Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04770-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04770-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04770-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04770-00
Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
Demandados: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué y
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Ibagué
Temas: Derecho al descanso de empleado judicial - Expedición de
certificado de disponibilidad presupuestal1 para nombramiento
de reemplazo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Diego Fernando Duran Osorio, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud2
Diego Fernando Duran Osorio promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a la familia y al
descanso, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la respuesta
desfavorable al requerimiento de expedición de un CDP para el nombramiento de
su reemplazo durante el disfrute de un periodo de vacaciones ya causado.
Como fundamento de la solicitud de amparo, expuso lo siguiente:
i) Diego Fernando Duran Osorio desde el 21 enero del 2022 se posesionó, en
carrera como citador circuito en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Ibagué. Desde el 16 de marzo siguiente, se desempeña, en
provisionalidad, como escribiente en el Juzgado Noveno Penal Municipal de
Ibagué3, por lo que ha causado un periodo de vacaciones sin disfrutar.
1 En adelante CDP
2 Ver índice 2 de SAMAI denominado «1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) Nr oActua 2»
3
Fue nombrado, también, por el juez coordinador del centro de servicios, sin perjuicio de que desempeñe
funciones en dicho juzgado
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
ii) Mediante Resolución 214 del 8 de agosto del 2023, la juez coordinadora del centro
de servicios le concedió el disfrute del referido periodo vacacional, para ser
disfrutadas a partir del 2 de octubre del 2023, al pertenecer al régimen de
vacaciones individuales.
iii) El 22 de agosto del 2023 solicitó a la Dirección Seccional Ejecutiva Seccional de
Administración de Justicia de Tolima la expedición de un CDP, para cubrir su
reemplazo mientras se encuentra en vacaciones, lo cual le fue dejado a través de
oficio del 29 de agosto del 2023.
iv) En relación con lo anterior, afirmó que la autoridad tutelada vulneró sus derechos
fundamentales, toda vez que «el Centro de Servicios en el cual me desempeño
actualmente cuenta con un poco más de 40 empleados, todos involucrados con Despachos
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, los cuales están compuestos por Juzgados
Municipales, Mixtos, de Conocimiento, Juzgados de Circuito, y de Garantías; actualmente
hay una sobre carga laboral en cuanto que se han venido creando nuevos despachos y
para ellos se ha tenido que cubrir con la misma planta de personal pues la misma no se ha
incrementado también por falta de recursos», lo cual equivaldría a la congestión de sus
funciones una vez regrese a su puesto de trabajo.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] Que se me tutele el derecho al fundamental al Trabajo, la igualdad, vacaciones,
familia, descanso y a desconectarse, y en consecuencia se ordene al Consejo Superior
de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que adopten
las decisiones necesarias y expidan los actos administrativos correspondientes con el fin
de solucionar de una vez por todas las situaciones administrativas que conlleva la
autorización de las vacaciones de los empleados judiciales y su consecuente reemplazo,
sin que con las nuevas medidas a adoptar se afecte la debida, oportuna y adecuada
prestación del servicio de administración de justicia en los despachos o dependencias
de los que hacen parte, para el debido nombramiento de un reemplazo en el cargo de
Escribiente Municipal asignado al Juzgado Noveno Penal Municipal De Conocimiento de
Ibagué Tolima, mientras que el suscrito disfruta de su periodo de vacaciones individuales
a partir de 2 de octubre de 2023. […]»
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué4
indicó que la solicitud de tutela es improcedente para lograr la apropiación
presupuestal pretendida, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado e algunas
4 Ver índice 12 de SAMAI, actuación denominada «26_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf)
NroActua 12»
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Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
decisiones de tutela5, por cuanto «la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011,
mediante la cual se reglamente lo relacionado con la asignación de recursos para el disfrute
de las vacaciones de los FUNCIONARIOS judiciales que pertenezcan al régimen de
vacaciones individuales con excepciones claras, por cuanto la accionante no ostenta la
condición de funcionaria, sino, de empleada judicial, […]»
Además, señaló que no está legitimada en la causa por pasiva, porque la facultad
de conceder las vacaciones de los servidores judiciales corresponde de forma
exclusiva a su nominador.
