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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06269-00

Fecha
7 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06269-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de adición de la acción de tutela presentada por el señor José Mariano Sánchez Luna. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de recusación de los integrantes de la Sección Quinta de esta Corporación planteada por el señor José Mariano Sánchez Luna, por los motivos aquí expuestos. TERCERO: NEGAR las solicitudes de vinculación del representante estudiantil de la Universidad de Cartagena – Daniel Herrera Blanco y de la Sección Primera de esta Corporación planteadas por el señor José Mariano Sánchez Luna. CUARTO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor José Mariano Sánchez Luna. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-06269-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

7 de diciembre de 2023

Demandante: José Mariano Sánchez Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00
Demandante: JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ LUNA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara falta de legitimación en
la causa por activa

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor
José Mariano Sánchez Luna contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor José Mariano Sánchez Luna, en calidad de estudiante de la
Universidad de Cartagena, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El peticionario consideró que las
autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la
educación, a la dignidad humana y al mínimo vital.

2. Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la
decisión proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 11 de mayo de
2023 en la cual se confirmó lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar el
29 de mayo de 2020, autoridad que accedió a las pretensiones de la demanda
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 13001-
23-33-000-2013-90027-01/02 y ordenó a la Universidad de Cartagena devolver
unos dineros a Ecopetrol S.A.

1.2. Pretensiones

3. A partir de una lectura integral de la acción de tutela, se evidencia que el
señor José Mariano Sánchez Luna pretende el amparo de sus derechos
fundamentales a la educación, a la dignidad humana y al mínimo vital; y en

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Demandante: José Mariano Sánchez Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06269-00

consecuencia, que se deje sin efectos la providencia proferida el 11 de mayo de
2023 por la Sección Cuarta de esta Corporación que accedió a las pretensiones de
la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho por Ecopetrol S.A., en contra de la Universidad de
Cartagena.

4. Además de lo anterior, el accionante solicitó la vinculación de la Sección
Primera de esta Corporación.

1.3. Hechos probados y/o admitidos1

1.3.1. Sobre la acción de cumplimiento adelantada por la Universidad de
Cartagena2

5. El Congreso de la República profirió la Ley 334 de 1996 por medio de la cual
se autorizó y creó el cobro de la estampilla denominada «Universidad de Cartagena
siempre a la altura de los tiempos».

6. El 21 de noviembre de 2006, la Universidad de Cartagena presentó demanda
en ejercicio de la acción de cumplimiento en contra de Ecopetrol S.A., por cuanto
no había cumplido con el mandato de la ley en comento, pues no había realizado el
pago de la estampilla por las exportaciones de petróleo desde el Puerto de
Cartagena a partir del año 1997.

7. El asunto lo conoció en primera instancia, el Juzgado 13 Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena que, mediante sentencia del 26 de enero de 2007,
negó las pretensiones de la acción de cumplimiento y declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva de Ecopetrol S.A.

8. En segunda instancia, la acción de cumplimiento la conoció el Tribunal
Administrativo de Bolívar que en sentencia del 12 de marzo de 2007 revocó el fallo
del juzgado. En su lugar, ordenó a Ecopetrol S.A., que cancelara los dineros que la
Universidad de Cartagena debió recaudar con este tributo; y a la Contraloría
General de la República que determinara el monto adeudado.

9. Luego de determinado el monto por parte de la autoridad fiscal, los días 3 de
marzo de 2009 y 9 de abril de 2010 Ecopetrol S.A. canceló en su orden, las sumas
de $26.402.634,272 y $22.865.515.597.

10. Contra las decisiones proferidas en la acción de cumplimiento, tanto la parte
demandante como demandada interpusieron acciones de tutela, las cuales fueron
negadas.

1 Los hechos aquí mencionados corresponden a los indicados en la acción de tutela Rad. 11001-03-

15-000-2023-04842-00.
2 Rad. No.13001-33-31-013-2006-00038-03.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: José Mariano Sánchez Luna
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1.3.2. Sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento adelantado por
Ecopetrol S.A. en contra de la Universidad de Cartagena3

11. El 26 de julio de 2012, Ecopetrol S.A., le solicitó a la Universidad de
Cartagena la devolución de los pagos excesivos o indebidos que se hicieron por la
estampilla denominada «Universidad de Cartagena siempre a la altura de los
tiempos». Esta petición fue negada mediante oficio del 20 de septiembre de 2012
ante el cual se presentó recurso de reposición y en subsidio apelación que fue
resuelto el 21 de febrero de 2013 mediante la Resolución No. 00461 que confirmó
la negativa de la devolución.

