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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03021-00

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-03021-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo de Nariño. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-03021-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

8 de agosto de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-03021-00
Demandante: Procuraduría General de la Nación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03021-00
Demandante: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA

Temas: Tutela contra providencia judicial – nulidad y
restablecimiento del derecho contra fallos disciplinarios
sancionatorios. Requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la
Procuraduría General de la Nación, contra la Sección Segunda del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de junio de 2024, la Procuraduría General de la Nación ejerció acción de tutela
contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar vulnerado el
derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«1. Se dejen sin efectos las sentencias proferidas por el Consejo de Estado - Sección
Segunda, relacionadas en la tabla 1.

2. En consecuencia, se ordene al Consejo de Estado – Sección Segunda que, en un
término razonable, profiera sentencias sustitutivas en donde el factor competencia se
analice de conformidad con las normas constitucionales y el precedente de la Corte
Constitucional en lo que hace al control disciplinario sobre los servidores públicos de
elección popular que no se encontraban en ejercicio de funciones del cargo para el cual
fueron elegidos al momento de la imposición de la sanción. En ese orden, se analicen las
causales de nulidad alegadas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que no fueron objeto de estudio en las sentencias cuestionadas».

2. Hechos:

Debido a que la presente solicitud de amparo se refiere a los mismos supuestos
fácticos en diez casos diferentes, para la comprensión del caso, la Sala procederá a
hacer un resumen fáctico en común de los casos que se cuestionan por esta vía y
posteriormente evidenciará las fechas y particularidades de cada uno de ellos.

En razón de lo anterior y de la lectura del expediente, se advierten como hechos
relevantes los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03021-00
Demandante: Procuraduría General de la Nación

Los señores José Rubiel Páez, Javier Osorio Cortés, Sandra Jaramillo González,
Yamid Sterling Sánchez, Oscar Fernando Cerón Ortega, Juan Alberto Ramos Coronell,
Marco Sergio Rodríguez Merchán, Carlos Barbosa Malaver y Sonia Serrano Prada
ocuparon cargos de elección popular, entre ellos, de alcaldes, concejales, y
Congresistas. Sin embargo, fueron sancionados disciplinariamente por la Procuraduría
General de la Nación en calidad de servidores públicos, así:

No Servidor Cargo ocupado Sanción
Sancionado disciplinariamente en el año 2017 por
presuntamente comprometer vigencias futuras
Alcalde del municipio de sobre los recursos del Sistema General de
Caldas (Boyacá), período Participaciones para el sector de agua potable y
1 José Rubiel Páez 2008-2011 saneamiento básico.
Sancionado disciplinariamente en el año 2013 por
Alcalde de Dagua (Valle del presuntas irregularidades en contratación en el
2 Javier Osorio Cortés Cauca) período 2008-2011 marco del estado de urgencia manifiesta.
Concejal de Bogotá D.C Sancionada disciplinariamente en el año 2017 por
3 Sandra Jaramillo González período 2012-2015. estar inhabilitada para ejercer el cargo.
Sancionado disciplinariamente en el año 2017 por
Alcalde de Oporapa (Huila) presuntas irregularidades en temas de
4 Yamid Sterling Sánchez 2012 – 2015 contratación.
Sancionado disciplinariamente en el año 2018
Alcalde de Colón - Génova porque no presentó al Concejo Municipal el
(Nariño), período 2012- informe general de su gestión durante el 2014,
5 Oscar Fernando Ortega Cerón 2015. durante el primer período de sesiones del 2015,.
Sancionado disciplinariamente en el año 2020 por
Alcalde de Bucaramanga hechos ocurridos con el concejal Jhon Jairo Claro
(Santander), período 2016- Arévalo, relacionados con el incumpliendo al
6 Rodolfo Hernández Suárez 2019. deber de tratarlo con respeto y dignidad.
Alcalde de Juan de Acosta Sancionado disciplinariamente en el año 2005 por
(Atlántico) período 2001- presuntas irregularidades en temas de
7 Juan Alberto Ramos Coronell 2003. contratación (licitación)
Representante a la cámara
de representantes por el
Marco Sergio Rodríguez Vichada período 2014-
8 Merchán 2018. Sancionado disciplinariamente en el año 2020
Alcalde de Anapoima Sancionado disciplinariamente en el año 2014 por
(Cundinamarca) período presuntas irregularidades en temas de
9 Carlos Barbosa Malaver 2008-2011. contratación.
Alcaldesa de Lebrija Sancionada disciplinariamente en el año 2013 por
(Santander) período 2008- presuntas irregularidades en temas de
10 Sonia Serrano Prada y otro 2011. contratación.

Inconformes con las sanciones impuestas, ejercieron demandas del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación,
con la finalidad de dejar sin efecto los actos administrativos sancionatorios y, en
consecuencia, se ordenará el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados con
las sanciones de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Los procesos fueron conocidos por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsecciones A y B, en segunda y única instancia y resolvieron declarar nulas las
actuaciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la Nación, que los
destituyeron e inhabilitaron así:

Autoridad que la Ponente de Sentido de la Fecha de
No. Radicado Demandante Sentencia profirió la decisión decisión notificación
Revocó providencia
15001-23-33- del Tribunal
000-2017- Administrativo de
00665-01 y Segunda Boyacá y declaró
15001-23-33- instancia 23 Consejo de Estado, César nulidad de actos
000- 2018- José Rubiel de noviembre Sección Segunda, Palomino administrativos que 16 de enero
1 00253-00 Páez de 2023 Subsección B Cortés sancionaron 2024.
Confirmó
Segunda providencia del
760012333000 instancia 30 Consejo de Estado, César Tribunal
20140089101 Javier Osorio de noviembre Sección Segunda, Palomino Administrativo del 2 de febrero
2 (2447-2022) Cortés de 2023 Subsección B Cortés Valle del Cauca en de 2024.

