República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04747-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
30 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alfonso Sánchez Méndez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial de reparación directa, que negó error
judicial en el medio de control y restablecimiento del derecho. Vulneración
de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido
proceso, a la seguridad social y a los derechos adquiridos y, defecto
sustancial por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Ausencia
del defecto invocado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación formulada por el accionante en contra de la sentencia
proferida el 26 de enero de 2024, por la Sección Tercera, Subsección C, de esta
corporación, que negó la acción de tutela.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Daniel Alfonso Sánchez Méndez, mediante apoderado, promovió demanda
en orden a que se protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, a los derechos
laborales y derechos adquiridos, que estima lesionados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y el Consejo de Estado, Sección
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
Tercera, Subsección A, al proferir las sentencias del 15 de marzo de 2017 y 17 de
febrero de 2023, respectivamente, a través de las cuales se negaron las pretensiones
de la demanda del medio de control de reparación directa, interpuesta por la parte
actora bajo el radicado 25000 23 36 000 2015 01734 01.
Como consecuencia de lo anterior solicitó lo siguiente:
[…]Por lo anterior, comedidamente solicito al Honorable Consejo de Estado, se sirva
amparar los derechos fundamentales que se consideran violentados, anulando o dejando
sin efecto o sin eficacia jurídica las sentencias tuteladas, ordenándoles dictar una nueva
teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales citados y, en especial, aplicando
rectamente el inciso 1º del art. 73 del CCA, ya comentado, imponiéndoles corregir las vías
de hecho o defectos atrás referidos y demostrados, recordándoles que deben emitir sus
fallos con absoluto apego al “…imperio de la ley…”, como lo ordena el artículo 230
Superior, dictando unas decisiones que se acomoden al valor JUSTO que les exige
el Preámbulo Superior.
Como quedó demostrado el error judicial estaba probado y fue negado contraevidente y
contra ley y contra precedentes. Contradictorio e injusto es que en un casos iguales,
precedentes en los que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han protegido los
derechos sustanciales reclamados por violación del inciso 1º del art. 73 citado, no se
hubiese dispensado igual justicia en la ANYRD y se hubiese negado, bajo graves vías de
hecho o defectos, el evidente error judicial en que allí se incurrió, afectando los derechos
sustanciales y fundamentales, en evidente desigual dispensa y trato judicial
discriminatorio.[…]
1.1.1. Hechos de la solicitud
Del escrito de tutela se extraen los siguientes hechos:
i) El señor Daniel Alfonso Sánchez Méndez fue designado por el alcalde del Municipio
de Chiquinquirá, Boyacá, como gerente de la empresa Saludchiq Sucre E.S.E - I.P.S,
mediante Decreto 0040 del 12 de agosto de 2003, por un periodo de 3 años
prorrogables por periodos iguales conforme al Acuerdo Municipal 014 del 15 de julio
de 2002, del cual tomó posesión el día 13 de agosto de 2003.
ii) El 30 de abril de 2004, fue notificado del Decreto 0057 de la misma fecha, por medio
del cual el alcalde del Municipio de Chiquinquira derogó la designación como gerente,
indicándole como fecha límite de sus labores el 6 de mayo de 2004.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
iii) Prestó sus servicios por 8 meses, tiempo en el cual no lo afiliaron a la seguridad
social ni le cancelaron salarios; no obstante, la Ordenanza Departamental 031 del 26
de agosto de 1991, establece una asignación básica mensual de $ 3.957.056 COP.
1.1.2. Fundamentos de derecho
La parte accionante consideró que la decisión tomada en primera y segunda instancia,
en el medio de control de reparación directa, en el cual se negaron las pretensiones
elevadas por error judicial, es producto de una vía de hecho y, adicionalmente, dichas
decisiones incurrieron en un defecto sustantivo, al no dar por demostrado el error
judicial en que incurrió el Tribunal Administrativo de Boyacá, al desconocer el inciso
1.º del artículo 73 del CCA1 y vulnerar el derecho al debido proceso.
Adicional a lo anterior, manifestó que trabajó por 8 meses, aproximadamente, sin
recibir ninguna contraprestación, afectando, su derecho fundamental al mínimo vital.
