Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05512-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05512-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05512-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
30 de enero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05512-01
Accionante: Alexander Gil Aguirre
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05512-01
Accionante: Alexander Gil Aguirre
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de Carrera Judicial y otro
Tema: La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso de los
mecanismos ordinarios establecidos en la ley para la defensa de sus
derechos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante, Alexander Gil
Aguirre, en contra de la sentencia de tutela de 29 de enero de 2024, proferida
por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó
el amparo de los derechos fundamentales invocados.
I. LA SOLICITUD
Alexander Gil Aguirre, en nombre propio, promovió acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales
estima vulnerados con ocasión de los actos administrativos que negaron su
solicitud de exoneración del «IX Curso de Formación Judicial Inicial para
aspirantes a cargos de Magistrados/as y Jueces de la República en todas las
especialidades», específicamente las Resoluciones EJR23-110 del 22 de junio
y EJR23-258 del 31 de agosto de 2023, para lo cual formuló las siguientes
pretensiones:
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Accionante: Alexander Gil Aguirre
“Solicito dejar sin efecto la Resolución No. EJR23-258 del 31 de agosto de 2023,
por medio de la cual se confirmó la Resolución No. EJR23-110 del 22 de junio de
2023 y, en su lugar, ordenar a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo,
emita un nuevo acto administrativo teniendo en cuenta las consideraciones
advertidas por el Juez Constitucional.”
La parte accionante manifiesta que se inscribió en el concurso de méritos
convocado por el Acuerdo PCSJA 18-11077 (Convocatoria 27) del Consejo
Superior de la Judicatura. Aduce que dentro de los términos establecidos en el
cronograma de la Fase III de la etapa de selección de la convocatoria No. 27,
varios aspirantes solicitaron la exoneración del IX Curso de Formación Judicial
Inicial.
Afirma que mediante Resolución No. EJR23-110 del 22 de junio de 2023, la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” le negó la solicitud de exoneración del
IX Curso de Formación Judicial Inicial, con fundamento en que no demostró
haber realizado un curso de formación judicial inicial anterior.
Asegura que contra la anterior decisión formuló recurso de reposición al
estimar que ese requisito no le es exigible a los funcionarios de carrera judicial,
pues precisamente la experiencia suple esa formación, que se presume ya se
adquirió con el transcurso de los años. Alega que ese requisito no le es exigible,
dado que es Juez de la República desde el año 2001, tal y como acredita con
la certificación laboral de tiempo de servicios que anexa, e incluso, por un par
de años afirma hizo parte de la red de Formadores y Formadoras Judiciales de
la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
Señala que mediante Resolución No. EJR23-258 del 31 de agosto de 2023, se
resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión
recurrida.
Alega que la decisión de negarle la solicitud de exoneración del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, con fundamento en que no demostró haber realizado
un curso de formación judicial inicial anterior, vulnera su derecho fundamental
al debido proceso al incurrir en un defecto sustantivo, consistente en
interpretar erróneamente el artículo 160 de la Ley 270 de 1996, ya que dicha
norma en el inciso segundo establece que los funcionarios de carrera judicial
están exonerados del curso de formación judicial porque «la experiencia suple
esa formación, que se presume ya se adquirió con el transcurso de los años».
Estima que los actos censurados aplican erróneamente el Acuerdo PCSJA19-
11400 del 19 de septiembre de 2019, lo que desconoce el inciso segundo del
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artículo 160 de la Ley 270 de 1996. Alega que como funcionario de carrera
debió ser exonerado del IX Curso de Formación Judicial Inicial y como factor
sustitutivo de evaluación debió tenerse en cuenta la calificación de servicios.
Considera que los actos cuestionados vulneran su derecho a la igualdad debido
a que reconocen «una mayor ventaja» a los funcionarios de carrera que
acrediten haber realizado un curso de formación judicial.
Resalta que, aunque cuenta con otros mecanismos ordinarios de defensa
judicial, estos no son eficaces para resolver el problema jurídico planteado;
además, de que promover una medida provisional de suspensión de los actos
censurados afectaría a los demás aspirantes para acceder a un cargo público.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. Por auto de 3 de octubre de 2023, el despacho sustanciador de la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
2.2. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla presentó informe en el que
solicita se declarara improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito
de subsidiariedad, toda vez que el accionante cuenta con otros mecanismos
judiciales para proteger sus derechos, los cuales están previstos en la Ley
1437 de 2011, en donde además puede solicitar las medidas cautelares.
