Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01479-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01479-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01479-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
13 de junio de 2024
Demandante: Angello Caicedo Atehortúa
Demandados: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01479-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01479-00
Demandante: ANGELLO CAICEDO ATEHORTÚA
Demandados: NACIÓN, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y
OTRO
Temas: Tutela contra acto administrativo de extradición. Supera el
requisito de la subsidiariedad. Niega la solicitud de amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por la parte actora en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86,
y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Angello Caicedo Atehortúa, quien se encuentra privado de la libertad,
por conducto de apoderado judicial, inicio acción de tutela1 contra el presidente
de la República y la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho con el fin de que
le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
En sentir de la parte accionante, la trasgresión de las referidas garantías
constitucionales, se dio con ocasión de la Resolución 379 del 7 de diciembre de
2023 proferida por el presidente de la República y el Ministerio de Justicia y del
Derecho, mediante la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano
Angello Caicedo Atehortúa para que comparezca a juicio ante las autoridades de
los Estados Unidos de América, y la Resolución 057 del 26 de febrero de 2024
1 La acción de tutela fue presentada el 22 de marzo de 2024 en el buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y repartida al
Juzgado Catorce Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, sin embargo, por medio de auto dictado
el mismo día, se ordenó remitir por competencia. Subió al despacho para decisión el 23 de mayo
de 2024.
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expedida por las mismas autoridades que decidió el recurso de reposición
interpuesto por el accionante.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, pidió:
[…]
Segundo: Se ordene al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, se sirva
revocar la decisión de entrega del ciudadano colombiano ANGELLO CAICEDO
ATEHORTÚA, y en su defecto se niegue LA ENTREGA en extradición al País
requirente.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:
El 8 de noviembre de 2023, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, luego de exponer uno a uno el trámite adelantado expidió concepto
favorable de extradición del señor Angello Caicedo Atehortúa de nacionalidad
colombiana, «frente a los cargos de “concierto para importar más de 5 kilogramos
de cocaína”, “concierto para poseer con intención de distribuir más de 5
kilogramos de cocaína” y “tráfico de drogas ilícitas”, por hechos ocurridos desde
marzo de 2018 hasta el 16 de marzo de 2022».
La Corte indicó que cuando se emite un concepto sobre la procedencia de
extraditar o no a una persona solicitada por el Gobierno norteamericano, su
ejercicio se circunscribe a constatar el cumplimiento de las exigencias contenidas
en las normas del Código de Procedimiento Penal2, porque son éstas las que
regulan la materia.
Con base en lo anterior, mediante Resolución Ejecutiva 379 del 7 de diciembre
de 20233 proferida por el presidente de la República y el Ministerio de Justicia y
del Derecho se concedió la extradición del señor Angello Caicedo Atehortúa sin
diferir su entrega, en los siguientes términos:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la extradición del ciudadano colombiano
ANGELLO CAICEDO ATEHORTÚA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.083.026.341, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados
Unidos de América, por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos
o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de
2 Artículos 490 y ss. de la Ley 906 de 2004.
3 Anexo aportado en el escrito de demanda actuación n.° 3 del expediente de Samai y en el
expediente digital aportado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
actuación n.° 12 del expediente de Samai.
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cocaína, con la intención, el conocimiento, y teniendo causa razonable para creer
que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos), y por el Cargo
Dos (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco
kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad
detectable de cocaína); imputados en la Acusación en el Caso No. SA22-CR-
00139-XR (también referido como Caso 5:22-cr-00139), dictada el 16 de marzo
de 2022, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de
Texas, con la precisión que hizo la Corte Suprema de Justicia sobre el marco
temporal de los hechos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la entrega del ciudadano ANGELLO CAICEDO
ATEHORTÚA al Estado requirente bajo el compromiso de que éste cumpla las
condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de
2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las
penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Tan pronto se reciba el
mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia
de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para
que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a disposición
del Estado requirente de la persona reclamada.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al Estado requirente que el ciudadano
extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto
del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte
que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de
diciembre de 1997. (…)
Frente a dicho acto administrativo, el 28 de diciembre de 2023, el accionante
presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución 057
del 26 de febrero del 20244 que confirmó la decisión recurrida.