2
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Demandante: Procuraduría General de la Nación

la que se declaró
nulos actos
administrativos que
sancionaron
Revocó providencia
del Tribunal
Administrativo de
Cundinamarca y
Segunda declara nulidad de
250002342000 Sandra instancia 8 de Consejo de Estado, Jorge Iván actos
20180030401 Jaramillo febrero de Sección Segunda, Duque administrativos que 28 de febrero
3 (2222-2020) González 2024 Subsección A Gutiérrez sancionaron de 2024.
Revocó providencia
del Tribunal
Administrativo del
Segunda Huila y declaró la
410012333000 Yamid instancia 8 de Consejo de Estado, Jorge Iván nulidad de actos
20180015301 Sterling febrero de Sección Segunda, Duque administrativos que 28 de febrero
4 (3240-2020) Sánchez 2024 Subsección A Gutiérrez lo sancionaron. de 2024.
Revocó providencia
Consejo de Estado, Jorge Iván del Tribunal
Sección Segunda, Duque Administrativo de
Subsección A Gutiérrez Nariño y en su lugar
Segunda declaró la nulidad
520012333000 Óscar instancia 8 de de actos
20180046101 Fernando febrero de administrativos que 27 de febrero
5 (4256-2021) Ortega Cerón 2024 sancionaron de 2024.
Revocó providencia
Consejo de Estado, Jorge Iván del Tribunal
Sección Segunda, Duque Administrativo de
Segunda Subsección A Gutiérrez Santander y declaró
680012333000 Rodolfo instancia 22 la nulidad de actos
20210034001 Hernández de febrero de administrativos que 11 de marzo
6 (6334-2022) Suárez 2024 lo sancionaron de 2024.

Única Consejo de Estado, Rafael Declaró la nulidad
110010325000 Juan Alberto instancia 8 de Sección Segunda, Francisco de los actos
20120015600 Ramos febrero de Subsección A Suárez administrativos que 8 de marzo
7 (0673-2012) Coronell 2024 Vargas sancionaron de 2024.
Declaró la nulidad
110010325000 Marco Sergio Única Consejo de Estado, Jorge Iván de los actos 8 abril de
20220021600 Rodríguez instancia 4 de Sección Segunda, Duque administrativos que 2024.
8 (0371-2022) Merchán abril de 2024 Subsección A Gutiérrez sancionaron
Revocó providencia
Consejo de Estado Rafael del Tribunal
Sección Segunda, Francisco Administrativo de
Subsección A Suárez Cundinamarca y
Segunda Vargas declara nulidad de
250002342000 Carlos instancia 11 actos
20150011501 Barbosa de abril de administrativos que 8 de mayo de
9 (3284-2018) Malaver 2024 sancionaron 2024.
Revocó providencia
Consejo de Estado, Rafael del Tribunal
Sección Segunda, Francisco Administrativo de
Segunda Subsección A Suárez Santander y declaró
680012333000 Sonia instancia 23 Vargas nulidad de actos
20140007701 Serrano de mayo de administrativos que 6 de junio de
10 (0826-2015) Prada y otro 2024 sancionaron 2024.

De lo anterior, se observa que los 10 procesos relacionados fueron conocidos por tres
ponentes distintos, para lo cual se hará referencia a la línea argumentativa que se
manejó en los referidos procesos en los despachos de conocimiento.

En los casos relacionados en los numerales 1 y 2, el ponente, en el primer caso, revocó
la providencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
y en su lugar se declaró la nulidad de actos administrativos que sancionaron, en el
segundo caso confirmó la providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
al considerar que las sanciones disciplinarias impuestas conllevaron la restricción de
los derechos políticos de los demandantes, quienes fueron elegidos
democráticamente como alcalde del municipio de Caldas Boyacá y alcalde municipal
del municipio de Dagua – Valle del cauca, respectivamente, ello en contravención de
lo consagrado en el artículo 23 de la CADH y de la sentencia del 8 de julio de 2020 en
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Demandante: Procuraduría General de la Nación

la que la Corte IDH estudió el caso Petro Urrego vs. Colombia.

Frente a los casos identificados en los numerales 3, 4, 5, 6 y 8, el ponente revocó las
providencias apeladas para en su lugar declarar la nulidad de los actos administrativos
sancionatorios y en el último de los referidos - esto es el caso 8 –fue estudiado en
única instancia y declaró la nulidad de los actos demandados. En todos ellos consideró:
«Atendiendo al deber que tiene toda autoridad judicial y administrativa de realizar el control de
convencionalidad ex oficio, y a la luz de la jurisprudencia decantada en el caso Petro Urrego vs Colombia, para
esta Sala de subsección es claro que la normativa colombiana (Ley 734 de 2002) que facultaba a la
Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular estuvo viciada
de ilegalidad, desde sus orígenes, por ser contraria a los postulados consagrados en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, toda vez que es manifiesta la falta de competencia de una autoridad administrativa
para restringir los derechos políticos de aquellos funcionarios que fueron elegidos democráticamente, y a su
vez se incumplió el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno por parte del Estado colombiano.

Por ende, al tener en cuenta que la jurisprudencia contenciosa administrativa e interamericana no crearon un
sentido o alcance nuevo del artículo 23 de la Convención Americana, sino que precisaron la única alternativa
de aplicación posible de dicha norma, es claro que las actuaciones realizadas por la Procuraduría General de
la Nación que culminaron con la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad por el término de 10 años
para el ejercicio de las funciones públicas al ahora demandante, no se ajustó a la normativa que regula el
ejercicio de los derechos políticos y las garantías judiciales consagrados en la Convención Americana y, por
consiguiente, como el marco normativo con el que fue sancionado el demandante fue el mismo que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos censuró o reprobó en el precedente convencional del caso Petro Urrego
vs Colombia, es palmaria la ilegalidad de los actos administrativos acá demandados. [...]»

Finalmente, en los casos 7, 9 y 10 el ponente se refirió a las consideraciones expuestas
por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del
11 de octubre de 2023, y precisó que:
«Es criterio de la Sección Segunda que «en los casos en que se controvierten sanciones disciplinarias que
restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular debe aplicarse el control de
convencionalidad, no solo como expresión del derecho viviente sino porque dichos disciplinados tienen
derecho a la misma protección judicial.».

Así las cosas, en aplicación de la excepción de inconvencionalidad respecto de las normas que radican en el
procurador general de la Nación, en su condición de autoridad administrativa, la competencia para imponer
sanciones como la destitución a empleados elegidos por voto popular, y en procura de garantizar los principios
de jurisdiccionalidad, que exige que ese tipo de sanción solo provenga de una autoridad judicial, y favorabilidad
en materia laboral, según el cual se debe preferir la interpretación más beneficiosa para el trabajador, en caso
de que una norma permita dos o más interpretaciones, así como en garantía de los derechos a la igualdad y a
la protección judicial, la Sala revocará parcialmente la decisión de primera instancia que denegó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la nulidad parcial de los actos administrativos
cuestionados en este proceso, en lo que atañe a las sanciones impuestas (…), comoquiera que, a través de
ellos, se impuso en una servidora pública elegida popularmente, la sanción de destitución, lo que conlleva una
restricción de derechos políticos, facultad que, según el criterio antes expuesto, está reservada a las
autoridades judiciales competentes. [...]»
(subrayado fuera de texto).

