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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07448-00

Tutela contra autoridades judiciales: improcedente ante la falta de carga

Fecha
1 de marzo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-07448-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor José Augusto Tamara Garrido, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Imponer al señor José Augusto Tamara Garrido, una multa equivalente al pago de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, en favor del Consejo Superior de la Judicatura, suma que deberá pagarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, en la cuenta corriente del Banco Agrario 3-0820-000640-8 DTN - multas y cauciones efectivas. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07448-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

1 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07448-00
Demandante: JOSÉ AUGUSTO TAMARA GARRIDO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

TUTELA CONTRA AUTORIDADES JUDICIALES – Improcedente ante la falta de carga
argumentativa respecto de la acción u omisión vulneradora de derechos fundamentales /
COSA JUZGADA Y TEMERIDAD – La parte actora ha presentado en varias ocasiones
tutelas por los mismos hechos, incurriendo en un abuso de este valioso mecanismo de
amparo constitucional, lo que se traduce en una conducta temeraria.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor José Augusto Tamara
Garrido contra las Secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado, el presidente
de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento
de Santander, los Municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga
(Santander), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Juzgado 15 Administrativo
de Bucaramanga y el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá.

I. ANTECE DENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 11 de diciembre de 2023 1, el señor José Augusto Tamara Garrido interpuso
acción de tutela contra las Secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado, el
presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Departamento de Santander, los Municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca
y Bucaramanga (Santander), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Juzgado
15 Administrativo de Bucaramanga y el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, con
el fin de que se protejan los derechos fundamentales «a un ambiente sano», a la
vida digna y a la salud. Formuló las siguientes pretensiones 2 (se transcriben
textualmente):

1 Se advierte que, el 6 de febrero de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Corresponden a las pretensiones contenidas en la subsanación a la demanda de tutela.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07448-00
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales y colectivos tales como el
derecho a un ambiente sano, derecho a una vida digna y derecho a la salud.

SEGUNDO: “AGUSTIN CODAZZI”: Según el Decreto 846 de 2021 - Gestor
Normativo - Función Pública

Son Funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi:

• Ejercer como autoridad en materia geográfica, geodésica, cartográfica,
catastral y agrológica nacional.
• Ejercer la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral,
agrología, cartografía, geografía y geodesia, así como garantizar su
adecuado cumplimiento. a. Cuáles son los bienes Baldíos Vacantes Y
Mostrencos – de propiedad del estado y los 16 municipios que
componen el área metropolitana de Bucaramanga que según sus
función reguladora y ejecutora son actos según disposiciones del ANLA
y CDM al igual que el ministerio de medio ambiente actos para la
construcción de un nuevo relleno sanitario que surta la DEMANDA DE
LOS MONICIPIOS EN SANTANDER QUE REQUIEREN SU USO.

En atencion a sus funciones solicito:

a. Cuáles son los bienes Baldíos Vacantes Y Mostrencos – de propiedad del
estado y los 16 municipios que componen el área metropolitana de
Bucaramanga que según sus función reguladora y ejecutora son actos según
disposiciones del ANLA y CDM al igual que el ministerio de medio ambiente
actos para la construcción de un nuevo relleno sanitario que surta la DEMANDA
DE LOS MONICIPIOS EN SANTANDER QUE REQUIEREN SU USO.

TERCERO “ALCALDES DE BUCARAMANGA Y OTROS 15 MUNICIPIOS QUE
UTILIZAN EL CARRASCO”

La Constitución Política establece: “ARTÍCULO 315. Son atribuciones del
alcalde:

3. Dirigir la acción administrativa del municipio

5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes
y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto
anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena
marcha del municipio.

• En dirección y atencion a la problemática ambiental solicito:

a. Tienen indisposición o falta de conocimiento, inhabilidad u cualquier otra
razón para darle tramite y aplicación a la CONTRATATACION DE URGENCIA
dispuesta en la LEY 1523 DE 2012.

