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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04893-00

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04893-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, dadas las razones expuestas en esta providencia. 2. Por Secretaría General, modificar el nombre del accionante en Samai; de tal manera que ese campo corresponda a la parte actora, es decir a la Procuraduría General de la Nación. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04893-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de diciembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04893-00
Demandante: Procuraduría General de la Nación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-04893-00
Demandante PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de nulidad y restablecimiento. Sanción a servidores públicos de
elección popular.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Procuraduría General de la Nación de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de septiembre de 2023 1, mediante apoderado judicial, la Procuraduría General
de la Nación interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, por considerar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se deje sin efectos la sentencia del 3 de agosto de 2023 proferida por la Sección
Segunda – Subsección B del Consejo de Estado dentro del radicado 18001-23-33-000-
2015- 00321-02 (2849-201).
2. En consecuencia, se ordene a la Sección Segunda-Subsección B del Consejo de Estado
que, en un término razonable, profiera sentencia sustitutiva en donde el factor
competencia se analice de conformidad con las normas constitucionales y el precedente
de la Corte Constitucional en lo que hace al control disciplinario sobre los servidores
públicos de elección popular y, al momento de la imposición de la sanción. En ese orden,
se analicen las causales de nulidad alegadas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que no fueron objeto de estudio por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado».

2. Hechos

Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En el año 2015, el señor Duber Fabio Trujillo Medina, quien fungió como
alcalde de San José del Fragua durante el 1° de enero de 2008 al 31 de

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Índice 2 en Samai.
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Demandante: Procuraduría General de la Nación

diciembre de 2011, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la
Nación.

El señor Duber Fabio Trujillo Medina pretendió la declaratoria de nulidad de
los actos administrativos proferidos por la Procuraduría Regional del Caquetá
y la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, mediante
los cuales se le impuso sanción disciplinaria consistente en destitución e
inhabilidad general por el término de 10 años.

2.2. El Tribunal Administrativo de Caquetá conoció del asunto, bajo el radicado Nro.
18001-23-33-000-2015-00321-00.

En sentencia de 6 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Caquetá
accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que en el proceso
disciplinario no se hizo la debida controversia de las pruebas testimoniales y
las técnicas.

A su vez, en ejercicio del control de convencionalidad, sostuvo que se
configuró la nulidad de los actos administrativos demandados por falta de
competencia de la Procuraduría General de la Nación para restringir derechos
políticos de personas de elección popular.

Como restablecimiento del derecho ordenó la desanotación de la sanción
disciplinaria impuesta, pero negó el restablecimiento económico pues no se
acreditó que al momento de ser destituido estuviera ocupando el cargo de
alcalde u otro tipo de cargo. Motivo por el cual se consideró que no le asistía
derecho a reclamar salarios o prestaciones sociales.

El señor Duber Fabio Trujillo Medina y la Procuraduría General de la Nación
interpusieron recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.

2.3. En sentencia de 3 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B confirmó la decisión apelada, por considerar que la Procuraduría
General de la Nación carece de competencia para sancionar
disciplinariamente al señor Duber Fabio Trujillo Medina.

3. Fundamentos de la acción

Tras considerar que se cumplen todos los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial, la parte actora argumentó que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en violación directa de la
Constitución, desconocimiento del precedente y defecto sustantivo.

Violación directa de la Constitución: la Procuraduría General de la Nación
argumentó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B desconoció
normas constitucionales, como los artículos 277.6 y 278.1 de la Carta Política, que
establecen la competencia de la Procuraduría General de la Nación para ejercer la
vigilancia superior de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas,
inclusive las de elección popular.

Asimismo, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación fue concebida bajo la
Constitución Política de 1991 como un órgano autónomo e independiente

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encargado, junto con la Contraloría General de la República, del ejercicio de la
función de control, tal como se desprende del artículo 117 constitucional.

