Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2013-00383-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2013-00383-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-33-000-2013-00383-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
6 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique
Pinzón Robayo (integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 5 de febrero de 2015, proferida por la Sala de
Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte vencida.
SÍNTESIS DEL CASO
El 28 de abril de 2006, el Departamento de Boyacá y el Consorcio C.T.U. MP.
suscribieron el Contrato de Obra Pública No. 141, cuyo objeto fue el mejoramiento de
un tramo de la vía nacional Ramiriquí - Ramal a Rondón. La parte actora demandó a
la contratante para que se restableciera el equilibrio económico del contrato, el cual
se rompió por causas no imputables al contratista, por cuanto no se reajustaron los
precios en la liquidación del contrato ni se reconocieron los gastos en los que incurrió
por la mayor permanencia en la obra, debido a las prórrogas y suspensiones del plazo
y al incumplimiento contractual de la entidad demandada.
ANTECEDENTES
Demanda
El 30 de abril de 2013, la Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y el señor Manuel
Enrique Pinzón Robayo, integrantes del Consorcio CTU-MP, presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra el Departamento
de Boyacá, con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones (fls. 3 a 30,
c. 1):
PRETENSIONES PRINCIPALES
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
1.- PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL
Que se declare que por causas no imputables al contratista, se rompió el equilibrio
económico-financiero del contrato No. 141 de 2006, cuyo objeto consistía en el
MEJORAMIENTO DE LA VÍA NACIONAL RAMIRIQUÍ RAMAL A RONDÓN,
SECTOR PR 26 + 800 AL PR 41 200, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, por cuanto
no se ajustó en la liquidación del contrato en los términos de la resolución oficial
de precios No. 161 de 2008, así como la mayor permanencia en la obra durante el
plazo de ejecución contractual.
2.- PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL
Que se declare que la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ está en la obligación de
restablecer la ecuación económica del contrato surgida al momento de la
presentación de la propuesta por parte del CONSORCIO CTU-MP.
PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA
Como consecuencia lógica de las anteriores declaraciones, sírvase declarar
responsable y condenar a la Gobernación de Boyacá, o a la entidad o dependencia
que llegare a hacer sus veces, a resarcir integralmente y pagar a mis
representados, por concepto de indemnización, que conlleve el restablecimiento
del equilibrio financiero del contrato No. 141 de 2006, cuyo objeto consistía en el
MEJORAMIENTO DE LA VÍA NACIONAL RAMIRIQUÍ RAMAL A RONDÓN,
SECTOR PR 26 + 800 AL PR 41 + 200, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, las
sumas de dinero que se tasan y discriminan de la siguiente manera o,
subsidiariamente, en las sumas de dinero tasadas por los señores peritos que para
el efecto se designen, TODO DE ACUERDO CON LO MANDADO EN EL
ARTÍCULO 141 DE LA LEY 1437 de 2011 y demás normas concordantes, a saber:
1.1.- Condenar a la entidad demandada al pago de MIL OCHENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS
($1.081.798.341,41) por concepto de costos de administración del contrato,
conforme al porcentaje establecido en el mismo, del doce punto noventa y seis por
ciento (12.96%) que tiene su fundamento en la mayor permanencia de la obra,
durante los 17.70 meses que estuvo suspendido el contrato.
1.2.- Ajustar los precios de los diferentes ítems del contrato, relacionados a
continuación y que como consecuencia del rompimiento de la ecuación financiera
del contrato sin que sea imputable al contratista, recabo en un detrimento
antijurídico de mis representados, los cuales ascienden a un total de dos mil
quinientos seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil setenta y tres pesos con
treinta y un centavos ($2.506.479.073,31), discriminados en los siguientes ítems:
Ordenar ajustar y pagar los valores de las actas de obra ejecutada y recibida en la
vigencia fiscal del año 2007, que deberán ser ajustados con precios de la
resolución oficial de precios de la Gobernación de Boyacá del año 2007,
actualizando los precios de las mezclas asfáltica y del transporte al año 2007, que
según los cálculos ascienden a un total de $715.933.587.55.
Ordenar ajustar y pagar los valores de las actas de obra ejecutada y recibida en la
vigencia fiscal del año 2008, que deberán ser ajustados con precios de la
resolución oficial de precios de la Gobernación de Boyacá del año 2008,
actualizando los precios de las mezclas asfáltica y del transporte al año 2008, que
según los cálculos ascienden a un total de $1.618.808.665,33.
Ordenar ajustar y pagar los valores de las actas de obra ejecutada y recibida en la
vigencia fiscal del año 2009, que deberán ser ajustados con precios de la
resolución oficial de precios de la Gobernación de Boyacá del año 2009,
actualizando los precios de las mezclas asfáltica y del transporte al año 2009, que
según los cálculos ascienden a un total de $136.455.805,25.
Ordenar ajustar y pagar los valores de las actas de obra ejecutada y recibida en la
vigencia fiscal del año 2010, que deberán ser ajustados con precios de la
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
resolución oficial de precios de la Gobernación de Boyacá del año 2010,
actualizando los precios de las mezclas asfáltica y del transporte al año 2010, que
según los cálculos ascienden a un total de $35.281.015,18.
1.3.- La actualización monetaria de la suma adeudada (TRES MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 CENTAVOS MCTE
($3.588.277.414.72) desde la fecha de exigibilidad de la obligación, esto es, desde
el día 10 de mayo de 2011, fecha de la suscripción del acta de liquidación del
contrato 141 de 2006, hasta el día en que se verifique el pago efectivo y real de la
misma, en todo caso conforme a las pautas y parámetros fijados por la reiterada
constante jurisprudencia emanada del Honorable Consejo de Estado y atendido el
mandato expreso del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y demás normas
concordantes.
1.4.- Que se liquiden y paguen los intereses moratorios causados conforme a lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993 (artículo 4 No. 8, es decir el doble del interés legal
civil sobre el valor histórico actualizado) y demás normas concordantes y
reglamentarias (art. 8.1.1. del Decreto 734 de 2012), desde la fecha en que la
obligación se hizo exigible, es decir a partir de la suscripción de entrega del acta
de liquidación final del contrato 141 de 2006, esto es, el día 10 de mayo de 2011 y
hasta la fecha de terminación del proceso, en todo caso, conforme a las pautas y
parámetros fijados por la reiterada constante jurisprudencia emanada del
Honorable Consejo de Estado y atendido el mandato expreso del artículo 16 de la
Ley 446 de 1998 y demás normas concordantes.
SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA
2.- Que se condene a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, o a la entidad o
dependencia que haga sus veces, al pago de costas, agencias en derecho y demás
gastos del proceso, en especial si la entidad demandada queda incursa en la
conducta procesal prevista en el parágrafo 3º del artículo 75 de la Ley 80 de 1993
y artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
TERCERA PRETENSIÓN ACCESORIA
3.- A la sentencia que ponga fin al presente proceso se le dará cumplimiento en
los términos de los artículos 188, 192 y demás normas concordantes de la Ley
1437 de 2011, de acuerdo con las pautas señaladas por la jurisprudencia
constitucional sobre este aspecto, a la fecha de presentación de la solicitud de
cumplimiento y obedecimiento de la sentencia, acompañada de los índices de
precios al consumidor o, en subsidio, que este valor que resulte actualizado se
actualice monetariamente hasta la fecha de su pago real y efectivo.
En los hechos, la parte actora dio cuenta de la celebración, previo proceso licitatorio,
del contrato de obra pública No. 141 de 2006, cuyo objeto fue el “Mejoramiento de la
vía nacional Ramiriquí Ramal a Rondón, sector PR 26 + 800 al PR 41 + 200,
Departamento de Boyacá”, con un plazo de 18 meses, distribuidos así: tres meses
para estudios y diseños y quince meses para la construcción de las obras. El valor
inicial se pactó en la suma de $8.489´342.582,18 y, luego de las adiciones, el valor
total contratado ascendió a la cantidad de $10.594´126.658,02. Sostuvo que el AIU se
convino en un 20% sobre el costo directo de la obra, comprendido por un costo
indirecto equivalente a 7.04% por concepto de gastos de legalización del contrato y
un 12.96% por utilidades y administración, y que las partes también pactaron la suma
de $61.118.550.36 de costo mensual por administración durante la etapa de
construcción.
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Adujo que el plazo del contrato pasó de 18 a 44 meses, teniendo en cuenta que tuvo
adiciones en tiempo por 9.5 meses y suspensiones de 17.7 meses y que las prórrogas
fueron ordenadas por la administración y ninguna de las suspensiones en la ejecución
tuvo origen en causas imputables al contratista, pues fueron consecuencia del invierno
reinante en la zona y del sismo presentado el 24 de mayo de 2008, que afectó varios
sitios donde ya se encontraba pavimentada la vía. Además, porque la administración
no adoptó las medidas necesarias respecto a las alternativas de solución planteadas
por el contratista para reparar los sitios afectados por el movimiento telúrico.
Se alegó que la prolongación de la ejecución demandó para el contratista la necesidad
de incurrir en mayores costos a los inicialmente estimados, que afectaron el equilibrio
económico del contrato, por el incremento de los precios en el mercado (alza en el
salario mínimo, materiales, combustibles, transporte, etc.) y los gastos ocasionados
por la mayor permanencia en la obra.
Relató que el 7 de octubre de 2010, la contratista solicitó a la entidad pública el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato y que el interventor de la obra
respondió la petición, aduciendo que sería objeto de análisis por parte del comité de
conciliación y que no se tendrían en cuenta los sobrecostos solicitados por mayor
permanencia en obra, causados por retrasos e incumplimientos de la programación
de obra, atribuibles al contratista.
El 10 de mayo de 2011, las partes contratantes suscribieron el acta de liquidación
bilateral del contrato, en la cual la contratista dejó plasmadas sus inconformidades
relativas al desequilibrio contractual.
Trámite de primera instancia
La demanda fue inadmitida para que se estimara de forma razonada la cuantía de las
pretensiones, se aportara la dirección electrónica de la parte actora y las copias de los
traslados. Una vez subsanada, el Tribunal admitió el libelo y ordenó notificar
personalmente al representante legal del Departamento de Boyacá, al agente del
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls. 213-221
y 231-232, c. 1).
El Departamento de Boyacá contestó la demanda (fls. 244-252, c. 1) y se opuso a las
pretensiones. Sostuvo que cumplió con las obligaciones contractuales a su cargo y
que fue el contratista quien incumplió, dando lugar a las prórrogas, tal y como lo
evidenciaban los requerimientos de la interventoría.
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
La demandada puso de presente que en desarrollo del objeto contractual se
presentaron factores exógenos, tales como la ola invernal y un sismo que produjo
muchos inconvenientes y retrasos en las obras, lo que a la postre derivó en las
suspensiones del contrato.
La entidad afirmó que era cierto que dentro de los primeros tres meses se cumplió con
la etapa de estudios y diseños, pero no era cierto que las prórrogas no hubieran sido
por causas imputables al contratista, pues tuvieron relación directa con los atrasos
presentados en la programación de las obras, lo que dio lugar a que la entidad
solicitara al consorcio que explicara las razones de su incumplimiento, so pena de
declarar la caducidad del contrato o imponer las sanciones por el atraso presentado.
La demandada dio cuenta de que, desde la etapa del proceso licitatorio, los
proponentes sabían que la construcción de la carpeta asfáltica MDC 2 en caliente
incluía barrido, suministro, extendida y compactación INV 450, y el asfalto se
encontraba incluido en el ítem solicitado.
Alegó que no resultaba procedente que el contratista reclamara el restablecimiento
del equilibrio económico del contrato, cuando había incumplido con sus obligaciones,
“alegando su propia culpa”, según se aprecia en los diferentes oficios enviados por el
interventor de la obra, los cuales fueron puestos en conocimiento del Departamento
de Boyacá y del mismo contratista.
Señaló que un “incremento de $2.104´784.065 sobre el valor del contrato inicial hace
pensar de manera palmaria que los precios sufrieron su correspondiente reajuste”, por
cuanto no se ordenaron obras adicionales, ni se presentaron fenómenos económicos
o de otro orden que hubieran justificado ajustes superiores a los de la obra proyectada.
Con fundamento en los anteriores argumentos, la accionada propuso las excepciones
de fondo que denominó: (i) “cumplimiento del contrato”, toda vez que el Departamento
de Boyacá pagó $10.594´126.658,02, según el acta de liquidación bilateral del
contrato, cantidad que fue recibida por el contratista, “suma que excedía en
$2.104´784.065 al valor pactado inicialmente” y sin que se hubieran demostrado los
gastos reclamados por concepto de desequilibrio contractual y (ii) “mala fe” de la parte
actora, pues las causas que dieron lugar a las prórrogas del contrato tuvieron origen
en los incumplimientos reiterados del contratista.
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Audiencia inicial
Mediante proveído del 26 de noviembre de 2013, el a quo estableció la fecha para
llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el numeral 1° del artículo 180 del CPACA
(fl. 361, c. 1).
En desarrollo de la audiencia se fijó el litigio en el sentido de determinar si se presentó
ruptura del equilibrio económico del contrato de obra pública No. 141 de 2006, por
presuntos sobrecostos originados en: (i) la mayor permanencia en obra, debido a la
ola invernal ocurrida entre el 22 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2009 y por el
sismo presentado en la zona de emplazamiento del proyecto el día 24 de mayo de
2008 y (ii) el costo de los materiales. Y, en caso de haberse presentado, establecer si
era atribuible al contratista o a la entidad contratante.
Asimismo, se incorporaron al proceso las pruebas allegadas por las partes
intervinientes y el a quo accedió a oficiar a la entidad para que allegara “los actos y
documentos adicionales adjuntos al contrato”, en los términos solicitados por el
demandante. También decretó de oficio unas pruebas relacionadas con la ola invernal
y con el sismo que se alegó en la demanda como presentado durante la ejecución del
contrato. Por último, fijó fecha para la audiencia de práctica de las pruebas (fls. 370-
373, c. 1).
Audiencia de pruebas y alegatos
La audiencia se celebró el 21 de mayo de 2014, en la que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 181 del CPACA, se recaudaron, incorporaron, apreciaron y
valoraron las pruebas decretadas en la audiencia inicial. Igualmente se prescindió de
la audiencia de alegaciones y juzgamiento, informando a las partes y al Ministerio
Público sobre la posibilidad de presentar sus alegaciones por escrito (fls. 408-410, c.
1).
