Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04924-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04924-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04924-02
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
1 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-02
Solicitante: Oromairo Avella Ballesteros
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejero Ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., primero (1º) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA – SEGUNDA INSTANCIA.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04924-02
Solicitante: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS
Congresista: HUGO ALFONSO ARCHILA SUÁREZ
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto y sustentado por Oromairo Avella Ballesteros en
contra de la sentencia del 10 de mayo de 2024, dictada por la Sala Once Especial de
Decisión del Consejo de Estado, en la cual se resolvió lo siguiente:
«PRIMERO. NEGAR la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el
departamento de Casanare Hugo Alfonso Archila Suárez, elegido para el periodo
constitucional 2022-2026.
SEGUNDO: COMUNÍQUESE lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al ministro del Interior, para lo
de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación, con fundamento
en lo previsto por el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, el cual deberá interponerse y
sustentarse ante la Sala Once (11) Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación.»1
ANTECEDENTES
Solicitud de Pérdida de Investidura
Oromairo Avella Ballesteros presentó solicitud de pérdida de investidura contra el
representante a la Cámara Hugo Alfonso Archila Suárez, invocando la causal prevista
en el numeral 52 del artículo 183 de la Constitución Política, en concordancia con el
artículo 296 numeral 53 de la Ley 5 de 1992, al considerar que ha influido en las
actividades y contratos de la Alcaldía de Yopal y la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del municipio de Yopal (EAAAY).
1 Índice 2 SAMAI.
2 Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:
(…)
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
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Artículo. 296. Causales. La pérdida de la investidura se produce:
(…)
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobadas.
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Solicitante: Oromairo Avella Ballesteros
El solicitante acusó al representante Archila Suárez de incidir sobre las personas que
se incorporan o retiran de la administración municipal de Yopal – Casanare, dada su
cercanía con el entonces alcalde de ese ente territorial, el señor Luis Eduardo Castro,
utilizándolos para sus labores legislativas. Destacó que, en rueda de prensa del 26 de
agosto de 2022, el alcalde de Yopal, «… con ocasión del nombramiento de dos (2) de
sus funcionarios dejó ver que el congresista toma decisiones frente a qué personas se
incorporan a la administración, o como y cuando se retiran, también que los utiliza para
sus labores legislativas».
Lo anterior, dado que:
1. El señor John Paulino Rojas Daza se desempeñó como secretario de salud de
la Alcaldía de Yopal hasta el 17 de octubre de 2022 y a partir del 20 del mismo
mes y año, pasó a integrar la Unidad de Trabajo Legislativo (en adelante, UTL)
del congresista acusado.
2. En reemplazo del señor John Paulino Rojas Daza, se nombró como secretario
de salud de Yopal, al señor Carlos Alberto Rivera Niño, pariente en tercer grado
de consanguinidad con Javier Alberto Rivera Vela, quien fue contratista en la
Secretaría de Gobierno del mismo ente territorial, durante los años 2020 y 2021,
época en la cual el congresista acusado era secretario de gobierno.
3. El señor Javier Alberto Rivera Vela se desempeñó en el cargo de Asistente III
de la UTL del representante Archila Suárez hasta el 13 de junio de 2023, y para
la fecha de presentación de la demanda era candidato a la alcaldía del municipio
de Yopal con aval del Partido Liberal y contaba con el respaldo del
representante demandado. Que no es casualidad su candidatura, pues
acompañó al congresista a las reuniones con funcionarios del orden nacional y
regional, con el fin de impulsar sus aspiraciones políticas y promoverlo frente a
la comunidad y a futuro resultar favorecido con el voto.
De otra parte, manifestó que, según reportaje emitido el 24 febrero de 2023, por el
periodista Juan Pablo Calvas del programa radial Sigue La W, denominado: «coimas
en contrato de 70 mil millones de dólares en Yopal», se refirió a un video que circuló
en el mismo mes y año, en el cual se observa al señor Nelson Javier Suescún Gómez,
representante legal de la sociedad Ingenicontec S.A.S., manifestando que: “para poder
suscribir el contrato nro. 81114010014822 de 2022, con la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal -EAAAY-, se comprometió a pagar unas coimas a: los
señores «Luis Eduardo» (alcalde de Yopal), a «Jairo» (representante legal de EAAAY),
al congresista Hugo Archila Suárez y a «Manolo» (jurídico de la EAAAY)”.
El 23 de febrero de 2023, el Contralor Departamental de Casanare puso en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la
Nación y de la Corte Suprema de Justicia, los hechos relacionados con el referido
video. Razón por la cual, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia, bajo el radicado nro. CUI 11001-0247000-2023-00025-00, abrió indagación
preliminar para establecer la responsabilidad del congresista y ordenó pruebas de
oficio.
