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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04858-00

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04858-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Accédase a la solicitud de desvinculación de la presidenta de la Corte Constitucional y, deniégase la petición que en el mismo sentido formuló el juez Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena. SEGUNDO: Deniégase la acción de tutela, promovida por el señor Glenen Alexander Ross. TERCERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado frente al derecho fundamental de petición con ocasión de la solicitud formulada por el accionante ante el juez Fredy Javier Andrade Solano, titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04858-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

9 de noviembre de 2023

Demandante: Glenen Alexander Ross
Demandados: Presidencia del Consejo de Estado y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-04858-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04858-00
Demandante: GLENEN ALEXANDER ROSS
Demandados: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Deniega y declara la carencia actual de
objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito enviado el 4 de septiembre de 2023 al correo de la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia,
1
secretariag@cortesuprema.gov.co , el señor Glenen Alexander Ross
presentó acción de tutela en contra del presidente y uno de los magistrados
auxiliares del Consejo de Estado2, además del juez Sexto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento (Cartagena), con el propósito de obtener la
protección de su derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia3.

A su vez, señaló como vinculados al juez 4 Penal Municipal de Garantías de
Cartagena, a los agentes números 33 y 49 Seccional Bolívar de la Fiscalía
General Nación, al juez Primero Penal del Circuito con Funciones de
1
Mediante auto del 6 de septiembre de 2023, el presidente de la Corte Suprema de Justicia
remitió por competencia al Consejo de Estado.
2
Hugo Alejandro Sánchez Hernández.
3
La demanda inicial fue inadmitida, por lo que, el sustento de esta decisión corresponde a lo
manifestado por el actor en el escrito de subsanación.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Glenen Alexander Ross
Demandados: Presidencia del Consejo de Estado y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-04858-00

Conocimiento de Cartagena, al juez Primero Penal del Circuito y al juez
Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, así como a los
magistrados Patricia Helena Corrales Hernández, José de Jesús Cumplido
Montiel, Francisco Antonio Pascuales Hernández del Tribunal Superior de
Cartagena.

En concreto, el actor cuestionó la respuesta emitida por la presidencia del
Consejo de Estado por el mencionado magistrado auxiliar Hugo Alejandro
Sánchez Hernández, pues consideró que, tanto la presidencia como dicho
funcionario deben realizar de “inmediato la revisión del artículo 237.2 de los
artículos 188 y 376 del Código Penal y anular cualquiera o ambas dichas
disposiciones legales”, pues el Consejo de Estado es, a su juicio, el
competente para estudiar la constitucionalidad de dichas normas penales.

Además, cuestionó al juez Fredy Javier Andrade Solano como titular del
Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de conocimiento de
Cartagena pues no le ha dado respuesta a su solicitud tendiente a que
realice una “revisión del artículo 4 y emita una declaración judicial sobre la
aplicabilidad del artículo 188 del Código Penal” en su contra.

De igual manera, en el escrito de tutela hizo mención a lo decidido por la
Corte Constitucional mediante auto del 29 de mayo de 2023, que rechazó su
“solicitud de nulidad de los artículos 188 y 376 de la Ley 599 de 2000 por la
causa de incompetencia del legislador”.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, pidió lo siguiente:

…solicito respetuosamente a este Honorable Tribunal de Tutela que
tenga en cuenta que invoqué el artículo 87 de la Constitución en mi
solicitud del 24 de abril presentada al Consejo de Estado para efectos de
anular los artículos 188 y 376 del Código Penal. Invoqué el artículo 87
en un intento de garantizar que el Consejo de Estado revisara la
constitucionalidad de los artículos 188 y 376 de la Ley 599 de 2000 y
decretara judicialmente una decisión (el mandato del artículo 87) que se
basara en su revisión justa e imparcial. El artículo 87 de la Carta se
encuentra regulado por la ley 393 de 1997 y la atención de este
Honorable Tribunal de Tutela, Accionados y Vinculados se dirige
respetuosamente al artículo 20 de dicha ley.

…

La acción tomada por el Accionado HUGO ALEJANDRO SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ, remitiendo mi solicitud a la Corte Constitucional, es
discutiblemente contradictoria con las instrucciones emitidas en el Anexo
#9 por el “Equipo de Presidencia Consejo de Estado”. Respetuosamente
dirijo la atención de este Honorable Tribunal de Tutela al Anexo #2
2

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Demandante: Glenen Alexander Ross
Demandados: Presidencia del Consejo de Estado y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-04858-00

donde escribí en texto resaltado lo siguiente: ESTA PETICIÓN se
somete respetuosamente a la jurisdicción del Consejo de Estado
solicitando la Declaración de Nulidad de los artículos 188 y 376 de la Ley
599 de 2000 por la causa de incompetencia del legislador. Creo
verdaderamente que el autor del Anexo #9 hablaba en nombre del
Accionista JAIME ENRIQUE RODRIQUEZ NAVAS, entonces Presidente
del Consejo de Estado, quien entendía perfectamente que yo solicitaba
que se tramitara en el Consejo de Estado la 21 acción judicial de nulidad
del artículo 237.2, y que no solicitaba la revisión del artículo 241.4 del
Corte Constitucional.

Ahora, con respecto a este Honorable Tribunal de Tutela y sin ánimo de
insultar su inteligencia, vuelvo a decir a todos aquellos funcionarios
públicos incluidos Accionados y Vinculados en esta acción judicial que
insisten en que SÓLO el Tribunal Constitucional tiene competencia para
revisar la constitucionalidad de una ley disposición o reglamento,
lamentablemente se equivoca. El inciso 2 del artículo 237 de la Carta
Nacional establece expresamente que el Consejo de Estado tiene
competencia condicional para revisar las disposiciones legales y
anularlas, con efectos erga omnes, si éste, el Consejo de Estado,
determina que la disposición es inconstitucional…

…este Honorable Tribunal de Tutela no puede anular ningún artículo del
Código Penal, existe una reserva estatutaria para esa facultad
constitucional…En caso contrario este Honorable Tribunal de Tutela
tiene indiscutible competencia para ordenar al Accionado HUGO
ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ y/o al Accionado JAIME
ENRIQUE RODRIQUEZ NAVAS realizar de inmediato la revisión del
artículo 237.2 de los artículos 188 y 376 del Código Penal y anular
cualquiera o ambas dichas disposiciones legales si dicho Accionado (s)
del Consejo de Estado determina como consecuencia de la revisión que
uno u otro de dichos artículos del Código Penal es inconstitucional, y
tiene competencia para ordenar al Accionado Fredy Javier Andrade
Solano realizar una revisión del artículo 4 y emitir una declaración
judicial sobre la aplicabilidad del artículo 188 del Código Penal en mi
contra…