1.2.2. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de
Ibagué6 informó que, en efecto, el demandante se desempeña allí como escribiente
municipal, «en Provisionalidad Transitoria», en apoyo al Juzgado Noveno Penal
Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué, quien causó un periodo de
vacaciones al haber laborado de forma continua e ininterrumpida del 21 de enero
del 2022 al 20 de enero del 2023, por lo que le fueron concedidas mediante
Resolución 214 del 8 de agosto del 2023.
Manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura creó nuevos despachos
judiciales que «hacen parte de esta dependencia como Sistema Penal Acusatorio»; sin
embargo, no hizo lo mismo respecto a cargos de escribientes municipales, los
cuales son «necesarios para cumplir con las funciones asignadas de cada despacho,
aumentando así, las cargas laborales de los diferentes funcionarios dependientes del
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué y reasignando
funciones a los diferentes citadores para que estos cubran las funciones propias de los
cargos de Escribientes carentes».
Señaló que, por lo anterior, el demandante elevó solicitud de expedición de CDP a
la Dirección Seccional de la Administración de Justicia de Ibagué, la cual le fue
negada. En este punto, refirió que si bien es cierto no tiene competencia para la
expedición de dicho documento, lo cierto es que, como nominador, define « el
otorgamiento o no de las vacaciones a sus dependientes conforme la necesidad del
servicio, la cual, en la actualidad, es suficiente para requerir el certificado de Disponibilidad
Presupuestal a la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración de Justicia de Ibagué,
asignando un reemplazo en el cargo de la aquí accionante, permitiendo un buen
desempeño laboral de la dependencia y la protección de los derechos fundamentales de
los funcionarios».
Finalmente, puso de presente que «se hará necesaria la modificación de la decisión
tomada y proferida mediante la resolución No. 214 del 08 de agosto del año en curso,
impidiendo el disfrute de las vacaciones del aquí accionante, por cuanto, no es posible
5 Sentencia del 25 de junio de 2021, Expediente. 11001-03-15-000- 2021-02244-00; Sentencia del
30 de julio de 2021, Expediente 11001-03-15- 000-2021-03070-00; Sentencia del 22 de agosto de
2023, Expediente 73001-23-33-000-2023-00252-01
6 Ver índice 13 de SAMAI. Actuación denominada
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua
13»
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Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
efectuar una adecuada distribución de funciones a los demás funcionarios adscritos a este
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué, sin vulnerar sus
derechos fundamentales, debido a que éstos, se encuentran realizando funciones propias
de su cargo».
1.2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial7 solicitó la
desvinculación del asunto en tanto la llamada y obligada a disponer de los recursos
que permitan la contratación del remplazo del demandante para la concesión del
periodo de vacaciones es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué.
Sin perjuicio de ello, respecto a la controversia en cuestión, refirió que « la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, es clara en el sentido de reglar unas situaciones
relacionadas con el disfrute y expedición de recursos para el nombramiento de remplazos,
pero solo para aquellas personas que ostentan la condición de FUNCIONARIOS y no para
los empleados, esta última situación también es reglamentada por la Circular 89 de 2005
del Consejo Superior de la Judicatura, que determina la imposibilidad de disponer recursos
de la Rama Judicial para la concesión de vacaciones de los Empleados de la Rama Judicial
del Régimen de vacaciones Colectivas o Individuales, debiéndose en cualquier caso, y eso
es lo que se ordena, una redistribución temporal de funciones entre los empleados de los
despachos judiciales durante el periodo que dure las vacaciones del empleado a quien se
le haya concedido».
Dicho ello, concluyó que la no concesión de vacaciones en favor del demandante
es una conducta caprichosa por parte de su nominador.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir, ii) problema jurídico, iii) de la
procedencia de la solicitud de tutela - el derecho al descanso y iv) análisis de la
Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el 1
del Decreto 333 del 6 de abril de 20218, esta Sala es competente para conocer de
la presente solicitud de amparo en contra de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros.
2.2. Problema jurídico
7 Ver índice 14 de SAMAI, actuación denominada «32_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 14»
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
La Sala deberá definir si: ¿Las autoridades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales a la igualdad, a la familia, al descanso y al trabajo en condiciones
dignas de Diego Fernando Duran Osorio, al negar la expedición de un CDP que
permita el nombramiento de su reemplazo en calidad de escribiente en el Juzgado
Noveno Penal Municipal de Ibagué, en aras de acceder al disfrute de un periodo de
vacaciones?