Aduce que no se configura un perjuicio irremediable para el aspirante ni una
vulneración flagrante a sus derechos fundamentales por cuanto está habilitado
para adelantar el IX Curso de Formación Judicial Inicial y que se produciría un
perjuicio si se le obstaculizara o negara su participación en el curso - concurso,
dado el carácter eliminatorio de esta etapa del proceso meritocrático, lo que
no ocurre en el caso concreto.
Afirma que eventualmente la Corte Constitucional ha estimado que procede la
tutela contra actos administrativos expedidos en concurso de méritos, pero
referente a la etapa de formación de la lista de elegibles, fase en la que aún
no está la presente convocatoria, la cual se encuentra en la Fase III, que tiene
una naturaleza eliminatoria y no existe por el momento una lista de elegibles,
pues esta se conformará con los participantes que aprueben el IX Curso de
Formación Judicial Inicial o acrediten los requisitos del artículo 160 de la Ley
270 de 1996.
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Asegura que las figuras de homologación y exoneración del IX Curso de
Formación Judicial Inicial, consagradas en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-
11400 del 11 de septiembre de 2019, no fueron establecidas como alternativas
para ser escogidas de manera discrecional por los aspirantes, conforme a la
que más les favorezca, sino, como beneficios con aplicación a dos situaciones
jurídicas diferentes.
Señala que no es posible concluir, como lo hace el accionante, que la
experiencia en un cargo de funcionario judicial durante un lapso de tiempo
suple la realización del curso de formación judicial inicial, pues ni la Ley
Estatutaria 270 de 1996 ni los Acuerdos determinan que esa situación pueda
configurar alguna excepción que permita la exoneración de la realización del
mismo, ni tampoco el haber sido parte de los capacitadores convocados por la
Escuela Judicial. Precisa que lo que se busca este curso es capacitar de manera
suficiente al funcionario judicial, queriendo dotarlo de las mejores y más altas
calidades y capacidades jurídicas para el desempeño de su función.
Enfatiza que no se desconoce el debido proceso, y que se respeta el principio
de legalidad, puesto que en los actos administrativos que analizaron y
decidieron la exoneración del aspirante, se evaluó si él cumplía con los
requisitos legales para acceder al beneficio, conforme a lo estipulado en la Ley
270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019 (Acuerdo Pedagógico),
concluyendo que no los acreditó en su totalidad.
Destaca que no se vulnera el derecho de igualdad, pues no es verdad que a
los funcionarios de carrera que cuenten con el curso de formación judicial
inicial se les haya brindado una mayor ventaja, dándoles la posibilidad de
elegir entre la exoneración o la homologación, ya que el Acuerdo Pedagógico
evidenció la existencia de dos situaciones fácticas distintas, con las cuales se
agruparon los aspirantes que podían obtener la homologación y los que podían
obtener la exoneración, no siendo posible que estos escojan, o que la Escuela
Judicial pase a elegir por ellos a discrecionalidad.
2.3. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de Carrera Judicial presentó informe en el que solicita su desvinculación por
falta de legitimación por pasiva en tanto que no tiene injerencia para expedir
o modificar los actos administrativos censurados, además de que la fase III
del concurso está a cargo exclusivamente de la Escuela Judicial, por lo que lo
tramitado en dichas etapas no es de su competencia. De igual forma solicita
se niegue el amparo porque el acto administrativo no vulneró ningún derecho
fundamental del accionante.
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III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 29 de enero de 2024 negó la solicitud de amparo, al estimar que
no se vulneraron los derechos fundamentales invocados. Así mismo, negó la
solicitud de desvinculación presentada por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial.
Como fundamento de su decisión señaló que el requisito de subsidiariedad se
encuentra acreditado, en la medida en que no se advierte otro medio de
defensa idóneo para la protección de los derechos fundamentales alegados.