Conforme con lo expuesto, se tiene que las mencionadas decisiones tuvieron como
sustento común para confirmar, revocar y declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados, que, la sentencia del 8 de julio de 2020 en la que la Corte
IDH estudió el caso Petro Urrego vs. Colombia, tiene fuerza obligatoria para todos los
jueces de Colombia y, en dicha oportunidad, en aplicación del control oficioso de
convencionalidad, se concluyó que el numeral 1° del artículo 44 del Código
Disciplinario Único es incompatible con el artículo 23.2 de la Convención Americana
de Derechos Humanos; razón por la que debía entenderse que la Procuraduría
General de la Nación carecía de competencia para imponer sanciones de destitución
e inhabilidad a funcionarios públicos democráticamente electos.

3. Argumentos de la tutela

La parte demandante indicó que la providencia objeto de debate incurrió en los
defectos por violación por directa de la Constitución, por desconocimiento del
precedente judicial y sustantivo. Para el efecto, señaló que se desconocieron las
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Demandante: Procuraduría General de la Nación

normas constitucionales, en las que se estableció la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para ejercer la vigilancia y control respecto a quienes
desempeñan funciones públicas, incluso, los cargos de elección popular.

Explicó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos de procedencia, dado que
contra ellas no procede algún recurso, la solicitud de amparo goza de relevancia
constitucional, en la medida en que no es una discusión de carácter económico o de
mera legalidad y, además, la acción de la referencia fue interpuesta en un término
razonable.

Señaló que no está de acuerdo con las decisiones dictadas en el marco de los distintos
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, porque en los procesos
cuestionados no era posible dejar de aplicar normas constitucionales con sustento en
interpretaciones hechas a la luz de la Convención Americana, porque, mientras las
normas constitucionales estén vigentes, la Procuraduría no puede dejar de ejercer sus
competencias.

En relación con el defecto sustantivo, adujo que la autoridad judicial demandada
desconoció su competencia constitucional; limitó su análisis a establecer si la
Procuraduría General de la Nación tiene o no competencia para ejercer el control
disciplinario acogiendo de plano lo expuesto por la Corte IDH en la sentencia del caso
Petro Urrego, sin tener en cuenta el marco de interpretación integral de las normas
convencionales, constitucionales y legales que, según la Corte Constitucional, es
necesario realizar a efectos de que la providencia judicial.

Recalcó que la Corte Constitucional, en sentencia C-030 de 2023, precisó que la
sanción o destitución e inhabilidad general impuestas a servidores públicos de elección
popular requieren de la intervención de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
por medio de la reserva judicial, lo que, a su juicio, implica que la reserva judicial no se
puede exigir a las decisiones sancionatorias tomadas con anterioridad a la Ley que fue
objeto de control constitucional en dicha providencia.

Explicó que, no se tuvo en cuenta que, para el momento en que los distintos
funcionarios fueron sancionados, no existía la decisión de la Corte IDH en el caso Petro
Urrego vs. Colombia, ni la tesis de la reserva judicial expuesta en la Sentencia C-030
de 2023, pues para la época en que fueron proferidas las decisiones disciplinarias,
existía una postura pacífica en cuanto a la competencia de la Procuraduría General de
la Nación para disciplinar a los servidores públicos de elección popular, en aplicación
de las atribuciones contenidas en el artículo 277 de la Constitución Política.

Precisó que, en todo caso, el estándar fijado en la sentencia de la CIDH no era
aplicable a los casos fallados con anterioridad al 8 de julio de 2020, pues la orden de
adecuar el ordenamiento interno, expresamente las normas del Código Disciplinario
Único (Ley 734 de 2002), lo fue a futuro y en un plazo razonable y las decisiones
cuestionadas fueron proferidas en vigencia de la referida Ley.

Finalmente, frente al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que la
autoridad judicial demandada omitió el criterio fijado en las sentencias: C-028 de 2006,
SU-712 de 2013, C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-086 de 2019, C-
111 de 2019, C-325 de 2021 y la C-030 del 16 de febrero de 2023, en las que se
expuso que la Procuraduría General de la Nación sí tiene competencia para investigar
y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos, incluso los elegidos
popularmente.
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Aclaró que, en las providencias citadas como desconocidas, la Corte Constitucional
dispuso que la inclusión de una norma internacional al bloque de constitucionalidad no
implica que esta última prevalezca sobre la Constitución Política. Por el contrario, que
dicha inclusión conlleva necesariamente a efectuar interpretaciones armónicas y
sistemáticas entre disposiciones jurídicas de diverso origen. Específicamente, en esa
sentencia, en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
Corte Constitucional señaló que esta forma parte del bloque de constitucionalidad,
pero que las normas que lo integran no tienen el rango de normas
supraconstitucionales.

4. Trámite previo

Mediante auto del 24 de junio de 2024, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo de Estado,
Sección Segunda como demandado, a los señores José Rubiel Páez, Javier Osorio
Cortés, Sandra Jaramillo González, Yamid Sterling Sánchez, Óscar Fernando Cerón
Ortega, Rodolfo Hernández Suárez, Juan Alberto Ramos Coronell, Marco Sergio
Rodríguez Merchán, Carlos Barbosa Malaver, Sonia Serrano Prada y Rodolfo García
Martínez, al Tribunal Administrativo de Boyacá, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al Tribunal Administrativo del Huila,
al Tribunal Administrativo de Santander, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y al Tribunal Administrativo de Nariño, como terceros interesados, a quienes se les
remitió copia de la demanda.

5. Oposición

La Sección Segunda del Consejo de Estado, por intermedio del presidente, explicó
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar en varias
oportunidades el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
señaló que el ejercicio de los derechos políticos puede ser objeto de reglamentación,
más no de negación y que su limitación está reservada a casos en que sea decretada
por un juez competente y dentro de un proceso penal.

