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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2013-90027-02

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2013-90027-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. En cumplimiento de la orden proferida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-499 de 2024, REVOCAR la sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar se dispone: 2. DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada. 3. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 13001-23-33-000-2013-90027-02

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)
Demandante ECOPETROL S.A.
Demandada UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Temas Cumplimiento de orden de tutela. Sentencia de reemplazo.
Cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – CUMPLIMIENTO DE TUTELA
Procede la Sección Cuarta a dictar sentencia de reemplazo en cumplimiento a la
sentencia de tutela SU-499 de 2024 proferida por la Corte Constitucional1 el 28 de
noviembre de 2024, en la que se ordenó:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 18 de enero de 2024 por la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, en cuanto revocó la providencia de primera instancia y
negó el amparo, y la sentencia del 2 de noviembre de 2023 de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en cuanto declaró improcedente la solicitud de tutela de la Universidad de
Cartagena contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales de la Universidad de
Cartagena al debido proceso, defensa, acceso efectivo a la administración de justicia,
confianza legítima y seguridad jurídica.
Segundo. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 11 de mayo de 2023,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Ecopetrol S.A., contra la Universidad de
Cartagena, al igual que el correspondiente trámite del recurso de apelación dentro del referido
proceso.
Tercero. ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que rehaga el trámite del
recurso de apleación (sic) dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
que trata el resolutivo anterior, y que, previa incorporación al expediente de la totalidad de las
pruebas recaudadas en la primera instancia del proceso y de otorgar a las partes la
oportunidad de pronunciarse sobre la totalidad del acervo probatorio del expediente, dicte una
sentencia de reemplazo que tenga en cuenta las razones y fundamentos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.
(…)
Para el efecto, la Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 29 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que dispuso lo siguiente2:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo de fecha 20 de septiembre de 2012,
por medio del cual la Universidad de Cartagena rechazó la solicitud de devolución de pago en
exceso y/o indebido y la Resolución No. 00461 del 21 de febrero de 2013, por medio de la cual
se resolvió el recurso interpuesto contra el acto administrativo de fecha 20 de septiembre de
2012.

1
Se pone de presente que la Sección solicitó la nulidad de la sentencia, petición que fue resuelta desfavorablemente en
auto 1576 del 14 de octubre de 2025, notificado el 26 de febrero de 2026.
2
Samai. Índice 66. Expediente digital. PDF 127ED39Fallo.

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Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)
Demandante: Ecopetrol S.A.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ordena la devolución a ECOPETROL S.A.
de los pagos que efectuó el 9 de abril de 2010 por valor de $22.865.515.597,00 y el 3 de marzo
de 2010 por valor de $26.402.634.272,00 a favor de la Universidad de Cartagena por concepto
de la Estampilla “Universidad de Cartagena Siempre a la Altura de los Tiempos”, durante los
años 1997 a 2004 por concepto de las exportaciones de petróleo realizadas en el Puerto de
Cartagena.
TERCERO: Se reconocen intereses corrientes e intereses moratorios, en los términos
precisados en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Condenar a la parte demandada al pago de costas procesales en su modalidad de
gastos del proceso y agencias en derecho.
QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Ley 334 de 1996 autorizó al Departamento de Bolívar para emitir la estampilla
denominada «Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos», norma
modificada por la Ley 1495 de 2011.

La Universidad de Cartagena, en el mes de noviembre de 2006, presentó acción de
cumplimiento al considerar que Ecopetrol S.A. no cumplió con el pago de la
estampilla, específicamente por las exportaciones de petróleo desde el puerto de
Cartagena desde el año 1997. La demanda fue conocida en primera instancia por
el Juzgado Trece Administrativo de Cartagena, que, mediante sentencia del 26 de
enero de 2007, negó las pretensiones y declaró la falta de legitimación en la causa
por pasiva de Ecopetrol S.A.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en providencia del 12 de marzo de 2007,
revocó el fallo del juzgado y, como consecuencia, ordenó a la ahora demandante el
pago de los dineros que la Universidad de Cartagena debió recaudar con este
tributo, para lo cual ordenó a la Contraloría General de la República que determinara
el monto adeudado.

Por su parte, la Contraloría, el 31 de agosto de 2007, rindió un informe en el que
señaló que no había incumplimiento por parte de Ecopetrol S.A.

A pesar del informe, la Universidad de Cartagena radicó un escrito en el juzgado,
solicitando que se conminara al órgano de control fiscal para que liquidara lo
adeudado por Ecopetrol S.A. por concepto de exportaciones de petróleo, solicitud
que fue negada en providencia del 18 del de septiembre de 2007.

Luego de que continuara el proceso, el ente universitario solicitó la nulidad de lo
actuado desde el auto de septiembre de 2007 y los recursos presentados contra
esa decisión, ante lo cual, el 5 de septiembre de 2008, el Tribunal Administrativo de
Bolívar decretó la nulidad de todo lo actuado luego de la ejecutoria de la sentencia
del 12 de marzo. Posteriormente, Ecopetrol pidió al tribunal la nulidad del auto del
5 de septiembre de 2008 al considerar que no tenía competencia para expedirlo,
petición que fue negada mediante auto del 23 de octubre de 2008.

El Juzgado obedeció lo dispuesto por el superior y ofició al ente de control para que
determinara el monto del incumplimiento. Así, se ordenó pagar la suma de
$26.402.634,272.00 la cual fue cancelada el día 3 de marzo de 2009. Además, el 9
de abril de 2010 se realizó el pago de $22.865.515.597.00.

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Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)
Demandante: Ecopetrol S.A.

Adicionalmente, la sociedad interpuso acciones de tutela con el fin de que se
protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia,
en la que solicitó que se dejaran sin efecto la sentencia del 12 de marzo de 2007,
así como los autos del 5 de septiembre y 23 de octubre de 2008, proferidos por el
Tribunal, las cuales fueron negadas. La Universidad también presentó acción de
tutela contra las decisiones proferidas en la acción de cumplimiento, en cuanto a la
liquidación de los valores a pagar por Ecopetrol, la cual también fue negada.

El 26 de julio de 2012, Ecopetrol S.A. solicitó a la universidad la devolución de los
pagos en excesos o indebidos que se hicieron por la estampilla. Esta petición fue
negada mediante oficio del 20 de septiembre de 2012, ante el cual se presentó
recurso de reposición y en subsidio de apelación que fue resuelto el 21 de febrero
de 2013, mediante la Resolución No. 00461 que confirmó la negativa de la
devolución.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
PRIMERA: Que es nulo en su totalidad el Acto Administrativo de fecha 20 de septiembre de
2012 proferido por la Universidad de Cartagena, por medio del cual se dio respuesta y se
rechazó la Solicitud de Devolución de Pago en Exceso y/o Indebido presentada por Ecopetrol
S.A., el 26 de julio de 2012.
SEGUNDA: Que es nula en su totalidad la Resolución N° 00461 de 21 de febrero de 2013
proferida por la Universidad de Cartagena por medio de la cual se rechazó el recurso
interpuesto por Ecopetrol S.A. contra el Acto Administrativo de 20 de septiembre de 2012.
TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se restablezca en su
derecho a la actora, reconociendo la procedencia de la devolución de $49.268.149.867 más
los intereses corrientes y moratorios, así como las actualizaciones, indexaciones o ajustes a
que haya lugar de conformidad con la ley aplicable, correspondientes a las sumas pagadas
en exceso y/o indebidamente por Ecopetrol S.A. por concepto de la Estampilla Universidad de
Cartagena Siempre a la Altura de los Tiempos.
La anterior suma solicitada en devolución se compone de un valor de $26.402.634.271.86
correspondiente a un pago realizado por Ecopetrol S.A. el 3 de marzo de 2009, más un valor
de $22.865.515.596,73 correspondiente a un pago realizado por Ecopetrol S.A. el 9 de abril
de 2010, pagos estos que se acreditan con las copias correspondientes de tales depósitos,
adicionado al hecho que las sumas discutidas no fueron siquiera objeto de reparo por parte
de la entidad demandada.

