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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06233-00

Fecha
10 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06233-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora ANGELA CAROLINA FONSECA VALDERRAMA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06233-00 Actor: FERNANDO IBAGUÉ PINILLA TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06233-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06233-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FERNANDO IBAGUÉ PINILLA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR NO CUMPLIR EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN
DE TUTELA CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA PARTICULAR
EMITIDA EN EL TRÁMITE DE UN CONCURSO DE MÉRITOS, DEL CUAL
EL ACTOR SOLICITÓ LA HOMOLOGACIÓN DEL IX CURSO DE
FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL. NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA
DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE. CONVOCATORIA 27.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor

contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL (CARJUD)1 y la

ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA2.

1 En adelante CARJUD.
2 En adelante la ESCUELA JUDICIAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06233-00
Actor: FERNANDO IBAGUÉ PINILLA

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor FERNANDO IBAGUÉ PINILLA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos

públicos, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por CARJUD y

la ESCUELA JUDICIAL al expedir las resoluciones núms. EJR23-114

de 22 de junio3 y EJR23-304 de 31 de agosto de 20234, dentro del

concurso de méritos adelantado dentro de la Convocatoria núm. 27,

para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante a los cargos de “[…] Juez

Civil del Circuito - Juez Civil del Circuito especializado en

restitución de tierras - Juez Civil Municipal de ejecución de

sentencias - Juez Civil del Circuito que conoce procesos

3
“Por medio de la cual se resuelven unas solicitudes de homologación del IX Curso de Formación Judicial
Inicial”.
4
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”.

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Actor: FERNANDO IBAGUÉ PINILLA

laborales […]” dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con

fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de

2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante Resolución

núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 20225, CARJUD publicó

los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, las cuales

aprobó con un puntaje de 842,03.

Mencionó que actualmente funge en propiedad como Juez Promiscuo

Municipal desde el 9 de julio de 2019, al haber aprobado todas las

etapas del concurso de méritos, de conformidad con el Acuerdo núm.

PAA13-9939 de 25 de junio de 2013.

Señaló que el 8 de mayo de 2023, mediante correo electrónico,

presentó una petición en el sentido de que se le homologara el “IX

Concurso de Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de

la República de Colombia”, toda vez que, conforme a lo anterior, ya

había cursado el VII de la Convocatoria núm. 22.

5
“Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama
Judicial”.

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Sostuvo que la ESCUELA JUDICIAL mediante Resolución núm.

EJR23-114 de 2023 le denegó dicha solicitud, razón por la cual contra

esa decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto a

través de la Resolución núm. EJR23-304 de ese año, en el sentido de

confirmar la misma.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Puso de presente que la solicitud de amparo de la referencia cumple

con los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad para su

procedencia, conforme al cronograma de la Convocatoria núm. 27 y

debido a que el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho no es eficaz e imposibilita la protección efectiva de sus

derechos fundamentales.

Precisó que los actos administrativos censurados desconocieron el

artículo 160 de la Ley 270 de 7 de marzo de 19966, toda vez que, a

su juicio, solo es exigible el curso de formación judicial para acceder

por primera vez a un cargo de carrera, lo cual ya cumplió al haber

aprobado el Curso VII de formación judicial inicial y, además, que

contrario a los criterios de la ESCUELA JUDICIAL al negar su

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“Estatutaria de la Administración de Justicia”.

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solicitud de homologación, el curso concurso dentro de la

Convocatoria núm. 27 está diseñado bajo la modalidad de ingreso y

no de ascenso, así que no requiere aprobar nuevamente el mismo al

ser sustitutivo con el puntaje del anterior que aprobó.

Mencionó que de igual forma el Acuerdo Pedagógico núm. PCSJA19-

11400 no podía imponer requisitos adicionales a la Convocatoria

núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-

11077 de 16 de agosto de 2018, en relación con las figuras de

homologación y exoneración del IX Curso de Formación Judicial

Inicial, desconociendo el principio pro homine al ser más favorable la

aplicación del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.