1.2. Actuación procesal
El 17 de noviembre de 2023, el despacho del magistrado Nicolás Yepes Corrales del
Consejo de Estado, (i) admitió la acción de la referencia en contra del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Subsección B; (ii) ordenó notificar a las accionadas para que dentro
del término de dos (2) días contados a partir de su recibo ejerzan su derecho a la
defensa; (iii) ordenó vincular, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto
2591 de 1991, al Municipio de Chiquinquirá que actuó como demandado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
15001333170320040229000/01, así como al Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, que profirieron las
sentencias de primera y segunda instancia, respectivamente, en el referido asunto,
para que en el término de dos (2) días contados a partir de la notificación de esta
providencia, se pronunciara sobre el contenido de la acción de amparo impetrada; (iv)
ordenó al Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Tunja, que en el
término más expedito remitiera, en medio digital, el expediente identificado con el
1 Código Contencioso Administrativo
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
radicado 15001333170320040229000/01; y (v) ordenó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Subsección B, que en el término más expedito remitiera, en medio
digital, el expediente identificado con el radicado 25000233600020150173400/01.
1.3. Intervenciones
1.3.1. Consejo de Estado, Sección Tercera
El magistrado José Roberto Sáchica Méndez se pronunció sobre la acción de tutela,
para lo cual manifestó que dicha acción no tenía vocación de prosperidad por carecer
de relevancia constitucional, debido a que en el asunto no se busca la protección de
un derecho fundamental, sino que, por el contrario, se pretende reabrir un debate ya
concluido, en la jurisdicción ordinaria, en el proceso primigenio de nulidad y
restablecimiento del derecho y, posteriormente, en sede de reparación directa por
error judicial.
1.3.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
El magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón argumentó que la presente acción no
está llamada a prosperar, pues el mecanismo de amparo constitucional frente a la
sentencia del caso en concreto es improcedente. Indicó que la pretensión del
accionante es convertir la acción de tutela en una instancia adicional al proceso
declarativo, toda vez que presenta una valoración subjetiva y realiza una serie de
objeciones respecto, de las consideraciones que se utilizaron para negar la
declaratoria del error judicial.
Señaló que, de accederse al petitum, se estaría abiertamente en una contrariedad al
principio constitucional de autonomía del juez y, en razón a este, no podría obligarse
al tribunal administrativo de Cundinamarca a dictar una sentencia en determinado
sentido, debido a que sería una restricción de las facultades concedida a los
administradores de justicia.
Finalmente, manifestó que la Sala no evidenció error judicial en la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dado que en su argumentación se indican
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
las razones jurídicas por las cuales consideró que el acto administrativo de
nombramiento del demandante se constituía en uno que, para su revocatoria, no
requería consentimiento previo y, en tal sentido, solicitó denegar los amparos
fundamentales invocados.
1.3.3. Municipio de Chiquinquirá, Boyacá
El jefe de la oficina asesora jurídica y de prevención del daño antijurídico del Municipio
de Chiquinquirá, respondió la acción de tutela e hizo alusión, inicialmente, a que
conforme a la jurisprudencia constitucional el mecanismo de amparo carece del
requisito de inmediatez, pues la interposición de la acción de tutela debe realizarse en
un plazo razonable que se circunscribe a seis (6) meses contados a partir de la
notificación de la decisión judicial y, al analizar el caso en concreto, se tiene que la
acción de tutela se interpuso después, dado que el fallo de segunda instancia fue
notificado el 9 de marzo de 2023.
Asimismo, señaló que la acción de tutela es improcedente por ausencia de legitimación
en la causa por activa y falta de acreditación de los requisitos mínimos para agenciar
derechos de otros ciudadanos, toda vez que el abogado, señor José Guillermo Roa
Sarmiento, no ha acreditó la calidad que lo faculte para representar los intereses de la
accionante y, adicionalmente, no demostró (i) que se estuviera causando vulneración
de un derecho propio, (ii) que pudiera ser considerado agente oficioso, en la medida
en que no se probó estado de indefensión, y (iii) gozar de poder especial amplio y
insuficiente para instaurar el presente medio de amparo constitucional.
Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa e incumplimiento del principio de inmediatez.
1.3.4. Los demás sujetos vinculados a la presente acción, no se pronunciaron sobre
los hechos y consideraciones de la demanda, a pesar de estar debidamente
notificados.
