramanga, Betulia,
California, Charta, Floridablanca y Girón, lo que implicaba el 65% de toda la
recolección del departamento de Santander.

7. Agregó, que los residentes del barrio Porvenir de Bucaramanga presentaron
acción popular contra el Área Metropolitana de Bucaramanga, dicho medio de
control le correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga que, mediante fallo de 1° de marzo de 2009, decidió declarar la
vulneración de los intereses colectivos invocados y ordenó el cierre del relleno
sanitario.

8. Indicó que inconforme con la decisión, la parte demandada apeló dicha
providencia de la cual tuvo conocimiento en segunda instancia el Tribunal
Administrativo de Santander que por medio de la sentencia de 16 de febrero de
2011, confirmó parcialmente dicha providencia decisión, resolvió que el plazo de
cierre del relleno sanitario El Carrasco debía hacerse el 30 de septiembre de 2011
y ordenó a las demandadas que debían realizar las gestiones administrativas
necesarias a efectos de habilitar un sitio nuevo de disposición final.

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
9. Ante el incumplimiento de dicha orden, actualmente el trámite se encuentra en
curso de un incidente de desacato en el Juzgado Quince Administrativo de
Bucaramanga, que por auto de 5 de agosto de 2021, ordenó a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, lo siguiente:

" (…) materializar el cierre y suspensión de todas las operaciones
relacionadas con el depósito definitivo de residuos sólidos en el Sitio de
Disposición Final “El Carrasco” a partir de las 00.00 horas del 14 de agosto de
2021, salvo que esa dependencia modifique el término establecido en la
Resolución No. 0786 del 30 de abril de 2021 – por lo tanto, la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA – EMAB S.A. E.S.P. y los 15 municipios que
depositan sus residuos en ese lugar, deberán acatar y garantizar el
cumplimiento de esta decisión, so pena de la imposición de las sanciones a
que haya lugar.”

10. A juicio del demandante, los alcaldes del área metropolitana declararon
calamidad pública y nuevamente empezaron a depositar los desechos en El
Carrasco, en contra de la orden judicial.

11. En dicho proceso de tutela, mediante sentencia de 17 de septiembre de 2021,
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, declaró improcedente el amparo por no
superar el requisito de subsidiariedad, tras considerar que: “(…) la protección de los
derechos colectivos al ambiente sano, cuya vulneración puede eventualmente afectar
derechos de rango fundamental como los derechos a la vida y a la salud, es un asunto
que debe ser ventilado mediante el ejercicio de la acción popular, prevista en la Ley 472

3

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de 1998, de naturaleza igualmente constitucional y que cuenta con trámite preferencial4”.
Esta decisión no fue impugnada.

1.3. Fundamentos de la solicitud

12. El señor José Augusto Tamara Garrido se refirió a las consideraciones de la
sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado dentro del proceso de tutela por él iniciado, motivo por el cual citó varios
apartes de la providencia.

13. Agregó que el fallo de tutela al estudiar el escrito inicial de su demanda resalto:

“hizo referencia a la política para la gestión integral de residuos, a la Ley 1523
de 2012, en cuanto al Régimen Especial para Situaciones de Desastres y
Calamidad Pública, incluso a los principios generales de la actividad
contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública, al concepto de calamidad pública previsto en el
artículo 58 de la Ley 1523 de 2012, a los criterios para la declaración de
desastres y calamidad pública y al principio de solidaridad.”

14. Adujo que evidenciaba que precisamente lo que buscaba con la acción de
tutela era la aplicación de la Ley 1523 de 2012, porque el hecho de que una
cabecera municipal no cuente con relleno sanitario es calamidad pública, y

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
teniendo en cuenta el principio de solidaridad, el país debe colaborar para
solucionar este problema que tiene el municipio, por lo que consideró que es
necesario pedir recursos a la Nación para resolver dicha dificultad.

15. Cuestionó todas las intervenciones presentadas por la parte demandada en el
proceso de tutela del cual tuvo conocimiento la Sección Cuarta de esta
Corporación, específicamente la de la Presidencia de la República, del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de los municipios de Bucaramanga,
Floridablanca y Girón.