A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 150
(numerales 11 y 12), 287 (numeral 3), 313 (numeral 4), 303 (numeral 4); 338 y 363
de la Constitución Política; 850, 854, 855, 857, 863 y 864 del Estatuto Tributario; 32
de la Ley 14 de 1983; 27 de la Ley 141 de 1994; 235 de la Ley 225 de 1995; Ley
334 de 1996; Ley 383 de 1997; 59 de la Ley 788 de 2002; 5 de la Ley 1066 de 2006;
Ley 1495 de 2011; 16 del Decreto Legislativo 1056 de 1953; 71 (numeral 5) del
Decreto Extraordinario 1222 de 1986.

Los cargos de nulidad se resumen de la siguiente manera:
3
Samai. Índice 66. PDF reforma demanda.

3
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Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)
Demandante: Ecopetrol S.A.

1. El trámite de la devolución de pagos de lo no debido o improcedente no
es igual a una respuesta a un derecho de petición

Señaló que el legislador estableció un marco claro e imperativo para el trámite de
devolución de pagos exceso o indebidos de carácter tributario, el cual era de
obligatoria aplicación a nivel territorial, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 383
de 1997, cuando no existieran disposiciones específicas en las entidades
territoriales. Transcribió las normas del Estatuto Tributario relacionadas con este
procedimiento, destacando que se deben aplicar las que regulan el tema de los
saldos a favor y aclaró que debían ser aplicadas por la Universidad a la solicitud
elevada por Ecopetrol.

Precisó que según los artículos 235 de la Ley 223 de 1995, 59 de la Ley 788 de
2002 y 5 de la Ley 1066 de 2006, las autoridades territoriales debían aplicar los
procedimientos estipulados en el Estatuto Tributario Nacional, incluidas las
devoluciones de impuestos. No obstante, la entidad hizo caso omiso a ello y resolvió
la solicitud como un derecho de petición, sin mencionar los recursos procedentes
contra esa decisión.

2. La solicitud de devolución cumplió con todos los requisitos legales y, en
consecuencia, la Universidad de Cartagena debió proceder a la
devolución de la suma indebidamente cobrada

Insistió que el trámite de devolución de impuestos está regulado en el Estatuto
Tributario, que señala un procedimiento para efectuar el rechazo de una solicitud
(artículo 857), sin embargo, en este caso el ente universitario negó la petición sin
que existiera una causa legal.

Precisó que de las normas del Estatuto Tributario y la jurisprudencia del Consejo de
Estado4 se concluía que i) existían causales específicas, expresas y taxativas para
el rechazo de la solicitud de devolución y en el acto que negó la misma no se indicó
la razón por la cual no procedía la petición, ii) bastaba con que el cobro y el pago
haya sido contrario a la ley (en este caso la Ley 334 de 1996) para que resultara
procedente la devolución; iii) si el pago de lo no debido tuvo origen en una sentencia
y no un acto administrativo, resultaba procedente la devolución.

Comentó que la Ley 334 de 1996, vigente para la época en que se efectuaron los
pagos, no establecía la actualización a «valores constantes» del tope de recaudo de la
estampilla, empero, Ecopetrol S.A. debió cancelar dicha suma, lo que constituía un
pago de lo no debido.

3. Aplicación retroactiva de la Ley 1495 de 2011 y la Ordenanza 26 de 2012

Manifestó que la Universidad de Cartagena sustentó su rechazo en la Ley 1495 de
2011 y la Ordenanza 26 de 2012, normas que no existían para el momento de los
pagos. Citó los apartes de la respuesta que se referían a dichas disposiciones, lo
que demuestra su aplicación retroactiva.

Explicó que para el momento del pago el tope establecido por la ley ya se había
excedido y que el reconocimiento de valores constantes solo se habilitó a partir del
año 2011, por lo que no existía fundamento legal que soportara la obligación
cancelada por Ecopetrol.
4
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de septiembre de 2010, exp. 16576. M.P. William Giraldo Giraldo.

4
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Demandante: Ecopetrol S.A.

4. La Ley 334 de 1996 no autorizaba al cobro de sumas adicionales por
concepto de «valores constantes».

Manifestó que, conforme al artículo 2 de la Ley 334 de 1996, no era exigible el cobro
del tributo sobre las exportaciones realizadas, además era improcedente sumas
adicionales a $60.000.000.000, por ser un tope legal. Insistió en que solo con la Ley
1495 de 2011 se autorizó como límite de la estampilla 300.000.000.000 en valores
constantes.

5. Jurisprudencia sobre la devolución de pagos de lo no debido

Citó varios pronunciamientos del Consejo de Estado5 para concluir que era
procedente la devolución del pago, ya que el cobro realizado por la Universidad de
Cartagena a Ecopetrol S.A. se fundó en normas ilegales o inconstitucionales, o que
no habían sido expedidas al momento de los pagos.

Dijo que la Ordenanza 012 de 1997, en la que se fundó la Universidad para efectuar
el cobro fue objeto de suspensión provisional, lo que evidencia su ilegalidad.

6. Prohibición legal de gravar la explotación de petróleo y sus derivados

Sostuvo que el supuesto sobre el cual la Universidad de Cartagena procedió con el
cobro de la estampilla recaía en la exportación de petróleo, por lo que se desconoció
la prohibición de gravar la explotación y exploración del petróleo y sus derivados, tal
y como lo establecen los artículos 16 del Decreto 1056 de 1953 y 27 de la Ley 141
de 1994 (esta última habla de los recursos naturales no renovables). Así mismo, el
Decreto 1333 de 1986 consagra que no es factible gravar los artículos de producción
nacional destinados a la exportación. Estas prohibiciones han sido reiteradas en las
leyes 14 de 1983 y 9 de 1991.

Adujo que la explotación y exportación de petróleo solo pueden gravarse con
regalías y excepcionalmente con el impuesto de industria y comercio.

7. Aplicación indebida del artículo 5 de la Ley 334 de 1996

Dijo que el Consejo de Estado6 declaró la nulidad de las ordenanzas proferidas por
la Asamblea Departamental del Amazonas que pretendían el cobro de una
estampilla a entidades ubicadas fuera del orden departamental, ya que se requería
que el acto, contrato u operación se realizara en el departamento y que contara con
la intervención de esa autoridad, por lo que, a Ecopetrol, como entidad del orden
nacional, no se le podía cobrar el tributo. Así mismo, la autonomía de los entes
territoriales está sujeta a la Constitución y a la ley.

