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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04892-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04892-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia del 10 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, objeto de impugnación. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04892-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

15 de febrero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04892-01
Accionante: Procuraduría General de la Nación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04892-01
Demandante: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la providencia del 10 de
noviembre de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La Procuraduría General de la Nación, mediante apoderado, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por considerar
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

“1. Que se deje sin efectos la sentencia del 27 de julio de 2023 proferida por la Sección Segunda –
Subsección B del Consejo de Estado dentro del radicado 76001-23-33-000-2017-00351-01 (5471-
2019).

2. En consecuencia, se ordene a la Sección Segunda-Subsección B del Consejo de Estado que, en
un término razonable, profiera sentencia sustitutiva en donde el factor competencia se analice de
conformidad con las normas constitucionales y el precedente de la Corte Constitucional en lo que
hace al control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular y, al momento de la
imposición de la sanción. En ese orden, se analicen las causales de nulidad alegadas en la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho que no fueron objeto de estudio por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado.”

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 24 de febrero de 2015, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública sancionó
al señor Juan Carlos Abadía Campo, exgobernador del departamento del Valle del
Cauca, con destitución e inhabilidad por el término de diez años, por encontrarlo
responsable de la falta calificada como gravísima consignada en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en detrimento del patrimonio público.

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Accionante: Procuraduría General de la Nación

Dicha sanción fue confirmada en Resolución del 29 de septiembre de 2016 proferida
por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

El señor Abadía Ocampo presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación,
con la finalidad de dejar sin efecto los actos administrativos sancionatorios y, en
consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados con
la sanción impuesta.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que, en sentencia del 15 de mayo de 2019, negó
las pretensiones de la demanda al considerar que en las distintas etapas del proceso
disciplinario se garantizó el derecho fundamental al debido proceso de las partes.
Concluyó, conforme a las pruebas -tanto documentales como testimoniales-, que se celebró
contrato de prestación de servicios entre el departamento del Valle del Cauca y el
señor Eduardo Bolaños IPS Ltda. sin tener en cuenta la modalidad de selección
abreviada del contratista, en los términos del literal c) numeral 2° del artículo 2° de la
Ley 1150 de 2007.

Además, desestimó el argumento consistente en que el disciplinado no había
participado en el trámite precontractual porque contaba con los conceptos jurídico y
técnico que soportaban la contratación, por cuanto no podía desconocerse que, en su
calidad de gobernador y de ordenador del gasto, en ningún caso quedaba exonerado
de sus obligaciones de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual
conforme con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007.

Dicha providencia fue apelada por el sancionado y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 27 de julio de 2023, resolvió revocar la
sentencia del 15 de mayo de 2019, en consecuencia, declarar nulas las actuaciones
disciplinarias del 24 de febrero de 2015 y 29 de septiembre de 2016, proferidas por la
Procuraduría General de la Nación, que destituyeron e inhabilitaron al señor Juan
Carlos Abadía Campo por el término de diez años y la consecuente eliminación de las
bases de datos del registro de la sanción impuesta.

La decisión se sustentó en que, en aplicación del control de convencionalidad, debía
entenderse que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para
sancionar disciplinariamente al señor Juan Carlos Abadía Campo, en tanto, el
precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene fuerza obligatoria
para todos los jueces de Colombia, en el cual el organismo se apartó del control sobre
las normas del Código Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría a imponer
sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios públicos democráticamente
electos.

3. Argumentos de la tutela

La parte demandante indicó que la providencia objeto de debate incurrió en violación
directa de la Constitución, desconocimiento del precedente judicial y defecto
sustantivo. Para el efecto, señaló que se desconocieron las normas constitucionales,
en las que se estableció la competencia de la Procuraduría General de la Nación para
ejercer la vigilancia y control respecto a quienes desempeñan funciones públicas,
incluso, los cargos de elección popular.

Señaló que no está de acuerdo con la decisión porque en el proceso cuestionado no
era posible dejar de aplicar normas constitucionales con sustento en interpretaciones
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hechas a la luz de la Convención Americana, porque, mientras las normas
constitucionales estén vigentes, la Procuraduría no puede dejar de ejercer sus
competencias.

