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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01957-01

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01957-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida por la la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que quedará así: “PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a los cargos públicos. TERCERO: DECLARAR que le está siendo vulnerado el derecho fundamental de petición de John Jairo Castro Calveche, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, y, por lo tanto, que hay lugar a ampararlo. CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, se le ordena al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a resolver el recurso de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Radicado: 11001 03 15 000 2024 01957 01 Demandante: John Jairo Castro Calvache reposición respecto de la calificación integral de servicios del señor John Jairo Castro Calvache, correspondiente al año 2022, y de ser pertinente disponga lo que corresponda en relación con la concesión del recurso de apelación.”. SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-01957-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de octubre de 2024

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01957 01
Demandante: John Jairo Castro Calvache

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 01957 01
Accionante: John Jairo Castro Calvache
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá - Dirección Unidad de Administración de Carrera Judicial -
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Tesis: Es improcedente la acción de tutela por falta del cumplimiento del requisito
de general de subsidiariedad.

ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas por el señor John Jairo Castro
Calvache y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en contra de la
sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que resolvió declarar improcedente la acción de
tutela respecto de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a los cargos
públicos, por no cumplir el requisito de subsidiariedad y, por otro lado, amparó frente
al derecho de petición.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor John Jairo Castro Calvache, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Dirección Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a cargos públicos.

Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01957 01
Demandante: John Jairo Castro Calvache

“PETICIÓN

1. Que se amparen mis derechos fundamentales a la igualdad y acceso a
cargos públicos y, en consecuencia, se ordene a la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” dejar sin efectos el oficio EJO24-298 del 11 de marzo de 2024 y la
Resolución EJR24- 205 del 18 de Abril de 2024, mediante los cuales negó mi
petición de exoneración del IX Curso de Formación Judicial.

2. Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y/o al Consejo
Superior de la Judicatura que AGILICE y notifique la decisión que resuelve los
recursos contra mi calificación integral de servicios de funcionario judicial en
propiedad correspondiente al año 2022, que fue notificada el 7 de marzo de
2024.

3. Ordenar a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” que una vez notificada
la decisión definitiva de dicha calificación integral de servicios, me permita
acceder a la EXONERACIÓN del IX Curso de Formación Judicial dentro de la
Convocatoria 27 para Jueces y Magistrados.”.

1.2. Manifestó que, en el marco de la Convocatoria 27, aprobó el examen para
aspirar al cargo de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito
Judicial.

1.3. Afirmó que era funcionario de la Rama Judicial, en propiedad, en el cargo de
Juez 48 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

1.4. Informó que, el 10 de abril de 2023, solicitó ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, que se efectuara su calificación integral de servicios
correspondiente al año 2022. Dicha petición, fue remitida a la Presidencia de la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

1.5. Advirtió que, a través del Acuerdo PCSJA23-12088 de 29 de agosto de 2023,
emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, se ordenó ampliar el plazo, hasta
el 14 de diciembre de 2023, para que los Consejos Seccionales consolidaran la
calificación integral de servicios de los jueces, correspondiente al periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2022.

1.6. Señaló que, el 7 de marzo de 2024, le fue notificado la respectiva calificación
de servicios. Contra esta, el 21 de marzo del presente año, radicó recurso de
reposición y en subsidio de apelación, los cuales a la fecha no habían sido resueltos.

1.7. Mencionó que, con ocasión a los retrasos en la calificación, no le fue posible
solicitar la exoneración del “IX Concurso de Formación Judicial”, dentro del plazo

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Demandante: John Jairo Castro Calvache

establecido, que era desde el 24 de abril de 2023 y hasta el 8 de mayo del mismo
año. Lo que ocasionó que, tuviera que inscribirse en el curso de formación judicial
el 6 de octubre de 2023, para evitar un perjuicio.

1.8. Indicó que, el 16 de febrero de 2024, le requirió a la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla que le permitiera optar por la exoneración del “IX Concurso de Formación
Judicial”. Sin embargo, el 11 de marzo de 2024, dicha entidad negó la solicitud. Contra
esta, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución nro.
EJR24-205 del 18 de abril de 2024, confirmando.

1.9. Señaló que, no contaba con un medio de control para controvertir el Oficio
EJO24-298 del 11 de marzo de 2024 y la Resolución EJR24-205 del 18 de abril de
2024, debido a que se trataban de actos de trámite dado que la convocatoria no había
concluido, por lo tanto, no eran susceptibles de control judicial. Además, expuso que
no buscaba controvertir la legalidad de los actos, sino las lesiones de los derechos
fundamentales que genera el contenido de los mismos.

