Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00252-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00252-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2023-00252-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
22 de agosto de 2023
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00252-01
Accionante: César Augusto Cardona González
Se modifica la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00252-01
Accionante: César Augusto Cardona González
Accionada: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué
Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Vacaciones de
los empleados judiciales / Certificado de Disponibilidad Presupuestal / Se modifica la
sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante el cual se ampararon los derechos
fundamentales invocados en la acción de tutela adelantada por César Augusto
Cardona González y se ordenó a las autoridades accionadas y vinculadas adelantar
las medidas necesarias para que este pueda gozar de sus vacaciones.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 6 de julio de 2023, César Augusto Cardona González interpuso –en nombre
propio– una acción de tutela contra la Dirección Seccional de Administración Judicial
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Accionante: César Augusto Cardona González
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de Ibagué. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo en condiciones dignas, a la dignidad humana, al descanso en
condiciones dignas, a la desconexión y al acceso a la administración de justicia,
porque la autoridad accionada negó la asignación presupuestal para nombrar el
reemplazo para cubrir sus vacaciones individuales remuneradas.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<En consideración a la anterior relación fáctica, la accionantes CESAR AUGUSTO
CARDONA GONZÁLEZ, solicitan se tutelen los derechos fundamentales al trabajo
digno, al descanso, a la dignidad, a la igualdad, a la desconexión, y el acceso eficaz
a la administración de justicia que considera vulnerado, dando aplicación a los
precedentes jurisprudenciales, y en consecuencia, se ordene a la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ, que
apropie en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente acción
constitucional, asigne partida presupuestal o certificado de disponibilidad
presupuestal, con el fin de que el Centro de Servicios Judiciales del sistema Penal
Acusatorio de Ibagué pueda nombrar un reemplazo en el cargo de Escribiente
Municipal, mientras que el suscrito disfruta de su periodo de vacaciones remuneradas
individuales a partir del 1 de Agosto de 2023>>.
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Desde el 1º de abril de 2021 se desempeña como escribiente municipal en el
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué y lo cobija el
régimen de vacaciones individuales contemplado en el artículo 146 de la Ley 270 de
19961.
3.2.- El 26 de junio de 2023, mediante Resolución No. 165, la juez coordinadora del
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué concedió al
accionante el disfrute de veinticinco (25) días de vacaciones remuneradas del
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<<Artículo 146. Vacaciones. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
serán colectivas, salvo los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de
Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio>>.
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periodo comprendido entre el 01 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, para ser
disfrutadas a partir del 1º de agosto de 2023.
3.3- El 29 de junio de 2023 el accionante solicitó ante la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal (en adelante, el <<CDP>>) para nombrar el reemplazo que cubriría su
periodo vacacional.
3.4.- El 6 de julio de 2023, mediante oficio DESAJIBO23-1211, la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Ibagué negó la solicitud de asignación presupuestal
bajo el argumento de que no existe disponibilidad presupuestal para el nombramiento
del reemplazo de empleados de la Rama Judicial. Lo anterior, con fundamento en la
circular No. PSAC11-44 de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura, que regula
la programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de
vacaciones individuales.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante indica que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales, toda vez que el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Ibagué no cuenta con planta de personal suficiente para cubrir sus
funciones durante su periodo vacacional, de manera que no podría disfrutar de sus
vacaciones en condiciones dignas sin que se genere una interrupción del servicio.
4.1.- Afirma que la ausencia de un reemplazo <<implicaría que los empleados del
centro de servicios estén en comunicación con mi persona, siendo necesario estar
pendiente del celular y/o correo para coordinar información solicitada o cualquier
decisión relacionada con mis funciones normales dentro de dicha dependencia>>, lo
cual podría afectar su salud física y mental.
4.2.- Agrega que cuando un empleado del Centro de Servicios Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio de Ibagué solicita permiso, licencia o vacaciones, la negativa de
nombrar un reemplazo genera una sobrecarga laboral en los demás empleados que
podría incidir negativamente en el adecuado desarrollo de las diligencias judiciales.
D. Oposiciones e intervenciones
5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Ibagué
(accionada) afirma que la circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 del
Consejo Superior de la Judicatura establece que la asignación de recursos no
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procede para el nombramiento de reemplazos de empleados de la Rama Judicial,
sino solo para funcionarios. Por lo tanto, de conformidad con la reglamentación
vigente, no puede expedir un CDP para la concesión de vacaciones del accionante,
pues este tiene la calidad de empleado.
6.- Solicita que se declare la improcedencia de la tutela, toda vez que la acción está
dirigida, fundamentalmente, contra la circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011 del Consejo Superior de la Judicatura, de manera que el accionante cuenta con
otros mecanismos judiciales para controvertir la legalidad de la reglamentación sobre
las asignaciones presupuestales para el nombramiento de reemplazos. Así mismo,
sostiene que no se constata la existencia de un perjuicio irremediable.