Recalcó que la Corte Constitucional, en sentencia C-030 de 2023, precisó que la
sanción o destitución e inhabilidad general impuestas a servidores públicos de elección
popular requieren de la intervención de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
por medio de la reserva judicial, lo que a su juicio, implica que la reserva judicial no se
puede exigir a las decisiones sancionatorias tomadas con anterioridad a la ley que fue
objeto de control constitucional en dicha providencia.

Explicó que no se tuvo en cuenta que, para el momento en que el señor Abadía
Ocampo fue sancionado, no existía la decisión de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia, ni la tesis de la reserva judicial
expuesta en la Sentencia C-030 de 2023, pues para la época en que se profirió la
decisión disciplinaria, existía una postura pacífica en cuanto a la competencia de la
Procuraduría General de la Nación para disciplinar a los servidores públicos de
elección popular, en aplicación de las atribuciones contenidas en el artículo 277 de la
Constitución Política.

Precisó que, en todo caso, el estándar fijado en la sentencia de la CIDH no era
aplicable a los casos fallados con anterioridad al 8 de julio de 2020, pues la orden de
adecuar el ordenamiento interno, expresamente las normas del Código Disciplinario
Único (Ley 734 de 2002), lo fue a futuro y en un plazo razonable.

Frente al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que la autoridad judicial
demandada omitió el criterio fijado en las sentencias: C-028 de 2006, SU-712 de 2013,
C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-086 de 2019 y C-111 de 2019 en
las que se expuso que la Procuraduría General de la Nación sí tiene competencia para
investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluso los
elegidos popularmente.

Aclaró que, en las providencias citadas como desconocidas, la Corte Constitucional
dispuso que la inclusión de una norma internacional al bloque de constitucionalidad no
implica que esta última prevalezca sobre la Constitución Política. Por el contrario, que
dicha inclusión conlleva necesariamente a efectuar interpretaciones armónicas y
sistemáticas entre disposiciones jurídicas de diverso origen. Específicamente, en esa
sentencia, en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Corte Constitucional señaló que esta forma parte del bloque de constitucionalidad,
pero que las normas que lo integran no tienen el rango de normas
supraconstitucionales.

Finalmente, en relación con el defecto sustantivo, adujo que la autoridad judicial
demandada desconoció su competencia constitucional; limitó su análisis a establecer
si la Procuraduría General de la Nación tiene o no competencia para ejercer el control
disciplinario y, consecuentemente, omitió el estudio integral de los fallos disciplinarios
demandados para determinar si se configuró alguna de las causales de nulidad
alegadas y la sanción fue impuesta antes de que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos profiriera la decisión en el caso Petro Urrego vs. Colombia, razón por la cual
no podía aplicar de manera retroactiva la interpretación desarrollada en ese fallo.

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4. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, indicó que se atiene a las
consideraciones expuestas en la providencia objeto de debate, y no expuso algún
argumento adicional.

5. Intervenciones

El señor Juan Carlos Abadía Campo, en calidad de tercero con interés, manifestó
que la solicitud de tutela es improcedente porque la actora busca forzar una revisión
de las conclusiones a las que arribó el juez natural en relación con la interpretación de
las competencias de la Procuraduría General de la Nación a la luz de los tratados
internacionales, pretendiendo a través de ello, privilegiar supuestas disposiciones
internas que la facultan para inhabilitar servidores públicos de elección popular, es
decir que hace un uso indebido de la solicitud de amparo como si fuera una instancia
adicional al proceso ordinario.

Asimismo, precisó que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad dado que
contra la decisión que se cuestiona procede recurso extraordinario de revisión por la
causal de nulidad originada en la sentencia a la que se refiere el numeral 5 del art. 250
del CPACA, en la medida que la inconformidad de la actora es que la providencia
cuestionada es violatoria del debido proceso y tal supuesto admite la revisión
extraordinaria, tal y como lo señala la jurisprudencia contenciosa.