Para el caso puntual, las Ordenanzas 012 de 1997 y 011 del 2006 deben
interpretarse conforme a la Ley 334 de 1996 que señala que la obligación de adherir
la estampilla queda a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que
intervengan en los actos. Por su parte, el artículo 4 del Decreto 725 de 2000 señaló
que los mismos sujetos pasivos de la estampilla son agentes autorretenedores y
responsables del pago ante las autoridades territoriales.

5
Consejo de Estado, Sala de Consulta, pronunciamiento del 23 de agosto de 2005 exp. 1672, M.P. Gustavo Aponte Santos,
y Sección Cuarta, sentencias del 16 de junio de 2005 (sin identificar el ponente), exp. 14311 y del 12 de noviembre de
2004, exp 11604 M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié
6
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de marzo de 2012, exp. 18744.

5
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Demandante: Ecopetrol S.A.

Sin embargo, no hay norma nacional o local que designe a Ecopetrol para efectuar
ese recaudo. Así, no podía exceder y asumir atribuciones que no fueron otorgadas
y, en consecuencia, no podía realizar retenciones o descuentos por concepto de la
estampilla.

8. La Ley 334 de 1996 no incluyó las exportaciones como hecho generador

La ley de autorización solo dispuso como hechos gravados las actividades y
operaciones, límite que no podía exceder la Asamblea. Además, restringió el cobro
a las actividades en donde intervienen directamente entidades estatales y, para este
asunto, Ecopetrol no tiene atribuido el carácter de responsable del recaudo, como
se expuso anteriormente. Precisó que en el evento de que la compañía esté
obligada al pago, no podría imponérsele el deber de responder por el monto que
está a cargo de sus co-contratantes.

9. Violación al debido proceso y derecho de defensa

Sostuvo que la Universidad no aplicó el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario Nacional para la determinación, cálculo y cobro de la estampilla, sino que
inició una acción de cumplimiento, desconociendo los derechos de defensa,
contradicción y debido proceso, que tuvo como consecuencia el pago de una
obligación determinada de manera ilegal.

Esto fue reconocido por la Universidad de Cartagena al manifestar que esta
irregularidad no era de su incumbencia, sino que era un problema de jurisdicción, lo
cual no es cierto, pues ante pagos ilegales procede su devolución.

10. El pago corresponde a exportaciones en los años 1997 a 2004, pero el
decreto que reglamentó el cobro sólo se profirió en el año 2000

Mencionó los artículos 363 y 338 de la Constitución Política para explicar que no se
tuvo en consideración que los elementos de la obligación tributaria solo se
determinaron con el Decreto 725 de 2000 comoquiera que la Ordenanza 12 de 1997
autorizó al gobernador para determinar las características de este tributo. Así este
decreto no se puede aplicar en períodos anteriores a su publicación.

Oposición de la demanda

La Universidad de Cartagena controvirtió las pretensiones de la demanda con
fundamento en lo siguiente7:

Propuso la excepción de inexistencia del derecho reclamado, dada la obligación
legal, reglamentaria y judicial de la demandante de destinar los recursos a la
universidad (la Ley 334 de 1996 y la Ordenanza 012 de 1997), destacando que las
normas no habían sido anuladas por lo que eran de obligatorio cumplimiento.

Declaró que, ante la negativa a pagar la estampilla, recurrió a una acción de
cumplimiento en la que el Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 12 de
marzo de 2008, dispuso que Ecopetrol debía transferir los recursos por concepto de
las operaciones de petróleo realizadas en el puerto de Cartagena. Esta decisión
hizo tránsito a cosa juzgada y de ella derivaba la obligación de pagar el tributo, por
lo que no había derecho a reclamar en devolución los pagos que tienen soporte

7
Samai. Índice 66. PDF contestación de la demanda.

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legal y judicial. Así, no se cumplen los presupuestos para que se configure el pago
de lo no debido, ya que la obligación se dio con ocasión de una decisión judicial.

Dijo que la actualización en valor constante de la estampilla retenida durante el
período de 1997 a 2004 tenía fundamento en la Ordenanza 012 de 1997, que se
encontraba vigente al momento en que se efectuó la destinación. Aclaró que, si bien
se suspendió provisionalmente este acto, también lo era que el Consejo de Estado
revocó la decisión. Además, no habían sido falladas las acciones judiciales iniciadas
por la demandante que tenían como fin la nulidad de la Ordenanza 12 de 1997.

Indicó que no hay sumas a devolver porque los pagos obedecen a la ley, el
reglamento y la sentencia, por lo que no hubo violación a las normas del Estatuto
Tributario al no aplicarse lo relativo al procedimiento de devolución. Además, el
artículo 850 ibidem trataba sobre el impuesto sobre las ventas y por el principio de
legalidad las autoridades solo podían efectuar lo expresamente permitido.

Propuso la excepción de cosa juzgada, para lo cual hizo referencia a la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la acción de cumplimiento y
consideró que se trataba de un proceso con identidad de causa, es decir la discusión
sobre si había lugar al pago de la estampilla a la Universidad de Cartagena.

Explicó que los procedimientos de devolución surgen cuando el contribuyente
cancela sumas que no debía pagar o lo hace en exceso y que en el caso presente
no se daban esos supuestos, por lo que no se debía efectuar ninguna devolución.
También mencionó que el hecho de no indicar los recursos procedentes no era
causal de nulidad, sino que habilitaba al peticionario a acudir directamente a la
jurisdicción.

Respecto al argumento de la actora sobre la aplicación de la Ley 1495 de 2011 y la
Ordenanza 26 de 2011, sostuvo que la Administración tomó como fundamento la
Ley 334 de 1996, la Ordenanza 012 de 1997 y la sentencia del 12 de marzo de 2007
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Aclaró que el acto demandado
hizo alusión a las normas de 2011 y 2012 porque eran las que a la fecha de su
expedición contenían la obligación legal y reglamentaria de transferir los recursos y
no porque fueran el soporte legal en los años 2009 y 2010.

Adujo que la ley autorizaba que se gravaran las operaciones realizadas en el Puerto
de Cartagena por una entidad de orden nacional, siempre que funcionara en el
departamento, como sucede con Ecopetrol. Además, esto fue aclarado en la
sentencia del 12 de marzo de 2007, pues el tribunal consideró que las exportaciones
de petróleo se entendían como operaciones y se debía hacer la retención de la
estampilla.

Manifestó que, si bien la jurisprudencia ha reconocido la devolución de pagos por lo
no debido, ello obedece a que no existe norma que contenga la obligación que se
pagó o que el pago excede lo debido, situaciones que, insiste, no se presentan en
este caso.

Sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales, señaló que el trámite
correspondiente era el de acción de tutela, que fue interpuesto y denegado. Sin
perjuicio de ello, destacó que la demandante conoció de todos los procedimientos
administrativos adelantados con ocasión a la sentencia de cumplimiento.

7
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Demandante: Ecopetrol S.A.

Resaltó que la Corte Constitucional ha manifestado que la imposición de tributos y
regalías a la explotación petrolera es procedente, de modo que no existe inmunidad
tributaria a esta actividad.

Señaló que evidencia una indebida escogencia de la acción y falta de legitimación
por pasiva, pues lo que se cuestiona es la decisión tomada por el Tribunal en la
acción de cumplimiento, por lo que el proceso debió instaurarse contra la Nación,
Rama Judicial, Ministerio de Justicia.