CUARTO: EXORTAR LA GENERACION DE PROYECTOS DE AYUDA
MUNICIPAL FRENTE AL RESUELVE DE PROBLEMAS DE CARÁCTER
URGENTE = CONTRATATACION DE URGENCIA- APLICATIVO DE LA LEY
1523 DE 2012 POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE GIRON –
FLORIDABLANCA Y BUCARAMANGA SANTANDER. Para dar solución al
problema y necesidad de primer nivel “RELLENO SANITARIO MUNICIPAL”

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

De la confusa demanda de tutela, se extraen los siguientes supuestos fácticos y
jurídicos relevantes:

Afirmó el demandante que el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, en
audiencia de verificación de fallo, celebrada el 29 de noviembre de 2018, con

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07448-00
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

ocasión del trámite del incidente de desacato a la sentencia dictada en la acción
popular con radicado 68001-23-31-000-2002-02891-00, exhortó al director general
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para que diera
cumplimiento al fallo y de forma inmediata realizara el cierre definitivo del sitio de
disposición final El Carrasco.

Agregó que «existe en trámite acción popular sobre el tema en la cual se ha
preguntado y no se ha efectuado respuesta».

Adujo las siguientes razones para elevar la tutela contra las autoridades
demandadas:

• El presidente de la República, porque es a quien corresponde declarar el
estado de emergencia y, en este caso, se requiere la contratación de
emergencia con recursos que se encuentran por fuera del plan de gobierno
de los municipios implicados.
• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ser el encargado de
regular el ordenamiento ambiental y los temas de disposición de residuos.
• Gobernador de Santander, porque es la máxima autoridad del departamento
y debe buscar una solución a los problemas generales de los municipios
afectados por la falta de un relleno sanitario en la capital y sus ciudades
aledañas.
• Los alcaldes municipales de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y
Bucaramanga, por ser los municipios afectados.
• El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por ser la entidad encargada de
producir el mapa oficial, la cartografía básica de Colombia, de elaborar el
catastro nacional y determinar las características de los suelos.

De otra parte, en el escrito de tutela inicial mencionó como accionadas a las
Secciones Primera y Cuarta del Consejo de Estado, sin ahondar en las razones de
la supuesta transgresión cometida por esas autoridades judiciales.

De otra parte, en el encabezado mencionó al Tribunal Administrativo de Santander,
pero no especificó el motivo por el cual es demandado; tampoco hizo lo propio en
relación con los Juzgados 15 Administrativo de Bucaramanga y 16 Administrativo
de Bogotá.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 14 de diciembre de 2023, se inadmitió la tutela para que se
aclararan los hechos, las pretensiones y las razones por las cuales fueron

3

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Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

relacionadas a las autoridades mencionadas como demandadas. Posteriormente,
en providencia del 29 de enero de 2024, se admitió la solicitud de amparo y se
ordenaron las notificaciones de rigor.

2.1. El Municipio de Floridablanca solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela porque con ella se persigue la protección de derechos colectivos , sin
acreditar circunstancias excepcionales para que proceda la tutela como mecanismo
transitorio.

2.2. La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga expuso que la demanda
no contiene razones para vincular a la entidad, por lo cual debía declararse la falta
de legitimación en la causa por pasiva.

De otra parte, adujo que la acción de tutela deviene improcedente para la protección
de derechos colectivos, puesto que el mecanismo idóneo para ello es la acción
popular.

Adujo que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que la parte
actora cuenta con un mecanismo de defensa en la acción popular que cursa en el
Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga bajo el radicado 68001-23-31-
000-2002-02891-00.

2.3. La secretaria ambiental del departamento de Santander expuso que de los
hechos no se desprende la existencia de una vulneración de derechos
fundamentales al demandante, puesto que se trata de derechos colectivos para los
cuales existen otros medios de defensa.

Sostuvo que los hechos expuestos en la demanda fueron debatidos en las tutelas
con radicado 11001-03-15-000-2022-00766-00 y 11001-03-15-000-2023-04694-
00, las cuales fueron declaradas improcedente e, incluso, en la segunda de ellas
se le impuso multa al demandante por incurrir en temeridad.

