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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04157-00

Fecha
15 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04157-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de pérdida de investidura de la senadora de la República Isabel Cristina Zuleta López, elegida para el período constitucional 2022- 2026, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, COMUNICAR a la Mesa Directiva del Senado de la República, al Consejo Nacional Electoral y al ministro del Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04157-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

15 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE
INVESTIDURA VEINTE

Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (ACUMULADO)1
Accionantes: WILLIAM FRANCISCO QUINTERO VILLARREAL Y
OTROS2
Accionada: ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ
Tema: La violación del régimen de incompatibilidades y el tráfico de
influencias debidamente comprobado como causales de pérdida de
investidura de los congresistas.

Sentencia de primera instancia

La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte resuelve las
solicitudes de pérdida de investidura presentadas por los ciudadanos William
Francisco Quintero Villarreal, Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno
Granados, en contra de la senadora de la República señora Isabel Cristina Zuleta
López, elegida para el período constitucional 2022-2026.

I. ANTECEDENTES

I.1. Las solicitudes de pérdida de investidura

I.1.1. Expediente núm. 11001-03-15-000-2025-04157-003

1. Elciudadano William Francisco Quintero Villarreal en ejercicio del medio de
control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 4, solicitó:

“[…] PRETENSIONES

ÚNICA: Que se declare la pérdida de investidura de la Senadora de la República
ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ, por haber estado incurso en un conflicto de
Tráfico de Influencias. (sic) […]” (negrilla del texto)

I.1.1.1. Los hechos

2. Afirmó que la accionada fue elegida senadora de la República para el período
constitucional 2022 - 2026.

1
11001-03-15-000-2025-04174-00.
2
Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados.
3
Cfr. Índice 3, SAMAI.
4
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

3. Señaló que el Gobierno nacional expidió la Resolución núm. 138 de 29 de mayo
de 20235, mediante la cual se autorizó la instalación del espacio de conversación
socio jurídico de construcción de paz urbana con las estructuras armadas
organizadas de crimen de alto impacto de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá,
se designaron sus representantes y se dictaron otras disposiciones.

4. Indicó que la citada resolución, en su parte considerativa, previó que el artículo 8°
de la Ley 418 de 26 de diciembre de 19976, modificada, adicionada y prorrogada
por la Ley 2272 de 4 de noviembre de 20227, habría dispuesto que los
representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional podrían,
siguiendo los lineamientos del presidente de la República, realizar todos los actos
tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas
organizadas de crimen de alto impacto que demostraran voluntad de transitar hacia
el Estado de derecho.

5. Aseveró que la mencionada resolución habría señalado que, como resultado de
los acercamientos exploratorios entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y
estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en la ciudad de
Medellín y el Valle de Aburrá, se habría convenido, el 27 de abril de 2023, trabajar
en una agenda de paz en un espacio de conversación socio jurídico de construcción
de paz urbana, que se adelantaría en las instalaciones de la Cárcel y Penitenciaría
de Alta y Media Seguridad La Paz del municipio de Itagüí.

6. Manifestó que en la resolución aludida se designaron como representantes del
Gobierno nacional para participar en dicho espacio de conversación socio jurídico
de construcción de paz urbana, a los señores Isabel Cristina Zuleta López, Lucía
Victoria González Duque y María Isela Quintero Valencia, bajo la coordinación del
señor Jorge Iván Mejía Martínez.

7. Anotó que en la Resolución núm. 5208 de 19 de junio de 2025, expedida por el
director de Custodia y Vigilancia (E) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(en adelante INPEC), se estableció que la accionada, mediante oficio sin número ni
fecha, aludiendo a la condición de coordinadora para la construcción de paz urbana
del mencionado espacio de conversación socio jurídico, calidad que no ostentaba
la congresista, solicitó el traslado de personas privadas de la libertad para que
participaran, el 21 de junio de 2025, en un acto público con el presidente de la
República en la plazoleta de La Alpujarra, en la ciudad de Medellín.

I.1.1.2. La causal de pérdida de investidura

8. El accionante estimó que la congresista acusada habría incurrido en la causal de
pérdida de investidura contenida en el artículo 183, numeral 5., de la Carta Política,
esto es, por tráfico de influencias debidamente comprobado.

5
“[…] por la cual se autoriza la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana con las
Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá, se designan representantes
del Gobierno nacional y se dictan otras disposiciones. […]”.
6
“[…] Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan
otras disposiciones. […]”.
7
“[…] Por medio de la cual se modifica adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de
Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones. […]”.

3

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

9. Indicó que la accionada habría trasgredido el ordenamiento jurídico y afectado el
normal desempeño de las funciones de los servidores públicos, haciendo prevalecer
su condición de senadora de la República y miembro del partido de gobierno,
buscando un aprovechamiento político personal para su reelección y para la del
presidente de la República.

I.1.2. Expediente núm. 11001-03-15-000-2025-04174-008

10. Los ciudadanos Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno
Granados en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley
1437, solicitaron:

“[…] 2.2. PRETENSIONES

Primera. Declarar que la demandada Isabel Cristina Zuleta López incurrió en la
causal de pérdida de investidura establecida en el numeral uno (1) del artículo 183
de la Carta Política.

Segunda. Que, como consecuencia del pronunciamiento anterior, se declare la
Pérdida de Investidura como Senadora de la República y la cancelación de la
credencial que la Organización Electoral – Registraduría Nacional del Estado Civil le
expidió a la ciudadana Isabel Cristina Zuleta López (…) declarada elegida el 19 de
julio de 2022, mediante acta emanada del Escrutinio General – Senado de la
República por el Partido Colombia Humana – Coalición Pacto Histórico para el
período constitucional 2022-2026 y posesionado (sic) el 20 de julio de 2022, y se
declare la condigna inhabilidad y/o inelegibilidad permanente para ocupar cargos por
elección popular. […]”(negrilla del texto)

I.1.2.1. Los hechos

11. Mencionaron que la accionada fue elegida senadora de la República para el
período constitucional 2022 - 2026 y que tomó posesión del cargo el 20 de julio de
2022.

12. Señalaron que el presidente de la República mediante la Resolución núm. 452
de 8 de noviembre de 20249, había designado a la accionada como coordinadora
en el espacio de conversación socio jurídico con las estructuras armadas de alto
impacto de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, la cual tenía como finalidad
avanzar en los mecanismos de diálogo con esas estructuras, en el marco de una
estrategia integral de paz y sometimiento a la justicia.

13. Anotaron que el director de Custodia y Vigilancia (E) del INPEC expidió la
Resolución 5208 de 19 de junio de 2025, en atención al oficio sin número ni fecha
remitido por la accionada y mediante el cual solicitó la remisión de personas
privadas de la libertad.

14. Indicaron que la senadora accionada habría incurrido en la prohibición
constitucional prevista en el primer inciso del numeral 2. del artículo 180 de la Carta

8
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente 11001031500020250417400 e Índice 33, SAMAI.
9
“[…] Por la cual se designa a representantes del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las
Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá, y se dictan otras disposiciones
[…]”.

4

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

Política, en razón a que gestionó a título personal ante el INPEC, la salida de
internos identificados como cabecillas de la estructura criminal conocida como “La
Oficina”, quienes habrían participado en un evento público celebrado el 21 de junio
de 2025 en la ciudad de Medellín.

I.1.2.2. La causal de pérdida de investidura

15. Los accionantes afirmaron que la accionada habría violado el régimen de
incompatibilidades de los congresistas, causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 1. del artículo 183 de la Carta Política, en concordancia con el numeral
2. del artículo 296 de la Ley 5ª de 17 de junio de 199210, al incurrir en la
incompatibilidad contenida en el numeral 2. del artículo 180 de la Carta Política y
replicada en el numeral 2. del artículo 282 de la Ley 5ª.

16. Alegaron que la accionada habría gestionado ante el INPEC la salida de
personas privadas de la libertad, identificadas como integrantes de la estructura
criminal conocida como “La Oficina”, para que participaran en un evento público
denominado “Pacto por la Paz Urbana” realizado el 21 de junio de 2025 en la ciudad
de Medellín, actuación que habría excedido las funciones y competencias que le
fueron asignadas en la Resolución núm. 452 de 8 de noviembre de 2024.

17. Manifestaron que la conducta de la accionada estaría en contravía de lo previsto
en el numeral 2. del artículo 180 de la Carta Política y en el numeral 2. del artículo
282 de la Ley 5ª., normas que prohíben a los congresistas intervenir en asuntos
ajenos a sus funciones legislativas, particularmente cuando esto implique gestionar
intereses ante entidades públicas.

18. Estimaron que la accionada, en relación con el elemento subjetivo de
culpabilidad, violó el régimen de incompatibilidades con dolo, puesto que, en
atención a su sólida formación académica como Socióloga, debía estar plenamente
consciente de las implicaciones legales y éticas de su comportamiento, el cual
constituyó una trasgresión grave a los deberes funcionales del cargo de congresista
y es contrario a los principios éticos, legales y reglamentarios que lo rigen.