Afirmó que en la decisión objeto de debate, se realizó de manera adecuada y efectiva
el control de convencionalidad, que permitió concluir una clara incompatibilidad entre
el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 23.2 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, al imponer la restricción al goce de los derechos contenidos
en el artículo 23 de la CADH mediante actos administrativos en un proceso
administrativo sancionatorio por una autoridad administrativa, sin que se hayan
cumplido los requisitos establecidos, específicamente, la facultad y competencia
jurisdiccional para la imposición de dicha restricción.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Primera, en sentencia de 10 de noviembre de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional al considerar que la parte actora no cumplió con la exigencia de explicar
los motivos por los cuáles la providencia cuestionada vulneraba el derecho
fundamental invocado.

En dicha oportunidad se explicó que los reproches que la parte actora expuso en el
escrito de tutela, comparados con el núcleo esencial del debido proceso, no involucra
una verdadera afectación al derecho fundamental.

Además, precisó que la solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial,
de manera que, el debido proceso que se alega afectado es el que corresponde
garantizar en las actuaciones judiciales y el hecho de que en la sentencia atacada se
haya considerado que la Procuraduría General de la Nación no tenía competencia para
sancionar con destitución e inhabilidad a un funcionario elegido por voto popular, no
implicaba que la autoridad judicial demandada haya vulnerado el núcleo esencial de
ese derecho.

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7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual afirmó que sí se
cumple el requisito general de relevancia constitucional y reiteró los argumentos del
escrito inicial. A su juicio, se desconoció la competencia expresa que la propia
Constitución Política en el numeral 6 del artículo 277, le atribuye para disciplinar
funcionarios de elección popular.

Insistió en el hecho de que se desconoció la cosa juzgada y el precedente
constitucional de la Corte Constitucional en el sentido de que no es posible plantear
una oposición material entre la Convención Americana de Derechos Humanos y la
Constitución Política de Colombia, a partir de un criterio de supraconstitucionalidad
expuesto en las sentencias C-551 de 2003, C-028 de 2006, C-986 de 2006, C-293 de
2007, C-111 de 2019, C-146 de 2021 y a la luz de la integración armónica entre la
Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política, la
Procuraduría ha tenido y tiene competencia para disciplinar a servidores públicos,
incluso de elección popular y, así, imponer, si es del caso, sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad tal como se explicó en las sentencias C-948 de 2002, SU-
712 de 2003, C- 500 de 2014, SU-355 de 2015, C-086 de 2019, C-11 de 2019, C-030
de 2023.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación, la parte demandante solicita que sea revocada la
decisión de tutela de primera instancia que declaró improcedente el amparo solicitado
por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

En ese orden, en los términos del escrito de impugnación, la Sala determinará si la
acción de tutela de la referencia cumple con el requisito general de relevancia
constitucional y, solo en el evento que lo supere, estudiará si la autoridad judicial
demandada incurrió en los defectos alegados por la parte demandante, al acceder a
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual
se pretendía la nulidad de una decisión de carácter disciplinario.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera

2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i)
orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02 201
01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o
vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.
(Subrayado de la Sala)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En el escrito de tutela la actora solicitó que se dejara sin efecto la sentencia del 27 de
julio de 2023, mediante la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
revocó la decisión apelada y, en su lugar, accedió a las pretensiones del medio de
control frente a la nulidad de las actuaciones disciplinarias del 24 de febrero de 2015
y 29 de septiembre de 2016, proferidas por la PGN que destituyeron e inhabilitaron por
el término de diez años al señor Juan Carlos Abadía Ocampo.

La tutelante aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, porque, según dice, desconoció que la entidad tenía
facultades constitucionales para investigar y sancionar el cargo de elección popular del
señor Juan Carlos Abadía Campo, exgobernador del departamento del Valle del
Cauca.

