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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04922-01

Fecha
2 de mayo de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04922-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de 22 de febrero de 2024, por medio del cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la acción de tutela a los señores Fernando Arias García, Iván Mauricio Fernández Arbeláez, Herney de Jesús Ortiz Moncada, Ronald Castellar Arrieta, Manuel Ricardo Laverde Enciso, Yomaira Valles Romero, Piero Paolo Di Gennaro, Carlos Enrique Pinzón Muñoz y Tatiana Alexandra Betancur Giraldo para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado. SEGUNDO: Mantener incólume, en lo demás, la sentencia impugnada. 35 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Fernando Arias García y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro Radicados: 11001-03-15-000-2023-04922-01 y acumulados TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04922-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de mayo de 2024

Demandantes: Fernando Arias García y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicados: 11001-03-15-000-2023-04922-01 y acumulados

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicados: 11001-03-15-000-2023-04922-01 (principal) y 11001-03-15-000-
2023-05440-00, 11001-03-15-000-2023-05454-00, 11001-03-15-
000-2023-05771-00, 11001-03-15-000-2023-06299-00 y 11001-03-
15-000-2023-07657-00 (acumulados)
Demandantes: FERNANDO ARIAS GARCÍA Y OTROS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

Temas: Tutela contra actos administrativos proferidos en el marco de la
Convocatoria 27 en los que se negó la solicitud de homologación
del IX Curso de Formación Judicial Inicial. Improcedencia al existir
otros medios de defensa judicial1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala las impugnaciones presentadas contra el fallo de 22 de febrero de
2024, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A (i)
negó el amparo solicitado por algunos accionantes2 relacionado con la homologación
del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as
y Jueces de la República en todas las especialidades, promoción 2020-2021»; (ii)
accedió al estudio de la posibilidad de exoneración frente a otros3, y (iii) declaró
carencia actual de objeto por hecho superado del derecho fundamental de petición4.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo - [Exp. principal 2023-04922-00]

El señor Fernando Arias García, actuando en nombre propio, interpuso el 11 de
septiembre de 2023 acción de tutela en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, de acceso a cargos públicos, al trabajo, al debido
proceso y al «principio al mérito».

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión
de la Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023, mediante la cual la Escuela
Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» (EJRLB) le negó su solicitud de homologación del IX

1
Sobre el particular ver los fallos de esta Sección de 18 de enero de 2024, expediente 11001-03-15-
000-2023-07159-00. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez; de15 de febrero de 2024, expediente 11001-
03-15-000-2024-00056-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra (E) y de 29 de febrero de 2024, expediente
11001-03-15-000-2023-07678-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
2
Fernando Arias García, Iván Mauricio Fernández Arbeláez, Herney de Jesús Ortiz Moncada, Ronald
Castellar Arrieta, Manuel Ricardo Laverde Enciso, Yomaira Valles Romero y Piero Paolo Di Gennaro.
3
Luisa Fernanda Soto Pinto y Astrid Lorena Oyuela Aragón.
4
Garantía fundamental que fue invocada por la señora Luisa Fernanda Soto Pinto.
1
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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de magistrados/as y
jueces de la República en todas las especialidades, promoción 2020-2021, así como
de la Resolución EJR23-314 del 31 de agosto de 2023, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto en contra del primer acto administrativo en el sentido de
confirmar lo resuelto.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. Se TUTELEN Y/O AMPAREN mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, ACCESO A
CARGOS PÚBLICOS, TRABAJO, DEBIDO PROCESO POR EXCESO DE RITUAL
MANIFIESTO Y PRINCIPIO AL MÉRITO.

2. DEJAR SIN EFECTOS la Resolución EJR23-113 de 22 de Junio de 2023 por medio de la cual
se niega al suscrito la homologación/exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial para
Jueces y Magistrados y la Resolución No. EJR23-314 de 31 de Agosto de 2023 “Por medio de
la cual se resuelve un recurso de reposición”.

3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura – Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la sentencia que proteja mis derechos fundamentales, profiera una nueva decisión
respecto a mi situación jurídica, de tal manera que se me Exonere de la realización del IX Curso
de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados y se establezca como Calificación
Integral del “IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as
y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021”, el resultado
obtenido por el suscrito en el “III Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces Administrativos
promoción 2007-2008”, con el puntaje establecido en la Resolución No. PSAR08-15 de 2008.5

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia:

El señor Fernando Arias García participó en la Convocatoria 27 del Consejo Superior
de la Judicatura, adoptada mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de
2018 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso
de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».

Afirmó que superó las fases I y II, la primera etapa correspondiente a la prueba de
aptitudes y conocimientos, y la segunda relacionada con la verificación de requisitos
mínimos al cargo aspirado6.

Explicó que la etapa siguiente es la aprobación del «IX Curso de Formación Judicial
Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas
las especialidades, Promoción 2020-2021».

Narró que en el año 2006 aprobó el III Curso de Formación Judicial Inicial dentro de la
Convocatoria 15, razón por la cual solicitó a la EJRLB la homologación del curso ya
realizado en aplicación del Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre
de 2019 «Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá el IX Curso de

5
Texto transcrito del original con posibles errores.
6
Magistrado de Tribunal Administrativo.
2
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Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la
República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021»7.

Mediante Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023 su petición fue negada, de
manera conjunta con las solicitudes de otros concursantes que requirieron lo mismo,
bajo la siguiente argumentación:

Los aspirantes antes relacionados, son funcionarios o exfuncionarios judiciales de
carrera, conforme lo manifiestan en la misma petición; por lo tanto, su situación fáctica
no se adecúa a la norma que solicitan les aplique, esto es, lo dispuesto en el Acuerdo
Pedagógico PCSJA19-11400 que dispone que podrán solicitar la homologación del IX
Curso de Formación Judicial Inicial los aspirantes que, no hayan ocupado un cargo
de funcionario en carrera; por tal motivo no es procedente conceder la homologación
del IX CFJI de los mencionados aspirantes8.

En ese acto administrativo se le indicó que para los funcionarios o exfuncionarios
judiciales de carrera lo procedente era la figura de la exoneración del curso concurso,
caso en el cual se tomará la última calificación de servicios como sustitutiva de la
evaluación, siempre que sea superior a 80 puntos.

Inconforme con lo decidido interpuso recurso de reposición en el cual explicó que
durante los años en que se desempeñó como juez administrativo nunca fue calificado
por servicios con ocasión de la orden judicial dictada dentro de una acción popular9
que suspendió la calificación de los jueces administrativos de carrera.

Con Resolución No. EJR23-314 de 31 de agosto de 2023 la EJRLB desató de manera
desfavorable el recurso interpuesto tras indicar que «el Consejo Seccional de cada
distrito judicial es el responsable de emitir el acto administrativo que contiene la
calificación integral de servicio, por lo que, ante la falta de aquella, el funcionario
interesado en que se le expida aquella, debió instar para su cumplimiento».

1.4. Fundamentos de la solicitud

Precisó que, presenta su solicitud de amparo como mecanismo transitorio ya que
reconoce que en principio la tutela se torna improcedente ante la existencia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para atacar los actos dictados por
la EJRLB, mecanismo judicial que en efecto interpondrá. Refirió que el 5 de septiembre
de 2023 radicó solicitud de conciliación extrajudicial para cumplir con el requisito de
procedibilidad.

Luego explicó que debido a la congestión de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, y en especial de los Tribunales Administrativos, resulta evidente que la

7
En lo que interesa al asunto previó: […] los discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales
de carrera, podrán solicitar la exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial y en tal caso se
tomará la última calificación de servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases,
siempre que sea superior a 80 puntos.
Así mismo, los discentes que, sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado
y aprobado un curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de selección o convocatorias
anteriores, podrán solicitar la homologación y se tomará la calificación obtenida en el curso de formación
judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la calificación sea superior
a 800 puntos. De haber cursado y aprobado más de un curso de formación judicial inicial se tomará
como sustitutiva la mayor calificación obtenida.
8
Destacado de la Sala.
9
Proceso identificado con el Rad 11001-33-31-017-2009-00144-00.
3
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decisión sobre su proceso tardará, luego está ante un perjuicio irremediable. Para
soportar su dicho expuso datos estadísticos de la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corporación Excelencia en la
Justicia y de un estudio sobre tiempos procesales que realizó el Consejo Superior de
la Judicatura.

En seguida, como reproche a los actos acusados manifestó que el artículo 16010 de la
Ley 270 de 1996, prevé la realización del curso de formación judicial para el ingreso
por primera vez a cargos de carrera en la Rama Judicial y el parágrafo ibidem
estableció que las personas que acrediten haber aprobado un curso concurso anterior
no están obligados a repetirlo para obtener ascensos.

Con base en lo anterior hizo hincapié en que no pretende ingresar a la Rama Judicial
por primera vez, ya que se desempeñó como juez administrativo de carrera desde el
2009 hasta el 2016, por consiguiente ya aprobó un curso de formación judicial anterior,
y que «si es del caso de hablar de ascensos, el cargo al que [s]e present[ó] y aprob[ó]
el examen dentro de la Convocatoria 27 es el de Magistrado de Tribunal Administrativo,
superior del Juez Administrativo».

Afirmó que se le vulnera el derecho a la igualdad frente a otros jueces participantes de
otras especialidades quienes sí fueron calificados y se les accedió a la homologación
del curso de formación judicial, porque ellos no fueron cobijados por la orden del juez
17 administrativo de Bogotá, que ordenó la suspensión de la calificación de los jueces
administrativos de carrera dentro de la acción popular con radicado 11001-33-31-017-
2009-00144-00.

Refirió que la situación en la que se encuentra le impide solicitar la exoneración puesto
que dicha figura requiere la acreditación de calificación de servicios superior a 80
puntos y que la EJRLB niega su pedimento indicando que debió requerir su evaluación
a la administración sin tener en cuenta que hizo lo propio el 26 de septiembre de 2019.

1.5. Acciones de tutela con similitud fáctica

Al igual que el actor, otros participantes por los mismos hechos presentaron acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la Resolución EJR23-
113 del 22 de junio de 2023, mediante la cual la EJRLB les negó sus solicitudes de
homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, promoción

10
ARTÍCULO 160. REQUISITOS ESPECIALES PARA OCUPAR CARGOS EN LA CARRERA
JUDICIAL. Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere, además de los
requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de
selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los
reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa aprobación
del curso de formación judicial en los términos que señala la presente ley.
PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación judicial,
no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las
respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Con arreglo a la presente ley y dentro del año siguiente a su entrada en
vigencia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará todas las medidas que
sean necesarias para que el curso de formación judicial sea exigible, con los alcances que esta ley
indica, a partir del 1 de enero de 1997.

4
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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
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2020-2021», así como de las resoluciones que resolvieron, de manera particular, los
recursos de reposición interpuestos en contra de la decisión primigenia en el sentido
de confirmar lo resuelto.

En esas solicitudes de amparo, análogamente, estimaron que les fueron vulnerados
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, de acceso a
cargos públicos y a la carrera judicial, así como a los principios del mérito y
favorabilidad laboral, también solicitaron que se dejara sin efectos los mencionados
actos administrativos y se le ordenara a la accionada emitir una decisión en reemplazo
en la cual se les concediera la homologación o exoneración, según fuere el caso, del
IX Curso de Formación Judicial.

