Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04694-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04694-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-04694-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-00
Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado- Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA – Presupuestos de procedencia /
COSA JUZGADA – Configuración / TEMERIDAD – Por el ejercicio abusivo de la
acción de tutela.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor José Augusto Tamara
Garrido-
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 9 de agosto de 2023 el señor José Augusto Tamara Garrido presentó acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
salud, a la vida digna y al medio ambiente sano. Considera que tales prerrogativas
fueron vulneradas por: (i) la Sección Primera del Consejo de Estado al expedir la
sentencia de tutela de segunda instancia del 9 de junio de 2022, en el marco de la
acción de tutela tramitada con el número de radicado 11001-03-15-000-2022-01-
886-00/012; (ii) la Sección Cuarta del Consejo de Estado al expedir la sentencia de
tutela del 17 de marzo de 2022, en el marco de la acción de tutela tramitada con
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Acción de tutela interpuesta por el señor José Augusto Tamara Garrido en contra de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el
departamento de Santander, los municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga, y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. Sentencia notificada el 15 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-00
Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado-Sección -Primera y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
número de radicado 11001-03-15-000-2022-00766-00 3 ; (iii) la Presidencia de la
República; (iv) el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; (v) el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi; (vi) el departamento de Santander; y (vii) los municipios
de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga.
2.- De conformidad con lo indicado por el accionante, varios municipios del
departamento de Santander, entre los que se encuentran Bucaramanga,
Floridablanca y Girón, atraviesan una grave crisis en la recolección de la basura, en
atención a los distintos problemas de funcionamiento del relleno sanitario El
Carrasco.
3.- Mencionó que, pese a que el Tribunal Administrativo de Santander en el año
2011 ordenó el cierre del mencionado relleno sanitario en el marco de una acción
popular; los municipios de Bucaramanga, Girón y Floridablanca se han visto
obligados a incumplir la orden judicial a través de decretos que han declarado la
emergencia sanitaria.
4.- Señaló que, aunque han transcurrido más de 7 años desde que se profirió la
decisión en la acción popular referenciada, los habitantes de esos municipios
continúan sin una solución definitiva que permita el correcto tratamiento de los
desechos, motivo por el que las administraciones han tenido que seguir haciendo
uso del relleno sanitario El Carrasco, pues trasladar la basura a otros municipios es
costoso y logísticamente difícil.
5.- Indicó que, como consecuencia de lo anterior, se han agravado los problemas
ambientales y de salud en la ciudad de Bucaramanga, comoquiera que el relleno
sanitario está ubicado en la parte suroccidental de esa ciudad y recibe
aproximadamente 1000 toneladas de residuos sólidos al día; y los controles
legislativos, administrativos y disciplinarios han sido insuficientes.
6.- Debido a los hechos expuestos, el demandante interpuso una primera acción de
tutela, la cual fue conocida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, en
sentencia del 17 de marzo de 2022, declaró improcedente el amparo constitucional
por no acreditar el requisito de subsidiariedad4 . Particularmente, argumentó que en
atención a la naturaleza colectiva de los intereses que se pretendían defender, el
mecanismo judicial idóneo era la acción popular dispuesta en la Ley 472 de 1998.
7.- En contra de la decisión anterior, el actor interpuso una segunda acción de tutela
en la que insistió en los argumentos presentados, pero adicionalmente señaló que la
sentencia del 17 de marzo de 2022 constituía un hecho nuevo. Sin embargo,
mediante sentencia del 12 de mayo de 2022 la Sección Quinta del Consejo de Estado
3 Acción de tutela interpuesta por el señor José Augusto Tomara Garrido en contra de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de Santander y los municipios de
Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga. Sentencia notificada el 24 de marzo de 2022.
4 Sentencia de tutela del 17 de marzo de 2022, proferida en el marco de la acción de tutela tramitada con número
de radicado 11001-03-15-000-2022-00766-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-00
Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado-Sección -Primera y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
declaró improcedente la acción de tutela por considerar que la misma no acreditaba
las condiciones de procedencia de un amparo interpuesto en contra de una
providencia de la misma naturaleza5.