Adicionalmente, consideró que en la providencia controvertida se dejaron sin efecto
las previsiones constitucionales que sustentan el ejercicio del control disciplinario
para asegurar que la función pública se ejerza en procura del interés general y para
sancionar los comportamientos que resulten contrarios a ese mandato. Aseveró que
«no es posible que, en el orden interno, las autoridades procedan, en ejercicio de una interpretación
de la normativa interna conforme a la Convención Americana, a inaplicar normas constitucionales
(…) la inaplicación de la norma constitucional, se insiste, no es una fórmula válida, pues mientras las
normas constitucionales estén vigentes, la Procuraduría General no puede dejar de ejercer sus
competencias, ni los demás funcionarios del Estado pueden desconocer esta o negarse a aplicar las
decisiones adoptadas en ejercicio de esa potestad».

Afirmó que en la Sentencia C-030 de 2023 la Corte Constitucional precisó que la
sanción o destitución e inhabilidad general impuestas a servidores públicos de
elección popular requieren de la intervención de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por medio de la reserva judicial. Aseguró, sin embargo, que esa
decisión tiene efectos hacia futuro, lo que implica que la reserva judicial no se puede
exigir a las decisiones sancionatorias tomadas con anterioridad a la ley que fue
objeto de control constitucional en dicha providencia. Por lo tanto, esa interpretación
no podía ser exigida para decisiones que cobraron ejecutoria antes de la Sentencia
C-030 de 2023.

En ese orden de ideas, manifestó que la autoridad judicial accionada desconoció
que el estándar de protección de los derechos políticos de funcionarios de elección
popular, pues para el momento en que el señor Duber Fabio Trujillo Medina fue
sancionado no existía la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Petro Urrego vs. Colombia ni la tesis de la reserva judicial expuesta en
la Sentencia C-030 de 2023.

Añadió que para el año 2014, cuando se profirió la decisión disciplinaria, existía una
postura pacífica en cuanto a la competencia de la Procuraduría General de la
Nación para disciplinar a los servidores públicos de elección popular. En esta línea,
concluyó que la sanción disciplinaria impuesta al señor Trujillo Medina debía
evaluarse a la luz del estándar de protección y de sus competencias vigentes para
el momento de su imposición, año 2014, y no con fundamento en decisiones
posteriores.

Desconocimiento del precedente: la entidad accionante sostuvo que en la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Petro Urrego
vs. Colombia, se señaló que Colombia debía adecuar su ordenamiento interno en
materia de sanciones disciplinarias de funcionarios de elección popular para hacerlo
compatible con lo dispuesto en el artículo 23.2. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

Aseguró que «tal adecuación comporta un cambio en las competencias de la Procuraduría
General de la Nación, ella requeriría una adecuación de la propia Constitución, bien sea a través de
una reforma constitucional, o mediante una interpretación, tanto de la Constitución como de la CADH,
que permita armonizar los extremos en tensión». Seguido indicó que ese ejercicio de
armonización lo cumplió la Corte Constitucional, al proferir una serie de providencias
entre las cuales se encuentra la Sentencia C-030 de 2023. En esta última, la Corte
Constitucional dispuso que las sanciones impuestas a servidores públicos de
elección popular solo pueden ser efectivas una vez la jurisdicción de lo contencioso

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administrativo ejerza un control integral y automático de la actuación disciplinaria;
es decir, existe una reserva judicial en la materia.

Precisó que, aunque en la Sentencia C-030 de 2023 se dispuso tal reserva judicial,
allí se ratificó su competencia para sancionar a servidores públicos de elección
popular; circunstancia desconocida en el fallo controvertido. A su vez, en esa
sentencia la Corte sostuvo que la revisión judicial únicamente opera frente a las
decisiones proferidas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2094 de 2021,
es decir, 29 de junio de 2021.