Dichas acciones de tutela, en la primera instancia, se acumularon así:

Proceso accionantes auto de acumulación
11001-03-15-000- Luisa Fernanda Soto Pinto 4 de diciembre de 2023
2023-05440-00
11001-03-15-000- Iván Mauricio Fernández Arbeláez, Herney 4 de diciembre de 2023
2023- 05454-00 de Jesús Ortiz Moncada, Ronald Castellar
Arrieta y Manuel Ricardo Laverde Enciso
11001-03-15-000- Yomaira Valles Romero 4 de diciembre de 2023
2023-05771-00
11001-03-15-000- Piero Paolo Di Gennaro Muñoz 4 de diciembre de 2023
2023-06299-00
11001-03-15-000- Astrid Lorena Oyuela Aragón 22 de enero de 2024
2023-07657-00

1.6. Fundamentos fácticos y jurídicos de las acciones de tutela acumuladas

1.6.1. Luisa Fernanda Soto Pinto [proceso 2023- 05440-00]11

Informó que ejerce en propiedad el cargo de juez civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Valledupar y que a la fecha no cuenta con calificación de
servicios debido a que el Consejo Superior de la Judicatura no ha proferido la
regulación del factor «eficiencia o rendimiento» que ordena el artículo 44 del Acuerdo
10618 de 2016 para esa especialidad, entonces, no contar con la calificación integral,
al ser una situación que no le es imputable debe aparejar la aplicación del principio pro
homine.

Solicitó se dejen sin efectos las resoluciones demandadas -EJR23-113 del 22 de junio
de 2023 y EJR23-314 del 31 de agosto de 2023- y, en consecuencia, se realice una
calificación integral de servicios para el año 2021 y se le habilite la posibilidad de optar
por la exoneración del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
promoción 2020-2021» o se le brinde cualquier otra solución que se considere
pertinente para no continuar con la lesión de sus derechos fundamentales.

11
Radicó acción de tutela en nombre propio el 26 de septiembre de 2023 e intervino como tercero con
interés en la identificada con el Rad. 2023-05454-00, accionantes: Iván Mauricio Fernández Arbeláez y
otros, en la que refirió la misma argumentación de su libelo introductorio.

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En particular, pidió la protección de su derecho fundamental de petición, el cual
consideró vulnerado por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al no dar
respuesta de fondo a la solicitud del 31 de marzo de 2023 en la cual pidió lo siguiente:

PRIMERA: Se me certifique si se ha expedido un acuerdo que reglamente la calificación
de los jueces Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras. En caso de
existir se me entregue copia del mismo.

SEGUNDO: Si la respuesta al numeral anterior es negativa, se me certifique si las
consecuencias que falta de reglamentación traen para el funcionario público —
traslados, no acceder a homologación y/o exoneración del curso de formación judicial,
solicitud de teletrabajo— debe[n] ser asumidas por la suscrita.

1.6.2. Iván Mauricio Fernández Arbeláez, Herney de Jesús Ortiz Moncada, Ronald
Castellar Arrieta y Manuel Ricardo Laverde Enciso [proceso 2023- 05454]12

Refirieron ser jueces administrativos en carrera que participaron para el cargo de
magistrado de Tribunal Administrativo y solicitaron la homologación del «IX Curso de
Formación Judicial Inicial» con ocasión a que aprobaron en promociones anteriores de
dicho curso.

La petición la sustentaron en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019 que en su artículo 3 estableció la posibilidad de solicitar
homologaciones o exoneraciones del IX Curso de Formación Judicial Inicial para los
discentes que sean o hayan sido funcionarios/as judiciales de carrera y para quienes,
sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y aprobado
un curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de selección o
convocatorias pasadas, según el caso.

Lo anterior les fue negado de manera conjunta en Resolución EJR23-113 de 22 de
junio de 2023, acto administrativo que recurrieron de manera particular y les fue
desatado de manera desfavorable con las resoluciones EJR23-287, 259, 289, 290,
respectivamente, todas de 31 de agosto de 2023.

Precisaron que los señores Iván Mauricio Fernández Arbeláez, Herney de Jesús Ortiz
Moncada y Ronald Castellar Arrieta no cuentan con calificación de servicios porque en
la acción popular con radicado con 11001-33-31-017-2009-00144-00, se ordenó
suspender provisionalmente el proceso de evaluación y calificación de servicios de los
jueces administrativos.

De otra parte, el señor Manuel Ricardo Laverde Enciso explicó que el tiempo durante
el cual ejerció como juez 49 administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, esto es del
28 de agosto de 2018 hasta el 4 de septiembre siguiente, fue insuficiente para ser
objeto de calificación. Explicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le
otorgó múltiples licencias no remuneradas para desempeñar el cargo de magistrado
auxiliar en el Consejo de Estado y solo desde el 21 de marzo de 2023 desempeña su
cargo de carrera.

12
Acción de tutela radicada el 26 de septiembre de 2023 a través de la ventanilla virtual.
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Reprocharon que la accionada al resolver los recursos hubiese indicado que en las
convocatorias para proveer cargos de jueces y magistrados no procede la aplicación
del precedente judicial y que las sentencias que citaron se refieren a convocatorias
pasadas, procesos que tuvieron regulaciones propias a través de los respectivos
acuerdos pedagógicos. En consecuencia, les iteró que se debía cumplir lo regulado
para el IX Curso de Formación Judicial Inicial, en otras palabras, era su deber atender
el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 que dictó la EJRLB para la convocatoria 27.

Manifestaron apartarse de dicha tesis, la cual consideran errada, «pues se sustenta
en el Acuerdo Pedagógico y la supuesta liberalidad ilimitada de la administración en la
expedición, interpretación y modificación de las reglas de una convocatoria a otra,
desconociendo que tal facultad está supeditada a las normas superiores - en este caso
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia- así como a la interpretación que sobre
tales normas superiores han dispuesto quienes en la estructura del Estado tienen la
facultad de decir el derecho, a saber, los Jueces de la República».

Indicaron que se vulnera el artículo 160 de la Ley 270 de 1996 que solo exige la
realización de un curso de formación judicial inicial para el ingreso a la carrera, de ahí
que se haya reglamentado la opción de exoneración y/o homologación, ello en aras de
no repetir el curso de formación judicial inicial dada la finalidad que el mismo comporta
la cual no varía entre el desarrollo de uno y otro curso concurso.

Adujeron que la EJRLB vulnera los principios de eficacia, economía y eficiencia que
deben regir las actuaciones de todas las entidades del Estado por los costos que
implica repetir un curso concurso para quienes ya superaron satisfactoriamente esta
misma etapa en una convocatoria anterior.

Por lo expuesto solicitaron (i) dejar sin efectos la Resolución EJR23-113 de 22 de junio
de 2023, así como las resoluciones EJR23-287, 259, 289, 290 del 31 de agosto de
2023; (ii) inaplicar el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019; y (iii) ordenar a la EJRLB aceptar la solicitud de homologación por ellos
formulada.

1.6.3. Yomaira Valles Romero [2023-05771-00]13

Informó que hizo la solicitud de homologación y no de exoneración del curso concurso,
ante la imposibilidad en que se encuentra de acreditar una calificación de servicios,
pero sí la de aprobación de un curso de formación judicial, promoción 2009.

Narró que si bien ha ejercido en carrera como juez Penal Municipal con Función de
Control de Garantías y juez Penal del Circuito, el cual desempeña actualmente, lo
cierto es que nunca ha sido objeto de calificación debido a que no ha ocupado por más
de tres meses dicho cargo en virtud de licencias no remuneradas concedidas para
desempeñarse como profesional especializado, grado 33 y magistrada auxiliar.

Contó que el 22 de agosto de 2022, solicitó información al Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá respecto de su calificación integral de servicios, lo cual le fue
resuelto con oficio CSJBTO22-4666 del 25 de agosto siguiente en el que se le indicó

13
Radicó su acción de tutela el 29 de septiembre de 2023 y, a su vez, coadyuvó la presentada por la
señora Luisa Fernando Soto [proceso 2023- 05440-00], en general replicando sus argumentos.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Fernando Arias García y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicados: 11001-03-15-000-2023-04922-01 y acumulados

que mientras esté desempeñando un cargo de libre nombramiento y remoción no se
realizará la calificación.

Solicitó dejar sin efectos los actos acusados, resoluciones EJR23113 del 22 de junio
del 2023 y EJR23-255 de 31 de agosto de 2023, porque se sustentan en una norma
reglamentaria restrictiva, Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre
de 2019, que desconoce el contenido de la Ley 270 de 1996 y su amparo se conceda
con efectos inter comunis.

Para sustentar lo anterior manifestó que al artículo 160 de la Ley 270 de 1996, dispone
que el acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera en la Rama
Judicial requiere, además de superar los procesos de selección y evaluación
correspondientes, la aprobación del curso de formación judicial, con lo cual se busca
que los funcionarios que se vinculen sean personas de alta capacidad profesional cuyo
conocimiento jurídico garantice la seriedad y la profundidad de las decisiones que
habrán de tomar, lo cual se traducirá a su vez en una mejor prestación del servicio
público de administrar justicia.

No obstante, la misma norma establece, a modo de excepción, que los funcionarios
de carrera que acrediten haber realizado y aprobado el curso de formación judicial, no
están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos, sin exigir ningún
requisito adicional, puesto que, el legislador entendió que, en esos casos, los fines de
la norma se encuentran cumplidos, vale decir, la alta capacidad profesional y la óptima
prestación del servicio público de administración de justicia, más aun, si se han
aprobado los procesos de selección y evaluación correspondientes de manera previa.

Con base en lo anterior, concluyó que no se le debe exigir la presentación del “IX Curso
de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de
la republica en todas las especialidades Promoción 2020-2021”, dado que (i) es
funcionaria en carrera; (ii) cursó y aprobó satisfactoriamente un curso de formación
inicial; y (iii) pretende un ascenso en la misma especialidad -penal-. magistrada de
tribunal.

1.6.4. Piero Paolo Di Gennaro [proceso 2023-06299]14

Narró que participó en la convocatoria 22 del Consejo Superior de la Judicatura y en
desarrollo de la misma aprobó el «VII Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces
y Magistrados de todas las especialidades de la Rama Judicial», luego tomó posesión
en propiedad del cargo de juez 8.°civil Municipal de la ciudad de Cali; sin embargo,
nunca ha sido sujeto de calificación integral de servicios, puesto que no ha ejercido el
cargo de carrera por un lapso superior a 3 meses, tiempo requerido en el artículo 5,
literal c, del Acuerdo PSAA16-10618 de 7 de diciembre de 2016.

Explicó que se ha desempeñado en «cargos de ascenso» como juez 22 civil del
Circuito de Bogotá y de libre nombramiento y remoción en la Corte Suprema de
Justicia, desde el 2019, como magistrado auxiliar. En resumen, indicó «llevo vinculado

14
Radicó acción de tutela el 11 de octubre de 2023 por la ventanilla virtual e intervino como tercero con
interés en la identificada con el Rad. 2023-05454-00, accionante: Iván Mauricio Fernández Arbeláez y
Rad. 2023-04922-00, demandante: Fernando Arias García, en la que refirió la misma argumentación de
su libelo introductorio.
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ininterrumpidamente en propiedad a la Rama Judicial desde hace 4 años y 9 meses,
pero, por las circunstancias explicadas, todas ajenas a mi voluntad, ya que se trata de
la aplicación de normas expedidas por la autoridad competente, no he sido sujeto de
ninguna calificación integral de servicios».

Aseguró que solicitó la homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para
Jueces y Magistrados» porque al carecer de calificaciones integrales de servicios «por
una causa que no le es imputable, sino que obedece a la regulación emitida por el
Consejo Superior de la Judicatura», tenía vedada la senda de la exoneración.

Señaló que la EJRLB negó su petición bajo una inadmisible exégesis literal del
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400, que desconoce sus derechos fundamentales a
la igualdad, el debido proceso y la aplicación de la situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la interpretación de las fuentes formales de derecho.

Indicó que excluir injustificadamente de la posibilidad de pedir la homologación a
quienes están vinculados como funcionarios en carrera y aprobaron un curso de
formación anterior con una nota superior a 800 puntos pero que no han sido sujetos
de calificación integral de servicios, por causas ajenas a su voluntad, constituye un
trato discriminatorio injustificado.

Consideró que la problemática que expone no está regulada expresamente en el
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400, pero existe una solución razonable que es
aplicar las mismas pautas contenidas en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, a partir
de las cuales, se puede concluir que es viable acudir a puntajes de cursos anteriores
cuando el participante no cuenta con calificaciones integrales de servicios.