El Gobierno se fundamentó en que: i) el procedimiento de extradición se adelantó
con plena observancia del debido proceso y cuenta con el concepto previo y
favorable de la Corte Suprema de Justicia; ii) la manifestación que hace el actor
sobre su intención de colaborar con el proceso de la Paz Total no es un
argumento válido que lleve al Gobierno Nacional a revocar un dictamen
adoptado, además de que su situación no se enmarca en lo legislado sobre la
política de paz; iii) la legalidad de los actos investigativos desplegados por el país
requirente es un asunto que debe plantearse ante las autoridades extranjeras y
no al interior del trámite de extradición5, y iv) que en el proceso que se le adelanta
4 Documento anexo al escrito de la demanda, actuación n.° 3 del expediente digital de Samai y
en el expediente digital aportado por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
actuación n.° 12.
5 Asunto que ya había sido tratado «en la providencia del 23 de agosto de 2023, mediante la cual
la Sala resolvió el recurso de reposición interpuesto por la defensa contra el auto que negó por
improcedentes las pruebas». Al respecto indicó que «por la naturaleza del mecanismo de la
extradición, al no corresponder a un proceso judicial, no es posible para la Corte Suprema de
Justicia ni para el Gobierno Nacional someter a un estudio de fondo la decisión proferida en el
país requirente que se presenta como fundamento de su solicitud y mucho menos determinar si
el ciudadano requerido es o no inocente de los cargos que se le imputan. Tampoco les
corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite, evaluar si la
autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente para desvirtuar la
presunción de inocencia del ciudadano colombiano ANGELLO CAICEDO ATEHORTÚA ni
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en el país requirente se le deberán respetar todas las garantías fundamentales
tal como lo establece la Resolución Ejecutiva 379 del 7 de diciembre de 2023.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El accionante señaló que la Resolución 057 del 26 de febrero de 2024, proferida
por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que ordenó su entrega en extradición
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, aunado a que se le causaría un perjuicio irremediable
porque una vez surtida la extradición ya no sería judicializado con apego a la
legislación colombiana. Para fundamentar lo dicho hizo un análisis general de las
garantías constitucionales invocadas y citó apartes de las sentencias SU-110 de
20026 y C-014 de 20187.
Indicó que los hechos por los que se requiere su extradición se fundamentan en
una trampa que le puso «un miembro de la Policía Nacional, quien es el que
propone el negocio de compra de estupefacientes» sin que existiera el control
previo, ni posterior ante un Juez de Control de Garantías en Colombia.
Expuso que en su contra no se ha adelantado ningún proceso penal que le haya
permitido su defensa, y que en consecuencia se le ha vulnerado su derecho al
debido proceso y de defensa «tanto material como técnica, ya que durante el
trámite que se dejó de hacer, no se le dio la oportunidad de oponerse a dichos
procedimientos».
Resaltó que el artículo 504 Código de Procedimiento Penal faculta al gobierno
nacional para diferir o no la entrega de una persona solicitada en extradición,
posterior al concepto favorable de la honorable Corte Suprema de Justicia,
motivo por el cual la autoridad administrativa debe hacer un ejercicio de
ponderación sobre la necesidad de ser entregado de manera inmediata, hasta
tanto se pueda establecer que no se le vulneró ningún derecho fundamental en
los procedimientos policiales que dieron inicio a que se le investigara en los
Estados Unidos de América.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto de 9 de abril de 20248, la magistrada ponente de esta decisión negó la
solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión de las resoluciones a
través de las cuales se concedió la extradición del accionante y admitió la
solicitud de amparo.
determinar la validez de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su capacidad suasoria,
pues se reitera, tales aspectos son del exclusivo resorte de las autoridades judiciales foráneas».
6 Sobre la procedencia de la acción de tutela en caso de extradición.
7 Sobre el «control judicial previo y posterior de diligencias restrictivas de derechos fundamentales
dentro de investigación penal».
8 Índice 6 del aplicativo Samai.
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En consecuencia, ordenó notificar9 en calidad de accionado al Ministerio de
Justicia y del Derecho10; oficiar al pabellón A de extraditables del Centro
Penitenciario La Picota de Bogotá11, para que pusiera en conocimiento del
accionante todas las actuaciones que se presenten al interior de este proceso;
vincular en calidad de terceros con interés a la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia12, y se reconoció personería judicial al abogado
Freddy Alonso Witt Rodríguez13.