2.3. Procedencia de la solicitud de amparo
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia9, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.3.1. Derecho al descanso
El derecho convencional y la Corte Constitucional10 han calificado el derecho al
descanso como fundamental. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales11 en su artículo 7 determina que los Estados
Parte reconocen el derecho de todas las personas al goce de condiciones de trabajo
que aseguren «el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas
de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días
9 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121
de 2003.
10 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
11 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este
último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva
York, el 16 de diciembre de 1966".
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Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
festivos». En similar sentido lo indica el artículo 7, literal h), del Protocolo de San
Salvador12, que señala como una de las condiciones justas de trabajo el descanso,
el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas y la remuneración de los días
feriados nacionales. En el ámbito nacional, el alto tribunal constitucional ha
precisado que el descanso es un derecho derivado de los artículos 53 y 25 de la
Constitución Política, normas que determinan los principios mínimos fundamentales
que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador y señalan que
todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Dicho ello, es inconstitucional que los nominadores, bajo argumentos de índole
administrativo, afecten el disfrute del descanso remunerado respecto de quien ya
ha consolidado el derecho; razón por la cual, la Corte Constitucional ha determinado
la procedencia de la solicitud de tutela en aras de velar por su protección inmediata:
«[…] ¿el derecho fundamental al descanso, puede protegerse a través de la tutela?. Por
regla general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser debatido ante
la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la
vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso administrativa, por lo que
el carácter residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el artículo 86 de la
Carta consagra la posibilidad de que la acción constitucional prospere, aun existiendo
otro medio de defensa judicial, cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la
protección transitoria del derecho fundamental amenazado o vulnerado.»
2.4. Caso en concreto
Diego Fernando Duran Osorio acudió al juez de tutela con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
para expedir el CDP necesario para que el juez coordinador del Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué, como nominador, autorice el
disfrute de sus vacaciones y le nombre un reemplazo durante dicho lapso.
De acuerdo con la controversia en cuestión, es relevante recordar que el artículo
146 de la Ley 270 de 199613, en cuanto a las vacaciones de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, reguló:
«[…] ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los
Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de
los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
12 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de
1996. “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
13 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04770-00
Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del
servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura
por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año
de servicio. […]»
Así, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, expidió la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 201114, a través de la cual estableció i) el
procedimiento para nombrar los reemplazos de los funcionarios pertenecientes al
régimen de vacaciones individual, que soliciten su disfrute; ii) que no es procedente
el reemplazo del personal titular perteneciente al régimen de vacaciones colectivas,
salvo la existencia de licencia por enfermedad o por maternidad que coincida total
o parcialmente con el periodo vacacional; iii) que no procede la concesión de
vacaciones «para funcionarios judiciales designados en juzgados del régimen de
vacaciones colectivas que provengan de despachos del régimen individual, en los cuales
hayan causado vacaciones que se encuentren pendientes por disfrutar, tampoco podrán
conceder el disfrute de dichos periodos», estas se pagaran al momento del retiro
definitivo del servicio; y iv) respecto de «funcionarios judiciales del régimen de
vacaciones colectivas, que participen en programas de descongestión de despachos
judiciales, cuya vigencia coincida total o parcialmente con el periodo de la vacancia judicial,
en cuanto termine la medida de descongestión reasumirán automáticamente los cargos de
los cuales son titulares y entrarán a gozar de inmediato del resto de las vacaciones
colectivas, lo cual implica que se reintegrarán a sus labores en cuanto se termine la
vacancia judicial en el mes de enero. Los días de vacancia que les faltaren para completar
el tiempo legalmente establecido, es decir, los del mes de diciembre, les serán
compensados en dinero. […]»
Como se observa, si bien es cierto el referido instrumento solo mencionó a
funcionarios judiciales, esto no puede servir de excusa para desconocer el derecho
al descanso de los servidores judiciales que tienen la categoría de empleados 15,
pues la finalidad de la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 fue
garantizar el derecho fundamental al descanso de servidores judiciales, motivo por
el cual buscó eliminar las condiciones que constituían obstáculos para el goce de
tal garantía ius fundamental.
Para efectos de dirimir el sub examine, es pertinente relacionar los supuestos
acreditados a través de los medios probatorios aportados por las partes, de la
siguiente manera:
• Diego Fernando Duran Osorio, escribiente municipal, en provisionalidad, del
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué, en apoyo al
Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué,
14 Programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones Individuales.
15 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-
33-000-2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04770-00
Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
pertenece al régimen individual de vacaciones; a quien, mediante Resolución 214
del 8 de agosto del 2023 se le concedió el disfrute de un periodo vacacional.