8.- Impugnada la decisión anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante sentencia del 9 de junio de 2022, modificó la sentencia de tutela de primera
instancia6, en el sentido de declarar (i) la cosa juzgada constitucional frente a la
solicitud relacionada con las presuntas omisiones de las autoridades administrativas
accionadas en la garantía del derecho al medio ambiente sano; y (ii) declarar
improcedente la acción de tutela interpuesta en contra de la sentencia de tutela
dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
9.- El accionante interpone una nueva acción de tutela en contra de las autoridades
accionadas, por considerar que las sentencias de tutela que han sido dictadas no se
han pronunciado de fondo respecto de la crisis ambiental que enfrenta el
departamento de Santander, como consecuencia de la omisión en la adopción de
medidas que permitan el adecuado manejo de los desechos que hoy son enviados
al relleno sanitario El Carrasco.
10.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente7:
<< PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales y colectivos tales como el derecho
a un ambiente sano, derecho a una vida digna y derecho a la salud.
SEGUNDO: EXORTAR LA GENERACION DE PROYECTOS DE AYUDA
MUNICIPAL FRENTE AL RESUELVE DE PROBLEMAS DE CARÁCTER URGENTE
= CONTRATATACION DE URGENCIA- APLICATIVO DE LA LEY 1523 DE 2012
POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE GIRON – FLORIDABLANCA Y
BUCARAMANGA SANTANDER. Para dar solución al problema y necesidad de
primer nivel “RELLENO SANITARIO MUNICIPAL”
TERCERO: Intervención del presidente como ordenador del gasto, para la
generación de un proyecto destinado a la compra de terrenos y adecuación de un
nuevo relleno sanitario PARA LOS MUNICIPIOS DE GIRON – FLORIDABLANCA Y
BUCARAMANGA SANTANDER.
CUARTO: Generación de políticas públicas sobre el reciclaje y la disposición de
residuos sólidos POR PARTE DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE:
1. Exigir un determinado peso de residuos máximo a generar POR PREDIO.
2. Exigir una cuota de reciclaje POR PREDIO.
La ley está destinada a coartar las conductas destructivas del ser humano se deberá
buscar e Impedir o minimizar los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente
que ocasionan los residuos sólidos y peligrosos, y en especial minimizar la cantidad
o peligrosidad de los que llegan a los sitios de disposición final
5 Sentencia de tutela del 12 de mayo de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el
marco de la acción de tutela con número de radicado 11001-03-15-000-2022-01886-00.
6 Sentencia de tutela de segunda instancia proferida el 9 de junio de 2022 por la Sección Primera del Consejo
de Estado, en el marco de la acción de tutela con número de radicado 11001-03-15-000-2022-01886-01.
7 Expediente digital, Folios 23 a 24 del escrito de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-00
Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado-Sección -Primera y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
QUINTO: la vinculación de en pro de las consideraciones que reúnen el
documento>>.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
11.- El 18 de septiembre de 2023 8 , se admitió la acción de tutela 9 y se ordenó
notificar de su presentación a las autoridades judiciales demandadas. Igualmente se
requirió a la Secciones Cuarta y Primera del Consejo de Estado, respectivamente,
para que remitieran copia de los expedientes de tutela identificados con número de
radicado 11001-03-15-000-2022-00766-00 y 11001-03-15-000-2022-01886-00/01.
Asimismo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible10
12.- La cartera ministerial indicó que no le constan los hechos, y adicionalmente
solicitó que se declarara la improcedente el amparo y se le desvinculara; en tanto no
se cumplen los presupuestos del juicio de procedencia de la acción de tutela para
proteger derechos colectivos, y existe falta de legitimación en la causa por pasiva.
(ii) Instituto Geográfico Agustín Codazzi11
13.- El señor Jorge Eduardo Torres Manrique, anunciándose como Director
Territorial de la entidad en Santander 12 solicitó la desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
(iii) Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga13
14.- Solicitó que se declare improcedente la tutela, pues no es el mecanismo judicial
idóneo para la protección de derechos colectivos, y no se probó la existencia de un
perjuicio irremediable. Adicionalmente los derechos que se invocan ya fueron
protegidos en el marco de la acción popular 680013331004-2002-289, y el ente
territorial ha desplegado todas sus capacidades técnicas para adelantar las acciones
necesarias para el cumplimiento de dicha orden judicial, informando oportunamente
de las mismas al juez popular. En ese sentido solicita que se declare la carencia
actual de objeto por hecho superado.