…

…Respetuosamente presento al Honorable Juez Constitucional esta
solicitud de amparo judicial que debe resolverse en el fondo, alegando
prevaricación y/o prevaricación de los Accionistas HUGO ALEJANDRO
SANCHEZ HERNANDEZ y JAIME ENRIQUE RODRIQUEZ NAVAS, y
resolver en el fondo una demanda separada y específica alegación de
incumplimiento del Accionado Fredy Javier Andrade Solano, habiéndose
descrito los hechos y el derecho relevantes en los párrafos anteriores y
en los Anexos adjuntos.4

4
Subrayado fuera del texto original.

3

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Demandante: Glenen Alexander Ross
Demandados: Presidencia del Consejo de Estado y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-04858-00

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que el 24 de abril de 2023 presentó una petición
ante la presidencia del Consejo de Estado, con la cual manifestó lo siguiente:

…en cumplimiento de los artículos 237 y 87 de la Constitución Política,
somet[e] esta petición a la jurisdicción del Consejo de Estado,
solicitando la declaración de nulidad de los artículos 188 y 376 de la Ley
599 de 2000…porque no satisfacen los requisitos del principio de
legalidad, ya que ninguno de ellos dos artículos son una ley en estricto
sentido”
…a cualquiera de los magistrados del Consejo de Estado que declare
inexequible el artículo 137 de la ley 1437 de 2011 y la nulidad de la
misma…

Mencionó que obtuvo una respuesta de la aludida presidencia, a través del
magistrado auxiliar Hugo Alejandro Sánchez Hernández, el 27 de abril de
2023, con oficio CE-Presidencia-PQRS-INT-2023-1469, dirigido a su correo
electrónico, en el cual se le indicó lo siguiente:

Con toda consideración me permito informarle que, de la lectura de su
escrito, se advierte que pretende incoar dos acciones judiciales distintas,
a saber: la acción de cumplimiento regulada en el artículo 87 de la
Constitución Política, y la acción pública de inconstitucionalidad de que
trata el artículo 241 de la Carta Política, por cuanto formula cargos en
contra de los artículos 188 y 376 de la Ley 599 de 2000 y 137 de la Ley
1437 de 2011.

En razón a ello, con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado), se remitió por correo
electrónico su solicitud relacionada con la acción de cumplimiento, a la
Secretaría General de esta Corporación; y en razón a los artículos 21 de
la Ley 1437 de 2011 y 241 de la Constitución Política, se trasladará a la
Secretaría General de la Corte Constitucional, con el fin de que, en el
ámbito de sus competencias Constitucionales y legales, verifiquen los
requisito de las acciones que usted pretende instaurar con el fin de que,
si es procedente, se proceda a su trámite.

En cuanto a las manifestaciones que presenta en idioma inglés, le pongo
de presente que estas son reiterativas, comoquiera que son las mismas
contenidas en su anterior petición CE-EXT-2023-799. Por tal razón,
debe remitirse al oficio CE-Presidencia-PQRS-INT-2023-1296 del 18 de
abril de 2023, en el que la Presidencia del Consejo de Estado atendió de
fondo sus solicitudes.

Firmado electrónicamente
Hugo Alejandro Sánchez Hernández

4

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Demandante: Glenen Alexander Ross
Demandados: Presidencia del Consejo de Estado y otros
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Magistrado auxiliar

Agregó que, dicho magistrado auxiliar suscribió el oficio remisorio del 27 de
abril de 2023 CE-Presidencia-PQRS-INT-2023-1470 con el cual se dispuso el
envío de la solicitud a la Secretaría General de la Corte Constitucional. En
este documento se indicó:

Se precisa que el presente traslado se realiza con la finalidad de que, en
el ámbito de sus competencias Constitucionales y legales, verifique los
requisitos de la acción que pretende instaurar el señor Ross, para que,
de ser procedente, se imparta el trámite correspondiente.

Adujo que, mediante providencia del 29 de mayo de 2023, la Corte
Constitucional, resolvió:

I. ANTECEDENTES

1. El 25 de abril de 2023, en escrito dirigido al Consejo de Estado, el
señor Glenen Alexander Ross, quien se identifica como canadiense,
solicita a ese alto tribunal ‘la Declaración de Nulidad de los artículos
188 y 376 de la Ley 599 de 2000 por la causa de incompetencia del
legislador’
…

12. …lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para concluir que la
petición presentada por el señor Glenen Alexander Ross debe ser
rechazada. Esto debido a que el peticionario no está legitimado para
presentar demandas de inconstitucionalidad debido a su condición de
ciudadano extranjero y, además, el escrito tampoco cumple los criterios
formales ni sustanciales de admisión.

13. En efecto, el señor Ross no tiene legitimación en la causa debido a
su condición de ciudadano canadiense…

PRIMERO. RECHAZAR la demanda presenta por el señor Glenen
Alexander Ross, en la que solicita la ‘Nulidad de los artículos 188 y 376
de la Ley 599 de 2000 por la causa de incompetencia del legislador.”

SEGUNDO. Contra la presente providencia procede el recurso de
súplica ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, el cual deberá
interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
presente providencia.

TERCERO. ARCHIVAR el expediente D-15314, si el término para
interponer el recurso de súplica expira en silencio.

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Precisó que presentó el recurso de súplica contra la anterior decisión, el cual
fue decidido por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante auto A-
1783 del 2 de agosto de 2023, con el que se resolvió:

En el Auto del 29 de mayo de 2023, la magistrada sustanciadora
rechazó la demanda, debido (i) a la falta de legitimación en la causa por
la condición del accionante de ciudadano canadiense; (ii) a que no
explicó por qué la Corte Constitucional es competente para conocer su
petición; y (iii) a que no cumplió con los requisitos formales del artículo
2º del Decreto 2067 de 1991.

Empero, en el escrito contentivo del recurso de súplica el accionante se
restringió a presentar los siguientes argumentos: (i) reconoció que de
conformidad con el artículo 241.4 de la Constitución, no se encuentra
legitimado para presentar demandas de inconstitucionalidad; (ii) adujo
que la Corte no es competente para estudiar su solicitud porque los
artículos 188 y 376 del Código Penal no pueden considerarse
disposiciones legales en estricto sentido en tanto debieron promulgarse
por parte del legislador estatutario; (iii) consideró que al dictarse la Ley
599 de 2000 se cometió un crimen; e (iv) informó que en su juicio virtual
solicitará la inaplicación del artículo 188 del Código Penal.

El anterior contraste entre los fundamentos del auto de rechazo y los
presentados en el recurso de súplica, permiten observar que el
recurrente no controvirtió las conclusiones sobre la falta de legitimación
por activa ni tampoco los argumentos relacionados con el
incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto
2067 de 1991. Por el contrario, se limitó a replicar las razones expuestas
inicialmente en la demanda al manifestar que no está legitimado para
presentar acciones de inconstitucionalidad y que los artículos 188 y 376
del Código Penal no son disposiciones legales en estricto sentido, por lo
que este tribunal carece de competencia para analizar su solicitud. Por
lo anterior, la Sala Plena colige que el peticionario no asumió la carga
argumentativa que le correspondía, por lo que la falta de motivación en
que incurrió impide a esta corporación pronunciarse de fondo. De este
modo, el recurso de súplica se torna improcedente y se impone su
rechazo.
…

En ese orden de ideas, no es posible acceder a la solicitud del señor
Glenn Alexander Ross relacionada con remitir el asunto al Consejo de
Estado. Lo anterior, por cuanto queda claro que la competencia para
decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que interpongan los
ciudadanos contra las disposiciones del Código Penal (Ley 599 de 2000)
radica en la Corte Constitucional por su carácter de ley ordinaria.