De otra parte, se refirió a la Sentencia C-028 de 2006, en la cual la Corte
Constitucional dispuso que la inclusión de una norma internacional al bloque de
constitucionalidad no implica que esta última prevalezca sobre la Constitución
Política. Por el contrario, dicha inclusión conlleva necesariamente a efectuar
interpretaciones armónicas y sistemáticas entre disposiciones jurídicas de diverso
origen. Específicamente, en esa sentencia, en relación con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Constitucional señaló que esta forma
parte del bloque de constitucionalidad, pero que las normas que lo integran no
tienen el rango de normas supraconstitucionales.

De este modo, sostuvo que la decisión de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado desconoció el precedente constitucional que ha establecido
que las normas que hacen parte de la Convención no tienen carácter
supraconstitucional, al inaplicar unas normas constitucionales por considerarlas
contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sostuvo que en la Sentencia C-028 de 2006 también se explicó que la competencia
de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a los funcionarios públicos
no es contraria al artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en la medida en que el artículo 23 de este instrumento no podía ser
interpretado de forma aislada, sino en conjunto con los demás instrumentos
internacionales suscritos por Colombia.

También se refirió a la Sentencia SU-712 de 2013, en la cual la Corte Constitucional
señaló que «una postura en sentido contrario conduciría al extremo de sostener que en ningún
caso el Procurador puede imponer sanciones que impliquen la restricción de derechos políticos como
el sufragio pasivo. Aún más, ni siquiera el propio Consejo de Estado, en el marco de un proceso
jurisdiccional de pérdida de investidura, podría restringir el ejercicio de derechos políticos, por cuanto
no sería una sanción impuesta por un “juez penal”. Todo ello en abierta contradicción con lo previsto
en la Carta Política de 1991, que sí autoriza este tipo de decisiones». Postura que según la
parte actora fue reiterada en la Sentencia C-500 de 2014.

Agregó que la jurisprudencia constitucional y normativa aplicable para el momento
en el que se produjo la sanción disciplinaria, es decir el año 2014, era uniforme en
reconocer la competencia de la Procuraduría General de la Nación para ejercer el
control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular y para
imponerles las sanciones de suspensión, destitución o inhabilidad.

Señaló que su competencia incluso se mantiene de acuerdo con la interpretación
que hizo la Corte en la Sentencia C-030 de 2023, en la que se dispuso que, a partir
de la reforma legislativa, la aplicación de las aludidas sanciones estaría supeditada
a su determinación definitiva por la jurisdicción de lo contencioso administrativo
mediante la reserva judicial.

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En suma, sostuvo que el precedente constitucional contenido en las Sentencias C-
028 de 2006, SU-712 de 2013, C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-
086 de 2019 y C-111 de 2019 respaldan la tesis según la cual sí tiene competencia
para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos,
incluso los elegidos popularmente. Precedentes que en criterio de la entidad
accionante fueron desconocidos por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia del 3 de agosto de 2023.

Defecto sustantivo: la parte actora manifestó que se incurrió en ese defecto,
puesto que la autoridad judicial accionada (i) desconoció su competencia
constitucional; (ii) limitó su análisis a establecer si la Procuraduría General de la
Nación tiene o no competencia para ejercer el control disciplinario y,
consecuentemente, omitió el estudio integral de los fallos disciplinarios demandados
para determinar si se configuró alguna de las causales de nulidad alegadas; y (iii) la
sanción fue impuesta antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
profiriera la decisión en el caso Petro Urrego vs. Colombia, razón por la cual no
podía aplicar de manera retroactiva la interpretación desarrollada en ese fallo.

Finalmente, solicitó como medida provisional «la suspensión de la ejecución del fallo de
la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado, del 3 de agosto de 2023, proferido dentro
del radicado 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849- 201)».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 12 de septiembre de 2023, el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; ordenó notificar en
calidad de terceros al señor Duber Fabio Trujillo Medina y al Tribunal
Administrativo del Caquetá; y ordenó efectuar las demás notificaciones
correspondientes.