Dijo que el escrito de subsanación del demandante no incluyó al Departamento de
Santander, al punto que no existen pretensiones frente a dicha entidad, por lo que
no resulta posible pronunciamiento sobre esos puntos.

2.4. El Juzgado 16 Administrativo de Bogotá señaló que no ha vulnerado ninguno
de los derechos fundamentales del demandante, toda vez que, el 24 de junio de
2022, él mismo presentó una acción popular a la que correspondió el radicado
11001-33-35-016-2022-00226-00. En ese proceso, mediante auto del 28 de junio

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Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de 2022, el juzgado declaró la falta de competencia y dispuso su remisión al
Tribunal Administrativo de Santander.

2.5. El jefe de la Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del Municipio de
Piedecuesta sostuvo que dicho ente territorial no ha vulnerado los derechos
fundamentales del actor, ni tiene competencia para resolver los asuntos solicitados
por él solicitados, razón por la cual debe declararse falta de legitimación en la causa
por pasiva.

2.6. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

La Sala determinará si frente a todas y cada una de las demandadas la tutela cumple
los requisitos de procedencia, bien de carácter general, ora contra providencia
judicial o si, por el contrario, existe duplicidad de acciones frente a un mismo debate
como se alega por alguna de las accionadas.

De darse una respuesta positiva, se declarará improcedente la tutela y se
determinará si hay lugar a declarar la existencia de cosa juzgada y/o temeridad. En
caso contrario, esto es, en caso de superarse los requisitos generales y no
advertirse la existencia de cosa juzgada o temeridad, se analizará si las
demandadas vulneraron los derechos reclamados por el demandante.

2. Análisis de la Sala

2.1. Improcedencia de la tutela frente a las autoridades judiciales demandadas

Del estudio de la demanda inicial y del escrito de corrección, se deduce que el señor
José Augusto Tamara Garrido presenta acción de tutela frente a las Secciones
Primera y Cuarta del Consejo de Estado, al Tribunal Administrativo de Santander y
los Juzgados 15 Administrativo de Bucaramanga y 16 Administrativo de Bogotá, sin
embargo, la solicitud carece de especificidad no solamente respecto de las
inconformidades expresadas, sino también frente a lo pretendido respecto de dichas
autoridades judiciales.

Aún más, el escrito tutelar tampoco contiene una carga argumentativa mínima que
pueda traducirse en verdaderos cargos o defectos que respalden la tesis de la
vulneración de los derechos fundamentales esgrimida por el actor.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07448-00
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Si la inconformidad surge del fallo de tutela proferido el 9 de junio de 2022 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en el expediente con radicado 11001-03-
15-000-2022-01886-01, lo cierto es que no se justifican las razones de procedencia
excepcionalísima de la acción de tutela contra tutela, y ni siquiera los requisitos
generales y específicos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la
prosperidad del mecanismo de amparo cuando se atacan providencias judiciales
distintas a las proferidas en procesos de tutela.

De hecho, ese asunto fue objeto de examen en la sentencia dictada el 20 de
noviembre de 2023 por esta Subsección, en el expediente de tutela con radicado
11001-03-15-000-2023-04694-00. Allí la Sala señaló:

[L]a presente solicitud de amparo igualmente se cuestiona la sentencia de
tutela de segunda instancia proferida el 9 de junio de 2022 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que resolvió la acción de tutela 11001- 03-15-
000-2022-01886-00/01 que acabamos de referir. Lo anterior, bajo los mismos
supuestos fácticos y la misma causa petendi expuestos en la acción de tutela
11001- 03-15-000-2022-00766-00.

46.- En ese orden de ideas, es claro que la acción de tutela es improcedente,
como quiera que, a todas luces no se acredita la carga argumentativa requerida
para demostrar la configuración de una cosa juzgada fraudulenta en la
sentencia de tutela cuestionada. Ello, en la medida en que el único argumento
expuesto por el accionante para justificar su pretensión está relacionado con el
hecho de que en la página de consulta de esta corporación presuntamente
apareció que el proceso de tutela había sido fallado en su favor, pero cuando
le notificaron la sentencia, la decisión era contraria. Sin embargo, no se aportan
pruebas que acrediten tal afirmación y, en todo caso, no es claro cómo esa
situación hubiese podido desencadenar un fraude en la sentencia de tutela.