Advirtió que para aspirantes que sean o hayan sido funcionarios

judiciales pueden solicitar la exoneración del citado concurso,

siempre y cuando hayan obtenido en la calificación de servicios un

puntaje superior a 80, de conformidad con el citado Acuerdo

Pedagógico núm. PCSJA19-11400, así que para participantes al tener

un puntaje menor como es su caso, esto es, 79,84 no se cumple con

la condición impuesta por la ESCUELA JUDICIAL, lo que da cuenta

de su interpretación errónea y contradicción frente al artículo 160 de

la Ley 270 de 1996, al obligarlo a realizar el curso concurso por

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segunda vez.

Sostuvo que en el caso de otro aspirante la ESCUELA JUDICIAL le

contestó una solicitud similar a la suya, por medio del Oficio núm.

23-638 de 5 de mayo de 2023, en el que le informó que se le tendría

en cuenta su situación más favorable frente a la solicitud de

homologación del puntaje del curso anterior o de exoneración de

acuerdo al puntaje de calificación, razón por la cual, a su juicio, se le

vulneró su derecho fundamental a la igualdad.

Adujo que la sentencia de 21 de septiembre de 2023, Exp. Núm.

2023-00199-00, proferida por el Tribunal Administrativo de

Risaralda, señaló que conforme al artículo 160 de la Ley 270 de 1996,

se da la posibilidad de la no realización del curso de formación judicial

a los funcionarios judiciales que acrediten haber obtenido en su

última calificación de servicios a 80 puntos, lo que no debe ser un

impedimento para que el aspirante que ostente un cargo de carrera

y no cuente con ese puntaje de elegir si presente dicho curso, al solo

exigirse su aprobación por una sola vez.

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Actor: FERNANDO IBAGUÉ PINILLA

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRETENSIONES

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a cargos públicos del suscrito.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO la Resolución No. EJR23-114 de 22
de junio de 2023, mediante la cual se negó la solicitud de
homologación del IX curso de formación judicial inicial para Jueces y
Magistrados de la Rama Judicial, así cómo la Resolución EJR23-304
por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición contra la
primera de las mencionadas.

TERCERA: ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a
través de la Directora de la Escuela de Formación Judicial Rodrigo
Lara Bonilla que, dentro del término de 48 horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, profiera y notifique un nuevo
acto administrativo, homologando y asignándome el puntaje
previamente obtenido en el curso de formación que acredité haber
realizado. […]”

I.5.- Defensa

I.5.1.- La ESCUELA JUDICIAL solicitó declarar improcedente el

amparo deprecado por ausencia del requisito general de la

subsidariedad, toda vez que el actor pretende que se deje sin efecto

los actos administrativos demandados por los cuales se le denegó la

solicitud de homologación del IX Curso de Formación Judicial Inicial,

los cuales puede controvertir a través del medio de control de nulidad

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y restablecimiento del derecho y, además, solicitar medidas

cautelares dentro del mismo.

Advirtió que, teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia

constitucional ha establecido que, en los casos relativos a los

concursos de méritos, los aspirantes tienen a su disposición los

mecanismos idóneos y eficaces establecidos en el CPACA, los cuales

han contado todos los participantes dentro del IX Concurso de

Formación Judicial, para controvertir los actos administrativos

proferidos en el marco de ese proceso, por lo que tampoco se

evidencia un perjuicio irremediable.

Resaltó que conforme a la potestad constitucional y legalmente

establecida, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA expidió

el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, que reglamenta

la Convocatoria núm. 27, así como el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-

11400, que a su vez regula el IX curso de formación judicial inicial y

las figuras de la homologación o exoneración, establecidos en éste

último, son normas de obligatorio cumplimiento y, en ese sentido, no

fueron establecidas como alternativas para ser escogidas de manera

discrecional por los aspirantes.

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Señaló que los citados acuerdos se aplican de manera uniforme y

general a todos los aspirantes que presentaron las solicitudes de

homologación o exoneración del IX curso de formación judicial inicial,

lo que evidencia que no se vulneró el derecho fundamental al debido

proceso ni existió un desconocimiento de la Ley 270 de 1996, dado

que los actos administrativos censurados evaluaron si el actor

cumplía con los requisitos de homologación, conforme al mencionado

Acuerdo pedagógico, y concluyó que no los acreditó en su totalidad.