1.10. Afirmó que, de no proceder la acción de tutela se le estaría ocasionando un
perjuicio irremediable, pues posiblemente sería eliminado de la lista de elegibles al
presentar el examen del curso concurso, a pesar de contar con el derecho a ser
exonerado de este.

1.11. Arguyó que los actos que negaron la exoneración del IX curso de formación
judicial, contienen argumentos que no se adecúan a los lineamientos de la
jurisprudencia, puesto que no resolvieron de fondo los aspectos planteados por el
actor, ya que la entidad acusada se limitó a reiterar el carácter de extemporaneidad
de la petición, sin analizar que la misma no se pudo instaurar previamente debido a
que no había sido calificado por su nominador.

1.12. Resaltó que, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla vulneró su derecho a la
igualdad, puesto que en casos similares sí había accedido a declarar la exoneración.
Puso como ejemplo la Resolución nro. EJR24-40 del 30 de enero de 2024, donde la
Directora de la mencionada entidad acató un fallo de tutela de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y ordenó eximir a una jueza que no contaba con la calificación
integral del servicio en firme. El actor afirma que se trata de un suceso idéntico al del
presente proceso, por lo que el Consejo Superior debió actuar de la misma forma
respecto de su situación.

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1.13. Asimismo, resaltó que su solicitud fue extemporánea en razón a que no contaba
con la calificación, por lo que no le puede ser imputable dicho carácter, ya que el tener
el requisito principal para pedir la exoneración, es un hecho ajeno a su actuar.

1.14. Expuso que, hasta el 7 de marzo de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura
notificó la correspondiente calificación del actor, sin que a la fecha se hubiese
desatado el recurso de reposición instaurado contra la misma. Por lo tanto, la decisión
de la Escuela Judicial Lara Bonilla, fue arbitraria al desconocer la inexistencia de la
calificación.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la
tutela a través de auto de 26 de abril de 2024, en el que ordenó notificar al Consejo
Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a la Unidad
de Administración de Carrera Judicial y a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

2.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en memorial allegado el
6 de mayo de 20241, manifestó que del escrito de tutela no se desprendía una
omisión o actuación que causara la vulneración por parte de dicha entidad.

Señaló que, el actor presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en
contra del puntaje obtenido en la evaluación del factor calidad. No obstante, indicó que
los mismos no habían sido resueltos, teniendo en cuenta que previo a desatarlos, tenía
la obligación de remitir el respectivo escrito al superior funcional, para que se
pronunciara de este, en un término no superior a quince (15) días, esto en virtud de lo
previsto en el artículo 27 del Acuerdo nro. 10618 de 2016.

Comentó que a través del Oficio nro. CSJBTO24-1952 de 2 de mayo de 2023,
remitió la impugnación al Tribunal Superior de Bogotá, para que efectuara la revisión
del factor de calidad. Resaltó que, una vez se cumpliera dicho trámite resolvería el
recurso, comoquiera que no se había vencido el término del inciso cuarto del artículo
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(en adelante CPACA).

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Visible índice 10 de Samai del expediente 11001031500020240195700.

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2.3. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla manifestó que los Acuerdos
PCSJA19- 11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA18-11077 de 16 de agosto
de 2018, eran de obligatorio cumplimiento y que todos los participantes, debían
regirse por los lineamientos allí previstos.

Afirmó que no había vulnerado los derechos alegados por el accionante, pues había
actuado de acuerdo con lo previsto en los reglamentos anteriormente citados.

2.4. La Unidad de Administración de Carrera Judicial, el 7 de mayo de 20242,
solicito ser desvinculado del proceso de la referencia, por falta de legitimación en la
causa por pasiva.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia de
23 de mayo de 2024, declaró la improcedencia de la acción de tutela por
subsidiariedad, respecto de los derechos a la igualdad y el acceso a los cargos
públicos. Y amparó el derecho fundamental de petición del señor John Jairo Castro
Calvache, ordenándole al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas procediera a resolver el recurso de
reposición, radicado en contra de la calificación integral de servicios,
correspondientes al año 2022 y se pronunciara sobre la concesión de la apelación,
de ser el caso.