12. Por los hechos antes mencionados, Ecopetrol S.A. presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que se anularan los actos
administrativos antes citados. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la
devolución de lo cancelado por concepto de estampillas denominadas «Universidad
de Cartagena siempre a la altura de los tiempos».

13. Del proceso conoció el Tribunal Administrativo de Bolívar. Esa autoridad
judicial, a través de sentencia dictada el 29 de mayo de 2020, accedió a las
pretensiones de la demanda. En ese orden, declaró la nulidad de los actos
demandados y a título de restablecimiento del derecho, ordenó la devolución a
Ecopetrol S.A., de los pagos que efectuó el 3 de marzo de 2009 y 9 de abril de 2010
por valor en su orden, de $26.402.271,86 y $22.865.515.597, a favor de la
Universidad de Cartagena por concepto de estampillas.

14. Como fundamento de su decisión, expresó que la explotación de petróleo no
estaba comprendida como hecho generador de la estampilla ya que esta actividad
hace parte de las actividades económicas que realiza Ecopetrol S.A., relacionadas
con la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y
comercialización del recurso natural no renovable, por lo que se encontraba inmersa
dentro de la prohibición del artículo 16 del Decreto 1056 de 19534.

3 Rad. No. 13001-23-33-000-2013-90027-01/02.
4 Por el cual se expide el Código de Petróleos.

ARTÍCULO 16. La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados
y su transporte, las maquinarias y demás elementos que se necesitaren para su beneficio y para la
construcción y conservación de refinerías y oleoductos, quedan exentos de toda clase de impuestos
departamentales y municipales, directos o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial.
El petróleo crudo y sus derivados obtenidos de las explotaciones establecidas de acuerdo con las
Leyes 37 de 1931, 160 de 1936 y del presente Código, quedan exentos de todo impuesto de
exportación durante los primeros treinta años de la respectiva explotación El petróleo crudo
colombiano quedará también exento, durante el mismo plazo de los primeros treinta (30) años de
cada explotación, de cualquier impuesto de carácter especial que grave ese producto
exclusivamente.
Las exportaciones de petróleo no requerirán permiso escrito de la Oficina de Registro de Cambios,
ni será obligatorio reintegrar al país la moneda extranjera proveniente de tales exportaciones; pero
el Gobierno podrá exigir, cuando así lo aconsejare la situación de la balanza de pagos, que se
reintegre al país hasta la cuarta parte del producto de dichas exportaciones, reintegro que no tendrá
gravamen alguno, siendo entendido que el reembolso al Exterior de las sumas así reintegradas se
autorizará por la Oficina de Registro de Cambios, exento del pago de todo impuesto, de acuerdo con
lo establecido en este artículo.

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15. Por otro lado, indicó que de la lectura de la Ley 334 de 1996 no se
evidenciaba que se definiera que la exportación de petróleo era un hecho generador
de estampilla, en tanto que solo se estableció un marco general de lo que sería el
objetivo imponible, esto es, «las actividades y operaciones que se deben realizar en
el Departamento de Bolívar», definición de la cual no se desprende la actividad
petrolera como gravada. De igual manera, resaltó que el artículo 5 de la norma
ibídem señalaba que la estampilla solo se gravaba si en el acto interviene un
funcionario departamental, municipal o distrital; sin embargo, Ecopetrol S.A. no tiene
tal calidad.

16. El operador judicial de primer grado aclaró que a pesar de que la sociedad
accionante cumplió con la obligación tributaria a raíz del fallo de cumplimiento
emitido por ese mismo Tribunal, esto no era óbice para analizar la legalidad del
tributo, ya que esa no era la oportunidad para determinar si la actividad desarrollada
por la actora comprendía el hecho generador del impuesto.

17. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que para los años
por los que se realizaron los pagos (1997 a 2004) no se le podía exigir a la
demandante que transfiriera un porcentaje de las operaciones de exportación, pues
no tenía fundamento jurídico, configurándose así un pago de una obligación que no
le correspondía.

