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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04842-00

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04842-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud vinculación del sindicato Sintraunicol Subdirectiva Cartagena. SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentadas por Daniel Herrera Blanco y TENER al sindicato de trabajadores oficiales de la Universidad de Cartagena (Sintraunicartagena) en la misma calidad. TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por la Universidad de Cartagena por no superar el requisito general de relevancia constitucional. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-04842-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de noviembre de 2023

Demandante: Universidad de Cartagena
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04842-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04842-00
Demandante: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente – relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la
Universidad de Cartagena contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La Universidad de Cartagena, actuando por intermedio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado. La
peticionaria consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a «la
confianza legítima, a la seguridad jurídica», a la defensa y a la igualdad.

2. Desde el punto de vista de la institución educativa, la trasgresión de las
citadas garantías constitucionales encontró sustento en la providencia proferida por
la autoridad judicial accionada, el 11 de mayo de 2023 que confirmó la decisión de
primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Bolívar dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por Ecopetrol en
su contra1.

1.2. Pretensiones

3. La universidad accionante solicitó:

1 Proceso ordinario Rad. No. 13001-23-33-000-2013-90027-01/02.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Universidad de Cartagena
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04842-00

PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, confianza legitima, seguridad jurídica de la
Universidad de Cartagena, los cuales fueron vulnerados por la sentencia del 11
de mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por
Ecopetrol S.A. contra la Universidad de Cartagena.

SEGUNDA: Dejar sin efectos integralmente la sentencia del 11 de mayo de 2023
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 13001-23-33-000-2013-90027-
02, y en su lugar SE ORDENE que, con el propósito de no hacer ilusorios y
prolongar en el tiempo la vulneración de los derechos fundamentales de la
Universidad de Cartagena, como tampoco afectar la estabilidad educativa y demás
servicios misionales de este importante ente universitario del Caribe Colombiano,
así como lo ha realizado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, SE
PROFIERA SENTENCIA DE REEMPLAZO declarando que la sentencia del 12 de
marzo de 2007 y los autos que materializaron las ordenes de pago del 25 de
febrero, 2 de septiembre, 5 de noviembre de 2009 y 24 de marzo de 2010
proferidos por el Juez 13 Administrativo del Circuito de Cartagena, al encontrarse
ejecutoriadas, por lo que las reemisiones y pagos que realizó Ecopetrol S.A., con
destino a la Universidad de Cartagena, se dieron en el marco de órdenes judiciales
debidamente ejecutoriadas, respecto de las cuales, el Consejo de Estado y la
honorable Corte Constitucional ya habían declarado que se encontraban conforme
a derecho.

PRIMERA SUBSIDIARIA: Dejar sin efectos integralmente la sentencia del 11
de mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…) y en
consecuencia, ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado anular
todo el trámite de la segunda instancia desarrollado en el citado proceso, hasta
tanto sea remitido a esa corporación judicial, la integralidad del expediente judicial
que existe en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Dejar sin efectos integralmente la sentencia de 11
de mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…) y en
consecuencia:

1) ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado anular todo el
trámite de segunda instancia desarrollado en el citado proceso, hasta tanto sea
remitido a esa corporación judicial, la integralidad del expediente judicial que existe
en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

2) Se ordene a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que una vez
superados los yerros que dieron lugar a esta acción de tutela al momento de
proferir sentencia de segunda instancia, respete la fuerza ejecutoria y
vinculante, así como la cosa juzgada ordinaria y constitucional de los autos
de fecha 25 de febrero, 2 de septiembre, 5 de noviembre de 2009 y 24 de marzo
de 2010 dicados por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cartagena y
la sentencia de 12 de marzo y 18 de abril de 2007 en los cuales se ordenó a
Ecopetrol S.A., la remisión del tributo recaudado o que debió recaudar a la
Universidad de Cartagena en el periodo consolidado y pagado, así como el
respeto a lo decidido y debidamente ejecutoriado en la sentencia del 22 de
marzo de 2013 proferida en sede de tutela por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado la cual declaró el pago realizado por Ecopetrol S.A., en virtud de la
sentencia del 12 de marzo de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar tiene como título una providencia debidamente ejecutoriada que constituye
cosa juzgada.

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3) Se ordene que existió cosa juzgada respecto a la pretensión tercera de la
acción de cumplimiento y la pretensión tercera o segunda inciso final del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en los que existió identidad de
objeto y causa.