Adujo que, no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, debido a que el Oficio
EJO24-298 del 11 de marzo de 2024 y la Resolución nro. EJR24-205 de 18 de abril
de 2024, adoptan una decisión definitiva frente a la procedencia de la figura de
exoneración del concurso de formación judicial, por lo que, eran susceptibles de
control judicial a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual le permite solicitar medidas cautelares.

Señaló que no se evidenciaba la existencia de un perjuicio irremediable, ya que la
decisión sobre la exoneración no implicaba su exclusión del concurso de formación

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Visible índice 12 de Samai del expediente 11001031500020240195700.

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judicial, sino que simplemente generaba la obligación de aplicar las pruebas
previstas en dicho trámite, en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.
Por lo tanto, esto no afectaba su derecho a la igualdad ni constituía un obstáculo
arbitrario para acceder a cargos públicos, ya que todos los participantes eran
evaluados bajo los mismos criterios de mérito.

Por otro lado, informó que la situación del señor Castro Calvache no podía ser
comparada con la decisión tomada por la Sección Cuarta en el expediente 66001-
23-33-000-2023-00199-01, debido a que la sentencia en dicho caso fue notificada
el 1 de noviembre de 2023, antes de que se completara la subfase general del IX
curso de formación judicial.

Respecto de la pretensión relacionada con la falta de la resolutiva de los recursos
de reposición y apelación propuestos contra la calificación integral de servicios del
año 2022, la Sección Segunda del Consejo de Estado lo interpretó como si se tratara
de la vulneración al derecho de petición. Frente a este punto, adujo que dado a que,
desde el 21 de marzo de 2024, radicó el escrito controvirtiendo la decisión de su
nominador y a la fecha no había recibido una respuesta clara, completa y de fondo,
era evidente la vulneración del citado derecho.

Señaló que, el Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016 estableció que
contra la calificación integral de servicios, procedían los recursos en sede
administrativa conforme a lo estipulado en el CPACA. Sin embargo, como dicho acto
no establece un término para resolverlos, era necesario acudir al inciso primero del
artículo 14 ibídem, que dispone como plazo quince (15) días y excepcionalmente
treinta (30), cuando se requiera la práctica de pruebas para decidir de fondo.

Finalmente, indicó que como había transcurrido dicho tiempo, sin que se desatara
la reposición, se observaba que se estaba vulnerando el derecho de petición al actor
y, en consecuencia, ordenó que en el término de cuarenta y ocho (48) horas el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá debía emitir la decisión al respecto.

IV. LA IMPUGNACIÓN

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4.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá3 solicitó que se revocara
el numeral tercero de la sentencia de primera instancia e insistió en que era
necesaria la vinculación del Tribunal Superior de Bogotá, para que este se
pronunciara respecto de la respuesta al oficio No. CSJBTO24-1952 de fecha 2 de
mayo de 2024, mediante el cual se solicitó informe sobre el factor calidad del señor
John Jairo Castro Calvache, en su condición de Juez 48 Penal del Circuito de
Conocimiento, en cumplimiento del trámite previsto en el artículo 27 del Acuerdo
10618 de 2016, esto con la finalidad de resolver de fondo el recurso, pues sin este
no le es posible tomar una decisión.

4.2. El señor John Jairo Castro Calvache, manifestó que impugnaba el numeral
primero del fallo de la sentencia del 23 de mayo de 2024, bajo las siguientes
razones:

Expuso que las decisiones de la administración que negaban la solicitud de
exoneración del IX Concurso de Formación Judicial, no eran actos definitivos, como
afirmaba el a quo, pues estos en realidad son instrumentales que sirven para
preparar la lista de elegibles, que es sería el acto que define la situación jurídica.

Asimismo, indicó que el trámite que se le debía impartirse al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho era demasiado largo, lo que conllevaría a
que para la fecha en la que se resolviera dicho proceso, el concurso ya habría
culminado.

Por otro lado, sobre el perjuicio irremediable, expuso que era errada la interpretación
hecha por el a quo, puesto que no puede ser estudiado a la luz de una posibilidad
futura de acceder al cargo, lo cual solo era verificable al finalizar el proceso.
Mencionó que, su derecho a la igualdad y al debido proceso se estaban viendo
perjudicados, en tanto, existen otros concursantes que sí pudieron acceder a la
exoneración y no debían volver a presentar el curso de formación judicial.

