Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07678-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07678-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-07678-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
11 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07678-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07678-01
Accionante: Gustavo Adolfo Pasos Marín
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración
de Carrera Judicial y Otro
Temas: Acción de tutela contra acto administrativo expedido en
concurso de méritos. Carácter subsidiario de la acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la
sentencia del 29 de febrero de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta.
ANTECEDENTES
El señor Gustavo Adolfo Pazos Marín instauró acción de tutela, para que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a cargos públicos los cuales considera vulnerados por Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”; con la expedición de la Resolución N.° EJR23-
214 de 21 de julio de 2023, expedida por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, a través de la cual se denegó la solicitud de homologación del curso de
formación judicial dentro de la convocatoria 27 y del Acuerdo Pedagógico
PCSJA19-11400 del 25 de septiembre de 2019.
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HECHOS
Narró el señor Gustavo Adolfo Pazos Marín que hizo parte del registro de
elegibles, contenido en la Resolución N. º. PSAR11-684 del 19 de julio de 2011,
dentro de la convocatoria pública 17 y 18, para aspirar al cargo de magistrado de
la Sala Laboral – Tribunal Superior de Distrito Judicial, en el cual obtuvo un
puntaje de 928,27 en el respectivo curso-concurso
Que aprobó el examen del concurso de méritos de la convocatoria 27, en el que
aspiró al cargo de magistrado de la Sala Laboral de Distrito Judicial.
Que solicitó a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” la homologación del
curso-concurso de la convocatoria 27, petición que fue negada mediante la
Resolución N.º EJR23-214 del 21 de julio de 2023, para lo cual se señaló que la
situación fáctica del peticionario no se adecuaba a la disposición que pedía le
fuera aplicada, comoquiera que, conforme al Acuerdo Pedagógico PCSJA19-
11400 del 25 de septiembre de 2019, la referida opción solo corresponde a los
aspirantes que no hayan ocupado un cargo de funcionario en carrera, lo cual no
sucedía en su caso.
En su sentir, dicho acto administrativo establece un trato diferenciado entre los
concursantes que se encuentran en similar situación jurídica, respecto de la
opción de homologación, resultando contrario al ordenamiento legal y
constitucional; pues la restricción allí contenida no se encuentra establecida en
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y lesiona sin lugar a dudas
derechos fundamentales.
PRETENSIONES
1. Que “en aplicación del test de proporcionalidad/igualdad en sentido estricto,
establezca la diferenciación de trato en la aplicación del derecho a la
homologación del curso de formación judicial contenida en el Acuerdo
Pedagógico PCSJA19- 11400 del 25 de septiembre de 2019 carece de una
finalidad constitucionalmente legitima y lesiona mis derechos fundamentales a la
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igualdad de trato, debido proceso y acceso a cargos públicos en igualdad de
condiciones.”
2. Que en protección de sus derechos, “se ordene a RAMA JUDICIAL -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
DE CARRERA JUDICIAL- ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA,
aplique a mi caso la homologación del curso de formación judicial que curse y
aprobé con un puntaje 928,27, como aspirante del cargo de Magistrado Sala
Laboral de Tribunal Superior en la convocatoria del concurso público 17 y 18 de
la rama judicial, sin que la inscripción en la carrera judicial como Juez Segundo
Laboral del Circuito de Popayán, constituya una restricción o limitante en la
aplicación de este derecho o constituya una razón constitucionalmente valida
para la diferenciación de trato.” (sic)
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
El 15 de enero de 2024 el despacho sustanciador de primera instancia admitió la
acción de tutela de la referencia, ordenó notificar a las accionadas y otrogó el
término de dos días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del
Decreto 2591 de 1991.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La directora de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela aduciendo que el actor no ejerció los
medios ordinarios de defensa establecidos en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, el recurso de
reposición en la actuación administrativa o el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con la opción de solicitar medidas cautelares. Lo
anterior considerando que no se configura un perjuicio irremediable para el
demandante.