…

Por último, y teniendo en cuenta que, el señor Glenn Alexander Ross en
tres ocasiones (D-12265, D-15041 y D-15314), ha sostenido que el
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artículo 188 del Código Penal, entre otros, debieron tramitarse como ley
estatutaria y no como ley ordinaria, es preciso indicarle que en la
Sentencia C-646 de 20015 que hizo a tránsito a cosa juzgada
constitucional, la Corte Constitucional determinó que el trámite
constitucional exigido para la expedición del Código de Procedimiento
Penal no es el de las leyes estatutarias.
…
Primero. RECHAZAR el recurso de súplica interpuesto por el ciudadano
canadiense Glenn Alexander Ross en contra del auto del 29 de mayo de
2023 que rechazó la solicitud de “nulidad de los artículos 188 y 376 de la
Ley 599 de 2000”.

Segundo. Proceda la Secretaría General de esta corporación a
comunicar el contenido de esta decisión al recurrente, indicándole que
contra esta no procede recurso alguno.

Tercero. En firme esta decisión, archívese el expediente.
…

Afirmó que presentó una petición vía electrónica el 28 de julio de 2023 ante el
juez Fredy Javier Andrade Solano, titular del Juzgado Sexto Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena para la “revisión del
artículo 4 y emitir una declaración judicial sobre la aplicabilidad del artículo
188 del Código Penal en [su] contra”; pero que este no ha respondido su
“solicitud de revisión judicial”.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que el magistrado auxiliar demandado remitió
intencionalmente su solicitud del “24 (sic) de abril a la Corte Constitucional
sabiendo que fracasaría (porque no soy colombiano) y esperaba que evitar
realizar la preceptiva revisión del artículo 237.2 que solicité.”

Adujo que, el artículo 4 superior no hace excepción en cuanto a la jerarquía
judicial, pues “…toda persona que vista la toga en Colombia está obligada a
realizar la revisión del artículo 4 de oficio. Y recuerdo respetuosamente a
este Honorable Tribunal de Tutela que invoqué el artículo 87 de la Carta en
mi petición al Consejo de Estado”.

Precisó que la omisión que alegó es atribuible tanto al accionado Hugo
Alejandro Sánchez Hernández como al accionado Jaime Enrique Rodríguez
Navas del Consejo de Estado, y a los numerosos jueces y magistrados
nombrados en esta acción legal como vinculado.

Señaló que, la negativa de los vinculados, específicamente el juez Fredy

5
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

7

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Javier Andrade Solano, como titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito con
Funciones de conocimiento de Cartagena a realizar la revisión del artículo 4
que solicitó también es una violación de facto de su derecho al debido
proceso de impugnar la aplicabilidad de cualquier disposición legal que prima
facie sea inconstitucional.

Consideró que, tiene derecho a la “revisión judicial obligatoria, justa e
imparcial del artículo 4 y del artículo 237.2 de los artículos 188 y 376 de la
Ley 599 de 2000”.

Resaltó que, la revisión del artículo 4 superior es competencia de todos los
jueces en Colombia, y la revisión del artículo 237.2 es la competencia del
Consejo de Estado como institución.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 11 de septiembre de 2023, se inadmitió la demanda pues
se observó que se encontraba escrita en idioma inglés, en tanto que, la parte
actora sostuvo que esa era su lengua materna; por lo que pidió que el
“…traductor designado que sea lo más fiel posible e incluya el énfasis que
agregué en mi texto resaltando, subrayando, coloreando y poniendo en
cursiva…”.

La parte actora remitió escrito vía electrónica a través de correo del 15 de
septiembre del mismo, con el que presentó el escrito de demanda e informó
que utilizó los “…los servicios en línea de Google Translator para rendir esta
petición en español. Lamentablemente, y por el motivo ya expresado, no
puedo confirmar la exactitud o integridad de la traducción.”

Por tanto, bajo los términos del precitado memorial se entendió subsanada la
demanda constitucional y se procedió con la admisión mediante providencia
del 28 de septiembre de 2023.

Por consiguiente, se dispuso la notificación del presidente del Consejo de
Estado, del magistrado auxiliar Hugo Alejandro Sánchez Hernández, quien
labora en esta corporación y del juez Sexto Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento (Cartagena).

A su vez, se vinculó en calidad de terceros a la presidenta de la Corte
Constitucional y a los magistrados que integran dicha corporación, al juez
Cuarto Penal Municipal de Garantías de Cartagena, a los agentes números
33 y 49 Seccional Bolívar de la Fiscalía General Nación, al juez Primero
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena, al juez
Primero Penal del Circuito y al juez Segundo Penal del Circuito Especializado
de la misma ciudad; así como a los magistrados del Tribunal Superior de

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Cartagena Patricia Helena Corrales Hernández, José de Jesús Cumplido
Montiel y, Francisco Antonio Pascuales Hernández.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibió la siguiente intervención:

1.6.1. Consejo de Estado, Presidencia

El presidente de esta corporación rindió el informe solicitado respecto de los
hechos y de las pretensiones objeto de la acción de tutela de la referencia,
así como de la gestión adelantada por el magistrado auxiliar de la
presidencia Hugo Alejandro Sánchez Hernández, en relación con este
asunto.

Precisó que, la vinculación del suscrito y del mencionado magistrado auxiliar
tiene origen en el trámite impartido a las peticiones que el actor envió a esta
dependencia. En tal sentido, y luego de consultar el Sistema de Gestión de
Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales del Consejo de Estado
– SIGOBius y el correo electrónico de la Presidencia, se confirmó el recibo de
las peticiones CE-EXT-2023-799 (del 13 de abril de 2023), CE-EXT-2023-900
(del 25 de abril de 2023) y CE-EXT-2023-1966 (del 27 de julio de 2023), las
cuales se relacionaron con la presente acción de tutela.

Expuso un resumen de tales gestiones y el trámite impartido, a partir de lo
cual advirtió que la Presidencia del Consejo de Estado ha atendido de fondo
y con plena observancia de los elementos esenciales del núcleo esencial del
derecho de petición, las comunicaciones presentadas por el actor.

Recordó que, el mandato del artículo 241 de la Constitución Política, que
dispone como funciones de la Corte Constitucional “decidir sobre las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las
leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en
su formación (numeral 4)”.