A su juicio el Acuerdo Pedagógico admite dos interpretaciones opuestas así:

(i) Los funcionarios de carrera QUE NO CUENTEN CON CALIFICACIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS no pueden solicitar la exoneración por carecer de esa calificación que
reemplazaría la nota del curso de formación, y TAMPOCO tienen derecho a pedir la
homologación.
(ii) Los funcionarios de carrera QUE NO CUENTEN CON CALIFICACIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS no pueden solicitar la exoneración, pero SÍ TIENEN DERECHO a pedir la
homologación, empleando como calificación de reemplazo la nota obtenida en el Curso
de Formación Judicial aprobado previamente (tal como se le permite a quienes no
pertenecen a la carrera, y aprobaron el curso en el pasado).

Siendo esas dos interpretaciones plausibles, indicó que la EJRLB debía optar por la
segunda, no solo porque es la única que garantiza el derecho fundamental a la
igualdad de todos los participantes, sino porque le es mandatorio, al ser la
hermenéutica más favorable a uno de los trabajadores de su propia organización
pública (la Rama Judicial).

Con base en lo anterior solicitó con efectos inter comunis «Declarar que la única
interpretación constitucionalmente admisible del Capítulo V, numeral 3, del Acuerdo
Pedagógico PCSJA19-11400, es aquella conforme a la cual la homologación del IX
Curso de Formación Judicial Inicial sea permitida tanto para los discentes que, sin
haber ocupado un cargo de funcionario en carrera, hubiesen cursado y aprobado un
curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de selección o
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convocatorias anteriores, como para los que sí ocupamos un cargo de funcionario en
carrera, pero carecemos de calificaciones integrales de servicios que nos permitan, vía
exoneración, sustituir la evaluación de las dos sub-fases del curso».

1.6.5. Astrid Lorena Oyuela Aragón [2023-07657-00]15

Narró que en el año 2017 aprobó el Curso de Formación Judicial Inicial para el cargo
de juez promiscuo Municipal y el 1 de febrero de 2022 lo asumió en propiedad.

Posteriormente, participó en la Convocatoria 27 del Consejo Superior de la Judicatura,
adoptada mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 y superó
tanto las pruebas de aptitudes y conocimientos, como la de verificación de requisitos
mínimos para el cargo de magistrado de Tribunal Superior Sala Única.

Afirmó que el 5 de abril de 2023 informó a la EJRLB que a la fecha no contaba con
calificación de servicios en tanto aún no había sido objeto de evaluación por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima y ello conllevaba la inviabilidad de solicitar la
homologación.

Lo anterior le fue resuelto mediante comunicación de 24 de abril siguiente con una
respuesta, a su juicio, genérica en la cual se le indicó que bajo el principio de legalidad
debía ajustarse a los requisitos establecidos en respectivo Acuerdo Pedagógico, en
consecuencia: «la invitamos a presentar la solicitud [de homologación] en el medio
dispuesto para tal fin, que se encuentra habilitado, de acuerdo con el cronograma de
la Fase III de la etapa de selección de la Convocatoria 27».

En atención a lo anterior solicitó la homologación por el correspondiente aplicativo
virtual donde advirtió nuevamente sobre la imposibilidad de allegar una calificación de
servicios. Mediante Resolución EJR23-113 de 22 de junio de 2022 se le negó lo
pedido; decisión que recurrió, pero fue confirmada con la Resolución EJR23-311 de
31 de agosto de 2023.

Manifestó su inconformidad respecto de lo resuelto por la EJRLB en los referidos actos
administrativos; concluyó que el Acuerdo No PSCJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019 omitió regular la situación de quienes siendo funcionarios en carrera judicial no
tienen calificación de servicios por razones ajenas a su voluntad.

A su criterio de la lectura sistemática del Acuerdo Pedagógico y la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia puede establecer fácilmente que para el ascenso al interior
de la Rama Judicial se requiere únicamente superar con éxito la prueba de
conocimiento; más no adelantar un nuevo curso de formación judicial, puesto que éste
solo se exige por una sola vez.

Así, solicitó dejar sin efectos los actos acusados, resoluciones EJR23113 de 22 de
junio de 2023 y EJR23-311 de 31 de agosto de 2023, porque se sustentan en una
norma reglamentaria, Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de
2019, con un vacío jurídico comoquiera que no reguló el supuesto fáctico de los
funcionarios de carrera que no han podido lograr una calificación de servicios.

15
Radicó acción de tutela en nombre propio el 18 de diciembre de 2023 a través de la Ventanilla Vitual
de la Corporación.
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1.7. Trámite de la acción

El 18 de septiembre de 2023, el magistrado ponente de primera instancia admitió la
acción de tutela 2023-04922-00, Demandantes: Fernando Arias García y otros. En
consecuencia, ordenó notificar del proveído al Consejo Superior de la Judicatura y a
la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», como accionados, y remitirles copia de la
solicitud de tutela para que, dentro del término de los tres días siguientes a la
notificación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien
lo tenían.

Luego, con auto de 18 de octubre ordenó vincular en calidad de terceros con interés a
(i) los participantes de la convocatoria 27 a quienes también se les resolvió sobre la
solicitud de homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes
a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
promoción 2020-2021» en la Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023 emitida
por la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla»16; (ii) el Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y Casanare, y (iii) requirió al Juzgado 17 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá la copia digital del expediente de acción popular con Rad.
11001-33-31-017-2009-00144-00.

Posteriormente, por autos de 4 de diciembre de 2023 y 22 de enero de 2024, dispuso
la acumulación de los expedientes ya referidos17, con lo cual, se amplió el número de
sujetos del extremo actor, en el cual se incluyó a: Luisa Fernanda Soto Pinto, [2023-
05440-00], Iván Mauricio Fernández Arbeláez, Herney de Jesús Ortiz Moncada,
Ronald Castellar Arrieta y Manuel Ricardo Laverde Enciso, [2023-05454-00], Yomaira
Valles Romero, [2023-05771-00]; Piero Paolo Di Gennaro, [2023-06299-00], y Astrid
Lorena Oyuela Aragón [2023-07657-00].

Valga precisar que previo a solicitar la acumulación, los magistrados ponentes de esos
asuntos, de acuerdo con las particularidades de cada asunto, ordenaron realizar las
notificación a las siguientes autoridades:

En el Exp. 2023-05440-0018 al Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar y al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en calidad de terceros con interés;
Exp. 2023-06299-0019 a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en condición
de accionada; y en el Exp. 2023-07657-0020 al Consejo Seccional de la Judicatura del
Tolima como tercero interesado.

16
«Ángela María Arbeláez Cortés, Alexandra Tatiana Betancur Giraldo, Ronald Castellar Arrieta, Piero
Paolo Di Gennaro Muñoz, María Consuelo Dulce Rosero, Iván Mauricio Fernández Arbeláez, Gonzalo
Fonseca Avendaño, Luis Guillermo González Zabaleta, Zuly Andrea Guisao Restrepo, Luz Elena
Hernández Ángel, Manuel Ricardo Laverde Enciso, Herney de Jesús Ortiz Moncada, Astrid Lorena
Oyuela Aragón, Carlos Enrique Pinzón Muñoz, Luisa Fernanda Soto Pinto, Yomaira Valles Romero y
Sonia Milena Vargas Gamboa».
17
11001-03-15-000-2023-05440-00, 11001-03-15-000-2023-05454-00, 11001-03-15- 000-2023-05771-
00, 11001-03-15-000-2023-06299-00, 11001-03- 15-000-2023-07657-00.
18
Con auto del 3 de octubre de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
19
Con auto del 23 de octubre de 2023, M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
20
Con auto del 22 de enero de 2024, el M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. En este asunto la
vinculación fue concomitante con la decisión de acumular.

11
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Finalmente, en todos los expedientes se ordenó vincular a los participantes de la
convocatoria 27 a quienes también se les resolvió sobre la solicitud de homologación
del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as
y Jueces de la República en todas las especialidades, promoción 2020-2021» en la
Resolución EJR23-113 de 22 de junio de 2023 emitida por la EJRLB. A saber: Ángela
María Arbeláez Cortés, Alexandra Tatiana Betancur Giraldo, Ronald Castellar Arrieta,
Piero Paolo Di Gennaro Muñoz, María Consuelo Dulce Rosero, Iván Mauricio
Fernández Arbeláez, Gonzalo Fonseca Avendaño, Luis Guillermo González Zabaleta,
Zuly Andrea Guisao Restrepo, Luz Elena Hernández Ángel, Manuel Ricardo Laverde
Enciso, Herney de Jesús Ortiz Moncada, Astrid Lorena Oyuela Aragón, Carlos Enrique
Pinzón Muñoz, Luisa Fernanda Soto Pinto, Yomaira Valles Romero y Sonia Milena
Vargas Gamboa.

1.8. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes informes21:

1.8.1. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla22

La directora de la referida dependencia solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela comoquiera que el ordenamiento jurídico previó otros medios ordinarios de
defensa para atacar los actos administrativos censurados, o que, en su defecto, se
niegue el amparo solicitado, ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por los accionantes.

Advirtió así que, para la protección de las prerrogativas superiores que se alegaron el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagró
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se puede
solicitar medidas cautelares.

Anexó a su informe sentencias de la Sección Segunda, Subsección A y la Sección
Quinta en las cuales se abordó el mismo problema jurídico y declararon la
improcedencia por no acreditar el requisito de la subsidiariedad.

Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de noviembre de 2023, Magistrado
Ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez (E), Radicación: 11001-03-15- 000-2023-06242-00.

Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de enero de 2024, Magistrado
Ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez, Radicación: 11001-03-15-000-2023- 07159-00.

Citó en igual sentido apartes de la sentencia de 29 de noviembre de 2013 de la Sala
de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, STC13459-2023
Rad.11001-02-30-000-2023-01075-01.

21
Algunas entidades respondieron las acciones de tutela a través de un mismo escrito, cuyo contenido
se repite en los expedientes acumulados, por lo que se hará mención a un solo escrito.
22
Con escritos del 29 de enero de 2024 exp.2023-07657-00.

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Y, con el propósito de hacer hincapié en la diferenciación entre derechos adquiridos y
meras expectativas trajo a colación la sentencia de 12 de marzo de 2020, Exp. 25000-
23-25-000-2011-00849-01(3592-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

Asimismo, señaló que no se configuraba un perjuicio irremediable puesto que los
actores estaban habilitados para desarrollar el IX Curso de Formación Judicial, con lo
cual, contrario a lo alegado, la entidad estaba garantizando todos los derechos de los
concursantes, situación que por lo tanto no ameritaba la intervención del juez
constitucional.

Indicó que el Consejo de Estado ha determinado que los actos administrativos que
expide el Consejo Superior de la Judicatura como administrador de la carrera judicial
son reglamentos que desarrollan la Ley 270 de 1996, estatutaria de administración de
justicia, con la cual se definen los límites a los que debe sujetarse esa actividad.

Por lo tanto, expuso que al expedir el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre
de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura no se arrogó competencias del
legislador, puesto que esa es una manifestación del amplio margen de acción que tiene
el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de la potestad reglamentaria que se
le ha atribuido la Constitución y la ley.

Aquí refirió que la Corte Constitucional en sentencia de 14 de junio de 201723, fue
enfática en manifestar que para acceder a cargos de carrera los aspirantes deben
participar en un proceso de selección que privilegie el mérito como factor determinante,
siendo imperativo e imprescindible que se realice una convocatoria pública, en la que
se fijen las reglas de juego que regulen el concurso, con sujeción a la Constitución y a
la ley las cuales deben ser atendidas por aquellos.

Dicho lo anterior, afirmó que no debe considerarse incompatible o excluyente el acceso
al desempeño de funciones y cargos públicos, con la exigencia de requisitos para
acceder a ellos (Corte Constitucional, sentencia C-487 de 1993.), en el sub examine,
la de tener calificación de servicios, ya que, en cualquier caso, deberán cumplirse los
requerimientos constitucionales o legales para ocupar el cargo. Y que adicionalmente,
el incumplimiento de requisitos para no otorgar los beneficios adicionales, no debe
considerarse como lesivo en torno al derecho de acceso a cargos públicos.

