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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01886-01

Fecha
9 de junio de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01886-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela de 12 de mayo de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual quedará establecida en los siguientes términos: “PRIMERO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente a la solicitud de amparo presentada por José Augusto Tamara Garrido contra la Nación – Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento de Santander, el Municipio de Piedecuesta, el Municipio de Girón, el Municipio de Floridablanca y el Municipio de Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por José Augusto Tamara Garrido contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 26 Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01 Actor: José Augusto Tamara Garrido

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-01886-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

9 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido
Demandados: Nación – Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Departamento de
Santander, Municipio de Piedecuesta, Municipio de Girón, Municipio de
Floridablanca, Municipio de Bucaramanga y Sección Cuarta del Consejo de Estado

Temas: Cosa juzgada constitucional/alcance

Improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela

Derechos Fundamentales Invocados: i) Salud, ii) vida, iii) dignidad humana y iv)
“[…] a un ambiente sano […]”

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 12 de mayo de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento de Santander, el Municipio
de Piedecuesta, el Municipio de Girón, el Municipio de Floridablanca, el Municipio
de Bucaramanga y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, i)
al no haberse cumplido en su totalidad la orden judicial impartida dentro de la
acción popular identificada con el número único de radicación
680012331000200202891-00, en la cual se les impuso a las autoridades
competentes el cierre del relleno sanitario El Carrasco ubicado en la ciudad de
Bucaramanga (Santander) y se les ordenó adoptar un nuevo lugar para la
recolección de los residuos de basura de la región; y ii) el Consejo de Estado, al
proferir la sentencia de 17 de marzo de 2022, dentro de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 110010315000202200766-00,
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a un ambiente sano, a una vida digna y a la salud, los
cuales estimó vulnerados por la Nación – Presidencia de la República como
ordenador del gasto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Departamento de Santander, los Municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca
y Bucaramanga, y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi por no haber cumplido a
cabalidad la orden judicial impartida en la sentencia de 16 de febrero de 2011
dentro de la acción popular identificada con el número único de radicación
680012331000200202891-00.

3.1. Precisó que, en el marco de dicha solicitud de amparo, manifestó que desde
el año 2002 se advirtió que el relleno sanitario El Carrasco había llegado a su límite

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

con el riesgo de colapsar, puesto que recibía más de 1.000 toneladas de basura
cada día, residuos que provenían de 16 municipios entre los cuales estaban
Bucaramanga, Betulia, California, Charta, Floridablanca y Girón, lo que implicaba
el 65% de toda la recolección del Departamento de Santander.

3.2. Agregó, que los residentes del barrio Porvenir de Bucaramanga presentaron
acción popular contra el Área Metropolitana de Bucaramanga, la cual correspondió
en primera instancia al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, autoridad judicial que, mediante sentencia de 1.° de marzo de 2009,
resolvió declarar la vulneración de los derechos colectivos invocados y ordenó el
cierre del relleno sanitario.

3.3. Señaló que, inconforme con la decisión, la demandada apeló dicha
providencia, recurso del cual tuvo conocimiento en segunda instancia el Tribunal
Administrativo de Santander que, por medio de la sentencia de 16 de febrero de
2011, confirmó parcialmente la decisión del A quo, en la medida en que resolvió
que el plazo de cierre del relleno sanitario El Carrasco debía hacerse el 30 de
septiembre de 2011 y ordenó a las demandadas que debían realizar las gestiones
administrativas necesarias a efectos de habilitar un sitio nuevo de disposición final.

3.4. Manifestó que, ante el incumplimiento de dicha orden, actualmente el trámite
se encuentra en curso de un incidente de desacato, ante el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

3.5. Precisó que, dentro de dicha acción de tutela, puso de presente que los
alcaldes del área metropolitana declararon calamidad pública y nuevamente
empezaron a depositar los desechos en El Carrasco, en contra de la orden judicial.

Sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado dentro de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 110010315000202200766-00

4. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 17 de
septiembre de 2021, resolvió:

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

“[…] Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor José
Augusto Tamarra (sic) Garrido […]”.

4.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] la Sala anticipa que la solicitud de amparo carece del cumplimiento del requisito
general de subsidiariedad porque la protección de los derechos colectivos al ambiente
sano, cuya vulneración puede eventualmente afectar derechos de rango fundamental
como los derechos a la vida y a la salud, es un asunto que debe ser ventilado
mediante el ejercicio de la acción popular, prevista en la Ley 472 de 1998, de
naturaleza igualmente constitucional y que cuenta con trámite preferencial.