(iv) Consejo de Estado – Sección Primera14
8 Notificado el 4 de octubre de 2023.
9 Previamente por auto del 31 de agosto de 2023 se había inadmitido.
10 Intervención digital contenida en 7 folios, enviada el 27 de septiembre de 2023.
11 Intervención digital contenida en 3 folios, enviada el 27 de septiembre de 2023.
12 No se presentaron los documentos que acrediten esa calidad.
13 Intervención digital contenida en 10 folios, enviada el 27 de septiembre de 2023.
14 Intervención digital contenida en 13 folios, enviada el 27 de septiembre de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-00
Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado-Sección -Primera y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15.- El consejero Hernando Sánchez Sánchez, como ponente en la acción de tutela
110010315000202201886-01 expuso el trámite de la misma, y solicitó que la
presente acción constitucional se declare improcedente, en tanto (i) no se acredita el
requisito general de relevancia constitucional, y (ii) la sentencia de tutela censurada
no se enmarca dentro de los criterios jurisprudenciales para la procedencia
excepcional de otra acción de tutela contra la misma.
(v) Secretaría Ambiental de Santander 15
16.- La señora Carmen Elisa García Pardo, anunciándose como Secretaria
Ambiental Encargada de la Gobernación de Santander 16 solicitó declarar
improcedente el amparo la ausencia de los presupuestos procesales de legitimación
en la causa con respecto al ente territorial, subsidiariedad y existencia de un perjuicio
irremediable. En concordancia con ello, pidió la desvinculación de este proceso.
(vi) Departamento Administrativo de la Presidencia de la República17
17.- El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó
declarar improcedente la acción de tutela y ordenar su desvinculación, por falta de
legitimación en la causa por pasiva; y de manera subsidiaria, negar el amparo de los
derechos fundamentales, ante la inexistencia de una conducta vulneradora de su
parte.
18.- Señaló que en lo relacionado con (i) los cuestionamientos a las sentencias de
tutela proferidas por las Secciones Cuarta y Primera del Consejo de Estado en el
marco de acciones de tutela identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2022-
01886-00 y 11001-03-15-000-2022-01886-00/01, respectivamente, no existe una
conducta vulneradora que le pueda ser reprochada, como quiera que la Presidencia
de la República no tiene la facultad de intervenir en las decisiones judiciales; y (ii)
frente a la omisión de las autoridades en la adopción de una política clara respecto
de la disposición de los desechos en el departamento de Santander, explicó que de
acuerdo con el artículo 2.3.2.3.4. del Decreto 1077 de 201518, la disposición final de
los residuos sólidos es competencia exclusiva de los entes territoriales.
(vii) José Augusto Tamara Garrido19
19.- Luego de admitida la acción de tutela el accionante presentó 2 memoriales 20, a
través de los cuales se pronunció sobre la intervención del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; y aportó un documento adicional para ser tenido en cuenta en
la presente tutela.
15 Intervención digital contenida en 6 folios, enviada el 28 de septiembre de 2023.
16 No se presentaron los documentos que acrediten esa calidad.
17 Intervención digital contenida en 17 folios, enviada el 6 de octubre de 2023.
18 “Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.
19 Intervención digital contenida en 17 folios, enviada el 6 de octubre de 2023.
20 Radicado el 27 de septiembre y el 4 de octubre de 2023.
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Accionante: José Augusto Tamara Garrido
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestiones previas
20.- La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la Secretaría Ambiental de Santander y la Presidencia de la República,
pues sin perjuicio del estudio que habrá de realizarse en la presente providencia, la
solicitud de amparo se enmarca en el contexto de una problemática en la cual le
pueden asistir responsabilidades a las mencionadas entidades, en virtud de las
competencias constitucionales y legales que les asisten.
21.- De igual forma se precisa que no se tendrán en cuenta los memoriales
aportados por el accionante con posterioridad a la admisión, pues el carácter informal
y sumario de la acción de tutela hace que escapan de su naturaleza etapas
procesales como la reforma o ampliación de la demanda, los alegatos y en general
cualquier escenario posterior al traslado para ampliar lo dicho en la demanda, en
tanto aceptar ello supondría una vulneración a los derechos de defensa que las
accionadas.
D. Configuración de la cosa juzgada constitucional y la temeridad en la
acción de tutela
22.- De conformidad, con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción
de tutela es un mecanismo judicial diseñado para la protección de los derechos
fundamentales. Sin embargo, su ejercicio no puede desconocer elementos de suma
relevancia en el marco del ordenamiento jurídico, como es el caso de la cosa
juzgada, la cual constituye una institución que reconoce el respeto por las decisiones
judiciales y brinda una garantía de seguridad jurídica.