TERCERA: En el evento de que se estime que existe otro recurso o acción para
atacar la decisión proferida, rogamos se acceda a las pretensiones como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable para la Universidad de
Cartagena, ordenando suspender los efectos de la sentencia 11 de mayo de 2023
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 13001-23-33-000-2013-90027-02.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

1.3.1. Sobre la acción de cumplimiento adelantada por la Universidad de
Cartagena2

4. El Congreso de la República profirió la Ley 334 de 1996 por medio de la cual
se autorizó y creó el cobro de la estampilla denominada «Universidad de Cartagena
siempre a la altura de los tiempos».

5. El 21 de noviembre de 2006, la Universidad de Cartagena presentó demanda
en ejercicio de la acción de cumplimiento en contra de Ecopetrol S.A., por cuanto
no había cumplido con el mandato de la ley en comento, pues no había realizado el
pago de la estampilla por las exportaciones de petróleo desde el Puerto de
Cartagena a partir del año 1997.

6. El asunto lo conoció en primera instancia, el Juzgado 13 Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena que, mediante sentencia del 26 de enero de 2007,
negó las pretensiones de la acción de cumplimiento y declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva de Ecopetrol S.A.

7. En segunda instancia, la acción de cumplimiento la conoció el Tribunal
Administrativo de Bolívar que en sentencia del 12 de marzo de 2007 revocó el fallo
del juzgado. En su lugar, ordenó a Ecopetrol S.A., que cancelara los dineros que la
Universidad de Cartagena debió recaudar con este tributo; y a la Contraloría
General de la República que determinara el monto adeudado.

8. Luego de determinado el monto por parte de la autoridad fiscal, los días 3 de
marzo de 2009 y 9 de abril de 2010 Ecopetrol S.A. canceló en su orden, las sumas
de $26.402.271,86 y $22.865.515.597.

9. Contra las decisiones proferidas en la acción de cumplimiento, tanto la parte
demandante como demandada interpusieron acciones de tutela, las cuales fueron
negadas.

2 Rad. No.13001-33-31-013-2006-00038-03.

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1.3.2. Sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento adelantado por
Ecopetrol S.A. en contra de la Universidad de Cartagena3

10. El 26 de julio de 2012, Ecopetrol S.A., le solicitó a la Universidad de
Cartagena la devolución de los pagos excesivos o indebidos que se hicieron por la
estampilla denominada «Universidad de Cartagena siempre a la altura de los
tiempos». Esta petición fue negada mediante oficio del 20 de septiembre de 2012
ante el cual se presentó recurso de reposición y en subsidio apelación que fue
resuelto el 21 de febrero de 2013 mediante la Resolución No. 00461 que confirmó
la negativa de la devolución.

11. Por los hechos antes mencionados, Ecopetrol S.A., presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que se anularan los actos
administrativos antes citados. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la
devolución de lo cancelado por concepto de estampillas denominadas «Universidad
de Cartagena siempre a la altura de los tiempos».

12. Del proceso conoció el Tribunal Administrativo de Bolívar. Esa autoridad
judicial, a través de sentencia dictada el 29 de mayo de 2020, accedió a las
pretensiones de la demanda. En ese orden, declaró la nulidad de los actos
demandados y a título de restablecimiento del derecho, ordenó la devolución a
Ecopetrol S.A., de los pagos que efectuó el 3 de marzo de 2009 y 9 de abril de 2010
por valor en su orden, de $26.402.271,86 y $22.865.515.597, a favor de la
Universidad de Cartagena por concepto de estampillas.

13. Como fundamento de su decisión, expresó que la explotación de petróleo no
estaba comprendida como hecho generador de la estampilla ya que esta actividad
hace parte de las actividades económicas que realiza Ecopetrol S.A., relacionadas
con la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y
comercialización del recurso natural no renovable, por lo que se encontraba inmersa
dentro de la prohibición del artículo 16 del Decreto 1056 de 19534.