Subsidiariamente, solicitó negar el amparo considerando que no se vulneran los
derechos fundamentales invocados por la parte actora y adicionalmente expresó
que el demandante estaba habilitado para inscribirse y desarrollar el IX Curso de
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Formación Judicial, con lo cual, contrario a lo alegado, la entidad estaba
garantizando todos los derechos de los concursantes; por lo que el asunto no
amerita la intervención del juez constitucional.
Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura como administrador de la carrera
judicial expide reglamentos que desarrollan la Ley 270 de 1996, estatutaria de
administración de justicia y que con el Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de
septiembre de 2019 no se arrogó competencias del legislador, puesto que esa es
una manifestación del amplio margen de acción que tiene y que de acuerdo con
lo el numeral 2.° del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 3° del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, la convocatoria es norma obligatoria
y reguladora del proceso de selección y por ello es de perentorio cumplimiento
para los aspirantes y para la administración.
En ese sentido, concluyó que las disposiciones normativas consagradas en el
Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, Acuerdo Pedagógico
que rige el IX Curso de formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
Magistrados/as y Jueces de la República en todas las especialidades, promoción
2020-2021, materializan la potestad reglamentaria que la propia Constitución
Política le ha conferido al Consejo Superior de la Judicatura, particularmente en
lo atinente a la facultad para definir los requisitos para acceder a la homologación
o exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
Explicó que en desarrollo de lo consagrado en el parágrafo del artículo 160 de la
Ley 270 de 1996, el Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019
reguló dos situaciones jurídicas diferentes para los aspirantes que superaron las
fases I y II de la etapa de selección y que van a realizar el IX Curso de Formación
Judicial Inicial: (i) concursantes que sean o hayan sido funcionarios judiciales de
carrera y que soliciten la exoneración del curso, a quienes se les «tomará la última
calificación de servicio como sustitutiva de evaluación para las dos (2) subfases,
siempre que sea superior a 80 puntos», y (ii) aspirantes que sin ser funcionarios
de carrera hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial
como etapa de procesos de selección anteriores, quienes pueden solicitar la
homologación «y se tomará la calificación obtenida en el curso de formación
judicial inicial cursado como sustituta de las dos (2) subfases, siempre que la
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calificación sea superior a 800 puntos». Agregó que las figuras de homologación
y exoneración del IX Curso de Formación Judicial Inicial, contenidas en el
Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019, se
construyeron conforme con lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, particularmente en el parágrafo del artículo 160 de la
Ley 270 de 1996, en el que se dispuso que «[l]os funcionarios de carrera que
acrediten haber realizado el curso de formación judicial, no están obligados a
repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las
respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación».
Alegó que las mencionadas figuras, al emanar de un mandato legal superior que
tiene plena vigencia, gozan de presunción de legalidad y fuerza vinculante por lo
que son de obligatorio cumplimiento para el Consejo Superior de la Judicatura y
para todos los participantes de la Convocatoria
La directora de la Unidad de Administración de Carrea Judicial pidió se
desvincule a esa dependencia del trámite constitucional, por falta de legitimación
en la causa por pasiva o, en su defecto, se nieguen las pretensiones elevadas
por el accionante. Refirió que la presente acción de amparo gira en torno a la
decisión de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” de negarle al actor la
solicitud de homologación, frente a lo cual, de conformidad con sus
competencias, no tenía ninguna injerencia y, en ese orden, no hay
desconocimiento de algún derecho fundamental del tutelante.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 29 de febrero de
2024 declaró improcedente la acción de tutela, al advertir que con ella se
cuestionan actos administrativos de carácter general y particular; por lo que no
se cumple con el requisito de la subsidiariedad de la acción, en tanto el actor
cuenta con otros medios de defensa para controvertir dichos actos, medios de
control dentro de los cuales tiene la posibilidad de solicitar el decreto de medidas
previas; y considerando que no se acreditó la amenaza de un perjuicio
irremediable.
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IMPUGNACIÓN
EL accionante impugnó la decisión sustentando su recurso como se resume a
continuación:
Expresó que con la acción constitucional no pretende controvertir la legalidad
del Acuerdo PCSJA19-11400 de 19 de septiembre de 2019 sino que lo que pide,
es su aplicación en igualdad de condiciones al resto de concursantes que se
beneficiaron de este derecho y que las pruebas para demostrar el trato
diferenciado fueron negadas, por lo que solicitó su decreto y práctica en esta
instancia.