La Sala anticipa que en la presente solicitud de amparo no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional, en la medida en que los argumentos del escrito de tutela
no se acompasan con las razones de la decisión objeto de tutela, por lo siguiente:

De entrada, se advierte que la inconformidad de la actora se enmarca en el hecho de
que, a su juicio, en el trámite del proceso ordinario se vulneró el derecho fundamental
al debido proceso, al desconocer que goza de competencia de carácter constitucional
para ejercer la potestad disciplinaria y sancionatoria frente a cargos de elección
popular.

Como argumento de lo anterior, la demandante basó su inconformidad en 3 grandes
pilares:

 El primero de ellos basado en una violación directa de la constitución en la que

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la actora manifestó que la providencia objeto de debate desconoció la
competencia constitucional, al efecto, citó distintas normas constitucionales
sobre función pública, control disciplinario y competencias de la Procuraduría
General de la Nación, así como los deberes de los funcionarios públicos, sin
embargo, no señaló de manera precisa de qué manera estas razones atacan la
decisión cuestionada, más allá de hacer referencia a los distintos deberes de
los funcionarios públicos.

De igual forma se refirió al artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos – CADH pero no expuso de qué manera esa disposición
normativa apoya la defensa de su caso, pues aunque mencionó que respecto a
su competencia existe una contradicción entre los niveles constitucional y
convencional, únicamente afirmó que en casos de esta naturaleza hay lugar a
aplicar distintos principios hermenéuticos, orientados a una armonización de las
disposiciones normativas para que se interpreten y apliquen de modo que se
evite posiciones jurídicas contradictorias.

 El segundo pilar de argumentación de la demandante se basó en una posible
configuración de defecto sustantivo, dado que, a su juicio, se dio prevalencia y
valor de supraconstitucional a las normas de la Convención Americana de
Derechos Humanos frente a las disposiciones constitucionales.

Al respecto, la actora describió el control de convencionalidad y el bloque de
constitucionalidad como figuras jurídicas, sin embargo, no explicó cómo está
argumentación desvirtúa lo expuesto en la providencia objeto de debate, según
dice, no cabe la posibilidad de inaplicar una norma constitucional por su
eventual oposición con otra de carácter convencional.

Acto seguido, se refirió a las alternativas para solucionar las antinomias entre
una norma constitucional y una convencional y las posibles vías de
armonización para concluir que, a su juicio, no cabe la posibilidad de aplicar una
norma convencional sobre una constitucional e indicó que, en caso de
contradicción, lo procedente es acudir a: “i)una reforma constitucional que elimine la
contradicción entre la Constitución y la Convención; ii) promover una reforma de la Convención
para sustraer los apartes que no puedan armonizarse con la Constitución y que se consideren
esenciales dentro de la opción constituyente del Estado; iii) En un ejercicio de armonización
normativa e interpretativa, aceptar la interpretación evolutiva tanto de la Convención como de
la Constitución. Ejercicio en el que es preciso tener en cuenta el margen de apreciación
nacional, que surge del carácter complementario o subsidiario que tiene la Convención en
relación con la normatividad y la institucionalidad de los Estados parte; iv) Tratándose de
conflictos en torno a la Constitución, esa interpretación armonizadora le corresponde a la Corte
Constitucional, sin que una interpretación conforme a la Convención como la propuesta por la
Corte IDH en la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia, sea directamente aplicable en
un ordenamiento interno como el colombiano; v) ante la imposibilidad de una armonización, el
Estado debe denunciar la Convención”.

En ese contexto, concluyó que, en nuestro ordenamiento es posible ejercer una
especie de control de convencionalidad que, en términos del derecho interno,
se traduce en la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, cuando
quiera que normas de inferior jerarquía resulten contrarias a una disposición de
la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero, que no cabe la
posibilidad de inaplicar una norma constitucional por su eventual oposición con
otra, como lo sería la Convención Americana de Derechos Humanos, sin
explicar más allá de su inconformidad en qué consistió el yerro alegado.

 Por último, orientó su inconformidad en la posible configuración de defecto

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sustantivo por desconocimiento del precedente judicial en la medida en que
afirmó que en distintos pronunciamientos la Corte Constitucional ha avalado su
competencia para disciplinar a las personas que son elegidas popularmente.