Mediante auto del 10 de mayo de 202414, este Despacho ordenó vincular en
calidad de demandado al señor presidente de la República15, por cuanto la
Resolución 379 del 7 de diciembre de 2023 que concedió la extradición del señor
Angello Caicedo Atehortúa y la Resolución 057 del 26 de febrero de 2024 que
resolvió el recurso de reposición, fueron suscritas por el presidente de la
República y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal16
La secretaria de esta Sala, mediante correo electrónico remitió copia íntegra
digital del expediente de extradición del señor Angello Caicedo Atehortúa con
radicado CUI: 11001020400020230089502, N.I. 6374617.
Frente a los hechos y pretensiones expuestos en la solicitud de amparo, no hizo
ningún pronunciamiento.
1.6.2. Ministerio de Justicia y del Derecho18
El director de asuntos internacionales (e) manifestó que las Resoluciones 379 del
7 de diciembre de 2023 y 057 del 26 de febrero de 2024 no vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, toda vez que el procedimiento se adelantó de conformidad con el trámite
establecido en la Ley 906 de 2004.
Agregó que el accionante acude a este mecanismo constitucional para
9 Índice 9 del aplicativo Samai.
10 eMail: notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co.
11 eMail: direccion.epcpicota@inpec.gov.co, Juridica.epcpicota@inpec.gov.co.
12 eMail: secretariacasaciónpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co,
secretariacasaciónpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co.
13 eMail: wittacosta2006@hotmail.com.
14 Índice 21 del aplicativo Samai.
15eMail: notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, contacto@presidencia.gov.co,
marthacorssy@presidencia.gov.co, correspondenciatigov@presidencia.gov.co. Índice 25 del
aplicativo Samai.
16 Actuación n.° 20 del expediente digital de Samai.
17 El expediente digital tiene como última actuación el oficio 11960 del 17 de noviembre de 2023,
expedido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que remite el trámite de extradición
al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.
18 Actuación n.° 24 del expediente digital de Samai.
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controvertir la legalidad de la decisión de extradición en una tercera instancia
reiterando los argumentos presentados en el recurso de reposición contra la
Resolución Ejecutiva 379 del 7 de diciembre de 2023.
Indicó que los reparos expuestos en la acción de tutela se deben proponer ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por tanto, no se cumple con el
requisito de la subsidiariedad y, en consecuencia, debe ser declarada su
improcedencia.
De otra parte, adjuntó el oficio MJD-OFI24-0011742-GEX-10100 del 27 de marzo
de 2024, remitido al director de asuntos jurídicos internacionales (e) del Ministerio
de Relaciones Exteriores en el que informa que la extradición del actor queda
condicionada al ofrecimiento de las garantías establecidas en la Resolución
Ejecutiva 379 del 7 de diciembre de 2023.
Memorial del 17 de mayo de 2023
Posteriormente, el director de asunto internacionales manifestó que «el señor
Caicedo Atehortúa fue extraditado a los Estados Unidos de América, el 21 de
abril de 2024 (sic), en virtud de lo dispuesto por el Gobierno Nacional a través de
la Resolución Ejecutiva No. 379 del 7 de diciembre de 2023 y confirmada
mediante Resolución No. 057 del 26 de febrero de 2024, como consta en el acta
de entrega remitida a este Ministerio por parte de la entidad competente», la cual
se adjunta:
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1.6.3. Instituto Nacional Penitenciario19
El consultorio jurídico EPC Picota, remitió constancia de la notificación personal
hecha al señor Angello Caicedo Atehortúa, persona privada de la libertad en esa
sede carcelaria.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el presidente de la República y el Ministerio
de Justicia y del Derecho. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a resolver
en el caso concreto es el siguiente:
• ¿La acción de tutela es procedente para cuestionar actos administrativos
a través de los cuales se resuelve acerca de una solicitud de extradición?
19 Actuación 35 ibidem.
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De ser resuelto de manera favorable el anterior interrogante, se procederá a
decidir:
• ¿El presidente de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia del señor Caicedo Atehortúa con ocasión de
las Resoluciones 379 del 7 de diciembre del 2023 y 057 del 26 de febrero
del 2024?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela, ii) procedencia excepcional de la acción
de tutela contra actos administrativos y, de superarse los requisitos generales de
procedibilidad, (ii) el caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares, en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
Es importante precisar que, esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a
la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental. Con la salvedad de que, en caso de que el
interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable,
procede la tutela como mecanismo transitorio.
2.4. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
El inciso 3.° del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial». Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
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paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela. Todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.
Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2.º del
artículo 2 de la Constitución. De ahí que, la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que
es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del
Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos
Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de
tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos.
Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente,
a través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, dado que esta es la vía procesal idónea que el legislador ha
diseñado para la garantía de los derechos20.
Así las cosas, la Corte ha precisado que «conforme al carácter residual de la
tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir
las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción
de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)»21.
Ahora bien, en tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por
los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control
de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Al interior de este tipo de
procesos es posible recurrir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de
urgencia, al tenor de lo dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido
ordenamiento.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.
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A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de actos
administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la Ley
1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de
amparo, salvo en el evento, se itera, en que se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
2.6. Subsidiariedad de la acción de tutela en el caso concreto
De conformidad con los artículos 49122, 50223 y 50324 del Código de
Procedimiento Penal el trámite de extradición culmina con la decisión de la
administración que acepta o niega la solicitud. En ese sentido, las Resoluciones
379 del 7 de diciembre de 2023 y 057 del 26 de febrero de 2024, corresponden
a actos administrativos referentes a la extradición del accionante con los cuales
se da cierre al proceso de extradición.
De acuerdo con lo indicado en el acápite anterior, contra los actos administrativos
reprochados el accionante tiene a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011. En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado al interior de un
mecanismo judicial como el mencionado, al indicar que es procedente la acción
contra actos que se pronuncien sobre solicitudes de extradición, en cuanto a la
aceptación o negativa, en el siguiente sentido:
Esta Colegiatura encuentra que la resolución proferida por el Ministerio de Justicia,
en la que autorizó la extradición del señor Botero Moreno, es un acto
administrativo, ya que constituye una manifestación unilateral de voluntad de la
administración, que creó o modificó situaciones jurídicas, en cuanto concedió la
extradición del señor Hernán Botero Moreno, solicitada por el gobierno de los
Estados Unidos de América, y ordenó su entrega inmediata a las autoridades del
país solicitante.
Por lo tanto, cualquier reproche jurisdiccional sobre las condiciones, omisiones o
extralimitaciones contenidas en el acto de autorización de extradición debe surtirse
mediante la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, en virtud
de la presunción de legalidad que lo cobija25.
No obstante, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la tutela es
22 ARTÍCULO 491. CONCESIÓN U OFRECIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN. Corresponde al
gobierno por medio del Ministerio del Interior y de Justicia, ofrecer o conceder la extradición de
una persona condenada o procesada en el exterior, salvo en los casos contemplados en el
artículo anterior.
23 ARTÍCULO 502. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE O NIEGA LA
EXTRADICIÓN. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de
la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el
principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero
y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.
24 ARTÍCULO 503. RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA EXTRADICIÓN. Recibido el
expediente con el concepto de la Corte Suprema de Justicia, habrá un término de quince (15)
días para dictar la resolución en que se conceda o se niegue la extradición solicitada.
25 Sentencia de 31 de mayo de 2019 de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado,
exp. 25000-23-26-000-2004-00444-01.
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improcedente cuando existan otros mecanismos judiciales de defensa para la
protección de los derechos que se reclaman, «salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Sobre la concreción
del perjuicio irremediable la Corte Constitucional ha precisado que:
(…) para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, que pueda superar
el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha establecido que (i) el
perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se cause sea grave,
lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidadsobre la persona
afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean
urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la
misma sea ineficaz por inoportuna26.
Sin embargo, considera la Sala que se cumplen las condiciones para superar el
requisito de la subsidiariedad, porque puede suceder que de fallar como
improcedente esta tutela con fundamento en que el señor Caicedo Atehortúa
puede ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra las Resoluciones 379 del 7 de diciembre del año 2023 y 057 del 26 de
febrero del 2024, podría conllevar a que se materialice la vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Lo anterior implica que el perjuicio que se puede causar, de no resolver
de fondo este mecanismo constitucional, es grave, de gran intensidad y que se
requiere el pronunciamiento del juez de tutela como una medida urgente dada la
ineficacia que podría comportar el obligar al ciudadano a optar por los medios
ordinarios.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la procedibilidad de la acción de tutela
para examinar cuestiones relativas al acto que acepta una extradición, aun ante
la existencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en
el siguiente sentido:
Observa la Corte, sin embargo que, si bien a través de la acción contencioso
administrativa se puede cuestionar la legalidad del acto por medio del cual se
concede la extradición, incluyendo su examen a la luz de las disposiciones
constitucionales sobre derechos fundamentales, esa vía no es eficaz para
brindar protección frente a la efectiva remisión al exterior de un ciudadano con
base en una decisión administrativa eventualmente contraria a la Constitución
y a la ley.