En sus alegatos, la parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en el transcurso
del proceso. Así, insistió en la ruptura del equilibrio económico del contrato No. 141
de 2006, debido a una mayor permanencia en la obra por causas no imputables al
contratista. Alegó que los oficios presentados por la interventoría y allegados con la
contestación de la demanda no probaban el incumplimiento de las obligaciones del
contratista y, por el contrario, desconocían su presunción de inocencia y debido
proceso. Sostuvo que, durante la ejecución del contrato, con el paso del tiempo, los
precios cambiaban, y que no podían compararse los valores ofertados en el año 2006
con los del año 2010 (fls. 417-451, c. 1).
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
La sentencia de primera instancia
El 5 de febrero de 2015, el Tribunal dictó sentencia (fls. 453-468, c. ppal.), en la que se
negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte vencida.
Luego de abordar el principio del equilibrio económico del contrato estatal y las
consecuencias de su ruptura, específicamente, la teoría de la imprevisión, las
modalidades de pago de los contratos estatales, el contrato de obra, el reajuste de
precios en los contratos a precios unitarios, la buena fe contractual y la carga de la
prueba, el a quo consideró que las reclamaciones fundadas en el desequilibrio
causado por las prórrogas no tenían vocación de prosperidad, en la medida en que
tales ampliaciones fueron solicitadas por el contratista y, además, la entidad demostró
que tomó las medidas necesarias para mantener su equilibrio, al adicionar el valor del
contrato en la suma de $2.104´784.065.
En cuanto a las razones que dieron lugar a las suspensiones del contrato, el Tribunal
consideró que las mismas estuvieron ligadas a actuaciones provenientes de la
administración departamental, por no haber tomado decisiones administrativas
respecto del sismo presentado en la zona de emplazamiento del proyecto el 24 de
mayo de 2008 y por el acaecimiento de lluvias, circunstancias que no podían ser
previstas por ninguna de las partes, por lo que hacían parte de la teoría de la
imprevisión y, por ende, en principio, deberían ser objeto de reconocimiento al
contratista, para no afectar la ecuación contractual. No obstante, en el presente asunto
no se probó la ocurrencia del perjuicio económico y tampoco se demostró que la
administración no hubiera adoptado los mecanismos para el restablecimiento de la
ecuación contractual, en detrimento de los intereses del contratista.
El a quo puso de presente que en varias oportunidades la interventoría del contrato
tuvo que requerir al contratista para que cumpliera con el objeto contractual.
En relación con la pretensión de reajuste de precios por el costo de los materiales, el
Tribunal anotó que para que fuera resuelto de forma favorable debía probarse una
ejecución activa del contrato, esto es, que el contratista indudablemente estuviera
utilizando maquinaria y equipos, como es el caso del combustible, pero en el
expediente no se acreditó que durante el tiempo de suspensión del contrato el
contratista hubiese estado en la zona realizando trabajos que implicaran la utilización
de combustible.
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Estimó que tampoco se había realizado por parte del demandante una descripción
contable o financiera de los sobrecostos que se habían soportado por la compra de
este material, lo cual dejaba huérfana la solicitud de reajuste de precios.
Por último, el a quo condenó en costas a la Compañía de Trabajos Urbanos y al
Consorcio CTU-MP, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y
365 del CGP y fijó como agencias en derecho la suma $3’588.277, que correspondían
al 0.1% de la estimación de la cuantía indicada en la demanda, según lo dispuesto en
el numeral 3.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.
Recurso de apelación
La parte actora apeló la decisión de primera instancia y solicitó revocarla para que, en
su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda (fls. 471-497, c. ppal.).
Consideró que el Tribunal desconoció los pronunciamientos jurisprudenciales en torno
a la teoría del restablecimiento del equilibrio económico de los contratos, los principios
superiores que rigen la relación contractual y el material probatorio que reposa en el
expediente. Así mismo, sostuvo que la contratista sufrió un daño antijurídico que no
tenía por qué soportar y que debía ser reparado.
En cuanto a la mayor permanencia en la obra, la recurrente sostuvo que en relación
con las prórrogas del contrato, “sus motivos son muy distintos de los invocados en la
sentencia recurrida1 y evidentemente distorsionan su real motivación”; manifestó que
tanto las prórrogas como las suspensiones del contrato no se produjeron por causas
imputables al contratista sino por razones exógenas a la voluntad contractual de las
partes, condiciones imprevistas y, en otros casos, las prórrogas se dieron para atender
obras adicionales o no contempladas inicialmente y que demandaban más tiempo; y,
a la vez, adujo que dicha “permanencia fue exagerada y totalmente imprevista para
las partes del contrato”, pues “ninguna proyección podría jamás imaginarse que un
contrato de 18 meses de ejecución se prolongue entre suspensiones y adiciones
(ninguna por su culpa) en 44 meses más, es decir, aproximadamente más de dos
veces y medio el tiempo inicialmente pactado”.
También reprochó al tribunal la lectura que hizo de las adiciones en valor del contrato,
afirmando que “(…) resulta desconcertante el hecho de confundir el pago de obras
1
Al respecto, recordó lo dicho en la sentencia: “Al efecto advierte la Sala que las adiciones del plazo
contractual procedieron a solicitud del contratista en aras de concluir satisfactoriamente el objeto
contratado y para realizar obras no previstas pero necesarias para su cumplimiento. Por tal razón no
hay lugar al restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, además porque la administración
departamental tomó las medidas necesarias para mantener su equilibrio, al adicionar en $2.104.784.065
el valor del contrato sobre el inicialmente pactado”.
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
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Acción: Controversias contractuales
adicionales con el mantenimiento del equilibrio económico”, y que se equivocó el a-
quo al concluir que la administración tomó medidas para mantener el equilibrio
económico del contrato, pues con tales adiciones “(…) lo que se hizo fue comprometer
el pago de obras adicionales a las inicialmente pactadas, necesarias para mantener
la estabilidad de la obra y que no fueron concebidas al momento de la planeación del
contrato”. Sostuvo que, por lo tanto, el argumento del Tribunal sobre “(…) la
indemnidad de la administración departamental en la confección de los adicionales no
puede ser valedero”, ya que en el plenario estaba acreditado que las adiciones del
contrato no fueron inducidas o sugeridas por el contratista ni debidas a su
incumplimiento, sino que “(…) tal como se evidencia de las pruebas, dichas adiciones
suponen la necesidad de replantear las tareas constructivas ya sea por las constantes
suspensiones debido a la ola invernal, ya sea por la ausencia de compromiso
burocrático en el desembolso de los recursos o bien por hechos ajenos a las partes,
conclusiones que se extractan de la mera lectura de los documentos (…)”.
También discrepó del Tribunal respecto de su afirmación de que no se probó el
sobrecosto y el perjuicio causado con la mayor permanencia en la obra2, y señaló que
tenía derecho al reajuste de precios, por cuanto “con el paso del tiempo van
cambiando sustancialmente los precios con los que inicialmente se concibió la obra,
valga decir, no podría compararse el precio de un ítem ofertado en el año 2006 con el
valor que tiene en el año 2011”. A manera de ejemplo, adujo que el asfalto tuvo un
incremento del 74% y el ACPM un 56.04%.
La parte actora reiteró que los oficios expedidos por la interventoría y que fueron
presentados con la contestación de la demanda no demostraban el incumplimiento de
la contratista, porque no se adelantó una actuación administrativa tendiente a probarlo
ni existió una decisión conminatoria o sancionatoria emanada de la entidad pública.
Por último, la recurrente adujo que la Gobernación de Boyacá vulneró el principio de
planeación, pues no se cumplió con el plazo ni el presupuesto inicialmente previstos
en los pliegos y en el contrato. Sobre la vulneración del principio de planeación, la
parte actora alegó lo siguiente:
Transponiendo el análisis desarrollado por el Consejo de Estado, está bastante
claro interpretar que existe una vulneración al principio de planeación de parte de
2
Al respecto, el recurrente transcribió lo sostenido por el a-quo al respecto: “Puede entonces afirmarse
que en el presente asunto no puede concluirse que las circunstancias invocadas conlleven per se
rompimiento del equilibrio contractual, dada la falta de demostración de la forma en que el sobrecosto
en los gastos de administración que se alega afectó la utilidad de la parte demandante, por lo que en
consecuencia, la pretensión debe ser denegada, se repite, ante la ausencia de soporte probatorio por
la falta de diligencia en el cumplimiento de la carga procesal de probar que le asiste a la parte
demandante, quien debió aportar todos los elementos de juicio que sacaran avante su pedimento,
conforme al principio dispositivo que orienta el trámite procesal en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”.
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
la Gobernación de Boyacá, en el marco de la ejecución del contrato No. 141 de
2006, con la sencilla y probada razón que ni el plazo de ejecución propuesto en
los pliegos de condiciones (18 meses) ni el presupuesto asignado, fueron los que
efectivamente se desarrollaron (más de 44 meses reales de ejecución).
Trámite en segunda instancia
Después de admitido el recurso, se corrió traslado para alegar de conclusión,
oportunidad en la que las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos
esgrimidos en el curso del proceso (fls. 505-506, 510 y 511-521, c. ppal.).
CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia
Atendiendo a la naturaleza pública de entidad estatal del Departamento de Boyacá, el
contrato estatal respecto del cual se plantea la presente controversia es de
conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993
y del artículo 104 de la Ley 1437 de 20113.
Así mismo, le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564
de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda4, en razón del
recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida
el 5 de febrero de 2015 por la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de
Boyacá y de conformidad con la estimación razonada de la cuantía realizada en la
demanda5, según las previsiones del artículo 157 de la norma en cita.
3
“Artículo 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente conocerá de los
siguientes procesos: // (…) 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que
sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. // 3. Los
relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes. (…) // PARÁGRAFO. Para los
solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal,
con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una
participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual
o superior al 50%”.
4
“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de
los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de
unificación de jurisprudencia (Este inciso fue posteriormente modificado por el artículo 26 de la Ley
2080 de 2021, la cual no resulta aplicable al presente caso, pues de acuerdo con lo dispuesto en su
artículo 86, dicha ley “(…) rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican
las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo
se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley”.
5
La cuantía de la demanda se estimó en $3.588´277.414,72, en razón de $1.081´798.341,41 por costos
de administración; $715´933.587,55 por ajustes de precios del año 2007; $1.618´808.665,33 por ajuste
10
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
La legitimación en la causa
El Departamento de Boyacá, de una parte, y la Compañía de Trabajos Urbanos S.A.
y el señor Manuel Enrique Pinzón Robayo, integrantes del Consorcio CTU-MP, de la
otra, se encuentran legitimados en la causa por pasiva y por activa, respectivamente,
toda vez que actuaron como parte contratante y parte contratista en el contrato objeto
de la presente controversia.
Oportunidad de la demanda
Según el evento (iii) del literal j) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA6, norma
que resulta aplicable al presente asunto, la acción contractual caduca al vencimiento
del término de dos años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o
de derecho que le sirvan de fundamento. No obstante, cabe anotar que para los
contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, como
ocurre en el presente asunto, el plazo para accionar judicialmente comenzará a
contarse a partir de dicho suceso, ya sea que las partes liquiden el contrato de mutuo
acuerdo o que lo haga la administración de forma unilateral, o luego de vencido el
plazo para liquidar en caso de que no se hubiese efectuado.
En el presente asunto, la Sala observa que la parte actora aportó con la demanda
copia del acta de liquidación bilateral suscrita entre las partes contratantes el 10 de
mayo de 2011 (fls. 98-99 c. 1 y 29-30 c. 2), por lo que el término de caducidad de la
acción empezó a correr al día siguiente y se extendería hasta el 11 de mayo de 2013.
Cabe anotar que el término para demandar se suspendió, pues la demandante
adelantó el trámite conciliatorio respectivo. Para demostrarlo, también allegó con el
libelo introductorio copia del acta de conciliación prejudicial realizada en la
Procuraduría 45 Judicial ante el Tribunal Administrativo de Boyacá (fls. 199-202, c. 1),
en la cual consta que la solicitud de dicho trámite se presentó el 9 de marzo de 2012,
es decir, cuando faltaban un año, dos meses y dos días para que operara la
caducidad; el trámite conciliatorio culminó el 29 de mayo de 2012, con la expedición
de precios del año 2008; $136´455.805,25 por ajuste de precios del año 2009 y $35´281.015,18 por
ajuste de precios del año 2010.
6
“Art. 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
// (…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: // (…) j) En las relativas a
contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. // (…) En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: // i) En los de ejecución instantánea desde el día
siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato; // ii) En los que no requieran de
liquidación, desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa; // iii) En los que
requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente
al de la firma del acta; (…)”.
11
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
de la respectiva certificación, momento a partir del cual empezó a correr el término
faltante, que finalizaba el 31 de julio de 2013. En este orden, como la demanda
instaurada el 30 de abril de 2013, resulta evidente que la misma fue oportuna.
Problemas jurídicos a resolver
Teniendo en cuenta el objeto del recurso de apelación presentado por la parte
demandante y los hechos probados en el proceso, corresponde a la Sala establecer
en primer lugar, la incidencia de la liquidación bilateral en la resolución de las
pretensiones y, una vez determinada la procedencia de las mismas, deberá dilucidar
si se presentó una ruptura del equilibrio económico del contrato de obra pública No.
141 de 2006 derivado de los sobrecostos causados por (i) mayor permanencia en la
obra, debido a las prórrogas y suspensiones que se produjeron por causas atribuibles
a la ola invernal ocurrida entre el 22 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2009 y
por el sismo presentado en la zona de emplazamiento del proyecto el día 24 de mayo
de 2008 y (ii) el aumento del costo de los materiales empleados para la obra.
De igual forma, se estudiarán los argumentos relativos al incumplimiento contractual
atribuido a la entidad pública por no haber tomado medidas frente a los eventos que
dieron lugar a las suspensiones del contrato y por no reajustar el precio del
combustible y el transporte en los términos de las resoluciones expedidas año a año
por la Gobernación de Boyacá durante la ejecución del contrato.
Cabe anotar, además, que en el recurso de apelación la parte actora adujo el
desconocimiento del principio de planeación por parte de la entidad pública,
argumento frente al cual se advierte, de un lado, que carece de una debida
sustentación para que el superior asuma su conocimiento, pues la carga
argumentativa corresponde a quien recurre; y de otro lado, que dicho argumento no
fue alegado en la demanda y sólo se esgrimió en el recurso de apelación, lo que impide
abordar su estudio, por cuanto no es posible modificar la causa petendi en el trámite
de la segunda instancia, sobre un aspecto que la parte demandada no tuvo la
oportunidad de controvertir.