Aseveró que, en atención al video que circuló el 23 de marzo de 2023, el gerente de
la EAAAY ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que, «(minuto 18:20) “el señor
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Cortés aprovechando la amistad que tenía con el señor HUGO ARCHILA logra un contacto,
porque además fue el jefe de campaña de HUGO ARCHILA, (Sic) logra un contacto con la
persona que formuló la propuesta acá, y logra una entrevista en principio en la ciudad de
Bogotá, y luego acá en Yopal…”».
Aseguró que, «el señor Cortés» es el diputado de Casanare York Cortés Peña quien,
en entrevista del 25 de marzo de 2023, expresó que el 5 de octubre de 2022 conoció
al contratista a través del congresista convocado y, que la persona a la cual se refiere
el diputado York Cortés, como «el contratista», es el señor Nelson Javier Suescún
Gómez, representante legal de INGENICONTEC SAS, sociedad que suscribió el
Contrato No. 0148-2022 de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
municipio de Yopal (EAAAY).
Que la Contraloría General de la República al dar respuesta a la denuncia por las
irregularidades del referido contrato, en el Rad. 2023EE 01332321 del 10 de agosto
de 2023, se pronunció en el siguiente sentido:
«5. CONCLUSIONES. La Contraloría General de la República concluye lo siguiente:
• Se configura el hallazgo No. 1. Selección de contratistas para los Contratos No. 147 y 148
de 2022. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal.
• Se configura el hallazgo No. 2. Estudios previos de los Contratos No. 147 y 148 de 2022.
(Fase de Planeación). Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Teniendo en cuenta que se evidencian conductas o hechos que deben ser investigadas
por parte de la Procuraduría General de la Nación – PGN, se dará traslado para lo de su
competencia.
• Igualmente, se evidencian hechos objeto de indagación por parte de la Fiscalía General
de la Nación - FGN, por lo cual, se dará traslado para lo de su competencia».
Además, relató que en los medios nacionales se conoció otro hecho de presunto tráfico
de influencias en el cual está involucrado el congresista acusado, por la posible entrega
de puestos en el Fondo Nacional del Ahorro. Que la Sala de Instrucción de la Corte
Suprema de Justicia abrió indagación por esos hechos y, aunque para ese momento
estaba en etapa previa, señaló que cuando se adopte la presente decisión, puede que
se hayan recaudado pruebas indiciarias que permitan establecer la conducta del
representante a la Cámara acusado.
Contestación de la solicitud de Pérdida de Investidura
El representante acusado, a través de apoderado judicial, sostuvo que el accionante
debe probar el supuesto «influjo» del congresista con el alcalde Municipal de Yopal.
Manifestó que el señor John Paulino Rojas Daza se desempeñó como secretario de
salud de la Alcaldía de Yopal – Casanare hasta el 17 de octubre de 2022 y empezó
labores en su UTL a partir del 20 de octubre de 2022, según certificación expedida por
la División de Personal de la Cámara de Representantes. Sostuvo que ese
nombramiento obedece a la autonomía de los congresistas para designar las personas
que conforman su Unidad de Trabajo Legislativo.
Que lo expuesto por el señor Avella Ballesteros en su escrito de pérdida de investidura
no son hechos sino relatos del parecer del actor que deben probarse y desconocen la
presunción de inocencia del congresista convocado.
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Por último, manifestó que se le acusa de incurrir en la causal de tráfico de influencias,
pero no se cumplen los requisitos de la causal, pues no se acreditó el influjo psíquico
por parte del congresista en el nombramiento del secretario de salud de Yopal ni en la
suscripción del contrato nro. 148 de 2022, de la sociedad Ingenicontec S.A.S. con la
EAAAY EICE ESP4.
Tramite en primera instancia
Mediante auto del 2 de noviembre de 20235, se tuvo como pruebas los documentos
aportados con la demanda de pérdida de investidura y se negaron las solicitadas en
los numerales 3.1 -certificados de parentesco6 - y 3.2. -prueba trasladada7- de la
solicitud.
Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.
Mediante auto del 5 de diciembre de 20238, se confirmó el proveído recurrido y se
concedió el recurso de apelación.
Posteriormente, con escrito del 12 de marzo de 2024, el actor indicó que «dando alcance
al Recurso de Apelación del auto de fecha 2 de noviembre de 2023 por el cual fue negada la
solicitud de la prueba trasladada, respetuosamente me permito allegar al proceso una prueba
que hace parte de la investigación con Rad. No. CUI 11001-0247000-2023-00025-00 que
adelanta la Sala Especial de Instrucción de la H. Corte Suprema de Justicia, por considerarla
útil y conducente para esclarecer la conducta que se le atribuye al congresista acusado, la cual
fue recaudada mediante derecho de petición a la Cámara de Representantes».
Además, aportó el Oficio DGA-CS-CV19-0844-2024 del 1º de marzo de 2024,
mediante el cual la directora general administrativa del Senado de la República dio
respuesta a una petición sobre el registro de ingresos y salidas de visitas al congresista
Hugo Alfonso Archila Suárez, en los meses de agosto a octubre de 2022.
