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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-00591-01

Acción de tutela contra acto administrativo

Fecha
6 de junio de 2019
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro
Citada por
229 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2019-00591-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Problema jurídico

  1. ¿Procede confirmar, modificar o revocar la sentencia que declaró improcedente la tutela del impugnante en lo relativo a sus peticiones de exhibición de cuadernillos, hojas de respuestas y fórmula de calificación?

  2. ¿Existe carencia actual de objeto por situación sobreviniente cuando la organización del concurso retrotrae la actuación y expide un nuevo cronograma?

Reglas

  1. En la tutela hay carencia actual de objeto cuando la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela.

    «No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto»
  2. Cuando la organización del concurso retrotrae la etapa que dio origen a la tutela y la rehace en un nuevo cronograma, la actuación que amenazaba el derecho desaparece.

    «En el nuevo cronograma, se advierte que la etapa que dio origen a la presente acción de tutela ha sido omitida, pues se va a rehacer»
  3. En la impugnación de tutela el juez solo se pronuncia sobre los reparos planteados en la solicitud de amparo, no sobre pretensiones nuevas que no fueron debatidas.

    «sólo se pronunciará respecto de los reparos expuestos en su solicitud de amparo»

Decisión

Revoca la sentencia de 9 de abril de 2019 de la Sección Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la tutela del impugnante y, en su lugar, declara la carencia actual de objeto. Confirma la sentencia en todo lo demás, al no haber sido impugnada.

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de abril de 2019 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela del señor Juan Villareal Pava, para, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de abril de 2019 en todo lo demás, en consideración a que no fue objeto de impugnación. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2019-00591-01

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

6 de junio de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO - Expedición de un nuevo cronograma / CONCURSO DE MÉRITOS EN LA RAMA JUDICIAL - Convocatoria 27

En efecto, comoquiera que en el caso concreto la organización del concurso decidió retrotraer las actuaciones desarrolladas a partir de la calificación de la prueba de aptitudes y conocimientos, es imperioso concluir que ha desaparecido el fundamento de la acción de tutela y así se declarará en esta providencia. En el nuevo cronograma, se advierte que la etapa que dio origen a la presente acción de tutela ha sido omitida, pues se va a rehacer, por lo que esta Sala concluye que la actuación que amenazaba los derechos fundamentales del actor, ha desaparecido, configurándose así, una carencia actual de objeto por hecho sobreviniente. (...) Así las cosas, la Sala considera que en atención a que lo que el actor alegó como amenaza a sus derechos fundamentales ha desaparecido en el trascurso de la acción de tutela, existe una carencia actual de objeto debido a una situación sobreviniente (se retrotrajo la actuación).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 26 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00591-01(AC)

Actor: LUZ AMPARO VÉLEZ GALLEGO Y OTROS

Demandado: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Temas: Carencia actual de objeto. Solicitud de exhibición de cuadernillos y respuestas de pruebas en concurso de méritos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el señor Juan Villarreal Pava contra la sentencia del 9 de abril de 2019 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, en lo concierne a su solicitud del amparo, entre otras decisiones.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

Los señores Luz Amparo Vélez Gallego, Manuel Alberto Martínez Galvis, Natalia Andrea Arias Zea, Paula Andrea Sierra Caro, Mayfren Padilla Téllez, Juan Villareal Pava – impugnante- y Julia María Camila Ramos Uribe, en su calidad de aspirantes inscritos al concurso de méritos convocado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, promovieron acciones de tutela en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial –CARJUD– del referido Consejo y de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la contradicción y a la defensa, de acceso a cargos públicos, al trabajo, de acceso a documentos públicos y a la igualdad; así como el respeto de los principios de confianza legítima, moralidad administrativa, publicidad y transparencia.

Los accionantes consideraron vulneradas las citadas garantías constitucionales con ocasión de la respuesta brindada por la parte demandada a sus solicitudes de consulta del cuadernillo de preguntas, de la hoja de respuestas marcadas y de la planilla de respuestas de la prueba de aptitudes y conocimientos a la cual aplicaron.

Con base en lo anterior solicitaron la suspensión del concurso de méritos establecido en la Convocatoria No. 27 de 2018 – Acuerdo PCSJA18-1107 de 16 de agosto de 2018, hasta tanto cuenten con los insumos necesarios para interponer y sustentar los respectivos recursos de reposición en contra de la Resolución CJR 18-559 de 2018.

1.2. Expedientes acumulados

A continuación, el Despacho precisará los hechos, pretensiones y contestaciones presentes en cada uno de los expedientes que fueron acumulados:

1.2.1. Expediente No. 11001-03-15-000-2019-00591-00

La señora Luz Amparo Vélez Gallego formuló acción de tutela en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, con la finalidad de obtener la protección de sus derechos fundamentales “[…] al debido proceso, defensa y acceso a documentos públicos […]”.

Mediante auto de 22 de febrero de 2019, se vinculó, en calidad de tercero con interés, a la Universidad Nacional de Colombia.

1.2.1.1. Hechos

La accionante se inscribió en el concurso para aspirar al cargo de Juez Promiscuo Municipal, razón por la cual presentó prueba de conocimientos el día 2 de diciembre de 2018, obteniendo un puntaje de 799.35.

Con el objeto de argumentar y controvertir la calificación en forma concreta, el día 28 de enero de 2019, solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la exhibición de los documentos concernientes al cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas, así como la información respecto a las preguntas correctas y la fórmula matemática o estadística que empleó para la calificación, documentos requeridos para sustentar el recurso de reposición en contra de la Resolución CJR 18-559 de 2018.

1.2.1.2. Petición de amparo constitucional

“[...] PRIMERA. Se ordene la suspensión y/o prórroga del plazo para interponer y/o complementar el recurso de reposición contra el acto administrativo contentivo de los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos referido en los hechos, hasta tanto la entidad accionada permita el acceso a la documentación e información pedidas.

SEGUNDA. En el evento de que después del 1º de febrero de 2019 y antes del fallo de la presente tutela, se entregue por la accionada la información y documentación deprecada, pido que se declare suspendido el término referido desde la radicación de la presente tutela hasta la fecha de notificación del fallo de tutela, indicando el término faltante para incoar el recurso horizontal e incluso para complementarlo si se ha tenido que interponer sin esa información [...]”

1.2.1.3. Contestaciones

1.2.1.3.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda de tutela, toda vez que no vulneró los derechos fundamentales cuyo amparo invoca la accionante o, en su defecto, que se declare su improcedencia, por cuanto la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de los actos administrativos cuestionados, dado el carácter subsidiario de este mecanismo constitucional.