Puso de presente que frente a la inconformidad del actor respecto de

la interpretación realizada frente a la vulneración de los derechos

fundamentales que obtuvieron una calificación de servicios menor a

80 puntos como funcionarios judiciales dijo que “[…] el Acuerdo

Pedagógico se expidió con fundamento en el artículo 256

constitucional, es parte de la Convocatoria, de manera que las

decisiones adoptadas con fundamento en el mismo se ajustan a

derecho, en tanto el Acuerdo PCSJA19-11400 se encuentra vigente,

posee fuerza vinculante y goza de presunción de legalidad. Al

respecto, se precisa que el tutelante tenía la posibilidad de optar por

exonerarse del IX Curso de formación judicial, pues su última

calificación integral del 2021 fue de 80 puntos; sin embargo y

contrario a lo claramente definido en el Acuerdo 11400 de 2019, el

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tutelante eligió solicitar la homologación por ser más beneficiosa para

él; no obstante, no cumple con los requisitos para ello, por lo que en

estricto acatamiento del principio de legalidad y el debido proceso

esta Unidad negó su solicitud […]”.

Sostuvo que el Oficio núm. 23-638 de 5 de mayo de 2023, alegado

por el actor como desconocido fue expedido y dirigido a una persona

en particular, de manera que no tiene fuerza vinculante para la

entidad ni para los concursantes.

Manifestó que, frente a la sentencia de 21 de septiembre de 2023

emitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, traída a colación

por el actor, no es cierto que existen varias providencias que al

resolver situaciones similares a la suya han amparado los derechos

fundamentales invocados, pues solo existe uno en ese sentido de seis

que se han proferido y, la única aquí mencionada al momento de la

contestación, se encuentra en trámite para resolver la impugnación

por el Consejo de Estado.

I.5.2.- La señora ANGELA CAROLINA FONSECA VALDERRAMA

con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto

admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del

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proceso de selección origen de la controversia, manifestó que

coadyuvaba a las pretensiones del actor.

I.5.3.- CARJUD pese a ser debidamente notificada del presente

trámite constitucional, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

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particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19917. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará

respecto de la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora

ANGELA CAROLINA FONSECA VALDERRAMA.

La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de

19 de noviembre de 19918, en el cual se establece que las personas

que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso también

pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las

pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al

trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto

7 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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306 de 19 de febrero de 19929, prevé que las personas que tengan

relación sustancial con una de las partes del proceso pueden

intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia

de segunda instancia.

A propósito de la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de

24 de febrero de 2022, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea

Meneses Mosquera, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones

en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este

tipo de asuntos, así:

“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en
los procesos bajo revisión

75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al
análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un
asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá
de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tiene origen en
la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado,
durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo
revisión, por personas que se encuentran en una situación
similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El
inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991
establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las
pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra
la cual se dirige la acción de tutela[32]. La jurisprudencia
constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de
tutela como «la participación de un tercero con interés en el

9 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.

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resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los
coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del
proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones
de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas[34].

77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de
la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo
análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se
encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole
jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien
actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las
pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los
intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro
del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo
caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la
coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única
o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer
valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual
manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso,
se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos
procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36].
De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se
encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia
naturaleza de la institución procesal que permite su intervención
en la causa judicial.

78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por
la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso
analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema
jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la
formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue
examinado en la Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión,
la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por
terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad
de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que
fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones
específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses
particulares. Al analizar este asunto, la Corte manifestó lo

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siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos
de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la
tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que
difieran de las hechas por el demandante, pues de
suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela,
lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia [énfasis fuera de texto].

79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en
comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de
los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de
coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite
de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones
que hace la parte demandante […], razón por la cual, el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de
Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la
demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de
aquellos que difieran o no hagan parte en ésta» [énfasis
fuera de texto].