23.- En este sentido, las decisiones judiciales adoptadas en el marco de una acción
de tutela también están sometidas a los parámetros de la cosa juzgada, como quiera
que la Constitución de 1991, en su artículo 243, dispuso que “los fallos que la Corte
dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional”. Particularmente, la Corte Constitucional ha considerado que una
sentencia de tutela hace tránsito a cosa juzgada constitucional (i) cuando es
seleccionada para revisión por parte de dicha corporación y fallada en la respectiva
Sala o, (ii) cuando surtido el trámite de selección, sin que ésta haya sido escogida
para revisión, concluye el término establecido para que se insista en su selección21.
21 Corte Constitucional, Sentencias SU-349 de 2019 y SU-627 de 2015.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
24.- De conformidad con ese alto tribunal22, en el marco de una acción de tutela se
configura la cosa juzgada constitucional cuando, además de las condiciones
expuestas en el párrafo anterior, el amparo constitucional: “(i) se adelante con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que resolvió el asunto de fondo; (ii)
guarde identidad de partes respecto del primero, esto es, al proceso deben
concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas
por la decisión que constituye cosa juzgada; (iii) debe presentar identidad de objeto,
de modo que la demanda debe girar sobre la misma pretensión acerca de la cual se
decidió y que dio origen a la cosa juzgada; y (iv) debe configurarse identidad de
causa, lo cual supone que se adelanta por los mismos motivos que originó el proceso
anterior, en otras palabras, por idénticos hechos y, debido a ello, la razón de la
demanda no varía. Lo anterior implica que cuando el segundo proceso tiene nuevos
hechos o elementos, el juez puede pronunciarse únicamente respecto de estos
últimos”23 (negrilla del original).
25.- Ahora bien, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 señala que “cuando, sin
motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
26.- Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU-027 de 2021 explicó que
el ejercicio temerario de la acción de tutela exige la configuración de la cosa juzgada
constitucional, es decir la verificación de la triple identidad antes señalada; así como
la comprobación de que el actor está actuando de mala fe en el ejercicio sucesivo de
varias acciones de tutela, con la única finalidad de lograr una decisión favorable a
sus intereses sin importar el número de veces que requiera accionar el aparato
jurisdiccional. En contraste, ese Tribunal ha sostenido que bien puede configurarse
la cosa juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda
tutela, debido a (i) la condición de ignorancia o indefensión del accionante, porque
aquel actúa por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho; (ii) el asesoramiento errado de un profesional del derecho; o (iii) la
consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela o que se omitieron el trámite de la misma.
27.- En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en
cuanto comparten los mismos elementos objetivos, esto es requieren que se hayan
presentado varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los
mismos hechos y por iguales razones. Sin embargo, para que se acredite un
ejercicio temerario se requiere la constatación del ejercicio abusivo del amparo
constitucional, es decir, de la mala fe del actor en la búsqueda de una decisión
favorable a sus intereses a toda costa.
D. La acción de tutela interpuesta contra una sentencia de la misma naturaleza
22 Ibidem.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-611 de 2019.
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Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado-Sección -Primera y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
28.- En cuanto a la procedencia de la acción de tutela interpuesta contra una
providencia judicial, el Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y
reiterada que, los requisitos generales relacionados con su procedencia formal, son
los siguientes24: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que
se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora, (v) que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que
no se trate de sentencias de tutela.
29.- En cuanto al análisis de la acción de tutela interpuesta en contra de una
sentencia de la misma naturaleza, la Corte Constitucional admitió la procedencia
excepcionalísima de este supuesto, pues admitir lo contrario implicaría prolongar
indefinidamente los procesos de tutela, en desmedro tanto de la seguridad jurídica
como del goce efectivo, cierto y oportuno de los derechos fundamentales. Por ende,
la impugnación y la eventual selección para revisión de una tutela, constituyen el
mecanismo de control de las decisiones de tutela.