Destacó que, en aplicación del precepto del numeral 2 del artículo 237 de la
Constitución Política, que dispone que “son atribuciones del Consejo de
Estado, conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los
decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no
corresponda a la Corte Constitucional”, realizó lo que en derecho
correspondía, que era enviar la solicitud del accionante a la Corte
Constitucional para que, en el ámbito de sus competencias Constitucionales
y legales, verificara los requisitos de las acciones que pretendía instaurar el
señor Ross, con el fin de que, si era procedente, se iniciara su trámite.

Advirtió que, lo pretendido por el accionante es a todas luces contrario a los
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mandatos constitucionales, en tanto demanda ante el Consejo de Estado la
inconstitucionalidad de unos artículos de las Leyes 599 de 2000 y 1437 de
2011, con la intención de que sea este tribunal quien decida el asunto, pese
a que la Constitución dispone que ello es atribución de la Corte
Constitucional.

Concluyó que, el presidente y el magistrado auxiliar de la Presidencia del
Consejo de Estado no han vulnerado derecho alguno del señor Glenen
Alexander Ross, puesto que, dentro del marco de sus atribuciones, han
impartido el trámite de ley a las solicitudes presentadas, por lo que se pidió
que se denieguen las pretensiones que se pudieran entender incoadas en
contra de estos servidores. Aportó documental relacionada.

1.6.2. Corte Constitucional

La magistrada Diana Fajardo Rivera, en su condición de presidenta de dicha
corporación, sostuvo que la acción de tutela es improcedente y, solicitó su
desvinculación.

Hizo referencia al trámite impartido a la solicitud del demandante, para luego
destacar que, la Corte Constitucional cumplió con el trámite de la petición
radicada por el señor Glenen Ross que fue trasladada por el Consejo de
Estado a esta corporación, en los términos del artículo 241 de la Constitución
Política y del Decreto 2067 de 1991. Ello se observa con mayor claridad, en
el gráfico extraído de la página web, en donde se evidencia el detalle de las
actuaciones adelantadas en torno al expediente digital D-15.314.

Precisó que el expediente de D-15.314 ha sido archivado, en atención a que
se agotaron todas las etapas procesales previstas en los procesos de
constitucionalidad.

Agregó que, es necesario poner de presente que, tal y como se le ha
reiterado al accionante, la inadmisión o rechazo de una demanda de
inconstitucionalidad no impide que los ciudadanos puedan presentar una
nueva demanda, siempre que cumplan los parámetros de control que se
derivan de los artículos 40-6 y 241 de la Constitución, así como del Decreto
Ley 2067 de 1991.

Destacó que, la pretensión de la acción de tutela no se dirigió a que se
iniciara un nuevo trámite de control de constitucionalidad.

Concluyó que, no ha vulnerado ningún derecho fundamental del señor
Glenen Ross; por lo que, solicitó su desvinculación de la presente acción de
amparo tutelar. Subsidiariamente, solicitó que se “niegue el amparo por
improcedente”.

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1.6.3. Fiscalía General de la Nación

Esta entidad hizo referencia a la presunta comisión del delito de tráfico de
migrantes por parte del accionante, por lo que fue capturado en flagrancia el
21 de septiembre de 2015 y dejado a disposición de dicho ente y en la que el
juzgado declaró la legalidad de dicha captura, de lo cual se le impuso medida
de aseguramiento intramural en la cárcel de Ternera.

Afirmó que, luego de las correspondientes audiencias del proceso penal, en
el que no solo ha contado con defensores contractuales sino con intérpretes
y que, en la actualidad el actor no se encuentra privado de la libertad, ni ha
sido sujeto de alguna restricción para salir del país, pues recuperó su libertad
a través de un habeas corpus.

Resaltó que, dicho ente ha actuado de forma célere y eficiente y acorde con
los lineamientos legales y jurisprudenciales aplicables al caso concreto.

1.6.4. Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de conocimiento de
Cartagena

El juez Fredy Javier Andrade Solano, titular de dicho despacho judicial, se
opuso a la prosperidad de la acción de tutela y solicitó su desvinculación.

Señaló que, le fue asignado en fecha 1 de diciembre de 2015, el radicado
130016001129201503351, seguido contra el actor por el probable delito de
tráfico de migrantes, actuación cuyo conocimiento se avocó en auto del 14 de
diciembre de 2015.

Resaltó que actualmente tiene el conocimiento del proceso en mención en el
que se le ha garantizado el respeto a todos sus derechos constitucionales al
actor, y en el que por la condición de ciudadano extranjero se han nombrado
como intérpretes para que lo asista.

Precisó que, la acción de la referencia gira en torno a una solicitud de nulidad
constitucional de los artículos 188 y 376 del Código Penal (Ley 599 de 2000);
por lo que, de acuerdo a las circunstancias fácticas narradas por el actor, no
se vislumbra acción u omisión por parte de dicho despacho que haya
atentado contra los derechos invocados y en cuanto al tema de la
constitucionalidad de los artículos 188 y 376 fue objeto de respuesta a una
petición del demandante, en la que se le explicó de manera detallada sobre
el tema.

Solicitó su desvinculación de la acción de tutela y se declare además que
esta judicatura no ha vulnerado derecho alguno del actor. Adjuntó
documental relacionada.

11

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1.6.5. Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena

El titular de este despacho judicial manifestó que el actor ha presentado
varias acciones de tutela que han resultado improcedentes, por la causa
penal que se llevó en su contra por el delito de tráfico, fabricación y porte de
estupefacientes agravado con radicado 13001-60-01129-2017-02923 en el
que solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad del artículo
376 del Código Penal.

Resaltó que el actuar del accionante corresponde a un abuso de la acción de
tutela.

1.7. Intervención posterior del actor

1.7.1. Mediante escrito remito vía electrónica el 6 de octubre de 2023, el
accionante presentó una “información suplementaria”, para indicar lo
siguiente:

Le escribo para informar a la brevedad a este Honorable Tribunal de
Tutela que el Accionado Fredy Javier Andrade Solano ya me ha
proporcionado una respuesta a mi APLICACION DE REVISIÓN
JUDICIAL del 28 de julio de 2023 (ver Anexo #16), una respuesta
probablemente motivada por esta demanda. Sin embargo, la respuesta
que brindó (ilegalmente) no responde a mi solicitud y por lo tanto
renuevo la solicitud que hice ante este Honorable Tribunal de Tutela
para una orden de protección. Solicito respetuosamente una orden que
obligue al Accionista Fredy Javier Andrade Solano a realizar de
inmediato un control imparcial (artículo 4 CP) de la constitucionalidad del
artículo 188 del Código Penal de Colombia y al concluir dicho control me
emita su declaración judicial explicando claramente, fundamentada, su
determinación sobre la aplicabilidad de dicha “ley” en mi caso
específicamente (Radicación: 1300160011292015-03351).

