Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04842-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04842-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-04842-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
18 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Bogotá D. C. dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04842-01
Accionante: Universidad de Cartagena
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda encaminadas a obtener la nulidad de los actos que negaron la devolución
de unos dineros pagados por ECOPETROL por concepto de estampillas
denominadas «Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos».
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación formulada por la Universidad de Cartagena contra la
providencia del 2 de noviembre de 2023 mediante la cual la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
HECHOS
El 21 de noviembre de 2006, la Universidad de Cartagena interpuso acción de
cumplimiento contra Ecopetrol S.A. con el fin de que acatara el mandato contenido
en la Ley 334 de 1996 por medio de la cual se creó la estampilla denominada
«Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos» puesto que no había
pagado dicho rubro por las exportaciones de petróleo desde el Puerto de Cartagena
a partir de 1997.
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Surtido el trámite procesal pertinente, el Tribunal Administrativo de Bolívar, que
conoció del asunto en segunda instancia, profirió sentencia el 12 de marzo de 2007
en la que le ordenó a Ecopetrol S.A. pagar los dineros que la Universidad debió
recaudar a título de dicho tributo y le ordenó a la Contraloría General de la República
determinar el monto adeudado. Por esta razón, Ecopetrol pagó el 3 de marzo de
2009 y el 9 de abril de 2010, respectivamente, las sumas de $ 26-402-271,86 y $
22.865.515.597.
El 26 de julio de 2012, Ecopetrol S.A. le solicitó a la Universidad la devolución de
los pagos excesivos o indebidos efectuados por la estampilla mencionada, petición
que fue negada mediante oficio del 20 de septiembre de 2012 y su resolución
confirmatoria núm. 00461 del 21 de febrero de 2013.
Contra dichos actos Ecopetrol instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Bolívar, que a través de sentencia del 29 de mayo de 2020 declaró
la nulidad de los actos demandados y ordenó la devolución de los pagos efectuados.
Apelada la decisión por ambas partes, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante providencia del 11 de mayo de 2023 confirmó lo resuelto por el a quo al
considerar, en primer término, que no se encontraba configurado el fenómeno de
cosa juzgada respecto de la acción de cumplimiento y, en segundo lugar, porque de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley 334 de 1996, para la procedencia del cobro de
la estampilla es necesaria la intervención del funcionario departamental, distrital o
municipal en los actos, documentos y contratos para que se configure el hecho
generador, por lo que la exportación de petróleo y sus derivados no podían ser
gravados, pues por la naturaleza de la entidad y de su operación, en ellos no
intervienen dichos funcionarios.
En criterio de la Universidad de Cartagena, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
incurrió en un defecto fáctico toda vez que no valoró la totalidad del material
probatorio, toda vez que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar omitió
remitir el expediente contentivo de la acción de cumplimiento que fue decretada
como prueba en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que
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condujo a que el fallador de segunda instancia no contara con los medios de
convicción suficientes para declarar la cosa juzgada respecto de dicha acción
constitucional.
Señaló, también, que la Sección Cuarta tampoco tuvo la oportunidad de valorar las
providencias proferidas en el curso del incidente de cumplimiento tramitado en virtud
de la acción de cumplimiento; los fallos de tutela (no se especifica cuáles) que, en
su entender, avalaron el pago de las estampillas por parte de Ecopetrol; la sentencia
del 12 de marzo de 2007 y el informe rendido por Ecopetrol en la acción de
cumplimiento.
Adicionalmente, sostuvo que desconoció la fuerza vinculante e inmodificable de las
decisiones judiciales proferidas en el trámite de la acción de cumplimiento al ordenar
la devolución de lo pagado por Ecopetrol en virtud de una orden judicial anterior, so
pretexto de una nueva discusión judicial en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
PRETENSIONES
La Universidad solicitó:
PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, confianza legitima, seguridad jurídica de la Universidad de
Cartagena, los cuales fueron vulnerados por la sentencia del 11 de mayo de 2023
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Ecopetrol S.A. contra la
Universidad de Cartagena.