Por la naturaleza, tanto del trámite de extradición, que es inmediato, y por
virtud del cual, en firme el acto que la concede, la remisión del ciudadano al
exterior puede hacerse en cualquier momento, como del proceso contencioso
administrativo, que, en razón de las ritualidades procesales, cuya justificación
la Corte no desconoce, se extiende de manera prolongada en el tiempo, el
pronunciamiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sería, de
ordinario, posterior a la remisión al exterior del sujeto extraditado. En esas
condiciones el pronunciamiento del juez administrativo ya no sería eficaz para
brindar la protección que se pretende, habida cuenta de que para ese
momento el ciudadano extraditado se encontraría ya bajo la jurisdicción del
Estado requiriente, cuyo concurso sería necesario para retrotraer los efectos
26 Sentencias SU-508 de 2020; T-190 de 2020 y T-235 de 2018.
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de la decisión de extraditar cuando se encuentre que la misma no se ajustó a
la Constitución y a la ley colombianas.
Se tiene entonces que una vez se ha hecho efectiva la extradición la persona
extraditada escapa del ámbito de la jurisdicción del Estado colombiano, el
cual, por consiguiente, ya no sería autónomo para disponer del sujeto. En esas
condiciones es claro que la acción contencioso administrativa es ineficaz para
la protección de los derechos cuya violación se derive del hecho mismo de la
remisión de la persona al exterior.
Observa la Corte que en esta hipótesis concreta y frente a esta eventualidad,
el accionante no tiene vía procesal distinta de la tutela y por consiguiente, por
este concepto de procedibilidad, se impone un pronunciamiento de fondo
sobre todas las pretensiones del tutelante.
De acuerdo con lo esbozado y con la posición del Consejo de Estado27, para esta
Sala es necesario superar el requisito en cuestión en aras a analizar la
controversia propuesta por el tutelante.
Lo anterior, en la medida que la existencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y la posibilidad de solicitar el decreto y práctica de
medidas cautelares como lo es la suspensión provisional del acto administrativo,
no resultan idóneos para el caso concreto, toda vez que, materializada la orden
de extradición del señor Caicedo Atehortúa, quedaría sometido a la jurisdicción
de los Estados Unidos de América y, por ende, cualquier decisión del juez
administrativo sería a todas luces inane.
Ahora bien, en el presente caso se hace evidente que ya se concretó la presunta
afectación que se buscaba precaver con la tutela, que era la extradición a los
Estados Unidos de América del señor Angello Caicedo Atehortúa, no obstante,
sobre el daño consumado y la extradición se ha pronunciado la Corte
Constitucional en sentencia SU-110 de 200228, al indicar que aunque el
accionante haya salido de la jurisdicción del Estado Colombiano, «dicho trámite
debe ceñirse estrictamente a lo que sobre el particular se disponga en los
tratados, en la Constitución y en la Ley, de manera que cuando al concederla se
hayan quebrantado los derechos fundamentales de la persona extraditada, el
Estado que la concedió está en la obligación de agotar las herramientas
diplomáticas a su alcance para conseguir la reversión del trámite de la
extradición».
Por tal motivo, si al estudiarse de fondo la solicitud de amparo se evidencia que
se presentó una vulneración a los derechos fundamentales del actor, el juez de
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección A. M. P. José Roberto Sáchica Méndez. 17
de octubre de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-04778-00.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. M. P. William Hernández Gómez (E) 14 de
diciembre de 2022. Rad.11001-03-15-000-2022-06300-00.
Consejo de Estado, Sección Quinta. M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil. 18 de abril de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2024-01428-00.
28 M. P. Rodrigo Escobar Gil. Reiterado en sentencia T - 448 de 2004, reiterada en sentencias
T - 083 de 2010 y T - 308 de 2011.
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tutela podría proferir «una orden orientada a que por la vía diplomática se procure
el restablecimiento de los mismos, y estaría en la obligación, además, de prevenir
a las autoridades acerca de las irregularidades encontradas y que afectan los
derechos fundamentales».
En suma, la Sala estima que en el presente caso resulta razonable superar el
requisito de subsidiariedad, circunstancia que impone estudiar el requisito de la
inmediatez y, en el evento de ser superado, estudiar de fondo la súplica del
accionante.