Consideró que no se desconocieron las normas del procedimiento administrativo,
puesto que la devolución era improcedente y se aplicaron las reglas generales del
Código de Procedimiento Administrativo. Además, como en este caso no existían
saldos que devolver no podían aplicarse las causales de rechazo ni de inadmisión
de las solicitudes de devolución de saldos a favor.

Como respuesta a la reforma de la demanda propuso la excepción de falta de
requisito de procedibilidad8 (numeral 5 artículo 161 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), comoquiera que la parte
demandante no efectuó el pago total de la obligación a su cargo, según el informe
de la Contraloría General de la República.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, declaró la nulidad de los actos acusados por
lo siguiente9:

Efectuó un recuento del marco normativo y jurisprudencial de la facultad impositiva
de los entes territoriales, de la estampilla y de los hechos probados, del cual
concluyó que la exportación de petróleo no estaba comprendida como hecho
generador, ya que esta actividad forma parte de las actividades económicas que
realiza Ecopetrol relacionadas con la exploración, producción, transporte, refinación
o procesamiento y comercialización del recurso natural no renovable, por lo que se
encontraba inmersa dentro de la prohibición del artículo 16 del Decreto 1056 de
1953.

Por otra parte, de la lectura de la Ley 334 de 1996 no se evidenciaba que se
definiera que la exportación de petróleo era un hecho generador de la estampilla,
en tanto que, solo se estableció un marco general de lo que sería el objetivo
imponible «las actividades y operaciones que se deben realizar en el Departamento de Bolívar»,
definición de la cual no se desprende la actividad petrolera como gravada. De igual
manera, resaltó que el artículo 5 ibidem señalaba que la estampilla solo se gravaba
si en el acto interviene un funcionario departamental, municipal o distrital.

Manifestó que cuando una actividad tiene una exención que impide gravarla a nivel
territorial, se debe otorgar una facultad expresa para que sobre ella recaiga el
tributo, situación que no se evidenciaba en la mencionada ley. Así mismo, del
artículo 3 de la Ordenanza 012 de 1997 se desprendía que la exportación de
petróleo no fue individualizada como hecho generador de la estampilla.

8
Las excepciones de previas de cosa juzgada, indebida escogencia de la acción, falta de legitimación en la causa por
pasiva y ausencia del requisito de procedibilidad fueron negadas por el Tribunal en la audiencia inicial celebrada el 25 de
abril de 2014. Esta decisión fue confirmada por esta Sección en auto del 26 de octubre de 2015, exp. 21229 C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
9
Samai. Índice 66. Expediente digital. PDF fallo.

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Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)
Demandante: Ecopetrol S.A.

Explicó que del artículo 5 de la Ley 334 de 1996 no se derivaba que la demandante
tenía la calidad de agente retenedor, ya que se indicó en esta norma (replicada en
la ordenanza) que el hecho generador de la estampilla solo se realiza cuando en los
actos, documentos y contratos gravados interviene un funcionario departamental o
municipal. Esta exigencia fue reiterada por el Consejo de Estado, en la sentencia
de 29 de abril de 2020, que declaró la legalidad condicionada del artículo 3 de la
Ordenanza 012 de 1997, bajo el entendido que el hecho generador se causa con la
intervención de un funcionario departamental o municipal.

Aclaró que, a pesar de que Ecopetrol cumplió con la obligación tributaria a raíz del
fallo emitido (acción de cumplimiento), esto no era óbice para analizar la legalidad
del tributo, ya que esa no era la oportunidad para determinar si la actividad
desarrollada por la demandante comprendía el hecho generador. Como sustento se
refirió al auto por medio del cual el Consejo de Estado confirmó la decisión que negó
la excepción de cosa juzgada y la sentencia de tutela proferida por la misma
corporación que manifestó que los elementos del tributo debían debatirse ante las
autoridades competentes y por los trámites legalmente instituidos.

Consideró que para los años por los que se realizaron los pagos (1997 a 2004) no
se le podía exigir a la demandante que transfiriera un porcentaje de las operaciones
de exportación pues, contrario a lo dicho por la Universidad, no tiene fundamento
jurídico, configurándose así un pago de una obligación que no le correspondía,
aclarando que la demandada no estaba obligada a tramitar la petición en los
términos del artículo 850 del Estatuto Tributario, pues la «tesis del ente universitario era
propugnar por la legalidad del tributo». Por lo anterior, consideró que no era necesario
estudiar el cargo relacionado con la presunta aplicación retroactiva de las normas.

En consecuencia, declaró la nulidad de los actos y ordenó la devolución de los dos
pagos realizados por la demandante, junto con los respectivos intereses del artículo
863 del Estatuto Tributario. Finalmente, condenó en costas a la parte vencida.

El fallo contó con salvamento de voto10, en el que se indicó que el perjuicio sufrido
por Ecopetrol S.A. no provenía del acto administrativo emitido por la Universidad de
Cartagena, sino de la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, por lo que el medio de control procedente era el de reparación directa.

Recurso de apelación

La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo
siguiente:11

1. El fallo impugnado reabre una discusión judicial

Recordó que la Universidad de Cartagena presentó acción de cumplimiento contra
la demandante por los pagos de la estampilla, la cual fue decidida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en sentencia del 12 de marzo de 2007, quien ordenó el
pago del tributo. Así, para el 26 de julio de 2012, la sociedad perdió toda oportunidad
procesal para ejercer cualquier medio de control frente a la orden de cumplimiento.

Manifestó que la única opción que tenía Ecopetrol era el medio de control de
reparación directa contra la Rama Judicial y que la solicitud de los dineros pagados

10
El salvamento fue suscrito por el doctor Edgar Vásquez Contreras.
11
Samai. Índice 2. Expediente digital. PDF recurso de apelación.

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Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)
Demandante: Ecopetrol S.A.

era una maniobra poco ética de la demandante, pues pretendía mediante un simple
derecho de petición el reintegro de las sumas pagadas.

Precisó que la demandante solicitó la nulidad de las resoluciones del 20 de
septiembre de 2012 y 461 del 21 de febrero de 2013, así como la devolución de los
dineros que se ordenaron por sentencia del 12 de marzo de 2007, creando su propia
vía procesal y tornando la discusión en una tercera instancia. Señaló que se adhería
al salvamento de voto efectuado en la sentencia de primera instancia.

2. La sentencia infringe decisiones judiciales y normas legales específicas

El Tribunal, en la acción de cumplimiento, consideró que las exportaciones de
petróleo eran operaciones realizadas por una entidad del orden nacional en el
Departamento de Bolívar, motivo por el cual se encasillaba como hecho generador
del tributo en los términos de la Ley 334 de 1996, por tanto, la conclusión que
efectúa el juez de primera instancia de que las exportaciones no se consideran
hecho gravable es contradictoria y carente de fundamento legal.

Comentó que la ley de autorización tenía categoría jerárquica de ley ordinaria, por
lo que prevalecía su aplicación en relación con el Código de Petróleos, ya que este
último era un decreto reglamentario.

