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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04936-00

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04936-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Gómez Vargas contra el Tribunal Administrativo de Caldas. 2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 3. En caso de no ser impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04936-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

19 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04936-00
Demandante: Richard Gómez Vargas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04936-00
Demandante: RICHARD GÓMEZ VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Temas: MORA JUDICIAL

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada por el señor Richard Gómez Vargas
contra el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con lo establecido en
el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Richard Gómez Vargas, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por estimar vulnerado el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:

“Solicito respetuosamente HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE
ESTADO se me proteja el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 3 de marzo de 2022, el señor Gómez Vargas presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Asamblea Departamental de Caldas, la
Universidad del Atlántico y el departamento de Caldas, para que se declarara la
ilegalidad de la convocatoria pública CGC001-2021 para la elección del Contralor
General Departamental de Caldas periodo 2022 – 2025, contenida en la Resolución
0299 del 6 de septiembre de 2021, y el contrato interadministrativo ADCCI01-2021
del 21 de septiembre de 2021, suscrito entre la Asamblea Departamental de Caldas
y la Universidad del Atlántico. A título de restablecimiento, solicitó una condena
solidaria por la suma de $ 683’809.4881.

1 Expediente No. 17001-23-33-000-2022-00062-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04936-00
Demandante: Richard Gómez Vargas

El 23 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas profirió el auto
admisorio de la demanda. El apoderado de la Asamblea Departamental interpuso
recurso de reposición contra dicha providencia.

El 24 de agosto de 2022, el Tribunal repuso parcialmente el auto admisorio y limitó
el objeto de litigio, exclusivamente, a los siguientes actos: (i) el de apertura a la
Convocatoria Pública CGC 0012021 (Resolución 0299 del 6 de septiembre de
2021) y (ii) la Resolución 503 de 2022 que conformó la terna para dicha
convocatoria.

El 20 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró falta de
competencia funcional y remitió el asunto a los Juzgados Administrativos de
Manizales. Contra esta decisión el demandante interpuso recurso de súplica. El 16
de marzo de 2023, el Tribunal confirmó la decisión.

Por estar en desacuerdo con lo anterior, el 22 de marzo de 2023, el señor Gómez
Vargas solicitó la nulidad de esa providencia, con fundamento en que la Sala Dual
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas guardó silencio frente a varios de
los argumentos del recurso de súplica, encaminados a mantener la competencia de
dicha Corporación judicial.

El 19 de abril de 2023, el Tribunal rechazó de plano la nulidad solicitada toda vez
que no encontró “que la decisión proferida por la Sala Dual del Tribunal Administrativo de
Caldas haya incurrido en la causal establecida en el numeral 2 del artículo 133 del CGP.
Lo anterior, dado que no se avizora alguna circunstancia que permite identificar que con la
decisión judicial, se haya procedido contra providencia ejecutoriada, revivido un proceso
concluido o pretermitido una instancia.

Inconforme con la decisión, el 20 de abril de 2023 el demandante señaló: “El 20 de
febrero de 2023, se profirió auto (…) el cual ordenó declarar la falta de competencia
funcional para conocer de la demanda¨ De conformidad con el artículo 133 del CGP por
remisión expresa del artículo 306 de la ley 1437 de 2011 establece en su causal primera
que el proceso será nulo en todo o en parte: Cuando el juez actúe en el proceso después
de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

En consecuencia, solicitó: “declarar la nulidad contemplada en el numeral 1 del artículo 133
del CGP y proceder de conformidad”.

3. Argumentos de la acción de tutela

El demandante aseguró que, a la fecha de la interposición de la presente acción,
han transcurrido 6 meses desde que presentó la solicitud de aclaración del auto del
19 de abril de 2023 que rechazó de plano la solicitud de nulidad. Por tal razón,
consideró que se incurrió en mora judicial.