En auto del 8 de abril de 20249, se confirmó el proveído de 2 de noviembre de 2023,
y respecto al oficio allegado por el solicitante, indicó que «[e]stas pruebas no serán
valoradas, y no se hará pronunciamiento sobre las mismas, en esta etapa procesal,
toda vez que las mismas no se encuentran relacionadas tanto en el escrito inicial de
pérdida de investidura, como en los recursos interpuestos»
4 Índice 23 SAMAI.
5 Índice 26 de SAMAI, del expediente de pérdida de investidura en primera instancia.
6 «3.1. Comoquiera que esta información tiene carácter de reserva, para acreditar parentesco, se solicita al
Despacho oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de obtener las siguientes certificaciones: De
parentesco de los ciudadanos, CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.
(…), y JAVIER ALFONSO RIVERA NIÑO, los cuales son hermanos. De parentesco de los ciudadanos: JAVIER
ALFONSO RIVERA NIÑO y JAVIER ALBERTO RIVERA VELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. (…),
(padre e hijo)»
7 «3.2. Como prueba trasladada, sírvase solicitar a la Sala Especial de Instrucción de la H. Corte Suprema de
Justicia, copia del Expediente con Radicado No. CUI 11001-0247000- 2023-00025-00, mediante el cual se investiga
la conducta del Representante a la Cámara HUGO ALFONSO ARCHILA SUÁREZ. De igual manera solicitar a la
Sala Especial de Instrucción de la H. Corte Suprema de Justicia, copia del Expediente por el cual abrió indagación
previa contra los 19 congresistas del Partido Liberal, respecto del escándalo del Fondo Nacional del Ahorro en junio
de 2023».
8 Índice 38 de SAMAI, expediente de pérdida de investidura en primera instancia.
9 Índice 7 de SAMAI.
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Solicitante: Oromairo Avella Ballesteros
La audiencia pública prevista en el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018
La audiencia pública se celebró de manera virtual el 29 de abril de 2024, con la
asistencia y participación del solicitante de la desinvestidura y el apoderado del
congresista, en la cual, se reiteraron los argumentos expuestos durante el proceso.
La Sentencia Recurrida
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado, en sentencia del 10 de
mayo de 2024, negó la solicitud de pérdida de la investidura de congresista, presentada
por el ciudadano Oromairo Avella Ballesteros. Las razones de la decisión se resumen
así10:
Según el acervo probatorio que conforma el asunto de la referencia, no se demostró que
el representante a la cámara haya influido psíquicamente en algún servidor público, con
el objeto de obtener el nombramiento de los señores Jhon Rojas Daza y Carlos Alberto
Rivera Niño dentro del municipio de Yopal. El primero ostentaba el cargo de secretario
de salud del municipio del ente territorial y posteriormente integró la UTL del congresista,
desde el 20 de octubre de 2022, fecha para la cual el segundo ya había sido nombrado
como secretario de despacho, adscrito a la Secretaría de Salud.
Que, si bien, los señores Carlos Alberto Rivera Niño y Javier Alberto Rivera Vela son
parientes, y que este último fue acompañado por el congresista convocado en su
aspiración a la alcaldía del municipio de Yopal, tal situación no da cuenta de que el
congresista haya influido en algún servidor público con el objeto de obtener el referido
nombramiento.
Afirmó que las situaciones expuestas por el alcalde, en la rueda de prensa, se encuentran
relacionados con asuntos de la salud, tema del que se ocupa la Comisión Séptima de la
Cámara de Representantes, a la que pertenece el congresista acusado.
De otra parte, señaló que tampoco se probó la causal de tráfico de influencias en el
marco de la celebración del Contrato nro. 00148.22 del 13 de septiembre de 2022, entre
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Yopal (EAAAY) y la
sociedad Ingenicontec S.A.S.
Adujo que, el hecho de que el congresista se conociera con el contratista no da cuenta
que el convocado ejerció influencia sobre el servidor público para la celebración del
contrato. Además, la persona que suscribió el convenio manifestó que el congresista
desconoce el proceso contractual. Que según las afirmaciones del diputado York Cortés,
sobre la forma en cómo conoció al contratista, advierte que fue con posteridad a la
suscripción del contrato que ello ocurrió (el contrato se suscribió el 13 de septiembre de
2022 y aduce que se conocieron el 5 de octubre de 2022).
Señaló que las declaraciones del representante legal de la sociedad contratista, sobre el
presunto pago de unas coimas al representante a la Cámara acusado, constituyen
«…una presunta conducta que no acredita el elemento del ejercicio de un influjo psíquico
por parte del congresista sobre un servidor público, el cual es necesario para que se
10 Índice 58 SAMAI.
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configure la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente
comprobado.»
Concluyó que, al no haberse acreditado el ejercicio de un influjo síquico del congresista
acusado ante un servidor público, sin consideración al orden jerárquico existente, se
abstenía de examinar el elemento subjetivo.