I.2. Las contestaciones a las solicitudes de pérdida de investidura

19. La senadora accionada, actuando a través de apoderado, se opuso a las
solicitudes de pérdida de investidura, en la siguiente forma:

I.2.1. Expediente núm. 11001-03-15-000-2025-04157-0011

20. Manifestó que la parte accionante allegó la Resolución núm. 138 de 29 de mayo
de 2023, expedida por el presidente de la República, por la cual se autorizó la
instalación del espacio de conversación socio jurídico de construcción de paz
urbana con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de la
ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.

10
“[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes […]”.
11
Cfr. Índice 23, SAMAI.

5

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

21. Indicó que, no obstante, no mencionó la Resolución núm. 452 de 8 de noviembre
de 2024, acto administrativo expedido posteriormente y mediante el cual se designó
a la accionada como coordinadora del Gobierno nacional en el mencionado espacio
de conversación socio jurídico de construcción de paz urbana, de tal forma que no
usurpó el ejercicio de tales funciones.

22. Afirmó que no faltó a sus deberes como congresista puesto que en los diálogos
que adelantaba el Estado con voceros de las estructuras armadas de crimen
organizado, no actuaba como senadora de la República sino como delegada del
presidente de la República.

23. Explicó que, en atención a una excepción a las incompatibilidades previstas para
los congresistas –sin mencionarla–, fue designada por el presidente de la República
como representante del Gobierno nacional en ese espacio de conversación socio
jurídico de construcción de paz urbana y, posteriormente, como coordinadora,
atendiendo el mandato del artículo 22 Constitucional que estableció la paz como un
derecho y un deber.

24. Argumentó que no existió tráfico de influencias puesto que solicitó, pero no
ordenó ni exigió el traslado de personas a cargo del INPEC, de tal forma que la
institución podía o no acoger tal petición.

25. Reiteró, igualmente, que obró en una condición distinta a la de congresista, por
lo que no existió “[…] influjo síquico o temor reverencial en el funcionario que recibió
y tramitó la petición de traslado de los presos. […]” y que cumplía un mandato legal,
así como instrucciones del presidente de la República, de tal forma que no podía
hablarse de tráfico de influencias, pues este suponía un provecho ilícito para el autor
o para un tercero y, en el presente asunto, el beneficio sería para “[…] el país y para
la ciudad que traería el fin de las estructuras de crimen organizado […]”.

26. Aseguró que tanto la solicitud presentada ante el INPEC como la resolución que
autorizó el traslado de las personas privadas de la libertad se produjeron en el marco
de la Carta Política y la ley, en particular, de los artículos 22, 188 y 189 de la Carta
Política y de las Leyes 418 y 2272, y se presumen legales mientras no hayan sido
anuladas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

27. Adujo que la solicitud presentada ante el INPEC hizo parte de un proceso de paz
y sometimiento a la justicia que mostró avances y acercamientos entre la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz y las estructuras armadas de crimen de alto
impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.

28. Mencionó frente al elemento subjetivo de culpabilidad que, descartada la
configuración de la causal en su parte objetiva, sobraría cualquier mención respecto
de este elemento.

29. Aseguró, sin embargo, que las circunstancias que rodearon su actuación no
permitían evidenciar dolo o culpa alguna, insistiendo en que no actuaba como
congresista sino como coordinadora del Gobierno nacional en el aludido espacio de

6

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

conversación socio jurídico de construcción de paz urbana y que su conducta se
enmarcaba en mandatos constitucionales y legales con el objetivo de que cesara o,
al menos, disminuyera la violencia urbana y se permitiera la reinserción social de
jóvenes que incurren en comportamientos por fuera de la ley.

I.2.2. Expediente núm. 11001-03-15-000-2025-04174-0012

30. Manifestó que el artículo 22 Constitucional establece la paz como un derecho y
un deber de obligatorio cumplimiento y que actuó cobijada por este derecho-deber
que le correspondía como ciudadana y representante elegida por el pueblo.

31. Insistió en que no realizó las gestiones a las que se refiere el numeral 2. del
artículo 180 Constitucional y que en ningún momento invocó la calidad de
congresista en los oficios dirigidos al INPEC, puesto que allí se alude a la condición
de coordinadora del espacio de conversación socio jurídico de construcción de paz
urbana.

32. Afirmó que la situación juzgada encajaría más en la incompatibilidad prevista en
el numeral 1. del artículo 180 de la Carta Política, esto es, la prohibición al
congresista de desempeñar cargo o empleo público o privado.

33. Explicó que la citada incompatibilidad no se habría configurado puesto que la
designación como integrante y coordinadora de una mesa de diálogo con
estructuras armadas criminales de alto impacto no era un cargo sino una misión
temporal y especial enmarcada, insistió, en el derecho-deber de la paz y como una
forma de colaboración armónica entre los poderes públicos.

34. Mencionó que el artículo 283 de la Ley 5ª estableció las excepciones a las
incompatibilidades, dentro de las que se encontraba, en el numeral 13., la
consistente en las demás que estableciera la ley. Puso de presente los artículos 189
de la Carta Política y el artículo 8° de la Ley 418, para señalar que:

“[…] En el artículo 8 de dicha ley se establece claramente que el gobierno nacional
puede autorizar expresamente representantes suyos para que promuevan la
reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz. Para ello
dichos representantes puede realizar todos los actos tendientes a entablar
negociaciones y diálogos con grupos armados organizados al margen de la ley, así
como adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o
miembros de dichos grupos, dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr
la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos
humanos, el cese de hostilidades o su disminución la reincorporación de los miembros
de estas organizaciones o su tránsito a la legalidad y la creación de condiciones que
propendan por un orden político, social y económico justo. […]”

35. Indicó que las personas designadas por el presidente de la República como
representantes del Gobierno nacional cumplían una función legal que constituía una
excepción a las incompatibilidades que rigen a los congresistas y destacó que el
artículo 12 de la “[…] ley 497 […]” señaló que las personas que participaran en los
acercamientos, diálogos o negociaciones, así como en la celebración de acuerdos,

12
Cfr. Índice 43, SAMAI.

7

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

no incurrirían en responsabilidad penal o disciplinaria por su intervención en estos,
de tal forma que no podría ser sancionada con la pérdida de investidura.

36. Anotó que la Ley 2272, además de prorrogar la Ley 418, definió la paz como una
política de Estado que vinculaba a las autoridades de todas las ramas y niveles del
poder público, quienes debían orientar sus actuaciones a su implementación y
cumplimiento, mencionando que el artículo 8° de la citada Ley 418 refirió a las
atribuciones de los representantes del Gobierno nacional en relación con las
estructuras armadas organizadas de crímenes de alto impacto.

37. Expuso que lo que pretendía “[…] la incompatibilidad es que el ejercicio
simultáneo de actividades o cargos que puedan entorpecer el normal desarrollo de
la función del legislador causa detrimento y perjuicio del interés general y de los
principios de la función pública […]”, lo cual no ocurrió en el presente asunto pues
contribuyó al interés general de la paz y a la recuperación de la convivencia, a través
del sometimiento a la ley de personas que estaban dispuestas a esto y dialogar con
el Estado para esos efectos.

38. Consideró que la no configuración de la causal de pérdida de investidura desde
el punto de vista objetivo hacía innecesario el examen del elemento subjetivo de
culpabilidad.

39. Aseveró, no obstante, que no actuó con dolo o culpa, en la medida en que su
conducta estuvo precedida de la buena fe y el deseo de contribuir a la recuperación
de la paz y la convivencia mediante los diálogos dirigidos al sometimiento de
estructuras armadas criminales de alto impacto en la ciudad de Medellín y el Valle
de Aburrá; sumado a que estuvo convencida de la necesidad del proceso y de la
legalidad de la misión que le fue encomendada por el presidente de la República.

40. Manifestóque no había prueba de que su conducta fuera dolosa, pues lo
acreditado es que se tramitó la salida temporal de su sitio de reclusión de unas
personas para participar en un evento público.

I.3. Trámite del proceso

41. En auto de 9 de julio de 202513 se devolvió la solicitud de pérdida de investidura
al accionante William Francisco Quintero Villarreal y se le concedió el término de
diez (10) días para su corrección.

42. Mediante providencia de 29 de julio de 202514, una vez corregida la solicitud15,
se admitió la solicitud de pérdida de investidura y se concedió a la accionada el
término de cinco (5) días para referirse, por escrito, a lo expuesto en la solicitud, así
como aportar o pedir la práctica de pruebas.

13
Cfr. Índice 7, SAMAI.
14
Cfr. Índice 14, SAMAI.
15
Cfr. Índice 12, SAMAI.

8

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

43. La accionada, actuando por intermedio de apoderado, contestó la solicitud de
pérdida de investidura16.

44. La consejera de Estado ponente de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura Ocho, por auto de 16 de julio de 202517, remitió la solicitud de pérdida
de investidura presentada por los señores Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge
Heriberto Moreno Granados, identificada con el número de radicación 11001-03-15-
000-2025-04174-00, para el estudio de una acumulación con este proceso.