Justamente, del expediente de tutela es posible advertir que todas las contestaciones
allegadas por las entidades demandadas coinciden en informar que, ya se surtió la
acción popular y que, en la actualidad, cursa incidente de desacato frente a la orden
de cerramiento del relleno sanitario El Carrasco, que el Juzgado Quince
Administrativo de Bucaramanga, en el marco del trámite incidental, profirió auto del 5
de agosto de 2021 en el que ordenó, entre otros: “(…) a la AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA materializar el cierre y suspensión de todas
las operaciones relacionadas con el depósito definitivo de residuos sólidos en el Sitio
de Disposición Final “El Carrasco” a partir de las 00.00 HORAS DEL 14 DE AGOSTO
DE 2021 – salvo que esa dependencia modifique el término establecido en la
Resolución No. 0786 del 30 de abril de 2021 – por lo tanto, la EMPRESA DE ASEO
DE BUCARAMANGA – EMAB S.A. E.S.P. y los 15 municipios que depositan sus
residuos en ese lugar, deberán acatar y garantizar el cumplimiento de esta decisión,
so pena de la imposición de las sanciones a que haya lugar (…).

En ese contexto, existe una orden judicial proferida en el marco de una acción popular
que, como se indicó, resulta ser el mecanismo judicial idóneo para la defensa de los
derechos e intereses colectivos, en la que precisamente se debatió en la pertinencia
o no de cerrar el lugar en que opera el relleno sanitario, previo al análisis de las
circunstancias allí acreditadas y con fundamento en las pruebas que aportaron las
partes interesadas en ese asunto […]”.

[…]

“[…] De manera que las inconformidades que el actor plantea mediante el ejercicio de
la acción de tutela le corresponde exponerlas en el trámite del incidente de desacato
que se encuentra en curso, para que sea la autoridad judicial del conocimiento de ese
asunto la que evalúe y se pronuncie frente a dichos argumentos […]”.

5. Precisó que la decisión expuesta supra no fue impugnada.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales y colectivos tales como el
derecho a un ambiente sano, derecho a una vida digna y derecho a la salud.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

SEGUNDO: EXORTAR (sic) LA GENERACION (sic) DE PROYECTOS DE AYUDA
MUNICIPAL FRENTE AL RESUELVE DE PROBLEMAS DE CARÁCTER URGENTE
= CONTRATATACION (sic) DE URGENCIA- APLICATIVO DE LA LEY 1523 DE
2012 POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE GIRON (sic) – FLORIDABLANCA Y
BUCARAMANGA SANTANDER.

TERCERO: Intervención del presidente como ordenador del gasto, para la
generación de un proyecto destinado a la compra de terrenos y adecuación de un
nuevo relleno sanitario PARA LOS MUNICIPIOS DE GIRON (sic) –
FLORIDABLANCA Y BUCARAMANGA SANTANDER.

CUARTO: Generación de políticas públicas sobre el reciclaje y la disposición de
residuos sólidos POR PARTE DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE:

1. Exigir un determinado peso de residuos máximo a generar POR PREDIO.

2. Exigir una cuota de reciclaje POR PREDIO.

La ley está destinada a coartar las conductas destructivas del ser humano se deberá
buscar e Impedir o minimizar los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente
que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, y en especial minimizar la cantidad
o peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición final.

QUINTO: la vinculación de (sic) en pro de las consideraciones que reúnen el
documento […]”.

7. El actor señaló que, las autoridades demandadas no han cumplido en su
totalidad la orden judicial impartida dentro de la acción popular, en la cual se les
impuso a las autoridades competentes el cierre del relleno sanitario El Carrasco
ubicado en la ciudad de Bucaramanga (Santander) y se les ordenó adoptar un nuevo
lugar para la recolección de los residuos de basura de la región.

8. Manifestó que, la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 110010315000202200766-00, desconoció que es clara
la conexidad de los derechos fundamentales que están siendo vulnerados, por lo
que, a su juicio, la declaratoria de improcedencia podía hacer incurrir a la autoridad
judicial en el delito de prevaricato.

9. Adujo que, lo que pretendía dentro de la solicitud de amparo mencionada
supra era la aplicación de la Ley 1523 de 24 de abril de 20121, porque el hecho de
que una cabecera municipal no cuente con relleno sanitario es calamidad pública, y
teniendo en cuenta el principio de solidaridad, el país debe colaborar para solucionar

1 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

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Actor: José Augusto Tamara Garrido

este problema que tiene el municipio, razón por la cual consideró que era necesario
pedir recursos a la Nación para resolver dicha dificultad.