3 Rad. No. 13001-23-33-000-2013-90027-01/02.
4 Por el cual se expide el Código de Petróleos.

ARTÍCULO 16. La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados
y su transporte, las maquinarias y demás elementos que se necesitaren para su beneficio y para la
construcción y conservación de refinerías y oleoductos, quedan exentos de toda clase de impuestos
departamentales y municipales, directos o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial.
El petróleo crudo y sus derivados obtenidos de las explotaciones establecidas de acuerdo con las
Leyes 37 de 1931, 160 de 1936 y del presente Código, quedan exentos de todo impuesto de
exportación durante los primeros treinta años de la respectiva explotación El petróleo crudo
colombiano quedará también exento, durante el mismo plazo de los primeros treinta (30) años de
cada explotación, de cualquier impuesto de carácter especial que grave ese producto
exclusivamente.
Las exportaciones de petróleo no requerirán permiso escrito de la Oficina de Registro de Cambios,
ni será obligatorio reintegrar al país la moneda extranjera proveniente de tales exportaciones; pero
el Gobierno podrá exigir, cuando así lo aconsejare la situación de la balanza de pagos, que se
reintegre al país hasta la cuarta parte del producto de dichas exportaciones, reintegro que no tendrá
gravamen alguno, siendo entendido que el reembolso al Exterior de las sumas así reintegradas se
autorizará por la Oficina de Registro de Cambios, exento del pago de todo impuesto, de acuerdo con
lo establecido en este artículo.

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14. Por otro lado, indicó que de la lectura de la Ley 334 de 1996 no se
evidenciaba que se definiera que la exportación de petróleo era un hecho generador
de estampilla, en tanto que solo se estableció un marco general de lo que sería el
objetivo imponible, esto es, «las actividades y operaciones que se deben realizar en
el Departamento de Bolívar», definición de la cual no se desprende la actividad
petrolera como gravada. De igual manera, resaltó que el artículo 5 de la norma
ibídem señalaba que la estampilla solo se gravaba si en el acto interviene un
funcionario departamental, municipal o distrital, sin embargo, Ecopetrol S.A., no
tiene tal calidad.

15. El operador judicial de primer grado aclaró que a pesar de que la sociedad
accionante cumplió con la obligación tributaria a raíz del fallo de cumplimiento
emitido por ese mismo Tribunal, esto no era óbice para analizar la legalidad del
tributo, ya que esa no era la oportunidad para determinar si la actividad desarrollada
por la actora comprendía el hecho generador del impuesto.

16. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que par los años
por los que se realizaron los pagos (1997 a 2004) no se le podía exigir a la
demandante que transfiriera un porcentaje de las operaciones de exportación, pues
no tenía fundamento jurídico, configurándose así un pago de una obligación que no
le correspondía.

17. En consecuencia, la autoridad judicial de primera instancia declaró la nulidad
de los actos y ordenó la devolución de los 2 pagos realizados por la actora por
concepto de las estampillas denominadas «Universidad de Cartagena siempre a la
altura de los tiempos».

18. En contra de la anterior decisión, la Universidad de Cartagena y Ecopetrol
interpusieron recurso de apelación5. La alzada fue decidida por la Sección Cuarta
de esta Corporación. Esta judicatura, en sentencia del 11 de mayo de 2023,
confirmó el fallo de primer grado. Lo anterior por los siguientes motivos:

19. En primer lugar, la Sección Cuarta de esta Corporación resaltó que no se
encontraba configurado el fenómeno de la cosa juzgada respecto del cobro de las
estampillas debido a que en la acción de cumplimiento se ordenó a Ecopetrol S.A.,
el pago de aquellas.

20. Así, indicó que de conformidad con lo probado en el expediente era posible
concluir que no existía identidad de objeto, toda vez que el proceso relacionado con
la acción de cumplimiento tenía como fin el acatamiento de lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico frente a las estampillas. Entre tanto, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, la pretensión es la nulidad de los actos que negaron
la solicitud de devolución de las sumas pagadas indebidamente por concepto de
estampillas. Por esto no había lugar a configurarse el fenómeno de la cosa juzgada.

5 El accionante en la alzada indicó entre otras cosas, que la acción de cumplimiento prosperó e hizo

transito a cosa juzgada, por lo que no podía revivirse la discusión ni acudir a un procedimiento atípico
ya que la única acción a la que podía acudir la actora correspondía a la reparación directa.

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21. En segundo lugar, la autoridad judicial accionada indicó que de acuerdo con
el artículo 5 de la Ley 334 de 1996, para la procedencia del cobro de la estampilla
en cuestión era necesaria la intervención del funcionario departamental, distrital o
municipal en los actos, documentos y contratos para que se configure el hecho
generador.

22. Así, indicó que la exportación de petróleo y sus derivados no podían ser
gravados con la estampilla, porque dada la naturaleza de la entidad y de la
operación, no intervienen funcionarios departamentales o municipales, como lo
exige la Ley, presupuesto necesario para que se configure el hecho generador del
tributo.

23. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que era procedente
confirmar la decisión de primera instancia, mediante la cual se accedieron las
pretensiones de la demanda.

