Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04778-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04778-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04778-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO – Niega amparo
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Tito Aldemar Ruano Yandun
contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 1° de septiembre de 2023, Tito Aldemar Ruano Yandun2 instauró demanda de
tutela contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad. Considera que tales prerrogativas
fueron vulneradas con ocasión de la expedición de la Resolución 246 del 18 de
agosto de 2023, mediante la cual se ordenó su entrega a las autoridades de los
Estados Unidos para que comparezca a juicio ante las mismas, por los hechos que
motivaron su extradición.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente3:
<< PRIMERO: Solicito me sean amparados los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y derecho a la igualdad, y
cualquier otro del mismo rango que se determine como violado por la
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA y el MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO.
SEGUNDO: Se ordene a la accionada declarar de oficio la nulidad de la
Resolución Número 246 del 18 de agosto de 2023 por medio de la cual se ordena
mi entrega a las autoridades de los Estados Unidos de América. pues me
encuentro aun a órdenes de la JEP, sala Amnistía e indulto. Quienes aún no han
decidido mi suerte final.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Quien en la actualidad se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá
“La Picota”.
3 Escrito de demanda, folio 5.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
TERCERO: Se ordene a la accionada, una vez producida la nulidad del acto
administrativo, realizar el efectivo estudio de los antecedentes y
condicionamientos proferidos y con ello proveer la garantía de mis derechos
fundamentales antes de proceder a mi entrega efectiva ante las autoridades de
los Estados Unidos de América.
CUARTO: Se ordene al accionante que antes de realizar mi entrega efectiva ante
las autoridades de los estados Unidos de Norte América; se surtan la totalidad
de trámites que se encuentra en Colombia tal como lo conceptuó la Honorable
Corte Suprema de Justicia en su acápite numero 5 Cuestión Final.>>.
3.- Como sustento fáctico de su solicitud, el accionante relató que mediante la
Resolución No. 11 del 5 de junio de 2017, la cual le fue comunicada mediante oficio
OFI17-00069223/JMSC 112000 del 12 de junio de 2017 y notificada personalmente
en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (en adelante ETCR) de
Tumaco (Nariño), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (en adelante OACP)
lo aceptó y acreditó como integrante de las FARC-EP.
4.- A través del Decreto 1096 de 27 de junio de 2017 el Presidente de la República
le otorgó la amnistía de iure consagrada en la Ley 1820 de 2016.
5.- De manera sobreviniente a dicha acreditación, mediante el Oficio DFGN- No.
20171000012981 del 10 de julio de 2017 emitido por la Fiscalía General de la Nación,
la OACP con el apoyo de entidades que hacen parte del Comité Técnico
Interinstitucional para la revisión de listados (Decreto 1174 de 2016), recibió
información en la que se daba cuenta de que la Fiscalía 14 Delegada Contra el
Narcotráfico y Lavado de Activos, se encontraba investigando al accionante por los
delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de sustancias para el procesamiento
de narcóticos y delitos conexos. Así como por su pertenencia a una estructura
criminal dedicada al tráfico de drogas desde Colombia a los Estados Unidos4.
6.- Mediante Oficio OFI17- 00087005 / JMSC 112000 de 14 de julio de 2017, la
OACP informó al accionante que quedaba sin efectos el Oficio OFI17-
00069223/JMSC - 112000 del 12 de junio de 2017, mediante el cual se comunicó su
aceptación y acreditación como integrante de las FARC-EP, contenidas en la
Resolución No. 11 del 5 de junio de 2017.
a)Trámite de extradición
7.- A través de la Nota Verbal No. 1780 de 24 de octubre de 2017, el Gobierno de
los Estados Unidos, por intermedio de su representación diplomática en Colombia,
solicitó al Gobierno Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, la detención
provisional con fines de extradición del señor Tito Aldemar Ruano Yandún, de
nacionalidad colombiana, requerido para comparecer a juicio por la comisión de
delitos ligados al tráfico de estupefacientes. Lo anterior, de conformidad con la
acusación No. CR 17-0027, dictada el 20 de enero de 2017 por la Corte Distrital de
los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, mediante la cual se le acusa
de:
4 Dicha investigación se adelantó bajo el radicado 110016000098201400280.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<<Concierto para distribuir cocaína con la intención, el conocimiento y causa
razonable para creer que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados
Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963, 959(a), 959 (d), 960(a)(3) y
960(b)(1)(B)(ii) del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Secciones 3238 y
3551 del Código de los Estados Unidos. (...) La investigación de las fuerzas del orden
reveló que entre 2015 y julio de 2016, Tito Aldemar Ruano Yandun fue el líder
principal de una organización de tráfico de narcóticos (DTO) que se concertó para
distribuir miles de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de
Centroamérica, a México para su transporte y distribución dentro de los Estados
Unidos, incluyendo Nueva York. La DTO de Ruano Yandun transportó cargamentos
de cocaína, en los cuales él invirtió, desde la costa pacífica de Colombia a Guatemala
y México por vía marítima utilizando lanchas rápidas. Los narcóticos fueron
posteriormente vendidos a organizaciones de tráfico de narcóticos a gran escala para
su importación final a los Estados Unidos. La evidencia que sustenta las acusaciones
en contra de Ruano Yandun incluye comunicaciones interceptadas legalmente entre
Ruano Yandun y el co-acusado Onofre Junior Aguiño Arboleda y entre un testigo que
coopera en el caso, quien es miembro de la DTO y Aguiño Arboleda. Adicionalmente
las comunicaciones interceptadas legalmente revelaron que Ruano Yandun, el
testigo que coopera en el caso y otros asociados al tráfico de narcóticos hablaron
sobre la logística para coordinar y transportar varios cargamentos de narcóticos.
Desde octubre de 2015 hasta julio de 2016, autoridades de las fuerzas del orden de
Colombia, Ecuador y los Estados Unidos incautaron legalmente cuatro cargamentos
de Ruano Yandun por un total de más de 2.000 kilogramos de cocaína>>.
8.- Mediante Resolución del 25 de octubre de 2017, la Fiscalía General de la Nación
(en adelante FGN) ordenó la captura del accionante con fines de extradición, quien
había sido retenido el 19 de octubre de 2017, por miembros de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en la
notificación de una circular roja emitida por la INTERPOL.
9.- A través de la Nota Verbal No. 2033 del 14 de diciembre de 2017, la Embajada
de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición.
10.- Mediante Oficio No. 0F117-0041629-DAI-1100 del 15 de diciembre de 2017, el
Ministerio de Justicia y del Derecho remitió el expediente de extradición a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que dicha entidad emitiera el
concepto correspondiente.
11.- El 17 de julio de 2019 la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable
dentro del trámite de extradición adelantado en contra del accionante.