30.- En tal sentido, ese Tribunal en la sentencia SU-627 de 2015 sistematizó las
reglas de procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia de la misma
naturaleza, al señalar que, por regla general, este tipo de amparos son
improcedentes. En ese orden de ideas, precisó que (i) no es posible ejercer acción
de tutela en contra de una sentencia de tutela proferida en sede de revisión por parte
de este Tribunal, pues contra estas tan solo procede el incidente de nulidad en los
términos fijados por la jurisprudencia; (ii) cuando la sentencia de tutela es proferida
por otro juez o tribunal, es posible el ejercicio excepcional de la acción de tutela,
siempre que se demuestre a través de una exigente carga argumentativa la
configuración de una cosa juzgada fraudulenta y se acrediten los requisitos genéricos
de procedencia del amparo constitucional interpuesto en contra de una providencia
judicial.
31.- En línea con lo anterior, en sentencia T-322 de 2019 la Corte Constitucional
expuso que:
<<(…) quien pretenda la revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito
a cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente
carga argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan a la
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente
negligente y (ii) que la sentencia cuestionada no puede ser admitida debido a que
resulta evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una afectación
grave del patrimonio público. La Corte advierte que esta conclusión se desprende del
análisis conjunto de las diferentes providencias que, de una u otra forma, se han
ocupado de la materia. En adición a ello, es posible identificar un grupo de eventos
que, en principio, pueden ser considerados indicios de que se ha configurado una
situación fraudulenta.
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos
claros, ciertos, serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia
en la decisión adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que
la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de manera grave el
patrimonio público). En este sentido, no serán de recibo razones o interpretaciones
que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia atacada.
Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional >> (negrilla del original).
E. Análisis del caso concreto
32.- En el presente asunto el accionante cuestiona tanto las actuaciones y
omisiones de las distintas autoridades administrativas demandadas, relacionadas (i)
con el funcionamiento continuo del relleno sanitario El Carrasco y las presuntas
afectaciones ambientales y de salud que ello desencadena; y (ii) las decisiones de
tutela que fueron adoptadas por las Secciones Cuarta y Primera del Consejo de
Estado en el marco de dos procesos de tutela previos y que se identifican con el los
números de radicado interno 11001-03-15-000-2022-00766-00 y 11001-03-15-000-
2022-01886-00/01, respectivamente. La Sala anticipa que frente a los mismos
adoptará las siguientes decisiones: (i) Se declarará la temeridad en lo que tiene que
ver con la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por parte
del Presidente de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Instituto Agustín Codazzi, el departamento de Santander y los
municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga y la Sección Cuarta
del Consejo de Estado; y (ii) se declarara improcedente la acción de tutela
interpuesta en contra de la sentencia de tutela que dictó la Sección Primera del
Consejo de Estado.
Temeridad de la acción de tutela presentada en contra del Presidente de la
República, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto
Agustín Codazzi, el departamento de Santander, los municipios de Piedecuesta,
Girón, Floridablanca y Bucaramanga y la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
33.- De acuerdo al recuento fáctico realizado al inicio de esta providencia, la Sala
advierte que el accionante acude, por tercera vez a la acción de tutela para solicitar
al juez constitucional el amparo de los derechos al medio ambiente sano, la salud y
la vida digna, con fundamento en las omisiones de las autoridades administrativas
en cita para desplegar una solución definitiva que permita el adecuado manejo de
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-00
Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado-Sección -Primera y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
los desechos que hoy están siendo remitidos al relleno sanitario El Carrasco de la
ciudad de Bucaramanga.
34.- En ese sentido, se advierte la existencia de una triple identidad en todas las
acciones de tutela, como pasa a explicarse:
(i). Identidad de partes
35.- Lo primero que se identifica en relación con las partes es que, salvo la autoridad
judicial que profirió la sentencia de tutela del 9 de junio de 2022, existe una constante
entre la parte activa, el señor José Augusto Tamara y, por el extremo pasivo, la
Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Instituto Agustín Codazzi, el departamento de Santander y los
municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga. Así las cosas, es
posible afirmar que existe una identidad entre las partes del litigio, en relación con
controversias anteriormente resueltas.