1.4. Fundamentos de la vulneración

24. El accionante alegó que la Sección Cuarta de esta Corporación vulneró sus
derechos fundamentales por los siguientes argumentos:

25. En primer lugar, señaló que incurrió en el defecto fáctico debido a la falta de
valoración del material probatorio proveniente de la omisión de la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Bolívar de remitir el expediente que contiene la acción de
cumplimiento que fue decretada como prueba en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo que ocasionó que la Sección Cuarta no contara con
los medios de convicción suficientes para declarar el fenómeno de cosa juzgada
respecto de dicha acción constitucional.

26. Al respecto, la institución educativa indicó que la autoridad judicial accionada
no contó con la oportunidad de valorar los siguientes elementos de convicción:

• Las providencias proferidas en el marco del incidente de cumplimiento adelantado
con posterioridad de la sentencia del 12 de marzo de 2007 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en el curso de la acción constitucional en las cuales se
liquidó y ordenó el pago del tributo aludido por los valores antes mencionado por
parte de Ecopetrol S.A.

• Las providencias proferidas por la Corte Constitucional y esta Corporación en sede
de tutela –sin mencionar cuáles– que avalaron el pago de las estampillas por parte
de Ecopetrol S.A., dispuesto en la sentencia del 12 de marzo de 2007 proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar.

• La sentencia del 12 de marzo de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar en la que se pronunció sobre la procedencia o no de la acción de
cumplimiento para definir el pago del tributo, la intervención de funcionarios del

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orden departamental, distrital o municipal en el hecho generador y la liquidación del
tributo a valor constante.

• El informe rendido por parte de Ecopetrol S.A. en la acción de cumplimiento en el
que hizo alusión a los fundamentos jurídicos y fácticos relacionados con la
pretensión del restablecimiento del derecho.

27. Por lo anterior, para la Universidad de Cartagena, la Sección Cuarta de esta
corporación en la sentencia del 11 de mayo de 2023 incurrió en un defecto fáctico
por cuanto no valoró la totalidad de la prueba trasladada, esto es, del expediente de
la acción de cumplimiento, a partir del cual era posible inferir que se encontraba
configurado el fenómeno de la cosa juzgada.

28. En ese orden de ideas, la institución accionante consideró que la autoridad
judicial accionada desconoció la fuerza vinculante e inmodificable de las decisiones
judiciales proferidas en el trámite de la acción de cumplimiento, como quiera que
ordenó la devolución de lo pagado por Ecopetrol S.A., en virtud de una orden judicial
emitida en un proceso anterior, so pretexto de una nueva discusión judicial en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

29. En segundo lugar, el accionante consideró que el Tribunal Administrativo de
Bolívar indujo en error a la Sección Cuarta de esta Corporación, al no remitir
completo el expediente contentivo de la acción de cumplimiento en el que obran los
medios de convicción antes mencionados.

1.5. Trámite de la acción de tutela

30. En auto del 8 de septiembre de 2023, el magistrado ponente de la decisión
admitió la acción de tutela y dispuso la notificación de la Sección Cuarta de esta
corporación y de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

31. Además, ordenó la vinculación como terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Bolívar, a Ecopetrol S.A. y a los sindicatos Sintraunal y
Sintraunicartagena, así como al representante de los estudiantes Daniel Hernando
Herrera Blanco.

32. Por otro lado, ordenó a la Universidad de Cartagena que realizara una
publicación en su página web o en el medio que considere apropiado, informando
sobre la existencia de esta acción de tutela.

1.6. Informes

33. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

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1.6.1. Sección Cuarta del Consejo de Estado

34. La magistrada ponente de la decisión de segundo grado rindió informe en el
que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por los siguientes
motivos:

35. En primer lugar, destacó que, si bien no reposaban las pruebas señaladas
por el tutelante, lo cierto es que la sala sí tuvo conocimiento de aquellas, por cuanto
advirtió su existencia en la decisión judicial reprochada y fueron objeto de valoración
al momento de proferir la sentencia del 11 de mayo de 2023, razón por la que no se
presenta ningún defecto fáctico, pese a que el expediente de la acción de
cumplimiento no fue remitido en su totalidad como parte del expediente digitalizado.

36. Además, puso de presente que la demandada dentro del trámite de la
segunda instancia no advirtió irregularidades en relación con el contenido del
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

37. En segundo lugar, la autoridad judicial accionada advirtió que los argumentos
presentados por la institución educativa tutelante fueron presentados por aquella en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto en la oposición como en
el recurso de apelación, lo cual llevó a que en la sentencia reprochada se estudiara
si en el caso concreto se había configurado la excepción de cosa juzgada para lo
cual realizó un estudio sobre los procedimientos de determinación de los tributos y
de la devolución de los pagos no debidos o pagados en exceso y las características
propias de la acción de cumplimiento. Por esto, consideró que no se encontraba
superado el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional.