3. El hecho generador y su alcance fue fijado en la acción de cumplimiento

Precisó que los elementos del tributo habían sido fijados por la Ley 334 de 1996 y
que el a quo omitió valorar de forma íntegra el alcance interpretativo fijado por la
misma corporación en la acción de cumplimiento que, como se dijo, consideró que
a las operaciones de exportación de petróleo se les debió aplicar la retención del
gravamen y destinarlas a la universidad. También, se expuso en ese proceso que
la demandante actuaba como agente retenedor y no como sujeto pasivo, de manera
que la intervención de un funcionario departamental no era un asunto exigible,
porque Ecopetrol solo debe efectuar el descuento del pago y transferirlo a la entidad.

Comentó que lo decidido en la acción de cumplimiento no podía desconocerse en
este proceso, pues fue la que originó los pagos, por lo que en el sub examine se
debió discutir la legalidad de los actos administrativos, es decir si había causa
jurídica para recibir las sumas de dinero y no analizar la legalidad del tributo, como
se hizo en la sentencia apelada.

4. No se configura el pago de lo no debido

En este caso existió una obligación, legal, reglamentaria y judicial vigente que hizo
tránsito a cosa juzgada, por lo que no se debía devolver las sumas de dinero
indicadas por la demandante, al no cumplirse los requisitos para configurarse un
pago de lo no debido. Esta posición se respaldaba en el salvamento de voto de la
sentencia apelada en el cual se indicó que Ecopetrol S.A. sí estaba obligado al pago
del tributo.

Manifestó que el pago de la actualización en valor constante tenía fundamento en
la Ordenanza 012 de 1997, que estaba vigente al momento en que se efectuó la
destinación y precisó que si Ecopetrol se vio afectada patrimonialmente fue a causa
de la decisión judicial en relación con la acción de cumplimiento y no con ocasión
de los actos administrativos demandados.

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5. Indebida escogencia del medio de control

Reiteró que en este proceso se hizo un juicio de legalidad de los hechos gravados
y no de los actos demandados. Destacó que le corresponde al operador judicial
adecuar el medio de control correspondiente que, insiste, es el de reparación
directa.

6. Falta de legitimación por pasiva

Como para la demandada el medio de control jurisdiccional correspondiente era el
de reparación directa, existía una falta de legitimación por pasiva.

7. Prescripción

Procedió a transcribir apartes del salvamento de voto en los que se mencionó que
el medio de control de reparación directa ya había caducado.

8. Interpretación errónea de los artículos 16 del Decreto 1056 de 1953 y 27
de la Ley 141 de 1994 y de la sentencia C-1071 de 2003

Se refirió a la imposibilidad de establecer gravámenes a la explotación de recursos
naturales no renovables, normas que estaban vigentes en la época en que los
yacimientos de petróleo eran tratados como minas, por lo que dicha actividad no se
gravaba con ICA. Sin embargo, con la expedición de la Ley 685 de 2001 se
estableció que la explotación de petróleo estaba sujeto al pago de regalías.

Explicó que con ocasión a la sentencia C-1071 de 2003, la Corte Constitucional
permitió establecer impuestos y regalías sobre la explotación petrolera, siempre que
así lo indicara el legislador, por lo que no existe inmunidad tributaria.

9. Fallos contrapuestos en la misma corporación judicial

Señaló que el tribunal tenía posiciones distintas en relación con el pago de la
estampilla en operaciones de exportación de petróleo. Adicionalmente, la
providencia apelada erró al interpretar los efectos del fallo del Consejo de Estado
que declaró la legalidad condicionada del artículo 3 de la Ordenanza 012 de 1997,
pues el pago se originó en una sentencia judicial. Así que se adhiera o no la
estampilla con la intervención de un funcionario no es un asunto exigible a la
demandante, quien actuaba como agente retenedor.

10. Procedencia de la acción de nulidad

Manifestó que el a quo erradamente enfocó la discusión en la legalidad del tributo,
por lo que debió vincular a la Asamblea y a la Gobernación de Bolívar. Resaltó que
ya se habían presentado juicios de legalidad como se indicó en la providencia
apelada y en este recurso.

11. Desconocimiento de decisiones judiciales relacionadas con la
Ordenanza 12 de 1997

Referenció el cobro de los valores constantes, resaltando que la Ordenanza 12 de
1997, que reglamentó la Ley 334 de 1996, fue clara y explícita en incluir esa
expresión, la cual no ha sido anulada por la jurisdicción contenciosa administrativa.

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Demandante: Ecopetrol S.A.

12. Cosa juzgada material y la seguridad jurídica

Insistió en que la acción de cumplimiento prosperó e hizo tránsito a cosa juzgada,
por lo que no podía revivirse la discusión ni acudir a un procedimiento atípico ya que
el único medio de control al que podía acudir la demandante correspondía a la
reparación directa. Además, las acciones de tutela interpuestas contra las
decisiones tomadas en la acción de cumplimiento fueron negadas.

13. Afectación a la educación superior en Bolívar

Señaló que las tasas y contribuciones tienen como objetivo conseguir los fines
esenciales del Estado y, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política, uno
de ellos es la educación, destacando que la estampilla Universidad de Cartagena
se creó con fines altruistas.

Reiteró que la sentencia apelada descontextualizó una discusión que se dio en el
marco de la acción de cumplimiento, en donde operó el principio de cosa juzgada y,
en caso de no ser revocada, afectaría radicalmente las finanzas del ente
universitario y pondría en riesgo a sus estudiantes.

14. Contradicción en la aplicación del Estatuto Tributario sobre el pago de
intereses

Destacó que el tribunal señaló que no era procedente la aplicación del artículo 850
del Estatuto Tributario, pero posteriormente condenó al pago de intereses como si
se tratara de un procedimiento administrativo de pago y devolución de tributos.

Alegatos de conclusión

La demandante12 resaltó que compartía la sentencia apelada que estableció que
había lugar a la devolución de los pagos realizados, comoquiera que la exportación
de petróleos y derivados no se contempló como hecho generador de la estampilla.
Señaló que la Ordenanza 12 de 1997 era contraria a las normas en que debió
fundarse y que de acuerdo con la sentencia del 29 de abril de 202013, que declaró
su legalidad condicionada, la estampilla solo se causaría si interviene un funcionario
en el acto documental gravado.

Si bien el pago obedeció a un fallo judicial, no se puede perder de vista que se trató
de una condena con una prestación económica, pese a que no era la acción
correspondiente (cumplimiento), por lo que solo era factible solicitar la devolución al
no tener la obligación.

La demandada 14indicó que las partes ya habían resuelto la legalidad del pago en
sede judicial, específicamente en sentencia del 12 de marzo de 2007, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar en una acción de cumplimiento, la cual hizo
tránsito a cosa juzgada. Explicó que fue dicha providencia la que ordenó a Ecopetrol
S.A. a pagar el tributo, que caducó el medio de control judicial idóneo contra esa
decisión y que no procedía la solicitud de devolución, porque no se desvirtuó la cosa
juzgada de la acción de cumplimiento. Reiteró lo expuesto en el recurso de
apelación.

12
Samai, índice 22
13
Expediente 22674
14
Samai, índices 21 y 24

12
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Demandante: Ecopetrol S.A.

Intervención del Ministerio Público

El agente del ministerio15 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, al
considerar que para que se causara la obligación de pago de la estampilla era
necesario la elaboración de actos, documentos y contratos en donde interviniera un
funcionario departamental o municipal, situación que no se daba en el presente
caso, ya que se trataba de operaciones de exportación petrolera.