La liquidación bilateral del contrato
En reiteradas ocasiones la jurisprudencia ha manifestado que, en las controversias
contractuales, resulta improcedente el estudio de las pretensiones de la demanda
cuando de por medio obra un acta de liquidación bilateral cuya validez no se cuestiona
o en la cual el demandante no hubiera dejado una salvedad expresa en relación con
los tópicos que son objeto de la reclamación judicial, por cuanto esa liquidación
12
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
constituye una manifestación de voluntad en contra de la cual no pueden ir las partes
ni desconocer su contenido sin grave perjuicio de la buena fe y lealtad con la que
deben obrar. Así, solo resulta procedente el estudio de las pretensiones cuando se
alega algún vicio del consentimiento o se ha expresado una objeción concreta en
relación con el corte de cuentas7.
Como se anunció al estudiar la oportunidad de la demanda, en el presente caso las
partes suscribieron un Acta de Liquidación Bilateral del Contrato No. 141 de 2006 el
10 de mayo de 2011, en la cual se dio cuenta de los datos generales del contrato y su
ejecución, así como los reconocimientos y pagos efectuados al contratista. Este, a su
vez, hizo una salvedad que se dejó plasmada en el acta en los siguientes términos
(fls. 98-99 c. 1):
El contratista solicita a la entidad contratante se incluya dentro de la presente
liquidación el reajuste de precios y el costo de la mayor permanencia, para alcanzar
el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuya ecuación se vio
afectada con ocasión de las variaciones de precios que debió soportar el
contratista durante la prolongación en el tiempo por aumento del plazo de ejecución
y prolongado por razones ajenas al contratista a 27.5 meses; reajuste de precios
calculado en $2.506´479.073,31 y mayor permanencia calculada en
$1.081´798.341,41, para un total de $3.588´277.414,72. En razón a que el
Departamento manifiesta que no hay lugar a los reconocimientos solicitados por el
contratista, el contratista expresa su inconformidad con tal determinación y
manifiesta que procederá a su reclamación por la vía que corresponda.
En las anteriores condiciones, considera la Sala que, en el presente caso, las
pretensiones de la demanda se ajustan al tema que fue objeto de salvedad en el acto
de liquidación bilateral, razón por la cual sí era procedente su estudio y, en
consecuencia, el del recurso de apelación que ahora se analiza.
El equilibrio económico del contrato
El contrato materia de controversia está regulado por la Ley 80 de 19938, toda vez que
fue celebrado por el Departamento de Boyacá, entidad que, a la luz de lo dispuesto
7
“(…) la Sección Tercera de esta Corporación, de manera uniforme y reiterada ha considerado que una
vez el contrato se liquida por mutuo acuerdo entre las partes, el documento en el que consta la misma
contiene un consenso de los extremos contratantes que no puede ser desconocido posteriormente ante
la instancia judicial por parte de quien lo suscribe, salvo que se invoque algún vicio del consentimiento
(error, fuerza o dolo) o se deje expresa constancia de la existencia de salvedades o discrepancias
respecto del cruce de cuentas que allí se consigna. // Atendiendo a esa lógica, el ejercicio de la acción
contractual se encuentra circunscrito a la posibilidad de controvertir exclusivamente aquellos aspectos
o temas en relación con los cuales el accionante hubiere manifestado expresamente su disconformidad
en el acto de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo, quedando excluido aquello respecto de
lo cual se hubiere guardado silencio” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de abril de 2016, expediente 46297, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
8
De conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 2º de la Ley 80 de 1993, “Se denominan
entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y
los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios
indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al
13
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Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
en el artículo 2 de la referida normatividad, se encuentra sometida en cuanto a su
contratación a las normas del estatuto de contratación de las entidades públicas.
En el artículo 27 del referido estatuto, previó la figura del equilibrio económico del
contrato, al establecer que “[e]n los contratos estatales se mantendrá la igualdad o
equivalencia entre [los] derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o
de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no
imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible
las medidas necesarias para su restablecimiento”.
La conmutatividad económica del contrato encuentra su fundamento en los artículos 4
y 5 de la Ley 80, que regulan los derechos y los deberes de la entidad estatal y del
contratista. El artículo 4 establece que la entidad pública podrá solicitar la actualización
o revisión de precios cuando ocurran fenómenos que alteren en su contra el equilibrio
económico del contrato. De igual manera, podrá adoptar las medidas necesarias para
mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones económicas
y financieras existentes al momento de proponer o de contratar, dependiendo de si se
surtió o no un procedimiento de selección. Por su parte, el artículo 5 determina que el
contratista tiene derecho a que se le pague la remuneración de manera oportuna, y a
que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del
contrato. Por lo tanto, la Administración deberá restablecer el equilibrio de la ecuación
contractual a un punto de no pérdida, cuando se presenten situaciones imprevistas e
inimputables al contratista.
La jurisprudencia de esta Subsección ha explicado el equilibrio económico del contrato
en los siguientes términos:
(…) si bien es cierto que, en principio, en materia de contratos funge el principio
del pacta sunt servanda, esta exigencia de cumplimiento exacto de lo pactado,
opera en la medida en que las condiciones existentes al momento de celebrar el
contrato, se mantengan incólumes, por lo que se recurrió al principio del rebus sic
stantibus, conforme al cual, las condiciones originales del contrato se deben
mantener, siempre y cuando se conserve durante la etapa de ejecución o
cumplimiento la situación de cargas y beneficios que soportaban las partes en el
momento de su celebración, pero no se puede ni debe mantener, cuando esa
situación sufre modificaciones entre el momento en que se trabó la relación
negocial y una época posterior durante la ejecución del contrato; con fundamento
en dicho principio, se abrió paso el derecho de la parte afectada por una situación
imprevista y sobreviniente durante la ejecución de las prestaciones, a que se le
restablezca la ecuación contractual, cuando haya sido gravemente afectada9.
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas
jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que
ellas adopten, en todos los órdenes y niveles” (la Sala resalta).
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2020, C.P.: María
Adriana Marín. Rad.: 05001-23-31-000-2006-03354-01 (46.057).
14
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
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(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Dado que, dentro de sus argumentaciones, la parte actora adujo que el rompimiento
del equilibrio económico del contrato se produjo en parte por una circunstancia
imputable a la entidad contratante, consistente en el incumplimiento de su deber de
decidir sobre la solución propuesta por el contratista a los daños producidos por un
sismo, es necesario advertir que la jurisprudencia también ha distinguido entre el
incumplimiento y el desequilibrio contractual, así10:
La ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del
sinalagma funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al
inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del
Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia
jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual,
ostenta posición de supremacía frente a su co-contratante, bien por situaciones
imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o
por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e
irresistibles como la variación de precios, por razones no imputables a las partes.
La Sección Tercera de esta Corporación ha acogido las teorías desarrolladas por
la doctrina foránea en torno a las fuentes que dan lugar a la ruptura del equilibrio
económico – financiero del contrato estatal, señalando que éste puede verse
alterado por actos y hechos de la administración o por factores extraños a las
partes involucradas en la relación contractual. A los primeros se les denomina
“hecho del príncipe”, y “potestas ius variandi” (álea administrativa), mientras que a
los supuestos que emergen de la segunda fuente se les enmarca dentro de la
denominada “teoría de la imprevisión” y paralelamente en la “teoría de la
previsibilidad”. Lo anterior permite deducir, con absoluta claridad, que puede verse
alterado por el ejercicio del poder dentro del marco de la legalidad o por situaciones
ajenas a las partes, que hacen más o menos gravosa la prestación; pero, en ningún
caso tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato.
El incumplimiento contractual, en cambio, tiene origen en el comportamiento
antijurídico de uno de los contratantes, esto es, que asume un proceder contrario
a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato y, como efecto principal,
causa un daño antijurídico a la parte contraria que, desde luego, no está en la
obligación de soportar; además, el incumplimiento genera la obligación de
indemnizar integralmente los perjuicios causados a la parte cumplida.
(…)
Es de anotar que, si bien el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley
80 de 1993 contempla como uno de los supuestos de ruptura del equilibrio
contractual el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratantes, en
esencia las dos figuras se diferencian, no solo por el origen de los fenómenos, tal
como quedó explicado en precedencia, sino por las consecuencias jurídicas que
emergen en uno u otro caso.
En efecto, la fractura del equilibrio económico da lugar al restablecimiento del
sinalagma funcional pactado al momento de proponer o contratar, según el caso,
mientras que el incumplimiento da derecho, en algunos casos a la ejecución
forzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos casos, a la
reparación integral de los perjuicios que provengan del comportamiento contrario
a derecho del contratante incumplido, tanto patrimoniales (daño emergente y lucro
cesante) como extrapatrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del
proceso, tal como lo dispone el artículo 90 de la Constitución Política (cuando el
incumplimiento sea imputable a las entidades estatales) y los artículos 1546 y 1613
a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998.11
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 16 de
septiembre de 2013, expediente 30.571, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
11
Sección Tercera Subsección A, Consejo de Estado, 14 de marzo de 2013, expediente 20.524, C.P
Carlos Alberto Zambrano Barrera. Reiteración en sentencia del 16 de septiembre de 2013, expediente
15
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Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
En consecuencia, de ser necesario y en virtud del principio iura novit curia, la Sala
tendrá en cuenta esta distinción para establecer la procedencia o no de las
pretensiones.
La teoría de la imprevisión
En la demanda -desde sus pretensiones- se alegó que el equilibrio económico del
contrato se vio afectado debido a la mayor permanencia del contratista en las obras,
en razón de las prórrogas y suspensiones que se tuvieron que pactar, causadas por
las fuertes lluvias que se presentaron en el sitio de los trabajos durante largos periodos
y por los daños que produjo un sismo ocurrido durante el término de su ejecución.
Sostuvo también que la afectación de la ecuación contractual, por las razones
anotadas, devino como consecuencia i) del no reajuste de las actas de obra ejecutada
y recibida en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, de conformidad con las resoluciones
oficiales de precios de la Gobernación de Boyacá respecto de la mezcla asfáltica y el
transporte para los referidos años, y ii) por los gastos de administración por los 17,7
meses que estuvo suspendido el contrato, y de acuerdo al porcentaje pactado en el
mismo por tal concepto, que fue del 12,96%.
Al respecto, resulta necesario recordar que la teoría de la imprevisión, como lo tiene
sentado la jurisprudencia, se presenta cuando hechos extraordinarios, sobrevinientes
a la celebración del contrato, y que se presentan durante su ejecución, ajenos a las
partes y que no eran razonablemente previsibles por ellas cuando se suscribió el
acuerdo de voluntades, afectan de manera significativa el cumplimiento de las
obligaciones, haciéndolo mucho más gravoso para uno de los contratantes12. De
acuerdo con lo anterior, para que se configure este evento de rompimiento del
equilibrio económico del contrato, que dé lugar al reconocimiento de los mayores
costos a favor de la parte afectada, se deben reunir los siguientes requisitos:
1. Que, con posterioridad a la celebración del contrato, se presente un hecho ajeno
a las partes, no atribuible a ninguna de ellas.
30.571, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre las diferencias entre incumplimiento y desequilibrio
contractual también se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de abril de 2020, expediente 48676, C.P. Alberto
Montaña Plata; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 16 de septiembre de 2013, expediente 30571, C.P. Mauricio Fajardo
Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18
de septiembre de 2003, expediente 15119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 31 de enero de 2019, expediente 37910.
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Acción: Controversias contractuales
2. Que ese hecho altere de manera anormal y grave, la ecuación económica del
contrato, es decir, que constituya un álea extraordinaria.
3. Que esa nueva circunstancia, no hubiera podido ser razonablemente previsible
por las partes.
4. Que esa circunstancia imprevista, dificulte la ejecución del contrato, pero no la
imposibilite.
Teniendo en cuenta lo anterior, procederá la Sala a analizar las reclamaciones
efectuadas por la demandante, para constatar si en realidad se reúnen todos los
requisitos necesarios para acreditar el rompimiento del equilibrio económico del
contrato en los términos planteados en la demanda y la apelación.
Las prórrogas del contrato
De conformidad con las pruebas que reposan en el plenario, se puede establecer que
algunas prórrogas del plazo del contrato se dieron por la necesidad de ejecutar obras
adicionales; y otras, por razones imputables al contratista, quien incurrió en múltiples
retrasos en el cumplimiento de la programación de la obra, tal y como lo evidenciaron
los requerimientos reiterados de la interventoría para que se cumpliera oportunamente
con el objeto contractual.
En efecto, consta en el plenario que el Contrato de Obra Pública 141, celebrado el 28
de abril de 2006 (fls. 48- 52, c. 1)13, cuyo plazo inicial de entrega se pactó en 18 meses
contados a partir de la firma del contrato14 -3 para la etapa de diseños y estudios y
hasta 15 para la etapa de construcción15-, fue prorrogado y adicionado en varias
13
El 29 de marzo de 2006, mediante la Resolución No. 018, el secretario de Hacienda de la
Gobernación de Boyacá ordenó la apertura de la Licitación Pública GB-11/06 (fls. 287-288 c. 1 primera
instancia), para el mejoramiento de la vía nacional Ramiriquí — Ramal a Rondón, Sector PR 26 + 800
al PR 41 + 200 Departamento de Boyacá. Mediante Resolución 39 del 28 de abril de 2006 se resolvió
adjudicar la licitación al CONSORCIO C.T.U. MP (fls. 287-288 c. 1 primera instancia).
14
No obstante, el 6 de junio de 2006 se suscribió el Acta de Iniciación y en ella se consignó que a partir
de su firma se contabilizaría el plazo legal del contrato y se anunció como fecha de terminación el 5 de
diciembre de 2007 (f. 56, c. 1).
15
“CLÁUSULA QUINTA: PLAZO.- EL CONTRATISTA se compromete a entregar las obras
relacionadas en la CLÁUSULA PRIMERA en un plazo de DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir
de la firma del presente contrato discriminados de la siguiente forma: hasta tres (3) meses para la etapa
de estudios y diseños y hasta (15) meses para la etapa de construcción contados a partir de la
legalización del presente acto. PARÁGRAFO: ACTA DE INICIACIÓN DE OBRAS: Esta se hará una
vez legalizado el presente contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, deberá diligenciarse
y suscribirse por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR el acta respectiva adjuntándole el programa
de trabajo e inversiones presentado en su propuesta; tal programa debe ejecutarlo a cabalidad y en
armonía con los demás Documentos y cláusulas contractuales, dando cumplimiento al Numeral 13 de
la Resolución número 053 del 11 de marzo de 1999”.