45. En auto de 2 de septiembre de 202518 se dispuso: i) acumular el proceso con
radicación núm. 11001-03-15-000-2025-04174-00 al expediente núm. 11001-03-15-
000-2025-04157-00; ii) suspender el trámite del proceso con radicación núm. 11001-
03-15-000-2025-04157-00 hasta tanto el proceso acumulado se encuentre en el
mismo estado; iii) devolver la solicitud de pérdida de investidura presentada por los
señores Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados, para su
corrección dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

46. Mediante providencia de 26 de septiembre de 202519, una vez corregida la
solicitud20, se admitió la solicitud de pérdida de investidura presentada por los
señores Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados y se
concedió a la accionada el término de cinco (5) días para referirse, por escrito, a lo
expuesto en la solicitud, así como aportar o pedir la práctica de pruebas.

47. La accionada, actuando por intermedio de apoderado, contestó la solicitud de
pérdida de investidura21.

48. A través de los proveídos de 12 de noviembre de 202522 y 9 de febrero de 202623,
se decretó la práctica de pruebas y se fijó para el 23 de febrero de 2026, hora 2:30
p.m., la realización de la audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881
de 15 de enero de 201824, respectivamente.

I.4. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881

49. Fue realizada el 23 de febrero de 202625, con la asistencia de i) los integrantes
de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte; ii) los accionantes
William Francisco Quintero Villarreal y Yoad Ernesto Pérez Becerra; iii) el
Procurador Delegado de Intervención 9: Cuarto Delegado ante el Consejo de
Estado, agente del Ministerio Público para este proceso; y iv) la accionada y su
apoderado. El accionante Jorge Heriberto Moreno Granados no asistió a la
diligencia.

16
Cfr. Índice 23, SAMAI.
17
Cfr. Índice 6, SAMAI. Expediente 11001031500020250417400.
18
Cfr. Índice 28, SAMAI.
19
Cfr. Índice 36, SAMAI.
20
Cfr. Índice 33, SAMAI.
21
Cfr. Índice 43, SAMAI.
22
Cfr. Índice 48, SAMAI.
23
Cfr. Índice 70, SAMAI.
24
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”
25
Cfr. Índice 81, SAMAI.

9

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

I.4.1. La intervención del accionante William Francisco Quintero Villarreal

50. El accionante solicitó que se declarara la pérdida de la investidura de la senadora
accionada.

51. En su intervención, de la cual allegó resumen escrito26, mencionó que el
Gobierno nacional expidió la Resolución núm. 138 de 29 de mayo de 2023, por la
cual autorizó la instalación del espacio de conversación socio jurídico de
construcción de paz urbana con las estructuras armadas organizadas de crimen de
alto impacto de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, se designaron
representantes del Gobierno nacional y se dictaron otras disposiciones.

52. Puso de presente que en ese acto administrativo se designó a la accionada como
representante del Gobierno nacional en esos diálogos y como coordinador de la
mesa de diálogo al señor Jorge Iván Mejía Martínez y se estableció que los diálogos
se llevarían a cabo en las instalaciones de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media
Seguridad de Itagüí.

53. Indicó que, posteriormente, fue expedida la Resolución núm. 452 de 8 de
noviembre de 2024, en la cual se designó como coordinadora de la mesa de diálogo
a la accionada y se derogaron los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Resolución núm. 138
de 29 de mayo de 2023, permaneciendo incólume el artículo 1°, lo cual indicaba que
no hubo cambio en la determinación de que los sitios de las reuniones o diálogos
eran las instalaciones de la penitenciaría de Itagüí.

54. Coligió de lo expuesto que la accionada, abusando de su condición de
congresista perteneciente al partido de gobierno y como auspiciadora de la
reelección del presidente de la República, convenció al director del INPEC de
ordenar el traslado de internos para acudir a un acto político y público realizado en
la plazoleta de La Alpujarra, esto es, por fuera del mencionado centro de reclusión,
lo cual se materializó en la Resolución núm. 5208 de 19 de junio de 2025, cuando
la competencia para esto la tiene un juez de la República.

55. Consideró que la conducta de la accionada constituía tráfico de influencias pues
utilizó su posición política para influir en la decisión del INPEC y obtener réditos
políticos personales y para terceros sin contar con facultad para esto.

I.4.2. La intervención del accionante Yoad Ernesto Pérez Becerra

56. El accionante solicitó en su intervención, de la cual allegó resumen escrito27, que
se declarara la pérdida de investidura de la accionada pues, en su criterio, estaba
acreditado que realizó una gestión directa ante el INPEC contraria al régimen de
incompatibilidades de los congresistas.

57. Estimó que, con base en los hechos demostrados en el proceso, la accionada
realizó una gestión concreta ante una entidad pública, el INPEC, dirigida a obtener

26
Cfr. Índice 78, SAMAI.
27
Cfr. Índice 76, SAMAI.

10

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

una decisión administrativa específica consistente en la remisión de personas
privadas de la libertad a un evento público.

58. Señaló que esta actuación no constituía ejercicio de la función legislativa ni de
control político y pretendió producir un resultado operativo en la administración, la
cual fue realizada con dolo, pues actuó voluntariamente a pesar de la prohibición
constitucional expresa cuyo conocimiento era exigible en atención a la investidura
que ostentaba.

59. Adujo que incluso, si se acogiera una posición menos severa sobre el
conocimiento pleno de la ilicitud, la culpa grave se configuraría, toda vez que las
Leyes 418 y 2272 no establecen una excepción al régimen de incompatibilidades ni
autorizan, de manera directa, la gestión de trámites administrativos penitenciarios.

60. Esgrimió que no existía norma que permitiera considerar que una designación
presidencial suspendía la prohibición constitucional contenida en los artículos 180 y
183 de la Constitución Política.

61. Resaltó que, aceptar tal tesis, implicaría desconocer la supremacía constitucional
prevista en el artículo 4° de la Carta Política, de ahí que, bajo la hipótesis más
favorable a la defensa, existiría un desconocimiento inexcusable del deber de
cuidado reforzado propio de la investidura de congresista, lo que conduciría, al
menos, a la culpa grave, sin que la invocación de la buena fe tenga aptitud para
enervar una prohibición constitucional expresa.

I.4.3. La intervención del agente del Ministerio Público

62. El agente del Ministerio Público en su intervención, la cual acompañó del
concepto núm. 021/2026 de 23 de febrero de 202628, solicitó negar las pretensiones
de las dos (2) solicitudes de pérdida de investidura, al considerar que no se
encontraron reunidos los requisitos para la configuración del elemento objetivo de
la violación del régimen de incompatibilidades y del tráfico de influencia, causales
de pérdida de investidura contenidas en los numerales 1. y 5. del artículo 183
Constitucional.

63. Resaltó, frente a la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias
debidamente comprobado, que la parte accionante no probó en qué momento y en
qué forma la accionada habría invocado o antepuesto su condición de congresista
para que se trasladara, por parte del INPEC, a varias personas privadas de la
libertad a un acto político con el presidente de la República.

64. Indicó que lo acreditado en el proceso es que, para realizar tal solicitud, invocó
su calidad de coordinadora del espacio de conversación socio jurídico de
construcción de paz urbana con las estructuras armadas organizadas de crímenes
de alto impacto en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.

28
Cfr. Índice 77, SAMAI.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

65. Afirmó que tampoco se probó que la accionante hubiere solicitado, recibido,
hecho dar o prometido dar, para sí o para terceros, dádiva, beneficio o utilidad
alguna y añadió que el aprovechamiento político, para sí y para el presidente de la
República, no podía entenderse como una dádiva en los términos exigidos por la
normativa, en la medida en que era intangible, eventual e incierto.

66. Respecto de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades por gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las
entidades públicas, insistió en que la accionada solicitó el traslado de algunas
personas privadas de la libertad a un evento público en el marco de un programa
gubernamental de construcción de paz urbana invocando su condición de
coordinadora designada por el Gobierno nacional y no su investidura parlamentaria.

67. Manifestó que la incompatibilidad por gestión de asuntos ante entidades públicas
no se configuraba de manera automática por la sola razón de una actuación positiva
o formal ante la Administración, sino que exigía un análisis material del contenido
de la gestión, particularmente de su finalidad y de los efectos que produce frente a
los principios que el régimen de incompatibilidades pretende proteger.

68. Consideró, conforme a lo anterior, que la actuación de la accionada se enmarcó
en el programa de paz del Gobierno nacional y no se demostró que hubiere utilizado
su investidura como congresista para “[…] torcer la voluntad de la Administración
[…]” u obtener un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico.

69. Expuso que, si bien, desde una perspectiva meramente formal, se puede afirmar
la existencia de una actuación ante una entidad pública, la gestión no estuvo
orientada a la satisfacción de intereses particulares ni a la obtención de ventajas
indebidas, presupuesto indispensable para estructurar la causal de pérdida de
investidura.

I.4.4. La intervención de la accionada y su apoderado

70. La accionada manifestó ser líder social y que su único interés para participar en
los procesos de paz era el interés y deber que les asiste a todos los ciudadanos y
al Estado social de derecho de buscar la paz.