SEGUNDA: Dejar sin efectos integralmente la sentencia del 11 de mayo de 2023
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 13001-23-33-000-2013-90027-02, y
en su lugar SE ORDENE que, con el propósito de no hacer ilusorios y prolongar en el
tiempo la vulneración de los derechos fundamentales de la Universidad de Cartagena,
como tampoco afectar la estabilidad educativa y demás servicios misionales de este
importante ente universitario del Caribe Colombiano, así como lo ha realizado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, SE PROFIERA SENTENCIA DE
REEMPLAZO declarando que la sentencia del 12 de marzo de 2007 y los autos que
materializaron las órdenes de pago del 25 de febrero, 2 de septiembre, 5 de
noviembre de 2009 y 24 de marzo de 2010 proferidos por el Juez 13 Administrativo
del Circuito de Cartagena, al encontrarse ejecutoriadas, por lo que las reemisiones y
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pagos que realizó Ecopetrol S.A., con destino a la Universidad de Cartagena, se
dieron en el marco de órdenes judiciales debidamente ejecutoriadas, respecto de las
cuales, el Consejo de Estado y la honorable Corte Constitucional ya habían declarado
que se encontraban conforme a derecho.
PRIMERA SUBSIDIARIA: Dejar sin efectos integralmente la sentencia del 11 de
mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…) y en consecuencia,
ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado anular todo el trámite de la
segunda instancia desarrollado en el citado proceso, hasta tanto sea remitido a esa
corporación judicial, la integralidad del expediente judicial que existe en la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Bolívar.
SEGUNDA SUBSIDIARIA: Dejar sin efectos integralmente la sentencia de 11 de
mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…) y en consecuencia:
1) ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado anular todo el trámite de
segunda instancia desarrollado en el citado proceso, hasta tanto sea remitido a esa
corporación judicial, la integralidad del expediente judicial que existe en la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Bolívar.
2) Se ordene a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que una vez superados
los yerros que dieron lugar a esta acción de tutela al momento de proferir sentencia
de segunda instancia, respete la fuerza ejecutoria y vinculante, así como la cosa
juzgada ordinaria y constitucional de los autos de fecha 25 de febrero, 2 de
septiembre, 5 de noviembre de 2009 y 24 de marzo de 2010 dictados por el Juzgado
Trece Administrativo del Circuito de Cartagena y la sentencia de 12 de marzo y 18 de
abril de 2007 en los cuales se ordenó a Ecopetrol S.A., la remisión del tributo
recaudado o que debió recaudar a la Universidad de Cartagena en el periodo
consolidado y pagado, así como el respeto a lo decidido y debidamente
ejecutoriado en la sentencia del 22 de marzo de 2013 proferida en sede de tutela por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado la cual declaró el pago realizado por
Ecopetrol S.A., en virtud de la sentencia del 12 de marzo de 2007 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar tiene como título una providencia debidamente
ejecutoriada que constituye cosa juzgada.
3) Se ordene que existió cosa juzgada respecto a la pretensión tercera de la acción
de cumplimiento y la pretensión tercera o segunda inciso final del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en los que existió identidad de objeto y causa.
TERCERA: En el evento de que se estime que existe otro recurso o acción para
atacar la decisión proferida, rogamos se acceda a las pretensiones como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable para la Universidad de Cartagena,
ordenando suspender los efectos de la sentencia 11 de mayo de 2023 proferida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 13001-
23-33-000-2013-90027-02.
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TRÁMITE DEL PROCESO DEL A QUO
El 8 de septiembre de 2023 la Sección Quinta de esta corporación admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la Sección Cuarta del Consejo de Estado y a la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar como accionados y al Tribunal
Administrativo de Bolívar, a Ecopetrol S.A. y a los sindicatos Sintraunal y
Sintraunicartagena, así como al representante de los estudiantes Daniel Hernando
Herrera Blanco como terceros con interés. Asimismo, le ordenó a la universidad
realizar una publicación en su página web o cualquier otro medio que considerara
apropiado, informando sobre la existencia de la acción de tutela.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por conducto de la magistrada ponente
de la decisión cuestionada, se opuso a la prosperidad de la acción de tutela,
argumentando que aunque en el proceso no reposaron las pruebas mencionadas
por el accionante, la Sala sí tuvo conocimiento de su contenido. En efecto, precisó
que si bien no reposaron los autos del 25 de febrero y 5 de noviembre de 2009 así
como del 24 de marzo de 2010 mediante los cuales se determinaron los montos a
pagar, en los actos demandados se identificaron plenamente los pagos efectuados
con ocasión de estas decisiones y, además, sí se aportaron los comprobantes de
pago respectivos.