12.- Mediante la Resolución No. 120 del 6 de agosto de 2019, el Presidente de la
República concedió la extradición del accionante y condicionó su entrega a la
“firmeza de la decisión ya adoptada por la Subsección Tercera de la Sección de
Revisión del Tribunal para la Paz, mediante auto SRT-AE-031/2019 del 17 de mayo
de 2019, en el que se resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de aplicación
de la garantía de no extradición; o a la decisión en firme en que se resuelva no dar
aplicación a la mencionada garantía en el evento de que, por razón de la
impugnación, dicha jurisdicción decidiera avocar conocimiento”.
13.- En la Resolución No. 186 de 24 de octubre de 2019, en respuesta al recurso
de reposición interpuesto por el accionante, el Presidente de la República resolvió
confirmar la decisión adoptada en la Resolución No. 120 del 6 de agosto de 2019.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
14.- A través de la Resolución No. 246 de 18 de agosto de 2023, el Presidente de
la República ordenó proceder con la entrega del accionante para que comparezca a
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el cargo imputado
en la acusación No. CR17-0027, una vez se allegara el compromiso por parte del
Gobierno de los Estados Unidos sobre el cumplimiento de los condicionamientos
impuestos por el Gobierno Nacional en la Resolución Ejecutiva N° 120 del 6 de
agosto de 2019. Lo anterior, teniendo en cuenta que, mediante la Sentencia TP-SA-
GNE 345 de 2023 del 19 de abril de 2023, la Sección de Apelación del Tribunal para
la Paz confirmó el auto SRT-AE-006/2022 del 8 de junio de 2022, por medio del cual
la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz negó la aplicación de la Garantía de
No Extradición solicitada por el accionante.
b) Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección
Primera del Consejo de Estado
15.- El 28 de febrero de 2018, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el accionante presentó demanda en contra de la
Nación – Presidencia de la República- Oficina del Alto Comisionado para la Paz5,
con el fin de que se declare la nulidad del oficio OFI17- 00087005 / JMSC 112000
del 14 de julio de 2017 proferido por la OACP y a título de restablecimiento se ordene
a la entidad demandada “acreditar ante las diferentes entidades judiciales y
organismos gubernamentales al [accionante] como miembro integrante de las FARC-
EP, de acuerdo con su inclusión en los listados emitidos por los representantes de
las FARC-EP y la debida aceptación y acreditación en Resolución No. 011 del 5 de
junio de 2017”.
16.- Además, solicitó como medidas cautelares: (i) suspender los efectos del acto
administrativo de revocatoria de la Resolución No. 11 del 5 de junio de 2017; (ii)
suspender los efectos del oficio OFI17-00087005/JMSC 112000 de 14 de julio de
2017 por medio del cual se le informó que quedaba sin efectos el Oficio No. 17-
00069223JMSC-12000 del 12 de junio de 2017; (iii) suspender la orden de captura
con fines de extradición; (iv) suspender por prejudicialidad el proceso especial penal
de extradición No. 110010204000-2017-02262-00 adelantado ante la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia; y (v) disponer la libertad inmediata del demandante.
17.- Mediante auto de 19 de diciembre de 2019, la Sección Primera de esta
Corporación resolvió: (i) negar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del
oficio OFI17-00087005 / JMSC 112000 de 14 de julio de 2017 y (ii) abstenerse de
emitir un pronunciamiento sobre las demás solicitudes de medidas cautelares. Esto
último, al considerar que la suspensión de la orden de captura con fines de
extradición y del proceso que cursaba contra el accionante en la Corte Suprema de
Justicia, así como la solicitud de libertad inmediata, eran asuntos que desbordaban
la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
18.- El 5 de febrero de 2021, se celebró la audiencia inicial con asistencia de
apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
oportunidad en la que se despacharon en forma desfavorable las excepciones
previas formuladas por la entidad demandada y se concedió término para presentar
5 Identificada con número de radicado: 11001-03-24-000-2018-00060-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
alegatos de conclusión. El expediente se encuentra al despacho para fallo desde el
9 de marzo de 2021.
c) Trámite del beneficio de Garantía de No Extradición ante la Jurisdicción
Especial para la Paz
19.- El 15 de mayo de 2018, por intermedio de su apoderado, el accionante radicó
ante la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP) una solicitud de Garantía
de No Extradición (en adelante GNE), en atención a su acreditación como miembro
de las FARC-EP por parte de la OACP, por lo que solicitó a la Sección de Revisión
de la JEP decidir sobre: (i) su pertenencia a dicha guerrilla, (ii) emitir concepto sobre
la procedibilidad de su extradición y (iii) ordenar la remisión de la solicitud de la
autoridad extranjera que en ese momento se encontraba en trámite ante la Corte
Suprema de Justicia.
20.- Mediante Auto SRT-AE-031 de 17 de mayo de 2019, la Sección de Revisión
del Tribunal para la Paz (en adelante SR), resolvió no avocar conocimiento de dicha
solicitud, al no encontrar demostrado el factor personal del solicitante.
21.- A través del Auto TP-SA- 741 de 2021, la Sección de Apelación del Tribunal
para la Paz (en adelante SA), revocó el Auto SRT-AE-031 y en su lugar: (i) avocó
conocimiento de la GNE y (ii) ordenó devolver el asunto a la Sección de Revisión
para que se le diera el trámite judicial correspondiente.
22.- Mediante el Auto SRT-AE-006 de 8 de junio de 2022, la SR negó la concesión
de la GNE respecto de los hechos contenidos en el indictment No. CR17-0027 de 19
de enero de 2017, al considerar que en el caso del accionante no se cumplían los
factores personal y material de competencia bajo el estándar de probabilidad de
verdad.
23.- Contra la anterior determinación el solicitante, mediante escrito de 15 de junio
de 2022, formuló recurso de reposición y en subsidio apelación. A través del auto
SRT- AE-007 de 27 de julio de 2022, la SR negó las solicitudes de suspensión y
nulidad del trámite y resolvió no reponer la providencia SRT-AE 006 de 8 de junio de
2022.