Aduce que el acto administrativo por medio del cual se resuelve la solicitud de
exoneración no es un acto administrativo definitivo, sino de trámite, que da
impulso a la actuación, por lo que no es susceptible de control judicial; no
obstante, define una situación especial y sustancial dentro del concurso de
méritos, por lo que proyecta sus efectos en la decisión final y puede ocasionar
una vulneración a derechos fundamentales. Afirma que en el presente caso se
encuentran satisfechos los requisitos para que proceda la tutela contra actos
administrativos ya que (i) el concurso de méritos no ha concluido; (ii) el acto
acusado define una situación especial y sustancial que se proyecta en la
decisión final, pues puede incidir en la clasificación en la lista de elegibles; y
(iii) se evidencia una presunta vulneración a los derechos fundamentales del
accionante.
En el caso concreto, indica que los actos atacados no vulneran el derecho al
debido proceso, ya que la autoridad accionada respetó las reglas y las etapas
establecidas en los Acuerdos PCSJA 18-11077 de 2018 y PCSJA19-11400 de
2019 (Acuerdo Pedagógico), garantizando el derecho de defensa y
contradicción durante la solicitud de exoneración.
Asegura que tampoco se trasgrede el derecho de igualdad en razón a que la
exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial está prevista como una
prerrogativa para aquellos funcionarios judiciales que cursaron y aprobaron un
curso de formación judicial previo, por lo que la exoneración no puede
extenderse a los funcionarios que ingresaron a la carrera judicial sin haber
cumplido con este requisito, pues la finalidad del concurso es dotar de
herramientas académicas al funcionario para garantizar la adecuada y recta
administración de justicia. En este caso no se está otorgando una ventaja
injustificada o creando una situación discriminatoria en contra del accionante,
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simplemente se están aplicando las disposiciones del artículo 160 de la Ley
270 de 1996.
IV. ACTUACIONES POSTERIORES A LA SENTENCIA
4.1. El 3 de octubre de 2024 el accionante presentó solicitud de nulidad de la
notificación del fallo de tutela de primera instancia, la cual fue rechazada de
plano mediante auto de 21 de octubre de 2024. En esta misma providencia se
ordenó a la Secretaría General de la Corporación notificar nuevamente al
accionante la sentencia proferida el 29 de enero de 2024 dentro de la presente
acción de tutela.
4.2. Mediante auto de 6 de noviembre de 2024 se concedió la impugnación
interpuesta por el accionante en contra del fallo de 29 de enero de 2024.
4.3 Ingresado el expediente al Despacho sustanciador para decidir sobre la
impugnación, el 29 de noviembre de 2024, el Consejero de Estado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes manifestó su impedimento para actuar en el
presente proceso, el cual fue declarado infundado mediante providencia de 12
de diciembre de 2024.
V. LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con la decisión adoptada, el accionante impugnó el fallo de primera
instancia, con el fin de que se revoque y, en su lugar, se conceda el amparo
solicitado, con fundamento en los siguientes argumentos:
Manifiesta que en el fallo objeto de impugnación, incurre en un defecto
sustantivo por indebida interpretación del artículo 160 de la Ley 270 de 1996,
ya que a pesar de la claridad de la norma se negó la solicitud de exoneración
del IX Curso de Formación Judicial.
Aduce que el curso de formación es un requisito para los discentes que van a
acceder por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera, pero que
el citado requisito no es exigible a los funcionarios de carrera judicial, pues
precisamente la experiencia suple esa formación, que se presume ya se
adquirió con el transcurso de los años.
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Destaca que no se debe confundir las figuras de exoneración con la de
homologación, pues si los supuestos de hechos son diferentes, las
consecuencias jurídicas también lo son.
Alega que, si bien cuenta con el “[…] medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que resuelva el
recurso de reposición interpuesto con (sic) la Resolución EJR24-298, por medio
del cual se dio a conocer los resultados y me encuentro con una calificación un
poco inferior a los 800 puntos, que me impide continuar en curso de formación
judicial, el mismo no es idóneo y eficaz por el tiempo que se demora la
autoridad judicial competente en resolver. Lo digo con conocimiento de causa
porque contra el anterior concurso -el de 2014-, acudí en el año 2106 a dicho
medio de control y hasta la fecha, a pesar de que ha transcurrido más de 8
años, aun no se ha proferido fallo. […]”
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
6.2. Hechos relevantes
6.2.1. El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA 18-11077
del 16 de agosto de 2018, “Por medio del cual se adelanta el proceso de
selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos
de funcionarios de la Rama Judicial”.
