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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04786-00

Fecha
27 de octubre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04786-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por el Consorcio Campeón Mundial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04786-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

27 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 110010315000202304786 00

Accionante: CONSORCIO CAMPEÓN MUNDIAL

Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derecho de Petición / SUBSIDIARIEDAD – No se cumple
ese requisito porque lo pretendido por el actor no es viable el ejercicio de la acción de
tutela en la medida en que lo que pretende es que se restablezca el equilibrio económico
de un contrato.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el Consorcio Campeón Mundial, de conformidad con el Decreto 333
de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 4 de septiembre de 2023, el Consorcio Campeón Mundial, por conducto de su
representante legal, instauró demanda de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, con el fin de que se ampare su derecho fundamental de petición.

1
Que ingresó al despacho para fallo el 20 de octubre de 2023.

Radicación número: 110010315000202304786 00
Accionante: Consorcio Campeón Mundial
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

2. Hechos relevantes y fundamentos de la demanda

El Consorcio Campeón Mundial fue adjudicatario del contrato No. 065 de 2019,
cuyo objeto era “realizar obras de construcción y dotación de la sede para los
despachos judiciales del Guamo – Tolima” y su terminación se produjo el 19 de
octubre de 2021.

Durante la ejecución del contrato, se advirtieron diversas situaciones que
“alteraron la ejecución y causaron una ruptura en la igualdad o equivalencia entre
derechos y obligaciones de las partes”, por lo que, el 22 de julio de 2022, solicitó
“el restablecimiento de la ecuación contractual del proyecto que se desprendió del
contrato No. 065 del 2019”, debido a que el Consorcio sufrió un desbalance
económico y pérdidas de $1’037.321.444.

Mediante correo electrónico del 22 de julio de 2022, el Consejo Superior de
Judicatura confirmó el recibido de la solicitud y le asignó el número de radicado
EXTDEAJ22-19930.

Con ocasión de la referida petición, por comunicado CINP-BTA-462-0517-4351 del
10 de agosto de 2022, el Consorcio El Guamo 2019 –que ejerció la interventoría
del contrato– le manifestó al Consejo Superior de la Judicatura que “su posición es
favorable con respecto a la solicitud de restablecimiento de la ecuación contractual
del proyecto”.

Ante la falta de pronunciamiento por parte del Consejo Superior de la Judicatura,
el 7 de junio de 2023, el Consorcio tutelante radicó una nueva petición (radicado
CCM-ADM-501-2019), solicitándole que se pronuncie de fondo frente a la petición
del 22 de julio de 2022.

Plantea el consorcio tutelante que el Consejo Superior de la Judicatura le está
2

Radicación número: 110010315000202304786 00
Accionante: Consorcio Campeón Mundial
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

vulnerando su derecho de petición, porque “no ha querido emitir una respuesta
oficial a la solicitud de Restablecimiento de la Ecuación Contractual por
desequilibrio económico presentada desde el 22 de julio de 2022 y reiterada el 7
de junio de 2023”.

Alega que (trascripción literal con posibles errores incluidos):

El Consejo Superior de la Judicatura, no ha tenido la intención de responder la
petición presentada por el Consorcio Campeón Mundial, es más, al parecer el
documento fue extraviado, pues no se explica como en comunicación reciente
del 9 de agosto de 2023 remitida a la empresa interventora del contrato, sin
tener en consideración el tiempo que ha transcurrido, le solicitó que remitiera
entre otros documentos, la copia de la petición CCM-ADM-500-2019 que
había sido radicada por el Consorcio Campeón Mundial desde el 22 de julio de
2022, así como información técnica para justificar o sustentar valores y precios
sobre los cuales se soporta el desequilibrio.

De la reciente comunicación enviada, se puede concluir que el Consejo
Superior de la Judicatura ha sido completamente desidioso y por ello sin tener
en cuenta todo el tiempo que ha transcurrido, optó por acudir a la interventoría
del contrato para que le brinde información que a esta fecha ya debería tener
analizada.

Refirió que la entidad accionada no puede sustraerse de la obligación de brindar
una respuesta de fondo justificado en los requerimientos efectuados a la
interventora del contrato y menos aún cuando “la suscripción del contrato No.
0165-19 fue con el Consejo Superior de la Judicatura y es este a quien le asiste la
obligación de resolver la petición de Restablecimiento de la Ecuación Contractual”.

