Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01734-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2015-01734-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01734-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-01734-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 25000-23-36-0002015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Asunto: Sentencia
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – ERROR
JURISDICCIONAL – ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN – CARGA
SUSTANTIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN – No se cumplió respecto una de
las imputaciones FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE UNO DE LOS
DEMANDANTES – Se configuró -
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora,
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Según la demanda, la Rama Judicial incurrió en un cúmulo de errores judiciales al
proferir las sentencias que definieron el proceso de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el señor Daniel Alfonso Sánchez
Méndez, así como en los fallos de tutela y la providencia que no seleccionó para
revisión estos últimos.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida el 15 de marzo de 2017, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las
pretensiones de la demanda.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 22 de julio de 20151, por
los señores Daniel Alfonso Sánchez Méndez (afectado directo) y José Guillermo
Tadeo Roa Sarmiento2, contra la Nación – Rama Judicial-, cuyas pretensiones,
hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:
1
Según sello de presentación personal visible a folio 24 reverso.
2
Ha de considerarse que este demandante alegó que, en calidad de apoderado de la víctima directa
del daño -sujeto procesal dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar
a las decisiones que se cuestionan contentivas de yerro-, sufrió un daño ante la imposibilidad de
recibir la cuota litis pactada con su poderdante, ello en razón a que las decisiones cuestionadas
concluyeron con la negatoria de las pretensiones.
1
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Pretensiones
3. El demandante pretende la declaración de responsabilidad de la demandada por
los supuestos errores judiciales contenidos en las sentencias que definieron el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo la radicación 2004-
02290, así como las que negaron el amparo constitucional solicitado contra estas
decisiones, incluida la providencia que decidió no seleccionar para su revisión los
fallos de tutela ya referidos.
4. Se estimó la solicitud indemnizatoria en: i) $347’227.611 que corresponden a los
salarios que dejó de percibir el señor Daniel Alfonso Sánchez Méndez y, ii)
$121’529.633.85, por concepto del valor de la cuota litis que pactó con el abogado 3.
Hechos
5. Como hechos jurídicamente relevantes, la parte actora relató que el Juzgado
Tercero Administrativo de Descongestión de Tunja, en sentencia del 30 de mayo
de 2012, negó la demanda que pretendía la nulidad del acto que revocó su
nombramiento, para lo cual señaló el despacho judicial que tal acto comprendía un
“acto condición” -orientado a la satisfacción del interés general- y, por tanto, no le
resultaba aplicable el contenido del artículo 73 del C.C.A., de allí que podía ser
revocado sin el consentimiento del titular; además, sostuvo que el cargo que
desempeñó el actor señor Sánchez Méndez no estaba incluido en la planta de
personal de la entidad, por lo que la administración podía disponer del mismo.
6. El fallo anterior fue confirmado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en
sentencia del 24 de septiembre de 2013.
7. En criterio del actor, las anteriores sentencias incurren en un error jurisdiccional,
derivado de: i) la aplicación indebida de normas -artículo 73 del C.C.A.-; ii) del
desconocimiento del precedente judicial fijado en las sentencias T 957 de 2011 de
la Corte Constitucional y del 2 de mayo de 2013 del Consejo de Estado, de
conformidad con las cuales el acto de nombramiento de un funcionario debe ser
revocado con el consentimiento expreso del titular y, iii) la indebida valoración
probatoria, pues los elementos de juicio demostraron que el cargo de gerente del
actor estaba incluido en la planta de personal de la EPS.
8. Las sentencias anteriores fueron objeto de acción de tutela que fue negada por
el Consejo de Estado en primera y en segunda instancia, decisiones que también
adolecían de error judicial en la medida en que no interpretaron en debida forma el
desconocimiento del precedente judicial invocado -sentencia T 957 de 2011 y del 2
de mayo de 2013-.
3
Folio 23 del cuaderno 1.
2
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
9. Finalmente, atribuye a la Corte Constitucional haber incurrido en una falla judicial
al no acoger la solicitud de revisión de los fallos de tutela4.
La defensa
10. La Rama Judicial presentó escrito de contestación de demanda en forma
extemporánea5.