16. De igual manera, frente a las razones por las cuales se declaró improcedente
su demanda de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, indicó que
es clara la conexidad de los derechos fundamentales y que su declaratoria puede
hacer incurrir al juzgador en el delito de prevaricato, aunado a que se afecta a
muchas personas.

17. Reiteró que se vulneraron sus derechos fundamentales “a un ambiente sano,
derecho a una vida digna y derecho a la salud”, por lo que se necesita la creación de
un nuevo lugar de disposición final de las basuras toda vez que el relleno sanitario
El Carrasco debe cerrarse definitivamente, pues no tiene más espacio para
depositar más desechos.

18. Hizo amplia referencia a la historia del relleno sanitario El Carrasco, indicó que
han sido casi 20 predios los que se han estudiado en la última década pero que
ninguno es viable en el corto plazo, porque algunos tienen obstáculos con el POT,

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Milton Chaves

García, Sentencia 17.03.22, Rad. 11001-03-15-000-2022-00766-00.
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otros presentan problemas judiciales, como Chocoa y Monterredondo y la mayoría
de ellos no tienen licencia ambiental o incluso carecen de estudios previos.

19. Afirmó que, si en efecto el 31 de enero de 2022 se cierra el basurero El
Carrasco, la ciudad podría verse obligada a llevar las más de 1.000 toneladas de
residuos que produce a Medellín o Cúcuta, lo que traería consigo, no solo el
incremento en costos en transporte, sino la disposición de $2.000 millones
mensuales para alquilar tractocamiones de 50 toneladas cada uno.

20. Precisó que no se cuenta con una medida nueva y los municipios que hacen
uso del relleno sanitario desconocen el decreto de calamidad pública, porque
llevar los desechos a otros municipios es en extremo costoso ya que el municipio
más cercano es Aguachica, César. Igualmente, informó que, para enfrentar la
crisis, el municipio de Floridablanca llevó la basura a Medellín, en una operación
muy onerosa, no obstante, en dicha ciudad también se declaró la calamidad
pública.

21. Sostuvo que la Empresa de Aseo de Bucaramanga – EMAB S.A. E.S.P., es la
encargada del servicio público de aseo, de recolección, transporte y barrido, la
cual ha sido sancionada y multada en varias ocasiones por la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB
debido a varios incumplimientos en los que ha incurrido la entidad respecto de los

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
programas de manejo de residuos sólidos y peligrosos, entre otros.

22. Por último, manifestó que “se quiere determinar si el manejo por parte de la
empresa EMAB S.A. E.S.P., respecto al adecuado manejo de los residuos sólidos en el
relleno sanitario El Carrasco, ha acarreado la violación de derechos fundamentales y
colectivos tales como el derecho a un ambiente sano, derecho a una vida digna y derecho
a la salud”.

1.4. Trámite de la acción de tutela

23. Mediante auto del 8 de abril de 20225, se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación6 a la parte actora, así como a la Presidencia de la
República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, a los magistrados de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, al departamento de Santander y a los municipios de Piedecuesta,
Girón, Floridablanca y Bucaramanga, como autoridades accionadas.

24. Así mismo, se ofició a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para que
allegara copia digital, íntegra del expediente de tutela, con radicado N.º 11001-03-
15-000-2022- 00766-00.

5 Índice 10 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
6 Actuación realizada el 20 del mismo mes y año.

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1.5. Intervenciones

25. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente7, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Instituto Geográfico Agustín Codazzi

26. Con escrito remitido el 21 de abril de 2022 al buzón web de la Secretaría
General de la Corporación, el director territorial del departamento de Santander
solicitó declarar improcedente la acción de tutela presentada y/o su desvinculación
del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
consideró que no tiene relación con las partes del proceso y los derechos
presuntamente vulnerados.

1.5.2. Alcaldía de Piedecuesta

27. Mediante memorial presentado el 25 de abril de 2022, el jefe de la oficina
jurídica solicitó que se declare improcedente la acción de tutela presentada o que
las pretensiones propuestas no prosperen, toda vez que, dadas las condiciones
actuales de El Carrasco, no es posible que se vulneren los derechos señalados
por el accionante, además, el señor Tamara Garrido no demostró que

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
efectivamente los derechos invocados estuviesen siendo amenazados o
vulnerados.