Finalmente, en cuanto al presunto tráfico de influencias por entrega de puestos en el
Fondo Nacional del Ahorro, adujo que no hubo desarrollo argumentativo y probatorio
que sustentara esa afirmación.
RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión adoptada, el señor Avella Ballesteros interpuso recurso de
apelación contra la sentencia del 10 de mayo de 2024, proferida por la Sala Once
Especial de Decisión del Consejo de Estado11.
Manifestó que, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes a la cual
pertenece el congresista conoce los asuntos de salud, si no fuera porque el convocado
tiene influencia en el asunto, no sería el llamado a responder sobre la persona que
ocupa el cargo de secretario de salud en municipio de Yopal, como lo dio a entender
el alcalde en la rueda de prensa del 26 de agosto de 2022.
Que además existen otras pruebas documentales que dan cuenta que, en reemplazo
del secretario saliente de salud, se nombró a Javier Alberto Rivera Vela, quien es
pariente de un contratista del municipio, que también había sido parte de la UTL del
congresista y posteriormente, se postuló como candidato a la alcaldía de Yopal.
Aseveró que la línea de tiempo de las actuaciones que se invocan, evidencia la
influencia del congresista sobre los funcionarios de la alcaldía de Yopal, afirmando que
«no solo los utilizó para mostrar gestión de sus actividades cotidianas, sino que utilizó
la administración como plataforma para ganar réditos y establecer su nicho político.»
De otra parte, señaló que, aunque no existe prueba directa sobre la forma como la
sociedad Ingenicontec S.A.S. logró obtener el contrato No. 148 de 2022 con la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Yopal (EAAAY), la
causal de tráfico de influencias que se invoca no exige acreditar las condiciones de la
intervención, pues es suficiente demostrar la participación del congresista para recibir
un beneficio para sí mismo o para un tercero.
Que la valoración en conjunto de las pruebas aportadas al proceso, permitían concluir
que se configuró el elemento estructurante de la causal de pérdida de investidura
alegada.
Aseguró que las declaraciones hechas por el representante legal de la sociedad
contratista, sobre el pago de coimas, debió interpretarse «desde la perspectiva que en
realidad existió la influencia del congresista consistente en que le adjudicaran el
contrato a la firma INGENICONTEC SAS de su amigo y conocido Nelson Javier
11 Índice 62 SAMAI.
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Suescún Gómez, con la intención de hacerse a las coimas pactadas consistentes en
el pago del 1.5% del valor del contrato No. 0148-2022 de la EAAAY ESP.»
Afirmó que existió la influencia del congresista, en la adjudicación del contrato a la
firma Ingenicontec S.A.S. de su amigo y conocido Nelson Javier Suescún Gómez, con
la intención de hacerse a las coimas pactadas en el pago del 1.5% del valor del
Contrato nro. 0148-2022 de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
municipio de Yopal (EAAAY), por lo tanto, es un error manifestar que no se produjo el
elemento estructurante de la causal de tráfico de influencias debidamente
comprobado.
Por último, solicitó la realización de unas pruebas en segunda instancia, las cuales
fueron negadas mediante auto del 24 de julio de 2024, porque no cumplían los
requisitos del artículo 212 del CPACA para ser decretadas, decisión que no fue objeto
de recursos.12
Concepto del Ministerio Público
La Procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el que solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, que negó la solicitud
de pérdida de investidura formulada por el señor Oromairo Avella Ballesteros, contra
el congresista Hugo Alfonso Archila Suárez, porque considera que los argumentos
invocados en el recurso de apelación son infundados y no están llamados a prosperar,
pues no logró probar la materialización de la conducta irregular, ni se hallan satisfechos
los presupuestos legales para decretar la pérdida de investidura del accionado por la
causal de «Tráfico de influencias debidamente comprobado».
Respecto a la presunta influencia del congresista en el nombramiento del secretario
de salud de Yopal, indicó que los argumentos del recurrente se limitan a comentarios
subjetivos e imprecisos y abstractos para atacar el aparte de la sentencia recurrida,
que en esa medida el cargo no está acreditado, pues son meras conjeturas sin
sustento probatorio.
Frente a la configuración de la causal por la firma del contrato nro. 148 de 2022 que
suscribió la EAAAY EICE ESP, aseguró que el mismo accionante reconoce que no
existe prueba directa sobre este hecho y que la referida causal no impone la necesidad
de probar las condiciones de la intervención, y que basta que se demuestre la
intervención por parte de un congresista, a fin de recibir un beneficio para sí o en favor
de un tercero. Sin embargo, señaló que no es válido que, por la narración de los hechos
y sin prueba alguna, se dé por materializada la causal que invoca y se despoje de la
investidura a un parlamentario, pues ello atenta contra los derechos y garantías que
deben revestir este tipo de procesos.
