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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07448-01

Fecha
31 de mayo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07448-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1 de marzo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la 8 Radicado: 11001-03-15-000-2023-07448-01 Demandante: José Augusto Támara Garrido solicitud de tutela presentada por José Augusto Támara Garrido contra el Consejo de Estado y otros, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07448-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

31 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07448-01
Demandante: José Augusto Támara Garrido
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera y otros

Temas: Tutela para efectuar gestiones necesarias para el cumplimiento
de un fallo popular / Temeridad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación formulada por José Augusto Támara Garrido, en
contra de la sentencia del 1 de marzo de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

José Augusto Támara Garrido promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y colectivos a un medio ambiente sano,
vida digna y salud, los cuales consideró vulnerados con ocasión del cierre definitivo
del relleno sanitario “El Carrasco”.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) El Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga, en audiencia de verificación
de fallo, celebrada el 29 de noviembre de 2018, con ocasión del trámite del incidente
de desacato a la sentencia proferida en la acción popular con radicado
68001233100020020289100, exhortó al director general de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA) para que diera cumplimiento al fallo y de forma
inmediata realizara el cierre definitivo del sitio de disposición final El Carrasco.

ii) Elevó solicitud de tutela contra:

• El presidente de la República, porque es a quien corresponde declarar el estado
de emergencia y, en este caso, se requiere la contratación de emergencia con
recursos que se encuentran por fuera del plan de gobierno de los municipios
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07448-01
Demandante: José Augusto Támara Garrido

implicados.

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ser el encargado de regular
el ordenamiento ambiental y los temas de disposición de residuos.

• El gobernador de Santander, porque es la máxima autoridad del departamento y
debe buscar una solución a los problemas generales de los municipios afectados
por la falta de un relleno sanitario en la capital y sus ciudades aledañas.

• Los alcaldes municipales de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga,
por ser los municipios afectados.

• El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por ser la entidad encargada de producir
el mapa oficial, la cartografía básica de Colombia, de elaborar el catastro nacional
y determinar las características de los suelos.

iii) De otra parte, mencionó como autoridades demandadas al Consejo de Estado,
Secciones Primera y Cuarta, al Tribunal Administrativo de Santander y los Juzgados
Quince Administrativo de Bucaramanga y Dieciséis Administrativo de Bogotá, pero
no especificó los motivos por los cuáles son demandados.

iv) Argumentó que los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados por las
autoridades demandadas, en la medida en que la disposición final de residuos
sólidos de varios municipios seguía sin una solución definitiva después de 15 años
de una administración defectuosa.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales y colectivos tales como el derecho
a un ambiente sano, derecho a una vida digna y derecho a la salud.

SEGUNDO: “AGUSTIN CODAZZI”: Según el Decreto 846 de 2021 - Gestor Normativo -
Función Pública

Son Funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi:

• Ejercer como autoridad en materia geográfica, geodésica, cartográfica, catastral y
agrológica nacional.
• Ejercer la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, agrología,
cartografía, geografía y geodesia, así como garantizar su adecuado cumplimiento. a.
Cuáles son los bienes Baldíos Vacantes Y Mostrencos – de propiedad del estado y los
16 municipios que componen el área metropolitana de Bucaramanga que según sus
función reguladora y ejecutora son actos según disposiciones del ANLA y CDM al igual
que el ministerio de medio ambiente actos para la construcción de un nuevo relleno
sanitario que surta la DEMANDA DE LOS MONICIPIOS EN SANTANDER QUE
REQUIEREN SU USO.

En atención a sus funciones solicito:

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07448-01
Demandante: José Augusto Támara Garrido

a. Cuáles son los bienes Baldíos Vacantes Y Mostrencos – de propiedad del estado y
los 16 municipios que componen el área metropolitana de Bucaramanga que según sus
función reguladora y ejecutora son actos según disposiciones del ANLA y CDM al igual
que el ministerio de medio ambiente actos para la construcción de un nuevo relleno
sanitario que surta la DEMANDA DE LOS MONICIPIOS EN SANTANDER QUE
REQUIEREN SU USO.