Señaló que, de conformidad con lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, no es posible consultar los cuadernillos de preguntas y respuestas porque dicha documentación goza de carácter confidencial, reserva que no puede levantarse luego de haber presentado la prueba de conocimientos, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de 1996 y T-180 de 2015.

Por otra parte y teniendo en cuenta que el accionante interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución CJR18-559, informó que este será decidido una vez se surta la etapa probatoria de exhibición de documentos, de conformidad con lo expuesto en el aviso divulgado a través de la página electrónica de la convocatoria 27. Finalmente, afirmó que la solicitud presentada por la accionante, en ejercicio del derecho de petición, fue resuelta mediante oficio CJO19-1744 de 28 de febrero de 2019.

1.2.1.3.2. La Universidad Nacional de Colombia solicitó declarar la improcedencia de la presente acción de tutela, por las siguientes razones: i) no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante, ii) en el plenario no existe ningún elemento de juicio que acredite la vulneración alegada, y iii) los hechos y solicitudes puestas de presentes se encuentran en trámite dentro del concurso.

Manifestó que, de acuerdo con la base de datos de los derechos de petición allegados a la institución, a la fecha, no se registra solicitud de información de la aspirante, concluyendo de tal manera que no existe vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo se invoca.

1.2.1.3.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de apoderado judicial, solicitó la declaratoria de falta de legitimación en causa por pasiva, así como la desvinculación procesal de esa dependencia, por cuanto no ha efectuado ninguna acción que ponga en peligro los derechos fundamentales de la accionante.

1.2.2. Expediente No. 11001-03-15-000-2019-00452-00

El señor Manuel Alberto Martínez Galvis formuló acción de tutela en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y de la Universidad Nacional de Colombia, con la finalidad de obtener la protección de sus derechos fundamentales “[…] de petición, al debido proceso y sus garantías a la defensa y contradicción […]”.

1.2.2.1. Hechos

El accionante se inscribió en el concurso para aspirar al cargo de “Juez Administrativo” y presentó la prueba de conocimientos el día 2 de diciembre de 2018, logrando un puntaje de 797,10.

Con el objeto de argumentar y controvertir la calificación en forma concreta, el día 15 de enero de 2019, el tutelante solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional, la exhibición de los documentos concernientes al cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas, así como la información respecto a las preguntas correctas y la fórmula matemática o estadística que empleó para la calificación; documentos requeridos para sustentar el recurso de reposición.

Finalmente y respecto de la respuesta contenida en el oficio CJO19-308 de 29 de enero de 2019, agregó que la información suministrada para obtener la fórmula de calificación final, resulta incompleta, pues no se suministró el valor de la variable z, esto es, el promedio del cargo al que se inscribe.

1.2.2.2. Petición de amparo constitucional

“[...] PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales de petición, al debido proceso y sus garantías a la defensa y contradicción entre otros, vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, de conformidad con el planteamiento expuesto.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL y a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo procedan a entregar y/o a conceder acceso a i) la copia auténtica del cuadernillo de preguntas correspondiente a la prueba de aptitudes y conocimientos que me fue realizada el pasado 2 de diciembre de 2018, como aspirante al cargo de Juez Administrativo en el marco del concurso de méritos para la conformación del Registro Nacional de Elegibles para los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante el Acuerdo PCSJA1811077 de 2018; ii) la hoja de respuestas que diligencié frente al anterior cuestionario en mi calidad de aspirante al cargo de Juez Administrativo; iii) la evaluación o reporte de calificación realizado respecto de mi prueba de aptitudes y conocimientos, así como la debida explicación respecto de la metodología aplicada para obtener los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos.

TERCERO: SE ORDENE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo procedan a responder de forma completa la petición formulada el 15 de enero de 2019, en el sentido de indicar con precisión cuáles fueron las cifras que representan las variables “promedio del cargo al que se inscribe” y "desviación estándar del cargo al que se inscribe” contenidas en la fórmula para calcular el valor “Z" que hace parte del procedimiento para obtener la calificación final.

CUARTO: SE ORDENE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL que REHABILITE LA TOTALIDAD del término de ejecutoria de la Resolución CJR18559 de 28 de diciembre de 2018 y su anexo -diez (10) días-, a partir del cumplimiento de lo indicado en los puntos anteriores, con la finalidad disponer del tiempo señalado por la ley para realizar la correspondiente evaluación de los documentos e informaciones solicitados, los cuales son necesarios para preparar el recurso dirigido a controvertir dicho acto administrativo [...]”.

1.2.2.3. Contestaciones

1.2.2.3.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda de tutela o, en su defecto, que se declare su improcedencia, toda vez que no vulneró los derechos fundamentales cuyo amparo invoca el accionante.

Por otra parte y teniendo en cuenta que la parte actora interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución CJR18-559, precisó que este se decidirá una vez se surta la etapa probatoria de exhibición de documentos, de conformidad con lo expuesto en el aviso divulgado a través de la página electrónica de la convocatoria 27. Finalmente, afirmó que la solicitud presentada por el accionante, en ejercicio del derecho de petición, fue resuelta mediante oficio CJO19-308 de 29 de enero de 2019.

1.2.2.3.2. La Universidad Nacional de Colombia solicitó declarar improcedente la presente acción, por las siguientes razones: i) no ha vulnerado ningún derecho fundamental del accionante, ii) en el plenario no existe ningún elemento de juicio que acredite la vulneración alegada, y iii) los hechos y solicitudes puestas de presente se encuentran en trámite dentro del concurso.

Expresó que, de acuerdo con la base de datos de los derechos de petición allegados a la institución, a la fecha no se registra solicitud de información del aspirante, concluyendo de tal manera que no existe vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo se alega.

1.2.2.3.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de apoderado judicial, solicitó la declaratoria de falta de legitimación en causa por pasiva, así como la desvinculación procesal de esa dependencia, por cuanto no ha efectuado ninguna acción que ponga en peligro los derechos fundamentales del tutelante.

1.2.3. Expediente No. 11001-03-15-000-2019-00590-00

La señora Natalia Andrea Arias Zea formuló acción de tutela en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales “[…] al debido proceso, defensa y acceso a documentos públicos […]”.

Mediante auto de 27 de febrero de 2019, se vinculó, en calidad de tercero, a la Universidad Nacional de Colombia.

1.2.3.1. Hechos

La accionante se inscribió en el concurso para aspirar al cargo de “Juez Civil Municipal”, presentando la prueba de conocimientos el día 2 de diciembre de 2018, logrando un puntaje de 798,13.

Con el objeto de argumentar y controvertir la calificación en forma concreta, el 24 de enero de 2019, solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la exhibición de los documentos concernientes al cuadernillo de preguntas, a la hoja de respuestas, así como la información respecto a las preguntas correctas y la fórmula matemática o estadística que empleó para la calificación; documentos requeridos para sustentar el recurso de reposición.