Alegatos
11. Al concluir la etapa probatoria6, el Ministerio Público solicitó negar las
pretensiones de la demanda, para lo cual sostuvo que las sentencias proferidas
dentro del juicio ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho -cuestionadas
por error judicial- no solo gozan de la presunción de legalidad y de acierto, sino que,
analizadas de manera integral, tienen una justificación coherente, razonable y
jurídicamente atendible que las provee de aceptabilidad.
12. Frente a los fallos de tutela dijo que no se avizoró error judicial alguno, pues de
su simple lectura se advertía que se encontraban debidamente fundamentados, en
cuanto a las razones para negar el amparo7.
13. La demandante insistió en sus acusaciones y la demandada indicó que las
decisiones cuestionadas no adolecen de error judicial, pues se ajustaron a derecho
y que lo pretendido por la actora es convertir la presente acción en una tercera
instancia judicial8.
4
Folios 2 a 24 del cuaderno 1.
5
Folios 43 a 46 del cuaderno 1.
6
En audiencia inicial celebrada el 20 de abril de 2016 (folio 65 a 69), Tribunal decretó las pruebas
aportadas y solicitadas por la parte demandante, por tanto: i) incorporó al proceso los documentos
allegados con la demanda (de los cuales se corrió traslado sin contradicción alguna), los cuales
comprenden: las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja y Tribunal
administrativo de Boyacá dentro del proceso seguido bajo la radicación 2004-0229, las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia dentro del trámite de la acción de tutela seguida bajo la
radicación 2013-02613, copia de las solicitudes de revisión eventual e insistencia en relación con los
fallos de tutela anteriores, copia del oficio mediante el cual la Corte Constitucional comunicó la
exclusión de la revisión, copia del decreto 57 del 30 de abril de 2004 que deroga la designación del
señor Daniel Alfonso Sánchez Méndez como gerente de SALUDCHIQ, copias de acta de entrega de
cargo y de inventarios y copia del decreto 40 del 12 de agosto de 2003 por el cual se hace
nombramiento del señor Sánchez Méndez como gerente de SALUBCHIQ; ii) ofició a la Juzgado
Tercera de Descongestión de Tunja para que remitiera copia del proceso seguido bajo la radicación
2004-02290 y al Consejo de Estado para que remitiera copia de la acción de tutela seguida bajo la
radicación 2013-02613, procesos que fueron allegados por las respectivas autoridades judiciales
(folio 135 del cuaderno 2 y folio 9 del cuaderno 3); y, iii) decretó práctica de prueba pericial a fin de
establecer el monto de los perjuicios reclamados en la demanda, dictamen que se rindió el 7 de julio
de 2016 (folios 118 a 123) y del cual se corrió el traslado correspondiente sin contradicción alguna
(folio 126)
7
Folios 224 y 228 del cuaderno 1.
8
Folios 210, 211, 240 a 242 cuaderno 1.
3
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
La decisión
14. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las
pretensiones de la demanda.
15. Para el efecto, luego de trascribir las decisiones cuestionadas, el a quo sostuvo
que la sentencia del 24 de septiembre de 2013 del Tribunal Administrativo de
Boyacá no adolecía de error judicial, pues dicho pronunciamiento contó con
suficiente argumentación jurídica que respaldó las razones para considerar que el
acto de nombramiento del señor Daniel Alfonso Sánchez Méndez como gerente de
SALUDCHIQ SUCRE IPS constituía un acto condición que no requería de
consentimiento del titular para su revocatoria, por lo cual no resultaba dable aplicar
el artículo 73 del C.C.A.
16. Agregó que, en aplicación del principio dispositivo que rige la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, no le competía al juez del proceso ordinario
examinar la motivación del acto demandado, en tanto que el accionante no lo
formuló como cargo concreto de nulidad.
17. Así, consideró que el acto de nombramiento no generó por sí mismo una
situación particular y concreta y, en esa medida, podía revocarlo sin su
consentimiento.
18. En lo que respecta a los fallos proferidos en sede de acción de tutela, consideró
que, más allá de tratar de demostrar la configuración de un defecto en las
decisiones, el actor presentó una reiteración de los argumentos planteados en el
proceso ordinario, pretendiendo convertir ese mecanismo en una tercera instancia,
razón por la cual, con acierto, el juez de tutela negó el amparo solicitado.