1.4. Otras actuaciones
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
El 30 de abril de 2024, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
encontrarse inmerso en la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene una relación de
amistad íntima y entrañable con la magistrada María Adriana Marín, quien suscribió la
decisión objeto de cuestionamiento.
1.5. Sentencia impugnada
El 26 de enero de 2024, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
declaró improcedente la acción de tutela, dados los siguientes considerandos:
i) La Corte Constitucional, en sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, señaló que el
juez de tutela «no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones» y, asimismo, el Consejo De Estado2
consideró necesario estudiar, en primer lugar, que el actor cumpla su carga
argumentativa y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración
de los derechos fundamentales y, en segundo lugar, que la acción de tutela no se
erija en un instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada.
ii) De acuerdo con lo anterior, la Corte en sentencia del 16 de junio de 20223, indicó
que en el caso de qué la acción de tutela fuera incoada en contra de una providencia
judicial emitida por una alta Corte, era necesario advertir, además de los requisitos
mencionados anteriormente, que debía darse una vulneración arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales.
iii) Del análisis efectuado al asunto ordinario resuelto por las autoridades judiciales
accionadas en la sentencia censuradas, se colige que estas presentaron argumentos
serios y coherentes, soportados en los elementos probatorios y en la jurisprudencia
aplicable al caso, pues las decisiones adoptadas al interior del proceso de nulidad y
2 Consejo De Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Corte constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
restablecimiento del derecho no adolecen de error judicial, por la suficiente
argumentación jurídica que respaldó la decisión de establecer que el acto de
nombramiento del accionante constituye un acto condición que no requería
consentimiento del titular para su revocatoria.
iv) En esos términos, es evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, en la medida en que se dirige a revivir el análisis
efectuado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de reparación directa, como si
la acción de tutela fuera un mecanismo adicional.
1.6. La impugnación
El señor Daniel Alfonso Sánchez Méndez, a través de su apoderado, impugnó el fallo
de primer grado, con fundamento en lo siguiente:
i) Establecer que la revocatoria del acto de nombramiento no requería el
consentimiento del servidor público, es un grave error normativo y fáctico constitutivo
de errores judiciales, al no tener en cuenta que para el 30 de abril de 2004, el
accionante llevaba laborando aproximadamente ocho (8) meses en el cargo para el
cual se le designó por tres (3) años prorrogables, sucesivamente por periodos iguales,
conforme al acuerdo municipal 014 del 15 de julio de 2002.
ii) Conforme a lo anterior, es claro concluir que dicho acto de nombramiento dejó de
ser un acto condición y pasó a consolidar derechos subjetivos y particulares, y otorgó
al accionante el derecho a permanecer en el cargo por el término que establecen las
normas.
ii) En el caso concreto, la situación se agrava porque la revocatoria del acto fue
abiertamente ilegal, por cuanto se hizo sin el consentimiento de la accionante y,
adicionalmente, porque no le fueron cancelados los salarios, prestaciones, seguridad
social, y todo lo que conlleva el derecho fundamental al trabajo.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20194, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Tercera de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
El consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta encontrarse inmerso en
la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene una relación de amistad íntima y
entrañable con la magistrada María Adriana Marín, quien suscribió la decisión objeto
de cuestionamiento.5
El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad
moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden
comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una garantía de
imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite
en los casos puestos a su conocimiento.
Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de
taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse
discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.
4Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
5 Manifestación de impedimento de fecha 30 de abril de 2024, visible en índice 4 del expediente digital del Consejo
de Estado.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código
de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual
prevé lo siguiente:
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario,
si fuere el caso.
Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto, debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional6 ha especificado que el atributo de
imparcialidad de los funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende,
el régimen de impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de
la Constitución, en cuanto deben procurar la protección de tal garantía constitucional.
También ha sostenido que la imparcialidad judicial, debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública (art. 209 C.P.)».7
La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la
ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien
administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la
honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la
6 Sentencia C-496 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa.
7 Ibidem.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la
vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial».8
En el presente caso, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta su
impedimento para conocer de la acción de tutela y, para tal efecto, invoca la causal
contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que
establece lo siguiente:
Art. 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
[…]
Lo anterior, al sostener una relación de amistad íntima y entrañable con la doctora
María Adriana Marín, quien suscribió la decisión objeto de la litis, esto es, la sentencia
del 17 de febrero de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con radicación 25000 23 36
000 2015 01734 01.