1.2.3.2. Petición de amparo constitucional

“[...] PRIMERA. Se ordene la suspensión y/o prórroga del plazo para interponer y/o complementar el recurso de reposición contra el acto administrativo contentivo de los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos referidos en los hechos, hasta tanto la entidad accionada permita el acceso a la documentación e información pedidas.

SEGUNDA. En el evento de que después del 1º de febrero de 2019 y antes del fallo de la presente tutela, se entregue por la accionada la información y documentación deprecada, pido que se declare suspendido el término referido desde la radicación de la presente tutela hasta la fecha de notificación del fallo de tutela, indicando el término faltante para incoar el recurso horizontal e incluso para complementario si se ha tenido que interponer sin esa información [...]”.

1.2.3.3. Contestaciones

1.2.3.3.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda de tutela o, en su defecto, se declare la improcedencia, toda vez que la entidad no vulneró los derechos fundamentales cuyo amparo invoca la accionante.

Por otra parte y teniendo en cuenta que la accionante interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución CJR18-559, informó que este será decidido una vez se surta la etapa probatoria de exhibición de documentos, de conformidad con lo expuesto en el aviso divulgado a través de la página electrónica de la convocatoria 27. Finalmente, manifestó que la solicitud presentada por la accionante en ejercicio del derecho de petición fue resuelta mediante oficio CJO19-1881 de 6 de marzo de 2019.

1.2.3.3.2. La Universidad Nacional de Colombia solicitó declarar improcedente la presente acción, por las siguientes razones: i) no ha desconocido derecho fundamental alguno de la accionante, ii) en el plenario no existe ningún elemento de juicio que acredite la vulneración alegada, y iii) los hechos y solicitudes puestas de presente se encuentran en trámite dentro del concurso.

Precisó que, de acuerdo con la base de datos de los derechos de petición allegados a la institución, a la fecha no se registra solicitud de información de la aspirante, concluyendo de tal manera que no existe vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo se invoca.

1.2.3.3.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de apoderado judicial, solicitó la declaratoria de falta de legitimación en causa por pasiva, así como la desvinculación procesal de esa dependencia, por cuanto no ha efectuado ninguna acción que ponga en peligro los derechos fundamentales de la accionante.

1.2.4. Expediente No. 11001-03-15-000-2019-00398-00

La señora Paula Andrea Sierra Caro formuló acción de tutela en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales “[…] al debido proceso, al derecho de defensa o contradicción y a la igualdad […]”.

Mediante auto de 27 de febrero de 2019, se vinculó, en calidad de tercero, a la Universidad Nacional de Colombia.

1.2.4.1. Hechos

La accionante se inscribió en el concurso para aspirar al cargo de “Juez Civil de Circuito - Juez Civil del Circuito especializado en restitución de tierras – Juez Civil del Circuito de Ejecución de Sentencia – Juez Civil del Circuito que conoce procesos laborales”, presentando la prueba de conocimientos el día 2 de diciembre de 2018, logrando un puntaje de 797,89.

Con el objeto de argumentar y controvertir la calificación en forma concreta, mediante derecho de petición elevado vía electrónica el 16 de enero de 2019, la accionante solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia, la exhibición de los documentos concernientes al cuadernillo de preguntas, hoja de respuestas, así como la información respecto a las preguntas correctas y la fórmula matemática o estadística que empleó para la calificación; documentos necesarios para sustentar el recurso de reposición.

1.2.4.2. Petición de amparo constitucional

“[...] PRIMERA. Se ordene la suspensión y/o prórroga del plazo para interponer y/o complementar el recurso de reposición contra el acto administrativo contentivo de los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos referidos en los hechos, hasta tanto la entidad accionada permita el acceso a la documentación e información pedidas.

SEGUNDA. En el evento de que después del 1º de febrero de 2019 y antes del fallo de la presente tutela, se entregue por la accionada la información y documentación deprecada, pido que se declare suspendido el término referido desde la radicación de la presente tutela hasta la fecha de notificación del fallo de tutela, indicando el término faltante para incoar el recurso horizontal e incluso para complementario si se ha tenido que interponer sin esa información [...]”.

1.2.4.3. Contestaciones

1.2.4.3.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda de tutela o, en su defecto, que se declare su improcedencia, toda vez que no vulneró los derechos fundamentales cuyo amparo invoca la accionante.

Por otra parte y teniendo en cuenta que la accionante interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución CJR18-559, informó que este será decidido una vez se surta la etapa probatoria de exhibición de documentos, de conformidad con lo expuesto en el aviso divulgado a través de la página electrónica de la convocatoria 27. Finalmente, manifestó que la solicitud presentada por la accionante en ejercicio del derecho de petición fue resuelta mediante oficio CJO19-1882 de 6 de marzo de 2019.

1.2.4.3.2. La Universidad Nacional de Colombia solicitó declarar improcedente la presente acción, por las siguientes razones: i) no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante, ii) en el plenario no existe ningún elemento de juicio que acredite la vulneración alegada, y iii) los hechos y solicitudes puestas de presentes se encuentran en trámite dentro del concurso.

Puso de presente que, mediante Oficio JURUNCSJ-110 de 28 de enero de 2019, resolvió la petición electrónica elevada por la accionante el día 16 de enero de 2019, exponiendo los datos estadísticos que permitieron establecer la media estándar y el número de coincidencias obtenidas en su prueba de conocimientos y aptitudes. En cuanto a la solicitud de acceso al material de la prueba, le informó del trasladó de su petición a la Unidad de Administración de Carrera Judicial.

1.2.4.3.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó la declaratoria de falta de legitimación en causa por pasiva, así como su desvinculación procesal, por cuanto no ha efectuado ninguna acción que ponga en peligro los derechos fundamentales de la accionante.

1.2.5. Expediente No. 11001-03-15-000-2019-00473-00

El señor Mayfren Padilla Téllez formuló acción de tutela en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, con la finalidad de obtener la protección de sus derechos fundamentales “[…] de petición acceso a documentos públicos y al debido proceso […]”.

Mediante auto de 1º de marzo de 2019, se vinculó, en calidad de tercero, a la Universidad Nacional de Colombia.

1.2.5.1. Hechos

El actor se inscribió en el concurso para aspirar al cargo de “Magistrado de Tribunal Administrativo” y presentó la prueba de conocimientos el día 2 de diciembre de 2018, logrando un puntaje de 794,55.

Con el objeto de argumentar y controvertir la referida calificación, el día 17 de enero de 2019, el accionante solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, la exhibición de los documentos concernientes al cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas, así como la información respecto a las preguntas correctas y la fórmula matemática o estadística que empleó para la calificación, documentos necesarios para sustentar el recurso de reposición.