4.2. El señor Duber Fabio Trujillo Medina aseguró que la cuestión discutida no
es de relevancia constitucional, pues una sentencia desfavorable no implica la
vulneración al derecho al debido proceso. Además, señaló que el asunto bajo
estudio carece de trascendencia, pues ya existe pronunciamiento de la Corte
Constitucional, en el que se estudió la competencia de la Procuraduría y se
concluyó que esta última es una autoridad administrativa. De acuerdo con esa
decisión, sus actos sancionatorios tienen naturaleza administrativa y no
judicial. En consecuencia, aseguró que «con la decisión de inhabilidad discutida se
incumplieron las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos».

Asimismo, manifestó que en el caso no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.

Afirmó que imponer sanción disciplinaria a servidores de elección popular
vulnera la normatividad internacional y afecta los derechos fundamentales y
políticos de los sancionados. E indicó que no existe contradicción entre el
ordenamiento constitucional y el supraconstitucional en la medida que el
primero debe interpretarse a la luz del segundo.

Finalmente, aseguró que era justo que se inhabilite a una persona que ha
dedicado su vida a servir a la comunidad y al liderazgo social durante años,
como consecuencia de un proceso administrativo en el que la Procuraduría
actúa como juez y parte.
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Por lo expuesto, solicitó la improcedencia de la acción de tutela.

4.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B manifestó que se
atiene a las consideraciones expuestas en la providencia atacada con
fundamento en las cuales se adoptó la decisión controvertida.

Añadió que mediante fallo de 11 de octubre de 2023 se profirió sentencia de
importancia jurídica respecto de la aplicación del control de convencionalidad
a sanciones disciplinarias de destitución e inhabilidad general impuestas por
la Procuraduría General de la Nación a servidores elegidos democráticamente.
Por ende, aseguró que deberá estarse a lo allí decidido.

5. Manifestación de impedimento

5.1. El 6 de diciembre de 2023, la consejera de Estado Stella Jeannette Carvajal
Basto manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, pues en
su criterio se configura la primera causal consagrada en el artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal. Esto en razón a que una de sus sobrinas tiene
la condición de servidora pública en el nivel asesor de la Procuraduría General
de la Nación, entidad demandante en el proceso.

5.2. Mediante auto de 7 de diciembre de 2023, el despacho ponente declaró
infundada la manifestación de impedimento, debido a que no existe un vínculo
del cual se desprenda el interés de la sobrina de la magistrada en el asunto
debatido.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias de altas cortes

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales 3

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
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y especiales 4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si se
satisfacen los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.

De superar el anterior estudio, se analizará si en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro. 18001-23-33-000-2015-00321-02, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en violación directa de la
Constitución, en desconocimiento del precedente y en defecto sustantivo.

4. Requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su

4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta
premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales».5 Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.

5
Ibidem.
8

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Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural6.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos»7.

Con base en los criterios expuestos hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada.

Para tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que
el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando
como una instancia adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido
por el tutelante es insistir en los argumentos planteados ante el juez natural,
con la esperanza de que el juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda
a sus pretensiones.

4.2. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que, frente a ciertos cargos
de los expuestos por la parte actora, la acción de tutela analizada se está
empleando como una instancia adicional, pues esta última es una reiteración
de los argumentos presentados en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, específicamente en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia y los alegatos de
conclusión.

Así en el respectivo medio de control, tras conocer la sentencia de primera
instancia, la Procuraduría General de la Nación argumentó que se desconoció
el precedente constitucional consagrado en las Sentencias C-028 de 2006,
SU- 712 de 2013 y C-500 de 2014, según las cuales (i) la Convención
Americana sobre Derechos Humanos no tiene carácter supraconstitucional y
(ii) se reafirma que su competencia abarca la investigación e imposición de
sanciones a todos los servidores públicos, incluso a los elegidos

6
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
7
Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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popularmente, sin que dicha competencia contrarie el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También sostuvo que, en todo caso, para concluir que carece de la
competencia para sancionar a servidores públicos de elección popular se
requeriría una reforma constitucional que así lo dispusiera.