10. Cuestionó todas las intervenciones presentadas por la demandada en el
proceso de tutela del cual tuvo conocimiento la Sección Cuarta de esta Corporación,
específicamente la de la Presidencia de la República, la del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, la de los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.

11. Insistió en la vulneración de sus derechos “[…] a un ambiente sano, derecho
a una vida digna y derecho a la salud […]”, por lo cual hizo énfasis en que se necesita
la creación de un nuevo lugar de disposición final de las basuras, en la medida en
que el relleno sanitario El Carrasco no tiene más espacio para depositar más
desechos y, a su juicio, debe cerrarse definitivamente.

Actuación

12. El Despacho Sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de abril de 2022; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar
a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a los magistrados de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, al Departamento de Santander y a los Municipios de
Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga, concediéndoles el término de
tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada

13. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi solicitó que “[…] se declare la
improcedencia y/o desvinculación del IGAC de la presente acción por falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no existe relación alguna entre las
partes de la presente acción, los derechos presuntamente vulnerados y la entidad
[…]”.

14. La Alcaldía de Piedecuesta solicitó declarar la improcedencia de la acción
de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones de la solicitud de amparo, toda
vez que, el actor no acreditó la vulneración de sus derechos fundamentales.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

14.1. Indicó que, ante la imposibilidad de depositar los residuos sólidos en el
Municipio de Aguachica y en atención a que no existe otro sitio cercano en donde
se puedan depositar las basuras sin ocasionar un grave detrimento patrimonial a
los 16 municipios así como a los usuarios por el incremento de la tarifa, la
disposición de los residuos se hace en el relleno sanitario El Carrasco, mientras
que se encuentra un nuevo lugar de disposición final o por lo menos hasta que se
establezca un nuevo plan de contingencia que permita recolectar las basuras con
normalidad.

15. La Presidencia de la República solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela o, en su defecto, ser desvinculada, en la medida en que cualquier
actuación tendiente a acceder a lo solicitado por el actor constituiría una
extralimitación en el ejercicio de las funciones del señor Presidente de la República
y de la Presidencia de la República.

15.1. Manifestó que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que: i) los mecanismos existentes para la protección de
los derechos colectivos son idóneos para la protección de los derechos reclamados
por el tutelante, y ii) la el actor no se encuentra ante un perjuicio inminente o
irremediable que justifique la aplicación de la tutela como mecanismo transitorio de
protección.

16. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, el Departamento de Santander y los Municipios de Girón,
Floridablanca y Bucaramanga guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

17. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 12 de mayo de 2022, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y la Presidencia de la República, de acuerdo con las
consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada por
el señor José Augusto Tamara Garrido, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

17.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En el caso concreto, la Sala advierte que el accionante alega como causa
generadora de la vulneración de sus derechos fundamentales la providencia dictada
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en una acción de la misma naturaleza,
por medio de las cuales declaró la improcedencia de aquella por no superar el
requisito de subsidiariedad, lo cual torna imperativo analizar la procedencia
excepcional en el sub examine […]”.

[…]

“[…] La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015, unificó la jurisprudencia
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma
naturaleza y contra actuaciones de los jueces anteriores o posteriores a la sentencia.
Así, estableció que, por regla general, la acción de tutela no procede contra
sentencias de tutela, salvo cuando exista fraude y, en consecuencia, esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta y se configuren los demás requisitos de
procedencia […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, teniendo en cuenta que el actor no alegó algunas de las causales
excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra decisión de la misma
naturaleza establecidas por la Corte Constitucional, no se encuentra superado el
referido requisito de procedibilidad.

57. De otra parte, la Sala observa que en el escrito inicial del proceso de tutela
identificado con el radicado N.º 11001-03-15-000-2022-00766-00 presentado por el
señor Tamara Garrido fueron zanjados los mismos argumentos presentados en su
demanda actual objeto de debate, por lo que el actor tendría el riesgo de incurrir en
una actuación temeraria.

58. Por lo anterior, esta Sección advierte al demandante abstenerse de radicar otra
acción constitucional que comparta identidad de partes, hechos y pretensiones con
la actual para que no se configure dicho fenómeno […]”.

La impugnación

18. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, para lo cual manifestó que “[…] LE JUSTIFIQUE (sic) EL PORQUE (sic)
TOCO (sic) TUTELAR POR LA FALTA DEL (sic) NOTIFICACIONES DE USTEDES
Y PORQUE (sic) LA TUTELA ES EL MECANISMO PRINCIPAL PARA LA
PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLECTIVOS A UN
AMBIENTE SANO […]”.