1.2.5.2. Petición de amparo constitucional

“[...] 1. Solicito se me amparen los derechos fundamentales de petición, acceso a documentos públicos, al mérito, a la igualdad, al debido proceso y de defensa vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Carrera Judicial.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordene al Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Carrera Judicial, proceda a contestar el derecho de petición presentado el día 17 de enero de 2019.

3. Como quiera que la entidad accionada y la Universidad Nacional no dieron Con el fin de amparar el derecho fundamental al debido proceso y teniendo en cuenta que la entidad accionada no dio respuesta en el término respecto de la anterior solicitud y no permitió conocer los parámetros que tuvo en cuenta para emitir la calificación de la prueba de conocimientos y aptitudes y no fue posible presentar en debida forma el recurso de reposición, solicito se ordene al Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Carrera Judicial, que una vez haya dado respuesta y permitido el acceso al cuadernillo de pruebas y la hoja de respuestas, conceda un término adicional de cinco (5) días para adicionar el escrito contentivo del recurso de reposición radicado el 1 de febrero de 2019 contra la Resolución no. CJR-18-559 de 28 de diciembre de 2018 [...]”.

1.2.5.3. Contestaciones

1.2.5.3.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda de tutela o, en su defecto, que se declare su improcedencia, toda vez que no vulneró los derechos fundamentales cuyo amparo invoca el accionante.

Por otra parte y teniendo en cuenta que el accionante interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución CJR18-559, informó que este será decidido una vez se surta la etapa probatoria de exhibición de documentos, de conformidad con lo expuesto en el aviso divulgado a través de la página electrónica de la convocatoria 27.

Finalmente, afirmó que la solicitud presentada por el accionante, en ejercicio del derecho de petición, fue resuelta mediante oficio CJO19-1951 de 11 de marzo de 2019.

1.2.5.3.2. La Universidad Nacional de Colombia reiteró los argumentos señalados en precedencia y puso de presente que, mediante oficio JURUNCSJ-158 de 31 de enero de 2019, resolvió la petición elevada por el accionante. En el mencionado oficio resaltó los datos estadísticos que permitieron establecer la media estándar y el número de coincidencias obtenidas en su prueba de conocimientos y aptitudes. En cuanto a la solicitud de acceso al material de la prueba, le informó del trasladó de su petición a la Unidad de Administración de Carrera Judicial.

1.2.5.3.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de apoderado judicial, solicitó la declaratoria de falta de legitimación en causa por pasiva, así como la desvinculación de esa dependencia, por cuanto no ha efectuado ninguna acción que ponga en peligro los derechos fundamentales de la accionante.

1.2.6. Expediente No. 11001-03-15-000-2019-00675-00

El señor Juan Villareal Pava – único impugnante - formuló acción de tutela en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales “[…] de petición, al debido proceso, al acceso a cargos públicos, al trabajo, a la igualdad y al acceso a la información y a documentos públicos […]”.

1.2.6.1. Hechos

El accionante se inscribió en el concurso para aspirar al cargo de “Juez Penal del Circuito”, presentando la prueba de conocimientos el día 2 de diciembre de 2018, logrando un puntaje de 790,43.

Con el objeto de argumentar y controvertir la calificación en forma concreta, los días 17 y 21 de enero de 2019, el accionante solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional, la exhibición de los documentos concernientes al cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas, así como la información respecto a las preguntas correctas y la fórmula matemática o estadística que empleó para la calificación, documentos necesarios para sustentar el recurso de reposición.

1.2.6.2. Petición de amparo constitucional

“[...] PRIMERO: Ordenar a los entes tutelados dar respuesta concrete, oportuna y de fondo a los Derechos de Petición presentados el 17/01/2019 y el 21/01/2019, a través del aplicativo PQR de la Página del Consejo Superior de la Judicatura, peticiones que aparecen transcritas en los numerales 1.5 y 1.7 de esta Acción Constitucional.
SEGUNDO: Ordenar a los entes tutelados fijar y dar a conocer oportunamente al suscrito a través del correo electrónico juanvillarrealecen502018@ homail.com, y a través de comunicación escrita dirigida a mi domicilio ubicado en la Carrera 25 N° 3238 Apto 302, Edificio Leotur, Barrio Antonia Santos Parque de Bucaramanga Santander la fecha (mes, día y hora) y el lugar (dirección completa) en que se debe efectuar la exhibición de los cuadernillos de preguntas y la hoja de respuestas de las pruebas presentadas por el suscrito, lugar que en la medida de lo posible solicito de manera respetuosa sea en una institución pública de la ciudad de Bucaramanga, ciudad donde presenté las pruebas, tal y como lo determinó la Honorable Corte Constitucional al resolver un caso similar en la Sentencia T180 2015.

TERCERO: Ordenar a los entes tutelados que además de garantizar lo anterior fijen y den a conocer oportunamente al suscrito a través del correo juanvillarrealecen502018@ homail.com, y a través de comunicación escrita dirigida a mi domicilio ubicado en la Carrera 25 N° 3238 Apto 302, Edificio Leotur, Barrio Antonia Santos Parque de Bucaramanga Santander la fecha a partir de la cual empieza a correr el término de los diez (10) diez a partir de los cuales puedo interponer y sustentar el Recurso de Reposición en contra de resultado de las pruebas de aptitudes y conocimientos.

CUARTO: Ordenar a los entes tutelados garantizar el Debido Proceso, el Derecho de Defensa y Contradicción, para ello permitir al suscrito el día de la exhibición de los cuadernillos de preguntas y la hoja de respuestas de las pruebas ingresar con persona experta en la elaboración e interpretación de las preguntas que fueron formuladas en la prueba de conocimientos y aptitudes cuyo resultado que pretendo recurrir.

QUINTO: Ordenar a las entidades accionadas que el proceso de selección convocado mediante el Acuerdo PCSJA18-11077, Convocatoria N° 27 para funcionarios de carrera de la rama judicial no podré continuar hasta tanto se hayan garantizado los derechos amparados en virtud de la Acción Constitucional de Tutela que aquí promuevo [...]”.

1.2.6.3. Contestaciones

1.2.6.3.1. La Universidad Nacional de Colombia solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela, por las siguientes razones: i) no ha desconocido derecho fundamental alguno del accionante, ii) en el plenario no existe ningún elemento de juicio que acredite la vulneración alegada, y iii) los hechos y solicitudes puestas de presentes se encuentran en trámite dentro del concurso.