• Previa petición que realizara la nominadora del demandante, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué negó la expedición de un CDP para
nombrar su reemplazo durante el disfrute de un periodo vacacional, en los
siguientes términos:
«[…] Para los fines pertinentes y dando alcance a su oficio del asunto, de manera atenta
me permito comunicarle la no existencia de disponibilidad presupuestal para cubrir
reemplazo de vacaciones del Escribiente del centro de servicios bajo su coordinación,
señor Diego Fernando Duran Osorio.
[…]
Por su parte, la Circular No. PSAC11-44 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura
establece los lineamientos para gestionar los recursos requeridos para el nombramiento
en provisionalidad de los reemplazos de los funcionarios judiciales del régimen de
vacaciones individuales de la Rama Judicial.
Conforme a lo anterior, me permito informar que la normatividad vigente no contempla
los reemplazos por vacaciones para los empleados de la Rama Judicial.”
Según lo anterior, doctora Pinto Rojas, se sugiere efectuar distribución de las tareas de
quien se encuentre disfrutando de vacaciones, entre los demás empleados del
despacho; además en aras de garantizar la oportuna y eficiente prestación del servicio
a los usuarios, es aconsejable que en cada despacho se efectúe una programación
equitativa en el tiempo del disfrute de vacaciones a fin de que no sea más de un
empleado el que se encuentre ausente por dicho motivo.
Cabe aclarar que no existe disponibilidad presupuestal para el nombramiento del
reemplazo del señor Diego Fernando, más sí se cuenta con presupuesto disponible para
conceder las vacaciones al mencionado servidor judicial, si hubiere cumplido con los
requisitos para tal fin. […]»
De acuerdo con el recuento fáctico que antecede, en el sub examine es claro que
la inconformidad del demandante proviene de la imposibilidad de disfrutar de las
vacaciones a que tiene derecho, tal como lo advirtió su nominadora en el informe
rendido, con ocasión de la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración de Judicial de Ibagué para expedir un CPD que permita nombrarle
un reemplazo durante su ausencia, con fundamento en las directrices fijadas en la
Circular PSAC 11-44 de 2011.
En este punto, tal como se refirió en líneas anteriores, dicho acto administrativo si
bien regula lo pertinente a la concesión de vacaciones de funcionarios judiciales, tal
circunstancia no puede ser leída de forma restrictiva de los derechos laborales de
Diego Fernando Duran Osorio, como servidora judicial, en tanto ya consolidó el
tiempo requerido por la ley para el disfrute de un descanso remunerado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04770-00
Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
A juicio de la Sala, las actuaciones administrativas que deben adelantar las
entidades demandadas para materializar el disfrute de las vacaciones del
demandante de ninguna manera pueden servir de excusa o justificación para
impedir su goce efectivo, y más, cuando, como en el caso bajo estudio, no existe
fundamento constitucionalmente aceptable que justifique la negativa de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué para expedir el CDP
correspondiente, que permita el nombramiento de su reemplazo durante dicho
lapso.
El Consejo de Estado, al resolver situaciones de contornos similares, ha sostenido
que la falta de asignación de recursos para nombrar el remplazo de un empleado o
funcionario judicial no solo amenaza el derecho al descanso de quien no puede
disfrutar sus vacaciones, sino también se traduce en una afectación del desarrollo
de las funciones jurisdiccionales y de la calidad del servicio de la administración de
justicia. En efecto, en sentencia de tutela proferida el 26 de febrero de 2020 16, se
precisó:
«[…] Recuérdese que según el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 “Las vacaciones
individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio”. Por
consiguiente, quebrantar el desarrollo armónico y eficiente del Juzgado al no asignar los
recursos para el reemplazo de la secretaria indudablemente amenaza el derecho
fundamental al descanso de la empleada judicial, pues como lo indica la norma este
derecho tiene una relación inescindible con “las necesidades del servicio”.
La falta de asignación de recursos para el reemplazo se traduce en la afectación del
desarrollo de las funciones jurisdiccionales del Juzgado 26 Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Cali, pues todas las labores de ese Despacho
deberán ser asumidas solamente por dos personas, lo que indudablemente repercute en
la calidad del servicio de administración de justicia.