71. Anotó que, una vez llegó al Congreso de la República, continuó su trabajo por la
paz como integrante de la Comisión Accidental para la Paz, que hoy es una comisión
legal, a través de audiencias públicas, debates de control político y múltiples
estrategias que han involucrado la participación de personas privadas de la libertad.

72. Señaló que los traslados de privados de la libertad por parte del INPEC eran
recurrentes, luego no era cierto que la única manera de que se pudiera realizar el
desplazamiento de ese tipo de personas fuera por autorización judicial.

73. Indicó que no era la única congresista que participaba de procesos de paz con
grupos al margen de la ley y enfatizó que no era cierto que haya ofrecido algo al
INPEC para que realizara el traslado de personas privadas de la libertad para el

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

evento realizado en la ciudad de Medellín, el cual tuvo por finalidad exponer
públicamente los avances y dificultades del proceso.

74. Manifestó que desde la realización de tal evento se ha sentido perseguida por
sectores de la ciudad de Medellín y del país al no considerarlo pertinente y explicó
que en la solicitud que realizó al INPEC, basada en las potestades que le fueron
entregadas por el presidente de la República, invocó su condición de coordinadora
del espacio de diálogo y no la de congresista, sin ejercer algún tipo de presión en
esa institución.

75. Afirmó que las personas privadas de la libertad comparecieron al acto público y
retornaron posteriormente a su sitio de reclusión, aseverando que la cárcel de Itagüí
no era el único espacio para el desarrollo del proceso de paz, pues lo previsto en
las resoluciones expedidas por el Gobierno nacional es que en ese sitio de reclusión
se instalaba el espacio de diálogo que se desarrolla por las diez (10) ciudades del
Valle de Aburrá.

76. El apoderado de la accionada en su intervención, del cual allegó resumen
escrito29, ratificó los argumentos expuestos en las contestaciones a las solicitudes
de pérdida de investidura presentadas en contra de la senadora acusada.

77. Insistió en que no existió tráfico de influencias puesto que la accionada no invocó
su investidura sino su condición de coordinadora del espacio de diálogo para la paz
urbana al solicitar la salida de algunas personas privadas de la libertad.

78. Reiteró que no presionó al INPEC para que se permitiera la salida de tales
personas, sosteniendo que era irrelevante si hubo traslado, remisión o permiso de
salida o si era de competencia de esa entidad o del juez de ejecución de penas
puesto que los artículos 51 y 73 del Código Penitenciario ponen en cabeza del
INPEC esa facultad y, adicionalmente, aseguró que no hubo provecho ilícito ni de
otro tipo.

79. Manifestó que no se configuró la violación del régimen de incompatibilidades
puesto que la accionada estaba amparada por la Constitución Política, en particular
por sus artículos 22 –relativo al deber-derecho a la paz– y 189, así como por las
Leyes 418 de 1997 y 2272 de 2022 que señalan al presidente de la República como
el responsable del mantenimiento, conservación y recuperación del orden público.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

80. La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte, para resolver la
presente controversia, analizará: i) la competencia; ii) la oportunidad del medio de
control; iii) la condición de congresista de la acusada; iv) el problema jurídico; v) las
causales de pérdida de investidura invocadas por los solicitantes; y, vi) el caso
concreto.

29
Cfr. Índice 80, SAMAI.

13

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

II.1. La competencia

81. La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte es competente
para conocer, en primera instancia, de esta solicitud de pérdida de investidura, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 184 y 237, numeral 5., de la Carta Política; 37,
numeral 7., de la Ley 270 de 7 de marzo de 199630; 111, numeral 6., de la Ley 1437;
2°. de la Ley 1881; y 33 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201931, expedido
por la Sala Plena del Consejo de Estado32.

II.2. Oportunidad del medio de control

82. El artículo 6° de la Ley 1881 prevé que la solicitud deberá presentarse dentro del
término de cinco (5) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia del
hecho generador de la causal de pérdida de investidura, so pena de que opere la
caducidad.

83. De acuerdo con las solicitudes de pérdida de investidura, se advierte que los
hechos que fundamentan las pretensiones ocurrieron en el año 2025 y que estas se
presentaron ese mismo año, por lo que no ha operado la caducidad del medio de
control de la referencia.

II.3. La condición de congresista de la acusada

84. En el expediente se encuentra copia de la Resolución núm. E-333233 de 19 de
julio de 202234, por medio de la cual se declaró elegido el Senado de la República
para el período constitucional 2022-2026, el que estaría integrado, entre otros, por
la señora Isabel Cristina Zuleta López.

85. Se allegó copia del formato E-26 SEN35 correspondiente a los resultados del
escrutinio general de las elecciones de Senado de la República, en el cual consta
que se declararon electos como senadores para el período 2022-2026, entre otros,
a la señora Isabel Cristina Zuleta López.

86. Se aportó copia de la credencial expedida el 19 de julio de 2022 por la Comisión
Escrutadora General36 que acredita que la accionada fue elegida senadora de la
República.

87. En consecuencia, está cumplido el requisito previsto en el literal b) del artículo
5°. de la Ley 1881, toda vez que las pruebas citadas acreditan que la señora Isabel
Cristina Zuleta López ostentaba, para la época de los hechos juzgados, la condición
de senadora de la República, período 2022-2026.

30
“[…] ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […]”
31
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
32
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
33
Cfr. Índice 3, SAMAI.
34
“[…] Por medio de la cual se declara la elección de Senado de la República, se asignan las curules para el período 2022-
2026 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales. […]”.
35
Índice 2, SAMAI. Expediente 11001031500020250417400.
36
Cfr. Índice 58, SAMAI.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

II.4. El problema jurídico

88. La Sala considera que el asunto que debe resolver consiste en establecer si se
configuran o no los elementos objetivo y subjetivo para decretar la pérdida de
investidura de la acusada, señora Isabel Cristina Zuleta López, senadora de la
República para el período constitucional 2022-2026, por incurrir en las causales de
pérdida de investidura previstas en los artículos 183, numerales 1. y 5. de la Carta
Política, esto es, la violación del régimen de incompatibilidades y el tráfico de
influencias debidamente comprobado.

II.5. Las causales de pérdida de investidura invocadas por los accionantes

II.5.1. El tráfico de influencias debidamente comprobado

89. La causal de tráfico de influencias debidamente comprobado se encuentra
establecida en el artículo 183, numeral 5., de la Carta Política, reproducida en el
artículo 296, numeral 5., de la Ley 5ª, así:

Constitución Política

“[…] ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura:

[…]

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

[…]”.

Ley 5ª

“[…] ARTÍCULO 296. CAUSALES. La pérdida de la investidura se produce:

[…]

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobadas.

[…]”.

90. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 37 ha señalado que esta causal
exige:

“[…] anteponer la investidura de Congresista ante un servidor público, quien, bajo tal
influjo sicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de
quien se lo solicita38. Es decir, se establece una relación en la que el congresista,
gracias a su posición, ejerce influencia sobre el servidor público para que este
intervenga en la toma de decisiones según lo solicitado39. […]”

37
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera ponente: Gloria María Gómez Montoya.
Sentencia de 11 de noviembre de 2025. Radicación núm. 11001-03-15-000-2023-06150-03.
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de noviembre de 2000, radicado AC-
11349, MP Olga Inés Navarrete Barrero.
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de septiembre de 2021, MP Carmelo
Perdomo Cuéter, expediente 11001-03-28-000-2015-01129-00 (PI).

15

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

91. Para la configuración del elemento objetivo de esta causal de pérdida de
investidura, esta corporación40 ha explicado que se requiere la demostración
suficiente y concurrente de los siguientes elementos:

“[…] “a) Que la persona que ejerce la influencia ostente o haya ostentado la calidad
de Congresista de la República, la cual se adquiere a partir de la posesión en el
cargo”;41

b) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público42, ejerciéndose en
todo caso un influjo síquico sobre éste, sin tener en consideración el orden jerárquico
existente entre ambos;

“c) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con
las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las
gestiones de los Congresistas en favor de sus regiones”;43 y

d) Que el beneficio pretendido por el Congresista provenga de un asunto que el
servidor público se encuentre conociendo o haya de conocer”. […]”

II.5.2. La violación del régimen de incompatibilidades

92. La parte accionante le atribuyó a la accionada la violación del régimen de
incompatibilidades de los congresistas, causal de pérdida de investidura regulada
en los artículos 183, numeral 1., de la Carta Política y 296, numeral 2., de la Ley 5ª,
al haber incurrido en la conducta prevista en el artículo 180, numeral 2.,
Constitucional, en concordancia con el numeral 2. del artículo 282 de la Ley 5ª,
normas cuyo contenido es el siguiente:

Constitución Política

“[…] ARTICULO 180. Los congresistas no podrán:

[…]

2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante
las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con
ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las
excepciones a esta disposición.

[…]

ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de
conflicto de intereses.