Igualmente, al proceso sí se aportó copia de la sentencia del 12 de marzo de 2007
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro de la acción de
cumplimiento y también tuvo conocimiento de las sentencias de tutela a través de
la sentencia T-082 de 2010.
Por tanto, indicó que, contrario a lo afirmado por la universidad accionante, dicha
Sala de Sección advirtió la existencia de las mencionadas decisiones judiciales, las
cuales fueron objeto de valoración al momento de resolver el asunto; además, puso
de presente que dicho ente no advirtió, en el trámite de segunda instancia, las
irregularidades relacionadas con el contenido del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
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Por otra parte, en relación con el supuesto desconocimiento de los efectos de la
cosa juzgada respecto de la acción de cumplimiento, destacó que esos argumentos
fueron los presentados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y
en el recurso de apelación que resolvió dicha Sección, frente a lo cual consideró
que dicho fenómeno no estaba configurado por cuanto no existía identidad de
objeto, teniendo en cuenta que la acción de cumplimiento tenía como fin el
acatamiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico frente a la Estampilla
Universidad de Cartagena y la nulidad y restablecimiento del derecho tenía como
propósito la anulación de los actos que negaron la solicitud de devolución de las
sumas pagadas indebidamente por concepto de dicha estampilla.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
Ecopetrol S.A. pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no
tener relevancia constitucional, en tanto el eje central de los reparos del ente
tutelante es idéntico a lo planteado en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con lo que busca reabrir un debate alrededor de la configuración de
la cosa juzgada.
Además, que se trata de una discusión tributaria, de pleno derecho y cuyo objetivo
es totalmente económico, pues gira en torno a la devolución del pago de las
estampillas canceladas por Ecopetrol.
Finalmente, sostuvo que el fallador de segunda instancia no incurrió en el defecto
fáctico alegado, toda vez que en el cuaderno principal enviado al Consejo de Estado
reposaban las piezas procesales principales de la acción de cumplimiento, las
cuales fueron objeto de valoración y análisis crítico en la sentencia.
Daniel Herrera Blanco y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la
Universidad de Cartagena, en similares términos, rindieron informe en el que
coadyuvaron las pretensiones de la acción de tutela debido al perjuicio irremediable
que se le puede causar a los estudiantes de la Universidad con el cumplimiento de
la orden judicial, pues se afectan los gastos de funcionamiento de la institución si
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se tiene en cuenta que lo adeudado actualmente asciende a la suma de $
200.000.000.
El Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales
– Sintraunal pidió que se deje sin efectos la sentencia del 11 de mayo de 2023
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, remitiéndose a los
argumentos expuestos por la Universidad de Cartagena en el escrito inicial y agregó
que de materializarse lo ordenado en la mencionada sentencia se privaría
inexorablemente a miles de jóvenes de escasos recursos de la oportunidad de
acceder a una educación superior de calidad.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través del despacho ponente de la
sentencia de primera instancia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, indicó que los elementos probatorios aportados al proceso resultaron
suficientes para resolver el problema jurídico relacionado con la cosa juzgada, a
partir de lo cual concluyó que no existía identidad de objeto entre el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y la acción de cumplimiento.
La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar informó, por su
parte, que cualquier falencia que pudiera ocurrir en la digitalización del expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho y en la remisión del expediente al Consejo
de Estado pudo haber ocurrido porque al momento de la digitalización, que se
efectuó en el marco de la pandemia causada por el Covid-19, este no se encontraba
con las demás piezas procesales pero que, sin embargo, ninguna falencia fue
advertida o reportada en su momento.
LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante providencia del 2 de noviembre
de 2023 declaró la improcedencia de la acción de tutela por considerar que el asunto
no tiene una marcada relevancia constitucional, en tanto lo que pretende la entidad
accionante es utilizar el mecanismo constitucional como una tercera instancia en la
que se valoren nuevamente los medios probatorios obrantes en el plenario así como
los antecedentes judiciales que fueron analizados por la Sección Cuarta de esta
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corporación a fin de que se adopte una decisión favorable a sus intereses en sentido
de declarar la cosa juzgada.
Además, no evidenció una verdadera tensión o trasgresión de los derechos
fundamentales, máxime cuando si bien no se remitió la totalidad del expediente de
la acción de cumplimiento que se decretó como prueba trasladada – lo que podría
haber inducido en error a la Sección Cuarta del Consejo de Estado –, dicha situación
no tuvo trascendencia puesto que dicha Sala sí tuvo conocimiento de los
antecedentes judiciales relevantes y estos fueron objeto de valoración en la
providencia.
IMPUGNACIÓN
La Universidad de Cartagena, por conducto de apoderado judicial, recurrió el fallo
de primera instancia, para lo que expuso:
Que el asunto sí es de marcada relevancia constitucional, toda vez que las
pretensiones formuladas se encuentran dirigidas no solamente a la salvaguarda de
los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución a las partes
involucradas en un proceso judicial sino, además, a garantizar y proteger los
derechos de la Universidad por cuanto la decisión objeto de censura, al haberse
proferido con desconocimiento de los derechos fundamentales de la universidad,
conlleva al menoscabo del derecho a la educación de aproximadamente 23.000
estudiantes de los más escasos recursos de la región caribe, población que,
adicionalmente, se encuentra integrada por jóvenes en condición de vulnerabilidad
ubicados en gran medida en municipios PDET de la subregión de los Montes de
María, como es el caso de los centros tutoriales de Carmen de Bolívar y Magangué,
además de quienes se educan a través de los centros ubicados en el departamento
de Córdoba, concretamente en los municipios de Cereté y Lorica.
Expuso, entonces, que de ejecutarse la decisión proferida por la Sección Cuarta, se
haría imposible cumplir con las actividades misionales de docencia, investigación y
extensión que desarrolla la universidad, si se tiene en cuenta que su presupuesto
anual para 2023 es de $ 389.076.374.758, de manera que el ente educativo
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resultaría inviable financieramente e implicaría la desatención de los más de 20.000
estudiantes que hacen parte de su comunidad.
Precisado lo anterior, indicó que el asunto también supera los criterios
jurisprudenciales para que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, confianza legítima, seguridad
jurídica, igualdad y defensa, así como el de educación, puesto que la misma Sección
Cuarta del Consejo de Estado reconoció no tener el expediente de la acción de
cumplimiento al momento de fallar, por lo que le era imposible hacer el debido
análisis sobre el aspecto de la controversia de lo contencioso administrativo sin
contar con la totalidad del expediente y, particularmente, las piezas procesales en
que reposaba la información relacionada con las pretensiones de uno y otro
proceso.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo
que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución
corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos
por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos
derechos fundamentales.
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño
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(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios
como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la
consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia
enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se
cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las
autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante
sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la
sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos
fundamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre
la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible
de imputarse como crimen de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del
proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se
prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos
fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección
ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.
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[…]”.
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
En primer lugar, a la Sala le corresponde determinar si en el presente asunto se
cumple la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela para discutir la providencia del 11 de mayo de 2023 mediante la cual la
Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó el fallo que accedió a las
pretensiones formuladas por Ecopetrol S.A.
Así, denota que 1) contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver
sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en
establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia del defecto
fáctico en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada, por lo que se
procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se realizará el
estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión a efectos de identificar si se
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada; 2) la parte
accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí
expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de aquella; 4) no se está invocando una irregularidad procesal; 5) la
solicitante identificó claramente los hechos generadores de la vulneración y los
derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de tutela.
