Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04998-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04998-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04998-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
2 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04998-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandada: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Por ausencia de carga
argumentativa.
Se pronuncia la Sala, en primera instancia, sobre la demanda de tutela
instaurada por el señor Richard Gómez Vargas1, de acuerdo con el Decreto
333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 13 de septiembre de 2023, el señor Richard Gómez Vargas instauró
demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
2. Hechos relevantes
El 3 de marzo de 2022, el señor Gómez Vargas instauró una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad del Atlántico, el
departamento de Caldas y su Asamblea Departamental, con el fin de que se
anule la Convocatoria Pública CGC001-20212, relativa a la elección del
Contralor General Departamental de Caldas (2022-2025) y el contrato
1
Que ingresó para fallo el 28 de septiembre de 2023.
2
Contenida en la Resolución 0299 del 6 de septiembre de 2021
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04998-00
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
interadministrativo ADCCI01-2021 del 21 de septiembre de 2021, suscrito
entre la Asamblea Departamental de Caldas y la Universidad del Atlántico. A
título de restablecimiento, solicitó una condena solidaria por la suma de
$683’809.488.
El 23 de junio de 2022, la Sala Sexta del Tribunal Administrativo de Caldas
admitió la demanda, con ponencia del magistrado Publio Martín Andrés Patiño
Mejía. El apoderado de la Asamblea Departamental interpuso el recurso de
reposición contra dicha providencia y el 24 de agosto siguiente, el Tribunal
repuso parcialmente el auto admisorio y limitó el objeto de litigio,
exclusivamente, a los siguientes actos: (i) el de apertura a la Convocatoria
Pública CGC 0012021, contenido en la Resolución 0299 del 6 de septiembre
de 2021 y (ii) la Resolución 503 de 2022 que conformó la terna para dicha
convocatoria.
El 20 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró su falta
de competencia funcional y remitió el asunto a los Juzgados Administrativos
de Manizales. Esta decisión fue cuestionada por el señor Gómez Vargas a
través del recurso de súplica y le correspondió a la Sala Sexta del Tribunal
(Sala Dual de Decisión) pronunciarse, la que confirmó la declaratoria de falta
de competencia, mediante providencia de 16 de marzo de 2023.
Inconforme con la última decisión, el 22 de marzo de 2023, el demandante
solicitó su nulidad, pues consideró que la Sala Dual de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas guardó silencio frente a varios de los argumentos del
recurso de súplica, encaminados a mantener la competencia de dicha
Corporación judicial en el caso en cuestión3.
Esa nulidad fue negada mediante el auto 068 del 19 de abril de 2023 -aquí
cuestionado- y, por tanto, el accionante presentó la demanda de tutela.
3
Expediente bajo el radicado No. 17001-23-33-00-2022-00062-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04998-00
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
3. Fundamentos de la demanda de tutela
De acuerdo con el escrito de la tutela, la parte actora considera que se está
vulnerando su derecho fundamental al debido proceso, porque, en su criterio,
ocurrió lo siguiente:
1. El Tribunal Administrativo de Caldas declaró su falta de competencia
funcional en el asunto mediante el auto del 20 de febrero de 2023.
2. A pesar de lo anterior, siguió conociendo del caso, y resolvió la solicitud
de nulidad mediante el auto 68 del 19 de abril de 2023, que la rechazó
de plano.
En esa medida, considera que, luego de haber perdido competencia desde el
20 de febrero de 2023, no podía seguir conociendo el proceso y, por tanto,
extralimitó sus facultades al haber proferido el auto 68 del 19 de abril de 2023.
4. La admisión y el trámite de la demanda
4.1. Mediante auto del 15 de septiembre de 2023, se admitió la demanda de
tutela y se ordenó notificar al magistrado Publio Martín Andrés Patiño Mejía,
del auto 68 del 19 de abril de 2023, perteneciente al Tribunal Administrativo
de Caldas, quien indicó que la razón por la que aún conserva la competencia
sobre el proceso es porque, desde el auto del 20 de febrero de 2023, que
declaró la falta de competencia, el mismo accionante, a través de distintos
recursos, no ha permitido que las decisiones del Tribunal queden
debidamente ejecutoriadas.
4.2. El accionante remitió un memorial en el que se pronunció frente a la
anterior contestación e insistió en sus argumentos alrededor de la
competencia del Tribunal Administrativo de Caldas para conservar la
competencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en curso,
y otros pormenores del mismo asunto (como la exclusión de la pretensión
relativa a la nulidad del contrato interadministrativo número ADCCI01-2021
del 21 de septiembre de 2021); insiste el argumento expuesto en su escrito
inicial, solicita -en este memorial- que se agreguen los autos del 18 de julio y
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04998-00
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
21 de septiembre de 2023, junto al auto del 19 de abril de 2023, como
decisiones aquí cuestionadas.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección considera que no es posible estudiar el fondo del presente
asunto, debido a que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales; y c) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces4.
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional es necesario examinar dos elementos5:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos; y
ii) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada,
dado que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia
ordinaria que el actor tenga frente a la decisión judicial.
4
Sentencia T–422 de 2018.
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios
S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04998-00
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Pues bien, la Sala advierte que en el presente asunto no se cumplió con la
carga argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra
providencia judicial, tal y como pasa a explicarse.
Revisado el escrito del tutelante, se observa que no se edificó ni se desarrolló
una argumentación dirigida a establecer, de un lado, una causal específica de
procedibilidad y, del otro, las razones que sustentan la supuesta violación de
derechos fundamentales.
En efecto, la parte actora se limitó a afirmar que la autoridad accionada
vulneró su derecho fundamental al debido proceso, porque la autoridad
judicial había perdido competencia para seguir conociendo y actuando dentro
del proceso, desconociendo que esta Corporación ha indicado que “no basta
con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por
los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre
que la providencia objeto de reproche ha incurrido en alguna de las causales
específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales”6.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, dado que el actor no expresó
concretamente cuáles fueron los yerros o desaciertos que cometió el Tribunal
Administrativo de Caldas al haber declarado la falta de competencia y luego,
haber negado las solicitudes de nulidad interpuesta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 110010315000201903205 00, M.P.
María Adriana Marín.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04998-00
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio
más expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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