40
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera ponente: María Elizabeth García González.
Sentencia de 1.° de noviembre de 2016. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2015-01571-00(PI). En el mismo sentido:
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera ponente: Gloria María Gómez Montoya.
Sentencia de 11 de noviembre de 2025. Radicación núm. 11001-03-15-000-2023-06150-03.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Sentencia
de 20 de noviembre de 2018. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2015-00659 00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Sentencia
de 27 de agosto de 2019. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-00317-01.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Milton Chaves García. Sentencia de 1.°
de abril de 2025. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04924-02.
41
Sentencias de Sala Plena de 21 de febrero de 2012 (Expediente núm. 2011-00497 (PI), Consejero ponente Alfonso Vargas
Rincón), de 6 de mayo de dos mil catorce (2014), (Expediente núm. 2013-00865 (PI), Consejero Ponente doctor Enrique Gil
Botero) y de 21 de junio de 2016 (Expediente núm. 2013-01258-00 (PI), Consejera ponente María Elizabeth García González).
42
Ibidem.
43
Ibidem.

16

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

[…]”.

Ley 5ª

“[…] ARTICULO 282. Manifestaciones de las incompatibilidades. Los Congresistas
no pueden:

[…]

2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante
las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con
ellas, por si o por interpuesta persona, contrato alguno; con las excepciones que
establezca la ley.

[…]

ARTÍCULO 296. CAUSALES. La pérdida de la investidura se produce:

[…]

2. Por violación del régimen de incompatibilidades.

[…]”.

93. Se precisa que la incompatibilidad, conforme lo ha explicado la Corte
Constitucional44, significa la:

“[…] imposibilidad jurídica de coexistencia de dos actividades. Dada la situación
concreta del actual ejercicio de un cargo -como es el de congresista para el caso que
nos ocupa- aquello que con la función correspondiente resulta incompatible por
mandato constitucional o legal asume la forma de prohibición, de tal manera que, si
en ella se incurre, el propio ordenamiento contempla la imposición de sanciones que
en su forma más estricta llevan a la separación del empleo que se viene
desempeñando […]”

94. El artículo 180, numeral 2., Constitucional prevé tres (3) situaciones: i) la gestión
de asuntos, en forma directa o por interpuesta persona, ante entidades públicas o
personas que administren tributos; ii) apoderar ante las mismas entidades; y iii)
celebrar contratos, en forma directa o indirecta, con los sujetos indicados45.

95. Para la configuración del elemento objetivo de las causales de incompatibilidad
mencionadas en ese artículo constitucional, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo46 ha señalado que se requiere de la concurrencia de tres (3)
elementos: i) un sujeto activo sobre quien recaiga la prohibición; ii) la conducta
prohibida; y iii) el elemento temporal.

96. El
sujeto activo de estas prohibiciones debe ser un congresista, lo cual
comprende tanto a los senadores de la República como a los representantes a la
Cámara.

44
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-349 de 1994. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
45
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
Sentencia de 8 de agosto de 2023. Radicación núm.: 11001 03 15 000 2022 06270 02. En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra. Sentencia de 27 de junio
de 2006. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2005-01331-00.
46
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Radicación núm.: 11001 03 15 000 2015 00659 00

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Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

97. La conducta prohibida consistente en:

“[…] i) gestionar, en beneficio propio o de un tercero, asuntos ante las entidades
públicas o entidades que administren tributos; ii) ser apoderados ante las mismas y
iii) celebrar con ellas, por si o por interpuesta persona, cualquier tipo de contrato, sin
perjuicio de las excepciones legalmente establecidas47. […]”48

98. En lo que se refiere a la prohibición de gestionar en beneficio propio o de un
tercero, asuntos ante las entidades públicas o entidades que administren tributos,
incompatibilidad que se le atribuye a la accionada, la corporación49 ha considerado
lo siguiente:

“[…] 44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que la conducta
mencionada constituye una incompatibilidad que “[…] reviste las características
propias de una prohibición y al decir de la Corte Constitucional, una imposibilidad
jurídica, vale decir que se consagra, en abstracto y de manera general, un
impedimento para ejecutar cualquiera de las acciones allí señaladas como prohibidas
[…]”50 (Destacado de la Sala)51.

45. Según el Diccionario de la Real Academia Española52, la acepción “gestionar” se
define como “[…] [h]acer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un
deseo cualquiera, y comúnmente se entiende como el adelantamiento de trámites en
procura de una finalidad concreta […]”.

46. En concordancia con esa acepción, la expresión “gestor de negocios” es definida
en el mismo diccionario como “[…] [p]ersona que sin tener mandato para ello, cuida
bienes, negocios o intereses ajenos, en pro de aquel a quien pertenecen […]”.

47. La existencia de un interés especial en cabeza de personas determinadas
constituye un elemento medular de la gestión de negocios, sea cual fuere el ámbito
jurídico en que ella se realice.

48. Lo anterior, teniendo en cuenta que todo negocio comporta un interés jurídico de
quienes intervienen en él, susceptible de plasmarse o concretarse en situaciones
subjetivas que implican prestaciones o contraprestaciones especiales cuya
procuración ante el Estado, directamente o por interpuesta persona, para sí o para
terceros, justamente se canaliza a través de la gestión del negocio ante una entidad
pública.

49. La Sala Plena ha enfatizado que la gestión “[…] independientemente de su
resultado, entraña una conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que
debe estar comprobada y no ser el resultado de inferencias subjetivas o suposiciones
perspicaces […]” (Destacado de la Sala)53. En ese orden de ideas, la gestión se
traduce en una actividad efectiva, en una conducta concreta y real por medio de la

47
Numeral 2 del Artículo 180 de la Constitución Política y numeral 2 del 282 de la Ley 5ª de 1992
48
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Radicación núm.: 11001 03 15 000 2015 00659 00.
49
Ibidem.
50
Sentencia de 26 de agosto de 2003. Expediente 0265-01PI. Actor: Pedro Durán. Magistrada Ponente María Inés Ortiz
Barbosa.
51
El artículo 183 de la misma Ley, dispuso que las incompatibilidades constitucionales no obstan para que los Congresistas
puedan ejercer la cátedra universitaria; cumplir las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales,
conforme a la ley y en igualdad de condiciones, tengan interés, o su cónyuge, o compañero o compañera permanente, o sus
padres, o sus hijos; formular reclamos por el cobro de impuestos fiscales o parafiscales, contribuciones, valorizaciones, tasas
o multas que graven a las mismas personas; usar los bienes y servicios que el Estado ofrezca en condiciones comunes a los
que le soliciten tales bienes y servicios; dirigir peticiones a los funcionarios de la Rama Ejecutiva para el cumplimiento de sus
obligaciones constitucionales; y adelantar acciones ante el Gobierno en orden a satisfacer las necesidades de los habitantes
de sus circunscripciones electorales.
52
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de Española 21ª Ed. 1992, p. 732.
53
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2000, C.P. Olga Inés
Navarrete, Núm. único de expediente 11349.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

cual se demanda ante un sujeto algo, sin que sea relevante para configurar el
concepto, el hecho de obtener la respuesta o de alcanzar la finalidad propuesta.

50. Empero, no cualquier gestión configura la incompatibilidad que se analiza. Es
indispensable tener en cuenta el móvil o causa de la misma. La gestión que configura
la incompatibilidad bajo examen comprende la actuación del congresista, por un lado,
ante una entidad pública o, por el otro, ante cualquier sujeto que administre tributos,
con el fin de obtener resultados en beneficio propio o de intereses particulares, ajenos
a las necesidades del interés general.

51. Así lo puso de presente la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad
condicionada de los numerales 6.º y 8.º del artículo 283 de la Ley 5ª y señalar que la
permisión establecida en dicha normativa tenía lugar bajo “[…] el entendido de que
las acciones, gestiones, intervenciones y convenios en ellos autorizados estarán
circunscritos exclusivamente a la satisfacción de necesidades de interés general
[…]”54.

52. Esta Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia proferida el 6 de octubre
de 200955, a propósito de esta causal, precisó lo siguiente:

“[…] Siguiendo los pronunciamientos de la Sala y la semántica de los vocablos
utilizados en su descripción normativa, se puede decir que la connotación
sustancial de esa causal, gestión de negocios ante entidades públicas, es la de
realizar diligencias, en interés propio o de terceros, de manera directa o por
interpuesta persona, con el fin de obtener la satisfacción de un interés especial de
personas determinadas, como respuesta o resultas de esas gestiones, pues todo
negocio comporta un interés jurídico de quienes intervienen en él, susceptible de
plasmarse o concretarse en situaciones subjetivas que implican prestaciones o
contraprestaciones, […]”

53. La Sala56 también ha sostenido que:

“[...] gestionar consiste en "Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de
un deseo cualquiera, y comúnmente se entiende como el adelantamiento de trámites
en procura de una finalidad concreta". Y para la Sala, la gestión "independientemente
de su resultado, entraña una conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que
debe estar comprobada y no ser el resultado de inferencias subjetivas o suposiciones
perspicaces". De lo anterior se infiere que la gestión se configura con una acción, se
traduce en la actividad efectiva: la conducta concreta y real por medio de la cual se
demanda ante un sujeto algo, sin que sea relevante, para configurar el concepto, el
obtener la respuesta o la finalidad propuesta […]”.