80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de
instancia de los expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202, se
recibió un número ingente de escritos de personas que
coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se
trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes,
superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el
2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su
respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo
revisión, plantearon diversos argumentos contra la Resolución
CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el
reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y
reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a
través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la
jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de
coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […]

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que difieran de los hechos por el demandante» [37], la Sala
Plena centrará su atención en los argumentos planteados en las
cuatro acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente,
en cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes,
únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder
la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe
ser resuelta como consecuencia de la jurisprudencia
constitucional que impone este remedio cuando el principio de
igualdad así lo exige […]”. (Destacados originales)

Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes

poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés

personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo

con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer

sus propias demandas.

Además, en los asuntos en los que se presenten coadyuvancias o

intervenciones, el estudio de los casos solo debe limitarse a los

fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a

pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de

sus argumentaciones.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de

coadyuvancia de la señora ANGELA CAROLINA FONSECA

VALDERRAMA, comoquiera que su intervención está encaminada a

apoyar la solicitud de amparo de la referencia, no obstante, el análisis

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del caso versará sobre los argumentos planteados por el actor, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al

debido proceso y al acceso a cargos públicos, los cuales, a su juicio,

le fueron vulnerados por CARJUD y la ESCUELA JUDICIAL al

expedir las resoluciones núms. EJR23-114 de 22 de junio10 y EJR23-

304 de 31 de agosto de 202311, dentro del concurso de méritos

adelantado dentro de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos

de carrera en la Rama Judicial.

A través de las referidas decisiones la ESCUELA JUDICIAL denegó

la solicitud de homologación del IX Curso de Formación Judicial Inicial

del actor, bajo el argumento de que no cumplió los requisitos para

ello, de conformidad con el Acuerdo Pedagógico núm. PCSJA19-

11400 que hace parte de la Convocatoria núm. 27.

10
“Por medio de la cual se resuelven unas solicitudes de homologación del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”.
11
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”.

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Actor: FERNANDO IBAGUÉ PINILLA

La controversia deviene del hecho de que el actor estima que si bien

en las reglas de la convocatoria está prevista la homologación del

mencionado Curso de Formación, siempre y cuando el aspirante

ocupe o haya ocupado un cargo de funcionario judicial de carrera y

en su calificación de servicios obtenga un puntaje de 80 puntos, lo

cierto es que, a su juicio, no se le debe aplicar esta condición,

comoquiera que le es más favorable en su caso el artículo 160 de la

Ley 270 de 1996, que indica que solo es exigible el curso de

formación judicial para acceder por primera vez a un cargo de

carrera, lo cual ya cumplió al haber aprobado el Curso VII de la

Convocatoria núm. 22.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en

especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si

las autoridades accionadas vulneraron los derechos deprecados por

el actor, al expedir las resoluciones núms. EJR23-114 de 22 de

junio12 y EJR23-304 de 31 de agosto de 202313, dentro del concurso

de méritos adelantado dentro de la Convocatoria núm. 27, para

12
“Por medio de la cual se resuelven unas solicitudes de homologación del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”.
13
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”.

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proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»14 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción

de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia

SU-067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para
reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un

14 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.

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acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una
línea jurisprudencial pacífica y reiterada[52]. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador
ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011
como los instrumentos procesales para demandar el
control judicial de los actos administrativos[53].

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se
surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el
escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los
interesados pueden reclamar no solo el control de legalidad
correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las
medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las
cuales permitirían prevenir la consumación de un daño
definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran
la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito
de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha
manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la
autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos
fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla
general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda
controvertir los actos proferidos por las autoridades
administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de
méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos
judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de
2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas
cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva,
conservativa, anticipativa o de suspensión»[55],
demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos
mecanismos de protección, ante los efectos adversos de
los actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
instaurado tres excepciones a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela, en el campo
específico de los concursos de mérito[57]. Los actos
administrativos que se dicten en el curso de estas
actuaciones administrativas podrán ser demandados por
esta vía cuando se presente alguno de los siguientes
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que
permita demandar la protección del derecho fundamental
infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable

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y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez
administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido. La
primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia
de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho
administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En
estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por
cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos
porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran»[58]. Habida cuenta de esta
circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo
definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de
ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera
que tales decisiones no son susceptibles de discusión
jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. La segunda excepción a la regla general de
improcedencia de la acción de tutela contra estos actos
administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de
hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales
del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la
orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados
los derechos fundamentales de la persona que interpone la
acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde
el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente,
la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia
constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos
problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas
demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de
acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos,
«las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la
legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los
medios de control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación
de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales»[62].