1.6.2. Ecopetrol S.A.

38. El tercero con interés rindió informe en el que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, por los siguientes argumentos.

39. En primer lugar, señaló que el asunto no goza de relevancia constitucional
en tanto que se evidencia que el eje central de los reparos del tutelante, son
idénticos a los planteados en la jurisdicción contenciosa administrativa, buscando
con ello un nuevo debate alrededor de la configuración o no de la cosa juzgada.

40. Además, consideró que se está ante una discusión tributaria, de pleno
derecho y cuyo objetivo es totalmente económico, esto es, la devolución del pago
de las estampillas canceladas por Ecopetrol S.A., y que la Sección Cuarta de esta
Corporación consideró procedente su reembolso al encontrar que no era sujeto
pasivo del tributo en mención.

41. En segundo lugar, mencionó que no se encuentra superado el requisito
general de procedibilidad de subsidiariedad, dado que la Universidad de Cartagena
cuenta con el recurso extraordinario de revisión por la causal prevista en el numeral

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8 del artículo 250 del CPACA6, esto es, ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.

42. Además, en sentir de Ecopetrol S.A., no se encuentra acreditado un perjuicio
irremediable, pues la sociedad nunca ha pretendido afectar a la institución educativa
accionante, simplemente se trata de procurar el cumplimiento de un derecho
derivado de una orden judicial.

43. En otras palabras, a su juicio el pago de una condena judicial no configura
per se un perjuicio irremediable y menos aún en este caso, en el que el rector de la
universidad envió una propuesta conciliatoria a efectos de dar cumplimiento a la
orden judicial.

44. En tercer lugar, Ecopetrol S.A. señaló que no se incurrió en un defecto fáctico
por cuanto en el cuaderno principal enviado al Consejo de Estado reposaban las
piezas procesales principales de la acción de cumplimiento. Además, la autoridad
judicial accionada conoció y valoró aquellas para tomar su decisión.

1.6.3. Daniel Herrera Blanco y el sindicato de trabajadores oficiales de la
Universidad de Cartagena (Sintraunicartagena)

45. Los terceros con interés rindieron informe en el que indicaron que coadyuvan
las pretensiones de la acción de tutela debido al perjuicio irremediable que se puede
causar a los estudiantes de la Universidad de Cartagena con el cumplimiento de la
orden judicial, debido a que se afectan los gastos de funcionamiento de la institución
educativa pues lo adeudado al día de hoy a Ecopetrol S.A., asciende a la suma de
$200.000.000.oo teniendo en cuenta los intereses.

1.6.4. Sindicato mixto de trabajadores de las Universidades Públicas
nacionales (Sintraunal)

46. El sindicato vinculado rindió informe en el que solicitó que se deje sin efectos
la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por la Sección Cuarta de esta
Corporación, para lo cual reiteró los argumentos expuestos por la Universidad de
Cartagena en el escrito inicial.

47. Además de lo anterior, el sindicato indicó que de materializarse lo ordenado
en la citada sentencia, inexorablemente privaría a miles de jóvenes de escasos
recursos, de la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad.

6 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003, son causales de revisión: (…) 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

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1.6.5. Tribunal Administrativo de Bolívar – Secretaría General

48. La secretaría general del Tribunal Administrativo de Bolívar rindió informe en
el que indicó que, con ocasión de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional
y por el Consejo Superior de la Judicatura para contrarrestar y prevenir la
propagación del Covid-19 desde el 22 de marzo de 2020 se privilegió el trabajo en
casa, generando esto que al tiempo de remitir el proceso a esta corporación para
surtir la segunda instancia, los expedientes fueran escaneados, tomando para eso
las piezas y cuadernos que reposaban en los estantes de la Secretaría General del
Tribunal Administrativo de Bolívar.

49. En este contexto, la secretaría general del Tribunal advirtió que cuando tuvo
que remitir el proceso al superior, ya el expediente se encontraba digitalizado debido
a que el día 8 de septiembre de 2020, el rector de la Universidad de Cartagena
solicitó copia magnética de la actuación. Así pues, señaló que las piezas procesales
que a la postre se enviaron al Consejo de Estado corresponden a las escaneadas
para dar respuesta a la antedicha solicitud, junto con las actuaciones que surgieron
con posterioridad.