19. Señaló que, las autoridades demandadas no han cumplido en su totalidad la
orden judicial impartida dentro de la acción popular, en la cual se les impuso a las
autoridades competentes el cierre del relleno sanitario El Carrasco ubicado en la

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ciudad de Bucaramanga (Santander) y se les ordenó adoptar un nuevo lugar para la
recolección de los residuos de basura de la región.

20. Manifestó que, la sentencia del 17 de marzo de 2022 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 110010315000202200766-00, desconoció que es clara
la conexidad de los derechos fundamentales que están siendo vulnerados, razón por
la cual insistió en la aplicación de la Ley 1523 de 24 de abril de 20122 y en la
necesidad de crear un nuevo lugar de disposición final de las basuras distinto al
relleno sanitario El Carrasco.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

21. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

22. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

2 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

Cuestión previa

23. La Sala precisa que sería del caso resolver las solicitudes de desvinculación
propuestas por la Presidencia de la República y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi; sin embargo, advierte que esto fue resuelto por el A quo, sin que al
respecto se haya impugnado dicha decisión.

Problema jurídico

24. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) establecer si existe cosa juzgada y temeridad respecto a esta acción
constitucional frente a los reparos propuestos por el actor contra la Nación –
Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento de Santander, el Municipio
de Piedecuesta, el Municipio de Girón, el Municipio de Floridablanca, el Municipio
de Bucaramanga y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ocasión a la
presunta falta de cumplimiento de la orden judicial impartida dentro de la acción
popular identificada con el número único de radicación 680012331000200202891-
00; ii) determinar si, en relación con los defectos propuesto contra la sentencia de
17 de marzo de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito de tutela contra sentencia de tutela; y,
de encontrarse superado lo anterior, iii) establecer si las autoridades demandadas
incurrieron en vulneración de los derechos fundamentales invocados supra por el
actor.

25. Para resolver los problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas:
i) la cosa juzgada constitucional; ii) marco normativo y jurisprudencial de la figura de
la temeridad; iii) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
iv) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la salud; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la vida; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la dignidad humana; procediendo posteriormente a resolver el caso

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.

La cosa juzgada constitucional

26. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-055 de 31 de mayo de
20187, señaló que el fenómeno de la cosa juzgada constitucional se configura
cuando dos o más acciones de tutela reúnen triángulos procesales idénticos de
partes, causa petendi y objeto.

27. En ese sentido, i) la identidad de partes hace referencia a que las acciones
de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el
mismo sujeto bien sea en su condición de persona natural o jurídica; ii) la identidad
de causa petendi se relaciona con la idea de que el ejercicio simultáneo o sucesivo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirven de causa y; iii) la
identidad de objeto, parte de que las demandas busquen la satisfacción de una
misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental8.

28. Al respecto, es preciso indicar que “[…] sólo de manera excepcional, la
emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo, susceptible
de ser valorado por el juez de tutela como justificante para la interposición de una
segunda solicitud de amparo constitucional frente a unos mismos hechos […]”9.
Estos casos han sido definidos por la Corte de manera restrictiva, pues sólo se han
considerado como hechos nuevos, es decir los que justificarían la interposición de
una segunda acción sin desdibujar la cosa juzgada, aquellos pronunciamientos con
efectos erga omnes que tienen vocación de universalidad.

29. De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que10:

7 Corte Constitucional, sentencia SU 055 de 31 de mayo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Referencia: Expedientes T-5.445.666, T-5.448.252, T-5.451.035, T-5.456.222 y T-5.685.087.
8 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,

Referencia: expediente T-3168779.
9 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,

Referencia: expediente T-3168779.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre

de 2017. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-24-000-2010-00512-00.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada11, cabe advertir que se le
ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y
conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por
la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto
obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por
lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo
que se ha disputado. […]”.12

Marco normativo y jurisprudencial de la figura de la temeridad

30. Visto el artículo 38 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199113
sobre la actuación temeraria cuando se presenta la misma acción de tutela ante
varios jueces. La referida norma jurídica señala:

“[…] ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. […]”.

31. Sobre la figura de la temeridad, la Corte Constitucional, en reiterados
pronunciamientos, ha sostenido lo siguiente:

“[…] En Sentencia T-502 de 2008, la Corte Constitucional, al analizar la situación
que surge, cuando, en relación con una misma materia, se presentan dos o más
acciones de tutela, distinguió entre los fenómenos de la cosa juzgada
constitucional, por un lado, y la tutela temeraria, por otro.