4. Trámite previo

Mediante auto del 13 de septiembre de 2023, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a la demandante y a los magistrados que
conforman el Tribunal Administrativo de Caldas. Así mismo, publicar en la página
web del Consejo de Estado esa providencia, así como la notificación a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04936-00
Demandante: Richard Gómez Vargas

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Caldas allegó informe en el que puso de presente
que “Se avisa que existe otra tutela paralela a ésta, que sus pretensiones podían
haberse tramitado bajo esta misma cuerda, que en la tutela 11001031500020230499800,
de actual conocimiento de la Dra. Martha Nubia Velásquez Rico, lo cual pongo en su
conocimiento, por violación al debido proceso frente a la falta de competencia decretada
en el proceso de nulidad y restablecimiento”.

Señaló que las actuaciones judiciales se cumplieron con las garantías procesales
y sustanciales previstas en el ordenamiento jurídico, con el fin de respetar los
derechos de los usuarios de la administración de justicia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

Conforme a lo anterior, la Sala estudiará si en el presente caso la autoridad judicial
demandada vulneró el derecho fundamental invocado por el demandante, con
ocasión de la presunta tardanza en el estudio de la solicitud radicada el 20 de abril
de 2023 contra el auto del 19 de abril de 2023 en el marco del proceso con radicado
2022–00062–00.

De manera previa, la Sala precisa que no se configura la posible temeridad a la que
se refirió la autoridad judicial demandada porque, en el asunto con radicado
11001031500020230499800, el propósito de la tutela es cuestionar la providencia
judicial del 19 de abril de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas y
no una supuesta mora judicial como ocurre en el presente asunto.

En efecto, en ese asunto, La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en sentencia del 2 de octubre de 2023 declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

De la mora judicial

La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos
legales por parte de los funcionarios judiciales, es susceptible del amparo de tutela,
siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) que la demora en la
decisión del caso no tenga justificación; (ii) que el interesado no cuente con otro
medio de defensa judicial, y (iii) que se encuentre ante la inminencia de un perjuicio
irremediable.
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Demandante: Richard Gómez Vargas

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una
decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales.
Existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que
impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna
decisión. Existen, por ejemplo, condiciones estructurales, tales como la excesiva
carga laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que
impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha dicho:

“En la sentencia T-1227 de 2001, la Corte determinó que la falta de cumplimiento
estricta de los términos procesales por parte de los funcionarios judiciales no
genera, per se, violación del derecho fundamental al debido proceso. Agregó
además que la mora judicial, cuando la misma no se debe a la desidia de los
funcionarios, sino a la excesiva carga y represamiento de trabajo hace
improcedente la acción de tutela. Concluyó la Sala que: ‘Indudablemente para la
Corte, como lo ha señalado en varias providencias, la dilación injustificada de los
procesos constituye una grave y seria vulneración de los derechos fundamentales
mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada, como lo dispone
la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias
objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte
Constitucional acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin
analizar con sumo cuidado las razones de la mora judicial que se alega’” 2.

La Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU-394 de 20163, indicó que
la acción de tutela es procedente cuando las autoridades judiciales incurren en
mora judicial injustificada, teniendo en cuenta que, en estos casos, es posible que
el derecho a un debido proceso se lesione a causa del incumplimiento de los
términos procesales, por lo que puede materializarse un daño que genere perjuicios
no subsanables 4.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando: (i) existe un
incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que
justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y
omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial 5.

De lo anterior, se concluye que para identificar si la autoridad judicial vulnera el
plazo razonable, se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que
rodean la tardanza, tales como, i) la existencia de motivos razonables que
justifiquen la dilación, ii) la complejidad del asunto a resolver, iii) la actitud de los
interesados y iv) la conducta de los funcionarios a cargo de la actuación. De esta
forma, el simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para el
desarrollo de la actuación no configura la mora injustificada, ya que deben
analizarse otras circunstancias particulares.