2.7. Inmediatez
Teniendo en cuenta que, la Resolución 057 la cual confirmó la extradición del
actor, data del 26 de febrero de 2024 y el mecanismo constitucional se presentó
el 22 de marzo del mismo año, para esta colegiatura el señor Caicedo Atehortúa
acudió dentro de un término oportuno.
3. Caso concreto
De acuerdo con lo expuesto, la decisión de extradición del señor Angello Caicedo
Atehortúa a los Estados Unidos de América se encuentra motivada en la facultad
privativa que tiene el Gobierno para decidir acerca de su conveniencia o no,
previo concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo determina
el artículo 49229 de la Ley 906 de 2004.
El Gobierno Nacional, por medio del presidente de la República y el Ministerio de
Justicia y del Derecho, tiene la función de ofrecer o conceder la extradición de
una persona procesada o condenada en el exterior, siempre y cuando se cumpla
con los presupuestos fijados en el artículo 493 de la Ley 906 de 2004 30, es decir
que: (i) el hecho que la motiva esté tipificado en Colombia como delito; (ii) se
prevea una pena privativa de la libertad no inferior a 4 años; y (iii) en el exterior
se haya proferido una resolución de acusación o su equivalente31.
En este punto, es importante precisar que si bien la concesión o el ofrecimiento
de la extradición, es en comienzo facultativo, este debe contar con el concepto
previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia32 y deberá subordinarse a las
29 Artículo 492. Extradición facultativa. La oferta o concesión de la extradición es facultativa del
gobierno; pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia.
30 Artículo 493. Requisitos para concederla u ofrecerla. Para que pueda ofrecerse o concederse
la extradición se requiere, además: 1. Que el hecho que la motiva también esté previsto como
delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior
a cuatro (4) años. 2. Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o
su equivalente.
31 En el concepto del 8 de noviembre de 2023, proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, en el ordinal 2.1 indicó que no se presenta ninguna de estas prohibiciones de acuerdo
con la acusación formal No SA-22-CR00139-XR del 16 de marzo de 2022.
32 Concepto favorable del 8 de noviembre de 2023 proferido por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
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condiciones establecidas en el artículo 49433 de la referida ley.
En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la
manifestación de voluntad del Estado colombiano constituye un acto
administrativo complejo, proferido en un trámite de naturaleza mixta ya que se
caracteriza por la intervención de las Ramas Ejecutiva y Judicial, del poder
público, toda vez que si bien la decisión final de extraditar o no a una persona es
facultativa del Gobierno Nacional, se requiere previamente que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia haya rendido un concepto
favorable para tal efecto34.
De conformidad con las disposiciones consagradas en los artículos 495 a 509 de
la Ley 906 de 2004, el trámite de extradición puede resumirse en tres etapas35:
(i) Una etapa administrativa inicial, en la que el Estado requirente debe allegar
toda la documentación prevista en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004 para
solicitar la extradición de algún ciudadano36. Posteriormente el Ministerio de
Relaciones Exteriores conceptúa si debe procederse de conformidad con
convenciones o usos internacionales, o si debe obrarse de conformidad con el
trámite ordinario37. Una vez se rinda dicho concepto, las diligencias pasan al
Ministerio de Justicia y del Derecho quien examina si la documentación aportada
por el Estado requirente se encuentra completa38 y en caso de verificar el
cumplimiento de dicho requisito el Ministerio de Justicia y del Derecho dispone
33 ARTÍCULO 494. CONDICIONES PARA EL OFRECIMIENTO O CONCESIÓN. El gobierno
podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere
oportunas. En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho
anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le
hubieren impuesto en la condena.
Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la
pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e
igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua
o confiscación.
34 Sentencia C-333 de 2014
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección A. M. P. José Roberto Sáchica Méndez. 17
de octubre de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-04778-00.
36 “Artículo 495. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento. La solicitud para que se
ofrezca o se conceda la extradición de persona a quien se haya formulado resolución de
acusación o su equivalente o condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y
en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes documentos:
1. Copia o trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente.
2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha
en que fueron ejecutados. 3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena
identidad de la persona reclamada. 4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables
para el caso. Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la
legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al castellano, si fuere el caso.”
37 “Artículo 496. Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recibida la documentación, el
Ministerio de Relaciones Exteriores ordenará que pasen las diligencias al Ministerio del Interior y
de Justicia junto con el concepto que exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones
o usos internacionales o si se debe obrar de acuerdo con las normas de este código.”