19. Indicó que no toda decisión que deniegue lo pretendido por los demandantes
es manifiestamente contraria a derecho, pues para que se pueda predicar el error
judicial debe probarse que la decisión es equivocada porque no se ajusta a la
realidad procesal o a ley.
20. A lo anterior agregó que las decisiones de los jueces de tutela no desconocieron
precedente judicial alguno, para concluir que las situaciones fácticas eran diferentes
a las planteadas en el proceso ordinario promovido por el actor, por lo que el juez
no estaba obligado a fallar en el mismo sentido.
21. Respecto de la providencia de la Corte Constitucional que negó la revisión de
los fallos de tutela, indicó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la
Ley 2591 de 1991, la selección de sentencias de tutela para esos efectos no
4
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
requería de motivación expresa y, en tal sentido, no podía estar incurso en error
judicial.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
22. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó revocar el fallo del a quo y, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda.
23. Como fundamentos concretos de disenso expuso que el a quo se limitó a
trascribir las decisiones cuestionadas, siendo claro que el error judicial comporta un
análisis profundo y serio de la legalidad y justeza de la decisión para comparar si
las razones jurídicas expuestas resultan coherentes con la ley o con los precedentes
jurisprudenciales.
24. Consideró el desconocimiento de los precedentes fijados en las sentencias T
957 de 2011 y sentencia de 2 de mayo de 2013 del Consejo de Estado e insistió en
que los jueces de tutela incurrieron en una serie de errores judiciales, pues negaron
el amparo con el argumento inexistente de una tercera instancia.
25. Finalmente, dijo que contrario a los señalamientos del a quo, la Corte
Constitucional sí estaba llamada a motivar su decisión y con ello acceder a la
revisión del fallo de tutela solicitada9.
26. En proveído del 9 de agosto de 201710, esta Corporación admitió el recurso de
apelación y, el 19 de septiembre siguiente, corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto11, oportunidad en la cual la Rama Judicial y la parte actora intervinieron
para reiterar los dichos de la demanda, de la contestación y del recurso de
apelación12.
27. El Ministerio Público guardó silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
9
Folios 293 a 308 del cuaderno principal.
10
Folio 328 del cuaderno principal.
11
Folio 333 del cuaderno principal.
12
Folios 335 a 340 del cuaderno principal.
5
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
28. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad
o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso
de apelación indicado.
Problema jurídico
29. El aspecto central que será materia de análisis y determinación se
circunscribe a verificar si, en los términos del recurso de apelación: i) el a quo no
desvirtuó el error judicial que se alegó contenido en la sentencia de 24 de
septiembre de 2013 que definió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el actor13; ii) si la referida decisión incurrió en error porque desconoció
precedentes jurisprudenciales aplicables.; y, iii) si la Corte Constitucional estaba
llamada a motivar la decisión tendiente a negar la solicitud de revisión del fallo de
tutela.
30. La Sala no se pronunciará sobre el reproche del apelante frente a los fallos de
tutela, en tanto que no dirigió su actividad discursiva a controvertir la definición del
a quo en lo que toca a este aspecto, sino que la dirigió a reiterar los
cuestionamientos planteados en la demanda, de allí que en lo que respecta a esta
imputación el recurso de apelación carece de carga argumentativa. 14.
Legitimación en la causa por activa
31. Con carácter previo, la Sala debe pronunciarse sobre la legitimación en la
causa por activa, cuestión que por tratarse de un presupuesto procesal de la acción
debe analizarse al margen de lo resuelto por el a quo o del alcance del recurso de
alzada, ello por cuanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del
CPACA15 -norma aplicable a la presente acción-, al momento de dictar sentencia,
le corresponde al juzgador de instancia pronunciarse sobre todas las excepciones
hayan sido propuestas o no, o al margen del silencio del inferior.
32. En el evento sub examine, acudió en calidad de parte actora, además del señor
Daniel Alfonso Sánchez Méndez, el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento,
13
Ha de considerarse que la decisión cuestionada -sentencia del 24 de septiembre de 2013- se
encuentra en firme, pues no fue revocada en sede de recurso extraordinario o en sede de acción de
tutela, por lo tanto, procede el estudio de responsabilidad a partir de los supuestos del error judicial.