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100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el
supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de
tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el
primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución
CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el
cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce
que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser
empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo
caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea
posible demandar por esta vía tales actos administrativos en
modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en
todos los casos para demandar tales determinaciones de la
Administración. Así pues, a continuación se expone la aludida
postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los
requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela
contra actos de trámite.

[…]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite expedidos
en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento
en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena
de esta corporación ha propuesto los siguientes
requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad
específica de la acción de tutela contra estos actos en
particular: «i) que la actuación administrativa de la cual
hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto
acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la
vulneración o amenaza real de un derecho constitucional
fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar
la procedibilidad de las acciones interpuestas en los
procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.

110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T-
8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos
específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite.
La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por
Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval
y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este
asunto específico. En primer lugar, la actuación administrativa
que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se
encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la
Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para

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la práctica de la prueba de conocimientos y aptitudes. Por
consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la
primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en
el acto de convocatoria.

111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e]
una situación especial y sustancial que se proyect[a] en la
decisión final»[77]. Si bien el acto administrativo que da a conocer
los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un
acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de
indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria.
Antes de ahondar en este asunto, la Sala Plena encuentra
oportuno hacer hincapié en la naturaleza jurídica de la
Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de trámite: la
manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura
que se encuentra contenida en la resolución no trae como
consecuencia la finalización o la obstaculización del avance de la
actuación administrativa que se encuentra en curso. Por el
contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se
han presentado en la estructuración y evaluación de la prueba
de conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho
acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo
definitivo […]”.

Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela

es improcedente para reclamar la protección de derechos

fundamentales, cuando la vulneración se atribuye a un acto

administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que

permita demandar la protección de la garantía fundamental

infringida, se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable

o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el

marco de competencias del juez administrativo.

Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acción

de tutela es procedente para solicitar la protección de derechos

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fundamentales frente a actos administrativos de trámite expedidos

en el marco de los concursos de méritos, siempre que la actuación

administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido, que

el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se

proyecte en la decisión final y que ocasione la vulneración o amenaza

real de las garantías deprecadas.

En la providencia en cita, la Corte Constitucional concluyó que en esa

oportunidad era procedente el estudio del fondo del asunto, dado que

la presunta vulneración de los derechos deprecados se derivaba de

un acto que no era susceptible de control judicial por ser de trámite,

pero que en todo caso sí definía una situación especial y sustancial

que se proyectaría en la decisión final, esto era, la Resolución CJR20-

0202 a través de la cual la CARJUD resolvió corregir varias de las

actuaciones que había desarrollado hasta ese momento en el marco

de la Convocatoria núm. 27 desde la citación a las pruebas de

aptitudes y conocimientos, para ajustar todo el trámite a derecho y

continuarlo en debida forma.

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por la existencia de otro medio

de defensa judicial, comoquiera que las inconformidades planteadas

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en este trámite constitucional recaen en las resoluciones núms.

EJR23-114 de 22 de junio15 y EJR23-304 de 31 de agosto de 2023,

en cuanto denegaron la solicitud de homologación del IX Curso de

Formación Judicial Inicial del actor dentro de la Convocatoria núm.

27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077

de 16 de agosto de 2018, actos administrativos cuya legalidad puede

ser discutida a través del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa idóneo para tal

efecto y en el cual puede solicitar las medidas cautelares dispuestas

en el CPACA, las cuales “permitirán prevenir la consumación de un

daño definitivo mientras se surte la causa judicial”, tal como lo previó

la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022.

Cabe anotar que incluso si el actor estima que existe alguna

irregularidad en el marco regulatorio de la referida convocatoria,

puede cuestionar su legalidad a través del medio de control de

nulidad, atendiendo en todo caso a la finalidad de sus eventuales

pretensiones.