24.- Posteriormente, mediante Sentencia TP-SA-GNE 345 del 19 de abril de 2023
la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz confirmó la decisión de negar la
GNE y las demás determinaciones adoptadas en el Auto SRT-AE-006 de 2022, salvo
la orden cuarta de la parte resolutiva en el sentido de “ORDENAR que sea la Sala
de Amnistía o Indulto a quien debe remitirse las actuaciones ligadas al Régimen de
Condicionalidad al que se encuentra comprometido el señor RUANO YANDÚN en
virtud de la amnistía de iure que le fue concedida, sumado a que en dicho trámite
evalúe la incidencia de los hallazgos relacionados [con las actividades ligadas al
tráfico de estupefacientes que tuvieron lugar con posterioridad al 1° de diciembre de
2016, descritas en el Expediente 2014-00280 a cargo de la Fiscalía 14 de la
Dirección Especializada contra el Narcotráfico]”.
d) Tutela
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
25.- La parte actora alega que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad,
debido a que: (i) durante todo el trámite de extradición y el trámite de GNE ha insistido
en que se efectúe la suspensión del proceso ante la ausencia del fallo proferido por
el Consejo de Estado sobre la revocatoria de la certificación de la OACP que se
adelanta bajo el radicado No. 110010324000-2018-00060-00 y (ii) la Presidencia de
la República de Colombia ha desconocido las órdenes emitidas por la Jurisdicción
Especial para la Paz, en las que, si bien no otorgó el acceso a la GNE, sí ordenó a
la Sala de Amnistía o Indulto (en adelante SAI) hacer frente a las actuaciones ligadas
al Régimen de Condicionalidad al que el accionante se encuentra comprometido en
virtud de la amnistía de iure que le fue concedida mediante Decreto No. 1096 del 27
de junio de 2017, razón por la cual considera que el trámite ante la JEP aún no ha
concluido, pues dicha jurisdicción no lo ha puesto a disposición de la Presidencia de
la República para continuar con su traslado a los Estados Unidos de América, en el
marco del proceso de extradición que se adelanta en su contra.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
26.- Mediante auto de 6 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades accionadas y se requirió: (i) a la Presidencia de la
República, al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Corte Suprema de Justicia,
para que allegaran toda la documentación que obre en su poder, relacionada con el
trámite de extradición del ciudadano Tito Aldemar Ruano Yandun; y (ii) al Tribunal
para la Paz y a las Salas de Revisión y Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial
para la Paz -JEP-, para que: (a) informaran la situación actual del señor Tito Aldemar
Ruano Yandun en esa Jurisdicción, (b) remitieran copia de las actuaciones que se
han surtido con ocasión de la comparecencia del referido señor y su solicitud de
Garantía de No Extradición, incluidas las decisiones adoptadas; e (c) informaran si
existe algún asunto pendiente de decisión.
(i) Jurisdicción Especial para la Paz – Sección de Revisión6
27.- El 12 de septiembre de 2023, la Magistrada Claudia López Díaz realizó un
recuento de las principales actuaciones que tuvieron lugar en el trámite de la
solicitud del beneficio de GNE elevada por el accionante y señaló que a la fecha la
SR no tiene activo trámite alguno del solicitante relacionado con la GNE, toda vez
éste culminó con la expedición de la sentencia de segunda instancia por parte de la
SA, que confirmó la decisión desfavorable a los intereses del señor Ruano Yandun,
la cual se encuentra debidamente ejecutoriada. Por tanto, indicó que no existe
asunto pendiente de resolución sobre esta materia.
(ii) Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal7
28.- El 12 de septiembre de 2023, el Magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán,
realizó un recuento de las actuaciones realizadas en el trámite de extradición del
accionante y precisó que el implicado fue rechazado de los sistemas de justicia
transicional (JEP y Justicia y Paz), motivo por el cual, ante la no configuración de las
prohibiciones consagradas en la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia
6 Intervención digital contenida en 4 folios.
7 Intervención digital contenida en 5 folios.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
procedió a emitir el concepto que en derecho correspondía, en el que se consignaron
las razones de hecho y de derecho que llevaron a adoptar la decisión objeto de
debate. Por lo anterior, solicitó negar el amparo deprecado.
(iii) Ministerio de Justicia y del Derecho8
29.- El 13 de septiembre de 2023, el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que
la acción de tutela se declare improcedente. Para ello indicó que el accionante cuenta
con mecanismo ordinarios de defensa, como el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir la Resolución No. 246 de 18 de agosto
de 2023, por medio de la cual el Presidente de la República ordenó proceder con su
entrega para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de
América por el cargo imputado en la acusación No. CR17-0027.
(iv) Presidencia de la República9
30.- El 13 de septiembre de 2023, la Presidencia de la República solicitó negar la
acción de tutela, al considerar que: (i) el proceso de extradición que se adelanta en
contra del accionante se encuentra cobijado por el principio de legalidad; (ii) las
autoridades competentes han cumplido con todos los requisitos y procedimientos
señalados en la Constitución, los tratados internacionales y la ley; y (iii) el accionante
decidió no ejercer el medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho, que
le permitiría impugnar los actos administrativos relacionados con su extradición.
31.- Pese a haber sido notificada en debida forma la Sala de Amnistía e Indulto de
la JEP guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
32.- Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
particular, la Corte Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de
amparo se torna especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para
atacarlos ya que, por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio
de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administración, al momento de
manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y
legales a las que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto
administrativo se presuma, obligando a quien pretende controvertirlo a demostrar su
ilegalidad, debate que se debe adelantar ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa10.
33.- En esa línea, la jurisprudencia constitucional 11 ha señalado que, por regla
general, la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos obedece
a: (i) la existencia de mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador
para controvertir las actuaciones de la administración; (ii) la presunción de legalidad
8 Intervención digital contenida en 8 folios.
9 Intervención digital contenida en 16 folios.
10 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-253 de 2020, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que los cobija; y (iii) la posibilidad de adoptar medidas cautelares a fin de proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.
34.- Sin perjuicio de lo anterior, también cabe reconocer que, aún en los casos en
que concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que existen dos excepciones que justifican la procedibilidad de la acción
de tutela. Tales son: (i) la falta de idoneidad y eficacia del mecanismo de defensa
judicial ordinario; o (ii) en aquellas hipótesis en las que pese a existir un medio de
defensa judicial que cumple con las mencionadas características, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable12, caso en el cual el amparo constitucional
procede como mecanismo transitorio13.
35.- En el caso en cuestión, debe precisarse que en comienzo acción de tutela de
la referencia no resultaría procedente para discutir la Resolución No. 246 de 18 de
agosto de 2023, mediante la cual el Gobierno Nacional concedió la extradición del
accionante a los Estados Unidos de América, dado que, por regla general, este
mecanismo no puede utilizarse para discutir actos administrativos, en el entendido
de que para ello la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
36.- Sin embargo, la Sala considera que en el asunto bajo estudio se está ante la
probable configuración de un perjuicio irremediable, dado que la decisión de la
concesión de la extradición se encuentra en firme, por lo que su materialización
sucederá en cualquier momento, previo cumplimiento de los condicionamientos
necesarios para su entrega, motivo por el cual resulta procedente el estudio de fondo
del asunto formulado por el accionante.