14
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencias de 12 de
diciembre de 2022, expediente: 59.709 y de 4 de noviembre de 2022, expediente 58.873.
15
“ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella
se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y
de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar
las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen.
“En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
“Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá
estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
“Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como
base el Índice de Precios al Consumidor.
6
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
quien alegó que por cuenta de los yerros advertidos, no vio remunerada su labor
como apoderado del primero -con quien pactó honorarios profesionales en la
modalidad de cuota litis- dentro del proceso ordinario que dio lugar a las decisiones.
33. Al punto de la legitimación en la causa por activa, en los eventos en los que se
depreca la responsabilidad del Estado con fundamento en el título de imputación
por error judicial, la Sala ha recordado el concepto de parte, y a partir de esta
noción, definir quiénes tienen el interés legítimo para demandar a través de este
título16.
34. Así, sobre bases generales, se ha recordado que cuando el demandante
reclama haber sufrido un daño como consecuencia de la acción u omisión del
Estado, acude al proceso en calidad de víctima directa o víctima inicial 17; en cambio,
quienes pretenden la reparación de daños padecidos por otros, están legitimados
para demandar en calidad de víctimas indirectas o damnificados18, en todo caso
alegando un daño independiente y autónomo del daño inicial.
35. En relación con las víctimas indirectas, se impone un análisis riguroso para
establecer los criterios de caracterización de los sujetos legitimados para
reclamarlos. Tales criterios, en asuntos analizados por error judicial, reconducen al
requerimiento de la prueba de la preexistencia de una relación sustancial cierta -no
producto de simples conjeturas - entre la víctima directa e indirecta y el hecho
dañoso que, de ser quebrantada, ocasiona el detrimento de los bienes jurídicos del
afectado, por lo que probado este elemento, estará legitimado para actuar19.
36. Con este enfoque, la responsabilidad del Estado derivada de una falla de la
administración de justicia por error judicial, solo es exigible de parte de quienes
están legitimados para acudir a reclamar el daño, esto es, aquellos que (i) gozan de
la calidad de parte en el proceso que dio lugar a la providencia contentiva del
supuesto yerro o, (ii) frente a quienes la sentencia y sus efectos está llamada a ser
exigible, dado que son ellos, como parte de la relación procesal, las personas sobre
16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de noviembre de 2022,
expediente 53.873
17
Tamayo Jaramillo Javier. De la Responsabilidad Civil, Tomo II. Edición Temis, Bogotá 1986,
páginas 100 a 101.
18
Saavedra Becerra, Ramiro. La Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública,
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003, p. 607. “(…) [E]s muy frecuente que el perjuicio afecte no
solamente a la víctima inmediata sino también a otras personas. En la terminología jurídica francesa,
los daños que sufren tales personas, como consecuencia, principalmente, del daño corporal o de la
muerte de la víctima del daño inicial, se conocen como domagges par ricochet 861, aunque algunos
autores los denominan préjudices réfléchis. Los españoles, por su parte, prefieren denominarlos
“daños por rebote” o daño indirecto”.
Consejo de Estado. Sección Tercera. M.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Exp. 44582. 9 de julio
de 2018.
19
Elorriaga de Bonis, Fabián. El daño por repercusión o rebote. En Revista Chilena de Derecho, Vol.
26 No. 2, pp. 369 a 398 (1999), Sección Estudios.
7
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
las que el error judicial se proyecta como una afrenta a sus derechos de acceso a
la administración de justicia y tutela judicial efectiva que, a no dudarlo, son los
derechos que cimientan y están en la base de la pretensión indemnizatoria que se
persigue a través de este especial título de imputación de responsabilidad.
37. Así las cosas, estarán legitimados para actuar, en calidad de víctimas indirectas,
aquellos sujetos que demuestren la existencia de una relación sustancial con la
víctima del daño y el hecho dañoso, esto es, la providencia, toda vez que aquél solo
se reconoce en la medida en que prueben que se les ocasionó un menoscabo.