38 “Artículo 497. Estudio de la documentación. El Ministerio del Interior y de Justicia examinará la
documentación en un término improrrogable de cinco (5) días y si encuentra que faltan piezas
sustanciales en el expediente, lo devolverá al Ministerio de Relaciones Exteriores, con indicación
detallada de los nuevos elementos de juicio que sean indispensables.” “Artículo 498.
Perfeccionamiento de la documentación. El Ministerio de Relaciones Exteriores adelantará las
gestiones que fueren necesarias ante el gobierno extranjero, a fin de que la documentación se
complete con los elementos a que se refiere el artículo anterior.”
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su remisión a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia39.
(ii) La etapa judicial, en la que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia emite concepto favorable o desfavorable sobre la solicitud de
extradición. Para ello debe analizar: la validez formal de la documentación
presentada, demostración plena de la identidad del solicitado, principio de la
doble incriminación, equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y,
cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en tratados públicos.
(iii) Una etapa administrativa final, posterior al concepto emitido por la Corte
Suprema de Justicia, en la que dicha Corporación debe remitir el expediente al
Gobierno Nacional y al Ministerio de Justicia y del Derecho para que se dicte la
resolución que conceda o niegue la extradición, según corresponda40. En este
punto debe precisarse que el concepto desfavorable es obligatorio para el
Gobierno Nacional, por lo que en este escenario debe proceder a negar la
extradición y, por el contrario, en caso de obtener un concepto favorable éste
contará con la discrecionalidad de obrar según las conveniencias nacionales41.
Por último, si se concede la extradición y el requerido no se encuentra privado de
la libertad, la Fiscalía General de la Nación ordenará la captura del solicitado,
posteriormente, realizará su entrega a las autoridades del Estado requirente. Si
la solicitud se niega, dicha entidad debe ordenar que se ponga en libertad al
detenido42.
Como se esbozó en el acápite de antecedentes, el señor Caicedo Atehortúa
considera que la vulneración de las garantías constitucionales que reclama
deviene de la Resolución 379 del 7 de diciembre de 2023 proferida por el
presidente de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante la
cual se concedió la extradición, y la Resolución 057 del 26 de febrero de 2024,
expedida por las mismas autoridades, que decidió el recurso de reposición
interpuesto por el accionante.
Lo anterior por cuanto: i) su judicialización no se haría de acuerdo con la
legislación colombiana, ii) no se adelantó ningún proceso penal que le haya
permitido su defensa y iii) la autoridad administrativa debe diferir su extradición
hasta tanto se pueda establecer que no se vulneró ningún derecho fundamental
en los procedimientos policiales que dieron inicio a que se le investigara en los
Estados Unidos de América.
Ahora bien, los alegatos propuestos por la parte actora son insuficientes para
acceder a las pretensiones elevadas en el escrito de demanda. Esto es así debido
39 “Artículo 499. Envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Una vez perfeccionado el
expediente, el Ministerio del Interior y de Justicia lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, para que esta Corporación emita concepto.”
40 “Artículo 503. Resolución que niega o concede la extradición. Recibido el expediente con el
concepto de la Corte Suprema de Justicia, habrá un término de quince (15) días para dictar la
resolución en que se conceda o se niegue la extradición solicitada.”
41 “Artículo 501. Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término anterior, la Corte
Suprema de Justicia emitirá concepto. El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia
obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según
las conveniencias nacionales.”
42 “Artículo 506. Entrega del extraditado. Si la extradición fuere concedida, el Fiscal General de la
Nación ordenará la captura del procesado si no estuviere privado de la libertad, y lo entregará a
los agentes del país que lo hubieren solicitado. Si fuere rechazada la petición, el Fiscal General
de la Nación ordenará poner en libertad al detenido.”
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a que al analizar las pruebas obrantes en el expediente de tutela, la Sala
evidencia que el proceso que se adelantó ante la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia y que condujo a que se profiriera el concepto favorable
de extradición del señor Angello Caicedo Atehortúa, se hizo con apego a lo
establecido en la Ley 906 de 2004.
Teniendo en cuenta lo anterior, a través de la Resolución 057 del 26 de febrero
de 2024, el presidente de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho
ordenaron proceder con la entrega del accionante, una vez se allegara el
compromiso por parte del Gobierno de los Estados Unidos sobre el cumplimiento
de los condicionamientos impuestos por el Gobierno Nacional en la Resolución
Ejecutiva 379 del 7 de diciembre de 2023, referentes al respeto de todas las
garantías fundamentales del señor Caicedo Atehortúa.