3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

3.1. Mediante providencia de 6 de agosto de 2023, se admitió la demanda de
tutela y se ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

3.2. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de su
Magistrada Auxiliar, solicitó que se le desvincule de la presente actuación por falta

3

Radicación número: 110010315000202304786 00
Accionante: Consorcio Campeón Mundial
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

de legitimación en la causa por pasiva, porque la petición del 22 de julio de 2022,
reiterada el 7 de junio de 2023 –en la que se solicitó el restablecimiento de la
ecuación contractual derivada del contrato No. 065 de 2019–, debe ser respondida
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Agregó que debía tenerse en cuenta que el correo al que se remitió la petición del
22 de julio de 2022 (sigobius@cendoj.ramajudicial.gov.co), pertenece a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y que la petición del 7 de junio de
2023 se radicó de manera presencial ante la referida dirección, por lo que el
Consejo Superior de la Judicatura solo conoció sobre la petición del consorcio
tutelante con ocasión de la tutela de la referencia, razón por la que no es dable
atribuirle la vulneración del derecho de petición.

De otra parte, refirió que en otras oportunidades ha efectuado la búsqueda en el
Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo Oficial – SIGOBIUS para
aportar elementos al juez de tutela que le permitieran establecer la entidad que
conocía determinada petición (Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Direcciones Seccionales o Consejos Seccionales); sin embargo, “ante la
contingencia de conocimiento nacional, en la cual se vieron afectados los servicios
tecnológicos alojados en la infraestructura de la nube privada administrada por IFX
NETWORKS COLOMBIA S.A.S., es imposible brindar apoyo en tal sentido”.

3.3. El consorcio tutelante solicitó que se desestime el argumento respecto a la
falta de legitimación por pasiva del Consejo Superior de la Judicatura y que se
vincule a la presente actuación a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
dado que “en el contrato No. 065 de 2019 del cual se deriva la petición de
restablecimiento de la ecuación contractual que da lugar a la presente acción de
tutela (se aportó con demanda) se identifica como parte contratante al Consejo
Superior de la Judicatura, representado por el Director Ejecutivo de Administración
Judicial”.
4

Radicación número: 110010315000202304786 00
Accionante: Consorcio Campeón Mundial
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

3.4. Mediante auto del 4 de octubre de 2023, se vinculó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a la presente actuación, la que señaló que “ya se atendió
lo que era de su cargo”.

Como fundamento de lo anterior, informó que, mediante oficio DEAJCPO23-228
del 9 de agosto de 2023, el Director de la Unidad de Compras Públicas le
manifestó al representante del Consorcio el Guamo 2019 lo siguiente
(transcripción de forma literal):

La entidad por Usted representada en calidad de interventores, mediante el
oficio CINP-BTA-462-0517-4351, se pronunciaron respecto de la pretensión
del contratista de obtener un restablecimiento del equilibrio económico dentro
del contrato 065 de 2019, que tuvo por objeto ‘REALIZAR OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE PARA LOS DESPACHOS
JUDICIALES DEL GUAMO TOLIMA’; solicitud y concepto del que requerimos:

1. Remita copia del oficio CCM-ADM-500-2019, que entendemos remitió el
contratista para elevar su petición.
2. Para contar con parámetros de decisión es menester que la interventoría
aporte los fundamentos, cálculo financiero, la forma en que obtuvo cada
valor de las operaciones matemáticas y nos soporte e indique, en su
concepto, el valor exacto que se debe restablecer al contratista de obra
para que, según la interventoría, se equilibre la ecuación financiera.
3. Como resultado de sus argumentos técnicos, fácticos y financieros, nos
amplíe la información y conceptos que esa interventoría expuso en su
pronunciamiento.
4. De esa interventoría para dar respuesta a cada una de las pretensiones del
contratista y que ustedes atienden en el escrito citado en referencia.

Es pertinente expresar que esta Unidad con la información que posee,
observa vacíos por no contar con la información y soportes sobre los costos
adicionales en los que pudo haber incurrido el contratista de obra, toda vez
que Ustedes como Interventores manifiestan que le asiste razón en su
petición, pero no soportan e indican los valores exactos en que se debe
restablecer la ecuación del contrato con los fundamentos y cálculos en los que
se basa el valor a restablecer.

Lo anterior, para dar cumplimiento de sus obligaciones como interventor, razón
por la cual las valoraciones hechas resultan vinculantes y por ello responderán
civil, fiscal, penal y disciplinariamente por su asesoría, en los términos del
artículo 82 de la Ley 1474 de 2011.

Solicito amablemente remitan la información completa dentro de los cinco (5)

5

Radicación número: 110010315000202304786 00
Accionante: Consorcio Campeón Mundial
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

días siguientes al recibo de la presente comunicación al correo electrónico
contrataciondeaj@ramajudicial.gov.co

II. C O N S I D E R A C I O N E S

El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de
la Constitución Política, en virtud del cual toda persona tiene derecho a “(…)
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución (…)”.