50. En todo caso, señaló que la no remisión del expediente trasladado pudo
haber ocurrido porque al momento de la digitalización este no se encontraba junto
con las demás piezas que conformaban la actuación contentiva de la acción de
cumplimiento.

51. Finalmente, indicó que la entidad demandada dentro del lapso que duró el
expediente en segunda instancia no advirtió sobre la falencia de las copias
contentivas de la acción de cumplimiento.

1.6.6. Tribunal Administrativo de Bolívar - Despacho 003

52. El despacho ponente de la decisión de primera instancia proferida en el
proceso ordinario rindió informe en el que luego de realizar un recuento de todas las
actuaciones procesales, destacó que los elementos probatorios que obraban en el
plenario resultaron suficientes para resolver uno de los problemas jurídicos, esto es,
el relacionado con la cosa juzgada, a partir de lo cual se llegó a la conclusión que
no existía identidad de objeto entre el medio de control de nulidad y restablecimiento
y la acción de cumplimiento.

53. En ese orden, la autoridad judicial consideró que la discusión sobre la cosa
juzgada quedó zanjada al negarse la excepción previa de cosa juzgada, sin
embargo, la ahora tutelante pretende revivir ese debate en sede de tutela, al
plantear que la sentencia cuestionada desconoce las decisiones adoptadas en el
marco de la acción de cumplimiento. Por esto, en su sentir, el asunto carece de
relevancia constitucional, pues se pretende reabrir un debate jurídico que ha
quedado resuelto en ambas instancias.

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1.6.5. Escrito de oposición de la accionante

54. La institución educativa accionante se opuso a lo manifestado por la
autoridad judicial accionada y reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial.
Adicional a ello, solicitó la vinculación del sindicato Sintraunicol Subdirectiva
Cartagena.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

55. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la Universidad de Cartagena contra la Sección Cuarta de esta Corporación. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Sobre el fundamento de la vulneración de los derechos fundamentales
alegada por la parte accionante

56. De la lectura de la acción de tutela, la sala evidencia que la parte accionante
considera desconocidos sus derechos fundamentales, debido a que la Sección
Cuarta de esta Corporación en la sentencia del 11 de mayo de 2023 incurrió en el
defecto fáctico derivado de la falta de valoración de los medios probatorios
allegados que obraban en el expediente de la acción de cumplimiento adelantada
por la Universidad de Cartagena en contra de Ecopetrol S.A., y que no fueron
allegados en su totalidad por parte de la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Bolívar.

57. Por otro lado, se encuentra que la Universidad de Cartagena reprochó en el
escrito inicial la actuación de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de
Bolívar en tanto que no remitió la totalidad del expediente de la acción de
cumplimiento, lo cual, en su sentir, indujo en error a la Sección Cuarta de esta
Corporación pues no tuvo la oportunidad de conocer la totalidad del material
probatorio para declarar configurada la cosa juzgada en la sentencia del 11 de mayo
de 2023.

58. No obstante, esta sección considera que como el presunto yerro en el que
incurrió la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar al no remitir el
expediente completo correspondiente a la acción de cumplimiento adelantada por
la Universidad de Cartagena en contra de Ecopetrol S.A., se concretó en la
sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por la Sección Cuarta de esta
Corporación, se limitará el estudio de los defectos aludidos por la Universidad
accionante en contra de la providencia aludida.

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2.2.2. Solicitud de vinculación y coadyuvancia

2.2.1. Solicitud de vinculación

59. La parte accionante solicitó la vinculación del sindicato Sintraunicol
Subdirectiva Cartagena como tercero con interés dentro del presente trámite
constitucional. Esta sección negará tal petición por cuanto no evidencia que le asiste
un interés en las resultas de este mecanismo de amparo. Máxime cuando no hizo
parte del proceso ordinario.

60. Adicional a lo anterior, la sala considera pertinente indicar que, en virtud de
la orden dada en el auto admisorio del 8 de septiembre de 2023, la Universidad de
Cartagena el día 12 de septiembre de 2023, publicó en su página web sobre la
existencia de esta acción constitucional. Esto, para que quien estuviera interesado
en intervenir en la presente acción de tutela lo hiciera, tal como el sindicato
Sintraunicol Subdirectiva Cartagena.

2.2.2. Solicitud de coadyuvancia

61. Tratándose de acciones de tutela, la figura de la coadyuvancia está prevista
en el inciso 2º del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, el cual señala que «quien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud».

