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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01358-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01358-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela presentada por las señoras Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 003, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01358-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

19 de marzo de 2026

Demandantes: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 003
Rad: 11001-03-15-000-2026-01358-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01358-00
Demandantes: LUCERO GUTIÉRREZ CARDONA Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
DESPACHO 003

Temas: Tutela de fondo. Petición ante autoridades judiciales.
Declara la carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 20 de febrero de 2026, las señoras Lucero
Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego presentaron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 003, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental de petición por la falta de respuesta a
una solicitud radicada el 30 de mayo de 2025.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó que se ordene a la autoridad judicial demandada
brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud presentada
el 30 de mayo de 2025.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 003
Rad: 11001-03-15-000-2026-01358-00

1.3. Hechos

La parte actora indicó que el 30 de mayo de 2025 presentó una solicitud,
mediante correo electrónico, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Despacho 003, con la cual solicitó la siguiente información:

a) Indicara si en los procesos ejecutivos derivados de contratos en los que la
parte demandada es un municipio y que fueron radicados a partir de enero
de 2023, el despacho exige el cumplimiento del requisito de procedibilidad de
agotar la conciliación prejudicial.

b) Aportara los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de
2023 hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los
que se hubiese emitido al menos la primera actuación de despacho.

Manifestó que en esta petición se relacionan también como destinatarios los
jueces administrativos del 001 al 039 del Circuito Judicial de Medellín, así
como del 001 al 007 del Circuito Judicial de Turbo.

1.4. Sustento de la vulneración

Las accionantes manifestaron que a la fecha no han recibido una respuesta
clara, congruente y de fondo a la solicitud presentada el 30 de mayo de 2025.

Precisaron que la solicitud de información presentada no pretende que la
autoridad judicial demandada rinda algún concepto jurídico, toda vez que
solo requiere la información en aquellos procesos que han sido de su
conocimiento.

Aclararon que, en caso de no contar con la información indicada en la
petición, sería suficiente que la parte accionada informe tal situación.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 25 de febrero de 2026, se admitió la solicitud de tutela y,
en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 003.

A su vez, se dispuso la vinculación de los jueces administrativos del 001 al
039 Administrativos del Circuito Judicial de Medellín, así como del 001 al 007
del Circuito Judicial de Turbo, como terceros con interés en el resultado del
proceso.

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Demandantes: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 003
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1.6. Contestaciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 003

La magistrada titular del mencionado despacho adjuntó la respuesta
generada el 2 de marzo de 2026, en la cual manifestó que tomó posesión del
cargo el 30 de junio de 2023, fecha desde la cual no le han sido asignados
por reparto procesos ejecutivos contractuales contra entidades públicas, en
los que haya habido necesidad de analizar el cumplimiento del requisito de
procedibilidad de conciliación prejudicial.

En la mencionada respuesta, la magistrada señaló que esta se brindaba para
atender la solicitud presentada, pero que no correspondía a los despachos
judiciales absolver cuestiones de esta índole.

1.6.2. Juzgados vinculados

Revisadas las actuaciones del expediente digital de Samai, se encuentra que
los siguientes despachos judiciales presentaron sus informes junto con las
pruebas documentales para acreditar la respuesta emitida frente a la solicitud
de la parte actora y su notificación:

i) Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Medellín: 2 y 3, 6 y 7, 9 a
14, 16 a 19, 21, 23 al 29, 31, 33, 35 y 36, 38 y 39.

ii) Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Turbo: 1 y 2, 4 y 6.

1.7. Intervención posterior de la parte accionante

Mediante escrito enviado vía electrónica el 6 de marzo de 2026, las señoras
Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego manifestaron que en el
presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado puesto que el tribunal demandado dio respuesta a su solicitud.

De igual manera, aclaró lo siguiente:

… la presente acción constitucional fue dirigida únicamente contra el
Despacho 003 del Tribunal Administrativo de Antioquia, con el propósito de
obtener respuesta a la petición elevada ante dicha autoridad judicial. No
obstante, el mencionado despacho judicial procedió a dar respuesta a la
solicitud que constituía el objeto principal de la acción de tutela, razón por
la cual la situación fáctica que dio lugar a su interposición ha sido
satisfecha.

Por lo anterior, las demandantes manifestaron que ponían en
conocimiento tal situación para los fines procesales a que hubiere lugar, al
3

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haberse atendido la solicitud cuya protección se pretendía mediante la
presente acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Mediante escrito remitido vía electrónica el 6 de marzo de 2026, la parte
actora manifestó que en la presente acción de tutela se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado ante la respuesta emitida por el tribunal
demandado.

De igual manera, aclaró que la acción constitucional fue dirigida únicamente
contra el «Despacho 003 del Tribunal Administrativo de Antioquia», con el
propósito de obtener respuesta a la petición elevada ante dicha autoridad
judicial, el cual atendió su solicitud. Para tal efecto, adjuntó la constancia de
la respuesta recibida.

Al respecto, debe indicarse que, la demanda constitucional se presentó en
contra el mencionado tribunal, el cual se integró como parte demandada en
este medio constitucional.

A su vez, en atención a que la petición objeto de demanda también se dirigió
a los correos electrónicos de los Juzgados Administrativos del 001 al 039
Administrativos del Circuito Judicial de Medellín, así como del 001 al 007 del
Circuito Judicial de Turbo, estos se vincularon en calidad de terceros con
interés en el resultado del proceso.

Conforme con lo anterior, se encuentra que, además del tribunal demandado,
varios despachos judiciales vinculados presentaron sus respectivos informes,
así como también las respuestas emitidas.