En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que,
una vez confrontada la causal invocada con la razón que expuso el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, es dable colegir que la discusión que llegue a darse en la acción
de tutela puede comprometer la decisión del consejero.
Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.
2.3. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Consejo de
8 Sentencia 365 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 15 de marzo de 2017 y el 17 de febrero
de 2023, respectivamente, dentro del proceso con radicado 25000 23 36 000 2015
01734 00/01.
En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al
debido proceso, a la seguridad social y al respeto de los derechos adquiridos y se
configuró el defecto sustantivo alegado por el accionante.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
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Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.5. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, la Sala establece
lo siguiente:
2.5.1. El municipio de Chiquinquirá, a través del Decreto 0040 de 20039, designó al
señor Daniel Alfonso Sánchez Méndez como gerente de la empresa Saludchiq Sucre
E.S.E y, posteriormente, a través del Decreto 0057 del 30 de abril de 2004 10, el ente
territorial revocó la anterior designación.
2.5.2. El 19 de agosto de 2004, el señor Sánchez Méndez instauró el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el objetivo de dejar sin efectos el
Decreto 0057 de 2004; inicialmente, el asunto fue de conocimiento de Juzgado
Administrativo de Descongestión de Tunja, bajo el radicado
15001333170320040229000, en el cual, el 30 de marzo de 201211, negó las
pretensiones y, el 24 de septiembre de 201312, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la decisión.
2.5.3. El 13 de noviembre de 2013, el señor Sánchez Méndez interpuso acción de
tutela contra las decisiones mencionadas en el inciso anterior, identificada con el
9 Folio 32 del índice 27 del expediente 11001031500020230474700, archivo FOLIOS 1 A 199.
10 Folios 5 - 7 ibidem.
11 Folios 3 - 14 del índice 27 del expediente 11001031500020230474700, archivo FOLIOS 253 A 311.
12 Folios 48 - 67 ibidem.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04747 01
Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
radicado 11001031500020130261300/01, que fue negada en primera instancia por la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 27 de febrero de 2014 y, confirmada, en
segunda instancia, por la Sección Cuarta el 12 de agosto de 2014.
2.5.4. El 22 de julio de 201513, interpuso el medio de control de reparación directa en
contra de la Rama Judicial, con fundamento en que se incurrió en un error jurisdiccional
por parte de las autoridades del proceso ordinario y los jueces de tutela, al aplicar de
forma indebida el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.
2.5.5. El 15 de marzo de 201714, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda e indicó que las
providencias atacadas no incurrieron en error judicial, comoquiera que tenían una
vasta argumentación y sustentación jurídica que les permitió determinar que el acto de
nombramiento del señor Daniel Alfonso Sánchez Méndez, no requería el
consentimiento previo para ser revocado.
2.5.6. El 17 de febrero de 202315, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, confirmó la decisión del Tribunal, al considerar que no existían elementos de juicio
por medio de los cuales se pudiera establecer que la tesis, que planteó el órgano de
cierre del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, resultará
contraria a una norma de derecho, razonable y jurídicamente atendible.
2.6. Caso concreto. Análisis de la Sala
2.6.1. Del cumplimiento de los requisitos generales en el asunto sub lite
a) ¿El asunto tiene relevancia constitucional?
En términos generales, para la Corte Constitucional, este requisito se entiende
satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata de un asunto que involucra
13 Folios 5 – 39 del índice 26 del expediente 11001031500020230474700, archivo 2015-01734-02 C
PPAL. TRIBUNAL.
14 Folios 2 – 64 del índice 26 del expediente 11001031500020230474700, archivo 2015-01734-02 CE
FOL. 1 AL 296.
15 Folios 106 – 120 del índice 26 del expediente 11001031500020230474700, archivo 2015-01734-02
CE FOL. 297 AL 364
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Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental o un
principio constitucional. De igual manera, se requiere que tal relevancia sea clara,
marcada e indiscutible.16
En igual sentido, la Corte ha sido diáfana en establecer que la finalidad de la
mencionada exigencia es la de preservar la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional e impedir que la acción de tutela se torne
en una instancia o recurso adicional de los procesos ordinarios.