18. En consecuencia, la autoridad judicial de primera instancia declaró la nulidad
de los actos y ordenó la devolución de los 2 pagos realizados por la actora por
concepto de las estampillas denominadas «Universidad de Cartagena siempre a la
altura de los tiempos».

19. En contra de la anterior decisión, la Universidad de Cartagena y Ecopetrol
interpusieron recurso de apelación5. La alzada fue decidida por la Sección Cuarta
de esta Corporación. Esta autoridad, en sentencia del 11 de mayo de 2023, confirmó
el fallo de primer grado. Lo anterior por los siguientes motivos:

20. En primer lugar, la Sección Cuarta de esta Corporación resaltó que no se
encontraba configurado el fenómeno de la cosa juzgada respecto del cobro de las
estampillas debido a que en la acción de cumplimiento se ordenó a Ecopetrol S.A.,
el pago de aquellas.

21. Así, indicó que de conformidad con lo probado en el expediente era posible
concluir que no existía identidad de objeto, toda vez que el proceso relacionado con
la acción de cumplimiento tenía como fin el acatamiento de lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico frente a las estampillas. Entre tanto, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, la pretensión es la nulidad de los actos que negaron
la solicitud de devolución de las sumas pagadas indebidamente por concepto de
estampillas. Por esto no había lugar a configurarse el fenómeno de la cosa juzgada.

5 El accionante en la alzada indicó entre otras cosas, que la acción de cumplimiento prosperó e hizo

transito a cosa juzgada, por lo que no podía revivirse la discusión ni acudir a un procedimiento atípico
ya que la única acción a la que podía acudir la actora correspondía a la reparación directa.

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22. En segundo lugar, la autoridad judicial accionada indicó que de acuerdo con
el artículo 5 de la Ley 334 de 1996, para la procedencia del cobro de la estampilla
en cuestión era necesaria la intervención del funcionario departamental, distrital o
municipal en los actos, documentos y contratos para que se configure el hecho
generador.

23. Así, indicó que la exportación de petróleo y sus derivados no podían ser
gravados con la estampilla, porque dada la naturaleza de la entidad y de la
operación, no intervienen funcionarios departamentales o municipales, como lo
exige la Ley, presupuesto necesario para que se configure el hecho generador del
tributo.

24. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que era procedente
confirmar la decisión de primera instancia, mediante la cual se accedieron las
pretensiones de la demanda.

1.4. Fundamentos de la vulneración

25. El accionante alegó que la Sección Cuarta de esta Corporación vulneró sus
derechos fundamentales por cuanto en la sentencia proferida en segunda instancia
reprochada: i) se desconocieron los efectos de la cosa juzgada respecto de la acción
de cumplimiento; y ii) se ordenó a la Universidad de Cartagena la devolución de los
recursos pagados por Ecopetrol S.A., amenazando de forma directa a la comunidad
estudiantil que esta en proceso de formación profesional en dicha institución, la cual
imparte el servicio de educación pública superior gratuita a jóvenes en condiciones
de vulnerabilidad.

1.5. Trámite de la acción de tutela

26. Por reparto, inicialmente el asunto correspondió al despacho del consejero
de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, que en auto del 17 de octubre de 2023 ordenó
remitir el expediente de la referencia al despacho ponente, a fin de que se decidiera
sobre su posible acumulación al proceso radicado 11001-03-15-000-2023-04842-
00 tramitada por este despacho.

27. Posterior a ello, mediante escrito del 30 de octubre de 2023, el actor presentó
recurso de reposición en contra del auto del 17 de octubre de 2023 por cuanto
consideró que existen diferencias en los fundamentos jurídicos de ambos procesos,
por lo que solicitó que se revocara la remisión ordenada en la providencia en cita.
Sin embargo, en memorial del 2 de noviembre de 2023, el señor José Mariano
Sánchez Luna desistió del recurso de reposición, aduciendo que prefería que se
diera el trámite expedito a la orden de remisión realizada en el auto atacado.

28. Por lo anterior, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra mediante auto del 2
de noviembre de 2023 aceptó el desistimiento del recurso de reposición presentado
por el actor contra el auto del 17 de octubre de 2023.