La identidad entre los cargos se corrobora en el siguiente aparte del recurso
de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia:
(sic para toda la cita)
«SOBRE LA INTERPRETACIÓN SISTEMATICA DEL ARTÍCULO 23 DE LA CONVENCIÓN,
AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA PLENA COMPETENCIA DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA IMPONER SANCIONES
DISCIPLINARIAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS.
Es necesario poner de presente a la Honorable Corporación, que la Corte Constitucional, en
Sentencia C-028 de 2006, resolvió bajo la óptica del bloque de Constitucionalidad la manera
como se interpreta la facultad disciplinaria, y la imposición de sanciones que impliquen
destitución e inhabilidad, circunstancias que no implican el desconocimiento del artículo 23 del
pacto de San José de Costa Rica. (…)
Siendo claro que la potestad disciplinaria a la luz del bloque de constitucionalidad tiene plena
validez y no transgrede el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y que la misma tiene como base el interés general al que refiere el artículo 30 de la misma
convención, es importante precisar, que en el marco de la Constitución Colombiana, la
potestad se ejerce mediante la Procuraduría General de la Nación conforme al artículo 277
numeral 6, y que dicha competencia de manera alguna se opone a los tratados
internacionales, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la citada Sentencia C-028 de
2008 (…)
Las anteriores consideraciones validan plenamente, y con alcance de doctrina constitucional
obligatoria, la competencia de la Procuraduría General de la Nación para tramitar procesos
que redunden en la imposición de sanciones de destitución e inhabilidad. (…)
En resumen y con el debido respeto, debo señalar que en el presente caso se realizó una
indebida aplicación del precedente constitucional vigente, por cuanto contrario a lo entendido
por el Tribunal, las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no
enervan la competencia del Procurador General de la Nación para sancionar servidores
públicos de elección popular, para lo cual, en gracia de discusión, se requeriría una
reforma constitucional que a la fecha no ha sido expedida.
Una interpretación en sentido contrario sugiere, como al parecer lo entiende el fallador
de primera instancia, que la Convención Americana es superior a la Constitución y que
las interpretaciones del Consejo de Estado con efectos inter partes prevalecen sobre las
sentencias erga omnes de la Corte Constitucional, hermenéutica que contraviene lo previsto
en los artículos 4, 93 y 243 de la Carta Política, lo cual evidencia la invalidez frente al sistema
normativo vigente, no solo de la medida cautelar sino de la eventual concesión del amparo
constitucional
PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES DE LA POSIBILIDAD DE SANCIONAR A
SERVIDORES PÚBLICOS DE ELECCION POPULAR POR PARTE DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACION
Las Altas Cortes en diversas sentencias se han pronunciado respecto a la competencia de la
Procuraduría General de la Nación, para investigar y sancionar a los servidores públicos de
elección popular que incurren en falta disciplinaria, acompasando el orden jurídico y legal
interno con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las decisiones más relevantes al respecto son las siguientes (…)
Sentencia C-028 de 2006.
En esta providencia, la Alta Corporación realizó un análisis respecto a la potestad disciplinaria
del Estado, recordando que el derecho disciplinario hace parte del derecho sancionador cuyo
objetivo es "prevenir y sancionar", las conductas que atenten contra el cumplimiento de los
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deberes funcionales por los servidores públicos, impidiendo con estos comportamientos la
materialización de los fines del Estado. (…)
Sentencia C500 de 2014.
En esta decisión la Corte considera, que existe cosa juzgada constitucional respecto a la
competencia de la Procuraduría General de la Nación, para sancionar a funcionarios de
elección popular (…)
Sentencia SU-712 de 2013.
En esta providencia la Corte Constitucional hace referencia a la facultad de la PGN para
investigar y jugar disciplinariamente a congresistas, y considera que cuestionar la competencia
de la Procuraduría General de la Nación, no es admisible (…)
Del recuento de las decisiones emitidas por la Corte Constitucional, se concluye que la
Procuraduría General de la Nación, tiene competencia para investigar y sancionar a los
servidores públicos, inclusive aquellos de elección popular.
Así mismo, que la posibilidad de imponer una sanción consistente en la inhabilidad para el
ejercicio de cargos públicos a funcionarios de elección popular es compatible con el artículo
23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por cuanto esta norma no se opone
a que el Estado Colombiano a través de su órgano legislativo en ejercicio de su potestad de
configuración normativa hubiera creado una serie de sanciones, Incluida la inhabilidad, como
herramienta para luchar contra la corrupción».