Explicó que, cuando la Corte IDH, en sentencia del 8 de julio de 2020 resolvió el caso
Petro Urrego vs. Colombia, consideró que fue vulnerado el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto «el Estado incumplió con
sus obligaciones previstas en el artículo 23 de la Convención, en relación con el artículo 2 del
mismo instrumento, por la existencia y aplicación de las normas del Código Disciplinario Único
que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios públicos
democráticamente electos, como fue el caso del señor Petro».

Manifestó que, si bien es cierto, antes y después de dicho pronunciamiento, tanto la
Corte Constitucional como el Consejo de Estado realizaron diferentes interpretaciones
sobre las normas constitucionales y las establecidas en la Ley 734 de 2002 (Código
Único Disciplinario), también lo es que la Sala Plena de la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia del 11 de octubre de 20231, concluyó que, aunque la
Constitución y la Ley colombiana confirieron facultades disciplinarias a la Procuraduría
General de la Nación, esto va en contravía de la garantía de los derechos políticos de
los servidores elegidos por voto popular en los términos del artículo 23.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pronunciamiento que, según
1Providenciadictada en el proceso con radicado: 15001 23 33 000 2014 00564 01 (5828-2018), M.P. César
Palomino Cortés.
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indicó, con base en el parágrafo 2 del artículo 15 del Reglamento Interno del Consejo
de Estado y en el artículo 270 del CPACA, tiene los mismos efectos de una sentencia
de unificación.

Asimismo, resaltó que conforme con la interpretación que la Corte IDH ha realizado
del referido artículo, la eventual limitación de los derechos políticos solo puede
imponerla un funcionario judicial (juez) competente, calidad que en todo caso no tiene
la Procuraduría General de la Nación.

Explicó que en la sentencia del 11 de octubre de 2023 la Sala Plena de la Sección
Segunda realizó estudio armónico entre las previsiones de la Constitución Política y
las de la Convención Americana de Derechos Humanos, en torno a la restricción de
los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular y concluyó
que: «en los casos en que se controvierten sanciones disciplinarias que restringen los
derechos políticos de los funcionarios de elección popular debe aplicarse el control de
convencionalidad, no solo como expresión del derecho viviente sino porque dichos
disciplinados tienen derecho a la misma protección judicial».

Señaló que no incurrió en los defectos invocados por la demandante porque:

• No desconoció las normas establecidas en la Constitución Política, por el
contrario, la Sección Segunda en su deber de armonizar la Carta Política
con los instrumentos internacionales (la norma convencional y la decisión
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos), consideró
que no era dable que la Procuraduría General de la Nación, como
autoridad administrativa, restringiera los derechos políticos a través de
este tipo de sanciones, por cuanto es una facultad que está reservada a
las autoridades judiciales competentes.

Lo anterior, en aplicación de la excepción de inconvencionalidad respecto
de las normas que radican en el Procurador General de la Nación, -en su
condición de autoridad administrativa-, y en aras de garantizar que la
competencia para imponer sanciones como la destitución o suspensión
en el ejercicio del cargo a empleados elegidos por voto popular solo
provenga de una autoridad judicial, asimismo, en procura de garantizar
los principios de jurisdiccionalidad, que exige que ese tipo de sanción y el
de favorabilidad en materia laboral, según el cual, se debe preferir la
interpretación más favorable al trabajador, en caso de que una norma
permita dos o más interpretaciones, así como en garantía de los derechos
a la igualdad y a la protección judicial.

• Tampoco se desconoció el precedente jurisprudencial, en la medida en
que, si bien es cierto que antes de la sentencia de la Sección Segunda de
11 de octubre de 2023, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado habían mantenido posiciones divergentes respecto de las
facultades disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación sobre
los servidores elegidos por voto popular, también lo es que, a partir de
dicha providencia, se adoptó una postura pacífica y unificada, que es,
precisamente, la que ahora se discute.

De ahí la necesidad de insistir que, desde entonces, la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado estableció que, aunque la Constitución y
la Ley nacional le otorgan al organismo del Ministerio Público facultades
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disciplinarias, estas deben interpretarse a la luz de los estándares
internacionales de derechos humanos, en particular, del artículo 23.2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como se ve, una
razón más que suficiente para acoger la interpretación de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, según la cual, la limitación de
derechos políticos de los servidores electos por voto popular solo puede
ser impuesta por un funcionario judicial competente, lo que,
necesariamente, restringe la actuación de entidades administrativas,
como lo es la Procuraduría General de la Nación, en estos casos.

Así las cosas, el criterio establecido en la sentencia del 11 de octubre de
2023 marcó el punto de referencia jurisprudencial para la adopción de los
fallos objeto de la tutela. Por lo tanto, no puede alegarse el
desconocimiento de precedente con base en las múltiples
interpretaciones otrora consideradas. En otros términos: es la referida
sentencia del 2023 la que contiene la interpretación uniforme y de
obligatorio cumplimiento que ahora guía las decisiones en este ámbito.

• Expuso que las providencias judiciales proferidas por esa Sección, a partir
del 11 de octubre de 2023, fueron fieles a la postura unificada en la
sentencia ya aludida; por lo que solo pueden entenderse como una
manifestación de la garantía de la coherencia y de la seguridad jurídica
del ordenamiento contencioso-administrativo, al tiempo que, protegen los
derechos políticos fundamentales de los servidores públicos elegidos por
voto popular frente a posibles excesos o interpretaciones divergentes (de
funcionarios no judiciales) que podrían menoscabar su ejercicio
democrático, tal como lo consideró la Corte IDH, en el fallo del 8 de julio
de 2020.

Basado en lo expuesto, solicitó que en el evento en que se conozca de fondo la acción
de tutela de la referencia se nieguen las pretensiones de la misma, en el entendido
que en las providencias cuestionada emitidas por la Sección Segunda no incurrió en
alguno de los defectos invocados.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto del ponente de la
sentencia del 30 de abril de 2021 proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 76001-23-33-005-2014-00891-00, en
el que fungió como demandante el señor Javier Osorio Cortés, manifestó que no está
probada la vulneración invocada por la demandante, toda vez que en el asunto en
comento se dio aplicación a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
por medio del magistrado ponente de la sentencia del 9 de marzo de 2017, proferida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que obró
como demandante el señor Carlos Barbosa Malaver, indicó que la solicitud de amparo
no se dirige contra la decisión proferida por esa Corporación, en la medida en que, en
esa oportunidad, negó las pretensiones de la demanda, que, en esencia, es lo que en
la presente solicitud de amparo persigue la parte actora. Razón por la que solicitó se
negaran las pretensiones de la acción de la referencia en relación con el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
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Demandante: Procuraduría General de la Nación

El Tribunal Administrativo de Nariño sostuvo que profirió la sentencia del 20 de
mayo de 2021, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 52001-23-33-000-2018-00461-00, en el que funge como
demandante el señor Oscar Fernando Cerón Ortega, sin embargo, indicó que la
solicitud de amparo va dirigida a dejar sin efecto la sentencia proferida en segunda
instancia por la Sección Segunda del Consejo de Estado, razón por la que considera
no existe razón para su vinculación al presente trámite constitucional.