7.- La Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia (tercero interesado) solicita
su desvinculación de la presente acción de tutela, pues no tiene la competencia para
disponer recursos para el reemplazo del actor durante el periodo de vacaciones que
solicitó ante su nominador. Sin perjuicio de ello, manifiesta que la circular PSAC11-
44 del 23 de noviembre de 2011 reglamentó la asignación de recursos para el disfrute
de vacaciones individuales de funcionarios judiciales, no empleados. Por lo tanto, en
este caso, no es posible disponer los recursos.
8.- La juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Ibagué (tercero interesado) manifiesta que, con la creación de los
Juzgados 14, 15 y 16 Penales Municipales con funciones de conocimiento de Ibagué
y el Juzgado 17 Penal Municipal con función de garantías de Ibagué, <<no fueron
creados de manera análoga los correspondientes cargos de Escribientes Municipales
necesarios para cumplir con las funciones asignadas de cada despacho,
aumentando así, las cargas laborales de los diferentes funcionarios dependientes>>.
8.1.- Afirma que no es competente para decidir sobre la disponibilidad presupuestal.
Sin embargo, sostiene que, sin la asignación de un reemplazo en el cargo del
accionante, no es posible garantizar un buen desempeño de la dependencia y la
protección de los derechos fundamentales de sus funcionarios y de los particulares
que acuden a la administración de justicia.
8.2.- Informa que, con ocasión a lo anterior, procederá a modificar <<la decisión
tomada y proferida mediante la resolución No. 165 del 26 de junio del año en curso,
impidiendo el disfrute de las vacaciones del aquí accionante, por cuanto, no es
posible efectuar una adecuada distribución de funciones a los demás funcionarios
adscritos a este Centro>>.
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E. Fallo impugnado
9.- Mediante sentencia del 21 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima
amparó los derechos fundamentales al trabajo, al descanso y a la igualdad del
accionante. En consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración de Justicia de Ibagué y a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial adoptar las medidas necesarias para que el accionante César Augusto
Cardona González pueda disfrutar sus vacaciones. En particular, ordenó:
<<SEGUNDO. ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial – Ibagué, que en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas
a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central (Unidad de
Planeación o a la dependencia que corresponda), los recursos necesarios con el
propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones del señor CESAR AUGUSTO
CARDONA GONZÁLEZ.
A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central, dispondrá
de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el Director
Seccional, para proveer los mencionados recursos.
Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos
solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué,
esta última entidad le deberá COMUNICARLO de manera inmediata a la Juez
Coordinadora del Centro del Servicios del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué
TERCERO. ORDENAR a la Juez Coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS DEL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE IBAGUÉ que, en un plazo de cuarenta y ocho
(48) horas a partir de la comunicación en donde se informará la expedición del
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal, se materialice o conceda
la solicitud de vacaciones del empleado judicial CESAR AUGUSTO CARDONA
GONZÁLEZ, de forma que se garantice su derecho al descanso>>
9.1.- Para sustentar su decisión, expuso que la imposibilidad de disfrutar las
vacaciones es consecuencia de un obstáculo impuesto por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué, toda vez que la juez coordinadora
del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué manifestó
que el accionante no podrá disfrutar de sus vacaciones sin que se apruebe el CDP
para nombrar su reemplazo.
9.2.- Señaló que la circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 estableció la
asignación de recursos para el reemplazo provisional solamente de los funcionarios
judiciales que pertenezcan al régimen de vacaciones individuales, condición que no
ostenta el actor, dada su calidad de empleado judicial. Sin embargo, precisó que la
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falta de disponibilidad presupuestal no es justificación suficiente para impedirle a un
empleado gozar de su derecho a vacaciones.
9.3.- Añadió que <<la sola cesación de laborales no garantiza el derecho al descanso
que le permita al trabajador reanudar sus fuerzas, si durante ese término subsiste la
preocupación respecto al trabajo pendiente y que aumenta durante las vacaciones,
lo que exigiría al actor una carga adicional cuando regrese de su descanso>>.
9.4.- Concluyó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué no pueden negarse a
tramitar la disponibilidad presupuestal si evidencian que el disfrute de las vacaciones
de un empleado afecta la prestación del servicio judicial.
F. Impugnación
10.- El 31 de julio de 2023, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impugnó
la sentencia del 21 de julio de 2023 del Tribunal Administrativo del Tolima. Sostiene
que las Direcciones Seccionales y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
no cuenta con presupuesto para expedir CDP para el reemplazo de un empleado
judicial sujeto al régimen de vacaciones individuales, toda vez que es una situación
que no está autorizada por ninguna norma.
11.- Señala que el Tribunal Administrativo del Tolima no consideró las razones
legales que sustentaron la negativa de expedir el CDP, y que fue el nominador del
accionante quien manifestó que no le permitirá el goce de las vacaciones.
II. CONSIDERACIONES
12.- La Sala modificará la sentencia de primera instancia, así: (i) confirmará el
amparo de los derechos fundamentales del actor concedido por la primera instancia
y le ordenará a su nominadora que permita el disfrute del periodo vacacional
solicitado; (ii) negará la pretensión de ordenarle a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué que expida el CDP para el nombramiento de su
reemplazo provisional, pues dicha pretensión no guarda una relación directa con el
derecho fundamental al descanso. También exhortará al Consejo Superior de la
Judicatura para que adopte las medidas necesarias tendientes a solucionar las
situaciones administrativas relacionadas con el derecho al descanso de los
servidores de la Rama Judicial.