Señaló que, la valoración en conjunto de las pruebas aportadas al proceso no da
cuenta de la configuración de la causal de pérdida de investidura que se invoca. Que
la parte actora no cumplió con la carga de demostrar que el congresista cuestionado
haya incurrido en tráfico de influencias ni hizo el análisis suficiente para sustentar sus
alegatos, que se limitó a hacer suposiciones o conjeturas, sin el sustento fáctico ni
jurídico adecuado.
12 Índice 4 SAMAI.
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CONSIDERACIONES
Jurisdicción y Competencia
La jurisdicción contenciosa administrativa, conoce de la solicitud de pérdida de
investidura de miembros de corporaciones públicas de elección popular, de
conformidad con lo establecido en los artículos 104, 111 en su numeral 6 y 143 del
CPACA. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para decidir la apelación contra la sentencia de primera instancia, en el
trámite de la desinvestidura de un congresista, sin la participación de los magistrados
que profirieron el fallo recurrido, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 184 y 237
numeral 5° de la Constitución Política; 2 de la Ley 1881 de 2018; 37 numeral 7º de la
Ley 270 de 1996 y el artículo 34 del Reglamento Interno del Consejo de Estado13.
Problema jurídico
La Sala Plena, siguiendo lo establecido en los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso (CGP), aplicables por remisión del artículo 21 de la Ley 1881 de 2018, se
pronunciará exclusivamente sobre los reparos concretos formulados en el recurso de
apelación.
En concreto debe resolverse si, el congresista Archila Suárez incurrió en la causal de
pérdida de investidura de congresista, prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la
Constitución Política en concordancia con el numeral 5 del artículo 296 de la Ley 5 de
1992, que versan sobre el tráfico de influencias debidamente comprobado, ante el
presunto influjo psíquico en: (i) el nombramiento del señor Carlos Alberto Rivera Niño,
como secretario de salud de Yopal; y, (ii) en la forma como la sociedad Ingenicontec
S.A.S. logró obtener el contrato No. 148 de 2022 con la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del municipio de Yopal (EAAAY).
Alcance y requisito de la causal de pérdida de investidura denominada «Tráfico
de influencias debidamente comprobado»
El numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo
296 numeral 5 de la Ley 5 de 1992, establecen que los congresistas perderán su
investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Es fundamental señalar que la causal de desinvestidura por tráfico de influencias se
configura cuando un congresista utiliza su investidura para influir sobre un servidor
público, quien, bajo el impacto de la dignidad congresal, realiza una acción que no
llevaría a cabo si no fuera por la calidad de quien la solicita. Así, se establece una
relación en la que el congresista, gracias a su posición, ejerce influencia sobre el
servidor público para que este intervenga en la toma de decisiones según lo solicitado.
13 Compilado por medio del Acuerdo No. 080 del 12 de marzo de 2019, publicado en el Diario Oficial 50913 del 1°
de abril de 2019, en el que se incluyen, entre otros, el Acuerdo 011 del 31 de enero de 2018, por medio del cual se
conforman las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura de que trata el artículo 2° de la Ley 1881 de
2018 y se reglamenta su funcionamiento.
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La Corporación en reiteradas oportunidades ha indicado que, para que se configure la
citada causal de desinvestidura debe reunir los siguientes elementos, que deben estar
demostrados en el proceso de forma concurrente14:
(i) Que la persona que ejerce la influencia tenga o haya tenido la calidad de
congresista, que se adquiere a partir de la posesión en el cargo;
(ii) Que se invoque esa calidad ante el servidor público y se ejerza sobre este un
influjo, que inevitablemente conlleve al servidor a realizar la actividad que el
congresista pretende, sin que resulte notable la relación de jerarquía entre el
congresista y el otro servidor público;
(iii) Que el congresista reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero
o dádiva, con las salvedades o excepciones que establece la Ley 5 de 1992.
(iv) Que el beneficio pretendido por el congresista provenga de un asunto que el
otro servidor público se encuentre conociendo o vaya a conocer y que ese beneficio
se origine, precisamente, en un asunto donde el servidor público tenga competencia o
la vaya a tener, pues esa es la razón por la que el congresista aborda al servidor.
Análisis de la Sala
El solicitante pidió que se decretara la pérdida de investidura del representante a la
Cámara por el departamento de Casanare, Hugo Alfonso Archila Suárez, por incurrir
en la causal denominada tráfico de influencias debidamente comprobado, pues tuvo
un influjo en las actividades de la alcaldía de Yopal. Para el efecto, señaló que el
congresista intervino en el nombramiento como secretario de salud del municipio y en
la forma como la sociedad Ingenicontec S.A.S. logró obtener el contrato nro. 148 de
2022 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Yopal
(EAAAY).
La Sala Once Especial de Decisión del Consejo de Estado, en la sentencia de primera
instancia, consideró que no se acreditó el elemento objetivo de la causal invocada y,
en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura.