Informó que, de acuerdo con la base de datos de los derechos de petición allegados a la institución, a la fecha no se registra solicitud de información del aspirante, concluyendo de tal manera que no existe vulneración de los derechos fundamentales cuyo amparo invoca el accionante.

1.2.7. Expediente No. 11001-03-15-000-2019-00359-00

La señora Julia María Camila Ramos Uribe formuló acción de tutela en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y de la Universidad Nacional de Colombia, con la finalidad de obtener la protección de sus derechos fundamentales “[…] al debido proceso, derecho de defensa o contradicción e igualdad, así como los principios de transparencia, moralidad administrativa en el concurso de méritos para el ingreso a la Carrera Judicial para jueces y magistrados […]”.

1.2.7.1. Hechos

La actora se inscribió en el concurso para aspirar al cargo de “Juez Penal del Circuito Especializado – Juez Penal del Circuito Especializado extensión de dominio”, razón por la cual presentó la prueba de conocimientos el día 2 de diciembre de 2018.

Con el objeto de argumentar y controvertir la calificación en forma concreta, el día 16 de enero de 2019, la accionante solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional, la exhibición de los documentos concernientes al cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas, así como la información respecto a las preguntas correctas y la fórmula matemática o estadística que empleó para la calificación, documentos necesarios para sustentar el recurso de reposición.

Indicó que en las reglas de reparto contemplado en el acuerdo PCSJA-110077 de 2018, así como en lo definido en el instructivo de pruebas, no se explican cuáles fueron los parámetros para obtener el resultado de las pruebas de aptitudes y de conocimiento.

Finalmente, advirtió que no le era dable al Consejo Superior de la Judicatura utilizar como factor de calificación el número total de los participantes del examen, dado que ello contraría el principio de igualdad, puesto que algunos participantes acudieron a la convocatoria sin cumplir los requisitos previstos para tal efecto.

1.2.7.2. Petición de amparo constitucional

“[...] a. Se tutele mis derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, SE DECRETE como medida provisional transitoria dentro de las 24 horas siguientes a la admisión de la presente acción constitucional, la suspensión del término de ejecutoria de la Resolución CJRI 8-559 de 28 de diciembre de 2018. “por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”. Hasta tanto las entidades accionadas no publiquen los parámetros de calificación y las fórmulas aplicadas a los concursantes con la explicación de los factores aplicadas a la misma y a los cuestionarios para cada uno de los cargos con la finalidad de lograr el debido ejercicio de defensa y de contradicción en nuestra calidad de concursantes.

b. SE PUBLIQUE en la página web de la Rama Judicial el auto admisorio y el cuerpo de la demanda de tutela, con la finalidad que los concursantes que estén interesados se integren al contradictorio o ejerzan su contradicción a la acción constitucional.

c. SE REHABILITE el término de ejecutoria de la Resolución CJR18-559 de 28 de diciembre de 2018 y su anexo, publicada el 14 de enero de 2019, a partir del cumplimiento de lo solicitado en el primer literal, con la finalidad de tener las herramientas necesarias para controvertir dicho acto administrativo.

d. SE ORDENE a las entidades accionadas que en pro del debido proceso, derecho de contradicción y defensa y en atención a que no se puede alegar Ia existencia de reserva legal sobre los resultados de la prueba tal como Io refleja e| criterio del Consejo de Estado en su profusa jurisprudencia (radicados mencionados en párrafos anteriores) que establece que se vulnera el debido proceso del concursante al negar el acceso a su propia prueba (cuadernillo de preguntas y respuestas), pues, se limita su legítimo derecho de presentar con argumentos específicos su desazón frente a los resultados; me exhiban y/o entreguen: Cuadernillo Original de la prueba que presenté el 2 de diciembre de 2018; cuadernillo contentivo tanto de la prueba de aptitudes como de la prueba de conocimientos para el cargo de Juez Penal del Circuito Especializado Juez Penal del Circuito Especializado de extinción de dominio, código del cargo 270018; hoja de respuestas marcadas por la suscrita.; claves de respuestas asignadas por la Institución [...]”.

1.2.7.3. Contestaciones

1.2.7.3.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó se denieguen las pretensiones de la demanda de tutela o, en su defecto, se declare su improcedencia, toda vez que no vulneró los derechos fundamentales cuyo amparo invoca la accionante.

Por otra parte y teniendo en cuenta que la accionante interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución CJR18-559, informó que este será decidido una vez se surta la etapa probatoria de exhibición de documentos, de conformidad con lo expuesto en el aviso divulgado a través de la página electrónica de la convocatoria 27.

Finalmente, afirmó que la solicitud presentada por la accionante, en ejercicio del derecho de petición, fue resuelta mediante oficio CJO19-1948 de 11 de marzo de 2019 y JURUNCSJ-102 de 28 de enero de 2019.

1.2.7.3.2. La Universidad Nacional de Colombia reiteró los argumentos señalados en precedencia y puso de presente que, mediante oficio JURUNCSJ-102 de 28 de enero de 2019, resolvió la petición elevada por la accionante. En el mencionado oficio resaltó los datos estadísticos que permitieron establecer la media estándar y el número de coincidencias obtenidas en su prueba de conocimientos y aptitudes. En cuanto a la solicitud de acceso al material de la prueba, le informó del trasladó de su petición a la Unidad de Administración de Carrera Judicial.

1.2.7.3.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de apoderado judicial, solicitó la declaratoria de falta de legitimación en causa por pasiva, así como la desvinculación de esa dependencia, por cuanto no ha efectuado ninguna acción que ponga en peligro los derechos fundamentales de la accionante.

1.3. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 22 de febrero de 2019, el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Amparo Vélez Gallego y ordenó notificar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional. Asimismo, negó la medida provisional solicitada por la accionante.

En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015, distintos despachos judiciales de esta Corporación, por considerar que su conocimiento debería ser avocado por ese Despacho, remitieron los siguientes expedientes: (i) 11001-03-15-000-2019-00452-00, accionante: Manuel Alberto Martínez Galvis; (ii) 11001-03-15-000-2019-00590-00, accionante: Natalia Andrea Arias Zea; (iii) 11001-03-15-000-2019-00589-00, accionante: Paula Andrea Sierra Caro; (iv) 11001-03-15-000-2019-00473-00, accionante: Mayfren Padilla Téllez; (v) 11001-03-15-000-2019-00675-00, accionante: Juan Villareal Pava; y (vi) 11001-03-15-000-2019-00359-00, accionante: Julia María Camila Ramos Uribe.

Mediante auto de 20 de marzo de 2019, el Magistrado Sustanciador acumuló los referidos expedientes de tutela al proceso 111001-03-15-000-2019-00591-00, accionante Luz Amparo Vélez Gallego, a fin de resolver estas solicitudes de amparo, de manera uniforme, en una misma providencia.