2. Si tuviera la oportunidad, le diría directamente al Accionado Fredy
Javier Andrade Solano que parece estar malinterpretando el significado
del mandato expresado por los electores en el artículo 4 de su Carta, y
parece no haber leído la jurisprudencia pertinente de la Corte
Constitucional que ha reiteró, casi desde el día de su creación, que el
mandato constitucional del artículo 4 le impone un DEBER a él y a todos
los jueces y magistrados ordinarios de Colombia. Sobre este punto, y
para beneficio de los demás jueces y magistrados involucrados en este
pleito, remito al Accionado Fredy Javier Andrade Solano al expediente
del Tribunal Constitucional T-681-16 (se adjunta copia para comodidad
de todos los vinculados a este asunto jurídico acción, marcada como
Anexo #17). Recomiendo que él y todos los demás jueces y magistrados
de esta demanda hagan una búsqueda en ese caso de la palabra
"enfático", que se encontrará en la página 13 de la Decisión de 20
páginas. La Corte Constitucional no podría haberse expresado más
claramente que en el T-681-16; todos los jueces y magistrados
12

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ordinarios deben velar por que ninguna ley inferior esté por encima de la
lex superior. Además, en caso de que algún juez o magistrado, incluido
el Accionista Fredy Javier Andrade Solano, considere que dicha
jurisprudencia es sólo un criterio auxiliar, la Corte Constitucional C-284-
15 ha concluido inequívocamente, “que nuestro sistema normativo ha
avanzado significativamente en este campo…6

Aportó copia de la respuesta que le remitió el juez Sexto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Cartagena del 4 de octubre de 2023.

1.7.2. Con escrito enviado vía electrónica el 9 de octubre de 2023, el
accionante remitió una nueva “información suplementaria”, en el cual solicitó:

En aras de total transparencia explico a este Honorable Tribunal de
Tutela que tengo tres (3) propósitos al brindar esta INFORMACIÓN
ADICIONAL SUPLEMENTARIA. El primero es haber incluido en el
expediente judicial oficial información específica (adjunta al presente y
marcada respectivamente como Anexo #18, Anexo #19 y Anexo #20)
que eventualmente (o seleccionada por solicitud) será revisada por la
Corte Constitucional. El segundo es ampliar y desarrollar mi pregunta
retórica que hice anteriormente: quién en Colombia tiene un juicio justo,
cómo es posible tener un juicio justo si jueces de primera instancia… y
los magistrados de apelación (segunda instancia) … no entienden sus
obligaciones constitucionales y legales con respecto a la protección de
TODOS los derechos del acusado? Y el tercer propósito es ayudar
(algunos podrían llamarlo educar) a todos los Accionados y Vinculados
en esta demanda sobre la cláusula de legalidad del debido proceso.7

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La presidenta de la Corte Constitucional y el juez Sexto Penal del Circuito
con Funciones de conocimiento de Cartagena solicitaron su desvinculación
del presente trámite constitucional.

6
Transcripción literal del original, con posibles errores.
7
Transcripción literal del original, con posibles errores.

13

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Al respecto, se accederá a la petición del alto tribunal constitucional pues el
accionante no demandó expresamente a dicha corporación ni sus
decisiones8 y, se denegará respecto del juez en cita puesto que, se observa
que el actor sí formuló reparos concretos en contra de dicha autoridad
judicial.

2.3. Problemas jurídicos

Corresponde a la sala determinar si se cumplen los presupuestos generales
de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si se vulneró el derecho
fundamental de petición de la parte accionante con la respuesta emitida por
la Presidencia del Consejo de Estado.

De igual manera, se establecerá si en el presente asunto se configura la
carencia actual de objeto respecto de la solicitud que formuló el actor frente
al juez Fredy Javier Andrade Solano como titular del Juzgado Sexto Penal
del Circuito con Funciones de conocimiento de Cartagena.

Asimismo, se precisa que el actor no formuló cargo o cuestionamiento
expreso en contra de las providencias de la Corte Constitucional, esto es,
contra los autos del 29 de mayo y 2 de agosto de 2023; razón por la cual, la
sala se abstendrá de analizar la presente acción constitucional contra
providencia judicial. En el mismo sentido, no se encuentra reproches
concretos y precisos frente a los demás vinculados.

2.4. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

8
En el escrito de tutela el actor solo hizo mención de lo decidido por la Corte Constitucional
mediante auto del 29 de mayo de 2023, que rechazó su “solicitud de nulidad de los artículos
188 y 376 de la Ley 599 de 2000 por la causa de incompetencia del legislador”.

14

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De igual manera, la sala considera necesario recordar que conforme al
Decreto 2591 de 1991, cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales y existe el riesgo de que se configure un perjuicio irremediable y,
en este evento, la acción es procedente de manera transitoria por el término
máximo de cuatro (4) meses y, cuando el medio existente no es idóneo y
eficaz para resolver la controversia, el amparo resulta eventualmente
procedente de forma definitiva.

Es así como el amparo transitorio se consagró para evitar un daño
irreparable, lo cual en todo caso debe ser objeto de análisis por el juez
ordinario, pues tal protección es temporal a partir del fallo de tutela y, cesará
el amparo si no se instaura el medio de control principal.

ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La
acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

…

ARTICULO 8o. LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO. Aun
cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de
tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia
que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad
judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por
el afectado.

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo
de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.

Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable,
la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de
nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar
que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta
cuya protección se solicita, mientras dure el proceso. (Subrayado fuera del
texto)

De modo que, la acción de tutela no puede remplazar ni sustituir los recursos
o medios de defensa judiciales, ni mucho menos considerarse una vía
15

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anticipada de defensa, ni concomitante al mecanismo judicial, pues se
desconocería su naturaleza residual y subsidiaria.

2.5. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades judiciales. Ley 1755 de 2015, por la cual se reguló el referido
derecho fundamental

La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo
23 de la Constitución Política, así: “[t]oda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.”

Por su parte, con la Ley 1755 de 2015 se reguló el mencionado derecho y se
sustituyó el título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (artículos 13 a 33), por violación a la reserva de
ley estatutaria9.

En dicha norma, se dispuso un término general para resolver las peticiones de
15 días y, como término especial el de 10 días para las solicitudes de
documentos e información y, de 30 días cuando se eleve consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo.

La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada10.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado,
e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada Corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo11.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, al pedir información acerca de un
documento que ha desaparecido.

9
Sentencia C – 818 de 2011, Corte Constitucional.
10
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001,
entre otras.
11
Sentencia T – 1075 de 2003.

16

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Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Ello, por cuanto el ejercicio de tal garantía “…no es aplicable a las autoridades
judiciales en el curso de los procesos, ya que estos se rigen por las normas
legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la
formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.”12

En relación con dicho aspecto la Corte Constitucional13 ha considerado:

5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces
las sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:

a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial
o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la
ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión
del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición.

b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un
lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y
los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la
litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”14

2.6. Caso concreto

El actor consideró vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de la
respuesta emitida por la presidencia del Consejo de Estado, por el
magistrado auxiliar Hugo Alejandro Sánchez Hernández, pues consideró que,
tanto la presidencia como dicho funcionario deben realizar de “inmediato la
revisión del artículo 237.2 de los artículos 188 y 376 del Código Penal y
anular cualquiera o ambas dichas disposiciones legales”, pues el Consejo de
Estado es a su juicio el competente la constitucionalidad de dichas normas
penales.