37.- En el caso objeto de examen se encuentran reunidos los presupuestos de
inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad de la acción de tutela, dado que
en cualquier momento el accionante será entregado a las autoridades de los Estados
Unidos de América, por lo que no resulta procedente ordenarle que agote el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que las
particularidades del asunto y las condiciones actuales impiden concebirlo como un
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la salvaguarda de los derechos
alegados como vulnerados.
38.- Al respecto es importante precisar que al referirse a la procedencia de la acción
de tutela en contra de actos administrativos que conceden la extradición de un
ciudadano, la Corte Constitucional ha señalado las siguientes razones que resultan
pertinentes y asimilables para un caso como el que nos ocupa, en el que se cuestiona
el acto de entrega, posterior a la extradición:
12 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela. Sobre la condición anotada, a Corte
Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable; así ha indicado que “es
aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente;
(iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
“Contra el acto administrativo que concede la extradición cabe la acción contencioso
administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho (…) Observa la Corte, sin
embargo que, si bien a través de la acción contencioso administrativa se puede
cuestionar la legalidad del acto por medio del cual se concede la extradición,
incluyendo su examen a la luz de las disposiciones constitucionales sobre derechos
fundamentales, esa vía no es eficaz para brindar protección frente a la efectiva
remisión al exterior de un ciudadano con base en una decisión administrativa
eventualmente contraria a la Constitución y a la ley.
(…)
Se tiene entonces que una vez se ha hecho efectiva la extradición la persona
extraditada escapa del ámbito de la jurisdicción del Estado colombiano, el cual, por
consiguiente, ya no sería autónomo para disponer del sujeto. En esas condiciones
es claro que la acción contencioso administrativa es ineficaz para la protección de
los derechos cuya violación se derive del hecho mismo de la remisión de la persona
al exterior.
Observa la Corte que en esta hipótesis concreta y frente a esta eventualidad, el
accionante no tiene vía procesal distinta de la tutela y por consiguiente, por este
concepto de procedibilidad, se impone un pronunciamiento de fondo sobre todas
las pretensiones del tutelante.
Por las anteriores consideraciones se tiene que, en este caso, el único mecanismo
para impedir en sede judicial, de manera efectiva, la remisión al exterior de un sujeto
cuya extradición se haya concedido con desconocimiento de los derechos y de las
garantías constitucionales, es la acción de tutela. (…)”14
39.- En ese orden de ideas, en aras de establecer si dicha decisión se ajusta al
ordenamiento jurídico, la Sala procederá a realizar algunas precisiones acerca del
marco normativo y jurisprudencial: (i) del trámite de extradición en Colombia y (ii) la
extradición en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y las FARC-EP.
40.- El Acto Legislativo 01 de 1997, que modificó el artículo 35 de la CP, consagra
que la extradición de los colombianos por nacimiento: (i) se concede por hechos
punibles cometidos en el exterior, definidos de esa forma en la legislación penal
colombiana; (ii) no procedería por delitos políticos; y, (iii) tampoco es procedente
cuando se trate de delitos cometidos con anterioridad a su promulgación.
41.- Sobre este mecanismo, se ha señalado que se trata de un instrumento de
colaboración entre los Estados, con el que se pretende combatir el crimen y evitar la
impunidad de este. Así mismo, la extradición no implica un prejuzgamiento, pues la
investigación y el juicio se efectuarán en el Estado requirente; igualmente no supone
una transgresión de la soberanía nacional, pues es el Estado donde se encuentra el
imputado el que decide si se concede o no, conforme a la Ley 906 de 2004.
42.- El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene
la función de ofrecer o conceder la extradición de una persona procesada o
condenada en el exterior, siempre y cuando se cumplan, además de los requisitos
señalados con anterioridad y del consagrado en el artículo 19 del Acto Legislativo 01
de 2017, los presupuestos fijados en el artículo 493 de la Ley 906 de 2004, es decir
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-110 de 2002.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que: (i) el hecho que la motiva esté tipificado en Colombia como delito; (ii) se prevea
una pena privativa de la libertad no inferior a 4 años; y (iii) en el exterior se haya
proferido una resolución de acusación o su equivalente.
43.- En este punto, es importante precisar que si bien la concesión o el ofrecimiento
de la extradición, es en comienzo facultativo, según los artículos 491 y 492 de la Ley
906, este debe contar con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de
Justicia y deberá subordinarse a las condiciones establecidas en el artículo 494 de
la referida ley. En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la
manifestación de voluntad del Estado colombiano constituye un acto administrativo
complejo, proferido en un trámite de naturaleza mixta ya que se caracteriza por la
intervención de las Ramas Ejecutiva y Judicial, del poder público, toda vez que si
bien la decisión final de extraditar o no a una persona es facultativa del Gobierno
Nacional, se requiere previamente que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia haya rendido un concepto favorable para tal efecto15.
44.- De conformidad con las disposiciones consagradas en los artículos 495 a 509
de la Ley 906 de 2004, el trámite de extradición puede resumirse en tres etapas:
(i). Una etapa administrativa inicial, en la que el Estado requirente debe allegar
toda la documentación prevista en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004 para solicitar
la extradición de algún ciudadano16. Posteriormente el Ministerio de Relaciones
Exteriores conceptúa si debe procederse de conformidad con convenciones o usos
internacionales, o si debe obrarse de conformidad con el trámite ordinario17. Una vez
se rinda dicho concepto, las diligencias pasan al Ministerio de Justicia y del Derecho
quien examina si la documentación aportada por el Estado requirente se encuentra
completa18 y en caso de verificar el cumplimiento de dicho requisito el Ministerio de
15 Sentencia C-333 de 2014.
16 “Artículo 495. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento. La solicitud para que se ofrezca o se
conceda la extradición de persona a quien se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o
condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de
gobierno a gobierno, con los siguientes documentos:
1. Copia o trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente.
2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron
ejecutados.
3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada.
4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.
Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado requirente y
deberán ser traducidos al castellano, si fuere el caso.”
17“Artículo 496. Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recibida la documentación, el Ministerio de
Relaciones Exteriores ordenará que pasen las diligencias al Ministerio del Interior y de Justicia junto con el
concepto que exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones o usos internacionales o si se debe
obrar de acuerdo con las normas de este código.”
18“Artículo 497. Estudio de la documentación. El Ministerio del Interior y de Justicia examinará la documentación
en un término improrrogable de cinco (5) días y si encuentra que faltan piezas sustanciales en el expediente, lo
devolverá al Ministerio de Relaciones Exteriores, con indicación detallada de los nuevos elementos de juicio que
sean indispensables.”