Es así como en la Resolución Ejecutiva 057 del 26 de febrero de 2024 se reiteró
lo dicho en el Concepto emitido el 8 de noviembre de 2023 por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde se refirió de manera
puntual a los cuestionamientos planteados en sede de tutela por el accionante,
en los siguientes términos43:
Como puede observarse, la manifestación que hacen las autoridades judiciales
foráneas sobre la responsabilidad penal del ciudadano colombiano ANGELLO
CAICEDO ATEHORTÚA, es un asunto que no corresponde evaluar a las
autoridades que intervienen en el trámite de extradición.
La discusión sobre los aspectos que tienen que ver con la presunta
responsabilidad que se imputa al ciudadano requerido, la legalidad de la
actuación y el cuestionamiento sobre los cargos imputados debe plantearse ante
las autoridades judiciales foráneas dentro del proceso penal que se adelanta en
el exterior, pues es en dicho escenario donde corresponde hacer tal controversia,
como claramente lo señaló la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
Así las cosas, por la naturaleza del mecanismo de la extradición, al no
corresponder a un proceso judicial, no es posible para la Corte Suprema de
Justicia ni para el Gobierno Nacional someter a un estudio de fondo la decisión
proferida en el país requirente que se presenta como fundamento de su solicitud
y mucho menos determinar si el ciudadano requerido es o no inocente de los
cargos que se le imputan. Tampoco les corresponde a las autoridades
colombianas que intervienen en este trámite, evaluar si la autoridad judicial del
Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente para desvirtuar la
presunción de inocencia del ciudadano colombiano ANGELLO CAICEDO
ATEHORTÚA ni determinar la validez de las pruebas en que se funda el
requerimiento ni su capacidad suasoria, pues se reitera, tales aspectos son del
exclusivo resorte de las autoridades judiciales foráneas. Como puede
observarse, la manifestación que hacen las autoridades judiciales foráneas sobre
la responsabilidad penal del ciudadano colombiano ANGELLO CAICEDO
ATEHORTÚA, es un asunto que no corresponde evaluar a las autoridades que
intervienen en el trámite de extradición.
El fin de este mecanismo, no es juzgar a la persona reclamada sino permitir que
43 Hoja n.° 5 de la Resolución 057 del 26 de febrero de 2024.
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el Estado requirente pueda llevarlo a juicio, con todas las garantías de un debido
proceso, en donde puede resultar absuelto o condenado. De esa manera, la
extradición lo que permite, en este caso, es que el ciudadano ANGELLO
CAICEDO ATEHORTÚA comparezca al proceso judicial que se le adelanta en el
Estado requirente, escenario en el cual podrá ejercer plenamente sus derechos,
en especial los derechos de defensa y contradicción respecto de los cargos que
se le imputan, de manera que será al interior del proceso penal que allí se
adelanta donde se practiquen y controviertan las pruebas que estime
procedentes, a cuyo término se establecerá si se desvirtuó o no su presunción
de inocencia.
Diferente es, que la parte actora, ante el inconformismo con la motivación
contenida en los actos acusados, pretenda desvirtuar la facultad que le asiste al
gobierno para decidir acerca de las conveniencias nacionales para conceder la
extradición o diferirla, argumentos de legalidad que escapan del ámbito de
competencia del juez de tutela.
Es decir que, las Resoluciones 379 del 7 de diciembre de 2023 y 057 del 26 de
febrero de 2024 no vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, toda vez que el procedimiento se
adelantó de conformidad con el trámite establecido en la Ley 906 de 2004. Por
ende, corresponde negar la protección constitucional solicitada por el señor
Caicedo Atehortúa.
4. Conclusión
La Sala negará la solicitud de amparo del señor Angello Caicedo Atehortúa al
verificar que las autoridades accionadas no han vulnerado los derechos
fundamentales invocados por cuanto han surtido el trámite respectivo de
extradición, brindando al accionante todas las garantías que le concede el
régimen jurídico nacional y habiendo agotado todas las instancias respectivas, el
Gobierno Nacional a través del acto administrativo enjuiciado, ordenó concretar
la entrega del accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo invocada por el señor Angello Caicedo
Atehortúa.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
18
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