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13.- El derecho al descanso es una garantía fundamental reconocida expresamente
en el artículo 53 de la Constitución Política, y está relacionado con la dignidad
humana y el derecho al trabajo en condiciones dignas que se manifiesta, por ejemplo,
en las vacaciones del trabajador que son irrenunciables. En palabras de la Corte
Constitucional <<el derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad
que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales,
para proteger su salud física y mental, para compartir con su familia (…)>> 2.
14.- Se encuentra acreditado que el actor: (i) tiene un periodo vacacional pendiente
causado entre el 1º de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022; (ii) solicitó el disfrute
de sus vacaciones a partir del 1º de agosto de 2023; (iii) la Dirección Ejecutiva
Seccional de Ibagué se negó a expedir el CDP para nombrar el reemplazo temporal
del actor; y (iv) la nominadora del accionante no le ha permitido gozar del periodo
vacacional ante la negativa en la expedición del CDP y debido a la necesidad del
servicio.
15.- La Sala advierte que el derecho a las vacaciones del trabajador no puede estar
condicionado a la expedición del CDP, toda vez que no resulta admisible que la
concesión y el disfrute de las vacaciones del trabajador dependa de cargas
administrativas que no está llamado a soportar. Por lo tanto, se constata que impedir
el disfrute del periodo vacacional que legalmente le asiste al actor por asuntos de
índole administrativo, presupuestal y de organización interna, vulneran el derecho
fundamental al descanso del accionante.
16.- En consecuencia, le ordenará a la juez coordinadora del Centro de Servicios
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué que le permita disfrutar del
periodo vacacional a que tiene derecho, sin supeditar esa decisión a la expedición
de un CDP ni al nombramiento de un reemplazo.
17.- Por otra parte, frente a la orden impartida por el a quo consistente en ordenar la
expedición del CDP, esta Sala encuentra que no guarda relación directa con la
vulneración al derecho al descanso del accionante. En efecto, en el presente caso,
la vulneración al derecho fundamental se basó en que el nominador no permitió el
disfrute de las vacaciones solicitadas por el accionante ante la negativa de
expedición del CDP. Así mismo, resalta que la acción de tutela no es el medio idóneo
para dictar órdenes que impliquen erogaciones o apropiaciones presupuestales.
2 Corte Constitucional, sentencia C-598/97. M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterado en numerosas
ocasiones, por ejemplo, en la sentencia C-019 de 2004, T-076 de 2011 y C-171 de 2020.
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17.1.- Por lo tanto, la Sala modificará el fallo de la primera instancia, adecuando las
órdenes para que, como se mencionó anteriormente, la juez coordinadora del Centro
de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Ibagué conceda y permita
el disfrute de las vacaciones solicitadas por el accionante.
17.2.- La Sala observa que esta es una problemática reiterada y extendida que afecta
a todos los servidores judiciales que se encuentran en tales situaciones, a tal punto
que por ese motivo se han presentado una gran cantidad de acciones de tutela por
hechos similares, sin que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el
Consejo Superior de la Judicatura, como representantes de la Rama Judicial para
tales efectos, hayan dictado medidas suficientes para conjurar dicha situación.
17.3. En consecuencia, los exhortará para que adopten las decisiones necesarias y
expidan los actos correspondientes con el fin de solucionar de una vez por todas las
situaciones administrativas y el derecho al descanso de todos los servidores de la
Rama Judicial a quienes se les ha negado dicha garantía, sin que con las nuevas
medidas a adoptarse se afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del
servicio de administración de justicia en los despachos o dependencias de los que
hacen parte.
18.- Finalmente, se negará la solicitud de desvinculación elevada por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, pues de los hechos y las
pretensiones formuladas por el actor se advierte la participación directa de dicha
autoridad en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFÍQUESE la sentencia de primera instancia proferida el 21 de julio
de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, AMPÁRASE el
derecho fundamental al descanso del señor César Augusto Cardona González,
ORDÉNASE a la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema
Penal Acusatorio de Ibagué que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de esta providencia, conceda y permita el disfrute
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Accionante: César Augusto Cardona González
Se modifica la sentencia de primera instancia
de las vacaciones solicitadas por el accionante, de forma que se garantice su derecho
al descanso y la prestación del servicio y NIÉGASE la pretensión relacionada con la
expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
SEGUNDO. NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración de Justicia.
TERCERO. EXHÓRTASE al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para que adopten las decisiones necesarias y
expidan los actos administrativos correspondientes con el fin de solucionar de una
vez por todas las situaciones administrativas y el derecho al descanso de todos los
servidores de la Rama Judicial a quienes se les ha negado dicha garantía, sin que
con las nuevas medidas a adoptar se afecte la debida, oportuna y adecuada
prestación del servicio de administración de justicia en los despachos o
dependencias de los que hacen parte.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
QUINTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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