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(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
oportunidades por un total de 9 meses y 15 días, es decir que su plazo pasó a ser de
27 meses y 15 días. En relación con las prórrogas, se observa:
ACTO FECHA OBJETO
Prorrogar la ejecución del contrato en dos meses
Adicional No. 1 30 de noviembre de 2007 para concluir satisfactoriamente el objeto
contratado. Ampliación que no implicaba ajuste de
precios a los estipulados en la propuesta presentada
inicialmente (fls. 64-66 c. 1).
En los considerandos del documento consta que “la
adición solicitada es jurídicamente viable para
concluir satisfactoriamente con el objeto contratado,
habida cuenta la solicitud de fecha 06 de noviembre
de 2007”.
La petición elevada por el contratista se soportó en
las “dificultades climáticas que atravesó la región en
el presente año”, por lo que era necesario construir
cunetas y la carpeta asfáltica en una longitud de
6.000 metros (fl. 326 c. 1)
Adicionar el valor del contrato en $1.405´261.960.oo
Adicional No. 2 20 de diciembre de 2007 quedando un total de $9.894´604.552,18, los cuales
fueron destinados para incluir las cantidades de obra
anexas en la solicitud. Asimismo, se prorrogó la
ejecución en tres meses para concluir
satisfactoriamente el objeto contratado (fls. 67-69 c.
1).
En los considerandos del documento consta que “la
adición solicitada es jurídicamente viable para
concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado”.
Prorrogar la ejecución del contrato en dos meses y
Adicional No. 3 23 de mayo de 2008 quince días más, para dar continuidad a las obras y
concluir satisfactoriamente el objeto contratado (fl.
79 c. 1).16
En los considerandos del documento consta que “la
adición solicitada es jurídicamente viable para
concluir satisfactoriamente con el objeto contratado,
habida cuenta la solicitud hecha por parte del
contratista”.
Adicionar el valor del contrato en $699´522.105.84
Adicional No. 4 7 de mayo de 2009 quedando un total de $10.594´126.658,02, los
cuales fueron destinados para realizar obras no
previstas pero necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual. Asimismo, se prorrogó la
ejecución en dos meses más para concluir
satisfactoriamente el objeto contratado. (fl. 84).
En los considerandos del documento consta que “se
requiere de la adición al valor del contrato, resultado
de la necesidad de realizar obras no previstas pero
que son necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual, tales como reparación y soluciones a las
zonas inestables en el sector de Ramiriquí Ramal”.
También se señaló que “la adición solicitada es
jurídicamente viable en virtud del artículo 40 de la
16
En relación con esta prórroga, se observa que el 6 de mayo de 2008, el Secretario de Infraestructura
Pública y el Interventor del contrato enviaron oficio conjunto al Director de Contratación informándole
que ese día se vencía el contrato y que el contratista no había cumplido la meta física ni económica del
contrato, faltando por pavimentar 1,42 km, construcción de cunetas en 5 km y obras de protección en
diferentes sitios del proyecto. Como se presentaba un atraso del 20,6%, equivalente a las cantidades
por ejecutar, ponían a consideración del funcionario la situación, para que se tomaran las medidas
pertinentes (f. 327, c. 1). No obstante, observa la Sala que, para esa fecha, la ejecución del contrato se
encontraba suspendida desde el 22 de abril de 2008 y por 60 días (f. 78, c. 1). Además, días después,
el 14 de mayo, el Interventor envió nuevo oficio al mismo funcionario advirtiendo que para esa fecha
solo faltaban 0,55 km de pavimento y 4 de obras de protección, y que “continuando con el ritmo de
trabajo del contratista, se espera tener para mediados de la próxima semana culminada la longitud total
del pavimento que se puede intervenir”, por lo que sugería aceptar el plazo solicitado por el contratista
(f. 329, c. 1).
18
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Ley 80 de 1993, parágrafo. “Los contratos no podrán
adicionarse en más del 50% de su valor inicial,
expresado este en salarios mínimos legales
mensuales” y esta adición es necesaria para
concluir satisfactoriamente con el objeto
contratado”.
Sobre las anteriores adiciones en tiempo de que fue objeto el contrato, está
demostrado que, desde el inicio de su ejecución, el contratista incurrió en demoras e
incumplimientos que implicaron retrasos en los cronogramas de obras, tal y como se
evidencia en los requerimientos de que fue objeto por parte de la entidad y de la
interventoría:
El 8 de mayo de 2007, el contratista presentó un escrito que denominó “descargos en
relación con la comunicación calendada el 25 de abril de 2007”, enviada por el director
del Grupo de Contratación del Departamento de Boyacá, en la que se le requirió por
los atrasos que presentaba la ejecución del contrato, a la vez que se le informó sobre
la posibilidad de imponer sanciones. En el documento, el consorcio explicó:
(…) se encontró que lamentablemente las fuentes de materiales de la zona no
cumplían con el desgaste mínimo para la producción de las mezclas asfálticas y
que en la zona comprendida en el área de influencia del sector se observaba la
inexistencia de fuentes de materiales que cumplan con las características
mecánicas mínimas para la producción de concretos asfálticos que a la vez
cumplieran los requisitos de las especificaciones de construcción del INVÍAS 2002,
fuentes que dispongan de planes de manejo ambientales aprobados por las
autoridades, este hecho ha obligado al consorcio a buscar posibles productoras de
concretos asfálticos en las cercanías de la ciudad de Tunja.
(…)
Lamentablemente después de dar inicio a la actividad de producción de materiales
granulares para rellenos en afirmado, sub – base granular y base granular,
transcurridos 45 días de negociación con los transportadores locales, buscando un
equilibrio económico entre el precio unitario pactado en el contrato para la actividad
de transporte de materiales granulares, prácticamente se hizo imposible un
acuerdo para la contratación local del transporte. Este hecho obligó al contratista
disponer de equipos de transporte propios para acometer con el ritmo de la
demanda la construcción del desarrollo de la actividad.
(…)
A la fecha el Consorcio constructor analizó la posibilidad de negociar el concreto
asfáltico con la firma constructora del tramo II Consorcio Vías El Progreso Boyacá
2006, cuya planta de asfalto se encuentra instalada a 14.0 kilómetros del centro
de gravedad del proyecto, lamentablemente a la fecha de inicio programada por el
Consorcio para dar inicio a las labores de pavimentación, esta planta no había sido
habilitada para proveer la mezcla asfáltica en caliente MDC 2 que se demandaba
en el proyecto.
Este hecho obligó al Consorcio a proveer la mezcla asfáltica de una planta de
asfalto localizada en las inmediaciones de la ciudad de Tunja, planta que satisfacía
las especificaciones técnicas de construcción del proyecto.
(…)
19
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
(…) se concluye que actualmente se presenta un pequeño atraso en las
actividades de terminación de la base granular, pavimentación en concreto
asfáltico y construcción de cunetas en concreto, que obedece a la problemática
inicial que tuvo el desarrollo del contrato.
SOLICITUD
(…)
Expuestos los anteriores argumentos (…) solicitamos a la Gobernación
suspender las posibles actuaciones de caducidad del contrato y/o
imposición de sanciones (…) (negrillas fuera de texto, fls. 293-298, c. 1).
El 19 de junio de 2007, la interventoría externa elaboró un informe en el que evaluó el
estado del contrato con corte al 16 de junio de ese año. Señaló que, de acuerdo con
la programación de la obra, se presentaba un atraso total equivalente al 16.3%, como
consecuencia de la baja producción de mezcla asfáltica originada por fallas mecánicas
en la planta proveedora y en la reducción en avances de las diferentes obras, como
se analiza a continuación:
Descripción Programado Ejecutado Retraso
Ampliaciones $429´673.704,8 $335´819.260,21 -$93´854.444,6
alcantarillas $417´291.064,78 $181´384.693,06 -$235´906.371,72
Filtros $252´207.768,77 $417´599.600,20 +$165´391.831,43
Obras de protección $299´063.141,oo $100´306.609,80 -$198´756.531,20
Pavimentación $2.593´968.713,45 $1.529´159.339,54 -$1.064´809.373,91
Cunetas $158´793.819,63 $203´278.320,oo +$44´484.500,37
TOTAL -$1.383´450.391,97
De conformidad con lo anterior, la interventoría concluyó que el atraso total superaba
la suma de mil millones de pesos en inversión y estimó que “al ritmo actual no se
cumpliría con el plazo asignado para el cumplimiento del contrato”, por lo que solicitó
a la entidad que adoptara las medidas jurídicas aplicables (fls. 299-300 c. 1).
El 28 de junio de 2007, la interventoría del contrato requirió al director de obra del
consorcio contratista en los siguientes términos:
En vista de la poca atención de su parte a lo solicitado mediante innumerables
oficios y actas de comité por esta interventoría en relación con el contrato No. 141
de 2006, en el cual Usted es Director de obra y contratista, como son la entrega
de informes de inversión de anticipo, entrega de APU de ítems no previstos para
análisis y aprobación ante la entidad contratante, el mantener la maquinaria
ofrecida permanentemente en la obra y en buenas condiciones o en caso de
mantenimiento traer otra para su reemplazo provisional y evitar mayores atrasos
de los existentes, esta interventoría ha decidido que si no se asumen los
compromisos pactados con la Gobernación de Boyacá se verá en la obligación de
informar a esta entidad gubernamental y solicitar una medida jurídica que permita
hacer cumplir el contrato en los términos realizados (fl. 301, c. 1).
20
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
El 7 de julio de 2007, la interventoría del contrato nuevamente requirió al contratista
para que mantuviera en la obra la maquinaria necesaria para poder ejecutar los
trabajos, tales como la pavimentadora, compactadores en buenas condiciones de
operación e incrementar el número de volquetas, que se había visto
considerablemente disminuido, por lo que se estaba afectando el suministro de
materiales y, con ello, se había retrasado grandemente el avance de las obras, pues
en un mes éstas presentaron un aumento en el retraso del 15% al 20% de lo
programado. Este requerimiento fue reiterado el 25 de julio de 2007 (fl. 305 y 307, c. 1).
El 9 de julio de 1997, el director técnico y supervisor del contrato con el visto bueno
del secretario de Infraestructura de la gobernación de Boyacá, dirigieron comunicación
al director de Contratación en la que dieron cuenta del informe de los interventores de
varios contratos sobre la misma vía, entre ellos el del contrato 141, y del atraso que
presentaba este último del 18,51%, lo que evidenciaba que los contratistas no iban a
poder entregar las obras para el mes de diciembre como se pactó en los contratos,
por lo que solicitaban ordenar las acciones jurídicas del caso (f. 306, c. 1).
El 18 de octubre del mismo año, la interventoría puso de presente al contratista que
el atraso de las obras a la fecha se encontraba en el 41%, por “(…) el bajo rendimiento
en las actividades de construcción de la estructura del pavimento principalmente y
reducción en los avances de las demás actividades objeto del mismo”. Además, “la
contratista no ha establecido planes de contingencia para disminuir el retraso” y no
cumplía con el equipo de trabajo ofertado. Señaló que estos hechos eran reiterativos,
tal y como lo demostraban las comunicaciones y requerimientos que antecedían (fl.
325 c. 1).
El mismo día 18 de octubre de 2007, el representante legal de la Interventoría dirigió
comunicación al director de Contratación de la Gobernación de Boyacá, en la cual le
informó de los reiterados llamados de atención efectuados al contratista para que
tomara medidas respecto de los fallos presentados por inestabilidades ocasionadas
en la construcción de las diferentes obras del contrato, sin que aquel hubiera dado
respuesta sobre las medidas correctivas a desarrollar, haciendo caso omiso a las
sugerencias presentadas por los especialistas y funcionarios de la interventoría. Así
mismo, puso de presente los requerimientos que se le habían hecho para que
cumpliera el pliego de condiciones en lo concerniente a los equipos ofrecidos, ya que
el incumplimiento de este requisito había sido la principal causa del atraso en el
desarrollo del contrato, que a esa fecha se encontraba en un 41%, como consecuencia
del bajo rendimiento en las actividades de construcción de la estructura del pavimento
principalmente y reducción en los avances de las demás actividades objeto del mismo,
sin que el contratista hubiera establecido planes de contingencia para disminuir tal
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
retraso en toda la ejecución, ni implementado acciones correctivas para cumplir con
el plazo del contrato, por lo que, tratándose de hechos reiterativos que permitían
avizorar que no se daría cumplimiento al contrato, pedía que se tomaran las acciones
jurídicas que se consideraran pertinentes (f. 323, c. 1).
En este orden de ideas, la Sala encuentra que las causas que dieron lugar a las
prórrogas no provinieron de hechos extraordinarios ajenos a las partes -ni son
imputables al incumplimiento contractual de la entidad pública-, sino que tales
adiciones en tiempo fueron requeridas y solicitadas por el contratista, quien
presentaba retrasos en el avance de las obras, y para ejecutar las mayores cantidades
de obra y obras adicionales acordadas por las partes, las cuales fueron reconocidas
por la entidad contratante al suscribir las adiciones en valor que cubrían los mayores
costos por tal concepto.
Así se advierte del estudio de las prórrogas realizadas, en donde dos de ellas -la No.
1 y la No. 3- por un total de 4 meses y medio, se produjeron sin afectar el valor del
contrato y sólo para permitir la ejecución del objeto contractual; y las otras tres -la No.
2, la No. 4 y la No. 5-, por 5 meses, se requirieron para la ejecución de obras extras y
mayores cantidades de obra y estuvieron acompañadas de la respectiva adición del
valor del contrato.
Lo anterior permite concluir que, por estas causas, no se puede alegar el rompimiento
del equilibrio económico del contrato; y los sobrecostos que aduce haber sufrido el
demandante debido a las prórrogas del plazo, de haberse presentado, corresponden
o bien a su propia actuación, o al alea normal de todo contrato -por el aspecto
climático, como se verá más adelante- y, por lo tanto, le correspondía asumirlos.
Las suspensiones del término contractual
Como se advirtió, el demandante adujo que las suspensiones del contrato se
produjeron por causas ajenas al contratista y ocasionaron el quebrantamiento de la
ecuación contractual en su contra, por los gastos de administración y mayores costos
que debió asumir en virtud de la extensión de la relación contractual derivada de tales
suspensiones. Dichas causas, según la demanda, fueron en mayor parte por las
fuertes lluvias presentadas en el sitio de los trabajos y la demora de la entidad en
decidir sobre la solución propuesta por el contratista frente a las afectaciones
producidas a la obra por un sismo que se presentó en la época de su ejecución.