Asimismo, en los alegatos de conclusión de segunda instancia la Procuraduría
General de la Nación se pronunció sobre la Sentencia C-086 de 2019 en semejantes
términos que en la acción de tutela. Allí también manifestó que la decisión
sancionatoria fue tomada con fundamento en las normas y jurisprudencia aplicables
para el momento de los hechos y que, consecuentemente, ese es el estándar a la
luz del cual debía valorarse el caso, mas no en decisiones posteriores. Veamos lo
dicho en tal oportunidad procesal:
«En resumen y con el debido respeto, debo señalar que en el presente caso se realizó una
indebida aplicación del precedente constitucional vigente, por cuanto contrario a lo entendido
por el Tribunal, las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no enervan
la competencia del Procurador General de la Nación para sancionar servidores públicos de
elección popular, para lo cual, en gracia de discusión, se requeriría una reforma constitucional
que a la fecha en que se impuso la sanción y cuando se emitió el fallo de primera instancia,
no ha sido expedida.
Bajo ese contexto, resulta de gran importancia citar algunas decisiones que sobre el particular
el Consejo de Estado ha emitido. Veamos: (…)
Sentencia C-086 de 2019
En esta providencia con ponencia del M.P. Luis Guillermo Pérez, al pronunciarse sobre la
competencia de la Procuraduría General de la Nación para suspender provisionalmente a los
funcionarios público, inclusive a los de elección popular (…)
Así pues, resulta claro que la Procuraduría General de la Nación, a la fecha en que
ocurrieron los hechos, cuando se profirió el fallo objeto de apelación, e incluso para la
presentación de este escrito, tiene plena competencia para investigar
disciplinariamente a los servidores que fueron elegidos por voto popular como ocurrió
en el caso particular del señor Duber Fabio Trujillo Medina. (Negrillas propias)».

Con base en los apartes transcritos, la Sala observa que los reparos expuestos en
el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia y los
alegatos de conclusión de segunda instancia son una reproducción de varios de los
argumentos desarrollados en el escrito de tutela. De manera que la entidad tutelante
está empleando la acción como si fuera una instancia adicional, pues los mismos
cargos ya fueron objeto de debate en el medio de control.