Puso de presente que, de acuerdo con el numeral 2. ° del artículo 164 de la Ley 270
de 1996 y el artículo 3. ° del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, la
convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de selección y por ello es
de perentorio cumplimiento para los aspirantes y para la administración. En ese
sentido, concluyó:

En esta misma vía, se concluye que las disposiciones normativas consagradas en el
Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 se adoptó el Acuerdo
Pedagógico que rige el IX Curso de formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos
de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, promoción
2020-2021, materializan la potestad reglamentaria que la propia Constitución Política le
ha conferido al Consejo Superior de la Judicatura, particularmente en lo atinente a la
facultad para definir los requisitos para acceder a la homologación o exoneración del IX
Curso de Formación Judicial Inicial. Además, se indica que aquel acto administrativo

23
Radicación: 68001-22-13-000- 2017-00230-01, M. P: Luis Armando Tolosa Villabona.
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cuenta con presunción de legalidad, goza de fuerza vinculante y es de obligatorio
cumplimiento, tanto para la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” como para los
aspirantes.

Explicó que en desarrollo de lo consagrado en el parágrafo del artículo 160 de la Ley
270 de 1996, el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 reguló dos
situaciones jurídicas diferentes para los aspirantes que superaron las fases I y II de la
etapa de selección y que van a realizar el IX Curso de Formación Judicial Inicial:

(i) concursantes que sean o hayan sido funcionarios judiciales de carrera y que
soliciten la exoneración del curso, a quienes se les «tomará la última calificación de
servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases, siempre que sea
superior a 80 puntos», y

(ii) aspirantes que sin ser funcionarios de carrera hubiesen cursado y aprobado un
curso de formación judicial inicial como etapa de procesos de selección anteriores,
quienes pueden solicitar la homologación «y se tomará la calificación obtenida en el
curso de formación judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases,
siempre que la calificación sea superior a 800 puntos».

Agregó que las figuras de homologación y exoneración del IX Curso de Formación
Judicial Inicial contenidas en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de
septiembre de 2019 se construyeron conforme con lo dispuesto en el Capítulo II de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, particularmente en el parágrafo del
artículo 160 de la Ley 270 de 1996, en el que se dispuso que «[l]os funcionarios de
carrera que acrediten haber realizado el curso de formación judicial, no están obligados
a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las
respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación».

Alegó que las mencionadas figuras, al emanar de un mandato legal superior que tiene
plena vigencia, gozan de presunción de legalidad y fuerza vinculante por lo que son
de obligatorio cumplimiento para el Consejo Superior de la Judicatura y para todos los
participantes de la Convocatoria 27.

Respecto de cada caso, concretamente la sentencia de primera instancia, resaltó las
siguientes transcripciones24:

Proceso accionantes
2023-04922-00 Para el año 2016, momento en que se retiró del cargo de funcionario judicial,
Fernando Arias se encontraba vigente el Acuerdo PSAA14-10281 del 24 de diciembre de
García 2014, en el que se estableció que el Consejo Seccional de cada Distrito
Judicial era el responsable de emitir el acto administrativo contentivo de la
calificación integral de servicios, por lo que, ante la falta de aquella, el
funcionario debió instar el cumplimiento de la normativa, máxime cuando
mediante el Acuerdo PSAA16-10622 de 2016 se amplió hasta el 28 de
febrero de 2017, el término para realizar la consolidación de la calificación
integral servicios de los jueces de la República para el período 2015.
Que en virtud del oficio PCSJO23-462 del 5 de mayo de 2023, proferido por
la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, se observa que la
corporación se encuentra adelantando mesas de trabajo con funcionarios

24
Del texto original con posibles errores.

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2023-05440-00 de la especialidad de restitución de tierras con la finalidad de analizar y
Luisa Fernanda consolidar una propuesta para regular la calificación del factor eficacia o
Soto Pinto rendimiento, por lo que aun no se cuenta con la reglamentación requerida
para adelantar la actuación; y respecto a la pretensión subsidiaria,
consistente en que se realice la calificación integral de servicios para el año
2021 y, por contera, se le habilite la posibilidad de optar por la exoneración
del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», indicó no ser de su
competencia el realizar el proceso de calificación ni expedir calificaciones
integrales de servicio de los funcionarios judiciales. Constituye un falso dilema creer que la aplicación rigurosa de los requisitos
contemplados para optar por la homologación configura un trato inequitativo
o discriminatorio como argumentan los accionantes. Por el contrario, es
justamente la aspiración de la excelencia en la justicia, prevista en la
exposición de motivos de la Ley 270, la que efectiviza la confianza legítima
2023- 05454-00 de los aspirantes, el principio de legalidad y del mérito. En tal sentido, los
Iván Mauricio requerimientos previstos en el Acuerdo de convocatoria se aplican de forma
Fernández general y uniforme a todos los concursantes que presentaron solicitud de
homologación del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», en cumplimiento
Arbeláez, Herney
de los principios de igualdad y debido proceso. En cuanto a la supuesta
de Jesús Ortiz
vulneración del principio de igualdad que argumentan los accionantes, es
Moncada, Ronald
justamente al amparo de este principio que, la Escuela Judicial está obligada
Castellar Arrieta y
a dispensar igual tratamiento para todos los aspirantes siendo de obligatorio
Manuel Ricardo
cumplimiento para la administración la aplicación de las reglas que fueron
Laverde Enciso establecidas y aceptadas al momento de su inscripción, como se estableció
en el artículo 3 del Acuerdos PCSJA18-11077 de 2018. Por lo tanto, se
vulneran los principios de legalidad, igualdad y confianza legítima a los
demás aspirantes, al realizar algún tipo de excepción cuando la norma es
clara. En el caso no se presenta alguna dificultad en la interpretación sobre el
Acuerdo Pedagógico, ya que aquel es la única norma que regula la etapa
2023-05771-00 de exoneraciones u homologaciones; diferencia claramente los
Yomaira Valles presupuestos de hecho y sus consecuencias, en relación con las dos
Romero figuras; y de estos presupuestos no existe vacío o duda alguna que suplir,
pues su regulación es clara. En ese sentido, conceder lo pretendido por la
accionante supondría la vulneración de otros principios, también de
raigambre constitucional, como lo son el de legalidad, debido proceso e
incluso se vulneraria el principio de confianza legítima, pues de forma
intempestiva se modificarían las reglas indicadas con el Acuerdo
pedagógico que reglamenta el desarrollo del curso-concurso. La entidad no
ha vulnerado el principio denominado «nadie está obligado a lo imposible»,
en tanto no les exigió a los aspirantes requisitos irrazonables ni
extremadamente gravosos, sino que se limitó a verificar el cumplimiento de
las reglas establecidas en los Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de
2018 y PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019. De esta forma, se
verificó que la participante no cumplía con los supuestos de hecho porque
su situación fáctica no se adecuó a la norma aplicable, lo que conllevó a que
no pudiera ser homologada, en consecuencia, los actos administrativos que
le resolvieron la situación se ajustan a la normatividad que regula el proceso
de selección.

Las figuras de homologación y exoneración no fueron establecidas como
alternativas para ser escogidas de manera discrecional por los aspirantes,
conforme a la que eventualmente más les favorezca, sino como beneficios
2023-06299-00 con aplicación a dos situaciones jurídicas diferentes, dentro de las cuales
Piero Paolo Di no se encuentra el accionante. Adicionalmente, conforme a la certificación
Gennaro Muñoz aportada por el participante en la cual se evidencia su vinculación como
magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, con posterioridad a su
inscripción a la Convocatoria 27, se puede concluir que este conocía la

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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicados: 11001-03-15-000-2023-04922-01 y acumulados

situación de dicho cargo respecto a la calificación de servicios, esto es, que
aceptarlo implicaba no ser sujeto calificable como funcionario judicial.
En el caso de la tutelante, se observa que se posesionó en propiedad como
Juez municipal el 1° de febrero de 2022. Entonces, es posible establecer
que por el tiempo que se ha desempeñado como juez, ha debido de exigir
2023-07657-00
la calificación de servicios, pues, a la fecha de presentación de la tutela, ha
Astrid Lorena transcurrido más de un año, tiempo reglamentario para que a los
Oyuela Aragón funcionarios judiciales les sea entregada su calificación de servicios, siendo
una acción activa, la desplegada por el servidor al exigir su calificación. Así
las cosas, debe negarse el amparo porque no se cumplen los presupuestos
para reconocer la homologación, debido a que se desempeña como
servidora judicial de carrera, por lo que las Resoluciones No. EJR23-113 y
EJR23-311 del año en curso, se ajustaron a la normatividad que regula el
referido proceso. En consecuencia, no es procedente que se le homologue
con la nota que obtuvo en el Vll Curso de Formación Judicial Inicial que
realizó entre los años 2016 y 2017.

1.8.2. Unidad de Administración de Carrera Judicial25

Frente a la petición de la señora Luisa Fernanda Soto Pinto indicó que a través del
oficio CJO23- 3505 de 7 de junio de 2023, la Unidad de Administración de Carrera
Judicial dio respuesta a la petición, la cual fue notificada, y se produjo en los siguientes
términos:

Le comunico que de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 44 del
Acuerdo PSAA16-10618 de 2016, aún no se ha expedido el reglamento que indique
cuales son las variables que integran tanto la carga como el egreso para evaluar el factor
eficiencia o rendimiento de la especialidad en Restitución de Tierras.

Con fundamento en lo anterior, se le indica que hasta tanto se expida el reglamento a
que se hace referencia en los artículos 44 y 82 del Acuerdo PSAA16-10618 de 2016,
relacionados con la calificación del factor eficiencia o rendimiento de los funcionarios
que se desempeñan en los juzgados especializados en Restitución de Tierras, la
evaluación de dichos servidores se debe realizar solo con los procesos que estos
adelanten diferentes a la mencionada especialidad, como se ha venido realizando a
nivel nacional.

Frente a la pregunta 2, se le informa que frente a las situaciones administrativas
correspondientes a traslados, si no se cuenta con la última calificación de servicios en
firme por razones que no son atribuibles al servidor, no le podrá ser exigida la misma
como requisito para este trámite.

1.8.3. Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare26

Indicó que no se vulneró derecho alguno al señor Fernando Arias García pues en los
hechos de la tutela y el anexo documental que acompaña al informe, queda claro que
no es la ausencia de calificación en sí mismo lo que él reclama sino que controvierte
la legalidad de los actos administrativos que le negaron la homologación del curso
concurso en la convocatoria 27.

Explicó que para la fecha en que se realizó el proceso de calificación de servicios
correspondiente al período 2015, esto es en el año 2016, el señor Arias García no se
encontraba vinculado al cargo de juez administrativo ni en Tunja ni en ningún otro
despacho, por tanto, no era sujeto calificable.

25
Mensaje de datos de 17 de enero de 2024.
26
Informe allegado el 22 de noviembre de 2023 suscrito por el presidente del Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y Casanare.
16
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No obstante, atendiendo la respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial contenida en el oficio CJO19-6395 y dado el interés manifestado por el
exfuncionario, ese Consejo realizó gestiones para la calificación integral de servicios
del señor Arias García, correspondiente al período 2015. Sin embargo, no ha recibido
los formularios del factor calidad del Tribunal Administrativo de Boyacá para proceder
a consolidar la calificación de servicios período 2015, lo cual ha tornado imposible
emitir el respectivo acto administrativo.

1.8.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial27

Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la entidad. Explicó
que comoquiera que esta no interviene en el proceso de selección que se lleva a cabo
dentro de la convocatoria que adelanta la Unidad de Administración de Carrera del
Consejo Superior de la Judicatura, los derechos alegados como vulnerados no son
consecuencia de una acción u omisión que le sea atribuible, por lo que debe
prescindirse de librar cualquier orden de apremio en este sentido.