Además, señaló que no se encontraba en igualdad de condiciones con aquellas
personas que estaban obligadas a someterse al concurso de formación judicial,
puesto que él ya había pasado por un proceso de selección en el que había obtenido

3
El memorial se radicó el 7 de junio de 2024 y el fallo fue notificado el 4 del mismo mes y año.

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un cargo de carrera, lo que demostraba que en dicha convocatoria había cumplido
con el requisito del examen.

Bajo esta misma línea en escrito del 27 de agosto de 2024, agregó que de no
accederse al amparo, se vería gravemente afectado teniendo en cuenta que de ser
considerada su calificación, podría subir de posiciones en el listado de los
preseleccionados, lo que le abriría mayor grado de posibilidad para obtener el cargo
al cual está aspirando.

4.3. En auto del 14 de junio de 2024,4 la Subsección A de la Sección Segunda
concedió la impugnación presentada por la accionada.

4.4. El 15 de julio de la presente anualidad5, el Despacho sustanciador ordenó
devolver el expediente de la referencia al Juez de primera instancia para que
concediera la impugnación presentada por el señor John Jairo Castro Calvache.

4.5. Mediante providencia del 5 de agosto de 20246, el Consejero Luis Eduardo
Mesa Nieves resolvió conceder el mencionado recurso.

4.6. Una vez devuelto el expediente de la referencia a la Sección Primera, en auto
del 29 del mismo mes y año7, se ordenó requerir al Consejo Superior de la
Judicatura de Bogotá, para que en el término de dos (2) días informara, si ya había
sido resuelto el recurso de reposición radicado por el señor John Jairo Castro
Calvache, en contra de la calificación integral de servicios para el periodo
comprendido entre el 19 de abril al 31 de julio de 2022.

4.7. A través, de memorial del 5 de septiembre del año en curso, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, informó que, en cumplimiento de lo ordenado
en el numeral tercero del fallo del 23 de mayo de 2024, profirió la Resolución nro.
CSJBTR24-372 del 5 de septiembre de 2024, por medio de la cual desató el recurso
de reposición antes mencionado y concedió el de apelación, únicamente respecto
de los factores “organización del trabajo y rendimiento”.

Como sustento de lo advertido, allegó la copia el citado acto administrativo.

4
Visible a índice 27 del expediente 11001 03 15 00 2024 01957 00.
5
Visible a índice 6 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
6
Visible a índice 34 del expediente 11001 03 15 00 2024 01957 00.
7
Visible a índice 15 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 01957 01
Demandante: John Jairo Castro Calvache

4.8. En escrito del 23 de septiembre de 2024, el actor expuso que teniendo en
cuenta que el Consejo Seccional de la Judicatura negó el recurso de apelación,
respecto del factor calidad que la integra, se vio en la necesidad de instaura queja
ante el Consejo Superior de la Judicatura, que a la fecha no ha sido resuelta.

Recalcó que, la finalidad de su demanda de tutela no solo radicaba en la respuesta
a su solicitud de calificación, sino que, una vez se obtenga esta se acepte la
exoneración del IX Curso de Formación Judicial. Además, indicó que, en sentencia
del 28 de mayo de 2024, la Sección Tercera de esta Corporación había amparado
el derecho de una juez penal, que fue posesionada el 9 de mayo de 2022 y no
contaba con calificación para el momento en el que se podía requerir la exoneración.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral octavo del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20218, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de
2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

5.2. Cuestión previa

En principio la Sala advierte que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, no se pronunció respecto de la solicitud de desvinculación por
falta de legitimación presentada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
por lo que se procederá a resolver la misma.

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Demandante: John Jairo Castro Calvache

La mencionada entidad, afirma que carece de legitimación por pasiva debido a que
la controversia gira en torno a la decisión de negarle al actor la exoneración del IX
Concurso de Formación Judicial, acto que fue proferido por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla. Por lo tanto, al no tener injerencia en dicho trámite debe ser
desvinculada del presente proceso.

Pues bien, una vez verificadas las pretensiones y los hechos de la demanda, la Sala
observa que, respecto de la Unidad Administrativa de Carrera Judicial, el actor no
avizora la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a
un cargo público. Por lo tanto, dicha corporación será retirada del presente proceso.