1.4. Fallo impugnado

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 9 de abril de 2019, i) amparó los derechos de petición y al debido proceso de los señores Luz Amparo Vélez Gallego, Manuel Alberto Martínez Galvis, Natalia Andrea Arias Zea, Paula Andrea Sierra Caro, Mayfren Padilla Téllez y Julia María Camila Ramos Uribe; ii) declaró la improcedencia por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad de la solicitud de amparo presentada por el señor Juan Villareal Pava; y iii) declaró improcedente la tutela presentada por la señora Julia María Camila Ramos Uribe, respecto de los juicios de reproche efectuados al reglamento del concurso de méritos, contenido en el Acuerdo PCSJA18-11077.

En cuanto a la legitimación en la causa indicó que “la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura delegó en la Unidad de Administración de Carrera Judicial - CARJUD del referido Consejo, sus funciones relacionadas con la administración de la carrera judicial y, en tal sentido, esta es la dependencia del Consejo Superior de la Judicatura con legitimación en la causa por pasiva respecto de la situación jurídica que se debate en el caso sub examine”.

Hizo referencia al derecho de acceso a documentos públicos como manifestación del derecho de petición y del derecho a la información.

Precisó que si bien existe reserva legal de las pruebas utilizadas en los procesos de concursos de mérito, esa limitación no le resulta aplicable al participante del concurso que pide acceder a los documentos relacionados con su prueba de conocimientos y su hoja de respuestas; sin embargo, la consulta personal de dicha documentación la debe efectuar ante un funcionario competente que garantice el registro de la cadena de custodia, sin que pueda autorizarse su reproducción física y/o digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar) para conservar así la reserva respecto de los terceros.

En lo que concierne al caso concreto manifestó que la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo accionado indicó que la exhibición de los resultados de las pruebas de los concursantes que interpusieron recurso de reposición en contra de la Resolución CJR 18-559 de 28 de diciembre de 2018, se efectuaría en el marco de la etapa probatoria del referido recurso.

Advirtió que, revisadas las contestaciones allegadas en cada expediente, las solicitudes elevadas por los señores Luz Amparo Vélez Gallego, Manuel Alberto Martínez Galvis, Natalia Andrea Arias Zea, Paula Andrea Sierra Caro, Mayfren Padilla Téllez y Julia María Camila Ramos Uribe, aun cuando no habían sido resueltas por las entidades accionadas al momento de la presentación de la acción de tutela, lo cierto es que, durante su trámite, las peticiones se contestaron y comunicaron.

Sin embargo, en lo que se refiere a si dichas respuestas cumplían o no con los parámetros necesarios para garantizar el núcleo esencial del derecho de petición, señaló que estas resultan incompletas, por cuanto, no se les informó a los interesados lo relacionado con “[…] i) las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la cual se llevara a cabo la exhibición de los documentos relativos a la prueba de aptitudes y conocimientos (cuadernillos de preguntas, hojas y claves de respuestas); así como, ii) el contenido de la comunicación a través de la cual citara a los recurrentes al referido procedimiento de exhibición, allegando para tal efecto los respectivos soportes documentales y/o precisando el cronograma actual de ambas actuaciones, en razón a que se presenta una falta de claridad y precisión sobre el procedimiento, y iii) la forma en que se llevará a cabo la publicidad y notificación de la anterior comunicación […]”, información que fue expuesta por la entidad accionada al contestar los dos requerimientos que de oficio efectuó el Magistrado Ponente en el marco de la acción de tutela.

Agregó que, de conformidad con las pruebas que obran en el acervo probatorio, i) a la fecha no existe certeza del cumplimiento del deber de la entidad accionada de adicionar las referidas contestaciones, informando a los concursantes las circunstancias de tiempo, modo y lugar para el desarrollo de esa etapa probatoria, lo cual constituye una omisión de su deber de brindar una respuesta de fondo; y ii) la comunicación efectuada a través de la página virtual de la Rama Judicial, mediante “aviso de interés” de 18 de marzo de 2019, tampoco cuenta con la capacidad de constituir un hecho superado.

Ahora bien, respecto del amparo solicitado por el señor Juan Villareal Pava, manifestó lo siguiente:

“lo cierto es que a diferencia de los demás miembros de la parte actora, en el proceso no se demostró que el referido ciudadano haya agotado el mecanismo existente para acceder a su solicitud, esto es, la interposición del respectivo recurso de reposición en contra de la Resolución CJR 18-559 de 28 de diciembre de 2018.

En efecto, si bien, mediante memorial de 22 de marzo de 2019, el accionante manifestó haber interpuesto el referido recurso, es una realidad que no aportó prueba que demostrara aquella afirmación y, por el contrario, la Directora de la Unidad de Carrera Judicial, mediante oficio de 22 de marzo de 2019, al referirse a su situación particular, precisó lo siguiente:

“[…]

DERECHO DE PETICIÓN
RECURSO DE REPOSICIÓN
ACCIONANTE
ENTRADA
SALIDA
ENTRADA
Juan Villareal Pava
EXTCSJ19-5269 de 28/01/19
EXTCSJ19-5419
CJO19-1963 de 12/03/19
NO INTERPUSO RECURSO

[…]”

Entonces, el incumplimiento de la carga probatoria por parte del señor Juan Villareal Pava, impone a la Sala el deber de declarar en la parte resolutiva de esta providencia la improcedencia del amparo constitucional, ante la desatención del requisito de subsidiariedad previsto para declarar su procedencia.

En efecto, la respuesta contenida en el oficio CJO19-1963 de 12 de marzo de 2019, cumple con el núcleo esencial del derecho de petición, en tanto el accionante no puede acceder a la etapa probatoria que se llevará a cabo respecto de los concursantes que agotaron el mecanismo previsto para tal efecto y, por lo tanto, la información a él suministrada, resulta completa.

Frente a lo anterior, la Sala recuerda que, de conformidad con el artículo 5.3 del Acuerdo PCSJA 12-11017 (sic), en contra del acto administrativo que determine los resultados de las pruebas procede el recurso de reposición, procedimiento que contempla la posibilidad de solicitar la exhibición como una prueba.

(…)

Por lo anterior, el señor Juan Villareal Pava, si pretendía la referida exhibición documental, se encontraba en el deber de interponer el referido recurso y solicitar su práctica, en cuyo marco la Unidad accionada, le informaría la fecha de dicha etapa probatoria”.

Finalmente en cuanto a los reproches presentados por la señora Julia María Camila Ramos Uribe en contra del Acuerdo PCSJA18-11077 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”, adujo que tratándose de actos administrativos en el desarrollo de concursos de méritos, la acción de tutela, por regla general, resulta improcedente debido a que el accionante cuenta con los mecanismos judiciales ordinarios para controvertir esta tipología de decisiones, máxime cuando en el asunto sub examine tampoco se configura alguna de las excepciones de procedencia a la citada regla.