12
Sentencia T-178 de 2000.
13
Sentencia T-377 de 2000.
14
Sentencia T-334 de 1995.

17

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Además, cuestionó al juez Fredy Javier Andrade Solano como titular del
Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de conocimiento de
Cartagena, pues no le ha dado respuesta a su solicitud tendiente a que
realice una “revisión del artículo 4 y emitir una declaración judicial sobre la
aplicabilidad del artículo 188 del Código Penal” en su contra.

La autoridades demandadas y vinculados intervinientes se opusieron a la
prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar que, es improcedente o en
su defecto porque se debe denegar lo pretendido por el accionante.

Por tal motivo, se procederá con el siguiente análisis:

2.6.1. Reproches frente a la respuesta de la Presidencia del Consejo de
Estado

El accionante manifestó que el presidente y el magistrado auxiliar de la
Presidencia del Consejo de Estado, “incurrieron en una actuación no
solicitada al remitir a la Corte Constitucional mi solicitud para que fuera el
Consejo de Estado quien realice una revisión … de los artículos 188 y 376 de
la Ley 599 de 2000 …de conformidad con el artículo 237.2 de la
Constitución”.

Por lo que, pretende que, a través de la presente acción de tutela se ordene
al Consejo de Estado “la revisión judicial obligatoria, justa e imparcial de los
artículos 188 y 376 de la Ley 599 de 2000”, “por ser de su competencia”, de
conformidad con el citado “el artículo 237.2 constitucional”. De igual manera,
consideró que, “cualquiera de los magistrados del Consejo de Estado que
declare inexequible el artículo 137 de la ley 1437 de 2011 y la nulidad de la
misma”.

En tal sentido, se observa que, la inconformidad del demandante radica es
en que, a su juicio, es el Consejo de Estado el competente para tramitar y
conocer de las demandas por inconstitucionalidad de los mencionados
preceptos, alegando que el artículo 237 constitucional le daba la facultad de
escoger la jurisdicción y la corporación que resolvería su demanda.

Al respecto, se observa que, el artículo 241 de la Constitución Política
contempla como funciones de la Corte Constitucional “decidir sobre las
demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las
leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en
su formación (numeral 4)”.

Mientras que, el numeral 2.° del artículo 237 ibidem señala que “son
atribuciones del Consejo de Estado, conocer de las acciones de nulidad por
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya
competencia no corresponda a la Corte Constitucional”.
18

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Por tanto, ante la falta de competencia de una autoridad administrativa, el
deber legal es la remisión por competencia. En ese orden, se advierte que, la
presidencia del Consejo de Estado le impartió el trámite correspondiente
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, que establece:

ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la
autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de
inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5)
días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo
comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.

En concreto, se enlistan las siguientes gestiones adelantadas por la
presidencia de esta corporación, que refirió dicha demandada en su informe,
así:

Radicado Fecha de Contenido Respuesta
recepción
CE-EXT- 13 de abril Denunció el De acuerdo con lo establecido en el
2023-799 de 2023 incumplimiento de la artículo 237 de la Constitución Política
Constitución y la ley y en las Leyes 270 de 1996 y 1437 de
por parte del poder 2011, se le indicó que el Consejo de
judicial. Estado no tiene competencia para
intervenir en el asunto planteado, el
Específicamente, cual es de naturaleza penal y
manifestó la comisión disciplinaria, por lo que es atribución de
del delito de otras jurisdicciones y autoridades.
«subversión de
justicia por parte de En razón a lo anterior, ante la
algunos de los existencia de posibles delitos y faltas
Fiscales Generales disciplinarias, se le invitó a acudir con
de la Nación», y las respectivas pruebas ante la Fiscalía
precisó saber de «al General de la Nación, la Comisión
menos 100 jueces y Nacional de Disciplina Judicial, la
magistrados que han Comisión Seccional de Disciplina
actuado como Judicial de la circunscripción en la que
cómplices en la estos funcionarios ejercen sus
comisión de este funciones, la Procuraduría General de
delito» la Nación y la Comisión de
Investigación y Acusaciones de la
Cámara de Representantes, para que,
en atención a los artículos 250, 257A y
277 de la Constitución Política de 1991,
114 de la Ley 270 de 1996 y 329 y
siguientes de la Ley 5ª de 1992, inicien
las investigaciones a que haya lugar
CE-EXT- 25 de abril «En cumplimento de Se le indicó que, de la lectura de su
2023-900 de 2023 los artículos 237 y 87 escrito se advirtió que pretendía incoar
de la Constitución dos acciones judiciales distintas, a
Política», sometió saber: la acción de cumplimiento
«esta petición a la regulada en el artículo 87 de la
jurisdicción del Constitución Política, y la acción
Consejo de Estado, pública de inconstitucionalidad de que
19

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solicitando la trata el artículo 241 de la Carta Política,
declaración de por cuanto formuló cargos en contra de
nulidad de los los artículos 188 y 376 de la Ley 599 de
artículos 188 y 376 de 2000 y 137 de la Ley 1437 de 2011.
la Ley 599 de 2000
[…], porque no En razón a ello, con fundamento en el
satisfacen los artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019
requisitos del (Reglamento Interno del Consejo de
principio de legalidad, Estado), su solicitud relacionada con la
ya que ninguno de los acción de cumplimiento se remitió por
dos artículos son una correo electrónico a la Secretaría
ley en estricto General de esta Corporación; mientras
sentido». que su petición sobre la demanda de
inconstitucionalidad se trasladó a la
Asimismo, solicitó Secretaría General de la Corte
que «cualquiera de Constitucional, en razón a los artículos
los magistrados del 21 de la Ley 1437 de 2011 y 241 de la
Consejo de Estado Constitución Política, con el fin de que,
declare inexequible el en el ámbito de sus competencias
artículo 137 de la Ley Constitucionales y legales, verifiquen
1437 de 2011 y la los requisitos de las acciones que
nulidad de la misma pretende instaurar con el fin de que, si
[…]». es procedente, se proceda a su trámite
Finalmente, en inglés,
presentó las mismas En cuanto a las manifestaciones que
solicitudes contenidas presentó en idioma inglés, se le puso
en su anterior petición de presente que estas son reiterativas,
CE-EXT-2023-799 comoquiera que son las mismas
contenidas en su anterior petición CE-
EXT-2023-799. Por tal razón, se le
indicó que debía remitirse al oficio CE-
Presidencia-PQRS-INT-2023-1296 del
18 de abril de 2023, en el que la
Presidencia del Consejo de Estado
atendió de fondo sus solicitudes