28. Agregó que ante la imposibilidad de depositar los residuos sólidos en el
municipio de Aguachica y en atención a que no existe otro sitio cercano en donde
se puedan depositar las basuras sin ocasionar un grave detrimento patrimonial a
los 16 municipios así como a los usuarios por el incremento de la tarifa, se deben
amparar los derechos fundamentales a la salubridad pública y al goce de un
ambiente sano, disponiendo los residuos en el relleno sanitario El Carrasco,
mientras que se encuentra un nuevo lugar de disposición final o por lo menos
hasta que se establezca un nuevo plan de contingencia que permita recolectar las
basuras con normalidad.

1.5.3. Presidencia de la República

29. Mediante escrito enviado el 25 de abril de 2022, el asesor jurídico del
Departamento Administrativo de la Presidencia requirió que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, o en su defecto, se desvinculara a la
Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República de los efectos de su decisión en caso de ser favorable para el
accionante.

30. Sostuvo que cualquier actuación tendiente a acceder a lo solicitado por el
accionante, constituiría una extralimitación en el ejercicio de las funciones del
señor presidente de la República y de la Presidencia de la República.

7 De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,

Índice 8, Oficio No. 44058, 44060, 44062, 44063, 44064, 44065, 44066, 44067, 44068, 44069 y
44070 del 20 de abril de 2022.
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31. Adujo que el actor no se encuentra dentro de las excepciones al principio de
subsidiariedad que justifican la utilización de la tutela en lugar de los mecanismos
referidos pues: i) los mecanismos existentes son idóneos para la protección de los
derechos reclamados por la parte actora, tratándose de la protección de derechos
colectivos, y ii) la parte actora no se encuentra ante un perjuicio inminente o
irremediable que justifique la aplicación de la tutela como mecanismo transitorio de
protección.

32. A pesar de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, el Departamento de Santander y a los Municipios
de Girón, Floridablanca y Bucaramanga fueron debidamente notificados,
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

33. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor José Augusto Tamara Garrido, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 378 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra el Consejo de Estado – Sección Cuarta.

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
2.2. Cuestión previa

34. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Presidencia de la República
solicitaron la desvinculación del trámite por considerar que no se encuentran
legitimados para garantizar los derechos que reclama el señor Tamara Garrido; no
obstante, esta Sala de Decisión negará dicha petición atendiendo a que, más allá
de la razonabilidad de los argumentos expuestos en el escrito de tutela, lo cierto
es que el actor esgrimió un cargo en su contra, lo que hacía necesaria su
notificación como parte demandada de este mecanismo de amparo, con el objeto
de que pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicción. De igual manera, la
providencia objeto de debate dentro del proceso de tutela identificado con el
radicado No. 11001-03-15-000-2022-00766-00 los identificó como parte
demandada.

2.3. Legitimación en la causa

35. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

8 “ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la
amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá
sobre las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás
medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
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36. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.

37. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 19979, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela.

38. En la sentencia T-086 de 201010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que
la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante
legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

39. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201111, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer
que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
40. En la sentencia T-435 de 201612, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 201613, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.14

41. Con fundamento en el marco conceptual expuesto15, la Sala advierte que el
señor José Augusto Tamara Garrido es el titular de los derechos fundamentales

9 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416 del 28.08.97., M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
10 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083 del 15.02.10., M.P. Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176 del 14.03.11., M.P. Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435 del 12.08.16., M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado
13 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454 del 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz

Delgado.
14 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 del

08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318 del 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló:
“En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se
sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración
del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los
mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto
se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
15 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
8

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que reclama, en consideración a que pretende que se amparen los derechos
fundamentales y colectivos al ambiente sano, a la vida digna y a la salud, para lo
cual solicitó la generación de proyectos de ayuda que resuelvan los problemas con
carácter urgente con la contratación de urgencia, aplicando la Ley 1523 de 2012.

42. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

43. En relación con las autoridades demandadas, se advierte que la tutela se
dirigió contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el departamento de
Santander y los municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga,
porque consideró el actor que presuntamente vulneraron sus derechos
fundamentales, por lo que en aras de que dichas entidades puedan ejercer su
derecho de defensa y contradicción se encuentran legitimados por pasiva.