En ese contexto, encuentra la Corte que a partir de lo dispuesto en el artículo 38
del Decreto 2591 de 1991, es posible distinguir dos escenarios y dos órdenes
distintos de consecuencias, así: En primer lugar, la presentación de una tutela
de manera repetida puede hacerse de manera simultánea, cuando la persona
interpone la acción ante varios jueces, o sucesiva, evento que se presenta
cuando, después de haberse decidido una acción de tutela, la misma es
nuevamente presentada. Desde el punto de vista de la decisión que debe adoptar
el juez, para el primer caso, la ley ha previsto que todas las solicitudes deben
resolverse desfavorablemente; en el segundo caso, como desarrollo del principio
de cosa juzgada, las tutelas subsiguientes a la primera deben rechazarse. Si, en
cualquiera de los dos escenarios anteriores, no se acredita la presencia de un
motivo expresamente justificado, debe declararse la temeridad y proceden las
sanciones previstas en la ley para esa eventualidad.

11 Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de

julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras
providencias.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22

de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611).
13 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

[…]

La Corte ha precisado que el juez de tutela, para establecer si, en razón de una
tutela anterior, existe cosa juzgada constitucional respecto de un asunto puesto en
su conocimiento, debe verificar si convergen los siguientes elementos: (i) Identidad
de partes; (ii) identidad de hechos; e (iii) identidad de pretensiones14. La
verificación de esta triple identidad, prima facie15, torna improcedente la nueva
acción de tutela como quiera que sobre el asunto objeto de análisis existe una
decisión judicial definitiva e inmutable16. Para la Corte, la necesidad de esa
verificación se deriva de la prohibición general, contenida en el artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil17, de que se dé un nuevo pronunciamiento por parte
del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica -en el sentido explicado-
con uno anteriormente decidido.18

Por otro lado, en cuanto hace a la temeridad en la interposición de acciones de
tutela simultáneas o sucesivas, la jurisprudencia constitucional19 ha puntualizado
que en los casos en que se formule más de una acción de tutela entre las mismas
partes, por los mismos hechos y con idénticas pretensiones, el juez puede tenerla
por temeraria siempre que considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en
la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas
que convalidan sus pretensiones20; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”21; (iii) deje al
descubierto el “abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción”22; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas
inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de justicia”23.

De este modo, de acuerdo con la jurisprudencia, ‘[…] de la simple comprobación
de la coincidencia en partes, hechos y pretensiones, no puede colegirse la
existencia de temeridad como quiera que ésta comporta una actuación dolosa y
torticera, de manera que para su declaración, el juez de tutela debe analizar con
especial cuidado si la nueva acción de amparo constitucional viene orientada por
dichos criterios o si, por el contrario, atiende a otras motivaciones circunscritas
dentro del principio de buena fe que cobija al actor.’

En desarrollo de ese criterio, la Corte ha identificado algunos supuestos en los que,
de manera excepcional, a partir de un análisis de los casos concretos desde una
perspectiva distinta a la meramente procedimental, puede concluirse que no se
configura temeridad. Ello puede ocurrir, ha dicho la Corporación, cuando el
ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se origina en: (i) una
condición de ignorancia24 o indefensión, del actor, que lo lleva a actuar por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no

14 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-184 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
15 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería. “[…] En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que aunque dos o más solicitudes de amparo guarden identidad de
partes, identidad de hechos o de causa, e identidad de pretensiones, antes de declarar la improcedencia de la
acción, el juez de tutela debe examinar cuidadosamente las circunstancias particulares del caso y las
condiciones especiales del actor. Ello por cuanto, la verificación y aplicación formal de los supuestos de la
actuación temeraria por parte del juez de tutela, sin un adecuado análisis de los fundamentos fácticos del caso,
así como de la situación particular del accionante, puede derivar en la vulneración de sus derechos
fundamentales […]”.
16 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
17 Ese artículo dispone que “[…] la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de

cosa juzgada […]”.
18 Cfr. Sentencia T-1104 de 2008.
19 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
20 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 1995.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 1995.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 1995.
23 Sentencia T-001 de 1997.
24 Sentencia T-184 de 2005.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

por mala fe25; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho26, o,
(iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier
otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)
anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante27. Adicionalmente, la Corporación se ha referido a la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un
grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos
y con la misma pretensión28 [...]”29. (Resaltado de la Sala).