TERCERO “ALCALDES DE BUCARAMANGA Y OTROS 15 MUNICIPIOS QUE
UTILIZAN EL CARRASCO”

La Constitución Política establece: “ARTÍCULO 315. Son atribuciones del alcalde:

3. Dirigir la acción administrativa del municipio

5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del
municipio.

En dirección y atención a la problemática ambiental solicito:

a. Tienen indisposición o falta de conocimiento, inhabilidad u cualquier otra razón para
darle tramite y aplicación a la CONTRATATACION DE URGENCIA dispuesta en la LEY
1523 DE 2012.

CUARTO: EXORTAR LA GENERACION DE PROYECTOS DE AYUDA MUNICIPAL
FRENTE AL RESUELVE DE PROBLEMAS DE CARÁCTER URGENTE =
CONTRATATACION DE URGENCIA- APLICATIVO DE LA LEY 1523 DE 2012 POR
PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE GIRON – FLORIDABLANCA Y BUCARAMANGA
SANTANDER. Para dar solución al problema y necesidad de primer nivel “RELLENO
SANITARIO MUNICIPAL […]» (sic).

1.2. Informe rendido en el proceso

1.2.1. El municipio de Floridablanca1 solicitó que se declarara improcedente la
tutela porque persigue la protección de derechos colectivos, sin acreditar
circunstancias excepcionales para que proceda la tutela como mecanismo
transitorio.

1.2.2. La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga2 pidió declarar la falta
de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no contiene razones para vincular
a la entidad. De otra parte, sostuvo que la solicitud de tutela es improcedente para
la protección de derechos colectivos, puesto que el mecanismo idóneo para ello es
la acción popular. Por último, señaló que cumple el requisito de subsidiariedad, ya
que la parte actora cuenta con un mecanismo de defensa en la acción popular que
cursa en el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga bajo el radicado 68001-
23-31- 000-2002-02891-00.

1.2.3. La Secretaría Ambiental de Santander3 afirmó que de los hechos no se
desprende la existencia de una vulneración de derechos fundamentales al

1 Ver índice 17 de SAMAI.
2 Ver índice 17 de SAMAI.
3 Ver índice 19 de SAMAI.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07448-01
Demandante: José Augusto Támara Garrido

demandante, en la medida en que se trata de derechos colectivos para los cuales
existen otros medios de defensa.

Señaló que los hechos expuestos en la demanda fueron debatidos en las tutelas
con radicado 11001-03-15-000-2022-00766-00 y 11001-03-15-000-2023-04694-
00, las cuales fueron declaradas improcedente e, incluso, en la segunda de ellas se
le impuso multa al demandante por incurrir en temeridad.

1.2.4. El Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá4 manifestó que no vulneró
ninguno de los derechos fundamentales del demandante, pues, el 24 de junio de
2022, aquel presentó una acción popular a la que correspondió el radicado 11001-
33-35-016-2022-00226-00. En ese proceso, mediante auto del 28 de junio de 2022,
el juzgado declaró la falta de competencia y dispuso su remisión al Tribunal
Administrativo de Santander.

1.2.5. La Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de
Piedecuesta5 solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva,
ya que no tiene competencia para resolver los asuntos solicitados por el
demandante, además de no vulnerar derecho fundamental alguno.

1.2.6. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio6.

1.3 Sentencia de primera instancia7

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con sentencia del 1 de
marzo de 2024 declaró la improcedencia del amparo solicitado e impuso el
demandante una multa de un SMLMV, en favor del Consejo Superior de la
Judicatura, por considerar que existió temeridad en el uso de este mecanismo
constitucional, de manera que el ejercicio abusivo de este afecta y congestiona la
administración de justicia por lo que encontró mérito para imponer una sanción.

1.4. Escrito de impugnación8

José Augusto Támara Garrido impugnó la sentencia de primera instancia, para lo
cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela inicial.