1.8.5. Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar28

Reconoció que le corresponde a la seccional realizar la consolidación de la calificación
integral de la señora Luisa Fernanda Soto Pinto, adujo que a la fecha no se ha
reglamentado lo establecido en el parágrafo del artículo 44 del Acuerdo PCSJ16-10618
de 2016 y que en diferentes ocasiones ha solicitado a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial información sobre la reglamentación para efectos de calificar a los
jueces del Circuito Especializados en Restitución de Tierras de Valledupar, sin obtener
respuesta alguna.

Refirió que la Seccional realiza cada año la visita general y de organización del trabajo
al despacho a cargo de la juez Soto Pinto, consolidando la información en el formato
de Organización del Trabajo;

Manifestó que mediante oficio CSJCEOP21-211 de marzo 16 de 2021, pidió al Tribunal
Superior de Cartagena de Indias las fichas correspondientes al factor calidad del año
2019, lo cual fue atendido con el oficio 1528 de 23 de marzo siguiente; posteriormente
con el oficio CSJCEOP23-358 del 13 de junio de 2023, requirió a la señora jueza remitir
al Tribunal Superior de Cartagena los procesos terminados en el año 2022, para
efectos de la calificación del factor calidad.

1.8.6. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de Indias29.

Intervino dentro del expediente 2023-05440-00, accionante: Luisa Fernanda Soto Pinto
y solicitó, en primer lugar, declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de la subsidiariedad y negarla respecto de la corporación.

27
El abogado Ronald Jefferson Gómez Díaz, de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia
Legal allegó contestación en el Exp. 2023-06299-00. Accionante: Piero Paolo Di Gennaro Muñoz.
28
La presidenta de la corporación allegó informe en la tutela 2023-05440-00 Accionante: Luisa Fernanda
Soto Pinto.
29
El secretario general del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, Fabián Andrés Cuello
Taboada, allegó informe en el Exp. 2023-05440-00. Accionante: Luisa Fernanda Soto Pinto.
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Adujo que, en sesión de Sala Plena efectuó la calificación de servicio de los jueces
civiles especializados en restitución de tierras, remitiéndola al respectivo Consejo
Seccional de la Judicatura de Valledupar, de manera que ha cumplido con sus
obligaciones en materia calificación de los funcionarios adscritos.

Respecto de la actora informó que es juez 1.° civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Valledupar y que, a la fecha no han recibido proceso alguno
para efectuar la calificación de servicios de los funcionarios de Valledupar, según lo
establecido en el artículo 29 del Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016.

1.8.7. Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima30

Solicitó declarar que el Consejo Seccional no ha incurrido en vulneración de derechos
fundamentales comoquiera que siempre ha actuado en cumplimiento de sus funciones
y de las directrices dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura y no tuvo
ninguna injerencia con la expedición de las Resoluciones EJR23-113 de 22 de junio
de 2022 y Resolución No EJR23-311 de 31 de agosto de 2023 en el caso de la señora
Oyuela Aragón.

Frente a lo último indicó que para la época que se elevó la solicitud de homologación
el Consejo Seccional se encontraba adelantando el proceso de consolidación de la
información para realizar su calificación integral correspondiente al periodo en este
caso, del 1 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo PCSJA23-12088 del 29 de agosto de 2023.

Precisó que, el 14 de diciembre de 2023 se realizó la calificación integral de servicios
de la señora Astrid Lorena Oyuela Aragón del periodo correspondiente al 1.° de febrero
de 2022 (fecha en que se posesionó como jueza segunda promiscuo municipal de
Saldaña Tolima) hasta el 31 de diciembre de 2022 estando dentro del término
dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura y siendo notificada el 29 de enero
de 2024 a su correo institucional personal aoyuelaa@cendoj.ramajudicial.gov.co y al
correo del juzgado del que es la titular j02prmpalsaldana@cendoj.ramajudicial.gov.co.

1.8.8. Intervenciones de los vinculados

En el curso de la presente acción de tutela, se allegaron varios escritos de terceros
interesados, por medio de memoriales radicados en la Secretaria General y otros
recibidos en el correo electrónico que fueron cargados al sistema Samai, dentro de los
cuales, se pueden distinguir que propugna porque se acojan las suplicas de las
solicitudes de amparo.

Se tiene que los señores Zuly Andrea Guisado Restrepo, Yomaira Valles Romero,
Carlos Enrique Pinzón Muñoz, María Consuelo Dulce Rosero y Tatiana Alexandra
Betancur Giraldo manifestaron su deseo de adherirse a las pretensiones de los
procesos acumulados por encontrarse en unas situaciones similares a las expuestas
en la tutela principal y sus acumulados.

30
Por conducto del Magistrado vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima Dr.
Rafael de Jesús Vargas Trujillo la corporación allegó informe el 30 de enero de 2024.
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En general consideran que la EJRLB desconoce la prerrogativa que se tiene de
homologar el curso concurso conforme con el mandato del artículo 160 de la Ley 270
de 1996 porque ese curso de formación se hace al ingresar por primera vez a la carrera
judicial.

Advirtieron que efectuar periódica y oportunamente la calificación integral de servicios
es una obligación de su empleador, por lo que es una carga excesiva la que están
soportando aquellos funcionarios que por causas ajenas a su voluntad no cuentan con
la misma.

1.9. Fallo impugnado31

Mediante sentencia de 22 de febrero de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado decidió:

Primero. Denegar el amparo solicitado por los señores Fernando Arias García, Iván
Mauricio Fernández Arbeláez, Herney de Jesús Ortiz Moncada, Ronald Castellar Arrieta,
Manuel Ricardo Laverde Enciso, Yomaira Valles Romero y Piero Paolo Di Gennaro, en
atención a las consideraciones que anteceden.

Segundo. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos
públicos de las accionantes Luisa Fernanda Soto Pinto y Astrid Lorena Oyuela Aragón,
con respecto de la posibilidad de solicitar la exoneración del «IX Curso de Formación
Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en
todas las especialidades, promoción 2020-2021». En consecuencia:

Tercero. Ordenar a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que, una vez reciba la
calificación integral de servicios de las accionantes Luisa Fernanda Soto Pinto y Astrid
Lorena Oyuela Aragón, correspondiente al período comprendido entre el 1° de enero y
el 31 de diciembre de 2022, proceda, dentro de los tres (3) días siguientes, a efectuar el
estudio de la exoneración del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a
cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades,
promoción 2020-2021», atendiendo lo expuesto en esta providencia.

Cuarto. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho
superado, en torno del amparo del derecho fundamental de petición invocado por la
señora Luisa Fernanda Soto Pinto, conforme a los argumentos expuestos.
[…]

Para arribar a la anterior conclusión el a quo constitucional en primer lugar analizó el
requisito de la subsidiariedad y concluyó que si bien las resoluciones acusadas, por
tratarse de actos administrativos de carácter definitivo en torno a la obligatoriedad del
participante de aprobar un nuevo curso de formación judicial, pueden ser demandadas
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, dicho
mecanismo de defensa judicial no resulta idóneo ni eficaz.

Refirió que pese a que dentro del aludido medio de control se puede solicitar la medida
de suspensión provisional para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, la
decisión de la entidad accionada de no homologar el curso de formación judicial
comprende para los participantes la definición de su situación jurídica respecto de la
obligación de aprobación de un nuevo curso de formación judicial, el cual está

31
La sentencia de primera instancia se notificó a los correos electrónicos respectivos el 5 de marzo de
2024.
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actualmente en desarrollo por lo que la acción de tutela resulta ser el mecanismo
idóneo y eficaz para precaver el perjuicio.

Superado lo anterior analizó el fondo del asunto, el cual circunscribió a determinar si
la accionada vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
trabajo, de acceso a cargos públicos y a la carrera judicial, así como a los principios
del mérito y favorabilidad laboral de los accionantes al expedir las resoluciones
acusadas mediante las que se les negó la solicitud de homologación del «IX Curso de
Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la
República en todas las especialidades, promoción 2020-2021».

Tras su estudio negó el amparo deprecado, en resumen, bajo la siguiente
argumentación:

1.9.1. Refirió que las Resoluciones EJR23-314, EJR23-312, EJR23-287, EJR23-259,
EJR23-289, EJR23-290, EJR23-255, EJR23-294 y EJR23-311 del 31 de agosto de
2023 dictadas por la EJRLB por medio de las cuales resolvió los recursos de reposición,
confirmando integralmente la Resolución EJR23-113 del 22 de junio de 2023, gozan
de presunción de legalidad y que es obligatorio para las partes acoger las reglas de la
convocatoria previstas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Sobre el punto se destacó lo siguiente:

[…] las normas de un concurso público de méritos fijan en forma precisa y concreta
cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y establecen las
pautas y procedimientos con los cuales deben regirse y, en tal sentido, se convierten
en una norma obligatoria en el concurso, por lo que cualquier incumplimiento de las
etapas y procedimientos consignados en ella desconoce sus reglas y objetivos, y
conlleva de suyo una respectiva consecuencia. De aquí que deba darse la [sic] lugar
a lo señalado por la autoridad accionada en cuanto afirma que es de su deber el
respetar y acoger las reglas de la convocatoria.

Luego, explicó las diferencias entre la figuras de homologación y exoneración así:

La figura de homologación es aplicable solo para aquellos aspirantes que, sin haber
ocupado un cargo de funcionario en carrera, cursaron y aprobaron un curso de
formación judicial inicial anterior, teniéndose en cuenta la calificación allí obtenida,
siempre que fuere mayor a 800 puntos, y la de exoneración, para los aspirantes que
habiendo cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial, hayan sido
funcionarios o exfuncionarios, caso en el cual debe tomarse la última calificación de
servicio como sustitutiva de la evaluación, siempre que fuere mayor a 80 puntos.

Precisado lo anterior consideró que al no haberse determinado alguna excepción para
la inobservancia de los requisitos concurrentes relativos a la homologación, la EJRLB
no podía distinguir lo que la propia convocatoria no previó y, en tal sentido, en virtud
del principio de legalidad, debía exigirse la totalidad de los requisitos previstos por la
norma para la aplicación de dicha figura.

Así, encontró acertado el que, tras haberse acreditado que los recurrentes se han
desempeñado como funcionarios judiciales en carrera, se impedía de plano otorgar la
homologación, siendo lo procedente la exoneración, y bajo tal figura la acreditación de
la última calificación de servicios.

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En el mismo sentido, frente a las pretensiones subsidiarias, relativas a que en caso de
que no prosperara la homologación se analizaran los argumentos señalados por la
autoridad accionada en torno a la negativa de la exoneración, teniendo en cuenta que
la calificación de servicios no se realizó por causas ajenas a su voluntad, tampoco la
consideró con vocación de prosperidad tras argüir que ante la falta de calificación, el
funcionario interesado en su expedición debió instar al respectivo Consejo Seccional
de la Judicatura para el cumplimiento de la normativa, teniendo en cuenta que la carga
de probar la observancia de las exigencias legales es de su exclusiva competencia.

De igual manera, para quienes adujeron que pese a haber desempeñado el cargo en
carrera nunca fueron calificados por servicios debido a que dentro de una acción
popular se ordenó la suspensión de la calificación de los jueces administrativos, la cual
se extendió por varios años, consideró acertado que en la Resolución EJR23-314 del
31 de agosto de 2023, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, la Escuela
Judicial haya señalado que aunque es cierto que en el numeral 8 del artículo 101 de
la Ley 270 de 1996 se establece como obligación de las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura el «realizar la calificación integral de servicios
de los jueces en el área de su competencia», la no culminación del procedimiento de
la calificación integral de servicio por parte del Consejo Seccional de la Judicatura no
podía habilitar la inobservancia de los requisitos concurrentes relativos a la figura de
la exoneración contenida en el Acuerdo Pedagógico.