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Así se desprende del siguiente aparte de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en la cual
dichos cargos fueron resueltos y desestimados por las siguientes razones:
«Para resolver el asunto planteado el Tribunal Administrativo del Caquetá accedió a las
súplicas de la demanda una vez analizó los cargos propuestos y al realizar de oficio el control
de convencionalidad para efecto de lo cual cita la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2017
de esta Corporación, de donde concluye que se ha configurado la nulidad de los actos
administrativos demandados por falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación
para restringir derechos políticos de personas de elección popular. Inconforme con esta decisión, la entidad accionada y el agente especial del Ministerio
Público interpusieron recurso de apelación en donde insisten en que la decisión
recurrida se sustenta en argumentos que no han sido expuestos en la demanda y por
ende no fueron controvertidos, lo que conlleva a que la parte vencida se vea
sorprendida con una decisión respecto de la cual no tuvo la oportunidad de defenderse. Aluden a la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar a funcionarios de elección popular; así como sobre la interpretación
sistemática del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la
plena competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones
disciplinarias contra servidores públicos. Refieren que las decisiones de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado no enervan la competencia del Procurador
General de la Nación para sancionar servidores públicos de elección popular, para lo
cual, en gracia de discusión, se requeriría una reforma constitucional que a la fecha no
ha sido expedida. Finalmente manifiestan que al parecer se entiende que la Convención
Americana es superior a la Constitución y que las interpretaciones del Consejo de
Estado con efectos inter-partes prevalecen sobre las sentencias erga omnes de la Corte
Constitucional. A juicio de la Sala, es del caso confirmar la sentencia de primera instancia en virtud del control
de convencionalidad, cuya aplicación quedó establecida en capítulo anterior, en razón a que
se evidencia la falta de competencia de la Procuraduría General de la Nación para declarar la
nulidad de la sanción disciplinaria que le fue impuesta al señor Duber Fabio Trujillo Medina
consistente en destitución e inhabilidad general por diez (10) años. Para el efecto anterior, esta Sala prohijará algunas de las motivaciones consignadas por esta
misma Sala de Subsección en sesión del pasado 29 de junio de 2023 (…)
La Sala al efectuar el control de convencionalidad del numeral 1° del artículo 44 del Código
Disciplinario Único, por cuanto le fue impuesta al demandante la sanción de destitución e
inhabilidad general por diez (10) años, a la luz del artículo 23.2 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, resulta evidente la incompatibilidad de dicha norma frente a la
Convención, como quiera que la Procuraduría General de la Nación, al no ser una autoridad
judicial sino administrativa, carecía de competencia para imponerla, pues ello implicó la
restricción de los derechos políticos del señor Trujillo Medina. Según las pruebas del proceso se tiene acreditado que, previo el trámite administrativo
adelantado por el ente de control disciplinario, el 17 de octubre de 2014, la Procuraduría
Regional del Caquetá, sancionó al accionante con destitución e inhabilidad general por diez
(10) años, mediante fallo de primera instancia, el cual fue confirmado por la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal, mediante fallo del 27 de marzo de 2015.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que los fallos disciplinarios aquí controvertidos fueron
impuestos por una autoridad que no integra la rama judicial, que tienen la naturaleza de
administrativos y que, por lo tanto, fueron emitidos sin competencia, desconociendo así las
previsiones del derecho convencional. En virtud de las anteriores consideraciones, la Sala encuentra suficiente motivación para
confirmar el fallo impugnado, por cuanto la sanción disciplinaria impuesta conllevó la
restricción de los derechos políticos del demandante quien había sido elegido
democráticamente como alcalde municipal de San José del Fragua, contraviniendo lo
consagrado en el artículo 23 de la CADH y la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, razón por la cual no se acogen los
fundamentos del recurso incoado por la Procuraduría General de la Nación y el agente
especial del Ministerio Público» (Negrillas propias).

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Así entonces, el cotejo entre la demanda, el recurso de apelación contra la
providencia de primera instancia, el escrito de tutela y la sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
dan cuenta de que ciertos de los argumentos expuestos en el escrito de tutela
ya fueron desestimados en el medio de control. De ahí que no queda duda de
que la acción carece de la relevancia constitucional necesaria, pues se está
empleando como si la tutela fuera una instancia adicional del medio de control.

4.3. De otra parte, conforme se indicó páginas atrás, la relevancia constitucional
también supone que la acción no se emplee para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa,
ni para insistir en las inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario.

Por consiguiente, además de no emplearse como una tercera instancia, el juez
de tutela debe verificar que la parte actora no introduzca cargos nuevos no
expuestos ante el fallador natural. Condición que en el caso tampoco se
satisface.

En el escrito de tutela, la Procuraduría General de la Nación argumentó que
se desconocieron normas constitucionales, como el artículo 277.6 y 278.1, que
establecen la competencia de la Procuraduría General de la Nación para vigilar
y sancionar la conducta de quienes desempeñen funciones públicas,
incluyendo a los servidores públicos de elección popular.