Ahora bien, la Sala observa que la Sección Segunda Subsección B del Consejo de
Estado, en la sentencia del 27 de julio de 2023, para resolver el asunto sometido a su
consideración, se refirió al control de convencionalidad previo a analizar el caso
concreto y precisó que, pese a que no fue solicitada su aplicación, resultaba necesario
aplicarlo de manera oficiosa, por lo siguiente:

«2.3. Control de convencionalidad a la actuación disciplinaria cuestionada, a la luz del derecho
viviente y aplicación de manera oficiosa al caso en estudio, así no hubiera sido expresamente
solicitado.

La aplicación de la jurisprudencia internacional, en especial, de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, es una herramienta para interpretar o dar alcance al instrumento internacional consignado en la
Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica de 1969, en procura de
otorgar efectividad a los derechos humanos y garantizar su protección. Como tal, estas decisiones se
constituyen en una interpretación dominante sobre el sentido o significado de una norma frente al derecho
convencional y, por tanto, se erige como un instrumento de derecho viviente que tiene como derrotero la
verdadera concreción de los derechos protegidos convencionalmente.

La Sala considera necesario advertir que al juez contencioso administrativo le resulta imperioso, en sede del
presente control de legalidad, tener en cuenta para la resolución del caso en estudio, los postulados trazados
por el derecho convencional, pese a que en este asunto no hubiera sido expresamente solicitado en el libelo
introductorio de la demanda ni en la apelación interpuesta por la parte activa.»

Tal decisión, la adoptó por las razones que relacionó en los siguientes términos:

• «(…) porque conforme con el artículo 9 de la Constitución Política y los artículos 26 y 27 de la
Ley 32 de 1985, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de
1969, el Estado colombiano reconoce los principios de derecho internacional y debe cumplir
los tratados de buena fe, principio pacta sunt servanda; sin que sea permitido invocar
disposiciones de derecho interno para incumplir los tratados internacionales.”

• “porque el control de legalidad que efectúa la jurisdicción de lo contencioso administrativa sobre
las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria es pleno, comoquiera que
no está supeditado a limitaciones ni restricciones, sin que por ello se constituya en una tercera
instancia5; e integral, pues incluye un juicio sustancial del acto sancionador a la luz del respeto
por la garantía de los derechos fundamentales del disciplinado6»

Por lo expuesto, consideró que resultaba plenamente válido y de obligator io
acatamiento el precedente del caso Petro Urrego vs Colombia “por parte de todos los
jueces de la República al efectuar el control de convencionalidad en el ámbito nacional, como
quiera que no se puede desconocer que la CIDH reconoció en el citado precedente judicial
que el inciso 6º del artículo 277 y el numeral primero del artículo 278 de la Constitución Política
de Colombia, no son incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana, pero su
interpretación debe darse de manera que no quebrante dicha disposición; y que, por el
contrario, las normas del Código General Disciplinario que sí son incompatibles con la
Convención. (…)”

Establecido lo anterior, analizó el caso concreto y explicó:

«(…)

A juicio de la Sala, sería del caso resolver el fondo del debate planteado, si no fuera porque ab initio, en virtud
del control de convencionalidad, cuya aplicación quedó establecida en capítulo anterior, se evidencia la
falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para declarar la nulidad de la sanción disciplinaria

5 Sentencia del 11 de julio de 2013 radicación interna (1982-09) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
6 Este control integral comprende, por supuesto, el tema de la ilicitud sustancial, al considerar que el juez está autorizado para realizar el

análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad respecto de esta, al punto que, si el asunto lo exige , puede valorar los
argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por el disciplinado.
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que le fue impuesta al señor Juan Carlos Abadía Campo consistente en destitución e inhabilidad general por
diez (10) años.