Que un acto de la administración, aun revestido de legalidad, no excluye la
posibilidad de que en su aplicación vulnere garantías fundamentales como en
este caso, que en su sentir, se vulnera el derecho a la igualdad pues, estando
en las mismas condiciones de quienes cursaron y aprobaron un curso de
formación judicial anterior, le fue negada la homologación, por el hecho de estar
vinculado a la rama judicial; cuando su desempeño actual en el cargo de Juez
laboral del Circuito, en su sentir, no constituye un elemento que justifique la
diferencia de trato respecto de quienes, habiendo aprobado también el curso,
no están vinculados a la rama judicial.
Que la igualdad de oportunidades se garantiza a través de una libre
concurrencia, de tal forma que todos los ciudadanos que acrediten los requisitos
determinados en la ley deben poder participar en los procesos de selección sin
ser objeto de tratos desiguales arbitrarios. Todos los aspirantes deben
concursar en igualdad de condiciones aún respecto de quienes ocupan los
cargos en provisionalidad, los que por tal condición no pueden ser tratados con
privilegios o ventajas, así como tampoco con desventajas, en relación con el
cargo que ocupan y al cual aspiran.
Que es partiendo de la legalidad del Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del
25 de septiembre de 2019, en cuanto reconoce el derecho a la homologación
que pretende se le aplique en igualdad de condiciones a la de aquellos
aspirantes que fueron beneficiados, estando todos en la misma situación.
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Agregó que el acto administrativo que le negó el derecho y le obliga a adelantar
el curso de formación judicial, es un acto de trámite dentro del concurso que no
finaliza la actuación, por lo que no es enjuiciable, según reiteración de
jurisprudencia del H. Consejo de Estado.
Que aún aceptando la tesis expuesta en primera instancia respecto a la
existencia del medio de control de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento
del derecho contra un acto que es de trámite, cuya pretensión esté encaminada
a lograr una aplicación igual, sin exclusión, del derecho a la homologación; en
la motivación de la decisión judicial se omitió una valoración de las condiciones
que permiten para el caso, la homologación.
Concluyó solicitando que se admita la procedencia de esta acción constitucional
para la protección del derecho fundamental a la igualdad, que ha sido
desconocido por las accionadas, atendiendo los motivos expuestos en la tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
.A la Sala le corresponde en segunda instancia analizar sí la decisión del a quo
se ajusta a derecho, para lo cual abordará los siguientes temas: I) el carácter
subsidiario de la acción de tutela en relación con los actos administrativos
expedidos en concurso de méritos II) el caso concreto.
I) La acción de tutela, en los términos del artículo 86 de la Constitución Política,
está concebida como un procedimiento preferente y sumario, a través del cual
toda persona podrá reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública, o de particulares en los eventos dispuestos en la ley; y como regla
general, solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Específicamente en relación con los actos administrativos de carácter particular
la jurisprudencia constitucional ha sostenido que “la excepcionalidad del recurso
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de amparo se torna especialmente estricta”1. Por cuanto existe un medio judicial
idóneo para discutir la legalidad de estos actos. Sin embargo, también se ha
aceptado la procedencia como i) mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable o ii) como medio de protección definitiva “cuando se constata que
el medio de control preferente carece de idoneidad y/o eficacia para garantizar
la protección oportuna e inmediata sobre los derechos fundamentales
vulnerados”2.
De acuerdo con la Alta Corte esta regla es aplicable igualmente a los concursos
de méritos, pues el juez de lo contencioso administrativo es la autoridad llamada
a juzgar las violaciones de los derechos fundamentales que ocurran en este tipo
de actuaciones administrativas; sin embargo, ha establecido excepciones a esta
regla en tres supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita
demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de
un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un problema constitucional que
desborde el marco de competencias del juez administrativo.3
Ahora, tratándose de actos administrativos de trámite, ha dicho la Corte
Constitucional que es procedente la acción de tutela en casos específicos: “«i)
que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido;
ii) que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte
en la decisión final; y iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un
derecho constitucional fundamental»4.”