Si bien el derecho fundamental al descanso no puede ser transgredido bajo el argumento
de que se afectará el desarrollo normal del despacho judicial, tampoco puede
desconocerse que la no asignación de recursos impactará notablemente en la
administración del servicio judicial de un Juzgado que opera con tres servidores
judiciales. Por ende, es necesario conciliar los intereses de continuidad en la prestación
del servicio y el derecho al descanso remunerado.
4.5. Tampoco puede olvidarse que el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de
las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales, tiene el deber de “(…) 6. Ejercer
la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar
del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama (…)”17
(Subrayado fuera de texto original).
Por esto, antes que promover situaciones que puedan alterar el desarrollo armónico de
un despacho judicial, las diferentes dependencias del Consejo Superior de la Judicatura
deben propender para que las labores judiciales se ejerzan normalmente y sin
traumatismos innecesarios.
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta. MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Expediente
11001031500020200014300
17 Artículo 101 de la Ley 270 de 1996
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04770-00
Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
El Consejo Superior de la Judicatura tendría que expedir directrices claras sobre el
manejo de las vacaciones individuales de todos los funcionarios judiciales, más allá de
si son funcionarios o empleados. Todo con el propósito de que la solicitud de vacaciones
no altere el normal desarrollo de la función judicial y que tampoco se vulnere el derecho
al descanso de los trabajadores.
4.6. Ahora bien, esta Sala ha manifestado que asuntos de índole administrativa no
pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente les
asiste a los trabajadores, aún más si se tiene en cuenta que el descanso constituye un
derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.
Impedir el derecho al descanso con base en restricciones administrativas no es una
carga que deban soportar las actoras, puesto que las vacaciones constituyen una
garantía fundamental que tienen todos los empleados, por lo que no puede ser
transgredida ni en función del servicio ni por cuestiones de índole presupuestal.
4.7. Así las cosas, la Sala encuentra que la decisión negativa sobre la asignación de
recursos proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Valle del Cauca atenta contra el derecho al descanso de Paola Andrea Arias Toro, pues
en la práctica implica el aplazamiento indefinido de las vacaciones, a fin de no entorpecer
el funcionamiento normal del Juzgado. Situación que a juicio de la Sala no es más que
un obstáculo administrativo.
Igualmente, un escenario en el que la referida empleada salga al disfrute de sus
vacaciones sin que sea posible el nombramiento de su reemplazo, dada la falta de
asignación de recursos, vulnera el derecho al trabajo digno de Indira Katy Vélez Murillo.
Esto en razón a que será ella quien soportará las cargas de presidir un juzgado penal
con funciones de control de garantías, con tan solo un servidor judicial que la apoye en
la realización de audiencias, proyección de providencias, realización de labores
administrativas y atención al público. […]»
En el caso concreto de Diego Fernando Duran Osorio, se observa que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué no puede dejar en
suspenso el disfrute de sus vacaciones, pues, si bien es cierto ello lo define la titular
del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué, en
calidad de nominadora, mantener una respuesta favorable al respecto depende de
la expedición del CDP que permita nombrarle un reemplazo durante su ausencia,
en aras de no afectar la prestación del servicio; razón por la cual, debe accederse
a la solicitud de amparo.
En consecuencia, se ordenará i) a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué que, dentro del término de ocho (8) días
siguientes a la notificación de esta providencia, emita el certificado de disponibilidad
presupuestal correspondiente, el cual deberá ser remitido de manera inmediata al
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué y ii) a este
último que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del respectivo
documento, nombre el reemplazo de Diego Fernando Duran Osorio, para que pueda
disfrutar de su periodo de vacaciones.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04770-00
Demandante: Diego Fernando Duran Osorio
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley
F A L L A:
Primero. Amparar los derechos fundamentales al descanso remunerado y al trabajo
digno de Diego Fernando Duran Osorio, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué que, dentro del término de ocho (8) días siguientes a la notificación de esta
providencia, emita el certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente, el
cual debe remitirlo de manera inmediata al Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Acusatorio de Ibagué.
Tercero. Ordenar al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio
de Ibagué que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal, nombre el reemplazo de Diego Fernando
Duran Osorio, para que pueda disfrutar de su periodo de vacaciones.
Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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