36.- Particularmente, es importante indicar que entre la acción de tutela que
actualmente estudia la Sala y la que se identificó con número de radicado 11001-03-
15-000-2022-01886-00/01 en la que se dictaron las sentencias del 12 de mayo de
2022 y el 9 de junio de 2022, también coincide como autoridad judicial demandada
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
(ii). Identidad de causa petendi
37.- Esta situación se advierte al identificar que el origen de la controversia versa,
por un lado, sobre la falta de medidas adoptadas por las autoridades administrativas
demandadas respecto del destino de los desechos recolectados en distintos
municipios del departamento de Santander, los cuales hoy son enviados al relleno
sanitario El Carrasco de Bucaramanga incumpliendo la orden judicial dictada por el
juez de la acción popular y lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, así como agravando
la crisis ambiental de esa ciudad. Este elemento se encuentra presente en las tres
acciones de tutela que ha conocido esta corporación, pues las pretensiones son las
mismas en todos los casos.
38.- De otro lado, también discute la decisión adoptada por el Sección Cuarta del
Consejo de Estado en la sentencia dictada el 17 de marzo de 2022 en el proceso
con número radicado 11001-03-15-000-2022-00766-00 por desconocer la relación
que existe entre los hechos puestos de presente y los derechos fundamentales a la
vida digna y a la salud. En este caso, este elemento es objeto de debate tanto en la
acción de tutela que conocieron las Secciones Quinta y Primera del Consejo de
Estado en primera y segunda instancia, respectivamente, como en el proceso que
actualmente decide esta corporación.
(iii). Identidad de hechos
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-00
Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado-Sección -Primera y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
39.- En los tres escritos de tutela el accionante pone de presente los mismos
hechos, relacionados con la falta de adopción de medidas que garanticen el
adecuado tratamiento de los residuos que generan los diferentes municipios de
Santander y que hoy están siendo remitidos al relleno sanitario El Carrasco.
40.- La Sala advierte que ese litigio constitucional fue resuelto en la primera acción
de tutela, esto es la sentencia del 17 de marzo de 2022 adoptada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en el expediente con radicado 11001-03-15-000-2022-
00766-00, en la que se declaró improcedente el amparo constitucional interpuesto,
por no acreditar el requisito de subsidiariedad. En efecto, en esa oportunidad el juez
constitucional concluyó que los intereses que defiende el accionante son de
naturaleza colectiva y que, por ese motivo la acción de tutela no es el medio idóneo
para solicitar su protección, ya que esta última es un medio de defensa subsidiario
en el ordenamiento jurídico colombiano.
41.- Así pues, frente a esta presentación se concluye la existencia de una cosa
juzgada constitucional, como quiera que se acredita la triple identidad requerida y,
en todo caso, ambos procesos de tutela fueron excluidos de selección por parte de
la Corte Constitucional25. Por lo anterior, se declarará que la acción de tutela es
improcedente.
42.- Sumado a lo anterior, la Sala considera que en el presente caso existen
suficientes razones para considerar un uso abusivo de la acción de tutela con el
propósito de lograr de cualquier manera una decisión favorable a sus intereses. Si
bien se advierte que el señor José Augusto Tamara Garrido actúa a nombre propio
y no es un profesional en derecho, la Sala no puede pasar por alto las siguientes
situaciones:
a) En esta tercera acción de tutela, el accionante insiste en los mismos
argumentos puestos de presente en la solicitud de amparo que resolvió la Sección
Primera del Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia del 9 de junio
de 2022, pues textualmente indica que hace uso de ese mecanismo judicial, no solo
para que las entidades demandas apliquen la Ley 1523 de 2012, sino para que se
protejan sus derechos fundamentales.
b) En la sentencia de tutela de segunda instancia proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado en el proceso identificado con el número de radicado 11001-
03-15-000-2022-01886-00/01 se concluyó que en el amparo interpuesto en contra
de las autoridades administrativas, con excepción de las pretensiones dirigidas a
cuestionar el fallo de tutela de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, había
operado la cosa juzgada constitucional, en la medida en que se acreditaba la triple
25 Al expediente de tutela 11001-03-15-000-2022-00766-00, se le asignó en la Corte Constitucional el radicado
interno T-8.748.026 y fue excluido de selección mediante Auto del 30 de junio de 2022, proferido por la Sala Seis
de Selección de Tutelas de la Corte Constitucional. Por otro lado, el expediente 11001-03-15-000-2022-01886-
00/01 se le asignó en la Corte Constitucional el radicado interno T-8.885.838 y fue excluido de selección en el
Auto del 27 de septiembre de 2022, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Ocho.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-00
Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado-Sección -Primera y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
identidad respecto del proceso que culminó con la sentencia del 17 de marzo del
2022. Sin embargo, no se advirtió el ejercicio abusivo de la acción de tutela, al no
encontrar configurada la mala fe del accionante.