Esclarecido lo anterior, a esta Subsección debe examinar si en la providencia
discutida en esta sede se configuró el defecto alegado. El desacuerdo recae en que,
según la universidad accionante, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al
momento de resolver la alzada, no contó con la totalidad de las pruebas relevantes
y necesarias para dirimir la controversia, puesto que no fue remitido a dicha Sala el
expediente contentivo de la acción de cumplimiento, lo que le impidió conocer y
valorar las sentencias proferidas en dicho proceso.
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Al respecto, la Sala observa que, en la providencia cuestionada, la Sección Cuarta
de esta corporación resolvió el argumento expuesto relacionado con la existencia
de cosa juzgada respecto del cobro de la estampilla por virtud de la acción de
cumplimiento resuelta mediante sentencia del 12 de marzo de 2007, en sentido de
precisar que dicha acción constitucional tiene como propósito la materialización de
los mandatos contenidos en leyes o actos administrativos y que, en todo caso, no
puede desconocerse que el administrado, atendiendo las órdenes legales o
judiciales puede incurrir en pagos en exceso o de lo no debido, de ahí que tiene a
su disposición el proceso de devolución de los mismos, que, para el caso de que
verse sobre impuestos, está instituido en el Estatuto Tributario y que debe
adecuarse por parte del titular del tributo.
Así, una vez adelantado ese procedimiento, como procedió Ecopetrol, la decisión
puede ser negativa y ser susceptible de revisión judicial a través del medio de
nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese sentido, precisó que no existe identidad de objeto entre la acción de
cumplimiento y la de nulidad y restablecimiento del derecho, puesto que la primera
de ellas tuvo como fin el acatamiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
frente a la Estampilla Universidad de Cartagena, mientras que la segunda tuvo por
objeto la nulidad de los actos que negaron la solicitud de devolución de las sumas
pagadas indebidamente por concepto de la estampilla.
Visto lo anterior, es claro para la Sala que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
no incurrió en el defecto fáctico alegado, toda vez que, aunque como lo dejó
consignado en el informe rendido, no le fue allegado el expediente de la acción de
cumplimiento, esta sí tuvo conocimiento de dichos antecedentes judiciales, tanto así
que a partir de ellos, particularmente del contenido de la sentencia que resolvió
dicha acción constitucional, pudo establecer claramente cual fue el objeto
perseguido, y determinar que no era idéntico al que tenía dicho medio de control.
Por tanto, no se advierte que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hubiera
desatado el asunto puesto a su consideración sin contar con el respaldo probatorio
suficiente; por el contrario, contó con los elementos necesarios y fundamentales
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para adoptar su decisión, por lo que no es dable considerar que la providencia del
11 de mayo de 2023 adolece del defecto fáctico alegado.
En efecto, lo que se observa es una diferencia de criterios frente a la valoración de
un mismo conjunto de pruebas, circunstancia que no es suficiente para estructurar
el defecto fáctico pues, para que ello ocurra, debe demostrarse que el juzgador se
separó completamente de lo que resultó probado, lo que no ocurre en este asunto.
Además, sustentó dicha decisión en la posición jurídica que venía siendo asumida
por la misma Sala de Sección, relacionada con que el objeto de una acción de
cumplimiento es diverso al del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, para lo que invocó, entre otras, la sentencia del 13 de septiembre de 2017
proferida dentro del expediente núm. 21514.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala observa que la Sección Cuarta del Consejo
de Estado sustentó su decisión en un análisis crítico de las pruebas necesarias y
relevantes, a la luz de las normas y las pautas jurisprudenciales vigentes, lo que
descarta la configuración de los defectos alegados, por lo que se revocará el fallo
de primera instancia para, en su lugar, negar el amparo constitucional reclamado
por la Universidad de Cartagena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 2 de noviembre de 2023
mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la
presente acción de tutela. En su lugar,
Segundo: Negar el amparo constitucional solicitado por la Universidad de
Cartagena, por las razones expuestas en precedencia.
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Tercero: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTÍERREZ (E)
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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