2. Consideraciones

4 Ver índice 21 de SAMAI.
5 Ver índice 25 de SAMAI.
6 Mediante auto del 29 de enero de 2024, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular

las Secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado, al presidente de la República, a la ministra
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a los alcaldes de los municipios de Piedecuesta, Floridablanca
y Bucaramanga (Santander), al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y al juez 15
Administrativo de Bucaramanga.
7 Ver índice 13 de SAMAI. Uno de los magistrados que hicieron parte de la Sala de decisión presentó

salvamento de voto en el sentido de manifestar que el asunto no tiene relevancia constitucional.
8 Ver índice 17 de SAMAI

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07448-01
Demandante: José Augusto Támara Garrido

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) la competencia para decidir el recurso de amparo; ii)
problema jurídico; iii) de la procedencia de la solicitud de tutela; y iv) análisis de la
Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
Decreto 1382 de 20009, esta Sala es competente para conocer la presente
impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Problema jurídico

En los términos de la impugnación, esta Sala de decisión deberá determinar si: ¿la
presente solicitud de tutela se funda en idénticos hechos, objeto y pretensiones en
relación con las presentadas ante esta corporación con radicado 2014-220?

Solo de superar el anterior derrotero, se procederá a establecer si: ¿las entidades
demandadas vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora?

2.3. De la procedencia de la solicitud de tutela

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

« […] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4. La actuación temeraria en la solicitud de tutela

9 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07448-01
Demandante: José Augusto Támara Garrido

La solicitud de tutela [al constituirse en un mecanismo efectivo de defensa judicial
de los derechos constitucionales] cuenta con un procedimiento -que si bien es
sumario- garantiza el desarrollo de una actividad dotada de todas las posibilidades
de defensa para los involucrados, llegando –en todos los casos- al conocimiento de
la Corte Constitucional, a quien se le confió la guarda y supremacía de la Carta
Magna y ante quien opera un proceso de selección cuya decisión, en todo caso, le
imprime a las providencias de las instancias fuerza de cosa juzgada constitucional.

En este sentido, entonces, el uso de la solicitud de tutela debe ser racionalizado y
atender al hecho de que, una vez resuelto el caso por un Juez constitucional, éste
no puede ser puesto en conocimiento -bajo los mismos supuestos y con idénticas
pretensiones y partes- ante otra autoridad, pues ello implicaría un quebrantamiento
del principio de la cosa juzgada constitucional. Bajo esta óptica, entonces, el artículo
38 del Decreto 2591 de 1992 establece:

«[…] Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los
mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional
al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional,
sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar […]» (Subrayado fuera del texto).

Sin embargo, no es suficiente presentar una solicitud de amparo más de dos veces
ante un mismo despacho judicial para que se configure la actuación temeraria, ya
que deben concurrir una serie de requisitos establecidos por la Jurisprudencia de la
Corte Constitucional10, de la siguiente manera:

«[…] Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces,
con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es
indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de
tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo
sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través
de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el
ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que
le sirvan de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la
satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un
caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud
de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente
dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que
permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción […]» (Subrayado
fuera del texto).

De lo expuesto, se concluye que los jueces de tutela deben verificar
cuidadosamente los citados requisitos partiendo de la presunción de buena fe del
demandante, pues no es suficiente con el cumplimiento formal de los mismos, sino

10
Sentencia T-199 de 2011.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07448-01
Demandante: José Augusto Támara Garrido

que se hace necesario examinar las razones por las cuales se interponen las
demandas y evaluar si los motivos están plenamente justificados y, de esta manera,
determinar la existencia de una actuación temeraria.

2.5. El caso concreto

Ahora bien, teniendo en cuenta la normativa y la jurisprudencia aplicable y las
actuaciones surtidas en cada una de las solicitudes de tutela instauradas ante esta
corporación judicial es conveniente realizar un cuadro comparativo en el que se
observa la configuración de la temeridad.