54. Finalmente, esta Sala Plena, en sentencia proferida el 10 de noviembre de 200957,
hizo un importante resumen jurisprudencial sobre el tratamiento y el alcance de la
prohibición de gestionar asuntos o negocios en nombre propio o de terceros, en donde
reafirma que, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.º del artículo 180 de la
Carta Política y en el artículo 282 numeral 2.º de la Ley 5ª, para que se configure la
causal de gestión de negocios el congresista debe desplegar una actividad o
conducta dinámica, positiva frente a un sujeto cualificado, con el propósito de
satisfacer intereses extraños al ejercicio de la función pública que tiene a su cargo,
trasgrediendo el principio de igualdad que debe orientar el ejercicio de sus funciones.

54
Corte Constitucional, sentencia C-497 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández.
55
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de octubre de 2009, C.P. Rafael E. Ostau
De Lafont Pianeta, Núm. único de expediente: 11001-03-15-000-2008-01234-00
56
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de julio de 2006, M.P. Ramiro Saavedra
Becerra, Núm. único de expediente: 11001031500020050133100.
57
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de 2009, M.P. María
Claudia Rojas Lasso, Núm. único de expediente: 11001031500020080118100.

19

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

55. En este mismo sentido, la Sala58 precisó, en sentencia proferida el 9 de julio de
2013, que la incompatibilidad por gestión de negocios se configura por una actividad
o conducta efectiva, concreta y real por medio de la cual se demanda ante un sujeto
algo, sin que sea relevante el hecho de obtener la respuesta o de alcanzar la finalidad
propuesta. […]”

99. En lo que corresponde a su ámbito temporal, las conductas censuradas deben
realizarse en el lapso comprendido entre el momento de su elección y el fin del
desempeño de su investidura59.

100. Se advierte que la accionada, en la contestación a la solicitud de pérdida de
investidura formulada en el expediente núm. 11001-03-15-000-2025-04174-0060,
mencionó que los hechos que fundamentan la solicitud encajarían más “[…] en la
incompatibilidad, que a su vez puede definirse como prohibición, contemplada en el
numeral 1 del ya citado artículo 180 (“Los congresistas no podrán: 1. Desempeñar
cargo o empleo público o privado”) […]”, frente a la cual explicó que tampoco se
habría configurado.

101. La Sala, para efectos de garantizar el principio de congruencia 61, no realizará
pronunciamiento alguno en relación con esa incompatibilidad, en la medida en que
el juez de la pérdida de investidura debe pronunciarse respecto de los hechos,
cargos y pretensiones formuladas por los accionantes en la solicitud, en la cual no
se atribuyó a la accionada haber incurrido en dicha incompatibilidad.

II.6. El caso concreto

102. La Sala analizará la configuración del elemento objetivo de las causales de
pérdida de investidura atribuidas a la accionada conforme a las pruebas que obran
en el plenario.

103. En el expediente se encuentra copia de la Resolución núm. 138 de 29 de mayo
202362, expedida por el presidente de la República, mediante la cual se resolvió:

“[…] Artículo 1°. Instalación de Espacio de Conversación. Autorizar la instalación
del Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana entre los
representantes autorizados por el Gobierno nacional y los voceros de las Estructuras
Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá,
que se surtirá en las instalaciones de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media
Seguridad La Paz de Itagüí.

Artículo 2°. Designación del coordinador de los representantes del Gobierno
nacional. Designar a JORGE IVÁN MEJÍA MARTÍNEZ (…) como representante del
Gobierno nacional para participar en el Espacio de Conversación Sociojurídico de
Construcción de Paz Urbana con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de
Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá. El señor MEJÍA MARTÍNEZ fungirá
como coordinador de la delegación.

58
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de julio de 2013, M.P. Guillermo Vargas
Ayala, Núm. único de expediente: 11001031500020110070900.
59
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Radicación núm.: 11001 03 15 000 2015 00659 00
60
Cfr. Índice 43, SAMAI.
61
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Sentencia de 17 de septiembre de 2019. Radicación núm. 11001-03-15-000-2019-01598-01(PI).
62
Cfr. Índice 65, SAMAI.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

Artículo 3°. Designación de los representantes del Gobierno nacional. Designar
a ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ (…), LUCIA VICTORIA GONZÁLEZ DUQUE
(…) y MARÍA ISELA QUINTERO VALENCIA (…) como representantes del Gobierno
nacional para participar en el Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción
de Paz Urbana con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto
de Medellín y El Valle de Aburrá. […]” (negrilla del texto).

104. Se aportó copia de la Resolución núm. 452 de 8 de noviembre de 2024 63,
expedida por el presidente de la República, a través de la cual resolvió:

“[…] ARTÍCULO 1. Designar a Isabel Cristina Zuleta López (…) como Coordinadora
del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las
Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle
de Aburrá.

La Coordinadora está facultada para realizar todos los actos necesarios y tendientes
a entablar conversaciones sociojurídicas con las Estructuras Armadas Organizadas
de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá que demuestren voluntad
de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia
en los términos que establece la Ley y construir paz en los territorios.

(…)

ARTÍCULO 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Resolución 138 del 29 de mayo de 2023. […]”.

105. Se allegó copia de una solicitud de “[…] junio de 2025 […]”64, formulada por la
accionada al director general del INPEC65, en los siguientes términos:

“[…] Teniente Coronel
DANIEL FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS
Director General
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
dirección.general@inpec.gov.co
Bogotá

Asunto: Solicitud autorización de traslado para participación
en acto público con el Presidente de la República – sábado 21
de junio – La Alpujarra.

Cordial saludo,

En calidad de Coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación
Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto
de Medellín y el Valle de Aburrá, según Resolución Presidencial 452 del 8 de
noviembre de 2024 me dirijo a usted para solicitar que autorice el traslado de
Personas Privadas de la Libertad para participar en la presentación del Informe de
Seguimiento a los “Compromisos para la Superación de las Violencias Contra la
Sociedad Civil”.

Como resultado del Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz
Urbana en Medellín y Valle de Aburrá, seguimos avanzando en el desescalamiento
(sic) de las violencias urbanas y las próximas medidas en este sentido serán
anunciadas en conjunto con el señor Presidente de la República, Gustavo Francisco

63
Cfr. Índice 65, SAMAI e índice 2, SAMAI, Expediente 11001031500020250417400.
64
La Resolución núm. 5208 de 19 de junio de 2025, expedida por el INPEC, hizo referencia a que el oficio sin fecha firmado
por la accionada fue recibido en esa institución el 19 de junio de 2025.
65
Cfr. Índices 23 y 61, SAMAI.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

Petro Urrego, en acto público que se realizará en vía pública en la plazoleta de La
Alpujarra el próximo sábado 21 de junio.

Para esto solicitamos se autorice el trasaldo (sic) al lugar de la actividad de las
siguientes personas privadas de la libertar (sic) en la CPAMSPA – Cárcel y
Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz en el municipio de Itagüí – Antioquia,
y son Voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto
de Medellín y el Valle de Aburrá, reconocidos por el Presidente de la República
Gustavo Petro Urrego mediante Resoluciones Presidenciales 139 del 29 de mayo de
2023 y 094 del 8 de abril de 2025.

(…)

Atentamente,

[firmado]
ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ
(…)
Coordinadora para la Construcción de Paz Urbana
ECSJ – Medellín y Valle de Aburrá […]”.

106. Se encuentra copia de la Resolución núm. 5208 de 19 de junio de 2025 66,
mediante la cual el director de custodia y vigilancia (E) del INPEC, resolvió:

“[…] ARTÍCULO 1° Ordenar la remisión de las personas privadas de la libertad en
mención, de la CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD
CPAMS LA PAZ hasta el lugar anteriormente mencionado, en la fecha señalada de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. Los
privados de la libertad deberán ser regresados a su lugar de origen de INMEDIATO,
una vez culminen la diligencias señaladas (sic)

(…)

ARTÍCULO 2° DESPLAZAMIENTO. La remisión con las seguridades del caso y
debida vigilancia, lo efectuará la Dirección de la Cárcel y Penitenciaria Con Alta y
Media Seguridad La Paz Incluye Pabellón Reclusión Especial, Pabellón Justicia y Paz
CPAMS LA PAZ, con el apoyo requerido a la Fuerza Pública y/o del Grupo de
Operativos Especiales GROPE. Una vez iniciada la diligencia, por regla general, la
persona privada de la libertad debe permanecer con mínimo un servidor del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia. Los PPL tienen rotundamente prohibido cualquier contacto
con personas diferentes a los que realizan la diligencia judicial. Una vez culmine la
remisión a la que se refiere el presente acto administrativo el privado de la libertad
debe ser retornado a su sitio de origen por parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
[…]”

107. Se aportaron dos (2) notas de prensa67 del diario “El Colombiano” tituladas “[…]
Denuncian a Isabel Zuleta por presuntamente intervenir irregularmente en salida de
voceros de bandas para “tarimazo” de Petro en La Alpujarra […]”.

108. En las notas de prensa se registró que la accionada, al parecer, fue denunciada
penalmente por aprovecharse de su investidura para lograr la salida de personas
privadas de la libertad pertenecientes a bandas de delincuentes para participar en
una concentración del presidente de la República, realizada el 21 de junio de 2025,
en el Centro Administrativo La Alpujarra de la ciudad de Medellín.