En consecuencia, procede constatar la existencia de las suspensiones, así como el
análisis de las causas que las originaron.
22
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Al respecto, está probado que el contrato fue suspendido en múltiples ocasiones. En
el Acta de Liquidación Bilateral suscrita por las partes se da cuenta de 8 suspensiones,
así (f. 98, c. 1):
Suspensión 1: del 22 de abril de 2008.
Reiniciación 1: del 22 de junio de 2008.
Suspensión 2: del 16 de julio de 2008.
Suspensión 3: del 16 de agosto de 2008.
Suspensión 4: del 16 de septiembre de 2008.
Suspensión 5: del 16 de noviembre de 2008.
Reiniciación 2: del 5 de mayo de 2009.
Suspensión 6: del 8 de mayo de 2009.
Reiniciación 3: del 8 de julio de 2009.
Suspensión 7, del 30 de octubre de 2009.
Suspensión 8 del 13 de enero de 2010
Reiniciación 4: del 27 de febrero de 2010, consignándose como fecha de terminación
real el 9 de marzo de 2010.
No obstante, en el plenario no obra copia de todas las anteriores suspensiones y
reiniciaciones, sólo de las siguientes:
ACTO FECHA JUSTIFICACIÓN
Por invierno reinante en la zona que impidió el
Acta de 22 de abril de 2008 normal desarrollo de las actividades de
Suspensión No. 1 construcción de las obras de protección, carpeta
asfáltica y cunetas en concreto. Suspensión de 60
días a partir del 22 de abril de 2008 (fl. 78, c. 1).
Por invierno reinante en la zona que impidió el
Acta de 16 de septiembre de 2008 normal desarrollo de las actividades de
Suspensión No. 2 construcción de las obras de protección y cunetas
en concreto y porque no se habían tomado las
decisiones pertinentes a las soluciones
planteadas por el contratista a los sitios
afectados por el sismo presentado el 24 de mayo
de 2008. Suspensión de 60 días a partir del 16 de
septiembre de 2008 (fls. 80 y 100 c. 1).
Por invierno reinante en la zona que impidió el
Acta de 14 de noviembre de 2008 normal desarrollo de las actividades de
Suspensión No. 3 construcción de las obras de protección y cunetas
en concreto y porque no se habían tomado las
decisiones pertinentes a las soluciones
planteadas por el contratista a los sitios
afectados por el sismo presentado el 24 de mayo
de 2008. No se indica el término, pero sí se indica
que empezará a partir del 16 de noviembre de 2008
(fl. 101 c. 1).
En relación con esta suspensión, obra el Acta de
Reiniciación del 5 de mayo de 2009 suscrita por el
interventor y el contratista, en la que se dejó
constancia de que no habían desaparecido las
razones de la suspensión, pero que se requería
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
reiniciar temporalmente el contrato para que el
contratista actualizara las garantías (f. 82, c. 1).
Porque a la fecha no se habían asignado los
Acta de 8 de mayo de 2009 recursos por parte de la administración
Suspensión (sin departamental que permitieran adelantar las
número) obras planteadas por el contratista a los sitios
afectados por el sismo presentado el 24 de mayo
de 2008. Suspensión de 60 días a partir del 8 de
mayo de 2009 (fl. 85 c. 1).
El interventor y el consorcio contratista suscribieron
acta de reinicio el 8 de julio de 2009 (fl. 86 c. 1), con
la anotación de que “los motivos que originaron
dicha suspensión no han desaparecido” y que el
contratista debía prorrogar las pólizas por el plazo
que durara suspendido el contrato.
Por invierno reinante en la zona que impidió el
Acta de Suspensión 30 de octubre de 2009 normal desarrollo de las actividades
(sin número) correspondientes a las obras de contención
previstas en el contrato adicional No. 04 y porque
a la fecha se encontraba en trámite el
desembolso de los recursos por parte de la
Dirección de Prevención y Atención de Desastres
del Departamento de Boyacá a los propietarios de
los predios donde se ejecutarían las obras de
mitigación del movimiento presentado en el
K31+000, sector afectado por el sismo presentado
el 24 de mayo de 2008. Por lo tanto, hasta tanto no
se entregaran los recursos a los propietarios
afectados, no se podían ejecutar las obras previstas
en estos predios incluidas dentro del contrato
adicional No. 04. Suspensión de 75 días a partir del
30 de octubre de 2009 (fl. 87, c. 1).
Aunque no aparece el acta de suspensión de esta
Suspensión 13 de enero de 2010 fecha, sí obra la de reiniciación del 27 de febrero de
2010 suscrita por el interventor y el contratista, que
da cuenta de su existencia y los motivos que dieron
lugar a ella: Para realizar los trabajos de adecuación
de la vivienda del señor David López, para que
permitiera la realización de las obras de drenaje
requeridas para mitigar la inestabilidad generada en
el sector por el sismo del 24 de mayo de 2008 (fl. y
92, c. 1).
De acuerdo con lo anterior, según el acta de liquidación del contrato este estuvo
suspendido aproximadamente 518 días, pero no constan las causas de todo ese
tiempo de suspensión del plazo contractual, más allá de las afirmaciones efectuadas
por la parte actora al respecto. En cuanto a las causas aducidas en estos documentos
que sí reposan en el expediente, se tiene:
Las fuertes lluvias
En relación con este hecho, debe advertir la Sala que, en principio, las lluvias
frecuentes e intensas en determinados territorios de la geografía nacional no son un
hecho imprevisible y, por sí solas, no resultan admisibles como un evento que afecte
el equilibrio económico contractual por las suspensiones o prórrogas que se funden
en esa circunstancia, por lo que tendría que estar probado que las que se produjeron
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Acción: Controversias contractuales
en el sitio de las obras y durante el término de ejecución del contrato rebasaron con
mucho las que cabía esperar en condiciones normales. Es decir que las condiciones
climáticas invernales no constituyen hechos imprevisibles por sí solas, tal y como lo
ha señalado la Sala17 en los siguientes términos:
La jurisprudencia de la Corporación ha sido clara y constante, en el sentido de que
la invocación de las lluvias como fenómeno de imprevisión, sólo es admisible como
tal, “…cuando se prueba que la intensidad, la frecuencia y la ocurrencia geográfica
de las mismas, es absolutamente extraordinario, imprevisible y anormal”18, es
decir, que no basta con probar las malas condiciones climáticas, sino que es
necesario que las mismas -en cuanto a intensidad y frecuencia- hayan sido
absolutamente imprevisibles, de tal manera que sobrepasaron el álea normal del
contrato, puesto que, en principio, las condiciones climáticas en las varias regiones
de la geografía nacional y en las distintas épocas del año, resultan previsibles y
constituyen un riesgo a cargo del contratista, quien dentro de los análisis que debe
efectuar para la preparación de su oferta debe incluir, entre otros, el estudio de las
condiciones físicas de ejecución de las prestaciones, vgr., en los contratos de obra,
en cuanto a la topografía, la calidad de los suelos, el clima reinante en el sitio de
las obras durante el plazo de su ejecución, etc.
En consecuencia, sólo en la medida en que el demandante pudiera comprobar,
además de la real afectación económica, que no era razonablemente previsible el
fuerte invierno que se presentó y que afectó la ejecución del contrato, es decir, que
las lluvias sobrepasaron los niveles normales que cabía esperar para esa época en la
zona de las obras, resultaría admisible su reclamación de restablecimiento de la
ecuación contractual, pero esto no se demostró. Por lo tanto, si la causa que se aduce
como origen de la afectación del equilibrio económico del contrato era razonablemente
previsible, se estaría simplemente en presencia de un hecho constitutivo de un riesgo
a cargo del contratista19.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de febrero de 2022, expediente
45762.
18
[21] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26
de febrero de 2004, expediente 14.043, C.P. Germán Rodríguez Villamizar”.
19
“2.3.2.1. El fenómeno climático: Este hecho, que supuestamente dio lugar a la suspensión del
contrato durante cierto lapso, no era realmente imprevisible, ya que correspondía a un riesgo propio de
los contratos de obra y por lo tanto, no constituyó un hecho ajeno al contratista, razón por la cual no se
puede pregonar la responsabilidad de la entidad demandada. // Ciertamente, como ya se advirtió, la
parte actora sostuvo que el contrato fue suspendido una primera vez, por causa de las fuertes lluvias
que se presentaron en el lugar de las obras, pero no aportó la respectiva acta de suspensión por esta
causa; no obstante, aún en el evento en que se hubiera probado fehacientemente esta suspensión,
tampoco habría lugar a reconocimiento alguno por la misma. // En efecto, se observa que el fenómeno
de la lluvia en el sitio de los trabajos, no es un hecho que se pueda catalogar como imprevisible para
las partes del contrato, puesto que el clima que se presentará durante la ejecución de las obras públicas,
es un factor que debe tener en cuenta el interesado al proponer en una licitación y/o el contratista al
celebrar un contrato de obra pública, ya que resulta necesario para efectos de establecer el plazo de
ejecución, para elaborar el cronograma de obra y así mismo, para calcular el valor de su oferta. // La
exigencia que se hace en los pliegos de condiciones, a los interesados en contratar con la
Administración una obra pública, en el sentido de que deben visitar y conocer directamente el sitio de
las futuras obras, apunta, fundamentalmente, a eso: a que los oferentes obtengan un conocimiento
directo, inmediato y preciso de esa ubicación, y puedan así mismo, prever todas las circunstancias que
pueden incidir no solo en la elaboración de la respectiva oferta, sino en la ejecución del futuro contrato,
como son las condiciones topográficas, las facilidades o dificultades de acceso y de ingreso de personal,
maquinaria y equipos, las fuentes de materiales, las condiciones climáticas de la región, etc., reuniendo
de esta forma suficientes elementos de juicio que les permitirán presentar una propuesta ajustada lo
más posible a la realidad de la futura obra. // En tales condiciones, sólo podría alegarse la
imprevisibilidad de un factor como el climático, en el evento en que la pluviosidad haya sido
absolutamente anormal en relación con las condiciones usuales de la respectiva región en la época en
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En el presente caso no se probó que el régimen de lluvias presentado en el sitio de
las obras y durante toda la época de su ejecución hubiera sobrepasado lo
normalmente previsible, constituyéndose en un alea extraordinaria que afectó
significativamente la ecuación contractual. En efecto, se observa que el a-quo decretó
de oficio una prueba, en la cual ordenó oficiar al IDEAM, Regional Boyacá, para que
rindiera un informe sobre el nivel de lluvias presentado entre el 22 de abril de 2008 y
el 31 de diciembre de 2009 y al Comité Regional para la Atención y Prevención de
Desastres, para que informara sobre la existencia de alertas por la ola invernal entre
los años 2008 y 2009 en la vía Ramiriquí Ramal a Rondón.
En respuesta a los oficios enviados por el Tribunal, el Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá informó que, una vez revisado el archivo
correspondiente a los eventos presentados durante el periodo 2008-2009, no se
encontró material referente a declaratoria de alertas para el sector de la provincia de
Márquez, en particular, Ramiriquí (fl. 380 c. 1.).
Por su parte, el IDEAM certificó el comportamiento diario de la precipitación durante
los meses comprendidos entre abril de 2008 y diciembre de 2009. En dicha
certificación, explicó que el índice de precipitación se interpretaba de la siguiente
manera (f. 97, c. 1):
Menor a 30: lluvias por debajo de lo normal (mes extremadamente seco).
31-60: lluvias moderadamente por debajo de lo normal (mes muy seco).
61-90: lluvias ligeramente por debajo de lo normal (mes seco).
91-110: lluvias normales para el mes.
111-140: lluvias ligeramente por encima de lo normal (mes lluvioso).
141-170: lluvias moderadamente por encima de lo normal (mes muy lluvioso).
Mayor de 170: lluvias muy por encima de lo normal (mes extremadamente lluvioso).
Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, observa la Sala que, según el reporte
presentado por el IDEAM, sólo en tres meses (agosto y noviembre de 2008 y enero
de 2009) se presentó un índice de precipitación superior a 170, es decir que
únicamente en esos periodos las lluvias superaron de manera extraordinaria lo
normalmente previsible, circunstancia que, frente a los 21 meses que fueron objeto de
la certificación, demuestra que en la gran mayoría del lapso de ejecución del contrato
las condiciones climáticas estuvieron dentro de parámetros normales, lo cual impide
que correspondía ejecutar las obras, correspondiéndole en tal caso al contratista, probar que el invierno
fue excesivo; la parte actora deberá acreditar, en consecuencia, dicha circunstancia, como requisito
para sacar avante su pretensión indemnizatoria” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, expediente 32966, C.P. Ramiro
Saavedra Becerra.
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Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
admitir que, por causa de las lluvias, se produjo un hecho grave e imprevisible que
condujo a las múltiples suspensiones del plazo contractual.
Aunado a lo anterior consta en el plenario que, al contratista, desde julio de 2007, se
lo conminó a aumentar la flota vehicular, “(…) para subir rendimiento en época de
verano”, lo que resulta indicativo del conocimiento que tenían las partes sobre la
variación del clima en el sitio y época de las obras y de la necesidad de que se
cumpliera el cronograma propuesto y aprobado por la entidad para adelantar los
trabajos20.
De acuerdo con lo expuesto, las dificultades que se pudieron presentar en la ejecución
del contrato por causa de las lluvias, así como las suspensiones que acordaron las
partes por dicha razón, constituyeron un riesgo previsible y, en tal medida, las
consecuencias de dichas suspensiones hicieron parte del álea normal del contrato, a
cargo del contratista.
El sismo
En la demanda también se afirmó que, por causa de un sismo ocurrido durante la
ejecución del contrato, el 24 de mayo de 2008, se presentaron daños en las obras ya
ejecutadas, para cuya reparación el contratista propuso algunas soluciones que no
fueron oportunamente decididas por la entidad contratante, lo que condujo a varias
suspensiones del plazo contractual que el demandante atribuyó, precisamente, al
incumplimiento de la entidad respecto de su obligación de decidir a tiempo sobre el
curso a seguir en la ejecución de las obras.
Al respecto, se observa que el a-quo, en el auto de pruebas, ordenó oficiar a la Red
Sismológica Nacional de Colombia para que informara si el día 24 de mayo de 2008
se presentó un sismo en el Departamento de Boyacá, indicando su intensidad y si el
mismo tuvo efectos en la mencionada vía. El Servicio Geológico Colombiano –
Dirección de Geoamenazas, en respuesta a lo solicitado, señaló que entre el 24 y el
25 de mayo de 2008 no se registraron eventos sísmicos con epicentro en Ramiriquí,
pero que, en esa fecha, la Red Sismológica Nacional registró y localizó en el municipio
de Quetame (Cundinamarca) a las 2:20 p.m., un evento que tuvo una magnitud de 5.7
grados en la escala de Richter con una profundidad superficial (menor a 30 km) y
reportado como sentido en varios departamentos, entre ellos Boyacá (fls. 381-383 c. 1).