62. El Consejo de Estado, en la sentencia de 30 de octubre de 2014 7, explicó
que basta con demostrar el interés legítimo en las resultas del proceso para actuar
como coadyuvante en sede de tutela, pues con ello se materializa el fin esencial del
Estado de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
contemplado en el artículo 2 de la Carta Política, de ahí que la solicitud de
coadyuvancia pueda realizarse mientras no se haya dictado sentencia de única o
de segunda instancia, de conformidad con el artículo 718 del Código General del
Proceso.

63. Con fundamento en lo anterior, la sala aceptará las manifestaciones de
coadyuvancia presentadas por Daniel Herrera Blanco y el sindicato de trabajadores
oficiales de la Universidad de Cartagena (Sintraunicartagena) por cuanto si bien no
hacen parte del proceso ordinario en el que se profirió la decisión reprochada en
esta oportunidad, lo cierto es que hacen parte de la comunidad universitaria, razón
por la que sus intereses se pueden ver afectados con el cumplimiento de la orden
judicial dada el 11 de mayo de 2023.

7 M.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad. 25000-23-41-000-2014-01394-01.
8 ARTÍCULO 71. COADYUVANCIA. Quien tenga con una de las partes determinada relación
sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse
si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se
haya dictado sentencia de única o de segunda instancia.

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2.3. Legitimación en la causa

64. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

65. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
Universidad de Cartagena se encuentra legitimada en la causa por activa. Esto
porque le asiste un interés directo en las resultas del proceso, pues figura como
demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
se profirió la providencia reprochada a través de este mecanismo constitucional.

66. Por su parte, esta colegiatura encuentra que la Sección Cuarta de esta
Corporación está legitimada en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que
profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.4. Problemas jurídicos

67. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, en especial la exigencia de relevancia constitucional.
68. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿La Sección Cuarta de esta Corporación vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
a la confianza legítima, a la defensa y a la igualdad? Esto, por incurrir en el
defecto fáctico con la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 que confirmó
lo resuelto por el a quo, que a su vez, accedió a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Ecopetrol
S.A.

69. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; y (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial
el de relevancia constitucional, el cual, de encontrarse superado junto con las demás
exigencias, se procederá al análisis del defecto fáctico alegado por el accionante.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

70. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias

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judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales11.

71. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 12. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia13 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.

72. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela;
ii) inmediatez;
iii) subsidiariedad;
iv) relevancia constitucional;
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

73. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.

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74. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

75. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en el defecto fáctico aludido.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Relevancia constitucional

76. Sobre esta exigencia, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de
2022 modificó la postura que venía aplicando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que
se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional14.

77. Así, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que el estudio de
la relevancia constitucional debía estar acompañado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.

78. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.

79. Asimismo, enfatizó en que, cuando se discute una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad”.
80. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.

81. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso los reproches planteados por la Universidad de Cartagena
respecto de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2023 por la Sección Cuarta de
esta Corporación revisten o no de relevancia constitucional, de conformidad con los
criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte
Constitucional y esta Corporación.

2.7. Análisis del requisito general de relevancia constitucional en el caso
concreto

82. Al respecto, para la sala resulta pertinente reiterar, como se señaló en los
antecedentes de este proveído, que, al verificar la argumentación expuesta en el
escrito de tutela, el debate se circunscribe al defecto fáctico por la falta de valoración
de los medios de convicción que obraban en el expediente de la acción de
cumplimiento adelantada por la Universidad de Cartagena en contra de Ecopetrol
S.A., y que no fueron allegados en su totalidad a partir de los cuales se podía
identificar que las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho ya habían sido objeto de pronunciamiento en aquella acción
constitucional, razón por la que se encontraba configurado el fenómeno de la cosa
juzgada.

83. En punto, se evidencia que la censura sub examine es una réplica de lo
vertido en el recurso de apelación que formuló la Universidad de Cartagena contra
la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar que accedió a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
por Ecopetrol S.A. y dispuso la devolución de las sumas canceladas por aquellas

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por concepto de estampillas «Universidad de Cartagena siempre a la altura de los
tiempos» durante los años 1997 a 2004 por concepto de exportaciones de petróleo
realizadas en el Puerto de Cartagena15.

84. Ahora, al verificar la sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación, se evidencia que previo a decidir el problema
jurídico en el acápite de antecedentes realizó un recuento de las actuaciones
surtidas en la acción de cumplimiento presentada por la Universidad de Cartagena
en contra de Ecopetrol S.A. y luego procedió a decidir si en el caso concreto se
encontraba configurado o no el fenómeno de la cosa juzgada por la existencia de la
acción constitucional en comento dado que era uno de los cargos planteados por la
institución educativa en su escrito de apelación.