6.2.2. Mediante la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 expedida
por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura se admitió a los aspirantes al concurso de méritos destinado a la
conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18 11077
de 16 de agosto de 2018, entre los cuales se encuentra el accionante.
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6.2.3. Por medio de la Resolución No. EJR23-110 del 22 de junio de 2023 la
Directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” Unidad del Consejo
Superior de la Judicatura negó la solicitud del accionante de exoneración del
IX Curso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados, con
fundamento en que no demostró haber realizado un curso de formación judicial
inicial anterior.
6.2.4. Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de reposición, el
cual fue decidido mediante la Resolución No. EJR23-258 del 31 de agosto de
2023 en el sentido de confirmar la Resolución EJR23-110 de 2023, que negó
la solicitud de Exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
6.3. Análisis de la Sala
Sobre el particular, es preciso señalar el a quo negó la solicitud de amparo al
considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el
accionante; sin embargo, la Sala previamente debe establecer, si en este caso,
se cumple el requisito general de subsidiariedad.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela sólo
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable1.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de
tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la tutela solo es
procedente (i) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial; (ii) si
existe otro medio, la intervención del juez constitucional es necesaria para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el que, la acción
procederá de manera transitoria y, (iii) en el evento en que los mecanismos
de defensa judicial no resulten idóneos o eficaces para lograr la protección de
1
“Artículo 86. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”
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los derechos presuntamente vulnerados, evento en el que procede de manera
definitiva2.
Para decidir lo pertinente, es preciso advertir que sobre la Convocatoria nro.
27 y la procedencia de la acción de tutela para cuestionar los actos
administrativos expedidos en desarrollo de la misma, la Corte Constitucional
en sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022, indicó lo siguiente:
“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en principio,
el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un acto administrativo.
Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha dispuesto los
medios de control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos procesales
para demandar el control judicial de los actos administrativos.
94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario natural para la
reivindicación de los derechos fundamentales conculcados en este contexto. Allí,
los interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad correspondiente,
sino, además, el restablecimiento de los derechos fundamentales que hayan sido
vulnerados. Las medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales
permitirían prevenir la consumación de un daño definitivo mientras se surte la
causa judicial, corroboran la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.
95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los
concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha manifestado que el juez
de lo contencioso administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones
de los derechos fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla general, […] es
improcedente la acción de tutela que pretenda controvertir los actos proferidos
por las autoridades administrativas que se expidan con ocasión de un concurso
de méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales como lo
dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011». La posibilidad de emplear las
medidas cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa,
anticipativa o de suspensión», demuestra que tales acciones «constituyen
verdaderos mecanismos de protección, ante los efectos adversos de los actos
administrativos».
96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el
campo específico de los concursos de mérito. Los actos administrativos que se
2
Corte Constitucional. Sentencia T- 332 de 2018
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dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados
por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i)
inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del
derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y
iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.
97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la
protección del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en
el reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial.
En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto «la persona
afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender
eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran». Habida cuenta de esta circunstancia, la acción
de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de
trámite o de ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera que
tales decisiones no son susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo
Contencioso Administrativo».
98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable. Este supuesto de hecho se presenta
cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible
afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción».
99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que
presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean
controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso
administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a
determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar
que la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales».
[…]
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109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de trámite expedidos en el marco de los concursos de méritos.
Con fundamento en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena de
esta corporación ha propuesto los siguientes requisitos, que permiten evaluar la
procedibilidad específica de la acción de tutela contra estos actos en particular:
«i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya
concluido; ii) que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que
se proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la vulneración o amenaza real
de un derecho constitucional fundamental». A continuación, se procede a
analizar la procedibilidad de las acciones interpuestas en los procesos bajo
revisión, a la luz de estas exigencias.