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29. Así, el despacho ponente de esta decisión, mediante auto del 16 de
noviembre de 2023, avocó el conocimiento de la acción de tutela. Como fundamento
de esta determinación se explicó que no resulta procedente acumular el proceso de
la referencia al expediente 11001- 03-15-000-2023-04848-00, toda vez que en este
último ya se dictó sentencia el 2 de noviembre de 2023. Sin embargo, se estableció
que se cumplían los supuestos del artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015,
por lo que se avocaría el conocimiento de esta acción de tutela en aras de garantizar
que, frente a una misma situación de hecho, no se produzca una decisión disímil en
detrimento de la seguridad jurídica y la igualdad.

30. Además, en ese auto se ordenó la vinculación como terceros con interés al
Tribunal Administrativo de Bolívar, a Ecopetrol S.A., a la Universidad de Cartagena
y al Ministerio Público. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo
610 del Código General del Proceso, se dispuso la vinculación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

31. Por otro lado, se ordenó a la Universidad de Cartagena que realizara una
publicación en su página web o en el medio que considere apropiado, informando
sobre la existencia de esta acción de tutela a toda la comunidad educativa.

1.6. Informes

32. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Sección Cuarta del Consejo de Estado

33. La magistrada ponente de la decisión de segundo grado rindió informe en el
que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por activa del señor
José Mariano Sánchez Luna. Esto, porque en su sentir no le asiste interés para
cuestionar la decisión proferida el 11 de mayo de 2023 so pretexto de que con esa
providencia se pueda ver afectada su situación particular, comoquiera que en el
proceso tutelado se discutió un pago indebido realizado por Ecopetrol a favor del
ente universitario. Esto, por cuanto no actuó en el proceso ordinario como parte ni
como tercero.

34. En ese orden de ideas, consideró que no existe en ninguna de sus formas, el
cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa con el que debe
contar toda solicitud de amparo.

35. De otro lado, la autoridad judicial accionada solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por cuanto el presente asunto carece de relevancia
constitucional. Esto, porque lo pretendido por el actor es convertir esta acción de
tutela en una instancia adicional, en busca de la prosperidad de sus pretensiones,
pese a que fueron decididas por los jueces competentes.

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36. Finalmente, sostuvo que la vulneración al derecho de educación no fue objeto
de discusión por parte de la Universidad de Cartagena en sede contenciosa.

1.6.2. Ecopetrol S.A.

37. El tercero con interés rindió informe en el que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, por cuanto en su sentir, el asunto no goza de
relevancia constitucional.

38. Al respecto, Ecopetrol S.A., consideró que se está ante una discusión
tributaria, de pleno derecho y cuyo objetivo es totalmente económico, esto es, la
devolución del pago de las estampillas canceladas por Ecopetrol S.A., y que la
Sección Cuarta de esta Corporación consideró procedente su reembolso al
encontrar que no era sujeto pasivo del tributo en mención.

39. Además de lo anterior, el tercero con interés indicó que la afectación de los
derechos que invoca el accionante es incierta y solo obedece a una conjetura
porque no existe ningún asomo de certeza o al menos indicios de que el derecho a
educarse se puede ver afectado.

40. Finalmente, en sentir de Ecopetrol S.A., no se encuentra acreditado un
perjuicio irremediable, pues la sociedad nunca ha pretendido afectar a la
Universidad de Cartagena, simplemente se trata de procurar el cumplimiento de un
derecho derivado de una orden judicial.

41. En otras palabras, a su juicio el pago de una condena judicial no configura
per se un perjuicio irremediable y menos aún en este caso, en el que el rector de la
universidad envió una propuesta conciliatoria a efectos de dar cumplimiento a la
orden judicial.

42. La Universidad de Cartagena, el Tribunal Administrativo de Bolívar y el
Ministerio Público pese a que fueron notificados, guardaron silencio.

1.6.3. Solicitud de recusación de los integrantes de la Sección Quinta de esta
Corporación y escrito de oposición del accionante

43. Mediante memorial del 7 de noviembre de 2023, el actor solicitó que todos
los integrantes de la Sección Quinta de esta Corporación se declararan impedidos
para actuar en el proceso de la referencia, dada su participación en la decisión
proferida el 2 de noviembre de 2023 dentro de la acción de tutela rad. 11001-03-15-
000-2023-04842-00. De esta forma, indicó que se encontraban incurso en la causal
prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

44. Luego, en escrito del 17 de noviembre de 2023, el accionante reiteró que el
magistrado ponente de esta decisión se encontraba incurso en la causal de
impedimento aludida por los mismos motivos antes mencionados.