Explicó que aplicaba el artículo 850 del Estatuto Tributario, ya que el pago de la
estampilla era una obligación tributaria, así mediara una acción de cumplimiento.

Resaltó que el derecho a solicitar la devolución de la suma pagada en exceso no
prescribió, pues las normas que regulan la materia consagran un término de 5 años.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

En cumplimiento del fallo de tutela SU-499 de 2024, proferido la Corte
Constitucional, la Sección dictará sentencia de reemplazo respecto del cargo de
cosa juzgada propuesto por la Universidad en su recurso de apelación. En
consecuencia, se reiterarán las consideraciones expuestas en la mencionada
providencia sobre el asunto, teniendo en consideración que, como se expuso
anteriormente, los pagos, cuya devolución se solicita, se originaron en acatamiento
de una decisión judicial expedida en una acción de cumplimiento.

Se pone de presente que en la misma sentencia de tutela se consideró que en este
asunto se configuró un defecto fáctico al no contarse con la totalidad del expediente
de la acción de cumplimiento, razón por la cual, el despacho ponente en autos del
11 de marzo16 y 15 de abril de 202617, ordenó la remisión física del expediente y
corrió traslado a las partes.18

Análisis del caso concreto

Como se indicó en la sentencia SU-499 de 2024 la Corte Constitucional realizó el
estudio de la configuración de la cosa juzgada en el sub examine, concluyendo lo
siguiente:
(…) Del análisis de los medios de prueba aportados en el proceso de tutela y de la
comparación entre los dos procesos en cuestión, el de cumplimiento y el de nulidad y
restablecimiento del derecho, se desprende que la cosa juzgada sí se encuentra configurada.
Para estos efectos, a continuación, se ilustran los aspectos más relevantes de ambos casos,
con el fin de sustentar esta inferencia:
Tabla 5. Comparación de la acción de cumplimiento y de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho
Demanda de nulidad y
Aspecto Acción de cumplimiento
restablecimiento del derecho
Fecha de inicio del
21 de noviembre de 2006 13 de febrero de 2013
proceso

15
Samai, Índice 25
16
Samai, índice 56
17
Samai, índice 68
18
De igual forma, en auto del 11 de mayo de 2026 (Samai, índice 78) se indicó al apoderado de la parte demandada que
los documentos del proceso estaban digitalizados en el índice 66 de Samai.

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Demandante: Ecopetrol S.A.

Demanda de nulidad y
Aspecto Acción de cumplimiento
restablecimiento del derecho
Demandante: Universidad de Demandante: Ecopetrol
Partes Cartagena Demandada: Universidad de
Demandado: Ecopetrol Cartagena
• Que la Ley 334 de 1996 autorizó la
emisión de la estampilla
“Universidad de Cartagena siempre
a la altura de los tiempos”.
• Que la Universidad de Cartagena,
en noviembre de 2006, presentó
acción de cumplimiento al
considerar que Ecopetrol S.A. no
cumplió con el pago de la
estampilla, específicamente por las
exportaciones de petróleo desde el
puerto de Cartagena desde el año
1997. La demanda fue conocida en
primera instancia por el Juzgado
Trece Administrativo de Cartagena,
que, mediante sentencia del 26 de
enero de 2007, negó las
pretensiones y declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva
de Ecopetrol S.A. El 12 de marzo
de 2007, el Tribunal Administrativo
de Bolívar revocó el fallo y ordenó a
Ecopetrol S.A. remitir los dineros
• Que la Ley 334 de 1996 recaudados o que debió recaudar a
autorizó la emisión de la la Universidad de Cartagena,
estampilla “Universidad de delegando a la Contraloría General
Cartagena siempre a la altura de la República la determinación del
de los tiempos. monto adeudado.
• Que la Asamblea - El 31 de agosto de 2007, la
Departamental de Bolívar Contraloría rindió un informe en el
mediante la ordenanza 12 de que concluyó que Ecopetrol no
Hechos y argumentos abril 29 de 2006 reglamentó la había incumplido sus obligaciones.
alegados Ley 334 de 1996. No obstante, la Universidad de
• Que Ecopetrol, previa solicitud, Cartagena solicitó que se
se negó a cumplir el deber legal conminara al órgano de control
de cancelar el impuesto de la fiscal para liquidar la suma
estampilla. adeudada, petición que fue negada
• Que Ecopetrol reconoció que el 18 de septiembre de 2007.
realiza operaciones en el puerto - Posteriormente, la universidad
de Cartagena; por lo tanto, es solicitó la nulidad de lo actuado
sujeto pasivo de la estampilla. desde esa fecha. El 5 de
septiembre de 2008, el Tribunal
Administrativo de Bolívar decretó la
nulidad de todo lo actuado después
de la ejecutoria de la sentencia del
12 de marzo de 2007. Ecopetrol
solicitó la nulidad de este auto,
argumentando que el Tribunal no
tenía competencia para expedirlo,
pero su petición fue rechazada el 23
de octubre de 2008.
• En cumplimiento de lo ordenado, el
juzgado ofició nuevamente a la
Contraloría para liquidar el monto
del incumplimiento, ordenándose el
pago de $26.402.634.272, suma
que Ecopetrol canceló el 3 de
marzo de 2009. Adicionalmente, el
9 de abril de 2010, se realizó otro
pago por $22.865.515.597, por
concepto de monto valor constante.
Ecopetrol interpuso demandas de
tutela para cuestionar la sentencia
del 12 de marzo de 2007 y los autos

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Demanda de nulidad y
Aspecto Acción de cumplimiento
restablecimiento del derecho
del 5 de septiembre y del 23 de
octubre de 2008, alegando la
vulneración de su derecho al debido
proceso y acceso a la
administración de justicia, pero
estas fueron negadas. Asimismo, la
Universidad de Cartagena presentó
una tutela contra las decisiones de
la acción de cumplimiento, en
relación con la liquidación de los
montos a pagar por Ecopetrol, la
cual también fue rechazada.
• El 26 de julio de 2012, Ecopetrol
solicitó a la Universidad la
devolución de pagos en exceso o
indebidos por la estampilla, pero la
petición fue negada el 20 de
septiembre de 2012. Ante esta
decisión, Ecopetrol interpuso
recurso de reposición y apelación,
resueltos mediante la Resolución
n.º 00461 del 21 de febrero de
2013, confirmando la negativa de la
devolución.
Declarar la nulidad de los actos
administrativos emitidos por la
Universidad de Cartagena que
negaron la devolución del pago en
exceso. Como consecuencia, se
reconozca la procedencia de la
devolución de $49.268.149.867 más
los intereses corrientes y moratorios,
así como de las actualizaciones a que
haya lugar, correspondientes a las
Ordenar a Ecopetrol el sumas pagadas en exceso y/o
cumplimiento de la Ley 334 de indebidamente por Ecopetrol S.A. por
1996 y la Ordenanza 012 de concepto de la estampilla
1997, y, en consecuencia, el pago “Universidad de Cartagena Siempre a
de los impuestos que por la Altura de los Tiempos”.
Pretensiones concepto de las operaciones
realizadas en el Departamento de La anterior suma solicitada en
Bolívar dejó de cancelar desde el devolución se compone de un valor
año 1997 hasta cuando se de $26.402.634.271,86
materialice el cumplimiento de la correspondiente a un pago realizado
ley. por Ecopetrol S.A. el 3 de marzo de
2009, más un valor de
$22.865.515.596,73 correspondiente
a un pago realizado por Ecopetrol
S.A. el 9 de abril de 2010, pagos que
se acreditan con las copias
correspondientes de los depósitos,
adicionado al hecho de que las sumas
discutidas no fueron siquiera objeto
de reparo por parte de la entidad
demandada.
Según la Universidad de Ecopetrol señaló que19: (i) acudió al
Cartagena, Ecopetrol tiene el procedimiento administrativo
deber legal y reglamentario de adecuado para solicitar la devolución
efectuar el pago correspondiente del pago de lo no debido o
a la estampilla, conforme a lo improcedente, pero la universidad no
Fundamentos de las
dispuesto en la Ley 334 de 1996 y le dio el trámite correspondiente, de
partes
la Ordenanza 012 de 1997. En su conformidad con los artículos 850,
criterio, la empresa se sustrajo de 854, 855, 863 y 864 del Estatuto
dicho pago por las operaciones Tributario, 235 de la Ley 223 de 1995,
realizadas en el territorio del 59 de la Ley 788 de 2002 y 5 de la
Departamento de Bolívar, Ley 1066 de 2006; (ii) no existe causal