2 Sentencia T-366 de 2005.
3 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T- 186 De 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
5 En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis

Guillermo Guerrero Pérez.
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Demandante: Richard Gómez Vargas

Del caso concreto

La Sala no evidencia que en el presente caso se configure la mora judicial alegada
por el actor por las siguientes razones:

El señor Richard Gómez Vargas solicitó la protección del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, que considera vulnerado por el Tribunal
Administrativo de Caldas pues, a su juicio, incurrió en mora judicial al no tramitar la
solicitud de aclaración radicada el 20 de abril de 2023 y no dar continuidad al trámite
del proceso con radicado 2022-00062-00. En ese escrito solicitó:

«Respetado honorable magistrado manifiesta su señoría mediante auto
interlocutorio 068 del 19 de abril de 2023 lo siguiente:

“El 20 de febrero de 2023, se profirió auto por este despacho el cual ordenó declarar
la falta de competencia funcional para conocer de la demanda¨.

De conformidad con el artículo 133 del CGP por remisión expresa del artículo 306
de la ley 1437 de 2011 establece en su causal primera que el proceso será nulo en
todo o en parte: Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de
jurisdicción o de competencia.

Por lo anterior le solicito respetuosamente declarar la nulidad contemplada en el
numeral 1 del artículo 133 del CGP y proceder de conformidad.”»

Frente a la anterior solicitud, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de
Caldas, en auto del 18 de julio de 2023, resolvió:
“Procede el despacho a resolver la nulidad presentada por la parte actora frente al auto
proferido por este Despacho el 19 de abril de 2023, que rechazó de plano la nulidad
formulada contra la decisión proferida el 16 de marzo de 2023, por la Sala Dual de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.
(…)

Visto lo anterior, se observa que el actor presenta nuevamente nulidad procesal, pero
con fundamento en la causal del numeral 1 del artículo 133 del CGP, esto es, cuando
el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia.
(…)
el Despacho, considera de acuerdo a los argumentos esbozados por la parte actora
que no se presentó nulidad procesal invocada, ni que la misma haya surgido como
consecuencia de la decisión adoptada en las mencionadas decisiones judiciales.

PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la solicitud de nulidad formulada por la parte
accionante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído.
SEGUNDO: Dar cumplimiento a lo orden impartida por este despacho, frente a la
remisión del expediente a la Oficina Judicial para su reparto ante los Juzgados
Administrativos del Circuito de Manizales.”.

Además, una vez fue notificada la anterior decisión, el 24 de julio de 2023, el
demandante nuevamente solicitó aclaración, porque estimó que “De la motivación
expuesta por parte del despacho no se encuentran los elementos que de conformidad con
el artículo 130 CGP sirvan de sustento para rechazar el incidente de nulidad interpuesto,
toda vez que se cumplieron con todos los requisitos formales del artículo 130 de CGP para
ser aceptado ya que el mismo no fue extemporáneo, cumpliendo casi el requisito de
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oportunidad, además que la causal se encuentra autorizada por el CGP, además que no
fue presentada a usted por cuanto ya había declarado la falta de competencia si no a la
sala dual conformada por los magistrados CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES, y
FERNANDO ALBERTO ÁLVAREZ BELTRAN quienes debieron decir, por cuanto la falta
de competencia funcional es improrrogable” . La cual fue rechazada el 21 de septiembre
de 2023. En consecuencia, se remitió el expediente a los Juzgados Administrativos
de Manizales. Actuaciones procesales sobre las cuales también interpuso acción
de tutela.

Lo anterior, permite descartar la supuesta mora judicial, pues, como se vio, incluso
antes de ser presentada la acción de tutela, el tribunal había resuelto las solicitudes
elevadas por el actor.

Es preciso recordar que el mecanismo constitucional es un medio de defensa
preferente y sumario para la protección de derechos, cuando quiera que estos se
encuentren vulnerados o amenazados, en los términos del artículo 1 del Decreto
2591 de 1991.

En ese orden, se impone negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció
el señor Richard Gómez Vargas, contra el Tribunal Administrativo de Caldas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Gómez
Vargas contra el Tribunal Administrativo de Caldas.
2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
3. En caso de no ser impugnada, enviar el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión Presidenta (E)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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