5.3. Análisis de la Sala

5.3.1. Planteamiento

De la lectura de los escritos de impugnación la Sala evidencia que son tres (3) los
reparos que advierten los impugnantes respecto de los numerales primero y tercero:
i) para el actor los actos administrativos que le negaron la posibilidad de ser
exonerado del IX Concurso de Formación Judicial, no resuelven una situación
jurídica, sino que se clasifican como de trámite, debido a que el definitivo es la lista
de elegibles; ii) la existencia de un perjuicio irremediable para el demandante y iii)
que para el Consejo Seccional de la Judicatura, para dar cumplimiento a lo
ordenado por el a quo, se requería de la vinculación del Tribunal Superior de Bogotá,
teniendo en cuenta que este era el encargado de allegar concepto relacionado con
la calificación, para así resolver la reposición.

5.3.1.1. De la subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela sólo
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable9.

9
“Artículo 86. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.

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A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela
no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la tutela solo es
procedente (i) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial; (ii) si existe otro
medio, la intervención del juez constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, caso en el que, la acción procederá de manera
transitoria y, (iii) en el evento en que los mecanismos de defensa judicial no resulten
idóneos o eficaces para lograr la protección de los derechos presuntamente
vulnerados, evento en el que procede de manera definitiva10.

5.3.1.1.1. Como se indicó con anterioridad, uno de los puntos de controversia se
encuentra relacionado con que la Resolución nro. EJR24-205 del 18 de abril de
2024, por medio del cual se le negó al actor la posibilidad de acceder a la
exoneración del IX Concurso de Formación Judicial, debido a que no contaba con
la calificación del servicio, en su calidad de juez penal.

Así las cosas, es necesario advertir que sobre la Convocatoria nro. 27 y la
procedencia de la acción de tutela para cuestionar los actos administrativos
expedidos en el desarrollo de la misma, la Corte Constitucional en sentencia SU-
067 de 24 de febrero de 2022, indicó lo siguiente:

“esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en principio, el
medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un acto administrativo.
Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha dispuesto los
medios de control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos procesales
para demandar el control judicial de los actos administrativos.

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario natural para la
reivindicación de los derechos fundamentales conculcados en este contexto.
Allí, los interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los derechos
fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares que ofrece
la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían prevenir la consumación de un daño

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Corte Constitucional. Sentencia T- 332 de 2018.

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definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran la idoneidad de los
aludidos medios de control en este campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los
concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha manifestado que el juez
de lo contencioso administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones
de los derechos fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla general, […] es
improcedente la acción de tutela que pretenda controvertir los actos proferidos
por las autoridades administrativas que se expidan con ocasión de un concurso
de méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales como lo
dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011». La posibilidad de emplear las
medidas cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa,
anticipativa o de suspensión», demuestra que tales acciones «constituyen
verdaderos mecanismos de protección, ante los efectos adversos de los actos
administrativos».

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el
campo específico de los concursos de mérito. Los actos administrativos que se
dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados
por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i)
inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del
derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y
iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección
del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en el
reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial.
En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto «la
persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran». Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando se
controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos
fundamentales, comoquiera que tales decisiones no son susceptibles de
discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo».

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La segunda
excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela contra
estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la consolidación
de un perjuicio irremediable. Este supuesto de hecho se presenta cuando «por
las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de
no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente
afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción».

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que
presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean
controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso
administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a
determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de

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la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar
que la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales».

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el supuesto de
ausencia de medios de control. Las acciones de tutela interpuestas por los
demandantes se enmarcan en el primer supuesto de hecho. Esto es así dado
que la Resolución CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por
el cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional, la cual reconoce que los medios de control de la Ley 1437
de 2011 no pueden ser empleados en el caso particular de los actos de trámite.
En todo caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea posible
demandar por esta vía tales actos administrativos en modo alguno implica que
la acción de tutela pueda utilizarse en todos los casos para demandar tales
determinaciones de la Administración. Así pues, a continuación se expone la
aludida postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los requisitos
específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra actos de trámite.

(…)

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de trámite expedidos en el marco de los concursos de méritos.
Con fundamento en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena de
esta corporación ha propuesto los siguientes requisitos, que permiten evaluar
la procedibilidad específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no
haya concluido; ii) que el acto acusado defina una situación especial y sustancial
que se proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la vulneración o amenaza
real de un derecho constitucional fundamental» . A continuación, se procede a
analizar la procedibilidad de las acciones interpuestas en los procesos bajo
revisión, a la luz de estas exigencias.