De acuerdo con lo anterior, es cierto que hubo un sismo y que el mismo se sintió en
el Departamento de Boyacá, en donde se realizaban las obras objeto del contrato
20
Así consta en Acta No. 19 del Comité Técnico, del 31 de julio de 2007, f. 314, c. 1.
27
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
materia de la presente controversia. También consta, como ya se vio, que en varias
de las actas de suspensión se consignó como causa de las mismas la falta de decisión
de la entidad contratante sobre el curso a seguir para solucionar los problemas que el
sismo ocasionó en algunos sitios de la obra.
Según los términos de la demanda y lo consignado en las respectivas actas, dichas
suspensiones obedecieron a un incumplimiento contractual imputable a la entidad
demandada, en la medida en que la paralización de la ejecución obedeció a una
omisión que le era imputable, respecto de su deber de resolver sobre el curso a seguir
para llevar a cabo los correctivos propuestos por el contratista en los sitios afectados
por un sismo.
No obstante, tratándose de un evento de responsabilidad contractual del que se
pretende derivar una indemnización de perjuicios, consistentes, según la demanda,
en los sobrecostos que debió asumir el contratista por la mayor permanencia en la
obra, en la parte actora recaía la carga de la prueba en relación con ese detrimento
patrimonial aducido -lo que resulta igualmente predicable en caso de que la
reclamación surja a título de restablecimiento de la ecuación contractual-, toda vez
que el solo incumplimiento de una de las partes no se traduce automáticamente en un
perjuicio para la parte cumplida o que estuvo presta a cumplir en la forma y tiempo
debidos, razón por la cual tal afectación se debe acreditar dentro del proceso.
En relación con el incumplimiento contractual, el mismo “(…) se origina en una
conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos co-contratantes que, de
manera injustificada se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el
tiempo y en la forma estipulados”21. Pero así mismo, como lo ha reconocido la
jurisprudencia, “(…) el incumplimiento da derecho, en algunos casos a la ejecución
forzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos casos, a la reparación
integral de los perjuicios que provengan del comportamiento contrario a derecho del
contratante incumplido, tanto patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) como
extrapatrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del proceso (…)”22
(Las negrillas son de la Sala).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 27 de enero de 2016, expediente 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 14 de marzo de 2013, expediente 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
28
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Sobre esta reclamación, que la parte actora fundó en los gastos de administración
correspondientes a los períodos de suspensión del contrato, en la demanda se
sostuvo (f. 5 y 6, c. 1):
6. Conforme a la propuesta económica, acogida por el Departamento al momento
de adjudicar la licitación pública 011 de 2006, e incorporada al contrato de obra
141 de 2006 como precio y valores unitarios, las partes no pactaron ningún
porcentaje sobre el costo directo de la obra, ni ninguna suma fija, por concepto de
imprevistos.
7. Del análisis de precios unitarios de los ítems del contrato se colige que las partes
pactaron un porcentaje de AIU del 20% sobre el costo directo de la obra. Al
descomponer ese factor de costo indirecto se tiene que el 7.04% corresponde a
aspectos de legalización del contrato, y el 12.96% restante comprende los
conceptos de utilidades y administración ($916.778.255.43 sobre el valor inicial del
contrato), es decir, las partes pactaron una suma de $61.118.550.36 de costo
mensual por administración durante la etapa de construcción.
Y, en las pretensiones de la demanda, como ya se dijo, pidió que se condenara a la
entidad demandada a pagar $1.081’798.341,41 por concepto de costo de
administración del contrato, conforme al porcentaje establecido en el mismo, del
12,96%, por la mayor permanencia de la obra durante los 17.7 meses que estuvo
suspendido.
No obstante, observa la Sala que en el plenario no obra prueba alguna relacionada
con estos sobrecostos que se reclamaron, pues de un lado, ni siquiera se allegó la
propuesta presentada por el Consorcio CTU-MP en la licitación que precedió al
contrato, por lo que no se pudo constatar en qué términos se realizó la oferta
económica por parte de dicho proponente, ni consta en parte alguna cuál fue el AIU
del contrato y su distribución porcentual entre administración, imprevistos y utilidades.
Y, de otro lado, así se conociera esa composición de los gastos indirectos, ello
resultaría insuficiente para acreditar la real existencia de los sobrecostos aducidos.
Así lo ha reconocido la jurisprudencia en casos similares:
La Sala recuerda -antes de decidir sobre este otro asunto23-, que la Sección ha
establecido que la prueba del daño y de los perjuicios sufridos por un contratista,
en casos como este, debe estar debidamente acreditada, porque no basta hacer
una proyección de la utilidad o de la administración calculada en la oferta, durante
el período de la parálisis de una obra, para deducir automáticamente el monto del
perjuicio. Se necesita, por el contrario, cuantificar realmente el patrimonio afectado
para condenar a su restablecimiento24.
En el presente evento, la parte actora se limitó a afirmar que, con fundamento en el
rubro de Administración del AIU de su propuesta -que no obra en el plenario-, se podía
23
Se refiere a “La Jurisprudencia de la Sección sobre la manera de acreditar los perjuicios de
administración, mano de obra, mayor permanencia en la obra, entre otros conceptos”.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 30 de enero de 2013, expediente 23519, C.P. Enrique Gil Botero.
29
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
calcular el monto de los sobrecostos que, por este concepto, tuvo que asumir debido
a las suspensiones del plazo contractual, respecto de los cuales elaboró un cuadro
que incluyó en su demanda, en el que expuso los datos de su propuesta en relación
con los gastos de preparación y presentación de la misma, de legalización del
contrato, salarios del personal y demás gastos de administración, etc., estableciendo
que el porcentaje de administración era del 12,96%, lo que equivalía a la suma de
$61’118.550 mensuales, por lo que, multiplicando esta suma por el número de meses
de la mayor permanencia en obra -17,70-, daba un total de $1.081’798.341,41 (f. 15 y
16, c. 1). Y es claro que tal afirmación, efectuada por la parte demandante, no
constituye prueba del daño reclamado, y en el plenario no obran medios de prueba
documentales o periciales en torno a este aspecto.
Observa la Sala que, en otra ocasión, la jurisprudencia, analizando una reclamación
similar en la que sí se practicó un dictamen pericial -en el que el auxiliar de la justicia
se limitó a efectuar la operación aritmética de multiplicar el monto mensual del costo
indirecto de Administración por el número de meses de la suspensión-, sostuvo:
“Si se hace una valoración de la manera como se calculó el perjuicio, se
encuentra que lo que hizo el perito fue tomar los costos indirectos
presupuestados por el oferente desde el momento de suscribir el contrato y
duplicarlos en el nuevo período, en efecto “si el plazo se extiende a 20 meses
más, se supone que se duplicaría su costo la suma (sic) que contempla los
ítems siguientes.” (Negrilla fuera de texto) –fl. 44-.
“Para la Sala esta operación o sistema de identificación del perjuicio resulta
equivocada, y es inadmisible, pues las pruebas que obran en el expediente no
acreditan la existencia del mismo, y sólo demuestran el hecho presuntamente
causante de este. En efecto, era necesario probar en el proceso que el
contratista pagó más dinero por la mano de obra y en que cantidad; que utilizó
los equipos más tiempo o que estuvieron inutilizados o que rindieron menos en
su labor y cuánto -lo propio aplica a la maquinaria-; que se pagaron más viáticos
al personal y cuánto; que las oficinas y los campamentos tuvieron unos costos
adicionales reales por su mayor permanencia; que se pagaron más pasajes al
personal extranjero; que se debieron emplear más elementos de consumo,
cuáles y cuánto valen, entre otros conceptos.
“El perito se circunscribió a ‘suponer’ -tal como se expresa literalmente en el
dictamen- que en el doble del tiempo inicial se causaban los mismos ‘costos
indirectos’ previstos en la propuesta, o en cifras y conceptos muy parecidos.
Incluso, se limitó a tomar el presupuesto de la oferta del contrato inicial para
deducir el perjuicio a partir de allí.
“Echa de menos la Sala el análisis que en materia probatoria correspondía
realizar: con la bitácora de la obra en la mano y demás registros contables de
los pagos adicionales realmente efectuados, proceder a verificar si se pagó
personal adicional o sólo se reprogramaron los turnos de trabajo; si la
maquinaria –toda o parte- estuvo parada, durante cuánto tiempo, o si fue
retirada de la zona y regresó nuevamente cuando pudo trabajar; si se hicieron
pagos en exceso por concepto de administración, entre otros conceptos e
items, los cuales era necesario verificar que efectivamente se hubieran
afectado, para proceder luego a cuantificarlos.
“En estos términos, estima la Sala que pese a que está acreditada la existencia
del hecho dañoso –el incumplimiento del contrato-, no se probó que el mismo
30
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
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(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
le hubiese causado los perjuicios reclamados, presupuesto indispensable para
declarar la responsabilidad a cargo de éste –art. 90 CP-25.
En las anteriores condiciones, al advertir la inexistencia de la prueba de los perjuicios
alegados por la demandante, el hecho de haber acreditado que la entidad incurrió en
un incumplimiento de sus obligaciones que dio lugar a la suspensión del plazo
contractual en varias oportunidades, resulta insuficiente para acceder a las
pretensiones indemnizatorias elevadas en la demanda.
El reajuste de precios
Como ya se advirtió, la parte actora pidió que se declarara el rompimiento del equilibrio
económico del contrato y se condenara a la entidad demandada a restablecerlo, entre
otras cosas, mediante el reconocimiento y pago del reajuste de las actas de obra con
precios de las resoluciones oficiales de precios del Departamento de Boyacá respecto
de la mezcla asfáltica y del transporte para la obra ejecutada en los años 2007 a 2010.
Al respecto, lo primero que cabe advertir es que el contrato de obra se celebró sin
fórmula de reajuste de precios, según se anunció desde el mismo pliego de
condiciones26, lo cual no obsta para que, en cuanto se acredite la ruptura del equilibrio
económico del contrato por un aumento desmesurado e imprevisible de los precios,
haya lugar a ordenar su restablecimiento.
En efecto, se advierte que el aumento de los precios por el solo transcurso del tiempo,
respecto de los materiales e insumos que se requieren para la ejecución de un
contrato, es un evento previsible en una economía inflacionaria como la nuestra. Así,
el reajuste de precios, surgió como reacción ante el hecho de que en aquellos contratos
de tracto sucesivo o ejecución diferida, más bien de larga duración y en razón de
fenómenos tales como la inflación o la devaluación, el solo transcurso del tiempo
puede dar ocasión a que se presente un alza en el valor de los diversos ítems o rubros
que conforman los precios unitarios, afectándolos de tal manera que el contratista va
a incurrir en realidad en mayores costos de los presupuestados inicialmente, porque a
la hora de ejecutar las obras o servicios, los materiales, equipos y mano de obra ya no
valdrán lo mismo que valían en la fecha en la que se proyectó el presupuesto de la
obra y se calcularon los costos de la misma.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo
de 2008, expediente 15600, C.P. Enrique Gil Botero.
26
Con la contestación de la demanda, la entidad pública allegó el estudio de conveniencia y oportunidad
que se elaboró previamente a la apertura del proceso de selección. También el aviso de la licitación
pública y el pliego de condiciones (fls. 253-286 c. 1 primera instancia). En el numeral 1.1 de este último,
se estableció que el objeto de la licitación era contratar el mejoramiento de la vía nacional Ramiriquí–
Ramal a Rondón a precios unitarios sin fórmula de reajuste, razón por la cual en el contrato no se pactó
una cláusula en tal sentido.
31
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
En vista de esta circunstancia, el ordenamiento jurídico ha contemplado de tiempo
atrás la posibilidad de pactar en los contratos fórmulas matemáticas de reajuste de
precios que apuntan a preservar el valor inicial pactado por las partes durante todo el
plazo del negocio jurídico27.
Actualmente, la Ley 80 dispone en su artículo 4º que la entidad estatal deberá solicitar
la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que
alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato y, así mismo, que
deberá adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes
al momento de proponer, si hubo licitación, o de celebrar el contrato, para lo cual,
utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, y acudirán a los
procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos
o hipótesis para la ejecución.
Por su parte, el artículo 5º de la mencionada ley, establece el derecho de los
contratistas a obtener oportunamente la remuneración pactada y a que el valor
intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
27
“Toda vez que en nuestra economía se trata de una situación previsible para las partes, se ha
considerado necesario que éstas incluyan en el contrato fórmulas, que pueden ser matemáticas,
mediante las cuales puedan reajustarse periódicamente esos precios unitarios obedeciendo a las
variaciones de sus componentes en el mercado, de tal manera que correspondan a la realidad de los
costos en el momento de ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. // Al respecto, la Ley 4ª
de 1964 contemplaba la obligación de pactar, en los contratos para construcción, mejoras, adiciones o
conservación de obras por un precio alzado o a precios unitarios, revisiones periódicas del precio, en
función de toda variación de cualquiera de los factores determinantes de los costos previstos,
estableciendo que allí donde fuera posible, los ajustes se hicieran mediante fórmulas matemáticas que
debían quedar incorporadas en el respectivo contrato. // Esta ley fue reglamentada por el Decreto 1518
de 1965, que contempló la obligación de incluir en los pliegos de condiciones, entre otras cosas, las
fórmulas que se aplicarían para el reajuste de precios y estipuló que, para efectos de elaborar las
fórmulas matemáticas que servirían para efectuar el reajuste o revisión periódica de precios de los
contratos, se harían listas de los principales elementos o factores determinantes de los precios, y se
establecería la cuota o porcentaje que cada uno de tales factores representaría en el conjunto de
trabajos; y, en cuanto fuera posible, se determinarían las estadísticas o los números índices con base
en los cuales se establecería o comprobaría la variación de cada uno de los factores que debían tomarse
en cuenta, y su monto. De otra parte, determinó este decreto que en el evento de que las entidades no
adoptaran el sistema de fórmulas matemáticas de reajuste de precios, deberían reglamentar el sistema
que adoptarían para las revisiones periódicas del precio alzado o de los precios unitarios, estableciendo
las reglas que deberían tener en cuenta para ello. // Tal disposición relativa al reajuste de precios
unitarios, fue así mismo incluida en los estatutos de contratación estatal posteriores, artículo 74 del
Decreto Ley 150 de 1976 y artículo 86 del Decreto Ley 222 de 1983, estableciendo que la suma de los
reajustes, que debían constar en actas suscritas por las partes, en ningún caso podría ser superior al
100% del valor original del contrato, a menos que la fórmula pactada fuera matemática y, además, este
último estatuto, determinó que las revisiones se reconocerían con el índice de ajuste correspondiente al
mes anterior a aquel en que se pagara la obra ejecutada, cuando ésta correspondiera al menos a la
cuota parte del plan de trabajo previsto en el contrato, con lo cual se garantizaba la efectiva actualización
de precios hasta el momento en que se efectuara su pago y no, como sucedía en algunas ocasiones,
que para tal actualización sólo se tenía en cuenta el índice vigente para la fecha de ejecución de las
obras, independientemente de cuándo se pagaran, con lo cual realmente se quedaba corta la fórmula,
puesto que el pago podía producirse varios meses después”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021, expediente
44977.