38. En esta línea, frente a la responsabilidad del Estado por error judicial, solo se
hablará de víctimas con interés legítimo para cuestionar las decisiones judiciales de
un proceso del cual no hicieron parte, cuando los efectos de las mismas le sean
extensibles, no para alterar su carácter de cosa juzgada -la cual se mantiene
incólume, por cuanto por vía de acción de reparación directa y al amparo del título
de imputación de error judicial no se invalida la decisión para proferir otra- sino para
que se les reparen, en el marco del artículo 90 Constitucional, los daños antijurídicos
que el ejercicio de la función judicial les causó.
39. Sobre esta base conceptual, ha de considerarse que el señor José Guillermo
Tadeo Roa Sarmiento no cuenta con ningún interés legítimo para demandar en el
presente juicio de reparación, en la medida que no fue parte de la relación jurídico
procesal que se definió a través de la sentencia cuestionada -proceso de nulidad y
restablecimiento seguido bajo la radicación 2004 02290-. Su intervención en ese
proceso se hizo en representación del titular de quien detentaba el derecho de
postulación20 , acto que surgió a partir del poder que le confirió el señor Daniel
Alfonso Sánchez Méndez, para que iniciara y llevara hasta su culminación el referido
asunto, representándolo judicialmente.
40. De esta manera, como su intervención en el proceso primigenio se dio como
apoderado del demandante, tal actuación tuvo su génesis, marco y lindero, en la
gestión profesional que adelantó, la cual no se puede equiparar a una intervención
como sujeto procesal o con interés sustancial y directo en el proceso, las
pretensiones y la sentencia, lo que excluye considerarlo como sujeto afectado por
un supuesto error judicial.
41. Por tanto, no se encuentra acreditado que el señor Roa Sarmiento contaba con
un interés legítimo -víctima- para demandar en sede de la presente acción con
motivo de la posible afectación que devino de los efectos de la sentencia
cuestionada, la cual, por ser desestimatoria de las pretensiones en juicio, por cuenta
20
Sobre el derecho de postulación, el artículo 73 del C.G.P. señala: “Las personas que hayan de
comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de apoderado legalmente autorizado, excepto
en los casos en que la ley permita su intervención directa”.
8
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
del error judicial que alegó, se tradujo en la imposibilidad de recibir el pago de sus
honorarios profesionales, los cuales fueron pactados a cuota litis.
42. En criterio de la Sala, a efectos de hallarse legitimado para demandar el
resarcimiento e indemnización de perjuicios por un error judicial contenido de una
providencia proferida dentro de un proceso judicial del cual no hizo parte, el señor
Roa Sarmiento estaba llamado a demostrar la relación sustancial cierta con la
víctima directa del daño y el hecho dañoso, distinta a la ya referida -acto de
apoderamiento-, asuntos que están inmersos en la causa petendi de la demanda y
sus pretensiones, sin posibilidad alguna de considerarlos en el marco de una
relación profesional externa al proceso, de prestación de servicios para la defensa
o gestión judicial.
43. Aunado a lo anterior, la Sala no puede soslayar que el interés del señor José
Guillermo Roa Sarmiento de perseguir forzosamente un resultado exitoso en el
proceso en el que fungió como apoderado, tal como se desprende de la demanda
que ahora ha promovido en la que da cuenta de la expectativa de lograr un beneficio
propio en el desarrollo del litigio, riñe con lo dispuesto en la Ley 1123 de 2007 “Por
la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”, de conformidad con la
cual, constituye falta de lealtad con el cliente, la de adquirir directamente o
indirectamente todo o parte de su interés en la causa, a título distinto de la equitativa
retribución de los servicios y gastos profesionales -artículo 34, literal g-, aspecto que
también se decanta como afrenta contra la recta y real realización de la justicia, en
tanto está prohibido que el abogado, de cualquier modo, acceda a los bienes
materia del litigio o involucrados en éste, mientras se encuentra en curso -artículo
33, numero 7-.
44. Sobre esta base normativa, se debe concebir que el ejercicio de la abogacía
implica el sometimiento a reglas éticas en función de preservar el buen manejo de
la profesión como función social, cuyo norte está determinado por la colaboración
en la recta y cumplida administración de justicia y, además, en la responsabilidad
frente a su cliente, lo cual implica lealtad y respeto en el manejo de los asuntos
confiados, sin que quepa un interés que vaya más allá de obtener una
remuneración por la prestación de un servicio y no por un interés propio, subjetivo
y particular derivado de las pretensiones de la demanda.