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45. Posterior a ello, en escritos del 23 y 28 de noviembre de 2023, el señor José
Mariano Sánchez Luna se opuso a los argumentos de defensa planteados por la
autoridad judicial accionada. Esto, por cuanto la comunidad estudiantil conformada
por mujeres cabeza de familia, personas en condiciones de discapacidad, personas
que pertenecen a comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado interno se
esta viendo afectado ante la decisión reprochada en esta oportunidad, para lo cual
hizo alusión a lo indicado por el Vicerrector de la Universidad de Cartagena en
certificado del 31 de agosto de 2023 en los siguientes términos:

(…) En el hipotético caso de vernos obligados a pagar dicha deuda,
inmediatamente se imposibilita el desarrollo de las funciones sustantivas de
docencia, investigación y extensión propias de la Universidad de Cartagena lo que
impediría el acceso a la educación pública superior de los sectores más
vulnerables de la región caribe colombiana.
(…)

46. Por otro lado, indicó que la decisión reprochada en esta oportunidad es nula
en derecho; y solicitó la vinculación del representante estudiantil de la Universidad
de Cartagena – Daniel Herrera Blanco.

47. Finalmente, en escrito del 29 de noviembre de 2023, el señor José Mariano
Sánchez Luna solicitó que se adicionara el escrito de tutela, con las siguientes
pretensiones:

Primero: Declarar que se encuentra en firme la sentencia T-082/10 de fecha 11
de febrero de 2010, proferida por la Sala Octava de Revisión de la H. Corte
Constitucional.

SEGUNDA: Declarar que se encuentra en firme la sentencia de tutela proferida
en primera instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado – Sentencia de
Tutela proferida en segunda instancia por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del trámite identificado con Rad. 11001-03-15-000-2007-00506-00.

TERCERA: Declarar que se encuentra en firme la sentencia de tutela en primera
instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado – Sentencia de
proferida en Segunda instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
dentro del trámite identificado con Rad. 11001-03-15-000-2008-01266-00.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

48. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
el señor José Mariano Sánchez Luna contra la Sección Cuarta de esta Corporación.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Sobre la solicitud de recusación de los integrantes de la Sección Quinta
de esta Corporación

49. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el accionante en
escritos del 7 y 17 de noviembre de 2023 solicitó que los integrantes de esta sala
de decisión se declararan impedidos para conocer de la presente acción
constitucional. Esto, por cuanto en su sentir se encuentran incurso en la causal
prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal que a
la letra reza:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o
hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera
permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo
de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.

50. Lo anterior, por cuanto los magistrados que componen la Sección Quinta de
esta Corporación participaron de la decisión adoptada el 2 de noviembre de 2023
dentro de la acción de tutela presentada por la Universidad de Cartagena en contra
de la Sección Cuarta de esta Corporación. Esto, dentro de la solicitud de amparo
rad. 11001-03-15-000-2023-04842-00.

51. Al respecto, la sala no accederá a tal solicitud. Esto, por cuanto de
conformidad con el artículo 39 del Decreto 2591 de 19916 en los procesos de tutela
no es procedente recusación alguna. Además de lo anterior, evaluada la situación,
la sala considera que en este caso tampoco se encuentran incurso en alguna causal
de impedimento. Máxime, cuando los integrantes de esta Sección no participaron
dentro del proceso ordinario y tampoco profirieron la decisión hoy reprochada y no
les asiste un interés directo en la resolución de esta acción constitucional.

2.2.2. Sobre la solicitud de adición del escrito de tutela

52. De la lectura de la acción de tutela, la sala evidencia que el accionante
pretende por esta vía constitucional que se deje sin efectos la sentencia del 11 de
mayo de 2023 proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación; sin embargo,
posterior a ello y vencido el término para rendir los informes correspondientes por
parte de la autoridad judicial accionada y los terceros con interés, el señor José
Mariano Sánchez Luna solicitó que se declarara la firmeza de otras providencias.

6 ARTICULO 39.-Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá
declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento
Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la
impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el
procedimiento disciplinario, si fuere el caso.