85. Al respecto, la Sección Cuarta de esta Corporación consideró que los objetos
de los 2 procesos eran diferentes por cuanto lo perseguido en la acción de
cumplimiento se circunscribe al acatamiento de lo dispuesto en una norma del
ordenamiento jurídico frente a la mencionada estampilla, mientras que en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho lo pretendido consistía en dejar
sin efectos los actos administrativos que negaron la solicitud de devolución de las
sumas pagadas indebidamente.

86. Por lo anterior, consideró que no había lugar a declarar el fenómeno de la
cosa juzgada. En este punto, resaltó que de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la acción de cumplimiento y el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho son completamente diferentes al manifestar que en la
primera acción solo se verifica si las autoridades no están aplicando en debida forma
las disposiciones del ordenamiento jurídico, mientras que en la segunda se pone en
tela de juicio la legalidad de las decisiones de la administración16. .

87. Luego de ello, indicó que para la procedencia del cobro de la estampilla en
cuestión era necesaria la intervención del funcionario departamental, distrital o
municipal en los actos, documentos y contratos para que se configurara el hecho
generador del tributo, sin embargo, Ecopetrol S.A., era una sociedad anónima del
orden nacional vinculada al Ministerio de Minas y Energía, razón por la que no podía
ser gravado con el tributo aludido. Máxime cuando la exportación de petróleo
tampoco es objeto de tal gravamen.

88. Bajo este escenario, la Sección Cuarta de esta Corporación confirmó la
decisión de primera instancia.
89. En consecuencia, en cuanto al defecto fáctico planteado por la parte actora,
la sala advierte que lo pretendido a través de este mecanismo constitucional es
reabrir el análisis jurídico y probatorio efectuado por la autoridad judicial accionada
de los hechos que dieron lugar al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que culminó con la providencia aquí reprochada.

15 Rad. 13001-23-33-000-2013-90027-01/02.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 13 de

septiembre de 2017. Rad. 05001-23-31-000-2011-00984-01. (21.514).

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90. En otras palabras, para esta sala los argumentos esbozados sometidos a
estudio carecen de relevancia constitucional. Esto, en tanto que el accionante
pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia en la que se valore
nuevamente los medios probatorios obrantes en el plenario así como de los
antecedentes judiciales de los que la Sección Cuarta de esta Corporación tuvo
conocimiento. Esto, para que se adopte una decisión favorable a sus intereses, en
la que se indique que existe una identidad de objeto y de causa entre la acción de
cumplimiento y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y que
por este motivo se configura el fenómeno de la cosa juzgada. No obstante, tal
calificación excede la órbita del juez constitucional, pues ello solo le corresponde
realizar al operador judicial que conoció del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, tal como ocurrió en el caso concreto.

91. Además, la sala no evidencia una verdadera tensión o trasgresión de los
derechos fundamentales. Máxime, cuando aunque si bien no se remitió la totalidad
del expediente de la acción de cumplimiento que se decretó como prueba
trasladada, como en efecto, lo afirmó la Secretaria General del Tribunal
Administrativo de Bolívar, lo que en principio podría llevar a inducir en error a la
Sección Cuarta de esta Corporación, dicha situación no tuvo trascendencia, pues
esta autoridad judicial accionada sí tuvo conocimiento de los antecedentes
judiciales relevantes, los cuales fueron objeto de valoración en la sentencia de
segunda instancia.

92. Finalmente, esta sección reitera que en materia de tutelas contra
providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe
basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre Constitucional esgrimidos
por la parte accionante dentro del trámite de tutela. Así, si se analizaran solo los
argumentos del peticionario frente a la apreciación de las pruebas del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho expuestos en la solicitud de amparo, sin el
contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial;
atentaría contra el principio de autonomía judicial y en últimas se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia17.

93. Por esto, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo al no
encontrar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.

2.8. Conclusión

94. Con base en lo expuesto, la sala declarará la improcedencia de la solicitud
de amparo presentada por la Universidad de Cartagena por no superar el requisito
general de relevancia constitucional.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de

diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud vinculación del sindicato Sintraunicol Subdirectiva
Cartagena.

SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentadas por Daniel
Herrera Blanco y TENER al sindicato de trabajadores oficiales de la Universidad de
Cartagena (Sintraunicartagena) en la misma calidad.

TERCERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por la
Universidad de Cartagena por no superar el requisito general de relevancia
constitucional.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/

19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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