45. Así las cosas, se impone declarar la falta de legitimación en la causa por activa
del señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento.
Responsabilidad patrimonial del Estado por Error Judicial
46. La Sala parte por insistir en que, de cara al análisis de este título de imputación
regulado en la Ley 270 de 1996, su configuración está vinculada con el derecho de
acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto que, para
9
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
que proceda la declaratoria de responsabilidad bajo su amparo debe identificarse
que tales derechos fueron vulnerados a través del ejercicio abiertamente irregular,
arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional; de allí que se requiera verificar si
la acción u omisión de la autoridad investida de facultad jurisdiccional terminó por
menoscabar de manera cierta esos derechos.
47. Esta Corporación ha señalado que para que se configure el error judicial se
requiere que: i) se trate de una providencia proferida por una autoridad investida de
la facultad jurisdiccional y en ejercicio de la misma21; ii) contra la providencia
atacada se hubieren interpuesto los recursos de ley y aquella se encuentre en
firme22; iii) resulte contraria a la realidad procesal (error fáctico) o al ordenamiento
jurídico (error de derecho); y, iv) que el error contenido en ella incida en la decisión
judicial y cause un daño personal, cierto y antijurídico 23.
48. Bajo estos supuestos, solo las decisiones judiciales que resulten contrarias a
derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente
atendible, pueden ser catalogadas válidamente como incursas en un error
jurisdiccional, lo que no implica que para la verificación del mismo se deba activar
una instancia adicional del proceso, por manera que la labor del juez de lo
contencioso administrativo en esta materia debe limitarse a la verificación de la
existencia del error, sin que para ello deba emitir pronunciamientos acerca de si
comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial, menos aún
para confirmar el acierto de la providencia judicial, so pena de transgredir el
principio de la cosa juzgada.
49. De igual forma, esta Subsección ha señalado que, para que se analice la
existencia del error bajo este supuesto de imputación, la parte interesada tiene que
cumplir con la carga de exponer en la demanda una argumentación suficiente que
le permita a la autoridad judicial establecer con claridad y precisión cuál o cuáles
son los yerros (de hecho o de derecho) que contiene la providencia acusada y su
necesario efecto sobre la decisión adoptada, pues solo de esa manera puede
determinarse la existencia de un daño antijurídico.
21
Ley 270 de 1996, artículo 66. «Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida
de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través
de una providencia contraria a la ley» (se destaca).
22
Ibidem, artículo 67. «Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujeta a los
siguientes presupuestos:
«1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo
70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud
de una providencia judicial».
«2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme».
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de
agosto de 2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
10
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
50. Bajo ese contexto, es indispensable que la crítica de la providencia contentiva
del supuesto error judicial se refiera directamente a las bases importantes y
decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la decisión. De ahí que
si el blanco de ataque se hace bajo los supuestos que delinea a su mejor
conveniencia el demandante y no a los que objetivamente constituyen el
fundamento nuclear de la providencia, se configura una carencia demostrativa de la
imputación jurídica, lo que confluiría en un fallo denegatorio de pretensiones.
51. Debe recabarse, además, que el desacierto debe ser inexcusable e injustificable
y surgir de una conducta carente de fundamento objetivo que vulnere los derechos
de defensa y debido proceso del interesado y, en general, el derecho de acceso a
la administración de justicia y tutela judicial efectiva, sin que las diferencias en la
interpretación sean pasibles de reclamo.
52. Y, es que en este punto debe recordarse de que el juez al definir un conflicto,
declara el mejor derecho, esto es, aquel que soportado en la constitución, la ley, el
negocio jurídico o las demás fuentes del derecho, es merecedor de la tutela del
Estado, lo que descarta que quien no es favorecido con una determinada decisión
pueda entonces alegar que se ha incurrido un error por el simple prurito de no
obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones.
53. La precisión que antecede impone una alta carga demostrativa y certeza y, con
esto, de prueba por quien pueda estar interesado en que se declare la
responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, no bastando circunscribir su
actividad discursiva, de acusación o probatoria, a reiterar aquello que fue objeto del
análisis de su causa procesal, pues de lo que se trata es de desabrigar la decisión
del manto de legitimidad, no de manera inopinada, sino con sujeción a requisitos
previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar los linderos de la litis
para efectos de que sea decidida por el juez de lo contencioso administrativo sin
entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural de la controversia antecedente.