44. Ahora bien, respecto a la Sección Cuarta del Consejo de Estado de la
argumentación traída en el libelo introductorio es posible advertir que cuestiona la
sentencia de 17 de marzo de 2022, por lo que el despacho considera que está
legitimada en la causa por pasiva.

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
2.4. Problema jurídico

45. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se
superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

46. De ser positiva la respuesta, la Sala analizará lo siguiente:

¿La Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales a
la vida digna, ambiente sano y a la salud con ocasión de la sentencia del 17 de marzo
de 2022, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela
presentada?

47. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.5. Razones jurídicas de la decisión

2.5.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201216 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y

de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia del 27.02.20., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
16 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:

Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
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la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y declaró
su procedencia.18

49. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y vi)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo, sin que se analice
el fondo del asunto.

50. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

51. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva.

2.6.1 Tutela contra sentencia de la misma naturaleza

52. En el caso concreto, la Sala advierte que el accionante alega como causa
generadora de la vulneración de sus derechos fundamentales la providencia
dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en una acción de la misma
naturaleza, por medio de las cuales declaró la improcedencia de aquella por no
superar el requisito de subsidiariedad, lo cual torna imperativo analizar la
procedencia excepcional en el sub examine.

53. Lo anterior, porque la protección de los derechos colectivos al ambiente sano,
cuya vulneración puede eventualmente afectar derechos garantías de rango
fundamental como la vida y la salud, es un asunto que debe ser ventilado
mediante el ejercicio de la acción popular, prevista en la Ley 472 de 1998, de
naturaleza igualmente constitucional y que cuenta con trámite preferencial.

54. Así mismo, la autoridad judicial demandada precisó en dicha providencia que
las inconformidades que el actor planteó mediante el ejercicio de la acción de
tutela le correspondía exponerlas en el trámite del incidente de desacato que se
encuentra en curso, para que sea la autoridad judicial del conocimiento de ese
asunto la que evalúe y se pronuncie frente a dichos argumentos.

17 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
18 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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55. La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 201519, unificó la
jurisprudencia respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
de la misma naturaleza y contra actuaciones de los jueces anteriores o posteriores
a la sentencia. Así, estableció que, por regla general, la acción de tutela no
procede contra sentencias de tutela, salvo cuando exista fraude y, en
consecuencia, esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta y se
configuren los demás requisitos de procedencia:

“Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República [diferente a la Corte Constitucional] la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté
ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre
de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii)
no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación”.

56. Así las cosas, teniendo en cuenta que el actor no alegó algunas de las
causales excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra decisión de

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
la misma naturaleza establecidas por la Corte Constitucional, no se encuentra
superado el referido requisito de procedibilidad.

57. De otra parte, la Sala observa que en el escrito inicial del proceso de tutela
identificado con el radicado N.º 11001-03-15-000-2022-00766-00 presentado por
el señor Tamara Garrido fueron zanjados los mismos argumentos presentados en
su demanda actual objeto de debate, por lo que el actor tendría el riesgo de
incurrir en una actuación temeraria.

58. Por lo anterior, esta Sección advierte al demandante abstenerse de radicar
otra acción constitucional que comparta identidad de partes, hechos y
pretensiones con la actual para que no se configure dicho fenómeno. Del mismo
modo, que cuenta con la posibilidad de impugnar esta decisión, conforme lo
establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 199120, siento este el mecanismo
idóneo para controvertirla si así lo considera pertinente.

2.7. Conclusión

59. Por los motivos expuestos, en consideración a que no se encontró acreditado
el requisito adjetivo de procedibilidad explicado, ni las circunstancias que,
eventualmente implicarían su procedencia, corresponde a esta Sala declarar su
improcedencia al pretenderse que se deje sin efecto la providencia proferida el 17

19 Corte Constitucional, Sentencia SU 627, 01.10.2015, M.P. Mauricio González Cuervo
20 Decreto 2591 de 1991, en su artículo 31 dispone: “IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los

tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su
cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la
Corte Constitucional para su revisión”.

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de marzo de 2022 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el marco de
un mecanismo de la misma naturaleza.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y la Presidencia de la República, de acuerdo con las
consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada
por el señor José Augusto Tamara Garrido, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Id Documento: 11001031500020220188600005025210050
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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