Resaltó que en el artículo 1º del Acuerdo PSAA14-10281 del 24 de diciembre de 2014,
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se estableció que las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura debían reportar a la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial la calificación integral de servicios a
más tardar el primer día hábil del mes de octubre del año siguiente al vencimiento del
período de evaluación, y que el Acuerdo PSAA16-10622 de 2016, el Consejo Superior
de la Judicatura amplió hasta el 28 de febrero de 2017 el término para realizar la
consolidación de la calificación integral servicios de los jueces de la República,
correspondiente al período 2015.

Advirtió que la actuación reseñada y los plazos antes mencionados no podían
concretar la inobservancia de los requisitos concurrentes relativos a la exoneración
que contiene el Acuerdo Pedagógico, pues dicha normativa expuso desde el año 2019
los presupuestos para beneficiarse de la figura de exoneración del «IX Curso de
Formación Judicial Inicial», por lo que los aspirantes tuvieron más de tres años para
definir su situación administrativa de carrera, atinente a la expedición de su calificación.

En resumen, se concluyó que lo decidido por la EJRLB en las resoluciones que se
pretenden dejar sin efectos vía tutela no resultan ser vulneradoras de las garantías
fundamentales deprecadas en la medida que (i) todos los aspirantes deben respetar
la reglas de la Convocatoria 27 previstas por el Consejo Superior de la Judicatura; (ii)
el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 no determinó
alguna excepción para la inobservancia de los requisitos concurrentes relativos a la
exoneración, luego (iii) la EJRLB no podía distinguir lo que la propia convocatoria no
previó y, (iv) bajo el respeto al principio de legalidad, debía exigirse a los participantes
la totalidad de aquellos para el otorgamiento de los beneficios de homologación y
exoneración.

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1.9.2. A pesar de las anteriores conclusiones, consideró que a partir de lo allegado en
el trámite de tutela los casos de Luisa Fernanda Soto Pinto y Astrid Lorena Oyuela
Arango merecían una nueva revisión por parte de la EJRLB, pues en el primer asunto
la ausencia de calificación obedece a la falta de regulación de lo establecido en el
parágrafo del artículo 44 del Acuerdo 10618 de 2016, referente a la calificación del
factor calidad o rendimiento y, en el segundo, por cuanto los plazos para efectos de
consolidar la calificación para el año 2022, según lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-
10618 del 7 de diciembre de 2016, se cumplían hasta el 31 de agosto de 2023,
posteriormente ampliado, a través del Acuerdo PCSJA23-12088 del 29 de agosto de
2023, hasta el 14 de diciembre siguiente.

Además, porque de acuerdo con lo consignado en el acápite de hechos probados, la
señora Luisa Fernanda Soto Pinto se encuentra próxima a la consolidación de la
calificación, según da cuenta el Oficio CSJCEOP23-462 del 1° de agosto de 2023, en
el que el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar pidió aclaración a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial respecto de las directrices a seguir para la
calificación integral de servicios de los jueces civiles especializados en Restitución de
Tierras, teniendo en cuenta que en la capacitación realizada el 31 de julio de 2023 se
entendió que a estos jueces se les debía consolidar la calificación integral de servicios,
y que, en el factor «eficiencia o rendimiento» se debían tener en cuenta las acciones
de tutelas y sentencias en materia civil.

Y en lo que se refiere al caso de Astrid Lorena Oyuela Aragón, se advierte que esta ya
fue objeto de calificación puesto que, el 29 de enero de 2024, el Consejo Seccional de
la Judicatura del Tolima ya le notificó de la efectiva calificación integral de servicio del
periodo 2022, realizada el 13 de diciembre de 2023, con 93 puntos.

En ese contexto, consideró procedente amparar los derechos a la igualdad y de acceso
a cargos públicos de las accionantes Luisa Fernanda Soto Pinto y Astrid Lorena
Oyuela Aragón y, en consecuencia, ordenó a la EJRLB efectuar el estudio de la
exoneración del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», una vez sean allegadas por
las accionantes las respectivas calificaciones integrales de servicios correspondientes
al período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022.

1.9.3. De otra parte, precisó que la acción de tutela tampoco es procedente, por no
superar el requisito de la subsidiariedad en torno a la pretensión de algunos
accionantes de inaplicar del numeral 3 del artículo 1 del capítulo V del Acuerdo
Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, por desconocer lo
previsto en el artículo 160 de la Ley 270 de 1996, en orden a que se les permita la
homologación requerida en la medida que los accionantes tienen a su disposición la
acción de nulidad por inconstitucionalidad, prevista en el artículo 135 del CPACA, si
consideran que la disposición censurada infringe preceptos constitucionales,
mecanismo que no acreditan haber ejercido.

1.9.4. Finalmente, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en lo
que respecta a la solicitud de protección del derecho fundamental de petición de la
señora Luisa Fernanda Soto Pinto, expediente: 2023-05440-00, en la medida que la
Unidad de Administración de Carrera Judicial dio respuesta a lo requerido en la
solicitud del 31 de marzo de 2023 al indicar que aún no se ha expedido el Acuerdo que

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reglamenta la calificación de los jueces civiles del circuito especializado en restitución
de tierras.

1.10. Impugnaciones

1.10.1. Fernando Arias García [proceso 2023-04922-00]

Reprochó que el a quo constitucional le hubiese negado el amparo tras afirmar que
ante la ausencia de calificación era su deber instar al Consejo Seccional de la
Judicatura de Boyacá y Casanare el cumplimiento de la norma que ordena la
respectiva evaluación.

Adujo que con dicha conclusión se incurrió en un defecto fáctico puesto que se
desconoció la prueba que anexó a su solicitud de amparo que demostraba que el 26
de septiembre de 2019 peticionó ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá
y Casanare lo siguiente:

[…]

1. Se sirva ordenar la expedición a mi costa copia de mi última calificaión de servicios
existente que repose en los archivos del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá
y Casanare.
2. En caso de no existir calificación de servicios, se sirva certificar lo anterior.

Bajo la misma argumentación indicó que se configuró un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto «pues exige presentar una prueba que es de imposible
recaudo (prueba diabólica) PORQUE COMO LO DEMUESTRO CON LA
CERTIFICACION ADJUNTA (Prueba 3 que se aportó con la tutela), NUNCA FUI
EVALUADO NI CALIFICADO POR SERVICIOS POR ORDEN JUDICIAL por lo que se
me hacia imposible solicitar la “exoneración” del IX Curso de formación Judicial pues
la misma suponía el contar con una calificación de servicios superior a 80 puntos».

De otro lado, adujo que se desconoció el precedente de la corporación32 en el cual se
estudió el artículo 2333 del Acuerdo 034 de 1994 del Consejo Superior de la Judicatura
«Por el cual se dictan reglas generales para los concursos de méritos destinados a la
selección de funcionarios y empleados de Carrera de la Rama Judicial» que consagró
la posibilidad de la homologación y concluyó que esa prerrogativa no contrariaba las
previsiones de la Ley 270 de 1996 por ser acorde a los fines que persigue todo proceso
de selección, entonces un concursante que con anterioridad aprobó otro curso de

32
Sentencia de 19 de noviembre de 2009 del Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Filemón Jiménez
Ochoa, Rad 25000-23-15-000-2009-01069-01.
33
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Curso de formación judicial. Los cursos de formación judicial
previstos como una de las fases para superar la etapa de selección del concurso, tienen por objeto
garantizar a los nuevos funcionarios y empleados el adecuado conocimiento de la Rama Judicial y la
destreza y las aptitudes profesionales especificas que requiera el desempeño del cargo al que aspiran
en particular, así como de los deberes, derechos y garantías que les son propios. Estos cursos serán
reglamentados, organizados y dirigidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Parágrafo primero. El Curso de formación judicial se realizará por una sola vez durante el término
individual de incorporación en el Registro Nacional de Elegibles. Parágrafo segundo. Cuando con
anterioridad el concursante hubiere participado y aprobado el curso de formación judicial el puntaje
obtenido en el mismo se computará en la etapa clasificatoria, salvo que se encontrare desempeñando
un cargo de carrera, caso en el cual se tendrá en cuenta la última calificación de servicios.
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formación judicial resultaba innecesario someterlo a otro cuando ya acreditó su
superación.

Finalmente, iteró lo expuesto en el libelo inicial referido a que si bien no desconoce
que cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el cual
ya incoó34 lo cierto es que no es idóneo, ni eficaz, ni oportuno, porque tras la congestión
judicial lo probable es que al momento de que se produzca un fallo ya el concurso se
habrá culminado35.

1.10.2. Iván Mauricio Fernández Arbeláez, Herney de Jesús Ortiz Moncada,
Ronald Castellar Arrieta y Manuel Ricardo Laverde Enciso [proceso 2023-05454]

Indicaron que si bien se complacen de la decisión del a quo constitucional al considerar
procedente la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable dado que el curso
concurso es una etapa eliminatoria, no predican lo mismo frente a la conclusión de que
la resoluciones que negaron las homologaciones son actos definitivos, ello en razón a
que el concurso de méritos está en desarrollo y el curso es una etapa que hace parte
del proceso de selección para proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial.

Consideraron erróneo el fallo de primera instancia en cuanto señaló que se debió
ejercer el medio de control de simple nulidad o la acción de nulidad por
inconstitucionalidad, porque «dichos medios de control proceden contra actos
administrativos de carácter general, los cuales no son susceptibles de vulnerar
derecho fundamental alguno, toda vez que son decisiones generales, impersonales y
abstractas y para el caso que nos ocupa, solo las decisiones que negaron la
homologación configuraron la transgresión de los derechos fundamentales que se
alegan violentados».

Manifestaron que la primera instancia nada refirió sobre el desconocimiento de su
propio precedente fijado en la sentencia del 19 de noviembre de 2009, dictada dentro
de la acción de tutela radicada con el número 25000-23-15-000-2009-01069-0136, en
el cual se concluyó que el curso de formación judicial solo era necesario realizarlo una
vez, atendiendo lo dispuesto por el artículo 16037 de la Ley 270 de 1993. Extrañaron

34
Informó que su asunto fue asignado al magistrado Néstor Javier Calvo Chaves del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, bajo el radicado 25000-23-42-000-2024-00055-00.
35
Para soportar el argumento de la congestión judicial replicó nuevamente datos estadísticos de la
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corporación
Excelencia en la Justicia y de un estudio sobre tiempos procesales que realizó el Consejo Superior de
la Judicatura.
36
M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
37
ARTÍCULO 160. REQUISITOS ESPECIALES PARA OCUPAR CARGOS EN LA CARRERA
JUDICIAL. Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere, además de los
requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de
selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los
reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa aprobación
del curso de formación judicial en los términos que señala la presente ley.
PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación judicial,
no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las
respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Con arreglo a la presente ley y dentro del año siguiente a su entrada en
vigencia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará todas las medidas que
sean necesarias para que el curso de formación judicial sea exigible, con los alcances que esta ley
indica, a partir del 1 de enero de 1997.
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de igual manera que no se hubiese analizado los antecedentes jurisprudenciales que
refirieron sobre la materia dictados por la Corte Suprema de Justicia.

De otra parte, indicaron que el artículo 160 de la Ley 270 de 1996 prevé que para el
ejercicio de cargos en la carrera judicial es necesario el cumplimiento satisfactorio del
proceso de selección el cual incluye el curso concurso, y respecto de este último se
hacen dos acotaciones especiales importantes para la interpretación que en este
momento está en debate, a saber que: i) que la aprobación del curso de formación
judicial es requisito indispensable para acceder por primera vez al cargo de funcionario
de carrera, y ii) los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso
concurso, no están obligados a repetirlo, puesto que para tales efectos se aplica un
sustitutivo como es la calificación de servicio.

Adujeron que dispensar un trato diferente a los funcionarios de carrera que ya
realizaron y aprobaron satisfactoriamente un curso concurso, y cercenar su derecho
legal estatutario a no repetirlo en razón a que por circunstancias ajenas a su voluntad
no tienen calificación de servicios, comporta un evidente trato desigual ante la ley «el
cual puede ser solucionado con la simple aplicación del artículo 13 de la Constitución
Política y del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, en la ecuación de la interpretación
del Acuerdo Pedagógico».