El señor Rodolfo Hernández Suárez se opuso a las pretensiones de la solicitud de
amparo al considerar que, a partir de la decisión de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos Petro vs. Colombia, tanto la Corte Constitucional como el Consejo
de Estado han ajustado sus posturas jurisprudenciales para interpretar el artículo 23.2
de la CIDH, conforme con los postulados de la propia convención.

Además, afirmó que la Procuraduría General de la Nación no está avalada por el
bloque de constitucionalidad para ejercer facultades jurisdiccionales permanentes, por
lo que, sus decisiones de sanción y suspensión a funcionarios de elección popular solo
serán validadas si son objeto de revisión y posterior decisión por parte de un juez
contencioso.

Explicó que la sanción de suspensión e inhabilidad especial que le fue impuesta en el
proceso disciplinario con radicación núm. IUS-E-2018-531108 / IUC-D-2018-1200267
es inconstitucional, porque desconoció tanto el artículo 23.2 de la CIDH como la
postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023 y, en razón a
ello, el Consejo de Estado resolvió declararla nula por carecer de apariencia de buen
derecho.

La señora Sandra Jaramillo afirmó que el fallo emitido por parte de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no vulneró derecho alguno de la Procuraduría General
de la Nación, ni desconoció las competencias de ese ente de control, por el contrario,
indicó que con esa decisión le fueron protegidos los derechos constitucionales a la
igualdad y al trabajo, en armonía con el principio de favorabilidad, el cual se encuentra
reforzado por el hecho de estar involucrados derechos políticos protegidos por la
Convención Americana de Derechos Humanos y derechos laborales, que deben
garantizarse en virtud del principio pro homine, conforme con el artículo 53 Política de
Colombia.

Finalmente, señaló que la acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces
del ejercicio de sus competencias naturales, motivo por el cual solicitó desestimar los
argumentos expuestos, máxime si se tiene en cuenta que no es procedente que la
Procuraduría General de la Nación acuda al juez de tutela para impugnar las
decisiones judiciales si previamente no ha empleado los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa con los que cuenta.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
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acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

En el caso objeto de estudio si bien la parte actora invocó desconocimiento del
precedente judicial lo cierto es que la Sala no hará referencia al mismo dado que el
actor en ninguno de los apartes del escrito inicial argumentó la configuración del
referido defecto.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, vulneró
los derechos fundamentales invocados, por incurrir en los defectos sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución al proferir
las sentencias en las que dejó sin efecto las providencias en las que les fueron
impuestas sanciones disciplinarias a funcionarios públicos democráticamente electos.

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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En ese orden, la Sala analizará si la acción de tutela de la referencia cumple con el
requisito general de relevancia constitucional y, solo en el evento que lo supere,
estudiará si la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos alegados por la
parte demandante, al acceder a las pretensiones de las demandas de nulidad y
restablecimiento del derecho en las que se pretendía la nulidad de una decisión de
carácter disciplinario.

Sin embargo, de manera previa, la Sala se pronunciará sobre la legitimación en la
causa por pasiva del Tribunal Administrativo de Nariño.

De la legitimación en la causa por pasiva

La Sala observa que, en el caso objeto de estudio, el Tribunal Administrativo de
Nariño alega que no existe razón para su vinculación al presente trámite
constitucional. Al respecto, se aclara que esa Corporación tuvo conocimiento de uno
de los procesos contra los que se dirigen las pretensiones de la demanda, en el trámite
de la primera instancia, lo cual justifica su vinculación al presente mecanismo como
tercero con interés. Por esta razón, se negará su solicitud de desvinculación.

De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera
los derechos fundamentales.

5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio deciden di. De modo que pueda abordarse el
estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión
cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se
dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los
jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por
eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(Subrayado de la Sala)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En el escrito de tutela la actora solicitó que se dejaran sin efecto las siguientes
sentencias:

Autoridad que la Ponente de la
No. Radicado Demandante Sentencia profirió decisión
15001-23-33-000-2017- Segunda instancia Consejo de Estado
00665-01 y 15001-23- 23 de noviembre de Sección Segunda César Palomino
1 33-000- 2018-00253-00 José Rubiel Páez 2023 Subsección B Cortés
Segunda instancia Consejo de Estado
7600123330002014008 30 de noviembre de Sección Segunda César Palomino
2 9101 (2447-2022) Javier Osorio Cortés 2023 Subsección B Cortés
Segunda instancia Consejo de Estado
2500023420002018003 Sandra Jaramillo 8 de febrero de Sección Segunda Jorge Iván Duque
3 0401 (2222-2020) González 2024 Subsección A Gutiérrez
Segunda instancia Consejo de Estado
4100123330002018001 Yamid Sterling 8 de febrero de Sección Segunda Jorge Iván Duque
4 5301 (3240-2020) Sánchez 2024 Subsección A Gutiérrez
Segunda instancia Consejo de Estado
5200123330002018004 Oscar Fernando Ortega 8 de febrero de Sección Segunda Jorge Iván Duque
5 6101 (4256-2021) Cerón 2024 Subsección A Gutiérrez
Segunda instancia Consejo de Estado
6800123330002021003 Rodolfo Hernández 22 de febrero de Sección Segunda Jorge Iván Duque
6 4001 (6334-2022) Suárez 2024 Subsección A Gutiérrez
Consejo de Estado
1100103250002012001 Juan Alberto Ramos única instancia 8 de Sección Segunda Rafael Francisco
7 5600 (0673-2012) Coronell febrero de 2024 Subsección A Suárez Vargas
Consejo de Estado
1100103250002022002 Marco Sergio única instancia 4 de Sección Segunda Jorge Iván Duque
8 1600 (0371-2022) Rodríguez Merchán abril de 2024 Subsección A Gutiérrez
Consejo de Estado
2500023420002015001 Carlos Barbosa Segunda instancia Sección Segunda Rafael Francisco
9 1501 (3284-2018) Malaver 11 de abril de 2024 Subsección A Suárez Vargas
Segunda instancia Consejo de Estado
6800123330002014000 Sonia Serrano Prada y 23 de mayo de Sección Segunda Rafael Francisco
10 7701 (0826-2015) otro 2024 Subsección A Suárez Vargas

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Estos son, las providencias mediante las que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsecciones A y B accedieron a las pretensiones del medio de control frente a la
nulidad de las actuaciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de la
Nación, que, destituyeron e inhabilitaron a funcionarios públicos democráticamente
electos.