“Artículo 498. Perfeccionamiento de la documentación. El Ministerio de Relaciones Exteriores adelantará las
gestiones que fueren necesarias ante el gobierno extranjero, a fin de que la documentación se complete con los
elementos a que se refiere el artículo anterior.”
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Justicia y del Derecho dispone su remisión a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia19.
(ii). La etapa judicial, en la que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia emite concepto favorable o desfavorable sobre la solicitud de extradición.
Para ello debe analizar: la validez formal de la documentación presentada,
demostración plena de la identidad del solicitado, principio de la doble incriminación,
equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, el
cumplimiento de lo previsto en tratados públicos.
(iii). Una etapa administrativa final, posterior al concepto emitido por la Corte
Suprema de Justicia, en la que dicha Corporación debe remitir el expediente al
Gobierno Nacional y al Ministerio de Justicia y del Derecho para que se dicte la
resolución que conceda o niegue la extradición, según corresponda20. En este punto
debe precisarse que el concepto desfavorable es obligatorio para el Gobierno
Nacional, por lo que en este escenario debe proceder a negar la extradición y, por el
contrario, en caso de obtener un concepto favorable éste contará con la
discrecionalidad de obrar según las conveniencias nacionales21. Por último, si se
concede la extradición y el requerido no se encuentra privado de la libertad, la
Fiscalía General de la Nación ordenará la captura del solicitado, posteriormente,
realizará su entrega a las autoridades del Estado requirente. Si la solicitud se niega,
dicha entidad debe ordenar que se ponga en libertad al detenido22.
45.- Ahora bien, en virtud de la suscripción del Acuerdo Final y la aprobación del
Acto Legislativo 01 de 2017, los integrantes de las FARC-EP y las personas
acusadas de formar parte de dicha organización cuentan con una garantía adicional
a las ya previstas, toda vez que el artículo transitorio 19 del artículo 1º del
mencionado acto prevé que no se podrá conceder la extradición, ni proferir medida
de aseguramiento con tal fin, respecto de hechos o conductas ocasionadas u
ocurridas durante el conflicto armado.
46.- Además, establece que, si se argumenta la comisión de delitos con
posterioridad a la firma del Acuerdo Final con el fin de solicitar la extradición de
alguna de las personas ya mencionadas, la Sección de Revisión del Tribunal para la
Paz deberá precisar la fecha en la cual se cometió la conducta punible, para lo cual
contará con un plazo no superior a 120 días “salvo en casos justificados que
dependan de la colaboración con otras instituciones”.
19“Artículo 499. Envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Una vez perfeccionado el expediente, el
Ministerio del Interior y de Justicia lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que
esta Corporación emita concepto.”
20 “Artículo 503. Resolución que niega o concede la extradición. Recibido el expediente con el concepto de la
Corte Suprema de Justicia, habrá un término de quince (15) días para dictar la resolución en que se conceda o
se niegue la extradición solicitada.”
21 “Artículo 501. Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término anterior, la Corte Suprema de
Justicia emitirá concepto. El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere
favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.”
22“Artículo 506. Entrega del extraditado. Si la extradición fuere concedida, el Fiscal General de la Nación ordenará
la captura del procesado si no estuviere privado de la libertad, y lo entregará a los agentes del país que lo
hubieren solicitado. Si fuere rechazada la petición, el Fiscal General de la Nación ordenará poner en libertad al
detenido.”
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
47.- En ese contexto, la Garantía de No Extradición (GNE) hace parte de los
tratamientos especiales de justicia dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, y consiste en la prohibición de concederla u ofrecerla
por delitos ocasionados durante el conflicto armado interno o con ocasión de este
hasta su finalización. Dicha garantía, en el escenario de la justicia transicional, tiene
una doble dimensión: de una parte, la seguridad jurídica de los excombatientes,
quienes se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz a efectos de que se
investigue y juzgue su responsabilidad en el conflicto mediante las reglas
sustanciales y procesales previstas en el Acto Legislativo 01 de 2017; y de la otra,
los derechos de la sociedad y de las víctimas del conflicto, a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición respecto de los hechos del conflicto y, en particular, de
aquellos que configuran graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y
graves violaciones de los Derechos Humanos.
48.- En desarrollo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016
entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y con la finalidad de garantizar, en
función de la paz, los derechos de las víctimas del conflicto armado interno a la
verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos adquiridos en dicho Acuerdo por los integrantes de las
FARC-EP y, al mismo tiempo, privilegiar el procesamiento en Colombia de las graves
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, mediante el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017,
declarado exequible mediante Sentencia C-674 de 2017, se adoptó una regulación
transitoria de carácter constitucional en materia de extradición, en la cual se
determinaron (i) los destinatarios de la garantía de no extradición, (ii) el límite material
y temporal de los hechos o conductas que abarca la misma, y (iii) el trámite de las
solicitudes de extradición de los mencionados destinatarios por delitos cometidos
con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, en los siguientes términos:
(i). Destinatarios de la garantía de no extradición. La prohibición de extradición
alcanza a todos los integrantes de las FARC-EP y a las personas acusadas de formar
parte de dicha organización 23 que se sometan al Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición. Adicionalmente, cobija a sus familiares hasta
el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad (ratione personae).
(ii). Límite material y temporal de los hechos o conductas que abarca la prohibición
de extradición. Esta prohibición impide conceder la extradición, así como adoptar
medidas de aseguramiento con fines de extradición, entre ellas aquellas privativas
de la libertad como la detención o la captura con fines de extradición, respecto de
hechos o conductas objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz 24 , trátese de
delitos amnistiables, como los delitos políticos y conexos, o de delitos no
amnistiables, cometidos dentro o fuera de Colombia. En el caso de los integrantes
de las FARC-EP, la prohibición también cubre conductas estrechamente
23 Artículo transitorio 5, inciso primero, del Acto Legislativo 01 de 2017: “La JEP también ejercerá su competencia
respecto de las personas que en providencias judiciales hayan sido condenados, procesadas o investigadas por
la pertenencia a las FARC-EP, dictadas antes del 1o de diciembre de 2016, aunque no estuvieren en el listado
de dicho grupo”.
24 Los hechos y conductas respecto de las cuales se prohíbe la extradición de personas acusadas de formar
parte de las FARC-EP, son aquellas cometidas con anterioridad a la firma del Acuerdo Final.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
relacionadas con el proceso de dejación de armas que hubieren tenido lugar antes
de concluir este (ratione personae y ratione temporis).