Por último, reprocharon que el juez de primer grado hubiese afirmado la existencia de
un presunto deber de solicitar la calificación y que aún existiendo en la Ley 270 de
1996 esa obligación, no sería exigible para los jueces administrativos que dejaron el
cargo antes del 1° de enero de 2017 en la medida que:

(i) El Acuerdo 10281 de 2014 no estaba vigente en el año 2016, para los jueces
administrativos, cuando se retiraron del servicio Herney de Jesús Moncada, Iván Mauricio
Fernández y Ronald Castellar Arrieta38

(ii) El Acuerdo 10622 de 2016 estaba dirigido a los jueces penales y por tanto no aplicaba
a los jueces administrativos, además estableció un criterio de calificación distinto,
dependiendo de la especialidad a que perteneciera cada juez. Para el caso de los jueces
administrativos, su regulación estaba en los artículos 81 a 94 y en el caso de los jueces
penales con función de control de garantías, artículos 50 a 56.

(iii) Reactivadas las calificaciones para jueces administrativos, lo cual ocurrió a partir del
año 2017, era imposible la evaluación de los que había hecho dejación del cargo. Ante los
inconvenientes y observaciones contra el Acuerdo 10281 de 2014, el Consejo Superior de
la Judicatura lo derogó expresamente a través del Acuerdo 10618 del 7 de diciembre de

38
Explicaron que las calificaciones de servicios de los jueces administrativos se encontraban
suspendidas en virtud de una medida cautelar adoptada por el Juzgado 17 Administrativo de Bogotá,
mediante auto del 5 de abril de 2010, dentro de la acción popular 2009-00144. Una vez fallada la acción
popular (sentencias de 30 de abril de 2012 y 21 de febrero de 2014), la medida cautelar quedó levantada
como es natural, por lo que el Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento del fallo de acción
popular, expidió el Acuerdo 10237 del 3 de octubre de 2014, el cual quedó integrado en un aparte del
Acuerdo 10281 de 2014. No obstante lo anterior, para el caso de los jueces administrativos no estaba
vigente el Acuerdo 10281 de 2014, debido a que la Corte Constitucional a través de sentencia de tutela
T-176 de 2016, dejó sin efectos el fallo emitido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro de la acción popular 2009-00144, lo que generó el decaimiento de los apartes del
Acuerdo 10281 de 2014, que regulaban la calificación de servicios de los Jueces Administrativos. El
decaimiento se produjo porque el referido acuerdo, en cuanto a los jueces administrativos se refiere,
fue expedido en cumplimiento del fallo de acción popular de segunda instancia, que había traído como
consecuencia el levantamiento de la medida cautelar que mantenía en suspenso la calificación de tales
jueces. Al dejarse sin efectos el fallo de segunda instancia, continuó vigente la medida cautelar adoptada
por auto del 5 de abril de 2010, consistente en la suspensión de la calificación de servicios de los jueces
administrativos. De esa manera, no podían evaluarse los períodos 2015 y 2016.
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2016. Este acuerdo rigió para las evaluaciones de los períodos posteriores al 1° de enero
de 2017, es decir, cuando los impugnantes Herney de Jesús Moncada, Iván Mauricio
Fernández y Ronald Castellar Arrieta habían dejado de ejercer como jueces administrativos.

Reflexionaron que no están obligados a lo imposible y no pueden soportar las
consecuencias de las fallas y omisiones en que incurrieron los responsables de las
evaluaciones.

1.10.3. Yomaira Valles Romero [2023-05771-00]

Informó lo siguiente: «Como fundamento de mi inconformidad me ratificó en los hechos
y argumentos expuestos en la demanda de amparo».

1.10.4. Piero Paolo Di Gennaro [proceso 2023-06299]

Refirió que el a quo constitucional al momento de analizar la subsidiariedad incurrió en
una «contradicción evidente» pues empieza reconociendo que los tutelantes cuentan
con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pero que en aras
de evitar un perjuicio irremediable declara procedente la acción de tutela y líneas
adelante, al resolver sus peticiones, afirmó que se debió ejercer el medio de control de
simple nulidad para controvertir la legalidad de lo reglado en el Acuerdo Pedagógico.

Reprochó que el fallo impugnado se hubiese limitado a argumentar que dura lex, sed
lex, sin estudiar el trato desigual para quienes siendo funcionarios judiciales no
cuentan con calificación de servicios.

1.10.5. Carlos Enrique Pinzón Muñoz – tercero vinculado

En primer lugar precisó que su situación guarda similitud fáctica con la expuesta por el
actor Fernando Arias García a quien se le indicó que el argumento de nunca haber
sido evaluado debido a que al interior de una acción popular39 se ordenó la suspensión
de la calificación de los jueces, no era suficiente para justificar la inobservancia de los
requisitos relativos a la exoneración del curso, porque el aspirante contó con más de
tres años para definir su situación administrativa de carrera y no requirió a la
administración su correspondiente evaluación.

En seguida manifestó su disenso frente al fallo impugnado que se resumen así:

(i) Afirmar que cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para debatir la legalidad de la Resolución EJR23-113 de 31 de agosto de 2023 cuando
no es así, en tanto se trata de un acto de trámite que solo impulsa el procedimiento del
concurso de méritos y de ninguna manera define el acceso a la carrera judicial, luego
no es pasible de control jurisdiccional.

(ii) Imponerle al concursante el impulso de una actuación de la administración que es
oficiosa -calificación de servicios-. A su criterio, ello se traduce en obligarlo a soportar
las cargas de una inejecución institucional; explicó que así hubiese requerido su
evaluación la entidad siempre respondería que ante la suspensión por orden judicial
no podía ser realizada.

39
Rad. 11001-33-31-017-2009-00144-00. Demandante: Camilo Augusto Delgado Rodriguez.
Demandado: Nacion, Rama Judicial y otros.

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(iii) Insistió en que, diferente a lo concluido en el fallo acusado, sí se contraría el
parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, en el sentido de que ningún aspirante
puede ser obligado a hacer más de un curso de formación inicial y que la accionada
se contradice en su actuación. Sobre este último punto narró que la EJRLB en el año
2016 le concedió la homologación dentro de la Convocatoria 22.

(iv) Precisó que en el fallo de primer grado se indicó que el Acuerdo Pedagógico
(PCSJA- 19-11405) varió algunas reglas establecidas en el concurso, cuando lo
evidente es que cambió lo dispuesto en la Ley Estatutaria, lo que es un «desatino
jurídico, puesto que como ha recordado el Consejo de Estado, el reglamento no puede
contrariar la ley que le da sustento jurídico, y que categóricamente expresa que el
curso de formación judicial no es obligatorio para quienes ya lo realizaron».

1.10.6. Tatiana Alexandra Betancur Giraldo – tercera vinculada

Aseguró que se le trata de manera injusta en tanto de que «pareciera que no se
reconoce el mérito y que, por el contrario, se castiga el ascenso en la carrera», explicó
que accedió a la carrera, posteriormente ocupó un cargo de mayor categoría, ascendió
de manera legítima y en uso de licencia no remunerada, pero por falta de
reglamentación de algunos criterios de evaluación no ha podido ser calificada y ello en
vez de ser traducido en meritocracia le acarrea una consecuencia adversa.

Manifestó que en anteriores oportunidades ha peticionado a la Unidad de Carrera
Judicial para que de conformidad con el parágrafo 2° del artículo 19 del Acuerdo
PSAA16-10618 de 2016 emita los criterios para calificar objetivamente su cargo en
carrera.

De otra parte, reprochó que pese a que fue vinculada como tercero con interés el juez
de la acción tutelar no refirió nada en la parte resolutiva ni siquiera para determinar
que el amparo había sido negado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas por los
señores Fernando Arias García; Iván Mauricio Fernández Arbeláez, Herney de Jesús
Ortiz Moncada, Ronald Castellar Arrieta y Manuel Ricardo Laverde Enciso; Yomaira
Valles Romero; Piero Paolo Di Gennaro; Carlos Enrique Pinzón Muñoz y Tatiana
Alexandra Betancur Giraldo de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 22 de febrero de 2024, en cuanto negó a los
mencionados impugnantes el amparo de sus derechos a la igualdad, al debido
proceso, al trabajo, de acceso a cargos públicos y a la carrera judicial, así como a los
principios del mérito y favorabilidad laboral.

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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) su naturaleza subsidiaria; y su
excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos; (iii) análisis frente a la
acreditación del perjuicio irremediable y, de ser superado (iv) el estudio de fondo del
asunto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuandoquiera que resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de
particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como
mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del
peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como
son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio
irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en
determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo, que
podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico
y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.4. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a

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las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia40.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.

Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan
suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir medidas cautelares
en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

No obstante, a pesar de ser este el juez natural de este tipo de asuntos es claro que
en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente
para precaver la vulneración de derechos fundamentales, pues se puede dar el caso
de que tal transgresión sea el producto de una decisión administrativa que a la luz del
ordenamiento contencioso se encuentre revestida de legalidad. En esos casos, la
tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías
de orden superior.

2.5. Análisis del presupuesto de subsidiariedad y el perjuicio irremediable

2.5.1. En síntesis, en el sub examine los impugnantes alegaron que se vulneraron sus
derechos fundamentales, comoquiera que, a su juicio, en el Acuerdo PCSJA19-11400
de 19 de septiembre de 2019 «Por el cual se adopta el Acuerdo Pedagógico que regirá
el IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados/as
y Jueces de la República en todas las especialidades, Promoción 2020-2021», se
estableció en el Capítulo V, numeral 3º un trato diferenciado e injusto al determinar los
requisitos que se deben comportar para lograr la homologación o exoneración del
curso concurso de la Convocatoria 27.

Narraron que solicitaron a la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» la homologación
del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», tomando como calificación la obtenida en
un curso de formación judicial inicial aprobado con anterioridad.

Dicha petición les fue negada, de manera conjunta, en la Resolución EJR23-113 del
22 de junio de 2023 tras considerar que la homologación solo puede ser solicitada por
concursantes que no hayan ocupado un cargo de carrera y, habida cuenta de que
todos los participantes relacionados en dicho acto administrativo son funcionarios o
exfuncionarios judiciales no les era aplicable. Ahí mismo les indicó que para los
funcionarios o exfuncionarios judiciales de carrera lo procedente era la figura de la
exoneración del curso concurso, caso en el cual se tomará la última calificación de
servicios como sustitutiva de la evaluación, siempre que sea superior a 80 puntos.

40
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
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Inconformes con esa decisión presentaron recurso de reposición en el cual afirmaron
que no les es posible pedir la exoneración por cuanto no cuentan con una calificación
de servicios debido a causas ajenas a su voluntad, las cuales expusieron de manera
extensa e independiente. A manera de ejemplo, se citan las siguientes:

• La orden proferida por el juez 17 Administrativo de Bogotá dentro de la acción
popular con radicado 11001-33-31-017-2009-00144-00, que suspendió la
calificación de los jueces administrativos de carrera.

• El Consejo Superior de la Judicatura no ha proferido la regulación del factor
«eficiencia o rendimiento» que ordena el artículo 44 del Acuerdo 10618 de 2016
para el cargo de juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Valledupar.

• No haber ejercido el cargo de carrera por lapso superior a 3 meses, tiempo
requerido en el artículo 5, literal c, del Acuerdo PSAA16-10618 de 7 de
diciembre de 2016.

• Otorgamiento de licencias no remuneradas para desempeñar un cargo de
mayor jerarquía a aquel que ostentan en carrera.

La Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», a través de las Resoluciones EJR23- 314,
EJR23-312, EJR23-287, EJR23-259, EJR23-289, EJR23-290, EJR23-255 y EJR23-
294 del 31 de agosto de 2023, resolvió confirmar en cada asunto lo resuelto.