54. Como corolario de lo expuesto, y a la luz de lo que se alega bajo el recurso de
apelación que es objeto de estudio, debe enfatizarse que quien alega el error judicial
debe acreditarlo, pues el propósito claro de este tipo de responsabilidad es reparar
el daño antijurídico que hubiera causado el Estado en ejercicio de una de las
funciones que le son inherentes, como es la de administrar justicia, aspecto que
difiere de considerar el éxito o fracaso de la pretensión que se debatió en el juicio,
como elemento probatorio o representativo de un error judicial.
Caso concreto
55. Abordando el estudio del recurso, no encuentra la Sala que el Tribunal hubiere
tenido a su cargo desvirtuar la acusación por error judicial, tal como lo propone el
recurrente pues, por un lado, su papel como juez de la causa no tiene como mandato
el cometido que ahora extraña el apelante, el que bien por el contrario reclamaba
11
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
de su parte la carga demostrativa del error advertido. Con esto, se repara en que la
técnica de valoración utilizada por el a quo para definir la causa, no es merecedora
de reproche, como menos aún la decisión que así adoptó al negar las pretensiones
de la demanda.
56. Insistir en que el error judicial está presente sin que en esta instancia se traigan
a consideración razones contrarias a las tenidas en cuenta por el a quo para así
advertirlo, pone al descubierto la falencia argumentativa de la parte inconforme con
la decisión recurrida, no bastando insistir en que se debió dar aplicación al artículo
73 del C.C.A., cuando de por medio la decisión que ahora se recurre está dotada
de consideraciones acerca de la ausencia de supuestos normativos que dieran
cabida a requerir el consentimiento del beneficiario del acto de nombramiento.
57. Ha de recordarse que al juez de la reparación directa no le corresponde valorar
la justeza de la decisión cuestionada, ni elaborar complejos juicios acerca de si
comparte o no la argumentación expuesta por el juez de la causa precedente, pues
desde la óptica del error jurisdiccional, el análisis de responsabilidad del Estado se
debe dirigir a verificar, dentro del marco de censura alineada por el demandante, si
la providencia es manifiestamente contraria por contener yerros de hecho o de
derecho.
58. Al margen de lo anterior, no encuentra la Sala elementos de juicio que lleven a
considerar que la tesis que planteó el órgano de cierre del proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho en la sentencia cuestionada, dirigida a
calificar como acto condición el acto de nombramiento actor y, en consecuencia, a
considerar improcedente su consentimiento para revocarlo, es abierta o
groseramente contraria a una norma de derecho o que carezca de una justificación
coherente, razonable, jurídicamente atendible. Cualquier cuestionamiento frente a
la misma -lo que pretende insistentemente introducir el actor- implicaría invadir el
principio de autonomía e independencia del juez para decidir el derecho, en pleno
desconocimiento de los presupuestos atendibles dentro del marco de análisis del
título de imputación por error judicial.
59. Ahora, si bien el apelante insistió en que la providencia del órgano de cierre del
juicio ordinario desconoció los precedentes jurisprudenciales fijados en las
sentencias T 957 de 2011 y del 2 de mayo de 2013 del Consejo de Estado, lo cierto
es que su actividad discursiva la dirigió a insistir en que el acto de nombramiento
del actor requería consentimiento expreso para su revocatoria, de allí que lo que se
pretende es volver a recabar en la controversia planteada en el proceso precedente
y que fue definida en el decurso del mismo, lo cual claramente desnaturaliza el
ejercicio de la acción reparatoria al tratar de aproximarla a una tercera instancia
que convenga a los intereses del juicio en el que resultó vencido.
12
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
60. Con todo, de una lectura de las providencias que se aluden desconocidas, la
Sala observa que los problemas jurídicos resueltos no guardan analogía con los
propuestos en el juicio ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado
por el actor, de tal manera que no estaban llamados a ser considerados y aplicados
en igual sentido por el fallador.