110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-8.252.659, T-
8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos específicos de procedibilidad
para el caso de actos de trámite. La Sala Plena juzga que las acciones de tutela
presentadas por Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos establecidos por la
jurisprudencia constitucional sobre este asunto específico. En primer lugar, la
actuación administrativa que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-
11077 se encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la Resolución
CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para la práctica de la prueba
de conocimientos y aptitudes. Por consiguiente, la actuación se encuentra en la
primera fase de la primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el acto de convocatoria.
111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e] una situación
especial y sustancial que se proyect[a] en la decisión final». Si bien el acto
administrativo que da a conocer los resultados de la prueba de conocimientos y
aptitudes es un acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de
indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria. Antes de ahondar
en este asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer hincapié en la naturaleza
jurídica de la Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de trámite: la
manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que se
encuentra contenida en la resolución no trae como consecuencia la finalización
o la obstaculización del avence de la actuación administrativa que se encuentra
en curso. Por el contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se
han presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de conocimientos
y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho acto administrativo sea de
trámite, y no un acto administrativo definitivo. […]”
De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela es improcedente para reclamar
la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con
ocasión de una decisión de la administración en el trámite de un concurso de
méritos, excepto si: i) no existe otro mecanismo judicial que permita
demandar la protección de la garantía constitucional fundamental infringida;
ii) se configura un perjuicio irremediable o iii) se trata de un asunto cuyo
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Accionante: Alexander Gil Aguirre
problema constitucional desborda el marco de competencia del juez
administrativo. Sin embargo, prevé una excepción a dicha regla y son los actos
de trámite, siempre y cuando la actuación de la que hace parte este, no haya
concluido.
En el caso concreto, el actor interpuso la presente acción de tutela en la que
pretende se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad los cuales estima vulnerados con ocasión de la expedición de los actos
administrativos que negaron su solicitud de exoneración del IX Curso de
Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de Magistrados y Jueces de
la República en todas las especialidades de la Rama Judicial y, en
consecuencia, solicita se expida un nuevo acto.
En el contexto anterior, la Sala advierte que, contrario a lo señalado por el a
quo, la presente demanda constitucional es improcedente, en razón a que
existe otro medio de defensa judicial para cuestionar los actos censurados, ya
que el punto de controversia se desprende de lo decidido en las Resoluciones
EJR-110 del 22 de junio y EJR23-258 de 31 de agosto de 2023, expedidas por
la Escuela Judicial Lara Bonilla, por medio de las cuales se negó al accionante
el trámite de exoneración del IX Concurso de Formación Judicial del actor en
la Convocatoria nro. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo nro.
PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, actos administrativos que pueden
ser controvertidos a través de los medios de control de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa,
trámite en el que además, podrá solicitar las medidas cautelares dispuestas
en el CPACA.
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la tutela será
procedente cuando a pesar de que existe otro medio de defensa, la
intervención del juez constitucional sea necesaria para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
En caso particular, en lo que tiene que ver sobre el perjuicio irremediable, de
lo expuesto en el libelo introductorio no es posible establecer dicha
circunstancia, ya que los argumentos tanto del escrito de tutela como de
impugnación están dirigidos a señalar las razones por las cuales, a su juicio,
la entidad accionada aplicó indebidamente una norma al expedir los actos
acusados.
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Por último, cabe señalar que la postura acogida en esta providencia ha sido
reiterada en varios pronunciamientos de tutela de esta Sección3, así como de
la Corporación4.
Por lo anterior, la Sala revocará el fallo de tutela del 29 de enero de 2024,
proferido por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y,
en su lugar, declarar improcedente la presente acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de enero de 2024 proferida por la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por el señor
Alexander Gil Aguirre, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez ejecutoriada esta providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
3
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 3 de octubre de 2024, rad. 11001-03-15-
000-2024-01957-01, C.P. Oswaldo Giraldo López; Sentencia de 10 de noviembre de 2023,
rad. 11001-03-15-000-2023-06233-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
4
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 2 de mayo de 2024, rad. 11001-03-15-
000-2023-04922-01 (acumulado), C.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sección Segunda,
Subsección “A”, sentencia de 11 de abril de 2024; rad. 11001-03-15-000-2023-07678-01,
C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez y; Sección Quinta, Sentencia de 15 de febrero de 2024, rad.
1101-03-15-000-2024-00056-00, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra (E).
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Accionante: Alexander Gil Aguirre
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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