47.- Finalmente, se resalta que la acción de tutela interpuesta en contra de la
sentencia de tutela de segunda instancia dictada por la Sección Primera de
esta Corporación tampoco acredita el requisito genérico de inmediatez, por
cuanto la citada providencia fue proferida y notificada hace más de 1 año.
Incluso la decisión de la Corte Constitucional, relacionada con la exclusión de
la selección para eventual revisión se tomó a través del auto del 27 de
septiembre de 2022.

En cuanto a la Sección Cuarta de esta Corporación, resulta que conoció de la tutela
con radicado 11001-03-15-000-2022-00766-00, que también fue declarada
improcedente porque se consideró que los argumentos del demandante debían
invocarse en la acción popular con radicado 68001-23-31-000-2002-02891-00, en
la que el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 16 de febrero de
2011, ordenó el cierre del relleno sanitario El Carrasco. Y agregó la Sección Cuarta
en aquella oportunidad, que lo relacionado con el cumplimiento de dicha orden
debía adelantarse en ese proceso, a través del incidente de desacato que se
encontraba en curso.

Así pues, si el reparo surge de esa decisión, la parte pudo impugnar la sentencia y,
sin embargo, no lo hizo, por lo que esta tutela no sería el medio para discutir el

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07448-00
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

contenido de esa decisión. De allí que, frente a ese caso, resulten extensibles los
argumentos expuestos por la Sala en la sentencia del 20 de noviembre de 2023
sobre la improcedencia de la tutela contra tutela.

En relación con el Tribunal Administrativo de Santander tampoco hay razones o
elementos que permitan determinar los argumentos en contra de alguna de sus
actuaciones. Y si de lo que se trata es del cumplimento a la decisión de la acción
popular, ese debate ya fue adelantado y definido por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado en la sentencia de tutela enunciada en precedencia.

Frente al Jugado 16 Administrativo de Bogotá, su única actuación fue la remisión
por competencia de una acción popular al Tribunal Administrativo de Santander.
Esa decisión no ha sido cuestionada en la tutela, como tampoco las actuaciones del
Jugado 15 Administrativo de Bucaramanga, pues, si es quien corresponde al
cumplimiento de la sentencia de la acción popular, no se observa la acción u omisión
que le es imputable y por qué la tutela es procedente para conjurar la vulneración.

Consecuente con ello, la Sala no tiene alternativa diferente a la declarar
improcedente la tutela frente a las autoridades judiciales mencionadas.

2.2. improcedencia de la tutela frente a las autoridades administrativas por
cosa juzgada y temeridad.

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 determina que se incurrirá en una conducta
temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».

La Corte Constitucional, en sentencia SU-168 de 2017, precisó que la temeridad se
configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad de partes, b)
identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) la ausencia de justificación
en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe
por parte del libelista. Sobre la configuración del último de los elementos
enunciados, manifestó:

El último de los elementos mencionados se presenta cuando la actuación del
actor resulta amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción
del interés individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho
porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o
pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien
administra justicia.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

9. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aún existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se
funda en: (i) la ignorancia del accionante; (ji) el asesoramiento errado de
profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un estado de
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En
estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no
se considera 'temeraria' y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción
en contra del demandante3.

La Corte Constitucional también ha sostenido que bien puede configurarse la cosa
juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela,
«debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno
de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de
la existencia previa de un recurso de amparo»4. Desprovisto de la mala fe propia de
la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando concurren los
siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes;
(ii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas
pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó
el anterior, es decir, por los mismos hechos, y (iv) que en el proceso de tutela
anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte Constitucional 5.

En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que se hayan
presentado varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los
mismos hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate
que quien ha acudido ante los jueces constitucionales, lo hace de mala fe, en forma
abusiva o con el propósito de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable
de los jueces, de suerte que, deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de
varios jueces para propiciar una decisión acorde a sus intereses.