(iii). El trámite de las solicitudes de extradición por conductas posteriores al Acuerdo
Final. El artículo transitorio 19 prevé dos hipótesis que activan la competencia de la
Sección de Revisión del Tribunal para la Paz: (a) solicitudes de extradición respecto
de integrantes de las FARC-EP o de personas acusadas de ser integrantes de dicha
organización; y (b) solicitudes de extradición respecto de familiares hasta el segundo
grado de consanguinidad o primero de afinidad, de integrantes de las FARC-EP o de
personas acusadas o señaladas en la solicitud de extradición de ser integrantes de
dicha organización.
49.- En la primera hipótesis, esto es, solicitudes de extradición respecto de
integrantes de las FARC-EP o de personas acusadas de ser integrantes de dicha
organización, corresponderá a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz
evaluar “la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y
decidir el procedimiento apropiado”. En el evento de que la Sección de Revisión del
Tribunal para la Paz determine que la conducta es de competencia de la Jurisdicción
Especial para la Paz, remitirá el caso a la Sala de Reconocimiento para lo de su
competencia, “excluyendo siempre la extradición”. Ahora bien, si determina que la
ejecución de la conducta hubiere comenzado con posterioridad a la firma del Acuerdo
Final y no esté estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas, remitirá el
caso a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en
Colombia “sin excluir la posibilidad de extradición”.
50.- En el caso objeto de estudio, la parte actora sostiene que las autoridades
accionadas vulneraron los derechos invocados en el recurso de amparo, al proferir
la Resolución No. 246 de 18 de agosto de 2023, por la cual se ordenó proceder con
su entrega para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos
de América por el cargo imputado en la acusación No. CR17-0027, una vez se
allegara el compromiso por parte del Gobierno extranjero sobre el cumplimiento de
los condicionamientos impuestos por el Gobierno Nacional en la Resolución
Ejecutiva No. 120 del 6 de agosto de 2019. En su parecer, con ello se desconoce
que: (i) durante todo el proceso de extradición y el trámite de la GNE ha insistido en
que se efectúe la suspensión de esos asuntos hasta tanto el Consejo de Estado
profeira fallo en el proceso 110010324000-2018-00060-00, que inició con la
pretensión de que se declare la nulidad del acto administrativo de la OACP que
revocó la certificación que lo acredita como miembro de la FARC-EP; y (ii) la
Presidencia de la República de Colombia desatendió las órdenes emitidas por la SA,
pues si bien ésta no otorgó el acceso a la GNE, sí ordenó a la SAI hacer frente a las
actuaciones ligadas al Régimen de Condicionalidad al que el accionante se
encuentra comprometido en virtud de la amnistía de iure que le fue concedida
mediante Decreto No. 1096 del 27 de junio de 2017, razón por la cual considera que
el trámite ante la JEP aún no ha concluido.
51.- Para la sala, los alegatos propuestos por la parte actora son insuficientes para
acceder a las pretensiones elevadas en el escrito de demanda. Esto es así debido a
que:
52.- Al analizar las pruebas obrantes en el expediente de tutela, la Sala evidencia
que en el proceso que se adelantó ante la Sala de Casación Penal de la Corte
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Suprema de Justicia, al igual que en el presente trámite, la parte actora solicitó a
dicha corporación judicial condicionar su concepto a las decisiones que debía
adoptar: (i) la JEP acerca de la solicitud de GNE y (ii) la Sección Primera de esta
Corporación en relación al medio de control de la nulidad y restablecimiento del
derecho que interpuso el implicado contra el oficio OFI00087005/JMSC 112000 de
14 de junio de 2017.
53.- En respuesta a dicha solicitud, en el concepto favorable de 17 de julio de 2019,
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, señaló que:
“En cuanto a la censura consistente en que la Corte «condicione su (…) concepto
con respecto a la solicitud de extradición (…) a las resultas de las decisiones que
se encuentran pendientes»: la del Consejo de Estado (medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, tendiente a conseguir el estatus de miembro de las
desmovilizadas guerrillas de las otrora FARC-EP para el requerido) y la JEP
(solicitud de garantía de no extradición), se advierte que la misma resulta
intrascendente.
La anterior afirmación obedece a que en el evento que las providencias judiciales
proferidas al interior de cada uno de esos asuntos favorezcan a TITO ALDEMAR
RUANO YANDUN, y que adquieran firmeza, prevalecerán sobre el concepto que
aquí se emita, en tanto este último carece de fuerza vinculante.
Por lo anterior, no se accede a conceptuar en manera negativa, conforme lo solicita
la defensa”
54.- Pese a lo anterior, en la Resolución No. 120 del 6 de agosto de 2019, el
Presidente de la República concedió la extradición del accionante y condicionó su
entrega a la “firmeza de la decisión ya adoptada por la Subsección Tercera de la
Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, mediante auto SRT-AE-031/2019 del
17 de mayo de 2019, en el que se resolvió no avocar conocimiento de la solicitud de
aplicación de la garantía de no extradición; o a la decisión en firme en que se resuelva
no dar aplicación a la mencionada garantía en el evento de que, por razón de la
impugnación, dicha jurisdicción decidiera avocar conocimiento”.
55.- Teniendo en cuenta lo anterior, a través de la Resolución No. 246 de 18 de
agosto de 2023, el Presidente de la República ordenó proceder con la entrega del
accionante, una vez se allegara el compromiso por parte del Gobierno de los Estados
Unidos sobre el cumplimiento de los condicionamientos impuestos por el Gobierno
Nacional en la Resolución Ejecutiva No. 120 del 6 de agosto de 2019. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, mediante la Sentencia TP-SA-GNE 345 de 2023 del 19 de
abril de 2023, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz confirmó el auto SRT-
AE-006/2022 del 8 de junio de 2022, por medio del cual la Sección de Revisión del
Tribunal para la Paz negó la aplicación de la Garantía de No Extradición solicitada
por el accionante.
56.- En este punto debe precisarse que, de conformidad con el inciso tercero del
artículo transitorio 19 del Título V Transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, no es
posible autorizar la extradición de un miembro acreditado o acusado de ser miembro
de las FARC-EP sin la previa verificación de la JEP, en relación con la fecha de
ocurrencia de la conducta, aun cuando los hechos que se imputan sean posteriores
al marco de competencia temporal que esta jurisdicción, para efectos de hacer
14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
efectiva la competencia atribuida a su Sala de Revisión, por lo que solo a través del
procedimiento de la GNE era posible suspender o negar el trámite de extradición
objeto de la presente acción constitucional. Esto, debido a que: (i) en virtud del
artículo transitorio 19 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, que entró en
vigor el 4 de abril de ese mismo año, se consagró una modificación al procedimiento
ordinario de extradición en función de la naturaleza y de los objetivos de la justicia
transicional y (ii) de conformidad con el procedimiento reglado en la Ley 906 de 2004,
una vez se profiere el concepto favorable por parte de la Corte Suprema de Justicia
el Gobierno Nacional cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para adoptar
las decisiones que considere convenientes en el marco del proceso de extradición.