66
Cfr. Índices 3 y 61, SAMAI.
67
Cfr. Índices 3 y 57, SAMAI.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

109. Se allegó la nota de prensa68 del diario “El Colombiano” titulada “[…] Isabel
Zuleta insiste con reelección de Petro y pide incluirla en consulta popular […]”, en la
cual se registró que la accionada habría expresado públicamente estar a favor de la
reelección del actual presidente de la República.

110. Se encuentra el comunicado de prensa “[…] Sobre el marco jurídico del Espacio
de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana en Medellín y el
Valle de Aburrá […]”69, en el cual se observa el logo de la “[…] Consejería
Comisionada de Paz […]” y de la “[…] Delegación de Paz Urbana del Gobierno
Nacional Medellín y el Valle de Aburrá […]”, en el cual:

“[…] Ante las preguntas legítimas que han surgido en la ciudadanía tras la
desafortunada campaña de desinformación que algunas autoridades locales y figurar
públicas han iniciado asegurando que no existe un marco jurídico para entablar
conversaciones con Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto
en nuestro país y, particularmente, en Medellín y el Valle de Aburrá, queremos reiterar
que el proceso adelantado por el Gobierno Nacional con el “Espacio de Conversación
Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana” se ha desarrollado dentro del marco
normativo vigente en Colombia, con todo el acompañamiento institucional y con toda
la veeduría pública que cualquier proceso de paz supone. […]”

111. Se encuentra el comunicado con el logo de la “[…] Delegación de Paz Urbana
del Gobierno Nacional Medellín y el Valle de Aburrá […]” con fecha 21 de junio de
202570.

112. En este comunicado se anunció la creación de una subcomisión de niñez y
adolescencia, conformada por delegados del Gobierno nacional, los voceros de
estructuras armadas y el equipo que para el efecto designara el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), para implementar un programa de protección integral
para niñas, niños y adolescentes en los territorios que se priorizarían en el Valle de
Aburrá.

113. Se aportó copia de la hoja de vida de la accionada71 que se encuentra en los
archivos de la Secretaría General del Senado de la República.

114. Se precisa, en relación con el valor probatorio de las publicaciones periodísticas,
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo72 ha considerado que, por sí
solas, carecen de la entidad suficiente para acreditar la existencia y veracidad de la
situación que describen, de tal forma que, si bien pueden ser consideradas como
prueba documental, tienen un valor secundario de acreditación de los hechos pues
demuestran el registro mediático de estos.

68
Cfr. Índices 3 y 57, SAMAI.
69
Cfr. Índices 23 y 43, SAMAI.
70
Cfr. Índice 23, SAMAI.
71
Cfr. Índice 58, SAMAI.
72
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera ponente: Susana Buitrago Valencia.
Sentencia de 29 de mayo de 2012. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI)

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

115. Su eficacia probatoria, en consecuencia, depende de: i) la conexidad y su
coincidencia con otros elementos probatorios, ii) si reproducen hechos públicos y/o
notorios73, o iii) si reproducen declaraciones de servidores públicos74.

II.6.1. El tráfico de influencias debidamente comprobado

116. En lo que se refiere a la demostración suficiente de los elementos que, conforme
a las decisiones judiciales de esta corporación, deben concurrir para la
configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por tráfico
de influencias debidamente comprobado, se tiene lo siguiente:

i) Que la persona que ejerce la influencia ostente o haya ostentado la
calidad de Congresista de la República, la cual se adquiere a partir
de la posesión en el cargo

117. Estáacreditado que la accionada ostenta la condición de senadora de la
República para el período 2022-2026, como se indicó supra.

ii) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público,
ejerciéndose en todo caso un influjo síquico sobre éste, sin tener en
consideración el orden jerárquico existente entre ambos

118. Las pruebas mencionadas anteriormente no logran acreditar que la accionada
haya invocado su calidad o condición de congresista ante el director general del
INPEC, servidor público a quien solicitó, mediante oficio con fecha de radicación de
19 de junio de 202575, el traslado de personas privadas de la libertad para participar
en un evento público con el presidente de la República a realizarse el 21 de junio
de 2025, en la ciudad de Medellín.

119. Se observa que, en la petición formulada ante la autoridad administrativa, la
parte accionada aludió a su condición de coordinadora del espacio de conversación
socio jurídico con las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto
de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, conforme a la designación que realizó
el presidente de la República en la Resolución núm. 452 de 8 de noviembre de 2024,
y no a la de congresista.

120. Tampoco se probó que existió influjo sicológico alguno sobre el citado servidor
público derivado de la condición de la accionada como congresista, ni influencia
alguna para hacer prevalecer esa condición.

121. El accionante se limitó a afirmar que la accionada utilizó su posición política para
influir en la decisión adoptada por el INPEC, sin aportar los elementos de prueba de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales tal influencia se habría
ejercido.

73
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Sentencia
de 14 de julio de 2015. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2014-00105-00(PI).
74
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Sentencia
de 14 de julio de 2015. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2014-00105-00(PI).
75
Según la Resolución núm. 5208 de 2025.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
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122. En consecuencia, al no estar configurado el segundo elemento de la causal de
pérdida de investidura por tráfico de influencias, no es necesario el estudio de los
elementos restantes76 que son i) que se haga dar o prometer para sí o para un
tercero, dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones establecidas en la Ley
5ª en cuanto a las gestiones de los congresistas en favor de sus regiones y ii) que
el beneficio pretendido por el congresista provenga de un asunto que el servidor
público se encuentre conociendo o haya de conocer.

123. En la audiencia realizada el 23 de febrero de 2026, el accionante William
Francisco Quintero Villarreal, para sustentar la configuración del elemento objetivo
de esta causal de pérdida de investidura, expuso un argumento nuevo consistente
en que se desconoció por parte de la accionada que la resolución por la cual se creó
el espacio de conversación socio jurídico con las estructuras armadas organizadas
del crimen de alto impacto de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, no permitía
que la mesa de diálogo se desarrollara por fuera de las instalaciones de la Cárcel y
Penitenciaría con Alta y Media Seguridad CPAMS La Paz77.

124. La Sala, en atención al principio de congruencia78, no analizará este argumento
en la medida en que desborda el marco de la solicitud de pérdida de investidura y
frente al cual la parte accionada no tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos de
defensa y contradicción.

II.6.2. La violación del régimen de incompatibilidades

125. La parte accionante le atribuyó a la accionada la violación del régimen de
incompatibilidades de los congresistas, causal de pérdida de investidura regulada
en los artículos 183, numeral 1., de la Carta Política y 296, numeral 2., de la Ley 5ª,
al haber incurrido en la conducta prevista en el artículo 180, numeral 2.,
Constitucional, en concordancia con el numeral 2. del artículo 282 de la Ley 5ª.

126. Para la configuración de las incompatibilidades señaladas en el artículo 180,
numeral 2., Constitucional, se requiere la concurrencia de tres (3) elementos: i) un
sujeto activo sobre quien recaiga la prohibición; ii) una conducta prohibida; y iii) una
condición temporal.

127. Respecto del sujeto activo, se encuentra probado que la señora Isabel Cristina
Zuleta López tiene la condición de senadora de la República para el período 2022-
2026.

128. En lo que se refiere a la conducta prohibida, del contenido del artículo 180,
numeral 2., de la Carta Política, surge que la norma comprende tres (3) situaciones:
i) la gestión de asuntos, en forma directa o por interpuesta persona, ante entidades
públicas o personas que administren tributos; ii) apoderar ante las mismas

76
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2015-00659-00. Considerando 145.
77
Cfr. Índices 78 y 81, SAMAI.
78
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Sentencia de 17 de septiembre de 2019. Radicación núm. 11001-03-15-000-2019-01598-01(PI).

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Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

entidades; y iii) celebrar contratos, en forma directa o indirecta, con los sujetos
indicados.

129. Los accionantes consideraron que la accionada habría gestionado asuntos ante
entidades públicas, teniendo en cuenta que solicitó al INPEC la salida de personas
privadas de la libertad, identificadas como integrantes de la estructura criminal
conocida como “La Oficina”, para que participaran en un evento público denominado
“Pacto por la Paz Urbana”, realizado el 21 de junio de 2025 en la ciudad de Medellín,
actuación que habría excedido las funciones y competencias que le fueron
asignadas en la Resolución núm. 452 de 8 de noviembre de 2024.

130. En el expediente se encuentra acreditado que mediante la Resolución núm. 138
de 2023, expedida por el presidente de la República se instaló el espacio de
conversación socio jurídico de construcción de paz urbana entre los representantes
autorizados por el Gobierno nacional y los voceros de las estructuras armadas
organizadas de crimen de alto impacto de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá.

131. En el citado acto administrativo consta que se designó como representante del
Gobierno nacional para participar en ese espacio de conversación, a la señora
Isabel Cristina Zuleta López.

132. Está probado que la accionada, mediante la Resolución núm. 452 de 8 de
noviembre de 2024, fue designada por el presidente de la República como
coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación antes anotado.