NO. DE Radicado Radicado Radicado 20230469401
PROCESO 20220188601 2022007660011
Demandante: José Demandante: José Demandante: José
Augusto Támara Augusto Támara Garrido Augusto Támara Garrido
Garrido
Demandados: Demandado: Demandado: Secciones
República, el Presidencia de la Primera y Cuarta de
Ministerio de Ambiente República, el Ministerio Consejo de Estado,
y Desarrollo de Ambiente, la Presidencia de la
Sostenible, el Instituto Gobernación de República, el Ministerio
Geográfico Agustín Santander y los de Ambiente, la
PARTES
Codazzi, el municipios de Gobernación de
departamento de Piedecuesta, Girón, Santander y los
Santander, los Floridablanca y municipios de
municipios de Bucaramanga Piedecuesta, Girón,
Piedecuesta, Girón, Floridablanca y
Floridablanca y Bucaramanga
Bucaramanga y la
Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
Argumenta que sus Argumenta que sus Argumenta que sus
derechos derechos fundamentales derechos fundamentales
CAUSA fundamentales a la a la vida digna, ambiente a la vida digna, ambiente
PETENDI vida digna, ambiente sano y a la salud. sano y a la salud.
sano y a la salud.

Exhortar la generación Generación de Generación de proyectos
de proyectos de proyectos de ayuda. de ayuda.
ayuda. Intervención del Intervención del
OBJETO
Intervención del presidente. presidente.
presidente como Generación de políticas Generación de políticas
ordenador del gasto. públicas sobre reciclaje. públicas sobre reciclaje.

Así pues, pese a existir identidad de partes, causa petendi y objeto, no puede
hablarse siempre de que se ha configurado una acción temeraria, pues para que
ésta se configure se requiere que haya una actuación dolosa o de mala fe contra la
administración de justicia, por parte de quien invoca varios recursos de amparo.

11 El pronunciamiento no fue impugnado.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07448-01
Demandante: José Augusto Támara Garrido

En síntesis, el tutelante instauró la presente acción contra el Consejo de Estado,
Secciones Primera y Cuarta, Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente,
la Gobernación de Santander y los municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca
y Bucaramanga, con el fin de que cada una de las autoridades en el ámbito de sus
competencias tomen las determinaciones necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el fallo proferido en la acción popular 68001233100020020289100
consistente en el cierre definitivo del relleno sanitario El Carrasco.

Lo anterior, ya que considera que las autoridades demandadas no han efectuado
las acciones necesarias para garantizar la disposición final de residuos sólidos de
varios municipios.

Así pues, en el caso sub examine no se presenta un argumento válido que justifique
el uso indiscriminado de la solicitud de tutela, máxime cuando en los informes
rendidos las autoridades demandadas manifestaron que el actor de tutela ha
recurrido a diversos mecanismos constitucionales con el fin de obtener el
cumplimiento de una orden emitida por un juez popular para cuyo fin cuenta con los
mecanismos de defensa idóneos al interior del referido proceso, esto sin tener en
cuenta que en oportunidades anteriores ya se ha declarado la temeridad.

De tal manera, en la medida en que es reiterado el proceder del demandante, aun
conociendo los pronunciamientos previos de los jueces constitucionales en los que
se declaró la temeridad, esto afecta a la administración de justicia, razón por la cual
deberá mantenerse la decisión de imponerle multa por un SMLMV.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado, Secciones Primera y
Cuarta profirieron decisiones al respecto, se considera que en el sub examine operó
el fenómeno de la cosa juzgada, de donde no solamente se predican los efectos
procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, sino que igualmente se
producen efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación
jurídica objeto de litigio.

Lo anterior permite a la Sala concluir que en el presente asunto se configuró el
fenómeno de cosa juzgada con temeridad al incurrir en una conducta reiterada y
deliberada que afecta la correcta administración de justicia y, en consecuencia, la
Sala confirmará la decisión proferida en primera instancia mediante la cual declaró
improcedente la solicitud de tutela presentada por José Augusto Támara Garrido
contra el Consejo de Estado y otros.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 1 de marzo de 2024 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la

8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07448-01
Demandante: José Augusto Támara Garrido

solicitud de tutela presentada por José Augusto Támara Garrido contra el Consejo
de Estado y otros, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

9

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