La Corte Constitucional ha señalado que, aunque objetivamente se adviertan los
requisitos de la temeridad, existen circunstancias que impiden que se configure o
que sea declarada por el juez:

Con todo, se configurará la temeridad solo cuando concurran los siguientes
elementos: (i) identidad fáctica con otra acción de tutela; (ii) identidad de
demandante y de accionado; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción[52]. Esta situación supone un
desgaste al sistema judicial por capricho del accionante y por desconocimiento
del principio de buena fe. Con todo, la temeridad debe ser plenamente
acreditada y no puede ser inferida tras una simple revisión formal de las
acciones de tutela que llevan a suponer que se ha configurado dicha conducta.

3 Sentencia SU -168 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

4
Sentencia T-560 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Criterio reiterado en la
sentencia T-280 de 2017, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís.
5 Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07448-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Si hay concurrencia de los elementos citados, el juez podrá, rechazar de plano
la tutela o decidir negativamente la petición, cuando advierta que la actuación
(i) envuelva una actuación amañada, en la que se reservan para cada acción
los argumentos o pruebas que convaliden las pretensiones; (ii) denote un
interés desleal de alcanzar un beneficio individual al perseguir una
interpretación judicial favorable; (iii) evidencie el abuso del derecho al actuar
abiertamente de mala fe; (iv) pretenda asaltar la buena fe de los
administradores de justicia.[53]

Con todo, a pesar de la posible concurrencia de los citados elementos que dan
estructura a la figura de la temeridad, debe verificarse las circunstancias
particulares del caso concreto, en especial cuando se pueda advertir alguna de
las siguientes circunstancias: (i) la condición del actor que lo coloca en estado
de ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales
del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de
la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para
decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante: y por último (iv) se puede resaltar la
posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace
explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en
igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión.[54]6

En este caso, se observa que el señor Tamara Garrido pretende que se ordene
cumplir la decisión sobre el cierre del relleno sanitario El Carrasco y que se realicen
las gestiones necesarias para la disposición final de los residuos de los municipios
aledaños a Bucaramanga.

Por tal razón, interpuso la tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Agustín Codazzi, el
Departamento de Santander y los Municipios de Piedecuesta, Girón, Floridablanca
y Bucaramanga (Santander). Es decir, para que se ordenen las actividades
correspondientes dentro del marco de sus competencias.

Con todo, resulta que dicha discusión ha sido promovida por del demandante en
diferentes oportunidades, bajo la tesis de que está reclamando la protección de los
derechos fundamentales a la salud, al medio ambiente y la vida. Al respecto, existen
varias decisiones judiciales previas:

1. Radicado 11001-03-15-000-2022-00766-00

En primera instancia y, mediante sentencia del 17 de marzo de 2022, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la tutela por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad. Como fundamento, adujo que para debatir u obtener el

6 Corte Constitucional, sentencia T-579 de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07448-00
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

cumplimiento de la sentencia de la acción popular se contaba con el incidente de
desacato que se encontraba en curso. Dicha decisión no fue impugnada.

2. Radicado 11001-03-15-000-2022-01886-00

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente una segunda tutela
promovida por el actor porque no se cumplían los requisitos de tutela contra tutela.
También advirtió al demandante de que se abstuviera de formular nuevas por los
mismos hechos, dado que ya se había decidido el asunto en el radicado 2022-
00766-00. La sentencia fue impugnada.

3. Radicado 11001-03-15-000-2022-01886-01

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 9 de junio de 2022,
modificó la sentencia de la Sección Quinta de esta Corporación y dispuso:

PRIMERO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente a la
solicitud de amparo presentada por José Augusto Tamara Garrido contra la
Nación – Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento de
Santander, el Municipio de Piedecuesta, el Municipio de Girón, el Municipio de
Floridablanca y el Municipio de Bucaramanga, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo
presentada por José Augusto Tamara Garrido contra la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

El argumento de la decisión se basó en que frente a las autoridades administrativas
la tutela se fundaba en iguales aspectos a los del radicado 2022-00766-00, por lo
cual se presentaban los condiciones para declarar la cosa juzgada, pero se abstuvo
de declarar la temeridad.