CE-EXT- 27 de julio Presentó «solicitud de Se le puso de presente que la
2023-1966 de 2023 medida cautelar» en actuación de esta Presidencia en su
el marco del trámite petición CE-EXT-2023-900, se limitó a
que inició la Corte trasladar por competencia su solicitud a
Constitucional (D- la autoridad que constitucional y
15314) sobre su legalmente está facultada para
petición (CE-EXT- atenderla, por lo que se le indicó que
2023-900), que le fue cualquier requerimiento adicional sobre
traslada por este el particular, debe presentarlo
despacho por directamente ante la misma; por
competencia (oficio cuanto, de conformidad con lo
INT-2023-1470), en establecido en el artículo 237 de la
razón a que se Constitución Política y en las Leyes 270
trataba de la acción de 1996 y 1437 de 2011, el Consejo de
pública de no tiene competencia para intervenir en
inconstitucionalidad los asuntos de conocimiento de otras
en contra de los autoridades judiciales, debido a que no
artículos 188 y 376 de funge como su superior jerárquico y,
la Ley 599 de 2000 y por ende, estos son independientes y
137 de la Ley 1437 autónomos en el análisis y decisiones
de 2011. que adoptan en las cuestiones que se
les presentan para su conocimiento.
Al respecto, agregó
que «la presente Como no se advirtió el envío de su
aplicación se escrito a la Corte Constitucional, de
presenta ante el conformidad con el artículo 21 de la Ley
Consejo de Estado 1437 de 2011, se procedió a su

20

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por cuanto esta traslado al correo electrónico:
acción legal fue secretaria1@corteconstitucional.gov.co,
iniciada en esta a donde se le indicó que en adelante
Corporación, hecho podría enviar las solicitudes
que justifica que relacionadas con este asunto.
resuelva esta
aplicación […] y Finalmente, como se observó que
guarda relación con el envío directamente su solicitud al
proceso Juzgado Sexto Penal del Circuito con
1300160011292015- Funciones de Conocimiento de
03351, de Cartagena, no se procedió a un nuevo
conocimiento del envío, en consonancia con los
Juzgado Sexto Penal principios de eficacia, economía y
del Circuito con celeridad establecidos en el artículo 3
Funciones de de la Ley 1437 de 2011
Conocimiento de
Cartagena»

De igual manera, se encuentra que dicha dependencia también dio respuesta
al accionante sobre el mencionado trámite del traslado de la petición, así:

Bogotá, D. C., 18 de abril de 2023

CE-Presidencia-PQRS-INT-2023-1296

Señor

Glenn Ross
Correo electrónico: glenn.windquest@yahoo.com

Ref.: Contesta petición CE-EXT-2023-799

Respetado señor Ross:

Acuso recibo de su comunicación de fecha 13 de abril de 2023, en la que
denuncia el incumplimiento de la Constitución y la ley por parte del poder
judicial. Específicamente, manifiesta la comisión del delito de «subversión de
justicia por parte de algunos de los Fiscales Generales de la Nación», y
precisa saber de «al menos 100 jueces y magistrados que han actuado como
cómplices en la comisión de este delito».

Con toda consideración me permito informarle que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 237 de la Constitución Política y en las Leyes 270 de
1996 y 1437 de 2011, el Consejo de Estado no tiene competencia para
intervenir en el asunto por usted planteado, el cual es de naturaleza penal y
disciplinaria, por lo que es atribución de otras jurisdicciones y autoridades.

En razón a lo anterior, ante la existencia de posibles delitos y faltas
disciplinarias, respetuosamente lo invito a que acuda con las respectivas
pruebas ante la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de la
circunscripción en la que estos funcionarios ejercen sus funciones, la
Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Investigación y

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Demandante: Glenen Alexander Ross
Demandados: Presidencia del Consejo de Estado y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-04858-00

Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que, en atención a los
artículos 250, 257A y 277 de la Constitución Política de 1991, 114 de la Ley
270 de 1996 y 329 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, inicien las
investigaciones a que haya lugar.

…

Bogotá, D. C., 31 de julio de 2023

CE-Presidencia-PQRS-INT-2023-2934

Señor
Glenn Ross
Correo electrónico: glenn.windquest@yahoo.com
Ciudad

Ref.: Contesta petición CE-EXT-2023-1966

Respetado señor Ross:

Se acusa recibo de su comunicación de fecha 27 de julio de 2023, en la que
presenta «solicitud de medida cautelar» en el marco del trámite que inició la
Corte Constitucional (D-15314 ) sobre su petición (CE-EXT-2023- 900), que le
fue traslada por este despacho por competencia (oficio INT-2023-1470), en
razón a que se trataba de la acción pública de inconstitucionalidad en contra
de los artículos 188 y 376 de la Ley 599 de 2000 y 137 de la Ley 1437 de
2011. Sobre el particular, agrega que «la presente aplicación se presenta ante
el Consejo de Estado por cuanto esta acción legal fue iniciada en esta
Corporación, hecho que justifica que resuelva esta aplicación […] y guarda
relación con el proceso 1300160011292015-03351, de conocimiento del
Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Cartagena».

Comedidamente se le pone de presente que, la actuación de esta Presidencia
en el trámite de la petición radicada bajo el No. CE-EXT-2023-900, se limitó a
trasladar por competencia su solicitud a la autoridad que constitucional y
legalmente está facultada para atenderla, esto es, la Corte Constitucional, por
lo que cualquier requerimiento adicional sobre el particular debe presentarlo
directamente ante dicha Corporación judicial. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido en el artículo 237 de la Constitución Política y en las Leyes 270
de 1996 y 1437 de 2011, que determinan que el Consejo de Estado no tiene
competencia para intervenir en los asuntos de conocimiento de otras
autoridades judiciales, debido a que no funge como su superior jerárquico y,
por ende, estos son independientes y autónomos en el análisis y decisiones
que adoptan en las cuestiones que se les presentan para su conocimiento.

Comoquiera que no se advierte el envío de su escrito a la Corte
Constitucional, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, se
procederá a su traslado al correo electrónico:
secretaria1@corteconstitucional.gov.co, buzón al que podrá enviar las

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Rad: 11001-03-15-000-2023-04858-00

solicitudes relacionadas con este asunto, a fin de que se le pueda garantizar
una respuesta oportuna, clara, completa y de fondo, por cuanto el artículo 121
de la Constitución Política consagra que «[n]inguna autoridad del Estado
podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la
ley»

Finalmente, como se observa que envió directamente su solicitud al Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena, no es
necesario una nueva remisión en consonancia con los principios de eficacia,
economía y celeridad establecidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.

En consecuencia, se denegará la solicitud de tutela en lo que se refiere a
este reproche, puesto que, la autoridad demandada impartió el trámite legal
correspondiente, consistente en enviar la solicitud del accionante a la Corte
Constitucional y a la Secretaría General de esta corporación, para que, en el
ámbito de sus competencias verificaran los requisitos de las acciones que
pretendía instaurar el señor Ross, con el fin de que, si era procedente, se
iniciara su trámite.

Esto, en virtud de las competencias consagradas en los artículos 237 y 241
de la Constitución Política, el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado) y el artículo 21 de la Ley 1437
de 2011.