La Ley 1755 de 2015 estableció las diferentes modalidades del derecho de
petición, a través de los cuales se puede solicitar: i) el reconocimiento de un
derecho; ii) la intervención de una entidad o funcionario; iii) la resolución de una
situación jurídica; iv) la prestación de un servicio; v) requerir información; vi)
consultar, examinar y requerir copias de documentos; vii) formular consultas,
quejas, denuncias y reclamos; e viii) interponer recursos, entre otros objetivos.

Frente a este tema, la Corte Constitucional ha manifestado que el núcleo esencial
del derecho de petición se encuentra en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión planteada y, además, que la respuesta debe ser de fondo, clara, precisa,
de manera congruente con lo solicitado y comunicada al peticionario2.

En relación con la procedencia de la acción de tutela por la vulneración al derecho
fundamental de petición, la Subsección ha considerado, en forma mayoritaria, que
el amparo no opera de manera automática, pues no basta la sola presentación de
una petición y que su respuesta sea incompleta o que no la haya, sino que esa
omisión debe trascender a otros derechos para que se abra paso el amparo
constitucional3.

2
Corte Constitucional, sentencia T-332 del 1º de junio de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
3
Sentencia del 4 de junio de 2021, radicación número: 11001-03-15-000-2021-02350-00.

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Radicación número: 110010315000202304786 00
Accionante: Consorcio Campeón Mundial
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

2. Caso concreto

En el caso bajo estudio, el Consorcio Campeón Mundial promovió la solicitud de
amparo contra el Consejo Superior de la Judicatura, porque consideró vulnerado
su derecho fundamental de petición por no obtener una respuesta a las peticiones
del 22 de julio de 2022 y el 7 de junio de 2023.

En la petición del 22 de julio de 2022 -radicación EXTDEAJ22-19930 de la misma
fecha- se solicitó que “se realicen las gestiones y se adopten las medidas
necesarias para lograr el RESTABLECIMIENTO DE LA ECUACIÓN
CONTRACTUAL alterada por la ruptura en la igualdad o equivalencia entre
derechos y obligaciones de las partes dentro del contrato de obra No. 065 del 20
de mayo de 2019 y que ha derivado en el desequilibrio económico del proyecto”,
para lo que se hizo una exposición respecto a la información general del proyecto,
los hechos que afectaron la ecuación contractual4, restablecimiento de la ecuación
contractual, determinación de las pretensiones de ajuste económico y
fundamentos de derecho.

Por su parte, en la petición del 7 de junio de 2023 -con radicación
EXTDEAJ23-18285 del 8 del mismo mes y año-, se solicitó que “el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, parte contratante del contrato No. 065 de 2019
suscrito con el CONSORCIO CAMPEÓN MUNDIAL, brinde una respuesta de
fondo al comunicado CCM-ADM-500-2019 radicado el 22 de julio de 2022”.

4
1. Deficiencias en los estudios y diseños técnicos del proyecto; 2. Tiempo empleado por la
entidad contratante para resolver las deficiencias contenidas en los estudios técnicos y diseños
entregados al contratista; 3. Necesidad de proyectar, calcular y legalizar la ejecución de mayores
cantidades de obra e ítems no previstos; 4. Tiempo empleado por la entidad contratante para
legalizar un mecanismo para la ejecución de los ítems no previstos y mayores cantidades de obra
indispensables; 5. Impacto generado durante la suspensión contractual No. 1; 6. Trámite de adición
presupuestal requerido por la entidad para legalizar muebles que fueron objeto de balance
económico, sin incluir un ajuste de precios unitarios o costos de administración; 7. Impacto
generado durante la suspensión contractual No. 2.

7

Radicación número: 110010315000202304786 00
Accionante: Consorcio Campeón Mundial
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En ese contexto, la Sala procede a verificar si se cumplen o no los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela.

En cuanto al requisito de la subsidiariedad, el inciso 3 del artículo 86 de la
Constitución Política prevé que la acción de tutela “sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado
por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.

En línea con lo anterior, se ha considerado de manera reiterada que existiendo
otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o
vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela5.

En el caso bajo estudio, se tiene que, aunque el consorcio Campeón Mundial
alega la vulneración del derecho fundamental de petición, lo cierto es que su
solicitud tiene que ver con “el RESTABLECIMIENTO DE LA ECUACIÓN
CONTRACTUAL alterada por la ruptura en la igualdad o equivalencia entre
derechos y obligaciones de las partes dentro del contrato de obra No. 065 del 20
de mayo de 2019” y, en ese sentido, la Subsección estima que el mencionado
consorcio cuenta con un medio de defensa judicial idóneo para obtener el fin
perseguido.