57.- Por lo anterior, la Sala considera que no son de recibo los alegatos propuestos
por el actor. En primer lugar, debido a que el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que se adelanta ante la Sección Primera de esta Corporación, tiene por
objeto controvertir la legalidad del oficio OFI17- 00087005 / JMSC 112000 del 14 de
julio de 2017 proferido por la OACP, en el que se comunicó al accionante la pérdida
de los efectos la Resolución No. 11 del 5 de junio de 2017, en la que se le aceptó y
acreditó como integrante de las FARC-EP, por lo que el resultado de dicho proceso
no está llamado a modificar las decisiones adoptadas en el trámite de extradición del
accionante. En ese sentido en el auto de 19 de diciembre de 2019, la Sección
Primera, precisó que:
“Finalmente la parte actora solicita que se decrete como medida cautelar la
suspensión de la orden de captura con fines de extradición y del proceso que contra
el señor Ruano Yandun cursa en la Corte Suprema de Justicia, además de ordenarse
su libertad inmediata.
Al respecto, advierte el Despacho que si bien los artículos 229 y 230 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, facultan
al juez o magistrado para decretar las medidas cautelares que tengan relación directa
y necesaria con las pretensiones de la demanda, tal potestad se encuentra limitada
por los asuntos que se dirimen dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del mismo estatuto
procesal.
Es por ello que como se señaló en líneas atrás, el Despacho tiene competencia para
examinar la procedencia de la suspensión provisional del oficio OFI17- 00087005 /
JMSC 112000 del 14 de julio de 2017 proferido por la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz, sin que pueda adentrarse a resolver sobre la viabilidad de la suspensión
de la orden de captura con fines de extradición que cursa en contra del señor
T.A.R.Y., o la suspensión por prejudicialidad del proceso penal de extradición que
adelanta la Corte Suprema de Justicia y mucho menos, disponer la libertad inmediata
del señor R.Y., por ser estas competencias de autoridades judiciales distintas a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo o a la Fiscalía General de la Nación. En
ese orden de ideas, el Despacho se abstendrá de pronunciarse frente a las medidas
cautelares solicitadas en los numerales 3º, 4º y 5º, consignadas a folios 2 y 3 del
presente proveído”
58.- De igual forma, es necesario señalar que al referirse a la incidencia del trámite
adelantado en la Sección Primera de esta Corporación, en el marco de la solicitud
de GNE, tanto la SA como la SR, señalaron que aunque la parte actora solicitó de
manera subsidiaria la suspensión del trámite de GNE a la espera de una decisión de
fondo por parte del Consejo de Estado respecto de la nulidad y restablecimiento del
15
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
derecho promovida en dicha jurisdicción contra la decisión de la OACP que dejó sin
efectos la acreditación del solicitante como ex integrante de las FARC-EP, dicho
requerimiento resultaba improcedente debido a que se imponía la presunción de
legalidad de la revocatoria de la acreditación, dado el carácter ejecutorio propio de
los actos administrativos, que los dotaba de plenos efectos legales sin que para ello
medie una decisión judicial previa.
59.- En segundo lugar, la Sala considera que los alegatos orientados a señalar que
no es posible continuar con el trámite de extradición del accionante, debido a que en
virtud de las órdenes proferidas por la SA en la Sentencia TP-SA-GNE 345 de 2023,
este aún se encuentra pendiente de resolver su situación ante la SAI. Sobre este
punto, es necesario señalar que, en el referido fallo, la SA centró su análisis en tres
procesos adelantados en contra del accionante en la jurisdicción penal ordinaria:
“Caso 1: Expediente 2016-0002662. En contra del señor RUANO YANDÚN se
adelantaba en la Fiscalía Sexta Especializada de Bogotá la investigación por los
delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes25.
Caso 2: Expediente 2014-0028083. La investigación adelantada por la Fiscalía 14 de
la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en contra del solicitante y demás
participantes de una organización criminal dedicada al envío de sustancias
estupefacientes desde Colombia a Estados Unidos, inició el 2 de septiembre de 2014
mediante informe de policía judicial con ocasión del “memorandum de las misma
fecha suscrito por el Agente Especial de la DEA Harry Swain, el cual reporta la
comisión de actividades ilícitas que se realizan a través de lanchas rápidas, semi-
sumergibles y barcos pesqueros, organización que opera en Colombia hacia destinos
teniendo su destino final los Estados Unidos y Europa, aportando algunos
dispositivos de ubicación detrás de los cuales se estarían comunicando”. En el
informe de investigador de campo FPJ-11 del 16 de febrero de 2017 se reseñó la
participación del señor RUANO YANDÚN en cuatro de los cinco hechos
jurídicamente relevantes materializados, atribuidos a esa organización.
Caso 3: expediente 2016-00314104. El Juzgado Primero Penal del Circuito de
Tumaco (Nariño), en sentencia del 23 de agosto de 201611, condenó al solicitante a
una pena de 15 meses y 22 días de prisión como autor a título de dolo del delito de
tráfico, fabricación o porte de armas o municiones, “al haberse allanado a los cargos
comunicados en las diligencias preliminares ante el señor Juez de Control de
Garantías.”26
60.- Teniendo en cuenta lo anterior, la SA procedió a verificar el cumplimiento de
tres requisitos preliminares establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2017, es decir:
la calidad del solicitante (ratione personae); los hechos objeto de la solicitud (ratione
materiae) y la temporalidad de la comisión de dichos hechos (ratione temporis), con
la finalidad de establecer la procedencia de la solicitud de GNE, concluyendo que:
25 Sobre los hechos materia de investigación, en el informe ejecutivo suscrito por dicha autoridad se señaló lo
siguiente: “TITO ALDEMAR YANDÚN: Alias DON TITO Y/O DON TI. Identificado con cédula de ciudadanía No.
98337819, sujeto quien tras la información aportada por fuente humana y la interceptación de comunicaciones y
similares al igual que verificaciones en bases de datos instituciones y públicas, se ha logrado evidenciar es socio
de alias Carlos y/o Andrés principal cabecilla de la organización aquí investigada y la cual se dedica al tráfico de
estupefacientes desde el Puerto de Tumaco con destino a Centroamérica y México, así mismo se logra establecer
que Tito Aldemar Ruano, controla los cultivos de coca en los municipios de Chontal [sic], Chachagüí, Llorente
[sic] ubicados en el Departamento de Nariño al igual que laboratorios para el procesamiento de cocaína y las
rutas de salida de droga por las costas de ese departamento y por la frontera con Ecuador”.