Además, se precisa que la competencia del Consejo de Estado se encuentra
determinada por el artículo 237 superior, en cuyo numeral 2° se consagra
como atribución de dicha corporación “[c]onocer de las acciones de nulidad
por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional,
cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.”

En ese orden, no se le puede ordenar al Consejo de Estado que resuelva esa
demanda que pretende el accionante, pues en virtud del artículo 230
constitucional15, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al
imperio de la ley, mientras que, la equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad
judicial.

2.6.2. Reparos por la falta de respuesta del juez Fredy Javier Andrade
Solano, titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de
conocimiento de Cartagena

El accionante sostuvo que presentó una petición vía electrónica el 28 de julio

15
ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la
ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios
auxiliares de la actividad judicial.

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de 2023 ante el juez Fredy Javier Andrade Solano, titular del Juzgado Sexto
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena para la
“revisión del artículo 4 y emitir una declaración judicial sobre la aplicabilidad
del artículo 188 del Código Penal en [su] contra”; pero que este no ha
respondido su “solicitud de revisión judicial”.

Al respecto, se observa que el mencionario funcionario judicial en su informe
señaló que dio respuesta a la solicitud formulada por el actor, remitida el 5 de
octubre de 2023 al correo glenn.windquest@yahoo.com; de la cual tiene
conocimiento el accionante conforme a lo manifestado en su intervención
posterior a la admisión de la presente demanda. En dicho escrito el
funcionario judicial le indicó:

Señor GLEN ALEEXANDER ROOS, luego de haber abordado el tema objeto
de su petición concluye el despacho reiterándole que la Ley 599 del 2000 en
su artículo 188 actualmente se encuentra vigente, en atención a ello tiene
plena aplicación, no siendo este despacho el competente para conocer de una
eventual acción de inconstitucionalidad solicitada por usted en el derecho de
petición que nos ocupa la atención, que es la corte constitucional quien
conoce y decide de esa clase de procedimientos, siempre y cuando exista una
demanda de esa naturaleza.

Por otro lado, atendiendo a lo manifestado en su petición podemos entender
que solicitud está encaminada a que se aplique por parte del despacho la
excepción de Inconstitucionalidad dentro del Juicio penal que se siguen en su
contra radicado bajo No. 1300160011292015-03351, toda vez que a su
consideración se le están vulnerando sus derechos fundamentales y
constitucionales, entre ellos el de la libertad.

Bajo este entendido es del caso precisar que, en el ordenamiento jurídico
colombiano la Constitución Política es considerada norma de normas, por lo
que las disposiciones de las demás normas legales deben ser acordes a los
preceptos constitucionales, por lo que se encarga de fijar los límites del
Estado, regulando las relaciones entre los distintos poderes que conforman el
Estado y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo las bases
fundamentales para el ejercicio de administrar, gobernar y legislar, a través de
la creación y organización de instituciones públicas y privadas en que tales
poderes se asientan, garantizando al pueblo el goce efectivo de sus derechos
y libertades.

En lo que respecta a la aplicación de la Excepción por Inconstitucionalidad de
una norma, es deber del juez aplicarla cuando se advierte que en un caso
particular una norma es contraria a la Constitución Política; en este sentido es
preciso indicarle, que nuestro ordenamiento jurídico y en los tratados y
convenios ratificados por Colombia, se han dispuesto ciertas prerrogativas
legales bajo las cuales es posible limitar ciertos derechos fundamentales como
el de la libertad, pues dichas limitaciones son establecidas por el legislador
bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, con el entendido de que ciertas
conductas atentan contra la seguridad pública, dignidad e integridad humana,
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la sana o pacífica convivencia y demás intereses del Estado y de la población
en general, que se ven afectados con el actuar de una persona puede
encuadrar en una conducta punible dispuesta en la Ley 599 de 2000.

En su caso concreto es preciso señalar que, para este despacho no hay lugar
a la darle aplicación a la excepción de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta
que, en primer lugar en su derecho de petición, no indica de manera clara
cuales son las razones concretas por las que usted considera que el artículo
188 del Código Penal vulnera sus derechos fundamentales y constitucionales
dentro del juicio oral que se sigue en su contra, en segundo lugar debemos
manifestar que hasta la fecha se le han garantizado las garantías
constitucionales, procesales y legales, sin dejar de lado que, las medidas
cautelares impuestas a su persona se encuentran reguladas por la Ley 906 de
2004 y tienen como finalidad constitucional evitar obstrucción a la justicia,
asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la
comunidad o de la[s] víctimas o para el cumplimiento de la pena.

Por lo anterior, concluye el despacho que no se evidencia circunstancia alguna
que pueda dar lugar a la aplicación de la Excepción de Inconstitucionalidad
dentro del juicio penal que se sigue en su contra y que además el artículo 188
de la Ley 599 de 2000, actualmente se encuentra vigente, es decir, que se
encuentra conforme a los preceptos constitucionales de la carta política y por
lo tanto es constitucional, toda vez que no ha sido declarado inexequible por la
autoridad legal establecida para ello.

Por consiguiente, en esta acción de tutela se configura la carencia actual de
objeto por hecho superado.

En ese orden, el estudio que en este caso debería realizar el juez
constitucional carece de objeto actual, puesto que lo pretendido por la parte
accionante se circunscribía a la falta de pronunciamiento por parte de la
autoridad judicial acusada en mención, lo cual ya aconteció.

En lo particular, esta Sala de Decisión en anteriores oportunidades16 se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa
judicial ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a
la protección de derechos fundamentales que sean transgredidos o
amenazados de una manera actual e inminente.

De igual manera, se ha advertido que existen eventos en los que la amenaza
o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de
la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del
derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de
16
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate, (iii) 6 de junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro.

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suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que
cese la vulneración de los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela
por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho: (i)
por hecho superado, ii) por daño consumado y, iii) por una situación
sobreviniente.

Para el evento que aquí ocupa la atención, la citada Corporación ha
considerado que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26
del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación
impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de
tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones
necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente al derecho fundamental de petición, relacionado con la
omisión que la parte actora le atribuyó al juez Fredy Javier Andrade Solano,
titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de conocimiento
de Cartagena al no contestar su solicitud de 28 de julio de 2023, puesto
que, en el transcurso de la presente acción de tutela, fue decidido lo
cuestionado a través de esta vía constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Accédase a la solicitud de desvinculación de la presidenta de la
Corte Constitucional y, deniégase la petición que en el mismo sentido formuló
el juez Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Cartagena.

SEGUNDO: Deniégase la acción de tutela, promovida por el señor Glenen
Alexander Ross.

TERCERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado frente
al derecho fundamental de petición con ocasión de la solicitud formulada por
el accionante ante el juez Fredy Javier Andrade Solano, titular del Juzgado
Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

26

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Demandante: Glenen Alexander Ross
Demandados: Presidencia del Consejo de Estado y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-04858-00

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

27

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