Lo anterior, bajo el entendido de que el restablecimiento del equilibrio económico
del contrato corresponde a una pretensión del medio de control de controversias
contractuales previsto en el artículo 1416 de la Ley 1437 de 2011.

5
Sentencia T-061 de 18 de febrero de 2020.
6
“ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un
contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su
revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos
contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras
declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del
contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya

8

Radicación número: 110010315000202304786 00
Accionante: Consorcio Campeón Mundial
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Al respecto, esta Subsección ha señalado7:

El equilibrio económico del contrato

El contrato materia de controversia está regulado por la Ley 80 de 19938, toda
vez que fue celebrado por el Departamento de Boyacá, entidad que, a la luz
de lo dispuesto en el artículo 2 de la referida normatividad, se encuentra
sometida en cuanto a su contratación a las normas del estatuto de
contratación de las entidades públicas.

En el artículo 27 del referido estatuto, previó la figura del equilibrio económico
del contrato, al establecer que ‘[e]n los contratos estatales se mantendrá la
igualdad o equivalencia entre [los] derechos y obligaciones surgidos al
momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o
equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las
partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su
restablecimiento’.

La conmutatividad económica del contrato encuentra su fundamento en los
artículos 4 y 5 de la Ley 80, que regulan los derechos y los deberes de la
entidad estatal y del contratista. El artículo 4 establece que la entidad pública
podrá solicitar la actualización o revisión de precios cuando ocurran
fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico del contrato. De
igual manera, podrá adoptar las medidas necesarias para mantener, durante
el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas y
financieras existentes al momento de proponer o de contratar, dependiendo de
si se surtió o no un procedimiento de selección. Por su parte, el artículo 5
determina que el contratista tiene derecho a que se le pague la remuneración
de manera oportuna, y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o

liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes”.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: María Adriana Marín, fallo del 6 de julio
de 2022, radicación: 150012333000201300383-01 (54319).
8
Original de la cita: “De conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 2º de la Ley 80 de
1993, ‘Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las
provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de
municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado
tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria,
cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles’ (la Sala
resalta)”.

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Radicación número: 110010315000202304786 00
Accionante: Consorcio Campeón Mundial
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

modifique durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, la Administración
deberá restablecer el equilibrio de la ecuación contractual a un punto de no
pérdida, cuando se presenten situaciones imprevistas e inimputables al
contratista.

La jurisprudencia de esta Subsección ha explicado el equilibrio económico del
contrato en los siguientes términos:

(…) si bien es cierto que, en principio, en materia de contratos funge el principio
del pacta sunt servanda, esta exigencia de cumplimiento exacto de lo pactado,
opera en la medida en que las condiciones existentes al momento de celebrar el
contrato, se mantengan incólumes, por lo que se recurrió al principio del rebus
sic stantibus, conforme al cual, las condiciones originales del contrato se deben
mantener, siempre y cuando se conserve durante la etapa de ejecución o
cumplimiento la situación de cargas y beneficios que soportaban las partes en
el momento de su celebración, pero no se puede ni debe mantener, cuando esa
situación sufre modificaciones entre el momento en que se trabó la relación
negocial y una época posterior durante la ejecución del contrato; con
fundamento en dicho principio, se abrió paso el derecho de la parte afectada
por una situación imprevista y sobreviniente durante la ejecución de las
prestaciones, a que se le restablezca la ecuación contractual, cuando haya sido
gravemente afectada9.

En ese sentido, aunque a la fecha la entidad demandada no se ha pronunciado
respecto de la petición de las peticiones del 22 de julio de 2022 y el 7 de junio de
2023, como se ha hecho en anteriores oportunidades10, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia porque no se cumple el requisito
de subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que lo que pretendido por el
consorcio accionante, en suma, es obtener el restablecimiento de la ecuación
contractual del contrato de obra No. 065 del 20 de mayo de 2019, para cuyo
efecto no está instituida la acción de tutela, so pretexto de invocarse la
vulneración al derecho fundamental de petición, sin que se advierta, además, cuál
sería la afectación de otro derecho fundamental, por el solo hecho de que la
petición elevada no haya sido respondida.

9
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de
agosto de 2020, C.P.: María Adriana Marín. Rad.: 05001-23-31-000-2006-03354-01 (46.057)”.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, fallo del 5 de febrero de 2021, radicación:
110010315000202004933 00.

10

Radicación número: 110010315000202304786 00
Accionante: Consorcio Campeón Mundial
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por el Consorcio
Campeón Mundial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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