Por su parte, la referida corporación judicial determinó los siguientes criterios para
estudiar si un asunto presenta o no relevancia constitucional, los cuales, a su vez, se
compilaron en la Sentencia SU-215 de 2022, a saber:
i) Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a
la determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la
correcta interpretación o aplicación de una norma de rango legal o
reglamentario, y que el debate no sea estrictamente monetario ni
connotaciones particulares o privadas que no representes un interés
general.17
ii) Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta
con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la
administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la
mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y
clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental».18
iii) Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la
16 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de
2022, proferidas por la Corte Constitucional.
17 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
18 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
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Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
tutela contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de
validez del fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional
solo se justifica si se verifica la existencia de «una actuación ostensible
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías
básicas del derecho al debido proceso».19
iv) Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento
judicial.20
De acuerdo con lo anterior, en el caso sub judice, la Sección Tercera, Subsección C,
del Consejo de Estado, en la sentencia de primera instancia, declaró improcedente la
presente acción de tutela porque no se cumplía con el requisito de la relevancia
constitucional.
Al respecto, el a quo explicó que los fundamentos expuestos por el accionante, pese
a que se alegó la vulneración de los derechos fundamentales, no contienen la carga
argumentativa ius fundamental necesaria que demuestre las razones de por qué el
asunto implica la intervención del fallador constitucional, sumado a que lo pretendido
es utilizar este escenario como una instancia adicional.
A pesar de lo anterior, esta Subsección revocará esta decisión, toda vez que encuentra
que el asunto sub lite sí tiene tal relevancia, en la medida de que el debate gira en
torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital, al debido proceso, a la seguridad social y al respeto de los derechos adquiridos.
De igual forma, se acredita tal presupuesto, puesto que, si prosperan los argumentos
que sustentaron el defecto sustantivo invocado, eso demostraría la vulneración de los
derechos fundamentales referidos.
b) ¿Se agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios en el trámite
del medio de control de reparación directa que dio origen a la sentencia objeto
de la tutela de la referencia?
19 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
20 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
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Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
Las providencias cuestionadas, proferidas en el trámite del medio de control con
radicado 25000 23 36 000 2015 01734 00/01, se emitieron en primera y segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, respectivamente.
Conjuntamente, no se evidencia que los argumentos esbozados se enmarquen en
alguna de las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión o
de unificación de jurisprudencia.
c) ¿Se entiende satisfecho el requisito de la inmediatez?
Sí, la presente acción se interpuso dentro de un término razonable, que no supera los
6 meses después de la ejecutoria de la sentencia, toda vez que la providencia de
segunda instancia, emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
el 17 de febrero de 2023, fue notificada el 9 de marzo de la misma anualidad y la acción
de tutela presentada el 30 de agosto de 2023.
Comoquiera que el municipio de Chiquinquirá, en su respuesta a la acción de tutela,
alegó el incumplimiento de este requisito, la Sala, al examinar el expediente digital del
proceso referido, observa que la providencia cuestionada, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, el 17 de febrero de 2023, fue notificada
electrónicamente el 9 de marzo de dicha anualidad21, por lo que el término de
ejecutoria empezó a correr a partir del día 14 de marzo de 2023 y finalizó el 16 de
marzo de 2023.
d) Así mismo, la solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los
argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos
fundamentales en la providencia enjuiciada.
e) Por último, el asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la
decisión objeto de litis se profirió dentro del trámite ordinario de reparación directa.
2.6.2. Estudio del defecto sustantivo invocado
21 Visible en el índice 40 del expediente con radicado 25000-23-36-000-2015-01734-01
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Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señaló que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.22
Aclarado lo anterior, en el presente asunto, el apoderado del señor Sánchez Méndez
indicó que las sentencias del 15 de marzo de 2017 y del 17 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca y el Consejo de Estado,
respectivamente, incurrieron en defecto sustantivo por las siguientes razones:
En primer lugar, al no dar por demostrado el evidente error judicial en que incurrió el
Tribunal Administrativo de Boyacá, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, «al hacerle quite o esguince» a (i) la ley, y a la prohibición o requisitos
exigidos por el inciso 1.º del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo23 y, (ii)
a los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
que regulaban la recta decisión del caso.
22 Corte Constitucional.Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-087 de
2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, T-830 de 2013 y SU-453 de 2019, entre otras.