La Procuraduría General de la Nación aseguró que la autoridad judicial accionada
vulneró el derecho fundamental al debido proceso, porque, según dice, desconoció
que la entidad tenía facultades constitucionales para investigarlos y sancionarlos, al
margen de que los disciplinados ocuparan cargos de elección popular.

La Sala anticipa que la presente solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional6, en la medida en que los argumentos del escrito de tutela no
se acompasan con las razones de las decisiones objeto de tutela, por lo siguiente:

Se advierte que la inconformidad de la actora se enmarca en que, a su juicio, en el
trámite de los procesos ordinarios cuestionados se vulneró el derecho fundamental al
debido proceso, al desconocer que tiene competencia constitucional para ejercer la
potestad disciplinaria y sancionatoria frente a cargos de elección popular.

Como argumento de lo anterior, la demandante basó su inconformidad en tres
aspectos, puntuales:

• El primero de ellos basado en la violación directa de la constitución en la
que la actora manifestó que la providencia objeto de debate desconoció
la competencia constitucional, al efecto, citó distintas normas
constitucionales sobre función pública, control disciplinario y
competencias de la Procuraduría General de la Nación, así como los
deberes de los funcionarios públicos, sin embargo, no señaló de manera
precisa de qué manera estas razones atacan la decisión cuestionada, más
allá de hacer referencia a los distintos deberes de los funcionarios
públicos.

De igual forma, se refirió al artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos – CADH pero no expuso de qué manera esa
disposición normativa apoya la defensa de su caso, pues aunque
mencionó que respecto a su competencia existe una contradicción entre
los niveles constitucional y convencional, únicamente afirmó que en casos
de esta naturaleza hay lugar a aplicar distintos principios hermenéuticos,
orientados a una armonización de las disposiciones normativas para que
se interpreten y apliquen de modo que se evite posiciones jurídicas
contradictorias.

• El segundo argumento de la demandante se basó en una posible
configuración de defecto sustantivo, dado que, a su juicio, se dio
prevalencia y valor de supraconstitucional a las normas de la Convención
Americana de Derechos Humanos frente a las disposiciones
constitucionales.

6 En casos con identidad de presupuestos fácticos, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado se pronunció en igual sentido, ver, entre otras, sentencias del 13 de diciembre de 2023
dictada en la tutela con radicado: 11001-03-15-000-2023-04893-00 C.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 15
de febrero de 2024 dictada en la tutela con radicado: 11001-03-15-000-2023-04892-01 C.P Milton Chaves García.
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Al respecto, la actora describió el control de convencionalidad y el bloque
de constitucionalidad como figuras jurídicas, sin embargo, no explicó
cómo esta argumentación desvirtúa lo expuesto en las providencias
objeto de debate, según dice, no cabe la posibilidad de inaplicar una
norma constitucional por su eventual oposición con otra de carácter
convencional.

Acto seguido, se refirió a las alternativas para solucionar las antinomias
entre una norma constitucional y una convencional y las posibles vías de
armonización para concluir que, a su juicio, no cabe la posibilidad de
aplicar una norma convencional sobre una constitucional e indicó que, en
caso de contradicción, lo procedente es acudir a: “i) una reforma constitucional
que elimine la contradicción entre la Constitución y la Convención; ii) promover una
reforma de la Convención para sustraer los apartes que no puedan armonizarse con la
Constitución y que se consideren esenciales dentro de la opción constituyente del
Estado; iii) En un ejercicio de armonización normativa e interpretativa, aceptar la
interpretación evolutiva tanto de la Convención como de la Constitución. Ejercicio en el
que es preciso tener en cuenta el margen de apreciación nacional, que surge del carácter
complementario o subsidiario que tiene la Convención en relación con la normatividad y
la institucionalidad de los Estados parte; iv) Tratándose de conflictos en torno a la
Constitución, esa interpretación armonizadora le corresponde a la Corte Constitucional,
sin que una interpretación conforme a la Convención como la propuesta por la Corte IDH
en la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia, sea directamente aplicable en un
ordenamiento interno como el colombiano; v) ante la imposibilidad de una armonización,
el Estado debe denunciar la Convención”.

En ese contexto, concluyó que, en nuestro ordenamiento es posible
ejercer una especie de control de convencionalidad que, en términos del
derecho interno, se traduce en la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, cuando quiera que normas de inferior jerarquía
resulten contrarias a una disposición de la Convención Americana de
Derechos Humanos. Pero, que no cabe la posibilidad de inaplicar una
norma constitucional por su eventual oposición con otra, como lo sería la
Convención Americana de Derechos Humanos, sin explicar más allá de
su inconformidad en qué consistió el yerro alegado.

• Por último, orientó su inconformidad en la posible configuración de defecto
“sustantivo” por desconocimiento del precedente judicial, en la medida en
que afirmó que en distintos pronunciamientos la Corte Constitucional ha
avalado su competencia para disciplinar a las personas que son elegidas
popularmente.

Ahora bien, la Sala observa que la Sección Segunda del Consejo de Estado, de
manera común en las providencias debatidas, para resolver los asuntos sometidos a
su consideración, se refirió al control de convencionalidad previo a analizar los casos
concretos y precisó que, resultaba necesario aplicarlo de manera oficiosa, en atención
al deber que tiene toda autoridad judicial y administrativa de realizar el control de
convencionalidad ex officio, y a la luz de la jurisprudencia decantada en el caso Petro
Urrego vs. Colombia, concluyó que la norma colombiana (Ley 734 de 2002) que
facultaba a la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar a
funcionarios de elección popular, estuvo viciada de ilegalidad desde sus orígenes, por
ser contraria a los postulados consagrados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, toda vez que es manifiesta la falta de competencia de una
autoridad administrativa para restringir los derechos políticos de aquellos funcionarios

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que fueron elegidos democráticamente y, a su vez se incumplió el deber de adoptar
las disposiciones de derecho interno por parte del Estado colombiano.