En su escrito de apelación, el señor Oromairo Avella Ballesteros señaló que existió
una indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso, que daban cuenta de la
configuración del tráfico de influencias por parte del congresista acusado, en el
nombramiento del secretario de salud del municipio de Yopal, Carlos Alberto Rivera
Niño, y en la celebración del contrato nro. 148 de 2022 suscrito entre la sociedad
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-15-000-2015-01571-00, C.P.
María Elizabeth García González, sentencia de 1 de noviembre de 2016. En la cual se reiteran los criterios
desarrollados en «las sentencias de 8 de agosto de 2001 (Expedientes acumulados núms. AC-10966 y AC-11274,
Consejero ponente doctor Reinaldo Chavarro Buriticá), de 29 de julio de 2003 y 15 de mayo de 2007 (Expedientes
núms. PI-00522, PI-2006-01268, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), de 11 de marzo de
2008 (Expediente núm. 2007-01054 (PI), Consejera ponente doctora Susana Buitrago), de 27 de abril de 2010
(Expediente núm. 2009-00935 (PI), Consejero ponente doctor William Giraldo Giraldo), 12 de junio de 2012
(Expediente núm. 2011-01112 (PI), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), de 4 de septiembre de
2012 (Expediente núm. 2011-00616 (PI), Consejero ponente doctor Mauricio Fajardo Gómez), de 9 de julio de 2013
(Expediente núm. 2011-01559-00 (PI), Consejero ponente doctor Hernán Andrade Rincón), de 30 de junio de 2015
(Expediente núm. 2013-00115-00 (PI), Consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro (E)), de 4 de agosto de
2015 (Expediente núm. 2012-00863-00 (PI), Consejera ponente doctora Martha Teresa Briceño de Valencia) y de
1o. de marzo de 2016 (Expediente núm. 2015- 01462-00 (PI), Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala)».
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Ingenicontec S.A.S. y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio
de Yopal (EAAAY).
En esa medida, la Sala entrará a analizar cada una de las situaciones descritas por el
solicitante.
Primer cargo de apelación
El apelante concreta su inconformidad con la sentencia de primera instancia, sobre la
base, que sí existió un influjo psíquico por parte del Representante Archila Suárez,
sobre funcionarios públicos, para elegir a quien ocuparía el cargo de Secretario de
Salud del Municipio de Yopal.
El apelante basa su afirmación en una rueda de prensa celebrada con el Alcalde del
Municipio de Yopal el 26 de agosto de 2022, donde, manifestó:
“(…) entonces ya estaría anunciado que va una mujer para ese cargo de secretaria de
salud, que no es la doctora Ingrid pero que va a ser coequipero, coequipera con ella y por
eso queda en ese cargo en la secretaría de salud hay para tranquilidad de todos, para que
la gente esté informada y también es una hija de Yopal la que pasa a ser en 15 días, un
mes, depende de lo que nos, toca que le pregunten al Representante Hugo que les
dé más de fondo la información porque yo tengo es generales, muchísimas gracias,
muy amables” (Subrayas elaboradas por el actor)
Manifestó que, en remplazo del secretario de Salud del Municipio de Yopal, fue
designado Carlos Alberto Rivera Niño, quien era pariente en tercer grado de
consanguinidad del señor Javier Alberto Rivera Vela, quien hacía parte de la UTL del
representante a la Cámara Archila Suarez y a quien, posteriormente, impulsaría como
candidato para la alcaldía del citado municipio, lo cual le permitiría obtener provecho
político o ventaja en beneficio propio.
Al respecto en la providencia impugnada se manifestó:
“(…) la Sala advierte que, de lo manifestado por el alcalde del municipio de Yopal en la
rueda de prensa de 26 de agosto de 2022, la certificación de 28 de junio de 2023 en la
que consta la vinculación del señor John Rojas Daza en la UTL del Representante a la
Cámara convocado y el decreto de nombramiento 395 de 18 de octubre de 2022 del señor
Carlos Alberto Rivera Niño, no se desprende que el congresista Hugo Alfonso Archila
hubiese adelantado alguna conducta con el objeto de ejercer un influjo psíquico sobre un
servidor público, esto es, que haya efectuado solicitud, consejo o recomendación en
relación con un asunto en particular para la obtención de un beneficio y/o dádiva; pues lo
que está demostrado es que el mencionado señor Rojas Daza ostentaba el cargo de
secretario de salud del municipio de Yopal y posteriormente integró la citada UTL, desde
el 20 de octubre de 2022, fecha para la cual el señor Carlos Alberto Rivera Niño ya había
sido nombrado como secretario de despacho, adscrito a la Secretaría de Salud, en la
mencionada entidad territorial.
Además, se observa que las situaciones expuestas por el citado burgomaestre en la rueda
de prensa se encuentran relacionadas con asuntos de la salud, tema del que se ocupa la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, de la que hace parte el congresista
convocado.
Similares consideraciones se expresan en relación con las pruebas con las que el actor
pretende demostrar que el congresista convocado incurrió́ en tráfico de influencias con el
nombramiento del reemplazo del señor John Rojas Daza en la Secretaría de Salud del
municipio de Yopal, ya que valoradas en conjunto no permiten evidenciar que este hubiese
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influido ante un servidor público, con el objeto de obtener el nombramiento del señor Rivera
Niño en la Secretaría de Salud del municipio de Yopal.