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Demandante: José Mariano Sánchez Luna
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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53. Planteado así el asunto, esta sección en aras de garantizar el derecho de
defensa y contradicción de quienes figuran como accionados y de los terceros con
interés vinculados a este trámite constitucional, circunscribe el debate planteado en
el escrito inicial de tutela relativo a si se desconocieron o no los derechos
fundamentales del accionante con ocasión de la sentencia del 11 de mayo de 2023
por la Sección Cuarta de esta Corporación.

54. Por lo anterior, la sala se abstiene de pronunciarse sobre la solicitud de
adición de la acción de tutela planteada por el accionante, relativa a que se
declarara la firmeza de otras providencias proferidas por autoridades judiciales
distintas a la que hoy figura como accionada. Esto, porque de hacerlo se podría
vulnerar el derecho de contradicción de la autoridad judicial accionada.

2.2.3. Solicitud de vinculación

55. La parte accionante solicitó la vinculación del representante estudiantil de la
Universidad de Cartagena – Daniel Herrera Blanco y de la Sección Primera de esta
Corporación como terceros con interés dentro del presente trámite constitucional.
Sin embargo, esta sección negará tal petición por cuanto no evidencia que le asiste
un interés en las resultas de este mecanismo de amparo. Máxime cuando no hizo
parte del proceso ordinario en el que se profirió la decisión hoy reprochada.

56. Adicional a lo anterior, la sala considera pertinente indicar que, en virtud de
la orden dada en el auto admisorio del 16 de noviembre de 2023, la Universidad de
Cartagena el día 20 de noviembre de 2023, publicó en su página web sobre la
existencia de esta acción constitucional. Esto, para que quien estuviera interesado
en intervenir en la presente acción de tutela lo hiciera.

2.3. Problemas jurídicos

57. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, en especial la exigencia de relevancia constitucional.
58. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿La Sección Cuarta de esta Corporación vulneró los derechos
fundamentales a la educación, a la dignidad humana y al mínimo vital del
señor José Mariano Sánchez Luna, con ocasión de la sentencia proferida el
11 de mayo de 2023 que confirmó lo resuelto por el a quo, que a su vez,
accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por Ecopetrol S.A. en contra de la Universidad de
Cartagena?

59. Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de la legitimación en la causa por
activa. De resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos generales de

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procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de superarse, (iv) el
caso concreto

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

60. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales9.

61. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.

62. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela;
ii) inmediatez;
iii) subsidiariedad;
iv) relevancia constitucional;
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.

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63. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

64. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

65. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto el
señor José Mariano Sánchez Luna se encuentra legitimado en la causa por activa.

2.5. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

66. El inciso 1.º del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona puede acudir ante los jueces al ejercicio de la acción de tutela para solicitar
«por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».

67. El Decreto 2591 de 1991, ratifica en el artículo 10 que esta acción
constitucional puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de
representante o apoderado judicial. Incluso a través de la figura de la agencia
oficiosa, se puede solicitar la protección de derechos fundamentales ante los jueces
de tutela cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa.

68. Los artículos 10 y 46 ídem, establecen que los defensores del pueblo y los
personeros municipales también pueden interponer acción de tutela en nombre de
personas cuyos derechos fundamentales consideren agraviados12.

69. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante
los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó desde la sentencia T-
416 de 1997 que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia de
fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del
interés sustancial que se discute en el proceso».

70. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, señaló:

12Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.

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La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación
en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha
establecido la Corte en anteriores oportunidades13, a partir de las normas de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en
los procesos de tutela. (Subraya fuera de texto).

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se
debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general
respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso14.

71. Más adelante, en sentencia T-176 de 2011 se reiteró la anterior postura en
los siguientes términos:

(…) la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del
amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador
pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del
demandante.

72. Luego, en la Sentencia de Unificación 456 de 2016 el Alto Tribunal
Constitucional manifestó que «El estudio de la legitimación en la causa, es un deber
de los jueces y una valoración de oficio, que constituye un presupuesto procesal
material de la demanda».

2.5.1. Estudio de la legitimación en la causa por activa en el caso concreto

73. Para el caso bajo estudio, la Sala anticipa que declarará la falta de
legitimación en la causa por activa del señor José Mariano Sánchez Luna para
presentar esta acción de tutela en procura de la defensa de los derechos
fundamentales a la educación, a la dignidad humana y al mínimo vital.