Para el efecto anterior, esta Sala prohijará algunas de las motivaciones consignadas por esta misma Sala de
Subsección en sesión del pasado 29 de junio de 2023 en el que se efectuaron las siguientes consideraciones:

“En suma, de la lectura literal del artículo 23.2 Convencional que señala las razones o causales exclusivas
por las cuales los estados deben reglamentar el ejercicio y oportunidad de los derechos allí referidos,
específicamente, por «condena, por juez competente, en proceso penal», como de la interpretación
sistemática, evolutiva y teleológica de esa norma convencional, frente al artículo 44.1 de la Ley 734 de
2002 que indica como sanción por la comisión de una falta disciplinaria gravísima la destitución e
inhabilidad general de un servidor público, incluido los de elección popular, por una autoridad
administrativa como lo es la PGN, surge una evidente incompatibilidad, porque dicha sanción constituye
una restricción no permitida en el texto convencional que limita en mayor medida los derechos políticos
reconocidos en ella, al imponerse por una autoridad administrativa en el curso de un proceso
administrativo sancionatorio.
(…)».

La Sala al efectuar el control de convencionalidad del numeral 1° del artículo 44 del Código Disciplinario
Único, por cuanto le fue impuesta al demandante la sanción de destitución e inhabilidad general por
diez (10) años, a la luz del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, resulta
evidente la incompatibilidad de dicha norma frente a la Convención, como quiera que la Procuraduría
General de la Nación, al no ser una autoridad judicial sino administrativa, carecía de competencia para
imponerla, pues ello implicó la restricción de los derechos políticos del señor Abadía Campo. »

(Subraya de la Sala)

Además, frente a la aplicación de los precedentes de la Corte Constitucional en los
que se ha afirmado que la PGN goza de facultades disciplinaria y sancionadora sobre
los cargos de elección popular indicó que:
“En este sentido, las sentencias de la Corte Constitucional, en las que ha avalado la competencia de la Procuraduría
para disciplinar a los elegidos popularmente, en casos de corrupción, en los que, además, los criterios expuestos
en sus diferentes pronunciamientos no han sido unívocos, no se constituyen en un precedente, porque, se
reitera, la Corte Constitucional no ha efectuado un control de convencionalidad sobre las actuaciones de la
Procuraduría General de la Nación como disciplinadora de estos funcionarios públicos, como sí lo ha hecho el
Consejo de Estado, en su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del control
de legalidad, cuyo marco de competencia comprende el estudio de la conformidad de los actos administrativos no
solo con la ley, sino con la Constitución y con los convenios suscritos por el Estado Colombiano.

A juicio de la Sala, como ya se mencionó en párrafos anteriores, el órgano que es el intérprete autorizado de las
normas de la CADH es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos se imponen
obedecer, como lo es la sentencia del 8 de julio de 2020 dictada por la Corte Interamericana en el caso Petro Urrego
Vs. Colombia, pronunciamiento que, junto con la normativa de la Convención, tiene fuerza obligatoria para todos
los jueces de Colombia.”

De los apartes trascritos de la providencia cuestionada, se logra advertir con claridad
que la autoridad judicial demandada, de entrada, indicó que, aunque no se
pronunciaría sobre las causales de nulidad alegadas por el demandante del proceso
ordinario, en virtud del control de convencionalidad ejercido de manera oficiosa, sí
había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, al concluir que la sanción
disciplinaria impuesta conllevó a la restricción de los derechos políticos del señor
Abadía Campo quien había sido elegido democráticamente como gobernador del
departamento del Valle del Cauca, en contravención de lo consagrado en el artículo
23 de la CADH al ser impuesta por la PGN, porque dicha sanción constituye una
restricción no permitida en el texto convencional, la cual además limitó los derechos
políticos reconocidos en ella, al imponerse por una autoridad administrativa en el curso
de un proceso administrativo sancionatorio.

Al respecto, la Sala observa que, la autoridad judicial demandada fue clara en exponer
que el control de convencionalidad aplicado al caso concreto y efectuado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos fue realizado sobre las normas del Código
Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría a imponer sanciones de destitución
e inhabilidad a funcionarios públicos electos, pero, ni siquiera la sentencia cuestionada
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plantea la parente dualidad constitucional vs. supraconstitucional que alega la parte
actora.