19
Escrito de demanda, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pp. 10 a 39.

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Demandante: Ecopetrol S.A.

Demanda de nulidad y
Aspecto Acción de cumplimiento
restablecimiento del derecho
ignorando que la ley incluye como para el rechazo de la solicitud de
hecho generador del gravamen devolución; (iii) el rechazo de la
las exportaciones realizadas por devolución se fundamentó en la Ley
entidades del orden nacional que 1495 de 2011 y la Ordenanza 26 de
operen en dicho departamento. 2012, normas proferidas con
En ese sentido, y tal como lo posterioridad a los pagos realizados
reconoció Ecopetrol, al realizar en los años 2009 y 2010; (iv) no le
operaciones en el puerto de correspondía pagar la estampilla, ya
Cartagena, esta se constituye que la Ley 334 de 1994 no autorizó el
como sujeto pasivo de la cobro de sumas adicionales por
estampilla. concepto de valores constantes, ya
Por su parte, Ecopetrol argumentó que esta solo fue introducida por la
lo siguiente: (i) la acción de Ley 1495 de 2011; (v) de conformidad
cumplimiento era improcedente, con la jurisprudencia del Consejo de
ya que estaba dirigida contra Estado, es procedente la devolución
Ecopetrol y no contra la autoridad del pago de lo no debido respecto de
encargada de hacer cumplir la ley; tributos que se hubiesen
(ii) no era sujeto pasivo del tributo; fundamentado en normas ilegales,
(iii) Ecopetrol se encuentra exenta inconstitucionales o ante la
de impuestos relacionados con la inexistencia de norma alguna que
exploración y explotación de sustente el cobro20; (vi) existe expresa
petróleo y sus derivados; (iv) la prohibición legal de gravar con
estampilla no puede ser sustituida impuestos territoriales y nacionales
por otro sistema, medio o método las exportaciones de petróleo y sus
de recaudo, ya que únicamente derivados21; (vii) las entidades de
gravan los actos en los que carácter nacional no son sujetos
intervienen funcionarios pasivos o agentes de retención de
departamentales, distritales o estampillas territoriales22; (viii) las
municipales, lo que no ocurre en exportaciones de petróleo y sus
el caso de Ecopetrol, ya que no derivados no son un hecho generador
interviene ningún funcionario; y (v) del tributo23; (ix) el cobro se realizó
la obligación que se pretende con abierto desconocimiento de las
hacer cumplir carece de claridad y normas legales que establecen el
precisión, lo cual vulnera el procedimiento para la determinación y
principio de legalidad tributaria. cobro de obligaciones de carácter
tributario, y (x) pagó la estampilla por
las exportaciones realizadas en los
años 1997 a 2004, pese a que la
reglamentación de aquello solo se dio
en el año 2000, luego de que el
gobernador de Bolívar expidió el
Decreto 725 de 2000.
Por su parte, la Universidad de
Cartagena argumentó lo siguiente: (i)
inexistencia del derecho reclamado,
pues la obligación era de carácter
legal, reglamentaria y judicial; por lo
tanto, no existía pago de lo no debido,
ni desconocimiento de las
disposiciones del Estatuto Tributario;
(ii) configuración del fenómeno de la
cosa juzgada, ya que la discusión era
idéntica a la relacionada con la

20
Hizo referencia a los siguientes radicados: 1672 de 23 de agosto de 2005 (concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil) y 11604 de 12 de noviembre 2004 (sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado). Al igual que lo indicó
respecto de la petición de devolución ante la Universidad de Cartagena, hizo referencia al siguiente apartado del concepto
1672 del 23 de agosto de 2005 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para justificar la solicitud:
“cuando se realizó la inscripción del documento y se canceló el impuesto, existía la obligación tributaria y estaba revestida
de legalidad, dados los efectos ex tunc de la sentencia que declaró la nulidad de la disposición que establecía el impuesto
de registro para esta clase de actos, se desvirtuó la presunción de legalidad y el pago se convirtió en un pago de lo no
debido que debe ser reintegrado siempre y cuando la situación no se haya consolidado”.
21
Para estos efectos, indicó que el acto administrativo demandado desconoció lo dispuesto por los artículos 16 del Decreto
Legislativo 1056 de 1953 y 27 de la Ley 141 de 1994.
22
Según precisó, el artículo 5 de la Ley 334 de 1996 dispone que los funcionarios departamentales, distritales y municipales
que intervengan en los actos gravados son los encargados de adherir o anular la estampilla, excluyendo de dicho deber
de recaudo y cobro a las entidades del orden nacional.
23
Señaló que la Ley 334 de 1996 autorizó únicamente como hecho generador del tributo la realización de actividades y
operaciones, sin incluir las exportaciones.

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Radicado: 13001-23-33-000-2013-90027-02 (26146)
Demandante: Ecopetrol S.A.

Demanda de nulidad y
Aspecto Acción de cumplimiento
restablecimiento del derecho
existencia de la obligación de pago,
que se definió mediante la sentencia
del 12 de marzo de 2007 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el
proceso de cumplimiento que inició la
universidad; (iii) inexistencia de saldo
alguno a favor de Ecopetrol, ya que
no existen suman de dinero pagadas
de más o erogadas sin fundamento
legal pagadas por esta a su favor; (iv)
existencia de una obligación legal a
cargo de Ecopetrol de transferir lo
retenido a los usuarios por concepto
de la estampilla; (v) vigencia y
aplicabilidad de las normas que
sustentaban las sumas pagadas por
Ecopetrol; (vi) no configuración del
pago de lo no debido, ya que existe
ley, reglamento y sentencia judicial
que contiene una obligación de
cumplimiento a cargo de Ecopetrol;
(vii) existencia de cosa juzgada
constitucional de conformidad con las
sentencias de tutela promovidas por
Ecopetrol y la universidad; (viii)
existencia del hecho generador que
dio lugar al pago y (ix) indebida
escogencia de la acción, así como
falta de legitimación por pasiva, ya
que la acción para la recuperación de
dichos dineros fue producto de una
orden judicial, por tanto, “la acción
debía ser contra la Nación, la Rama
Judicial y el Ministerio de Justicia y no
contra la Universidad que recibió de
buena fe dichas sumas por el fallo
judicial en comento”.