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

32. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena30, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

33. Esta Sección adoptó31 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200532, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

34. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia

25 Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184/05. También las sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de

1996, T-001 de 1997.
26 Sentencia T-721/03.
27 Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03.
28 Sentencia SU-388/05.
29 Sentencia T-560 de 2009
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
32 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

35. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”33 que encaje en dichos parámetros.

36. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

37. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201434.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

38. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de que no se
trate de una acción de tutela contra tutela.

33 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela

39. Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta
improcedente en el evento en que se le atribuya la vulneración de los derechos
fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.

40. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de
unificación SU – 627 de 1 de octubre de 201535, fijó la excepción de la precitada
regla jurisprudencia, recopilando, para tal efecto, una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

41. En el primer escenario, la solicitud de amparo constitucional procede si: i) la
sentencia de tutela es proferida por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; ii) se presenta el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta; iii) se
cumplen con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales; iv) la acción de tutela presentada no comparte identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; v) se demuestre de manera clara
y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y, vi) no existe otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

42. En el segundo escenario la Corte Constitucional contempló dos eventos de
procedibilidad, estos son:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”36.

35 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
36 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

43. De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 201937, concluyó que al efectuar el
análisis de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia judicial
cuyo origen emana de un proceso de tutela, al juez constitucional le corresponde
identificar, en primer momento, en qué escenario se profirió la providencia judicial
cuestionada, para así cerciorarse del cumplimiento de los parámetros
excepcionales previstos en cada escenario.

44. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU- 627 de 2015 frente al
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta dijo:

“[…] 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de
que la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El
principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus
omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material,
a partir del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que
tiene la decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva,
es posible distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden
específica y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de
la decisión, “el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme
a la inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha
dicho que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”. En
este contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con
todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de
revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien “no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la
misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite
de revisión en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104
de 2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico,
respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el
precepto fraus omnia corrumpit”, pues

Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso
particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues la
decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Atlántico, data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han
pasado menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión.
Igualmente, pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de revisión
de la sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de selección para
revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009). En efecto, el
auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos mil siete (2007), mientras
que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de dos mil diez (2010). Como

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés. Sentencia de 14 de marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550
01.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

se observa, ambos términos son muy inferiores al máximo que la legislación permite
para el recurso extraordinario de revisión en materia civil. Por lo mismo, a juicio de
esta Sala, no existe fundamento para considerar que esta medida, que protege al
erario y a la dignidad de justicia de un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa
juzgada. Finalmente, la Sala no se está refiriendo a si les asiste o no derecho a
recibir la pensión gracia a los demandantes, solo se pronuncia sobre una causa
específica en la cual se evidencia la necesidad de aplicar el precepto que establece
que el fraude lo corrompe todo.

4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una
orden proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que
la cosa juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones
del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores
democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no
pueden permitir que se consoliden situaciones espurias38, bajo el argumento
de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son
producto de la cosa juzgada fraudulenta […]”. (Resaltado por la Sala).

45. En ese orden de ideas, para que proceda excepcionalmente la acción de
tutela contra una sentencia de tutela debe acreditarse de manera clara y suficiente,
que la providencia adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una
situación de fraude, que afecta el ideal de justicia presente en el derecho.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

46. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201539 sobre el derecho
fundamental a la salud.

47. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional40, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.

38 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.
39 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
40 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida

48. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.

49. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional41, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia
digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la
extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que
incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

50. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala)

51. Atendiendo a que la Corte Constitucional42 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degradante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un

41 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
42 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.

Análisis del caso en concreto

52. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

53. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

54. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

54.1. Copia en medio digital del expediente del proceso de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 110010315000202200766-00.

Solución del caso concreto

Análisis de la cosa juzgada constitucional y la temeridad en el caso concreto

55. La Sala advierte que, el actor señaló que, frente a los reparos propuestos
contra la Nación – Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento de
Santander, el Municipio de Piedecuesta, el Municipio de Girón, el Municipio de
Floridablanca y el Municipio de Bucaramanga, interpuso una acción de tutela, la cual
fue resuelta por la Sección Cuarta del Consejo de Estado; sentencia que cabe
mencionar también es objeto de reparos por parte del tutelante en esta oportunidad.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

56. En ese orden de ideas, la Sala analizará si entre la tutela identificada con el
número único de radicación 110010315000202200766-00 y la solicitud objeto de
estudio existe cosa juzgada, es decir, si se configura la identidad de partes, causa
y objeto:

Tutela 1. núm. único de radicación Tutela 2. núm. único de radicación
110010315000202200766-00 110010315000202201886-00 (Proceso
actual)

Partes Actor: José Augusto Tamara Garrido Actor: José Augusto Tamara Garrido
Demandados: Nación – Presidencia de Demandados: Nación – Presidencia de
la República, Ministerio de Ambiente y la República, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Instituto Desarrollo Sostenible, Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, Geográfico Agustín Codazzi,
Departamento de Santander, Municipio Departamento de Santander, Municipio
de Piedecuesta, Municipio de Girón, de Piedecuesta, Municipio de Girón,
Municipio de Floridablanca, Municipio Municipio de Floridablanca, Municipio de
de Bucaramanga. Bucaramanga y Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

Causa La solicitud de tutela se fundamentó en La solicitud de tutela se fundamentó en
que, a juicio del actor, las autoridades que, a juicio del actor, las autoridades
demandadas no han cumplido en su demandadas, a excepción de la Sección
totalidad la orden judicial impartida Cuarta del Consejo de Estado, no han
dentro de la acción popular, en la cual cumplido en su totalidad la orden judicial
se les impuso a las autoridades impartida dentro de la acción popular, en
competentes el cierre del relleno la cual se les impuso a las autoridades
sanitario El Carrasco ubicado en la competentes el cierre del relleno sanitario
ciudad de Bucaramanga (Santander) y El Carrasco ubicado en la ciudad de
se les ordenó adoptar un nuevo lugar Bucaramanga (Santander) y se les
para la recolección de los residuos de ordenó adoptar un nuevo lugar para la
basura de la región. recolección de los residuos de basura de
la región.

Manifestó que, la sentencia del 17 de
marzo de 2022 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, dentro de
la acción de tutela identificada con el
número único de radicación
110010315000202200766-00,
desconoció que es clara la conexidad de
los derechos fundamentales que están
siendo vulnerados, por lo que, a su juicio,
la declaratoria de improcedencia podía
hacer incurrir a la autoridad judicial en el
delito de prevaricato.
Objeto La solicitud de tutela pretendió el La solicitud de tutela pretendió el amparo
amparo de los derechos fundamentales de los derechos fundamentales a la
a la salud, a la vida, a la dignidad salud, a la vida, a la dignidad humana y
humana y “[…] a un ambiente sano […]” “[…] a un ambiente sano […]” y, se
y, se efectuaron otras solicitudes 43. efectuaron otras solicitudes,

43 “[…] SEGUNDO: generación de proyectos de ayuda municipal frente al resuelve de problemas de carácter

urgente = contratación de urgencia- aplicativo de la Ley 1523 de 2012.

TERCERO: Intervención del presidente como ordenador del gasto, para la generación de un proyecto
destinado a la compra de terrenos y adecuación de un nuevo relleno sanitario

CUARTO: Generación de políticas públicas sobre el reciclaje y la disposición de residuos sólidos:

22

Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

correspondientes a aquellas enlistadas
en el numeral 6 de esta providencia.

57. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, respecto de la Nación –
Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento de Santander, el Municipio
de Piedecuesta, el Municipio de Girón, el Municipio de Floridablanca, el Municipio
de Bucaramanga se trata del mismo escrito de tutela.

58. Igualmente, la Sala observa que, a excepción de lo que concierne a la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, coincide la causa entre las solicitudes de
amparo, toda vez que ambas acciones de tutela giran en torno a que, a juicio del
actor, las autoridades demandadas no han cumplido en su totalidad la orden judicial
impartida dentro de la acción popular, en la cual se les impuso a las autoridades
competentes el cierre del relleno sanitario El Carrasco ubicado en la ciudad de
Bucaramanga (Santander) y se les ordenó adoptar un nuevo lugar para la
recolección de los residuos de basura de la región.

59. Finalmente, la Sala encuentra que existe identidad de objeto, en tanto que
los derechos fundamentales invocados en una y otra acción son idénticos y las
pretensiones son las mismas.

60. Al respecto, la Sala precisa que a la fecha continúa en curso el incidente de
desacato dentro de la acción popular de la referencia, sin que, del escrito de tutela
se advierta algún hecho o decisión nueva que implique hacer un estudio del caso
bajo supuestos fácticos y jurídicos distintos a aquellos que fueron objeto de estudio
por la Sección Cuarta de esta Corporación.