26 Sentencia TP-SA-GNE 345 de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
“Una valoración integral de estos elementos de información permite concluir que las
conductas investigadas y reprochadas en instancias nacionales e internacionales
guardarían relación con la pertenencia del señor RUANO YANDÚN a una agrupación
dedicada al tráfico transnacional de estupefacientes y no a la supuesta membresía
a las FARC-EP. Por lo tanto, para efecto de la decisión de fondo sobre la
procedibilidad de la GNE, el solicitante no cumple con el factor personal en los
términos requeridos por el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017”.
61.- Además, precisó que: “Aunque ello sería suficiente para agotar el estudio a
cargo de esta instancia, con una decisión desfavorable a lo pretendido, resulta
imperioso que esta Sección se pronuncie sobre el cumplimiento o no del factor
material, en atención nuevamente a la suspensión del presente trámite pretendida
por el apelante, hasta no contar con una decisión de fondo por parte de la jurisdicción
contenciosa administrativo respecto de la acción de nulidad y restablecimiento de
derecho allí promovida. En ese sentido, la SA coincide también con la primera
instancia sobre el incumplimiento del ámbito material, que también se tuvo por
cumplido, solo de manera provisional, para continuar el trámite de la GNE. La
ajenidad de las conductas objeto de estudio con el accionar de las FARC-EP se ve
acompañada del mayor rol y control con el que habría contado el señor RUANO
YANDÚN, no sólo en aspectos ligados a la producción y tránsito, sino también a la
comercialización (rutas, salida y embarcaciones) dentro de la organización a la que
pertenecía, más allá de las que habría tenido como eventual miliciano de la guerrilla.
Se suma que esta agrupación criminal no respondería a órdenes de las FARC-EP
sino que sus eventuales vínculos con el grupo armado se habrían limitado al pago
de “impuestos” o cobros para poder transitar en un territorio en el que también hacían
presencia otros actores armados, por lo que la extinta guerrilla no era la única
destinataria de estos pagos (supra párrs. 36.5 y 36.6). Finalmente, no debe olvidarse
que en el marco de un proceso de extinción de dominio derivado de los hallazgos en
el Caso 2, se señala que los réditos económicos obtenidos de este accionar estarían
siendo empleados para la adquisición de bienes a nombre del apelante y de
familiares suyos, descartando su destino en el apoyo al esfuerzo general de guerra
de las extintas FARC-EP, pero sí dando cuenta de un enriquecimiento personal
ilícito”.
62.- Visto lo anterior, la SA estableció que, a causa de los hallazgos identificados
en el expediente correspondiente al Caso 2, con radicado 2014-00280, en el que
reposaban informes de investigador de campo en los que se daba cuenta de
comunicaciones que comprometerían al accionante con actividades ligadas al tráfico
de estupefacientes con posterioridad al 1° de diciembre de 2016 era necesario
ordenar la remisión del cuaderno adicional del régimen de condicionalidad a la SAI
con la finalidad de que esta Sala se pronunciara sobre los avances en el Régimen
de Condicionalidad al que se encuentra comprometido el actor en virtud de la
amnistía de iure concedida mediante Decreto 1096 del 27 de junio de 2017 para que
la misma estudiara la incidencia de los hallazgos anotados en la sentencia.
63.- En el escenario descrito, conviene señalar que si bien la parte actora alega que
el proceso de GNE no ha culminado debido a la orden de remisión a la SAI proferida
por la SA, dicho argumento no es de recibo para esta Sala debido a que: (i) de
conformidad con el informe presentado por la SR en el presente trámite, la solicitud
de GNE elevada por el actor culminó con la expedición de la sentencia de segunda
instancia, TP-SA-GNE 345 de 2023, que confirmó la decisión desfavorable a los
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
intereses del señor Ruano Yandun, fue notificada personalmente al accionante el 31
de mayo de 2023 y cobró ejecutoria el 15 de junio del mismo año; y (ii) la verificación
por parte de la SAI del cumplimiento del régimen de condicionalidad, tiene una
finalidad sustancialmente diferente a la de la GNE, ya que dicho proceso se limita a
establecer si los hallazgos obtenidos en el referido proceso, podrían implicar una
transgresión a los compromisos asumidos por el compareciente y su incidencia en la
permanencia de esta al interior de la JEP.
64.- Así las cosas, es pertinente resaltar que de conformidad con las normas que
regulan el trámite de extradición, los alegatos propuestos en el escrito de tutela
resultan insuficientes para establecer la vulneración de los derechos invocados en
este. Lo anterior debido a que los límites a las competencias en materia de
extradición se derivan, en general, de los principios que subyacen a esta institución,
entre ellos, la soberanía nacional y el principio “aut dedere aut judicare” –extraditar
o juzgar–; además, de las finalidades perseguidas por el Gobierno al conceder la
garantía de no extradición en cualquiera de sus modalidades, que se refieren al
objetivo de la paz; la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado
interno a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; al aseguramiento del
cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos mediante el Acuerdo
Final por las personas sometidas al SIVJRNR; y a la obligación de garantizar justicia
en Colombia respecto de las graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario27.
65.- Por lo anterior, los límites establecidos en relación con las personas solicitadas
pueden distinguirse entre específicos y generales. Los primeros implican (i) la
prohibición de extraditar por delitos políticos y, (ii) por delitos cometidos antes de
1997. Adicionalmente, en el SIVJRNR (iii) no procede la extradición cuando se
presenten las hipótesis de que trata el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01
de 2017, presupuestos que como se indicó con antelación, no se configuran en el
caso objeto de estudio.
66.- De acuerdo con lo anterior, resulta claro que las autoridades nacionales, y
particularmente las accionadas, han surtido el trámite respectivo de extradición,
brindando al accionante todas las garantías que le concede el régimen jurídico
nacional, así como las que consagra el SIVJRNR. Y habiendo agotado todas las
instancias respectivas, el Gobierno Nacional a través del acto administrativo
enjuiciado, ordenó concretar la entrega del señor Ruano Yandun a las autoridades
extranjeras, una vez verificó que se cumplió el condicionamiento fijado en el acto
administrativo de extradición, esto es, que la JEP resolviera de manera definitiva
sobre la GNE (Garantía de No extradición). De cara a lo anterior, y a la impertinencia
de los argumentos en que se sustenta la acción de tutela, según las consideraciones
previamente expuestas, la Sala negará la misma al verificar que las autoridades
accionadas no han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el señor
Tito Aldemar Ruano Yandun.
67.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
27 Al respecto ver: Sentencia Corte Constitucional, Sentencia C-070 de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04778-00
Accionante: Tito Aldemar Ruano Yandun
Accionado: Presidencia de la República y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE28
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
28 VF
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