74. Como se esbozó en los antecedentes de este proveído, el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho se dirigió en contra de la Universidad de Cartagena,
de la que si bien hace parte el accionante como estudiante, lo cierto es que aquella
se encuentra representada legalmente por su señor Rector William Malkun
Castillejo.

13“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002”.
14 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06, M.P. Jaime Córdoba

Triviño.

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75. Así las cosas, las partes de la causa ordinaria, por un lado, es la institución
educativa mencionada y por otro lado Ecopetrol S.A. En otras palabras, estos son
los sujetos procesales del medio de control aludido, y en consecuencia, quienes
ostentan la titularidad para cuestionar las decisiones adoptadas en aquel proceso
son estos y no el accionante.

76. Al respecto, la sala comparte lo dicho por la Sección Cuarta de esta
Corporación, que en su informe indicó que el señor José Mariano Sánchez Luna no
se encuentra legitimado en la causa por activa para presentar esta acción de tutela,
por cuanto aquel no actuó en el proceso ordinario en el que se profirió la decisión
cuestionada en esta oportunidad, ni como parte ni como tercero.

77. Ahora, esta sección considera que, si bien el accionante aduce que se
encuentra habilitado para presentar esta acción constitucional por pertenecer a la
planta estudiantil de la Universidad de Cartagena, lo cierto es que no se encuentra
acreditado el interés que le asiste para cuestionar la sentencia del 11 de mayo de
2023. Máxime, cuando no se demostró en el plenario como aquella providencia
puede afectar su situación particular, comoquiera que en el proceso tutelado se
discutió un pago indebido realizado por Ecopetrol S.A. a favor del ente universitario.

78. Así las cosas, si se estiman conculcados derechos fundamentales con
ocasión de los autos o decisiones zanjadas al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia del 11 de mayo de
2023, son los sujetos procesales de dicho trámite quienes tienen la titularidad y
legitimidad de reclamar la protección correspondiente como en efecto ocurrió en
una anterior oportunidad, esto es, en la acción de tutela rad. 11001-03-15-000-2023-
04842-00 promovida por la Universidad de Cartagena y que fue decidida por esta
sección en sentencia del 2 de noviembre de 2023.

79. Es importante resaltar que los derechos fundamentales a la educación,
dignidad y mínimo vital de la parte actora no se encuentran amenazados ni muchos
menos vulnerados por la decisión controvertida. Lo anterior porque en dicha
providencia se discutió un asunto económico entre el ente universitario y Ecopetrol.
Sin embargo, por la naturaleza pública de la Universidad de Cartagena, la sala no
advierte que el derecho a la educación del estudiante se encuentre en peligro.
Similar conclusión se puede llegar respecto de los derechos a la dignidad y mínimo
vital, pues la devolución de los dineros ordenada en el proceso ordinario no afecta
el patrimonio del accionante.

80. En punto y para finalizar, la sala considera pertinente aclarar que si bien en
la sentencia del 2 de noviembre de 2023 resolvió la acción de tutela presentada por
la Universidad de Cartagena en contra de la Sección Cuarta de esta Corporación,
por los mismos hechos aquí planteados y declaró improcedente la solicitud de
amparo por no encontrarse acreditado el requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional; lo cierto, es que en esta oportunidad procede a adoptar
una decisión disímil, por cuanto el señor José Mariano Sánchez Luna no se
encuentra legitimado en la causa por activa, a diferencia de lo que ocurría con la

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Universidad de Cartagena en el proceso de tutela rad. 11001-03-15-000-2023-
04842-00.

81. En conclusión, la sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa
del señor José Mariano Sánchez Luna por los motivos aquí expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de adición de la acción de tutela presentada por el
señor José Mariano Sánchez Luna.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de recusación de los integrantes de la Sección
Quinta de esta Corporación planteada por el señor José Mariano Sánchez Luna, por
los motivos aquí expuestos.

TERCERO: NEGAR las solicitudes de vinculación del representante estudiantil de
la Universidad de Cartagena – Daniel Herrera Blanco y de la Sección Primera de
esta Corporación planteadas por el señor José Mariano Sánchez Luna.

CUARTO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor José
Mariano Sánchez Luna.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido
en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/

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