Cabe precisar que, si bien se indica que los señores Carlos Alberto Rivera Niño y Javier
Alberto Rivera Vela son parientes, y que este último fue acompañado por el congresista
convocado en su aspiración a la alcaldía del municipio de Yopal, esto tampoco demuestra
que el Representante a la Cámara haya influido en algún servidor público con el objeto de
obtener el referido nombramiento.
De acuerdo con lo expuesto, no se observa que el congresista convocado haya incurrido
en tráfico de influencias, respecto a los citados empleados de la Alcaldía del municipio de
Yopal.”
El accionante está en desacuerdo porque concluye que las pruebas demuestran el
influjo del congresista sobre el alcalde del municipio de Yopal, porque este último
remite al primero para que responda quién ocuparía el cargo de secretario de salud
municipal.
Al respecto, debe señalarse que las elucubraciones del apelante no permiten
desvirtuar las conclusiones a las que llegó la Sala Especial de Decisión en la sentencia
de primera instancia.
Las afirmaciones del alcalde en la rueda de prensa no dan cuenta de alguna actuación
del congresista frente a él. Ni de la frase allí dicha “toca que le pregunten al
representante Hugo” puede deducirse de manera concluyente que el congresista
ejerciera un influjo sobre el alcalde, porque no es claro que la pregunta se refiera a
quién sería el secretario de salud, pero principalmente porque no permite acreditar una
acción del representante para que se designe a alguien en el cargo.
El hecho de que quien resultó nombrado como secretario de salud municipal - Carlos
Alberto Rivera Niño-, sea pariente en tercer grado de consanguinidad de una persona
que trabajó en la UTL del congresista no es suficiente indicador del influjo de este
sobre el alcalde, por lo que no es posible modificar las conclusiones de la sentencia
impugnada.
Es claro para esta Sala que el supuesto fáctico de la causal de pérdida de investidura
no se ha acreditado, no está demostrado que el congresista haya incurrido en tráfico
de influencia con los elementos probatorios arrimados al proceso.
Segundo Cargo de apelación
El apelante considera que, si bien es cierto, no existe prueba directa sobre la manera
cómo la firma Ingenicontec S.A.S. logró obtener el contrato nro. 148 de 2022 con la
EAAAY EICE ESP, también lo es que el elemento estructurante de la causal de pérdida
de investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado, no impone la
necesidad de probar las condiciones de la intervención, sostiene el señor Oromairo
Avella Ballesteros, que basta con que se demuestre la intervención por parte de un
congresista, a fin de recibir un beneficio para sí o en favor de un tercero.
Manifestó el apelante que la sala no valoró en conjunto el material probatorio que obra
en el expediente. En relación con este punto indicó (se trascribe):
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“La existencia del video en el cual Nelson Javier Suescún Gómez, representante legal
de la firma INGENICONTEC SAS, aparece explicando la repartición de coimas para
acceder al contrato de la EAAAY ESP No. 0148-2022 y, donde, en la medida que exponía
los porcentajes a distribuir, escribía lo mismo en un tablero acrílico de color blanco, que
es donde se menciona al congresista Hugo Alfonso Archila Suarez, al cual según esto le
correspondería por su participación el 1.5% sobre el monto de contrato.
Asimismo, la Rueda de Prensa del 23 de marzo de 2023, donde a minuto 18:00 el gerente
de la EAAAY, JAIRO BOSSUET PÉREZ, sostuvo que el señor Cortes, refiriéndose a
YORK CORTES PEÑA diputado de Casanare, “aprovechando la amistad que tenía
con el señor HUGO ARCHILA logra un contacto, porque además fue el jefe de
campaña de HUGO ARCHILA, logra un contacto con la persona que formuló la
propuesta acá (Contratista Nelson Suescún), y logra una entrevista en principio en la
ciudad de Bogotá, y luego acá en Yopal…”
Por su parte, el Diputado YORK CORTES PEÑA en entrevista ofrecida el día 25 de marzo
de 2023, a partir del minuto 05:00, sostiene que por directriz del alcalde Luis Eduardo
Castro y a través del congresista Archila Suarez quien era el que conocía al contratista,
el día 05 de octubre de 2022 se reunió con Suescún Gómez en Bogotá: “(…) a mí me lo
presenta es el Parlamentario HUGO ARCHILA” […] “El alcalde me dice reúnase con
HUGO que el conoce al contratista”. Lo cual confirma que Archila Suarez conocía al
contratista de tiempo atrás.