Ahora, en sus solicitudes de amparo pidieron dejar sin efectos los anteriores actos
administrativos y que se estudiara vía tutela el sustento constitucional y legal del
referido Acuerdo Pedagógico PCSJA 19-11400 de 19 de septiembre de 2019, que a
su criterio, vulnera las disposiciones del artículo 16041 de la Ley 270 de 1996 que prevé
la realización del curso de formación judicial para el ingreso por primera vez a cargos
de carrera en la Rama Judicial y porque dejó un vacío legal para aquellos funcionarios
o exfuncionarios que no han sido objeto de calificación de servicios, a quienes en virtud
del derecho a la igualdad se les debiera acceder a la homologación tomando como
calificación la obtenida en un curso de formación judicial inicial aprobado con
anterioridad.

41
ARTÍCULO 160. REQUISITOS ESPECIALES PARA OCUPAR CARGOS EN LA CARRERA
JUDICIAL. Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere, además de los
requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de
selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los
reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de la previa aprobación
del curso de formación judicial en los términos que señala la presente ley.
PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación judicial,
no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las
respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Con arreglo a la presente ley y dentro del año siguiente a su entrada en
vigencia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará todas las medidas que
sean necesarias para que el curso de formación judicial sea exigible, con los alcances que esta ley
indica, a partir del 1 de enero de 1997.

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Bajo el anterior panorama, conviene recordar que con el Acuerdo PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 2018, se adelantó el proceso de selección para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado Convocatoria 27, que en su
artículo 3.° estableció lo siguiente:

ARTÍCULO 3. El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma obligatoria y
reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto
para la administración como para los participantes, quienes, con su inscripción, aceptan
las condiciones y términos señalados en el presente Acuerdo.

Además, en cuanto a las fases que conforman el mencionado concurso de méritos, en
el acuerdo se determinó, entre otras cosas, lo que se transcribe a continuación:

4. ETAPAS DEL CONCURSO

El concurso de méritos comprende dos (2) etapas: Selección y Clasificación.

4.1 Etapa de Selección

Comprende la Fase I - Prueba de Aptitudes y Conocimientos, la Fase II – Verificación de
requisitos mínimos y la Fase III – Curso de Formación Judicial Inicial, las cuales ostentan
carácter eliminatorio. (Artículos 164 - 4 y 168 LEAJ).
[…]

Fase III. Curso de Formación Judicial Inicial

Los aspirantes que aprueben la prueba de conocimientos y de aptitudes y que reúnan
los requisitos para el cargo de aspiración, serán convocados a través de la página web
de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a participar en la Fase III - Curso de
Formación Judicial Inicial, que estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura a
través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Para tal efecto deberán inscribirse
obligatoriamente, en la fecha, lugar y hora que se indique en la citación. La no inscripción
conllevará el retiro del proceso de selección del o de la aspirante.
[…]

Acuerdo Pedagógico: El Curso de Formación Judicial Inicial se regirá por las anteriores
disposiciones y por las que se señalen en el correspondiente Acuerdo Pedagógico, que
expida el Consejo Superior de la Judicatura para el efecto y que se constituye en norma
rectora de su desarrollo en todas las sub fases, el cual será publicado en la Gaceta
Judicial y en la página web de la Rama Judicial -www.ramajudicial.gov.co-. (Se subraya).

Ahora bien, en virtud de lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, en el que se establecieron,
entre otras reglas, los requisitos para solicitar la homologación o exoneración del IX
Curso de Formación Judicial Inicial.

Con fundamento en el mencionado acuerdo, así como en aplicación a lo previsto en el
parágrafo del artículo 16042 de la Ley 270 de 1996, la directora de la Escuela Judicial
«Rodrigo Lara Bonilla» expidió las Resoluciones EJR23-314, EJR23-312, EJR23-287,
EJR23-259, EJR23-289, EJR23- 290, EJR23-255 y EJR23-294 del 31 de agosto de
2023 que resolvieron finalmente de forma negativa la petición de homologación de los
recurrentes.

42
«PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación
judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán
las respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación».
31
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Demandantes: Fernando Arias García y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicados: 11001-03-15-000-2023-04922-01 y acumulados

2.5.2. Pues bien, realizado el breve recuento normativo, para la Sala el presente
asunto se torna improcedente, teniendo en cuenta que los reproches se dirigen a
cuestionar no solo un acto administrativo de carácter general, como lo es el Acuerdo
PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, sino además unos actos
administrativos de contenido particular expedidos por la Escuela Judicial «Rodrigo Lara
Bonilla».

Lo anterior encuentra fundamento en que lo pretendido configura las causales de
improcedencia fijadas en los numerales 1° y 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, que señalan:

Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.
[…]

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”. (Énfasis propio)

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la
acción de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos, en consideración a que la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través
de los respectivos medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la administración y proteger
los derechos de las personas43.

De igual forma, se ha precisado que el requisito de subsidiariedad exige que el
peticionario despliegue de manera diligente los medios judiciales que estén o hayan
estado a su disposición, siempre y cuando sean idóneos y efectivos para la protección
de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados, pues «[u]na acción
judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de
los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados»44.

En el caso objeto de análisis, ante la existencia de otro medio de defensa judicial, esto
es, el de simple nulidad para controvertir el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de
septiembre de 2019, así como el de nulidad y restablecimiento del derecho para haber
reprochado las resoluciones a través de las cuales se les negó la solicitud de
homologación del IX Curso de Formación Judicial Inicial que elevaron, impide que el
juez de tutela se pronuncie sobre la validez de las decisiones del Consejo Superior de
la Judicatura y de la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», porque deben ser
controvertidos ante el juez natural de la causa ordinaria en virtud de lo estipulado en
la Ley 1437 de 2011, donde además incluso, se pueden solicitar las medida cautelares
pertinentes.

43
Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
44
Corte Constitucional, sentencia T-260 de 2018.
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Es oportuno recordar que definir un acto administrativo como definitivo, no implica
siempre hallarse en el final del trámite, comoquiera que puede ser que cierre un ciclo
autónomo de la actuación administrativa claramente definido.

En ese orden de ideas, corresponde al juez de lo contencioso administrativo a la hora
de decidir las medidas cautelares que le sean solicitadas dentro del trámite de un
proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, los derechos de las personas -sean estos de carácter
fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el artículo
103 de la Ley 1437 de 2011.

Es preciso señalar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este
requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela
y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el referido numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que estableció que, al existir otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.

La Corte Constitucional ha indicado que cuando una persona acude al servicio de
administración de justicia con el propósito de que le sean protegidas sus prerrogativas,
no puede omitir los medios judiciales estipulados en el ordenamiento jurídico, puesto
que en la Constitución Política de 1991, se colige que la garantía para la efectividad
material de los derechos fundamentales no es un asunto exclusivo de la acción de
tutela, habida cuenta de que todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios
previstos en cada materia deben buscar la defensa de aquellos.

En la misma línea, la Corte Constitucional manifestó en la sentencia T–030 de 2015:
«[q]ue conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo
el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para
ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección
de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la
jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable
[…]».

De manera que, podrá ejercerse la acción de tutela contra un acto administrativo,
excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
También, en el evento en que se constata que el medio de control preferente carece
de idoneidad y/o eficacia para garantizar la protección oportuna e inmediata sobre los
derechos fundamentales vulnerados.

Ahora, conviene precisar que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, solo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido de dicho
acto afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona determinada
o determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional

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consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez
competente45.

Al respecto, diferente a lo concluido por el a quo constitucional, no se acredita un
perjuicio irremediable que habilite un estudio de forma transitoria ante la configuración
de aquel y que afecte de manera directa los derechos fundamentales invocados.

La referida Alta Corte en sentencia T-097 de 2011, señaló que para que aquel perjuicio
se configure se requiere:

Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se esté frente a un
perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que
únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las circunstancias del
caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente, esto es, que no se
debe a conjeturas o especulaciones, sino que se haya sustentado en la apreciación
razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra gravedad, desde el punto
de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza del derecho fundamental
que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que sea necesario e
inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión antijurídica de
connotación irreparable (…)46.

2.5.3. En el asunto sub examine dicho perjuicio no se evidencia, habida cuenta de que
de los reparos planteados no se advierte una violación protuberante que permita
establecer de plano que las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la
Judicatura y la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», conducentes a establecer el
procedimiento, requisitos y aceptación de la homologación y exoneración del Curso de
Formación Judicial Inicial, sean impertinentes, además los actores siguen habilitados
para seguir adelantando las etapas del concurso.

En las solicitudes de amparo los accionantes indicaron que la decisión de la EJRLB de
negarles la homologación del curso de formación configura un perjuicio irremediable,
comoquiera que los mecanismos ordinarios no resultan en este caso efectivos para la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, pues se les está obligando a
repetir el mismo curso.

Sin embargo, esta afirmación no prueba siquiera sumariamente que se configure la
amenaza de un perjuicio irremediable que implique la necesidad y urgencia de que el
juez constitucional supla las funciones de la autoridad judicial de la causa en el estudio
de validez del Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019, así como de
las resoluciones a través de las cuales se decidió la solicitud de homologación del IX
Curso de Formación Judicial Inicial.

Finalmente, es preciso señalar que, tampoco se acreditó ninguna de las circunstancias
excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para superar el requisito
de la subsidiariedad y que esta Sección ha abordado en anteriores oportunidades. Esto
es así porque:

a) Los cargos ofertados en la Convocatoria 27 no son aquellos de periodo fijo
determinado por la Constitución o por la ley.

45
Ver sentencia C-312 de 28 de noviembre de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos
46
«T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».
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b) En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer
lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa etapa de la
convocatoria cuestionada, además no es el objeto de esta acción.

c) No se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos fundamentales de
los concursantes y no hay evidencia de que los fundamentos de las pretensiones y la
afectación puedan escapar del control del juez de lo contencioso administrativo. Por
tanto, no se acreditó que este asunto contenga «una marcada relevancia
constitucional», evidencia más un juicio de legalidad.

d) La parte actora no demostró, ni en el proceso constitucional se observó, que está
bajo condiciones particulares de edad, estado de salud, condición social u otras, por
las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al mecanismo ordinario ante los
jueces administrativos.

En consecuencia, ante la ausencia de una vulneración palmaria, se desvirtúa la
urgencia alegada, con fundamento en la cual se pretende que el juez de tutela realice
un pronunciamiento respecto de las directrices que implementó del Consejo Superior
de la Judicatura a través del Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019
y de las decisiones de negar la solicitud de homologación contenidas en las
Resoluciones EJR23-314, EJR23-312, EJR23-287, EJR23-259, EJR23-289, EJR23-
290, EJR23-255 y EJR23-294 de 31 de agosto de 2023.

Así las cosas, la Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia en
cuanto negó el amparo a los señores Fernando Arias García, Iván Mauricio Fernández
Arbeláez, Herney de Jesús Ortiz Moncada, Ronald Castellar Arrieta, Manuel Ricardo
Laverde Enciso, Yomaira Valles Romero, Piero Paolo Di Gennaro, Carlos Enrique
Pinzón Muñoz y Tatiana Alexandra Betancur Giraldo para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción de tutela, debido a que no satisface el presupuesto de la
subsidiariedad y no se acreditó la amenaza de un perjuicio irremediable.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el fallo de 22 de febrero de 2024, por
medio del cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la
acción de tutela a los señores Fernando Arias García, Iván Mauricio Fernández
Arbeláez, Herney de Jesús Ortiz Moncada, Ronald Castellar Arrieta, Manuel Ricardo
Laverde Enciso, Yomaira Valles Romero, Piero Paolo Di Gennaro, Carlos Enrique
Pinzón Muñoz y Tatiana Alexandra Betancur Giraldo para, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE el amparo solicitado.

SEGUNDO: Mantener incólume, en lo demás, la sentencia impugnada.

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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Radicados: 11001-03-15-000-2023-04922-01 y acumulados

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el
número de radicación en el siguiente link

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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