c) Pese a lo anterior, el accionante interpone la tercera tutela que actualmente
estudia la Sala, en la que se acredita la triple identidad de acuerdo con lo que se
indicó en párrafos anteriores. Sin embargo, de lo expuesto en el escrito de tutela se
advierte un elemento diferenciador, pues el demandante textualmente indica que aun
conociendo que su proceder es inadecuado y que con el mismo podía incurrir en una
actuación temeraria, mencionó textualmente en el escrito que ha interpuesto más de
5 acciones de tutelas por los mismos hechos, sin que se haya logrado una decisión
favorable, por lo que considera válido seguir haciendo uso del amparo
constitucional26.
43.- Si bien no basta la convergencia de los elementos objetivos para determinar la
temeridad, puesto que también es necesario verificar una falta de justificación para
la interposición de las tres acciones, en este caso se observa que el actor únicamente
indicó que sus derechos siguen siendo lesionados, no obstante, omite explicar en
qué consiste esa vulneración y la Sala tampoco advierte una vulneración evidente
de algún derecho fundamental. Adicionalmente, es censurable que en todas las
acciones de tutela interpuestas manifiesta bajo gravedad de juramento no haber
presentado otras acciones de tutela por los mismos hechos y derechos27, afirmación
que es contraria a la realidad.
44.- Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto el accionante actuó
con temeridad. En ese sentido, se estima procedente sancionar al señor José
Augusto Tamara Garrido con multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, por el ejercicio abusivo de la acción de tutela.
Improcedencia de la acción de tutela interpuesta en contra de la sentencia de tutela
de segunda instancia dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado el día 9
de junio de 2022
45.- Ahora, la Sala advierte que en la presente solicitud de amparo igualmente se
cuestiona la sentencia de tutela de segunda instancia proferida el 9 de junio de 2022
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que resolvió la acción de tutela 11001-
03-15-000-2022-01886-00/01 que acabamos de referir. Lo anterior, bajo los mismos
supuestos fácticos y la misma causa petendi expuestos en la acción de tutela 11001-
03-15-000-2022-00766-00.
46.- En ese orden de ideas, es claro que la acción de tutela es improcedente, como
quiera que, a todas luces no se acredita la carga argumentativa requerida para
demostrar la configuración de una cosa juzgada fraudulenta en la sentencia de tutela
cuestionada. Ello, en la medida en que el único argumento expuesto por el
26 Expediente digital, folio 14 del escrito de tutela.
27 Expediente digital, folio 41 del escrito de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-00
Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado-Sección -Primera y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
accionante para justificar su pretensión está relacionado con el hecho de que en la
página de consulta de esta corporación presuntamente apareció que el proceso de
tutela había sido fallado en su favor, pero cuando le notificaron la sentencia, la
decisión era contraria 28 . Sin embargo, no se aportan pruebas que acrediten tal
afirmación y, en todo caso, no es claro cómo esa situación hubiese podido
desencadenar un fraude en la sentencia de tutela.
47.- Finalmente, se resalta que la acción de tutela interpuesta en contra de la
sentencia de tutela de segunda instancia dictada por la Sección Primera de esta
Corporación tampoco acredita el requisito genérico de inmediatez, por cuanto la
citada providencia fue proferida y notificada hace más de 1 año. Incluso la decisión
de la Corte Constitucional, relacionada con la exclusión de la selección para eventual
revisión se tomó a través del auto del 27 de septiembre de 202229.
48.- De conformidad con lo expuesto, se advierte que, en el caso objeto de estudio
no se acreditan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela interpuesta en
contra de una sentencia de la misma naturaleza.
49.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el señor José
Augusto Tamara Garrido de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: IMPONER al señor José Augusto Tamara Garrido, a título de sanción
por la temeridad declarada, el pago de una multa equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, valor que deberá consignar en la cuenta corriente del Banco
Agrario 3-0820-000640-8, DTN- multas y cauciones efectivas del Consejo Superior
de la Judicatura, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito. Así como al Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
28 Expediente digital, folio 12 del escrito de tutela.
29 Auto notificado el 12 de octubre de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04694-00
Accionante: José Augusto Tamara Garrido
Accionado: Consejo de Estado-Sección -Primera y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE30
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
30 VF
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