133. El acto administrativo determinó que la coordinadora estaba facultada para
realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones socio
jurídicas con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de la
ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá que demostraran voluntad de transitar hacia
el Estado de derecho, fijar los parámetros de sometimiento a la justicia en los
términos que establece la Ley y construir paz en los territorios.

134. Está demostrado que la accionada, como coordinadora del Gobierno nacional
en el espacio de conversación señalado, solicitó al director del INPEC en
comunicación con fecha de recibido 19 de junio de 202579, el traslado de personas
privadas de libertad a un evento público a realizarse el día 21 de junio de 2025, en
la plazoleta de La Alpujarra de la ciudad de Medellín.

135. Está probado que el INPEC expidió la Resolución núm. 5208 de 19 de junio de
2025, mediante la cual el director de custodia y vigilancia (E) del INPEC, accedió a
esa petición y ordenó la remisión de las personas privadas de la libertad allí
señaladas del centro de reclusión en el que se encontraban -Cárcel y Penitenciaría
con Alta y Media Seguridad CPAMS La Paz- al mencionado acto público, que
contaría con la presencia del presidente de la República.

79
Según la Resolución núm. 5208 de 2025.

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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
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136. Esta corporación80 ha considerado, en relación con la prohibición de gestionar
asuntos, en forma directa o por interpuesta persona, ante entidades públicas o
personas que administren tributos, que:

i) La conducta prohibida es gestionar en beneficio propio o de un tercero,
asuntos antes entidades públicas o entidades que administren tributos.

ii) La gestión implica una conducta dinámica, positiva, concreta y real por
medio de la cual se demanda algo ante un sujeto, sin que sea relevante
el hecho de obtener la respuesta o de alcanzar la finalidad propuesta.

iii) No cualquier gestión configura la incompatibilidad, puesto que debe
tenerse en cuenta el móvil o causa de esta.

iv) La gestión que configura la incompatibilidad comprende la actuación del
congresista ante una entidad pública o ante cualquier sujeto que
administre tributos para obtener resultados en beneficio propio o de
intereses particulares, ajenos a los de la colectividad que representa.

137. Si bien está acreditado que la accionada desplegó una conducta concreta y real
ante una entidad pública, esto es, el INPEC, esta no configura la incompatibilidad
del artículo 180, numeral 2., Constitucional.

138. Se reitera que en la solicitud realizada por la accionada ante el INPEC no invocó
su condición de senadora de la República, sino su calidad de coordinadora del
espacio de conversación socio jurídico de construcción de paz urbana entre los
representantes autorizados por el Gobierno nacional y los voceros de las estructuras
armadas organizadas de crimen de alto impacto de la ciudad de Medellín y el Valle
de Aburrá, según la designación que le hiciera el presidente de la República en la
Resolución núm. 452 de 8 de noviembre de 2024.

139. Para establecer el contexto en el que se presentó la solicitud de la accionada al
INPEC, se hace referencia a la Resolución núm. 138 de 29 de mayo de 2023,
mediante la cual se instaló ese espacio de conversación socio jurídico de
construcción de paz urbana.

140. Esta resolución, para adoptar la decisión señalada, se remitió al artículo 22 de
la Carta Política, según el cual “[…] La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento […]” y a los artículos 2°, 93 y 183 Constitucionales de los cuales derivó
la obligación del Gobierno nacional de “[…] garantizar la plena eficacia del derecho
a la paz […]”.

141. Mencionó, asimismo, el numeral 4. del artículo 189 Constitucional según el cual
al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema
autoridad administrativa, le corresponde “[…] 4. Conservar en todo el territorio el
orden público y restablecerlo donde fuere turbado […]”.

80
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala.
Sentencia de 9 de julio de 2013. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2011-00709-00(PI).

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142. Igualmente refirió a los artículos 8°81, 10°82 y 1283 de la Ley 418, modificada,
adicionada y prorrogada por la Ley 2272.

143. Indicó que el artículo 8° les da la posibilidad a los representantes autorizados
por el Gobierno nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los
colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, de realizar todos los actos
tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas
organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia
el Estado de derecho.

144. Señaló que el artículo 10° prevé que la dirección de todo proceso de paz
corresponde exclusivamente al presidente de la República como responsable de la
preservación del orden público en toda la nación y que quienes a nombre del
Gobierno participen en los diálogos y acuerdos de paz, lo harían de conformidad
con las instrucciones que él les imparta.

145. Mencionó que el artículo 12 establece que las personas que participen en los
acercamientos, diálogos o negociaciones, así como en la celebración de los
acuerdos señalados en la norma con autorización del Gobierno nacional, no
incurrirían en responsabilidad penal ni disciplinaria por razón de su intervención en
estos.

146. El acto administrativo puso de presente el artículo 23 del Decreto 2647 de 30 de
diciembre de 202284, norma que indica que son funciones de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz:

“[…] (i) verificar la voluntad real de paz y de tránsito al Estado de Derecho de las
estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto rurales y urbanas, con fin
de formalizar diálogos o conversaciones, de conformidad con lo que disponga el
Presidente de la República; y (ii) dirigir los diálogos o conversaciones, y firmar
acuerdos con los voceros y representantes de las estructuras armadas organizadas
de crimen de alto impacto rurales y urbanas, tendientes a buscar su tránsito al Estado
de Derecho, de acuerdo con las órdenes que le imparta el Presidente de la República.
[…]”

147. Aludió a la Resolución núm. 176 de 10 de agosto de 2022, a través de la cual
se autorizó al Alto Comisionado para la Paz para:

“[…] adelantar acercamientos exploratorios y contacto con grupos armados
organizados al margen de la ley y grupos armados organizados, con el fin de verificar
su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y conversaciones, y
celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el Presidente de la República. […]”

148. La resolución consideró que:

81
Modificado por el artículo 5° de la Ley 2272.
82
Modificado por el artículo 4° de la Ley 782 de 23 de diciembre de 2022, “[…] Por medio de la cual se prorroga la vigencia
de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones. […]”.
83
Modificado por el artículo 3° de la Ley 1738 de 18 de diciembre de 2014, “[…] Por medio de la cual se prorroga la Ley 418
de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010. […]”.
84
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. […]”.

28

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

“[…] como resultado de los acercamientos exploratorios realizados entre la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz y las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen
de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá, el Alto Comisionado para la Paz y
los representantes de esas estructuras convinieron, el 27 de abril de 2023, en Itagüí,
Antioquia, trabajar una agenda de paz en un Espacio de Conversación Sociojurídico
de Construcción Paz Urbana, que se surtirá en las instalaciones de la Cárcel y
Penitenciaría con Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí. […]”

149. De lo expuesto se puede colegir que la gestión realizada por la accionada ante
el INPEC no tenía el propósito de obtener un beneficio propio o de un tercero, si se
tiene en cuenta que obedeció al cumplimiento de unos mandatos normativos que
establecen la paz como un derecho y un deber y la posibilidad de que, para alcanzar
ese cometido, se realicen acercamientos, diálogos, negociaciones y acuerdos, entre
otros, con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

150. El numeral 6. del artículo 283 de la Ley 5ª, prevé que:

“[…] ARTÍCULO 283. EXCEPCIÓN A LAS INCOMPATIBILIDADES. Las
incompatibilidades constitucionales no obstan para que los Congresistas puedan
directamente o por medio de apoderado:

(…)

6. Adelantar acciones ante el Gobierno en orden a satisfacer las necesidades de los
habitantes de sus circunscripciones electorales […]”(negrilla del texto)

151. La Corte Constitucional, en la sentencia C-497 de 1994, declaró la exequibilidad
de esa excepción bajo el entendido que las acciones, gestiones, intervenciones y
convenios autorizados estarían circunscritos exclusivamente a la satisfacción de
necesidades de interés general y no para servir a intereses particulares. En el
presente asunto no se acreditó que la congresista haya utilizado su investidura en
beneficio de intereses privados.

152. La Sala, en consecuencia, no encontró acreditado que la accionada haya
incurrido en la conducta prohibida consistente en la gestión de asuntos, en forma
directa o por interpuesta persona, ante entidades públicas o personas que
administren tributos.

II.7. Conclusión

153. La Sala encuentra que los accionantes no acreditaron la configuración del
elemento objetivo de las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo
183, numerales 1. y 5. de la Carta Política, referentes a la violación del régimen de
incompatibilidades y al tráfico de influencias debidamente comprobado, carga que
les asistía conforme el artículo 167 de la Ley 1564, razón por la que no es necesario
realizar el estudio del elemento subjetivo de culpabilidad y por ello, negará las
solicitudes de pérdida de investidura de la senadora acusada Isabel Cristina Zuleta
López.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

29

Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04157-00 (Acumulado)
Accionantes: William Francisco Quintero Villarreal y otros

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de pérdida de investidura de la senadora de la
República Isabel Cristina Zuleta López, elegida para el período constitucional 2022-
2026, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, COMUNICAR a la Mesa Directiva del
Senado de la República, al Consejo Nacional Electoral y al ministro del Interior, para
lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero de Estado Consejera de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura Veinte en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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