23 En adelante, CCA.
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Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
En segundo lugar, para la fecha de la ocurrencia de los hechos, estaba en vigencia el
artículo 73 del CCA, en el cual se indicaba que cuando un acto administrativo haya
creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podía ser revocado sin consentimiento
expreso y escrito del respectivo titular.
En tercer y último lugar, porque la Corte Constitucional24 se pronunció al respecto e
indicó que «los actos administrativos de contenido particular y concreto, verbigracia el
acto de nombramiento de un servidor público, no pueden ser revocados por la
administración sin el consentimiento expreso del respectivo titular». Por otra parte, el
Consejo de Estado, en un caso igual, indicó que «resulta claro que por disposición del
legislador, los directivos de los hospitales públicos tienen un periodo de tres años
prorrogables, es decir tienen un término fijo para el desempeño del cargo, y sólo
pueden ser removidos cuando se demuestre ante las autoridades competentes, la
comisión de falta graves conforme al régimen disciplinario del sector oficial, faltas a la
ética, según las disposiciones vigentes, o por ineficacia administrativa»25, precedentes
que no fueron aplicados al caso que fue objeto de estudio.
Pues bien, para resolver la inconformidad expuesta, la Subsección considera
necesario analizar los argumentos en que se apoyó el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, para confirmar la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por el hoy
accionante.
Así, se advierte que la corporación judicial tutelada26, en la sentencia del 17 de febrero
de 2023, hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre la legitimación en la causa
por activa y la responsabilidad patrimonial del estado por error judicial, asuntos en
cuestión en el proceso ordinario. En este escenario, al resolver el caso en concreto,
sostuvo lo siguiente:
24 Sentencia T -957 del 16 de diciembre de 2011
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P Luis Rafael Vergara Quintero, radicado
52001233100020010122302.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
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Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
[…] Abordando el estudio del recurso, no encuentra la Sala que el Tribunal hubiere tenido
a su cargo desvirtuar la acusación por error judicial, tal como lo propone el recurrente [,]
pues, por un lado, su papel como juez de la causa no tiene como mandato el cometido
que ahora extraña el apelante, el que bien por el contrario reclamaba de su parte la carga
demostrativa del error advertido. Con esto, se repara en que la técnica de valoración
utilizada por el a quo para definir la causa, no es merecedora de reproche, como menos
aún la decisión que así adoptó al negar las pretensiones de la demanda. […]
El Consejo de Estado señaló que analizada la denegatoria de las pretensiones por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no se podía apreciar alguna
prueba o argumento que determinara que la decisión adoptada por este último
incurriera en un error judicial; y que se constituye así una falencia argumentativa de la
parte inconforme con la decisión, toda vez que no bastaba con insistir en la
aplicabilidad al artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, pues al juez no le
corresponde valorar la justeza de la decisión cuestionada, ni elaborar juicios acerca de
si se comparte o no la argumentación expuesta por el fallador de la causa precedente,
debido a que desde la óptica del error jurisdiccional, lo que se analiza es si la
providencia es manifiestamente contraria a la ley, por contener yerros de hecho o de
derecho.
En consecuencia, la corporación se refirió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho precedente al mecanismo de reparación directa, de la
siguiente forma:
[…]no encuentra la Sala elementos de juicio que lleven a considerar que la tesis
que planteó el órgano de cierre del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho en la sentencia cuestionada, dirigida a calificar como acto condición el
acto de nombramiento actor y, en consecuencia, a considerar improcedente su
consentimiento para revocarlo, es abierta o groseramente contraria a una norma
de derecho o que carezca de una justificación coherente, razonable, jurídicamente
atendible. Cualquier cuestionamiento frente a la misma -lo que pretende
insistentemente introducir el actor- implicaría invadir el principio de autonomía e
independencia del juez para decidir el derecho, en pleno desconocimiento de los
presupuestos atendibles dentro del marco de análisis del título de imputación por
error judicial. […]
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Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
Asimismo, y respecto del cargo de desconocimiento jurisprudencial el órgano de cierre,
indicó lo siguiente:
[…]si bien el apelante insistió en que la providencia del órgano de cierre del juicio ordinario
desconoció los precedentes jurisprudenciales fijados en las sentencias T 957 de 2011 y
del 2 de mayo de 2013 del Consejo de Estado, lo cierto es que su actividad discursiva la
dirigió a insistir en que el acto de nombramiento del actor requería consentimiento expreso
para su revocatoria, de allí que lo que se pretende es volver a recabar en la controversia
planteada en el proceso precedente y que fue definida en el decurso del mismo, lo cual
claramente desnaturaliza el ejercicio de la acción reparatoria al tratar de aproximarla a una
tercera instancia que convenga a los intereses del juicio en el que resultó vencido.