61. Ahora bien, corresponderá a la Sala determinar si la conducta del actor puede
ser calificada como temeraria.

1. Exigir un determinado peso de residuos máximo a generar POR PREDIO.

2. Exigir una cuota de reciclaje POR PREDIO.

La ley está destinada a coartar las conductas destructivas del ser humano se deberá buscar e Impedir o
minimizar los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y
peligrosos, y en especial minimizar la cantidad o peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición final.

QUINTO: la vinculación de (sic) en pro de las consideraciones que reúnen el documento […]

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

62. Al respecto, según la jurisprudencia citada con anterioridad, una actuación es
considerada como temeraria en los eventos en que, además de advertirse la
identidad estudiada en precedencia, el juez en el caso concreto observa mala fe del
actor, que puede entenderse en los siguientes eventos: i) cuando su proceder es
amañado, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los
argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; ii) se advierta un propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable; iii) deje al descubierto el “[…] abuso del derecho porque deliberadamente
y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción […]”; o iv) se pretenda a través
de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia.

63. Ahora bien, en el caso concreto, en primera medida, tal cual como se expuso
previamente, salvo lo relacionado con la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se
configuró la identidad de causa y objeto entre la acción de tutela identificada con
el número único de radicación 110010315000202200766-00 y la presente acción de
tutela.

64. Sin embargo, la Sala encuentra que la actuación del actor no debe ser
calificada como temeraria, dado que no se advierte un propósito desleal de obtener
la satisfacción de su interés individual a toda costa, ni se evidencia una actuación de
mala fe por parte del actor, en la medida en que, él mismo puso de presente en la
solicitud de amparo de la referencia que previamente había interpuesto la otra
acción de tutela, por lo que no se le puede atribuir un propósito desleal en la
radicación del nuevo escrito de tutela.

65. En ese orden de ideas, la Sala advierte que se configura el fenómeno de la
cosa juzgada, pero no la actuación temeraria del actor.

Análisis del requisito de que la acción de tutela no se dirija contra una
sentencia de tutela

66. De conformidad con el cuadro expuesto en el numeral 54 de esta
providencia, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo comparte
identidad de causa y objeto con la acción de tutela cuestionada, toda vez que, en
últimas, el actor controvierte la presunta falta de cumplimiento de la orden judicial

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

impartida dentro de la acción popular identificada con el número único de
radicación 680012331000200202891-00, frente a lo cual interpuso la primera
acción de tutela, en la que el juez constitucional advirtió la falta de cumplimiento
del requisito de subsidiariedad; decisión que el actor no comparte, razón por la cual
promovió la solicitud de amparo de la referencia, insistiendo en sus pretensiones.

67. En ese orden de ideas, se evidencia que el actor interpuso la acción de tutela
contra la sentencia de 17 de marzo de 2022 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado dentro del marco de una solicitud de tutela, por lo que, con
fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se debe declarar
improcedente.

68. En ese sentido, resulta preciso indicar que, en los términos de la sentencia
SU – 627 de 201544, la presente solicitud de amparo cuestiona la decisión proferida
dentro de la acción de tutela identificada con el núm. único de radicación
110010315000202200766-00. Al respecto, se advierte que, aun cuando la
providencia la profirió un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional, no se
acreditó el requisito de procedibilidad excepcional de la solicitud de tutela contra
tutela consistente en que se presente el fenómeno de cosa juzgada fraudulenta,
por cuanto no se acreditó de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en
la anterior acción de tutela fuera producto de una situación de fraude, en tanto que,
contrario a lo señalado por el actor, la Sección Cuarta del Consejo de Estado realizó
una interpretación razonable de los derechos fundamentales invocados por el
tutelante.

Conclusiones de la Sala

69. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala modificará la sentencia de tutela de 12 de mayo
de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual quedará
establecida en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente a la
solicitud de amparo presentada por José Augusto Tamara Garrido contra la Nación –
Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento de Santander, el Municipio de

44 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 del 1. ° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

Piedecuesta, el Municipio de Girón, el Municipio de Floridablanca y el Municipio de
Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por
José Augusto Tamara Garrido contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela de 12 de mayo de 2022 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual quedará establecida en los
siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente a la
solicitud de amparo presentada por José Augusto Tamara Garrido contra la Nación –
Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento de Santander, el Municipio de
Piedecuesta, el Municipio de Girón, el Municipio de Floridablanca y el Municipio de
Bucaramanga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por
José Augusto Tamara Garrido contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201886-01
Actor: José Augusto Tamara Garrido

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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