II. Caso concreto
En la sentencia objeto de impugnación, el Consejo de Estado, Sección Quinta
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar no cumplido el requisito
de subsidiariedad, bajo el entendido que el accionante cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de
los actos administrativos objeto de discusión; entendiendo que cuestiona el acto
1 T-332 de 2018, reiterando la sentencia T-187 de 2017. Igualmente, puede revisarse la sentencia T-002 de
2019.
2 T-260 de 2018. Al respecto, también pueden revisarse las sentencias T-198 de 2006, T-1038 de 2007, T-
992 de 2008, T-866 de 2009, T-264 de 2018 y T-137 de 2020, entre otras.
3 SU-067 de 2022
4 Sentencia SU-077 de 2018, reiterada en sentencia SU-067 de 2022
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general -Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 25 de septiembre de 2019- y
el acto particular -Resolución N.° EJR23-214 de 21 de julio de 2023 que le negó
la homologación del curso de formación-.
El recurso se fundamenta en que, de un lado, no está cuestionando el Acto
Administrativo General mencionado, sino que la aplicación en su caso concreto
le significa un trato desigual en relación con otros concursantes y que la
Resolución EJR23-214 de 21 de julio de 2023 es de trámite y por lo tanto no es
enjuiciable por la jurisdicción de lo contencioso administrativo; por lo que
considera, es procedente la acción de tutela para amparar sus derechos.
Lo primero que se observa es que se trata de un acto administrativo de carácter
particular, que si bien se expidió en el marco del concurso de méritos de la
convocatoria 27 de 2018, fue provocado por el accionante mediante petición,
bajo la consideración de que su derecho a la homologación del curso de
formación está amparado en el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 25 de
septiembre de 2019.
Dicho acto, contrario a lo alegado por el actor, tiene además el carácter de
definitivo, pues es cierto que no termina el concurso de méritos ni excluye del
este al señor Gustavo Adolfo Pasos Marín, sin embargo, le genera unos efectos
jurídicos, cuales son que para continuar en el concurso tiene que participar y
aprobar el curso de formación judicial, cuando el actor considera que tenía
derecho a que le valieran para el efecto la nota obtenida en un curso de
formación anterior.
En criterio de la Subsección entonces, le asiste razón al juez de primera instancia
al considerar que no es procedente la acción de tutela, pues para controvertir el
acto administrativo el accionante tuvo a su alcance los medios de control que
consagra la Ley 1437 de 2011, los que resultan idóneos y eficaces para la
protección de los derechos fundamentales invocados, dada la posibilidad de
solicitar medidas cautelares, incluso de urgencia, que establece el artículo 229.
El carácter subsidiario de esta acción constitucional impide que se use como
medio alternativo, cuando la idoneidad de las acciones principales para la
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defensa de los derechos fundamentales y aún, la eficacia de ellas frente a la
inminencia de un perjuicio irremediable no se encuentra desvirtuada por la parte
actora, de manera tal que pudiera justificar la intervención del juez constitucional
de manera transitoria.
Frente al argumento de que en la motivación de la decisión judicial se omitió una
valoración de las condiciones que permiten para el caso, la homologación; debe
decir esta Sala de Subsección que es precisamente dicho examen el que
corresponde al juez del acto administrativo y que no pude abordar el juez
constitucional; por no estar satisfecho el requisito de la subsidiariedad.
En relación con la petición del actor para que se decreten y practiquen en esta
instancia las pruebas negadas en primera, con las cuales pretendía probar una
diferencia de trato en relación con otros concursantes, baste decir que ante la
improcedencia de la acción de tutela por no demostrarse que el actor hubiera
ejercido en tiempo las acciones idóneas ante la jurisdicción contenciosa, la
prueba solicitada resulta inconducente pues como ya se expresó, el Juez
constitucional no puede entrar a examinar el acto administrativo sin invadir la
órbita de competencia del juez contencioso administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 29 de febrero de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la acción de
tutela, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, conforme a lo expuesto
en la parte motiva.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
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Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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