Además, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio irremediable

que haga procedente la acción de tutela de la referencia como

15
“Por medio de la cual se resuelven unas solicitudes de homologación del IX Curso de Formación
Judicial Inicial”.

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mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado

que de los elementos de juicio obrantes en el expediente no es

posible establecer dicha circunstancia.

En lo que concierne a la improcedencia de la acción de tutela para

discutir decisiones administrativas particulares emitidas en

concursos de méritos, en especial, la eficacia e idoneidad de los

medios ordinarios para discutir dichos aspectos, esta Sala en

sentencia de 14 de octubre de 202116, señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad

20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados,
al expedir las resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de
mayo de 2021, CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-
0265 de 17 de agosto de 2021, por medio de las cuales se
dispuso su exclusión del proceso de selección en el marco del
concurso de méritos convocado mediante Acuerdo CSJBOA17-
609 del 06 de octubre de 2017.

21. Cabe resaltar que, como se enunció previamente, la acción
de tutela resulta improcedente cuando se pretende controvertir
la legalidad de actos administrativos, en razón a que los
asociados cuentan con medios de defensa ordinarios como lo son
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, los cuales son mecanismos idóneos para solicitar la
anulación y la suspensión de los actos de la administración que,
según afirma, lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a esto,

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único de radicación 11001-03-
15-000-2021-06518-00(AC).

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afectan derechos fundamentales.

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso
concluir que los actos administrativos acusados por esta vía
constitucional son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese
sentido, la accionante dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido
esta Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios
de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos
como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada
normativa además de darle celeridad a los procesos al consagrar
la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia, como la
suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de
una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle
obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las
cuales demuestran la efectividad del procedimiento
ordinario cuando se advierte una situación apremiante
que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro
que, contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa
de que dispone para controvertir los actos administrativos
acusados por vía judicial resulta ser idóneo y eficaz para la
protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con los actos administrativos emitidos por las aquí
accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya

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que este debe suponer una hipotética afectación grave y
significativa de los derechos fundamentales de la parte actora, y
en ese sentido se justifica la intervención del juez de tutela en
forma transitoria para adoptar medidas urgentes e
impostergables que eviten la materialización del referido
perjuicio; circunstancias que en el presente asunto no se
presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte
actora debe utilizar los medios ordinarios establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para discutir la legalidad de
los actos administrativos que acusa por vía
constitucional. Por tanto, se declarará la improcedencia la
presente acción de tutela ante la inobservancia del requisito de
la subsidiariedad […]”.

Por otro lado, la Sala destaca que si bien, entre otras, en sentencias

de 2417 y 3118 de marzo de 2023 se pronunció de fondo frente a

solicitudes de amparo elevadas por participantes de la convocatoria

27, dicha situación obedeció a que los asuntos devenían de la

presunta falta de resolución de los recursos de reposición

interpuestos contra los puntajes de las pruebas de aptitudes y

conocimientos, lo que se relacionaba con el derecho de petición,

garantía susceptible de protección directa a través de la acción de

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
marzo de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 110010315000 2023
00837 00 (AC)
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
marzo de 2023, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 110010315000 2023
01122 00 (AC)

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tutela19.

Al respecto en la sentencia de 31 de marzo de 2023 aludida, esta

Sala precisó:

“[…] Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente
que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN
CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad
es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las
accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente
los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las
preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122,
129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».

Significa lo anterior que el presente asunto está orientado
a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho
de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición
que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de
defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin […]”
(Destacado fuera de texto).

De igual forma, la Sala pone de presente que si bien el actor señaló

la razones por las que en su sentir la presente acción de tutela es

procedente, lo cierto es que el análisis sobre ese asunto en la

presente providencia tiene como fundamento la sentencia de

unificación antes mencionada, así como la reiterada jurisprudencia

19 Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del
requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene
en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo,
tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”.

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de esta Sala.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que es evidente que el

asunto objeto de estudio en el presente caso carece del requisito

general de la subsidiariedad, por lo que se declarará improcedente la

solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia presentada por la

señora ANGELA CAROLINA FONSECA VALDERRAMA, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la

referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la

presente providencia.

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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