110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T8.252.659, T-
8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos específicos de procedibilidad
para el caso de actos de trámite. La Sala Plena juzga que las acciones de tutela
presentadas por Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero
Sandoval y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos establecidos
por la jurisprudencia constitucional sobre este asunto específico. En primer
lugar, la actuación administrativa que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo
PCSJA18-11077 se encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para la práctica de
la prueba de conocimientos y aptitudes. Por consiguiente, la actuación se
encuentra en la primera fase de la primera etapa, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el acto de convocatoria.

111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e] una situación
especial y sustancial que se proyect[a] en la decisión final». Si bien el acto
administrativo que da a conocer los resultados de la prueba de conocimientos y
aptitudes es un acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de
indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria. Antes de ahondar
en este asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer hincapié en la
naturaleza jurídica de la Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de
trámite: la manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que
se encuentra contenida en la resolución no trae como consecuencia la
finalización o la obstaculización del avance de la actuación administrativa que
se encuentra en curso. Por el contrario, aquella pretende enmendar las
irregularidades que se han presentado en la estructuración y evaluación de la

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prueba de conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho acto
administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo definitivo.”. (Subrayas
de la Sala)

De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela es improcedente para reclamar la
protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con
ocasión de una decisión de la administración en el trámite de un concurso de
méritos, excepto si: i) no existe otro mecanismo judicial que permita demandar la
protección de la garantía constitucional fundamental infringida; ii) se configura un
perjuicio irremediable o iii) se trata de un asunto cuyo problema constitucional
desborda el marco de competencia del juez administrativo. Sin embargo, prevé una
excepción a dicha regla y son los actos de trámite, siempre y cuando la actuación
de la que hace parte este, no haya concluido.

Así las cosas, la Sala advierte que la presente demanda constitucional es
improcedente, en razón a que existe otro medio de defensa judicial, ya que el punto
de controversia se desprende de lo decidido en la Resolución nro. EJR-205 del 18
de abril de 2024, expedida por la Escuela Judicial Lara Bonilla, es decir, la negativa
en el trámite de exoneración del IX Concurso de Formación Judicial del actor en la
Convocatoria nro. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo nro. PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018, acto administrativo que puede ser atacado a través
de los medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho.
Además, por intermedio de estos podría solicitar las medidas cautelares dispuestas
en el CPACA.

5.3.1.2. Del perjuicio irremediable

Ahora, en lo que tiene que ver sobre el perjuicio irremediable, de lo expuesto en el
libelo introductorio no es posible establecer dicha circunstancia, teniendo en cuenta
y como bien lo indica el actor, este continua como participante de la Convocatoria
nro. 27, pudiendo optar por la asignación de uno de los cargos que se encuentran
en concurso. Por lo tanto, con la actuación de la administración no se le ha puesto
en un estado de indefensión que obligue a esta Corporación a emitir un concepto al
respecto.

5.3.1.3. Sobre la revocatoria del numeral tercero del fallo impugnado

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Teniendo en cuenta que, para el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, su
inconformidad parte de la necesidad de vincular al Tribunal Superior de Bogotá, para
que allegara el informe previsto en el artículo 27 del Acuerdo 10618 de 2016, para
desatar el recurso de reposición en contra de la calificación del servicio del señor
John Jairo Castro Calvache, como juez penal, esta Sala encuentra que como la
impugnación ya fue resuelta mediante Resolución nro. CSJBTR24-372 del 5 de
septiembre de 2024 y la misma, fue objeto de recurso de queja, el cual se encuentra
en trámite ante el Consejo Superior de la Judicatura, es innecesario acceder a dicho
cargo, puesto que ya perdió sustento.

En conclusión, la Sala modificará la sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el sentido de
agregar un numeral para resolver la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación presentada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial. En lo
demás se confirmará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

VI. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia de 23 de mayo de 2024,
proferida por la la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela para la
protección de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a los cargos
públicos.

TERCERO: DECLARAR que le está siendo vulnerado el derecho fundamental
de petición de John Jairo Castro Calveche, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia, y, por lo tanto, que hay lugar a
ampararlo.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, se le ordena al Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá, que, en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, proceda a resolver el recurso de

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reposición respecto de la calificación integral de servicios del señor John Jairo
Castro Calvache, correspondiente al año 2022, y de ser pertinente disponga lo
que corresponda en relación con la concesión del recurso de apelación.”.

SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para que se surta la eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 3 de octubre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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