32
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
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Demandado: Departamento de Boyacá
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A su vez, el numeral 14 del artículo 25, relativo al principio de economía, estipula que
las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada
a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como
los que se originen en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o
alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados.
No obstante, puede suceder, como ocurrió en el sub-lite, que no se haya estipulado
fórmula de reajuste de precios o bien, que la pactada resulte insuficiente para absorber
todos los cambios que se produzcan en los componentes de los precios unitarios
pactados en el contrato, casos en los cuales, la parte afectada podrá acudir al juez
para pedir su revisión28, es decir, que se analicen los términos en que aparecen
pactadas las prestaciones a cargo de los contratantes y, más específicamente, la
composición de los precios unitarios que se hubieren acordado, para determinar en
esta forma si efectivamente obedecen a la realidad de las variaciones que se hubieren
podido presentar en los mismos entre la fecha de presentación de la oferta o de
celebración del contrato y la fecha de ejecución y pago de las prestaciones o si, en
efecto, la fórmula de reajuste acordada, si fuere el caso, resultó insuficiente, para
obtener por este medio el reajuste de los precios y, en consecuencia, el
restablecimiento de la ecuación contractual inicialmente pactada.
En relación con el reajuste de precios en eventos de alteración de la ecuación
contractual, ha dicho la jurisprudencia29:
Se observa entonces, que la figura del reajuste de precios es una medida
preventiva, frente a una situación previsible que puede afectar el resultado
económico final del contrato en contra de cualquiera de las partes, y que se
soluciona mediante la inclusión, en el mismo, de la respectiva cláusula de reajuste,
normalmente mediante una fórmula matemática. Y, por lo tanto, es un mecanismo
que tiende a preservar la naturaleza conmutativa de los contratos y a garantizar
que la equivalencia inicialmente acordada entre prestaciones y contraprestaciones,
entre derechos y obligaciones a cargo de las partes, se mantenga a lo largo de la
ejecución, en tal forma que la remuneración recibida finalmente por el contratista
corresponda a la que él previó obtener cuando propuso y cuando contrató con la
Administración.
Se advierte, en consecuencia, que si bien los contratos son obligatorios para las
partes en los términos en que libremente ellas decidieron comprometerse, esto no
significa que, en todos los casos, a pesar de las vicisitudes que se puedan
presentar ajenas a su voluntad, deban ejecutarse las prestaciones aún en
condiciones que impliquen un alto grado de desventaja para una de ellas, pues
28
Esta posibilidad también está contemplada para los contratos regidos por las normas del derecho
privado, específicamente por el C. de Co., artículo 868: “Cuando circunstancias extraordinarias,
imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, periódica o
diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado
tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. // El juez procederá a examinar
las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes
que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato”
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 10 de septiembre de 2021, expediente 44977
33
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bien puede, si así lo considera pertinente, pedir la revisión del contrato en los
términos que le permite la ley30.
En el presente caso se observa que, en principio, la reclamación por concepto del
reajuste de precios podría resultar plausible como fruto de las prórrogas y
suspensiones de la ejecución contractual a pesar de no haber sido pactado el reajuste
de precios en el contrato, pues consta que el plazo final del mismo fue muy superior
al previsto inicialmente, en la medida en que el vínculo entre las partes pasó de 18
meses a poco menos de 48 meses31, toda vez que el acta de recibo final fue suscrita
el 9 de marzo de 2010 (fls. 93-97, c. 1).
No obstante, advierte la Sala que, más allá del transcurso del tiempo, no se probó la
ruptura del equilibrio económico del contrato y que los sobrecostos en los que incurrió
el contratista por esos aumentos de los precios se hubieran causado realmente, como
se aludió en la demanda.
De conformidad con las pruebas que reposan en el proceso, el consorcio demandante
se limitó a allegar dos anexos elaborados por él, que contienen los cálculos de los
gastos en los que incurrió por mayor permanencia en obra (fls. 31-34 c. 1) y del reajuste
de precios que debía darse durante la ejecución del contrato (fls. 35-38 c. 1). Así mismo,
aportó copia del reporte de la página del DANE sobre las variaciones porcentuales del
IPC entre 1996 y 2011 (fl. 39 c. 1) y el listado de precios del asfalto y del combustible
expedidos por ECOPETROL y el Ministerio de Minas, sin demostrar los sobrecostos
que pagó y tampoco solicitó la práctica de una prueba pericial que permitiera
establecer dichos costos (fls. 121-196 c. 1).
Como se enuncia en el capítulo de “medios de prueba” (fls. 27-28 c. 1), con la demanda
también se aportaron las copias del documento de constitución del consorcio CTU –
MP; del contrato de obra pública No. 141 de 2006 y sus cuatro adicionales; las actas
de inicio, reinicio, suspensión, entrega de diseños, recibo final de obras y liquidación
bilateral del contrato; el certificado de existencia y representación de la sociedad CTU
S.A. y la solicitud de reajuste elevada por el contratista. De igual forma, en el libelo se
solicitó oficiar a la Gobernación del Departamento de Boyacá para que remitiera copia
auténtica de i) los actos de nombramiento y posesión de su representante legal y ii)
las adiciones del contrato. En la subsanación de la demanda no se modificó el acápite
30
[10] “El artículo 87 del CCA, que establece la acción de controversias contractuales, dispone que
cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir, entre otras cosas, que se ordene la revisión
del contrato, se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones
y condenas”.
31
Se recuerda que el plazo inicial fue de 18 meses a partir de la celebración del contrato, que se produjo
el 28 de abril de 2006, por lo que, en principio, la fecha de terminación sería el 28 de octubre de 2007.
No obstante, en virtud de las prórrogas y suspensiones, el acta de recibo final de las obras del contrato
fue suscrita por el interventor y el consorcio contratista el 9 de marzo de 2010.
34
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
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Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
de pruebas y sólo se allegaron nuevamente los dos anexos de cálculos que elaboró la
parte actora sobre los gastos por permanencia en obra y reajuste de precios.
En la audiencia inicial, el a quo tuvo como pruebas las aportadas con la demanda y la
contestación y decretó las solicitadas por la parte actora, para que se oficiara a la
entidad demandada con el fin de que se allegaran “los actos y documentos adicionales
adjuntos al contrato 141 de 2006”. Así mismo, de oficio el Tribunal ordenó (i) al IDEAM,
Regional Boyacá que rindiera un informe sobre el nivel de lluvias presentado entre el
22 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2009; (ii) al Comité Regional para la
Atención y Prevención de Desastres para que informara sobre la existencia de alertas
por la ola invernal entre los años 2008 y 2009 en la vía Ramiriquí Ramal a Rondón y
(iii) a la Red Sismológica Nacional de Colombia para que informara si el día 24 de
mayo de 2008 se presentó un sismo en el Departamento de Boyacá, indicando su
intensidad y si el mismo tuvo efectos en la mencionada vía, siendo estas todas las
pruebas que reposan en el plenario.
De acuerdo con el referido acervo probatorio, se advierte que, en realidad, la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le imponía el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, a cuyo tenor “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
Específicamente, debió probar por qué los valores cancelados por la entidad
demandada con ocasión de la ejecución del contrato fueron inferiores a los que
debieron ser reconocidos, y no lo hizo.
Está probado que los mayores valores pagados por encima de los contratados, se
debieron a mayores cantidades de obra y obras extras, según los dos adicionales
suscritos entre las partes, en los que se acordó el pago de tales conceptos por las
sumas de $1.405´261.960 y $699´522.105,84, para un total de $2.104´784.065,84 y
que, según el acta de fijación de precios no previstos No. 03, suscrita por el interventor
y el contratista el 10 de noviembre de 200932, se fijaron los precios unitarios para ítems
no previstos, necesarios para adelantar las actividades que no fueron contempladas
inicialmente.
32
En respuesta al requerimiento del a quo en cumplimiento del auto de pruebas, la entidad demandada
allegó al proceso el “acta de fijación de precios no previstos No. 3”, suscrita el 10 de noviembre de 2009
por el interventor del contrato y el representante del Consorcio CTU-MP, en calidad de contratista, con
el objeto de “fijar los precios unitarios para los ítems no previstos, de acuerdo con el cuadro de ítems y
cantidades anexo al presente”. En dicho documento consta que tales modificaciones se hicieron
teniendo en cuenta que “para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato es necesario adelantar
actividades que no fueron contempladas en los ítems y cantidades contractuales”. Los precios unitarios
de los ítems no previstos que se fijaron tuvieron que ver con la excavación manual en material y en
roca; el suministro, extendida y compactación de material granular para la construcción de muros de
contención en tierra armada y suministro y colocación de geodren circular (fls. 1-7 c. 2).
35
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Por otra parte, se acreditó que el 11 de noviembre de 2009 las partes acordaron
modificaciones al contrato con el fin de restablecer su equilibrio económico. Es así
como el representante legal del contratista y el interventor de la Secretaría de
Infraestructura Pública–Gobernación de Boyacá suscribieron el “acta de modificación
de cantidades de obra No. 9”, en la cual se consignó que dicha modificación se
justificaba “(…) por las necesidades existentes en el momento de ejecutar los trabajos
objeto del contrato en referencia y teniendo en cuenta la siguiente consideración: // 1.-
Que, con el objeto de mantener el equilibrio económico del contrato sin sobrepasar el
valor contractual, se hace necesario variar las cantidades de obra para compensar las
modificaciones propuestas” (fls. 8-11 c. 2).
En el cuadro adjunto a la mencionada acta, se observa la relación de cada uno de los
ítems, cantidad, valor unitario y valor total en condiciones originales, las
modificaciones realizadas a las cantidades de obra y a los valores unitarios, para,
finalmente, plasmar cantidades y valores actualizados. Dicho cálculo arrojó el
siguiente resumen:
Condiciones originales
(…)
Valor básico: $6.974´885.493
AIU: 20% / $1.394´977.099
Subtotal costo obras: $8.369´862.592
Estudios y diseños: $103´000.000
IVA (16% sobre estudios y diseños): $16´480.000
Subtotal estudios y diseños: $119´480.000
Costo total de la obra: $8.489´342.592
Modificaciones
(…)
Valor básico: $1.171´051.633
AIU: $234´210.327
Subtotal costo obras: $1.405´261.96033
Condiciones actualizadas
(…)
Valor básico: $8.145´937.126,82
AIU: $1.629´187.425,36
Subtotal costo obras: $9.775´124.552,18
Estudios y diseños: $103´000.000
IVA (16% sobre estudios y diseños): $16´480.000
Subtotal estudios y diseños: $119´480.000
Costo total de la obra: $9.894´604552,18
El 9 de marzo de 2010, el interventor y el consorcio contratista suscribieron el acta de
recibo final de obra (fls. 93-97, c. 1). El documento es del siguiente contenido:
Valor inicial: $8.489´342.592,18
Valor adicional del contrato 1: $2.104´784.065,84
Valor total del contrato: $10.594´126.658,02
Plazo de ejecución: 27 meses 15 días
33
Por este valor fue que se suscribió el contrato adicional No. 02 del 20 de diciembre de 2007.
36
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Fecha iniciación: 6 junio de 2006
Fecha de terminación real: 9 marzo de 2010
En las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Pública del Departamento se reunieron los
señores Ing. Jesús Gilberto Delgado, interventor de esta secretaría y el ing. Manuel Pinzón
Robayo, en representación del CONSORCIO CTU – MP, con el fin de suscribir la presente acta
del contrato, constatándose que las obras se ejecutaron a satisfacción, de acuerdo con lo
registrado en el cuadro anexo:
DESCRIPCIÓN AMORTIZACIÓN VALOR PAGADO
Anticipo inicial 1 $2.510.958.777.65
Anticipo 2 $1.673.972.518.44
Anticipo adicional 1 $702.630.980.00
Anticipo adicional 4 $349.761.052.92
Anticipo total $5.237.323.329.01
Estudios y diseños $119.480.000.oo
Pago acta de recibo parcial 1 $309.618.433,oo $309.618.433.oo
Pago acta de recibo parcial 2 $298.424.331,oo $298.424.331.oo
Pago acta de recibo parcial 3 $641.979.029.oo $641.979.029.oo
Pago acta de recibo parcial 4 $538.181.613.oo $538.181.613.oo
Pago acta de recibo parcial 5 $691.094.698.oo $691.094.698.oo
Pago acta de recibo parcial 6 $479.007.639.oo $479.007.639.oo
Pago acta de recibo parcial 7 $743.892.301.oo $743.892.301.oo
Pago acta de recibo parcial 8 $262.770.836.oo $262.770.836.oo
Pago acta de recibo parcial 9 $568.749.118.oo $568.749.118.oo
Pago acta de recibo parcial 10 $239.007.632.oo $239.007.632.oo
Pago acta de recibo parcial 11 $61.041.420.oo $61.041.420.oo
Pago acta de recibo parcial 12 $131.496.041.oo $131.496.041.oo
Pago acta de recibo parcial 13 $53.393.368.oo $53.393.368.oo
Pago acta de recibo parcial 14 $181.037.577.50 $181.037.577.50
Pago acta de recibo parcial 15 $37.629.292.51 $6.350.706.71
(recibo de obra)
Dinero recibido por el contratista $10.562.848.072,22
Inversión no realizada 0,30% $31.278.585,80
SUMAS IGUALES $10.594.126.658,02
El valor total contratado fue de $10.594.126.658,02, quedando un saldo por ejecutar de
$31.278.585,80, los cuales corresponden a las obras proyectadas para mitigar la inestabilidad
generada por el sismo del 24 de mayo de 2008, dentro del predio de propiedad de la señora
Clementina Soler Espinosa, quien se opuso a la ejecución de los trabajos, no obstante haberle
explicado las razones técnicas y los riesgos que en el futuro afectarían a la comunidad y a la
vía Ramiriquí – Miraflores, por la no realización de estas actividades de mitigación.