1.5. Impugnación

Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de abril de 2019, el señor Juan Villareal Pava impugnó la decisión de primera instancia. Para tal efecto, manifestó que, contrario a lo sostenido por el a quo, el 22 de marzo de 2019 envió con destino a los correos cegral01@notificacionesrj.gov.co y secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co la prueba que acredita que él interpuso el recurso de reposición respectivo.

Precisó que a ese correo de 22 de marzo adjuntó “como documentación anexa Copia Derechos de Petición de fecha 2019-01-17-23:42:55 radicada con el número 17277 y solicitud del 2019-01-21-22:58:54, radicada con el número 17299 y copia Comunicación de fecha 12/03/2019, suscrita por la Doctora Claudia M. Granados M., Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, con la cual se dio respuesta a las peticiones presentadas incluso establece : <<dentro de la etapa de práctica de pruebas del recurso, que se entiende interpuesto oportunamente con la radicación de la petición a la que se da respuesta>>” (sic).

Adujo que “si bien es cierto la Administración – Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura dio respuesta y el pasado 14/04/2019 realizó la exhibición de la documentación a ella solicitada, el tiempo otorgado para ello, esto es, hora y media no fue suficiente para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información y documentación pública, como el debido proceso, y el derecho de defensa y contradicción vulnerados con la decisión de la administración que para mi caso, en mi condición de concursante y afectado no me es oponible la reserva a que hace alusión Unidad de Administración de Carrera Judicial para no ordenar la expedición de copias, desconociendo decisiones que en tal sentido se han emitido en la jurisdicción contenciosa, incluso una reciente en situación similar a la que nos ocupa, el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca (…) en decisión de fecha marzo veintidós (22) de 2019, Expediente No. 25000-23-41-000-2019-00230-00”.

Solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, ordenar a la entidad accionada la expedición de las copias antedichas y la respuesta a “la información oportunamente solicitada” relacionada con i) “Cuadernillos de las pruebas de aptitudes y conocimientos”, ii) “La hoja de respuestas” y iii) “Las respuestas consideradas correctas respecto de cada pregunta”. Asimismo requirió que le den respuesta a la siguiente pregunta: “Cuáles son los valores de las diferentes preguntas, precisando cuáles de las diferentes preguntas que hicieron parte de la prueba de conocimiento y de aptitudes tenía más valor precisando el porcentaje o valor asignado a las diferentes preguntas”.

Agregó que el 11 de abril de 2019 presentó derecho de petición ante la autoridad accionada, sin que a la fecha le haya dado respuesta. Reiteró que el tiempo que le dieron para la exhibición de la documentación referida no fue suficiente para “tomar los datos que requiero para estudio y sustentación del recurso”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor Juan Villarreal Pava contra la sentencia del 9 de abril de 2019 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el artículo 2° del Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 9 de abril de 2019 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que en lo que concierne a la solicitud de amparo del señor Juan Villarreal Pava declaró improcedente la acción de tutela.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) panorama general de la acción de tutela; y ii) el estudio del caso concreto.

2.3. Panorama general de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.4. Caso concreto

El señor Juan Villarreal Pava interpuso acción de tutela contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y de la Universidad Nacional de Colombia por cuanto no se le había dado respuesta a sus peticiones relacionadas con la exhibición de los documentos concernientes al cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas, así como la información respecto a las preguntas correctas y la fórmula matemática o estadística que se empleó para la calificación de las pruebas llevadas a cabo el 2 de diciembre de 2018.

El juez constitucional de primera instancia declaró la improcedencia de dicha solicitud, al considerar que “a diferencia de los demás miembros de la parte actora, en el proceso no se demostró que el referido ciudadano haya agotado el mecanismo existente para acceder a su solicitud, esto es, la interposición del respectivo recurso de reposición en contra de la Resolución CJR 18-559 de 28 de diciembre de 2018. En efecto, si bien, mediante memorial de 22 de marzo de 2019, el accionante manifestó haber interpuesto el referido recurso, es una realidad que no aportó prueba que demostrara aquella afirmación (…). Por lo anterior, entendió que la respuesta a la petición del señor Villarreal Pava fue completa.

Ahora bien, previo a resolver el recurso del actor, esta Sala precisa que sólo se pronunciará respecto de los reparos expuestos en su solicitud de amparo, pues frente a aquéllos que fueron alegados como nuevos en su impugnación la parte contraria no ha tenido la oportunidad de pronunciarse, y por ende, su estudio en esta instancia desconocería el derecho al debido proceso y contradicción de los demás sujetos procesales.

En ese orden, respecto del reparo consistente en que i) contrario a lo sostenido por el a quo, el actor sí interpuso el recurso de reposición, y ii) no se dio respuesta a “la información oportunamente solicitada” relacionada con “Cuadernillos de las pruebas de aptitudes y conocimientos”, “La hoja de respuestas”; “Las respuestas consideradas correctas respecto de cada pregunta”, la Sala encuentra que sí hay lugar a analizarlo, pues se refiere a reparos frente a lo solicitado y resuelto en primera instancia.

No obstante, no sucede lo mismo en relación con el argumento según el cual iii) la autoridad accionada desconoció sus derechos al no ordenar la expedición de copias de los documentos exhibidos el 14 de abril de 2019 y que el tiempo que le otorgaron ese día fue de hora y media resultó insuficiente, toda vez que éste se refiere a una situación que sucedió después de presentada la acción de tutela, y que por lo mismo, no fue planteado en su solicitud de amparo lo que hace que este juez constitucional no se pueda pronunciar al respecto, como se explicó en precedencia.

En el mismo sentido, esta Sección se abstendrá de estudiar el requerimiento del accionante consistente en que iv) se ordene a la Universidad que le den respuesta a la siguiente pregunta: “Cuáles son los valores de las diferentes preguntas, precisando cuáles de las diferentes preguntas que hicieron parte de la prueba de conocimiento y de aptitudes tenía más valor precisando el porcentaje o valor asignado a las diferentes preguntas”, en consideración a que este no es el escenario para que el solicitante adicione preguntas a la petición radicada ante la autoridad accionada, pues lo que corresponde a esta Sala es analizar si se dio respuesta o no a la petición que dio origen a la solicitud de tutela, y en caso afirmativo, si con ella se satisfizo el núcleo esencial del derecho fundamental de petición.

Finalmente, en relación con la petición del 11 de abril de 2019, frente al cual alega que no se le ha dado respuesta, esta Sala advierte que se trata de una pretensión nueva, que como se explicó no hay lugar a analizar en sede de segunda instancia.