No obstante, en atención a lo manifestado por la parte accionante, el
siguiente análisis se referirá a lo que corresponde al Tribunal Administrativo
de Antioquia, Despacho 003.

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si se vulneró el derecho fundamental de
petición de las señoras Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego
ante la falta de una respuesta clara, congruente y de fondo frente a la
solicitud presentada el 30 de mayo de 2025 o si por el contrario se configura
la carencia actual de objeto por hecho superado ante la respuesta emitida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 003, el 2 de marzo de
2026.

A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se
abordarán los siguientes temas: (i) procedencia de la acción de tutela y (ii) el
caso concreto.

2.4. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19911, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

2.5. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades administrativas y judiciales

La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo
23 de la Constitución Política, así: «Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.»

1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.

5

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La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada2.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado,
e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo3.

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, al pedir información acerca de un
documento que ha desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 20004 como parámetros para su protección
los siguientes:

i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;

ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa
y congruente con lo pedido;

iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe
ser lo más corto posible;

v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita;

vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en

2
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001,
entre otras.
3
Sentencia T – 1075 de 2003.
4
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.

6

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algunos casos a los particulares;

vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa5 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa
garantía fundamental;

viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera
del deber de responder;

x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta
al interesado.

Adicionalmente, debe indicarse que la Corte Constitucional ha considerado
que la existencia de otros mecanismos para la obtención de información
pedida en el derecho de petición no es óbice para contestarlo6.

De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de
un documento que ha desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Ello, por cuanto el ejercicio de tal garantía «…no es aplicable a las
autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que estos se rigen por
las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos
mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos
procesales.»7

En relación con dicho aspecto la Corte Constitucional8 ha considerado:

5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces
las sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:

5
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
6
Sentencia T – 1075 de 2003.
7
Sentencia T-178 de 2000.
8
Sentencia T-377 de 2000.

7

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a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial
o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la
ley procesal…

b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un
lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y
los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la
litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso.”9

A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:

2.6. Caso concreto

Las señoras Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego
consideraron vulnerado su derecho fundamental de petición ante la falta de
una respuesta clara, congruente y de fondo frente a la solicitud presentada el
30 de mayo de 2025 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho
003, con la cual pretendían que dicha autoridad informara lo siguiente:

a) Indicara si en los procesos ejecutivos derivados de contratos en los que la
parte demandada es un municipio y que fueron radicados a partir de enero
de 2023, el despacho exige el cumplimiento del requisito de procedibilidad de
agotar la conciliación prejudicial.

b) Aportara los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de
2023 hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los
que se hubiese emitido al menos la primera actuación de despacho.

El envío de la mencionada solicitud lo acreditó la parte demandante con la
prueba documental que aportó al plenario de la siguiente manera:

9
Sentencia T-334 de 1995.

8

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A su vez, se encuentra que, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Despacho 003 emitió respuesta con generación del documento del 2 de
marzo de 2026, así:

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Además, la respuesta fue comunicada a las demandantes, conforme se
puede observar en la siguiente imagen:

Adicional a lo anterior, debe indicarse que, tanto la parte demandada como
las accionantes pusieron en conocimiento la respuesta anterior y, con
ocasión de ello, estas últimas solicitaron que se declara la carencia actual de
objeto por hecho superado.

Así las cosas, se observa que la petición objeto de demanda fue radicada el
30 de mayo de 2025, la acción de tutela se presentó el 20 de febrero de 2026
y la contestación de la solicitud se emitió el 2 de marzo de 2026, esto es, con
posterioridad a la formulación de la demanda constitucional de la referencia.

De igual manera, se advierte que la respuesta en mención satisface
plenamente el requerimiento de las peticionarias, puesto que la autoridad
judicial cumplió de manera suficiente con su deber de suministrar la
información solicitada.

Esto, pues en dicha contestación la magistrada a cargo del Despacho 003
del tribunal en cita manifestó que tomó posesión el 30 de junio de 2023,
fecha desde la cual no le han sido asignados por reparto procesos ejecutivos
contractuales contra entidades públicas, en los que haya habido necesidad

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de analizar el cumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliación
prejudicial.

En la mencionada respuesta, la aludida funcionaria también señaló que esta
se brindaba para atender la solicitud presentada, pero que no correspondía a
los despachos judiciales absolver cuestiones de esta índole.

Así las cosas, se advierte la configuración de la carencia actual de objeto por
hecho superado con la respuesta emitida por el tribunal demandado.

En lo particular, esta sala de decisión en anteriores oportunidades10 se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa
judicial ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a
la protección de derechos fundamentales que sean transgredidos o
amenazados de una manera actual e inminente.

De igual manera, se ha advertido que existen eventos en los que la amenaza
o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de
la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del
derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de
suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que
cese la vulneración de los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela
por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de hecho: (i)
por hecho superado, ii) por daño consumado y, iii) por una situación
sobreviniente.

Para el evento que aquí ocupa la atención, la citada corporación ha
considerado que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26
del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación
impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de
tutela se demuestra que la autoridad demandada ha realizado las acciones
necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

De modo que, el reproche de la parte actora en cuanto a la falta de respuesta
por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 003 se superó
con posterioridad a la presentación de esta acción de tutela y durante el

10
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate, (iii) 6 de junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro.

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trámite de esta, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela presentada por las señoras Lucero Gutiérrez Cardona y
Manuela Ruda Gallego contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Despacho 003, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Salva voto parcial
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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