Es decir que, basta con la lectura de la providencia objeto de cuestionamiento para
advertir que, las razones para adoptar la decisión no tienen relación con los alegatos
de la parte actora, según los cuales, se desconoció la competencia constitucional de
la Procuraduría General de la Nación y se dio prevalencia y valor de
supraconstitucional a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos
y se omitió lo expuesto por la Corte Constitucional en torno al tema de la competencia
disciplinaria de la entidad respecto de los servidores públicos electos por voto popular.

Lo anterior, porque como se explicó en precedencia, la ratio decidendi de la
providencia cuestionada se basó en la aplicación oficiosa del control de
convencionalidad ante la incompatibilidad entre el numeral 1° del artículo 44 del Código
Único Disciplinario y el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, resultado del cual, determinó que para el caso concreto se vulneraron
garantías al señalado disciplinado, se reitera, por aplicar normas del Código
Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría a imponer sanciones de destitución
e inhabilidad a funcionarios públicos democráticamente electos.

Justamente, por el indebido entendimiento de la decisión por parte de la actora es que
la Sala evidencia que no logra cuestionar con sustento jurídico alguno la motivación
de la sentencia y, por ello, en el presente caso no se satisface la carga argumentativa
mínima para acudir al ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial, pues,
se limitó a alegar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, sin
embargo, de su argumentación se echa absolutamente de menos algún elemento o
alegato que permita evidenciar en qué consistió el yerro en el que presuntamente
incurrió la autoridad judicial demandada al dar aplicación oficiosa al control de
convencionalidad, más allá de la inconformidad que le merece la decisión.

En todo caso, debe señalarse que no es la acción de tutela el escenario para proponer
un debate que, no solo es ajeno a la motivación de la decisión, sino que plantea para
el juez de tutela definir en un caso particular y concreto la prevalencia de disposiciones
constitucionales sobre algunas obligaciones adquiridas en virtud de tratados
internaciones, lo cual es un debate que claramente desborda la competencia del juez
de tutela.

En este punto, la Sala considera pertinente resaltar que el juez natural es autónomo,
siempre que lo haga de manera razonable y conforme a las reglas de la sana crítica,
como ocurrió en el presente asunto; además, se recuerda que el juez de tutela no
puede reemplazar la valoración del juez del conocimiento, ni dar prevalencia a las
alternativas interpretativas propuestas por las partes.

Siendo así, en el presente caso concurren circunstancias para considerar que la acción
de tutela no cumplió con el requisito general de relevancia constitucional, en el
entendido que, los argumentos del escrito de tutela no se acompasan con las razones
de la decisión cuestionada y, por ende, las razones de inconformidad no logran superar
la carga mínima argumentativa para superar el requisito de procedencia.

Ahora bien frente al presunto desconocimiento de la sentencia de constitucionalidad
C-030 de 2023 invocada por el actor, la Sala destaca que en anterior oportunidad 7 en
un caso de similitud fáctica, se pronunció al respecto, en el sentido de indicar que:

7
Ver la sentencia del 13 de diciembre de 2023, acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2023-04893-00 C.P Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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“Tal argumento es contradictorio pues, por una parte, el actor sostuvo que en la Sentencia C-
030 de 2023 la Corte reiteró su postura conforme a la cual la Procuraduría General de la Nación
tiene competencia para investigar y sancionar a los servidores públicos de elección popular;
pero, por otra parte, censuró que esta se haya aplicado, a su juicio, retroactivamente.

Es decir, el actor aseguró que dicha sentencia respalda su competencia y que por esto tal
decisión debía ser aplicada en el caso, pero al tiempo reprochó que la autoridad judicial la haya
empleado en el asunto objeto de discusión judicial lo que hace que el argumento propuesto por
la demandante se torne impreciso y contradictorio a las razones fundamentales de la sentencia
cuestionada, lo que impide abordar el estudio de fondo de la misma”.

En esa medida, la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, razón por la que se impone, confirmar la
decisión impugnada del 10 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia del 10 de noviembre de 2023,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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