Con todo, de una lectura de las providencias que se aluden desconocidas, la Sala observa
que los problemas jurídicos resueltos no guardan analogía con los propuestos en el juicio
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el actor, de tal manera que
no estaban llamados a ser considerados y aplicados en igual sentido por el fallador.
[…]
Ahora, la sentencia precedente que se acusa desconocida -T 957 de 2011-definió, en
sede de tutela, la vulneración de los derechos de una persona que había obtenido el título
de “maestro” y que había sido nombrado en el cargo de “docente de básica primaria”, en
virtud de los resultados de un concurso abierto de méritos para proveer empleos vacantes
de docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales del Distrito Capital,
nombramiento que fue revocado por cuenta de que el título académico de “maestro” no
era el requerido para el cargo, sino que se requería título de “normalista superior o
tecnólogo en educación”.
De lo anterior se extrae de manera diáfana que las situaciones fácticas planteadas en uno
y otro caso no son análogas y, en consecuencia, los asuntos no estaban llamados a ser
decididos en igual sentido, en tanto que en la sentencia bajo estudio de la Corte el cargo
desempeñado por el actor “docente de institución educativa” se obtuvo por nombramiento
de carrera, en virtud de un concurso de méritos, y su revocatoria se dio por “incumplimiento
de los requisitos para acceder al cargo”, mientras que en el presente asunto, el cargo que
del señor Daniel Alfonso Sánchez Méndez, como gerente de la entidad -SALUDCHIQ
SUCRE EPS IPS- se dio por designación de la alcaldía municipal y su revocatoria se
produjo en aplicación de una causal objetiva derivada del hecho de que el cargo era
inexistente, pues no estaba contemplado en la planta de personal de esa entidad ni
contenido en el manual de funciones.
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Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
Por otra parte, en lo que se refiere al desconocimiento de la sentencia de 2 de mayo de
2013 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, la Sala observa
que en oportunidad se resolvió una acción de nulidad y restablecimiento contra la
resolución que revocó el acto de nombramiento de la actora como gerente de un hospital,
cargo para el cual fue nombrada en propiedad por el término de tres años, porque no
cumplía con los requisitos para acceder al mismo.
Finalmente, el Consejo de Estado concluyó que en el caso sub examine se alega el
error judicial, con el objetivo de controvertir la decisión adoptada en el referido medio
de control y, la finalidad de este, es estudiar si las decisiones son tomadas conforme
a la ley.
De manera que, en el análisis del caso, aunque la parte actora manifestó un defecto
sustantivo por el desconocimiento de las leyes y el precedente jurisprudencial en el
marco de un proceso de reparación directa por error judicial, la Sala advierte que,
conforme a las consideraciones expuestas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en providencia del 17 de febrero de 2023, la decisión adoptada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho se dio bajo adecuados argumentos jurídicos.
De esta forma, la Sala no encuentra que el Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, hayan incurrido en un defecto sustantivo que habilite
la procedencia del amparo deprecado, por lo que lo considera infundado y, en
consecuencia, no advierte vulneración de los derechos fundamentales invocados por
la parte actora.
3. Conclusión
Así las cosas, la Sala concluye, de un lado, que el caso de la referencia sí tiene
relevancia constitucional y, de otro lado, que no prosperan los argumentos esbozados
por la parte actora.
En este sentido, se revocará la sentencia del 26 de enero de 2024, emitida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que rechazó la acción de tutela
de la referencia por improcedente y, en su lugar, se denegará el amparo deprecado.
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Demandante: Daniel Alonso Sánchez Méndez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Jorge
Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia,
separarlo del conocimiento del asunto.
Segundo. Revocar la sentencia del 26 de enero de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que rechazó la acción de tutela de la
referencia por improcedente, al considerar que carecía de relevancia constitucional.
Tercero. Denegar el amparo invocado por el señor Daniel Alfonso Sánchez Méndez,
de acuerdo con lo expuesto en este proveído.
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Con impedimento
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
ACVF
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