152. El anterior contraste evidencia que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
comparte con la acción de cumplimiento: (i) identidad de partes, por cuanto, en ambos
procesos, las partes involucradas son las mismas: Universidad de Cartagena, como
demandante en la acción de cumplimiento y demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y Ecopetrol S.A., quien intervino como contrapate (sic) en cada
caso. No se evidencia la intervención de ningún otro sujeto procesal. (ii) Identidad de objeto,
dado que ambos procesos están relacionados con el cumplimiento y la obligación de pago del
impuesto de la estampilla “Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos”
establecida en la Ley 334 de 1996. Por un lado, la universidad exige el cumplimiento de dicha
obligación, considerando a Ecopetrol sujeto pasivo del tributo. Por otro lado, Ecopetrol busca
recuperar las sumas pagadas, al aducir que no es sujeto pasivo, que goza de exenciones
tributarias relacionadas con la exploración y explotación de petróleo, y alega la inexistencia de
norma alguna que sustente el cobro. (iii) Identidad de causa, pues, ambos procesos se
fundamentan en los mismos hechos y argumentos, que abarcan las actuaciones desde la
expedición de la Ley 334 de 1996 y la Ordenanza 012 de 1997, pasando por la acción de
cumplimiento, hasta las decisiones judiciales que le ordenaron a Ecopetrol realizar los pagos
que reclama como indebidos. Las pretensiones de ambos procesos, por tano (sic), están
intrínsecamente ligadas a las decisiones adoptadas en el marco de la acción de cumplimiento
y al cumplimiento del fallo que ordenó el pago.
153. Ahora bien, aunque en la decisión cuestionada se destacó la diferencia en la pretensión
formal de ambos procesos, en razón de la naturaleza de las acciones involucradas –acción de
cumplimiento y demanda de nulidad y restablecimiento del derecho–, para la Sala sí existe
una identidad material en cuanto a las partes, el objeto y la causa. Esta coincidencia permite
concluir que los argumentos presentados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado no son
suficientes para descartar la configuración de la cosa juzgada.

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Demandante: Ecopetrol S.A.

154. Además de que el incumplimiento de la ley se estableció mediante sentencia y la
determinación de la obligación mediante las providencias posteriores, el pago efectuado por
Ecopetrol obedeció a la obligatoriedad del cumplimiento del fallo, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 25 de la Ley 393 de 1997, que otorga facultades específicas al juez que profirió la
decisión para garantizar su ejecución24. Bajo esta premisa, Ecopetrol no solo realizó el pago
en cumplimiento de un mandato judicial ejecutoriado, sino que lo hizo dentro de un esquema
normativo que le impedía abstenerse de cumplir la orden impuesta, lo que refuerza la
obligatoriedad del pago y descarta cualquier posibilidad de que este pueda ser catalogado
como un pago indebido. Es más, las sumas pagadas por Ecopetrol no fueron liquidadas por
la universidad mediante acto administrativo sino por el juez de conocimiento mediante
providencia judicial. 155. Por lo tanto, la argumentación de Ecopetrol sobre la improcedencia del pago no es
adecuada, ya que el desembolso de los valores correspondientes no obedeció a una
liquidación realizada por la universidad mediante acto administrativo fundado en norma
inconstitucional, ilegal o inexistente, sino a una orden judicial de obligatorio acatamiento en la
que se fijaron exactamente los valores a pagar, cuya ejecución no podía ser incumplida sin
incurrir en desacato o vulnerar el principio de autoridad de los fallos judiciales y, por tanto,
entrar en tensión con los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y confianza legítima. 156. En esos términos, la acción de cumplimiento y las decisiones judiciales adoptadas dentro
de dicho proceso constituyeron la base material de las obligaciones impuestas a Ecopetrol. En este sentido, la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no
solo busca cuestionar actos administrativos -que no establecieron la existencia de la obligación
ni su cuantía-, sino que indirectamente intenta reabrir un litigio ya resuelto -en el que sí se
establecio (sic) la existencia de la obligación y su cuantía-, lo que resulta incompatible con los
principios de seguridad jurídica, economía procesal y el carácter vinculante de las decisiones
judiciales. 157. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la providencia cuestionada
presenta un defecto sustantivo, dado que la Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó
que no se configuraba la cosa juzgada respecto de la obligación de Ecopetrol de pagar las
sumas que pagó a la universidad por concepto de la estampilla “Universidad de Cartagena
siempre a la altura de los tiempos”. Esta conclusión se basó en un análisis restrictivo de la
cosa juzgada, al limitarse a examinar exclusivamente la finalidad del medio de control ejercido
sin realizar una evaluación integral de los elementos fundamentales de la controversia. En
particular, la providencia omitió un análisis exhaustivo y material sobre la identidad de objeto,
ya que se enfocó en las diferencias formales entre la acción de cumplimiento y la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin advertir que ambas acciones compartían una base
normativa y fáctica común. Asimismo, omitió la identidad de partes, dado que los sujetos
procesales involucrados en ambos procesos fueron los mismos: Universidad de Cartagena y
Ecopetrol S.A. Adicionalmente, la identidad de causa tampoco fue valorada de manera
adecuada, pues la providencia desconoció que en ambas acciones se controvirtieron las
mismas normas y hechos, específicamente la Ley 334 de 1996, la Ordenanza 012 de 1997, y
las decisiones judiciales adoptadas en el marco de la acción de cumplimiento. En
consecuencia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no constituía un
mecanismo idóneo para cuestionar lo ya resuelto de manera definitiva por la jurisdicción
contenciosa administrativa al decidir la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, al no realizar un
análisis integral de los elementos de la cosa juzgada, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
incurrió en una afectación grave del debido proceso, ya que desestimó el carácter definitivo
de las decisiones judiciales previas que determinaron y liquidaron el valor de la obligación a
cargo de Ecopetrol y permitió que se reabriera una controversia que se encontraba decidida,
lo que resulta contrario a la garantía de estabilidad y coherencia en el sistema jurídico.

De acuerdo con los fundamentos expuestos, que son los argumentos que tuvo en
consideración la sentencia de tutela en cuestión, la Sección revocará la decisión de
primera instancia que accedió a la nulidad de los actos y, en su lugar, se declarará
probada la excepción de cosa juzgada.

24
En este sentido, la Sentencia T-082 de 2010 de la Corte enfatizó que las decisiones adoptadas en el marco de una acción
de cumplimiento tienen carácter obligatorio y deben ser ejecutadas de manera estricta por las entidades o personas
involucradas.

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Costas

En aplicación del numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso
aplicable por remisión del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, se condena a la
demandante en costas. De conformidad con el acuerdo PCSJA-12355 del 28 de
noviembre de 2025 se fijan las agencias en derecho en un (1) SMLMV por cada una
de las instancias y se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de
liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código
General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. En cumplimiento de la orden proferida por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-499 de 2024, REVOCAR la sentencia del 11 de mayo de 2023,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar se dispone:

2. DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada.

3. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Con aclaración de voto
Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad pueden comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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