En cuanto a los reparos frente a la decisión de la Sección Cuarta, adujo que la tutela
era improcedente porque no se cumplieron los requisitos generales.

4. Radicado 11001-03-15-000-2023-04694-00

En sentencia dictada el 20 de noviembre de 2023 por esta Subsección, se declaró
la existencia de cosa juzgada y temeridad frente a la vulneración supuestamente
cometida por las autoridades administrativas, relacionada con el funcionamiento del
relleno sanitario El Carrasco, dado que ese fue un asunto decidido en las tutelas
con radicados 2022-00766-00 y 2022-01886-00/01. Asimismo, se sancionó al actor
con multa por el ejercicio abusivo de la acción de tutela.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07448-00
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

En cuanto a los reparos contra la sentencia de la Sección Primera del Consejo de
Estado, declaró improcedente la tutela por incumplimiento de los requisitos
generales y espaciales de tutela contra tutela. La decisión se encuentra impugnada
y, a la fecha, no se ha proferido sentencia de segunda instancia.

Como puede verse, y sin necesidad de adentrarse en extensas consideraciones, el
debate frente a las autoridades administrativas ha sido expuesto por lo menos en
cuatro ocasiones, al punto que se ha declarado tanto la existencia de cosa juzgada
(en dos oportunidades) como la de temeridad. De allí que no hay duda de que la
acción de tutela que aquí se examina incurre en el mismo exceso, pues se trata de
un asunto que involucra a las mismas partes, con base en los mismos hechos y
persiguiendo el mismo objetivo. Se reitera, por tanto, la existencia de cosa juzgada
constitucional, pues el asunto ya se decidió y fue excluido de revisión por parte de
la Corte Constitucional.

Si bien para que se configure la temeridad, no basta la convergencia de los
elementos objetivos de la cosa juzgada, en esta oportunidad existen suficientes
razones para estimar que hay temeridad de la parte demandante, puesto que ha
recibido tres decisiones judiciales anteriores en las que se ha resaltado la
improcedencia de volver sobre esa discusión, y en dos de ellas se ha declarado la
cosa juzgada; por tanto, no se trata de un asunto novedoso o sorpresivo para el
actor, sino de una conducta reiterada, deliberada y contraria a la recta y leal
administración de justicia.

Para la Sala, resulta inaceptable que el demandante, una y otra vez, insista en un
debate que ya ha sido zanjado, con la intención de obtener a toda costa el
pronunciamiento de su preferencia, sin ponderar o detenerse en lo perjudicial que
resulta su conducta para el acceso a la administración de justicia de otros usuarios.
De modo que se declarará improcedente la tutela, por haberse configurado la
temeridad, y se le impondrá al señor José Augusto Tamara Garrido una multa
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

No sobra recordar que la acción de tutela es un valioso mecanismo constitucional
procedente exclusivamente en el evento en que se vea seriamente afectado el pleno
ejercicio de algún derecho fundamental, de ahí que su ejercicio abusivo termina por
afectar y congestionar la administración de justicia, en detrimento de los asuntos en
los que realmente están comprometidos derechos fundamentales y que están a la
espera de una decisión pronta, por lo que se exhorta al accionante de abstenerse
de seguir congestionando y desgastando la Administración de Justicia con

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07448-00
Demandante: José Augusto Tamara Garrido
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

peticiones de amparo abiertamente improcedentes e infundadas, debido a que ya
han sido decididas en oportunidades anteriores.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
José Augusto Tamara Garrido, de conformidad con lo razonado en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. Imponer al señor José Augusto Tamara Garrido, una multa
equivalente al pago de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, en favor del
Consejo Superior de la Judicatura, suma que deberá pagarse dentro de los veinte
(20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, en la cuenta corriente del
Banco Agrario 3-0820-000640-8 DTN - multas y cauciones efectivas.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha del encabezado y
firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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