El 7 de octubre de 2010, el consorcio contratista solicitó al Secretario de Hacienda del
Departamento de Boyacá restablecer el equilibrio económico del contrato de obra No.
141 de 2006, por concepto de reajuste de precios de los materiales y mayor
permanencia en obra, derivados de las prórrogas y suspensiones que afectaron la
ejecución normal del objeto contratado (fls. 203- 210 c. 1).
En respuesta, las Secretarías de Infraestructura y de Hacienda de la Gobernación de
Boyacá negaron el reconocimiento del desequilibrio, por cuanto desde los pliegos de
condiciones se estableció que no había lugar a reajuste de precios, que se había fijado
un AIU suficiente para amparar los imprevistos y que las obras no previstas pero
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual fueron cubiertas con las
adiciones del valor del contrato suscritas por las partes (fls. 339-345 c. 1).
El 10 de mayo de 2011, el interventor, el representante del Consorcio CTU – MP y los
Secretarios de Infraestructura y de Hacienda suscribieron el acta de liquidación del
contrato de obra No. 141 de 2006. El acta dio cuenta de los datos generales del
37
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
contrato (objeto e identificación de los contratantes y del interventor), el valor
contratado, el plazo de ejecución por 27 meses y 15 días, la existencia de ocho (8)
suspensiones y la fecha de su terminación el 9 de marzo de 2010. De igual forma, en
el acta constan los dineros recibidos por el contratista, con la misma relación que se
efectuó en el acta de recibo final de obra y con el siguiente balance general (fls. 98-99
c. 1):
BALANCE GENERAL
Valor del contrato: $10.594´126.658,02
Valor total recibido: $10.562´848.072,22
Valor saldo no ejecutado: $31´278.585,80
Sumas iguales: $10.594´126.658,02
En el documento el consorcio contratista dejó la siguiente salvedad:
El contratista solicita a la entidad contratante se incluya dentro de la presente
liquidación el reajuste de precios y el costo de la mayor permanencia, para alcanzar el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuya ecuación se vio afectada
con ocasión de las variaciones de precios que debió soportar el contratista durante la
prolongación en el tiempo por aumento del plazo de ejecución y prolongado por
razones ajenas al contratista a 27.5 meses; reajuste de precios calculado en
$2.506´479.073,31 y mayor permanencia calculada en $1.081´798.341,41, para un
total de $3.588´277.414,72. En razón a que el Departamento manifiesta que no hay
lugar a los reconocimientos solicitados por el contratista, el contratista expresa su
inconformidad con tal determinación y manifiesta que procederá a su reclamación por
la vía que corresponda.
Aparte de lo anterior, y de cara a la reclamación efectuada en la demanda en relación
con el reajuste de precios por el aumento del costo de la mezcla asfáltica y del
combustible, la Sala no halló en el plenario prueba del análisis de precios unitarios que
hubiere efectuado el consorcio demandante al momento de presentar su oferta, que
diera cuenta de los costos de los componentes de los distintos ítems que conformaban
la obra, pues, se reitera, la parte actora no allegó la propuesta presentada en la
respectiva licitación, la cual según el contrato, hacía parte integral del mismo -f. 49, c.
1-.
Tampoco se probó por la parte actora que la adquisición de dichos elementos le
hubiera reportado los sobrecostos por los cuales reclama. La comprobación, por sí
sola, del aumento del costo de los combustibles y de la mezcla asfáltica durante el
término en que estuvo vigente el contrato, no acredita que, para el caso concreto, el
demandante se hubiese visto afectado, pues para demostrar el impacto que el
aumento de los precios generó en la economía del negocio jurídico, era indispensable
probar el valor real que le costó la adquisición de dichos productos. En otras palabras,
no bastaba con comprobar, a través de los listados de precios oficiales que allegó con
la demanda, el valor de los conceptos reclamados para una determinada fecha, sino
que debía demostrarse cuánto se pagó por ellos.
38
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
Como no existe constancia real de la totalidad de los insumos o materiales adquiridos
por el contratista para la ejecución de la obra y de las fechas de su adquisición y los
pagos efectuados para la misma, no puede tenerse por cierta la invocada fractura del
sinalagma contractual, por cuanto se desconoce por completo cuándo fueron
comprados y a cuánto ascendió su valor.
Finalmente, la Sala advierte que, de acuerdo con el exiguo material probatorio
allegado al plenario, no consta que, a lo largo de la ejecución contractual, el contratista
hubiera hecho manifestación alguna en relación con la afectación del equilibrio
económico del contrato al momento de suscribir todos los acuerdos de voluntad
mediante los cuales el contrato fue prorrogado y suspendido. Específicamente, se
observa que el 7 de mayo de 2009, como quedó registrado, las partes suscribieron un
contrato adicional en valor, mediante el cual éste se aumentó en la suma de
$699´522.105.84, y se consignó que este monto sería destinado a “(…) realizar obras
no previstas pero que son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, tales
como reparación y soluciones a las zonas inestables en el sector de Ramiriquí Ramal
(se subraya)”, sin que en ese momento, cuando ya se habían producido otras tres
prórrogas y varias suspensiones del plazo que involucraron la falta de decisión sobre
la solución y recursos para implementar arreglos en las obras afectadas por el sismo,
el contratista hubiera manifestado que el monto que se adicionaba era insuficiente
para reequilibrar la ecuación contractual, supuestamente afectada por las diversas
causas que alegó en la demanda.
Al respecto, la jurisprudencia ha manifestado:
Pero además de la prueba de tales hechos es preciso, para que prospere una
pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de
cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, que el factor de
oportunidad no la haga improcedente.
En efecto, tanto el artículo 16 como el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 prevén que
en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden
convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo ‘los acuerdos y pactos
necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales,
reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…’
Luego, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden
alterar o han alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos tales como
suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales,
otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales
circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades
por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias
sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.
Y es que el principio de la buena fe lo impone porque, como ya se dijo y ahora se
reitera, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en
respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del
acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente
el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que
39
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro
contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida
de la lealtad y corrección de la conducta propia 34.
A partir del anterior criterio, la Sección ha concluido que las solicitudes o
reclamaciones fundadas en la alteración del equilibrio económico del contrato
resultarán extemporáneas, improcedentes e imprósperas si no se hacen al momento
de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, por
vulnerar el principio de la buena fe contractual35.
No obstante, como lo ha manifestado esta Subsección, si bien se debe tener en
consideración la buena fe en las actuaciones de las partes al suscribir tales acuerdos
de voluntad, esto no significa que se haya incorporado una tarifa interpretativa o
probatoria acerca del requisito formal de la salvedad, sino que, en cada caso concreto,
será necesario efectuar un análisis del contenido del respectivo acuerdo y de sus
antecedentes, para determinar el alcance de los otrosíes o de las actas de suspensión
correspondientes36.
Es decir que la sola inexistencia de una salvedad en la prórroga o suspensión o
cualquier otro acuerdo de voluntades suscrito por las partes de un contrato, resulta
insuficiente como justificación para denegar las pretensiones de la demanda, puesto
que es necesario además, el análisis de los antecedentes de ese acuerdo de
voluntades -prórroga, suspensión, etc.- y de los hechos que lo justificaron, para
determinar si era exigible o no la referida salvedad.
No se desconoce con ello el deber de actuar con lealtad y buena fe contractual que
se exige a las partes del negocio jurídico, de modo que no se le resta valor a la
manifestación de voluntad que hizo el contratista al suscribir el acuerdo de voluntades
respectivo; sin embargo, es importante precisar que no existe una norma que impida
el estudio de fondo de las pretensiones si no existe salvedad en una adición, en un
documento de suspensión o de prórroga u otro similar, suscrito por las partes.
Lo anterior, por cuanto en realidad lo que justifica la denegatoria de tales pretensiones,
es el hecho de que el acuerdo suscrito haya servido, precisamente, para solventar
situaciones que se hayan presentado durante la ejecución del contrato, por lo que no
se entendería que, de considerar que subsistía un perjuicio para el contratista derivado
34
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente
18.836, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
35
Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de octubre de 2014,
expediente 24.809, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
36
Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2020, exp.
64.701, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
40
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
de tales situaciones, haya concurrido a suscribirlo, sin dejar alguna manifestación
sobre la insuficiencia de ese acuerdo para satisfacer sus reclamaciones.
Como lo sostuvo la Sala en reciente ocasión:
De modo que cuando las partes autorregulen sus intereses y relaciones, para
poner fin a cualquier diferencia o para llegar a un arreglo respecto de los distintos
escenarios que se puedan presentar en curso de la ejecución contractual, ello no
puede convertirse en una posterior exigencia jurisprudencial que exhorte la
precisión de expresas formas de reclamación y que, a la postre, impidan estudiar
el fondo del conflicto, toda vez que lo que le compete al juez, “de acuerdo con las
reglas de interpretación de los contratos, la normas supletivas aplicables a los tipos
contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la
ejecución de buena fe del contrato, será desentrañar, en cada caso, cuál fue el
acuerdo de las partes y su alcance y así establecer si las partes pretendieron, con
ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se le formula y los
términos de esa regulación”37 (se resalta).
51. En este orden de ideas, el hecho de que no se incluyan salvedades en las
convenciones que las partes suscribieron para suspender o prorrogar el plazo del
contrato no releva al juez del estudio de fondo de la reclamación; por el contrario
se impone determinar si es procedente ordenar el pago de la indemnización o
compensación, analizando cuál fue el motivo que indujo la suscripción del acuerdo
modificatorio –como, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones o la
materialización de riesgos asumidos por una parte– y el contenido de los arreglos
que las partes alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a
las pretensiones y con el objeto de éstas.
Con base en estos elementos y de cara a las estipulaciones de los contratantes,
habrá de definirse si las pretensiones resultan o no procedentes, ya porque
desconocen el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon
los asuntos objeto de la reclamación, ya porque la parte que formula la reclamación
tenía el deber de hablar –expresar reservas o salvedades– pues la ley, el contrato
o el principio de buena fe se lo imponían, o ya porque debe soportar los efectos de
la ocurrencia de los hechos que motivaron la suscripción de las prórrogas38.
En el caso concreto, es importante precisar que los acuerdos de voluntad
contractuales –suspensiones, prórrogas y adiciones– fueron suscritos por el
representante del Consorcio CTU – MP sin manifestar en ellos observación o salvedad
alguna respecto de los posibles efectos económicos de tales pactos. El contratista no
planteó el desequilibrio o el rompimiento del sinalagma contractual dentro del iter
negocial, sino una vez finalizada la ejecución del mismo -hecho que se produjo el 9
de marzo de 2010- y, lo que es más grave aún, por fuera del ámbito contractual, toda
vez que lo reclamó mediante derecho de petición elevado el 7 de octubre de 2010 (fls.
203- 210 c. 1) y en la salvedad que dejó plasmada en el acta de liquidación bilateral,
suscrita el 10 de mayo de 2011 (fls. 98-99 c. 1).
37
[26] “Ibídem”. Alude a la sentencia de la Subsección C del 20 de noviembre de 2020, rad. 05001-23-
31-000-1999-00093-01 (38097).
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 3 de junio de 2022, expediente 53299, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
41
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
No obstante lo anterior, como quedó explicado en párrafos anteriores, aún mediando
tales acuerdos de voluntades carentes de salvedades, se analizaron las pretensiones
de la demanda de cara al contenido de cada una de las prórrogas, adiciones y
suspensiones, sus causas y justificaciones, con fundamento en lo que resultó probado
en el proceso, llegando a la conclusión de que, en el sub-lite, no se acreditó el
quebrantamiento del equilibrio económico del Contrato de Obra Pública No. 141 de
2006 a raíz de las prórrogas y suspensiones ni de los perjuicios reclamados por la
parte actora como fruto del incumplimiento contractual del Departamento de Boyacá,
razón por la cual la Sala habrá de confirmar la sentencia de primera instancia.
Condena en costas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 201139 y el numerales
1 y 3 del artículo 365 del CGP40, en el presente caso resulta procedente la condena
en costas a cargo de la apelante y a favor de la parte demandada, teniendo en cuenta
que no se requiere que aquella haya incurrido en una conducta temeraria, toda vez
que, en la actualidad, la imposición de las costas es objetiva y sólo depende de que
el recurso no haya prosperado, “siempre que exista prueba de su existencia, de su
utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. Costas que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 de la misma codificación, deberán ser
liquidadas por el tribunal de origen, de manera concentrada.
Para tales efectos, toda vez que la entidad demandada Departamento de Boyacá
intervino en la segunda instancia en defensa de sus intereses, para lo cual presentó
los respectivos alegatos de conclusión, procede la Sala a fijar las agencias en derecho
a cargo de la apelante y a favor de la entidad, con fundamento en lo dispuesto en el
mencionado artículo 366 del CGP41 y el Acuerdo 1887 de 200342 del Consejo Superior
de la Judicatura, en la suma de $17.941.387,07, que corresponden al 0,5% del valor
39
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil”.
40
“Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: // 1. Se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. // (...)3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
41
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: // (...) 4. Para la fijación de agencias en
derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas (...)”.
42
El numeral 3.3.1. de dicho Acuerdo -aplicable en el presente caso según lo dispuesto en el artículo 7
del Acuerdo 10554 de 2016-, establece que las agencias en derecho podrán ser fijadas hasta en el 5%
de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.
42
Radicación número: 150012333000201300383-01 (54319)
Actor: Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y Manuel Enrique Pinzón Robayo
(integrantes del Consorcio CTU-MP)
Demandado: Departamento de Boyacá
Acción: Controversias contractuales
de las pretensiones económicas de la demanda, las cuales ascendieron a la suma de
$3.588’277.414.72.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de febrero de 2015, proferida por la Sala
de Decisión No. 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la Compañía de Trabajos Urbanos S.A. y el
señor Manuel Enrique Pinzón Robayo, integrantes del Consorcio CTU-MP, por las
razones señaladas en esta providencia, las que deberán ser liquidadas de manera
concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de
conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en treinta y cinco millones ochocientos
ochenta y dos mil setecientos setenta y cuatro pesos 14/100 ($17.941.387,07) a favor
del Departamento de Boyacá, suma que corresponde al 0,5% del valor de las
pretensiones.
Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo
de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite
validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto
VF
43
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