Pues bien, como se señaló el actor acudió a este mecanismo constitucional por cuanto no se le había dado respuesta a sus peticiones relacionadas con la exhibición de los documentos concernientes al cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas, así como la información respecto a las preguntas correctas y la fórmula matemática o estadística que se empleó para la calificación de las pruebas llevadas a cabo el 2 de diciembre de 2018.

No obstante, independiente de la respuesta que se le haya dado al actor frente a sus peticiones relacionadas con la calificación de la prueba practicada el 2 de diciembre de 2018 y sus inconformidades derivadas de esta, en la página Web de la Rama Judicial se evidencia un aviso dirigido a todos los participantes de la Convocatoria 27, objeto de la presente acción de tutela, en el que se informa que se calificará nuevamente la prueba de aptitudes y publicará un nuevo listado de resultados del examen de aptitudes y conocimientos.

El comunicado reza:

En ese orden, la nueva calificación de la prueba, implica una modificación en las formulas y procedimientos aplicados, por lo que la organización del concurso, expidió un nuevo cronograma, en el cual se advierte que esta etapa de recursos, exhibición de cuadernillos, sustentación y demás, se volverá a realizar en su totalidad, respecto de los nuevos resultados, lo que trae como consecuencia que las actuaciones que pretende cuestionar el actor, han quedado sin efectos, y por tanto, una vez conozca el nuevo puntaje, que se publicará el 10 de junio de 2019 tendrá la oportunidad de, si lo considera necesario, interponer el recurso correspondiente, acudir a la exhibición de los cuadernillos nuevamente y sustentar el recurso.

En el nuevo cronograma, se advierte que la etapa que dio origen a la presente acción de tutela ha sido omitida, pues se va a rehacer, por lo que esta Sala concluye que la actuación que amenazaba los derechos fundamentales del actor, ha desaparecido, configurándose así, una carencia actual de objeto por hecho sobreviniente. A continuación se cita en lo pertinente el cronograma:

Al respecto, la Sala ha explicado en varias ocasiones que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de 2016, señaló que:

«La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.

“A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente».

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la acción de tutela. Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: «[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto».

(iii) Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada.

La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para declarar la carencia actual de objeto:

«[P]ara finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.

“Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en que puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela, parte de una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia ha otorgado a la figura del “hecho superado” y limita su alcance únicamente a aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la vulneración está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo del trámite tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho superado” cuando, por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega los medicamentos que su afiliado demandaba, y una “situación sobreviniente” cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en su suministro, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios.”».

En efecto, comoquiera que en el caso concreto la organización del concurso decidió retrotraer las actuaciones desarrolladas a partir de la calificación de la prueba de aptitudes y conocimientos, es imperioso concluir que ha desaparecido el fundamento de la acción de tutela y así se declarará en esta providencia.

2.5. Conclusión

Así las cosas, la Sala considera que en atención a que lo que el actor alegó como amenaza a sus derechos fundamentales ha desaparecido en el trascurso de la acción de tutela, existe una carencia actual de objeto debido a una situación sobreviniente (se retrotrajo la actuación).

Por tanto, se revocará la sentencia del 9 de abril de 2019 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, en lo concerniente a la solicitud de amparo del señor Juan Villareal Pava, para, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente proveído; y, confirmarla en todo lo demás, toda vez que ello no fue objeto de impugnación,

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 9 de abril de 2019 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela del señor Juan Villareal Pava, para, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de abril de 2019 en todo lo demás, en consideración a que no fue objeto de impugnación.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
"Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial".
Auto admisorio de 22 de febrero de 2019. Cuaderno de tutela expediente 11001-03-15-000-2019-00591-00, folios 13 a 15.
Folios 52 a 56 ibídem.
Folios 26 a 35 ibídem.
Folios 23 a 26 ibídem.
Auto admisorio de 22 de febrero de 2019. Cuaderno de tutela expediente 11001-03-15-000-2019-00452-00, folios 23 a 26.
Folios 47 a 50 ibídem.
Folios 57 a 68 ibídem.
Folios 33 a 35 ibídem.
Auto admisorio de 27 de febrero de 2019. Cuaderno de tutela expediente 11001-03-15-000-2019-00590-00, folios 10 a 13.
Folios 35 a 39 ibídem.
Folios 29 a 33 ibídem.
Folios 43 a 45 ibídem.
Auto admisorio de 27 de febrero de 2019. Cuaderno de tutela expediente 11001-03-15-000-2019-00589-00, folios 11-13.
Folios 6 a 7 del expediente de tutela.
Folios 36 a 43 ibídem.
Folios 21 a 34 ibídem.
Folios 36 a 43 ibídem.
Auto admisorio de 1º de marzo de 2019. Cuaderno de tutela expediente 11001-03-15-000-2019-00473-00, folios 24 al 27.
Folios 55 a 58 ibídem.
Folios 34 a 47 ibídem.
Folios 51 a 53 ibídem.
Admitido mediante auto de 1º de marzo de 2019, obrante a folios 15 a 17 del expediente No. 11001-03-15-000-2019-00675-00.
Folios 24 a 37 ibídem.
Admitido mediante auto de 1º de marzo de 2019, obrante a folios 23 a 26 del expediente No. 11001-03-15-000-2019-00359-00.
Folios 40 a 49 ibídem
Folios 51 a 67 ibídem
Folios 36 a 38 ibídem
Folios 13 a 16 del expediente 2019-00591-00.
Folios 72 a 77 del expediente 2019-00591-00.
Notificada por correo electrónico el 11 de abril de 2019.
La respuesta se limitó a señalar lo siguiente: “[…] No es posible realizar entrega en detalle de los procedimientos, ni de los elementos, o bien la copia de la prueba (cuestionario y/o hoja de respuestas).

En atención a su solicitud de exhibición de los documentos correspondientes a las pruebas de aptitudes y conocimientos aplicadas el 2 de diciembre de 2018, en el desarrollo de la Convocatoria N° 27, se informa que para llevar a cabo dicha actividad se está coordinando la logística requerida, garantizando los protocolos de seguridad dispuestos para el efecto, en la etapa de práctica de pruebas del recurso, interpuesto dentro de los plazos establecidos en el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en igualdad de condiciones y con posterioridad a ésta se podrá complementar la argumentación […]”.

Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15 de noviembre de 2017, Expediente No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro y del 19 de octubre de 2017, Radicado No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, entre otras.
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 8, la cual se transcribe literalmente: “Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008; T-170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de 1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a aquellos eventos en los que dicha situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada».
«Corte Constitucional. Sentencia T-481/2016».

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