Además, determinó que, al momento de resolver los casos en los que se analice la
legalidad de una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la
Nación a servidores de elección popular, se debe aplicar el principio de favorabilidad
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, solo cuando la regulación
interna alcance los estándares internacionales de derechos humanos, se aplicará la
norma nacional que regule la materia.

De las decisiones cuestionadas se destaca que en los casos relacionados en los
numerales 1 y 2, la Subsección demandada, puntualmente, señaló:
«El control de convencionalidad en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, efectuado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, tiene fuerza obligatoria para todos los jueces de Colombia, porque fue un control
concentrado sobre las normas del Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, que facultan a la Procuraduría
a imponer sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios públicos democráticamente electos, es decir,
fue un control para el sistema jurídico colombiano.

Ciertamente, el baremo de convencionalidad de las citadas normas del Código Disciplinario Único lo
constituyen tanto el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como la sentencia de
la CIDH en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, decisión en la que se estableció que, si bien las normas
constitucionales no eran incompatibles con la Convención, las normas del CDU, que facultan a la Procuraduría
a imponer las sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios públicos democráticamente electos, sí lo
eran y, como baremo de convencionalidad que es, debe ser aplicado a todos los casos en igualdad de
condiciones por los jueces de Colombia, en los que se discutan sanciones que restrinjan los derechos políticos
de los servidores de elección popular.

Por ello, sin duda alguna, la sentencia proferida el 8 de julio de 2020 por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, marca un precedente en relación con la manera como deben
interpretarse y acatarse en nuestro ordenamiento jurídico, las disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, por cuanto el instrumento jurídico internacional y las sentencias proferidas por la CIDH
constituyen, en conjunto, la convencionalidad como fuente normativa en la teoría del derecho viviente[...]»

En los casos identificados en los numerales 3, 4, 5, 6 y 8, precisó lo siguiente:
«La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de junio de 2023,
radicado 11001032500020130056100 con No. Interno 1093-2013, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, precisó
que las restricciones referidas en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son
causales taxativas, al incluirse la palabra “exclusivamente” para enlistar las razones por las cuales a través de
la ley se puede regular el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo 23.1; y precisó que: “En
cuanto a la causal por «condena, por juez competente, en proceso penal», en principio, se refiere a la decisión
definitiva adoptada por una autoridad calificada, esto es, un juez de la República a quien por su especialidad
se le atribuyó la función de estudiar la responsabilidad de la comisión de un acto considerado delito y que si
como consecuencia del sentido del fallo es declarado culpable se impone una sanción condenatoria dentro de
un proceso de naturaleza especial como lo es un proceso penal.
(…)

Atendiendo al deber que tiene toda autoridad judicial y administrativa de realizar el control de convencionalidad
ex officio, y a la luz de la jurisprudencia decantada en el caso Petro Urrego vs Colombia, para esta Sala de
subsección es claro que la normativa colombiana (Ley 734 de 2002) que facultaba a la Procuraduría General
de la Nación para destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular estuvo viciada de ilegalidad, desde
sus orígenes, por ser contraria a los postulados consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, toda vez que es manifiesta la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir
los derechos políticos de aquellos funcionarios que fueron elegidos democráticamente, y a su vez se incumplió
el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno por parte del Estado colombiano.

Por ende, al tener en cuenta que la jurisprudencia contenciosa administrativa e interamericana no crearon un
sentido o alcance nuevo del artículo 23 de la Convención Americana, sino que precisaron la única alternativa
de aplicación posible de dicha norma, es claro que las actuaciones realizadas por la Procuraduría General de
la Nación que culminaron con la sanción de destitución e inhabilidad general (…), no se ajustó a la normativa
que regula el ejercicio de los derechos políticos y las garantías judiciales consagrados en la Convención
Americana y, por consiguiente, como el marco normativo con el que fue sancionado (…) fue el mismo que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos censuró o reprobó en el precedente convencional del caso Petro
Urrego vs Colombia, es palmaria la ilegalidad de los actos administrativos acá demandados. [...]»

Finalmente, en los casos 7,9 y 10 se hizo referencia a las consideraciones expuestas
por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del
11 de octubre de 2023 y, a partir de ellas, concluyó:
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Demandante: Procuraduría General de la Nación

«En ese sentido, a partir de la decisión judicial en comento, es criterio de la Sección Segunda que «en los
casos en que se controvierten sanciones disciplinarias que restringen los derechos políticos de los funcionarios
de elección popular debe aplicarse el control de convencionalidad, no solo como expresión del derecho viviente
sino porque dichos disciplinados tienen derecho a la misma protección judicial.».

Así las cosas, en aplicación de la excepción de inconvencionalidad respecto de las normas que radican en el
procurador general de la Nación, en su condición de autoridad administrativa, la competencia para imponer
sanciones como la destitución a empleados elegidos por voto popular, y en procura de garantizar los principios
de jurisdiccionalidad, que exige que ese tipo de sanción solo provenga de una autoridad judicial, y favorabilidad
en materia laboral, según el cual se debe preferir la interpretación más beneficiosa para el trabajador, en caso
de que una norma permita dos o más interpretaciones, así como en garantía de los derechos a la igualdad y a
la protección judicial, la Sala revocará parcialmente la decisión de primera instancia que denegó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la nulidad parcial de los actos administrativos
cuestionados en este proceso, en lo que atañe a las sanciones impuestas (…), comoquiera que, a través de
ellos, se impuso en una servidora pública elegida popularmente, la sanción de destitución, lo que conlleva una
restricción de derechos políticos, facultad que, según el criterio antes expuesto, está reservada a las
autoridades judiciales competentes. [...]»
(subrayado fuera de texto).

Por lo expuesto, la Sala evidencia que en las providencias objeto de cuestión, las
Subsecciones demandas expresaron que resultaba plenamente válido y de obligatorio
acatamiento el precedente fijado en la sentencia del 8 de julio de 2020, que, resolvió
el caso Petro Urrego vs. Colombia en el que se aplicó el control de convencionalidad
comoquiera que no se puede desconocer que la Corte IDH reconoció en el citado
precedente judicial que el inciso 6º del artículo 277 y el numeral primero del artículo
278 de la Constitución Política de Colombia, no son incompatibles con el artículo 23
de la Convención Americana, pero su interpretación debe darse de manera que no
quebrante dicha disposición y que, por el contrario, las normas del Código General
Disciplinario sí son incompatibles con la mencionada Convención.