61. Así, es del caso señalar, que la sentencia cuestionada, como se ha venido
señalando, definió de manera definitiva y como juez de segunda instancia, la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el actor contra la resolución
57 de 30 de abril de 2004, negando las pretensiones de la demanda, por considerar
que el acto demandando, por comprender un acto condición, no requería de tal
consentimiento.
62. Ahora, la sentencia precedente que se acusa desconocida -T 957 de 2011-
definió, en sede de tutela, la vulneración de los derechos de una persona que había
obtenido el título de “maestro” y que había sido nombrado en el cargo de “docente
de básica primaria”, en virtud de los resultados de un concurso abierto de méritos
para proveer empleos vacantes de docentes y directivos docentes de instituciones
educativas oficiales del Distrito Capital, nombramiento que fue revocado por cuenta
de que el título académico de “maestro” no era el requerido para el cargo, sino que
se requería título de “normalista superior o tecnólogo en educación”.
63. De lo anterior se extrae de manera diáfana que las situaciones fácticas
planteadas en uno y otro caso no son análogas y, en consecuencia, los asuntos no
estaban llamados a ser decididos en igual sentido, en tanto que en la sentencia bajo
estudio de la Corte el cargo desempeñado por el actor “docente de institución
educativa” se obtuvo por nombramiento de carrera, en virtud de un concurso de
méritos, y su revocatoria se dio por “incumplimiento de los requisitos para acceder
al cargo”, mientras que en el presente asunto, el cargo que del señor Daniel Alfonso
Sánchez Méndez, como gerente de la entidad -SALUDCHIQ SUCRE EPS IPS- se
dio por designación de la alcaldía municipal y su revocatoria se produjo en
aplicación de una causal objetiva derivada del hecho de que el cargo era inexistente,
pues no estaba contemplado en la planta de personal de esa entidad ni contenido
en el manual de funciones.
64. Por otra parte, en lo que se refiere al desconocimiento de la sentencia de 2 de
mayo de 2013 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, la Sala observa que en oportunidad se resolvió una acción de nulidad y
restablecimiento contra la resolución que revocó el acto de nombramiento de la
actora como gerente de un hospital, cargo para el cual fue nombrada en propiedad
por el término de tres años, porque no cumplía con los requisitos para acceder al
mismo.
13
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
65. Finalmente, en torno al reproche del apelante frente a la no selección del fallo
de tutela cuestionado, lo que fue desconocido por el a quo, basta con precisar que,
de conformidad con el decreto 2591 de 1991, la selección de fallos de tutela para
eventual revisión comprende un carácter discrecional y potestativo del órgano de
cierre constitucional, actuación que no se da como grado jurisdiccional, pues el
objetivo de la revisión no se decanta bajo las finalidades de una tercera instancia.
66. Corolario de todo lo expuesto, se impone confirmar la sentencia objeto de
recurso.
Condena en costas
67. Es del caso precisar que, en materia de costas, las normas aplicables -Ley 1437
de 2011 y Código General del Proceso-, emplean, para su procedencia, un factor
objetivo a partir del hecho de ser vencido en el juicio, por tanto, en estos eventos,
no se analizan las conductas desplegadas por los sujetos procesales en el curso de
la actuación.
68. Ahora bien, frente a la condena en costas en esta instancia, ha de señalarse
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil (CGP). En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 365 del CGP., la Sala condenará en costas en esta
instancia a la parte demandante, toda vez que en esta providencia se resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación por ella interpuesto.
69. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 200324, en esta instancia, se fijan las
agencias en $3’472.276, a cargo de la parte demandante y a favor de la Nación –
Rama Judicial, que corresponden al 1% del valor de las pretensiones negadas en
la sentencia25.
70. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso.
24
Norma que se aplica en consideración a la fecha de presentación de la demanda -25 de noviembre
de 2015-
25
La sumatoria de las pretensiones elevadas por el actor Daniel Alfonso Sánchez Méndez asciende
a la suma de $347’227.611.
14
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01734-01 (59.399)
Actor: Daniel Alfonso Sánchez Méndez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR la falta de legitimación en la causa del señor José
Guillermo Tadeo Roa Sarmiento
SEGUNDO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 15
de marzo de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B.
TERCERO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo
cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma de $3’472.276, a favor
de la Nación – Rama Judicial, que corresponden al 1% del valor de las pretensiones
negadas.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
(Aclara Voto)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.