En sede del recurso de apelación frente a la negativa de las pruebas de oficio solicitadas
en la demanda, se allegó certificación No. DGA-CS-CV19-0844-2024 de fecha 01 de
marzo de 2024, emitida por la Dirección General Administrativa del Senado de la
República, en la cual consta las entradas al Congreso para reunirse con el Representante
Archila, del contratista Nelson Javier Suescún Gómez y del Diputado Cortes Peña, el
primero ingresó en cuatro (4) oportunidades durante los meses de septiembre y octubre
de 2022 y, junto al Diputado Cortés Peña, ingresaron el día 05 de octubre de 2022”.
La sentencia apelada, acertadamente, indicó que la valoración probatoria de las
noticias, fotografías, opiniones, reportajes, columnas y declaraciones de servidores
públicos en medios de comunicación, conforme con el cual, cuando en dichos medios
se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de
funcionarios del Estado, estos deben ser valorados como prueba documental, sin
perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen, y apreciados
en conjunto con las demás pruebas que obran en el proceso, no encuentra acreditado
el influjo psíquico por parte del congresista convocado, por cuanto no se advierte que
incurrió en una actuación dirigida a influir en un servidor público respecto a la
suscripción del Contrato No. 00148.22 del 13 de septiembre de 2022.
Al respecto, la providencia que es objeto de apelación concluyó:
“En efecto, del contenido de las entrevistas del gerente de la EAAAY y del Diputado York
Cortés se desprende que si bien el congresista convocado conocía al señor Suescún
Gómez representante de INGENICONTEC SAS, ello resulta insuficiente para determinar
si el convocado ejerció́ influencia sobre un servidor público en el marco de la celebración
del Contrato No. 00148.22 del 13 de septiembre de 2022, máxime que el referido gerente,
que fue la persona que suscribió́ ese convenio, manifestó́ que el señor Hugo Archila
Suárez no tiene conocimiento sobre la celebración, trámite o perfeccionamiento del
mismo.
Además, se destaca lo expuesto por el diputado Cortés respecto a las circunstancias en
las que conoció́ al señor Suescún Gómez, pues se advierte que estas fueron posteriores
a la celebración del contrato -13 de septiembre de 2022-, en tanto se indicó que fue el 5
de octubre de 2022, cuando el congresista convocado lo contactó con esa persona, con
el fin de desarrollar un proyecto diferente al objeto del Contrato No. 00148.22 del 13 de
septiembre de 2022.
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Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que lo afirmado por el representante de
INGENICONTEC SAS -sociedad contratista- sobre el pago de unas presuntas coimas al
Representante a la Cámara Hugo Archila Suárez, entre otras personas, se refiere a una
presunta conducta que no acredita el elemento del ejercicio de un influjo psíquico por
parte del congresista sobre un servidor público, el cual es necesario para que se
configure la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente
comprobado.
La Sala destaca que lo relacionado con la suscripción del referido contrato y el pago de
presuntas coimas, fue puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República,
entidad que anunció dar traslado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía
General de la Nación, tal como consta en las conclusiones de la respuesta a la denuncia
2023-262220-82111, antes transcrita.
En tales condiciones, al no estar acreditado el ejercicio de un influjo psíquico del
congresista convocado ante un servidor público, sin consideración al orden jerárquico
existente, no es necesario analizar los demás elementos señalados por la jurisprudencia,
para determinar si se configuró el tráfico de influencias alegado, en cuanto estos son
concurrentes. Por lo tanto, la Sala concluye que por este aspecto no se encuentra
demostrada la causal de pérdida de investidura invocada.”
Contrario a lo manifestado en el recurso de apelación, la sentencia de primera instancia
hizo un análisis de todos los elementos probatorios en su conjunto, de aquellos
allegados oportunamente al expediente y no de manera aislada, y determinó que no
acreditan el ejercicio de un influjo psíquico por parte del congresista acusado sobre un
servidor público, el cual es necesario para que se configure la causal de pérdida de
investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Es importante destacar que el acervo probatorio obrante no permite verificar la
materialización de la causal demandada, tampoco se observa un desarrollo
convincente que sustente tal afirmación.
Así mismo, como se manifestó en la decisión de primera instancia, no se acreditó el
elemento objetivo de la causal invocada, pues no se probó conducta alguna del
congresista que pudiera coincidir con los verbos rectores de la causal que sustentó la
solicitud de pérdida de investidura, por lo que debe confirmarse la negación de las
pretensiones formuladas.
Es por lo anterior que no hay razón para modificar la providencia impugnada y en
consecuencia la Sala la confirmará.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de mayo de 2024, proferida por la Sala
Once Especial de Decisión del Consejo de Estado, que negó la solicitud de pérdida de
la investidura del Representante a la Cámara por el Departamento de Casanare Hugo
Alfonso Archila Suárez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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SEGUNDO: REMITIR copia de esta providencia a la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior, para lo de su
cargo, conforme a lo previsto por el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría General que, una vez en firme esta sentencia,
archive el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en la sesión de la fecha.
(Ausente con excusa)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
(Firmado electrónicamente) (Ausente en comisión)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSÓN RAMOS GIRÓN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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