Establecido lo anterior, al analizar los casos objeto de debate se destaca que en la
actualidad se indicó de forma clara y uniforme que es criterio de la Sección Segunda
que en los casos en que se controvierten sanciones disciplinarias que restringen los
derechos políticos de los funcionarios de elección popular debe aplicarse el control de
convencionalidad.

Además, frente a la aplicación de los precedentes de la Corte Constitucional en los
que se ha afirmado que la PGN goza de facultades disciplinaria y sancionadora sobre
los cargos de elección popular, las Subsecciones demandadas explicaron que la Corte
Constitucional, en sus diferentes pronunciamientos no ha sido unívoca, dado que no ha
efectuado un control de convencionalidad sobre las actuaciones de la Procuraduría
General de la Nación como disciplinadora de estos funcionarios públicos, como sí lo ha
hecho el Consejo de Estado, en su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo y en todo caso la Corte IDH es el órgano intérprete autorizado de las
normas de la CADH, cuyos pronunciamientos se imponen obedecer, tal como se indicó
en la sentencia del 8 de julio de 2020 en el caso Petro Urrego vs. Colombia.

Al respecto, la Sala observa que, la autoridad judicial demandada fue clara en exponer
que el control de convencionalidad aplicado a los casos objeto de estudio y efectuado
por la Corte IDH fue realizado sobre las normas del Código Disciplinario Único que
facultan a la Procuraduría a imponer sanciones de destitución e inhabilidad a
funcionarios públicos electos, pero, ni siquiera las sentencias cuestionadas plantean
la aparente dualidad constitucional vs. supraconstitucional que alega la parte actora.

Es decir que, basta con la lectura de las providencias objeto de cuestionamientos para
advertir que, las razones en común, para adoptar las referidas decisiones no tienen
relación con los alegatos de la parte actora, según los cuales, se desconoció la
competencia constitucional de la Procuraduría General de la Nación y se dio
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prevalencia y valor de supraconstitucional a las normas de la Convención Americana
de Derechos Humanos y se omitió lo expuesto por la Corte Constitucional en torno al
tema de la competencia disciplinaria de la entidad respecto de los servidores públicos
electos por voto popular.

Lo anterior, porque como se explicó en precedencia, la ratio decidendi de las
providencias cuestionadas se basó en la aplicación del control de convencionalidad
ante la incompatibilidad entre el numeral 1° del artículo 44 del Código Único
Disciplinario y el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
resultado del cual, determinó que en los casos objeto de estudio se vulneraron
garantías a los disciplinados, se reitera, por aplicar normas del Código Disciplinario
Único que facultan a la Procuraduría a imponer sanciones de destitución e inhabilidad
a funcionarios públicos democráticamente electos.

Justamente, por el indebido entendimiento de las decisiones por parte de la actora es
que la Sala evidencia que no logra cuestionar con sustento jurídico alguno la
motivación de las sentencias atacadas y, por ello, en el presente caso no se satisface
la carga argumentativa mínima para acudir al ejercicio de la acción de tutela contra
providencia judicial, pues, se limitó a alegar la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, sin embargo, de su argumentación se echa absolutamente de menos
algún elemento o alegato que permita evidenciar en qué consistió el yerro en el que
presuntamente incurrió la autoridad judicial demandada al dar aplicación oficiosa al
control de convencionalidad, más allá de la inconformidad que le merece la decisión.

En todo caso, debe señalarse que no es la acción de tutela el escenario para proponer
un debate que, no solo es ajeno a la motivación de la decisión, sino que plantea para
el juez de tutela definir en un caso particular y concreto la prevalencia de disposiciones
constitucionales sobre algunas obligaciones adquiridas en virtud de tratados
internaciones, lo cual es un debate que claramente desborda la competencia del juez
de tutela.

En este punto, la Sala considera pertinente resaltar que el juez natural es autónomo,
siempre que lo haga de manera razonable y conforme a las reglas de la sana crítica,
como ocurrió en el presente asunto; además, se recuerda que el juez de tutela no
puede reemplazar la valoración del juez del conocimiento, ni dar prevalencia a las
alternativas interpretativas propuestas por las partes.

Siendo así, la acción de tutela no cumplió con el requisito general de relevancia
constitucional, en el entendido que, los argumentos del escrito de tutela no se
acompasan con las razones de las decisiones cuestionadas7.

Ahora bien, frente al presunto desconocimiento de la sentencia de constitucionalidad
C-030 de 2023 invocada por la demandante, la Sala destaca que, en anterior
oportunidad8 en un caso de similitud fáctica, se pronunció al respecto, en el sentido de
indicar que:

7 En este punto la Sala destaca que, en la sentencia del 6 de junio de 2024, proferida en la acción de tutela con

radicado: 11001-03-15-000-2024-01054-01, se analizó un caso propuesto por la Procuraduría General de la Nación
en el que se alegó que la inhabilidad sobreviniente para servidores públicos (artículo 38 de la Ley 734 de 2002) no
constituía sanción disciplinaria. Sin embargo, en esa oportunidad la Sala de decisión concluyó que el asunto
tampoco cumplió con el requisito general de relevancia constitucional, pero, porque fue empleada como instancia
adicional al proceso ordinario.
8 Ver la sentencia del 13 de diciembre de 2023, acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2023-04893-00

C.P Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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«Tal argumento es contradictorio pues, por una parte, el actor sostuvo que en la Sentencia C-030
de 2023 la Corte reiteró su postura conforme a la cual la Procuraduría General de la Nación tiene
competencia para investigar y sancionar a los servidores públicos de elección popular; pero, por
otra parte, censuró que esta se haya aplicado, a su juicio, retroactivamente.

Es decir, el actor aseguró que dicha sentencia respalda su competencia y que por esto tal decisión
debía ser aplicada en el caso, pero al tiempo reprochó que la autoridad judicial la haya empleado
en el asunto objeto de discusión judicial lo que hace que el argumento propuesto por la
demandante se torne impreciso y contradictorio a las razones fundamentales de la sentencia
cuestionada, lo que impide abordar el estudio de fondo de la misma».

Luego, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional que habilite el estudio de los cargos por parte del juez constitucional y,
en esa medida, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo de Nariño.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General
de la Nación, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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