También mencionó las Sentencias SU-355 de 2015, C-101 de 2018 y C-111
de 2019 que, en su criterio, respaldan la tesis según la cual su competencia
abarca la investigación y sanción disciplinaria de los servidores públicos
elegidos popularmente. Precedentes que a su juicio fueron desconocidos en
segunda instancia.

Al respecto, la Sala encuentra que tales argumentos no fueron expuestos en
el medio de control. Se insiste que el objeto de la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales no es ni insistir en las inconformidades ya
resueltas en el proceso ordinario ni mucho menos adicionar o completar los
argumentos que debieron exponerse ante el juez natural, a fin de convencerlo
de la causa defendida.

4.4. Ahora bien, no puede olvidarse que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

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Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la
relevancia constitucional.

4.5. Por todo lo expuesto hasta aquí, la Sala concluye que no se satisface el
requisito de relevancia constitucional, puesto que la acción se está empleando
como una instancia adicional para insistir en varios de los cargos presentados
en el medio de control.

Entre los argumentos reiterados se encuentran los siguientes: (i) que se
desconocieron las Sentencias C-028 de 2006, SU- 712 de 2013 y C-500 de
2014; (ii) que existen normas constitucionales de las que se deriva su
competencia para la investigación e imposición de sanciones a todos los
servidores públicos, incluyendo a los elegidos popularmente; (iii) que dicha
competencia no contraría el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y que en todo caso tal norma no tiene el carácter de
supraconstitucional; y (iv) que vedarla de tal competencia requiere de una
reforma constitucional.

Asimismo, tampoco se cumple con el requisito de relevancia constitucional en
razón a que en el escrito de tutela se presentaron una serie de argumentos
que no fueron planteados en el medio de control, como lo es el
desconocimiento de los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución Política y de
las Sentencias SU-355 de 2015, C-101 de 2018 y C-111 de 2019.

Finalmente, otro de los argumentos expuestos por la Procuraduría General de
la Nación fue el relacionado con la Sentencia C-030 de 2023. La entidad
accionante reconoció que en esa providencia la Corte Constitucional
estableció la intervención de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
por medio de la reserva judicial, para los casos de sanciones a servidores
públicos de elección popular. Sin embargo, insistió en que esa providencia
tiene efectos hacia futuro, lo que implica que la reserva judicial no se puede
exigir a las decisiones sancionatorias tomadas con anterioridad a la ley que
fue objeto de control constitucional.

Frente a este reparo la Sala encuentra que tal cargo desconoce las razones
de la decisión expuestas en la sentencia controvertida, en la cual se hizo
alusión a la Sentencia C-030 de 2023, ya que tal argumento es contradictorio
pues, por una parte, el actor sostuvo que en la Sentencia C-030 de 2023 la
Corte reiteró su postura conforme a la cual la Procuraduría General de la
Nación tiene competencia para investigar y sancionar a los servidores públicos
de elección popular; pero, por otra parte, censuró que esta se haya aplicado,
a su juicio, retroactivamente.

Es decir, el actor aseguró que dicha sentencia respalda su competencia y que
por esto tal decisión debía ser aplicada en el caso, pero al tiempo reprochó
que la autoridad judicial la haya empleado en el asunto objeto de discusión
judicial.

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En consecuencia, encuentra la Sala que la acción carece de la relevancia
constitucional, ya que el interesado no argumentó de manera suficiente y
razonable la vulneración de derechos fundamentales exponiendo de manera
clara los motivos por los que considera que la providencia judicial amenaza o
vulnera los derechos fundamentales subjetivos y, además, porque la discusión
propuesta en la demanda de tutela se refirió de manera imprecisa y
contradictoria a las razones fundamentales de la decisión cuestionada lo que
impide abordar el estudio de fondo de la decisión cuestionada.

5. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela por considerar que no se cumple el requisito de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría
General de la Nación, dadas las razones expuestas en esta providencia.

2. Por Secretaría General, modificar el nombre del accionante en Samai; de tal
manera que ese campo corresponda a la parte actora, es decir a la
Procuraduría General de la Nación.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Ausente con excusa)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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