Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05438-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Temeridad de la acción de tutela: se configura en este caso porque, al
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05438-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05438-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
27 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05438-00
Demandante: RICHARD GÓMEZ VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
TEMERIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Se configura en este caso porque, al
tenor del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se constató que el demandante,
quien además ostenta la condición de abogado, instauró dos acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, sin ninguna justificación.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Richard Gómez Vargas
contra el Tribunal Administrativo de Caldas.
ANTECE DENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 26 de septiembre de la presente anualidad 1, el señor Richard Gómez Vargas
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión del
auto del 19 de abril de 2023 proferido dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 17001-23-33-000-2022-00062-00.
Formuló la siguiente pretensión:
Solicito respetuosamente HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE
ESTADO se me proteja el derecho fundamental al debido proceso.
1 La Sala advierte que, el 10 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05438-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
1.2. Hechos
De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Richard Gómez Vargas demandó a la Asamblea Departamental de Caldas y a la
Universidad del Atlántico, con el objeto de que se declarara la nulidad: i) de la
Resolución 0299 del 6 de septiembre de 2021, ii) del contrato interadministrativo
ADCCI 01-2021 del 21 de septiembre de 2021, iii) del acta de publicación de
resultados definitivos de la prueba de conocimientos de la Convocatoria Pública
para la elección del contralor(a) departamental de Caldas, período 2022-2025,
publicada el 7 de enero de 2022 y iv) del acta de publicación de resultados de la
puntuación de experiencia, educación, actividad docente y producción de obras de
los aspirantes que superaron las pruebas de conocimientos para la elección del
contralor departamental de Caldas, período 2022- 2025, publicada el 11 de enero
de 2022.
A juicio del actor, las entidades entonces demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales a acceder a un cargo público y a la igualdad, así como los principios
de moralidad, buena fe, transparencia e imparcialidad. Indicó que teniendo en
cuenta que obtuvo una calificación de 76.35, tenía la expectativa legítima, razonable
y justificada de ser el contralor del Departamento de Caldas, aspiración que fue
opacada por la falta de imparcialidad de la Asamblea Departamental de Caldas y de
la Universidad de Caldas.
Agregó que en la demanda ordinaria estimó la cuantía en $683´809.488, en
consideración a los emolumentos que hubiera podido percibir de haber sido elegido
contralor departamental de Caldas durante el periodo de cuatro años. Sin embargo,
mediante auto de 20 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas
declaró falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los Juzgados
Administrativos de Manizales, con fundamento en que la cuantía del proceso
equivalía a $0 (cero pesos), pues, aunque el asunto tenía un restablecimiento
económico, este no se había causado al momento de presentación de la demanda.
Inconforme con la decisión, el 23 de febrero de 2023, interpuso recurso de súplica,
que fue resuelto por la Sala Dual de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas,
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Demandante: Richard Gómez Vargas
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mediante auto del 16 de marzo de 2023, por medio del cual se confirmó la
providencia recurrida.
A través de memorial del 22 de marzo de 2023, el demandante solicitó la nulidad de
lo actuado con fundamento en el numeral 2 del artículo 133 del CGP, porque, en su
criterio, con la decisión del 16 de marzo de 2023 se pretermitió una instancia, debido
a que no se abordaron los argumentos expuestos en el recurso de súplica ni se
valoraron los diferentes medios de convicción que fueron allegados con el mismo.
El 19 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas negó la solicitud de
nulidad, por considerar que no se configuró la causal de nulidad invocada por el
demandante.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora manifestó que el Tribunal demandado, en la providencia del 19 de
abril de 2023, violó el artículo 130 del CGP, al rechazar de plano el incidente de
nulidad por una causal que «la sala dual había fallado de fondo contraviniendo lo
preceptuado por la norma ya que el incidente de nulidad estaba plenamente
autorizado, se presentó dentro de los términos legales y reúne todos los requisitos
formales, se cumple con el requisito de legitimación, de oportunidad, por lo que no
había lugar a su rechazo de plano».
Adicionalmente, sostuvo que no se abordaron los temas expuestos en el recurso
de súplica, ni se valoraron los elementos de juicio que sustentaban su petición y
que debieron ser tenidos en cuenta para resolver el recurso e indicó que «el yerro
del Honorable Tribunal Administrativo consiste en que a pesar de la existencia
objetiva de argumentos y razones consignadas en el recurso de súplica esta carece
de motivación lo que pretermite la instancia consignada en el numeral 2 del art 133
del CGP pues resulta necesario que toda providencia se encuentre adecuadamente
sustentada, lo que implica un completo estudio de todo el sustento fáctico y
normativo que soporte las decisiones sobre las pretensiones del recurso de súplica
presentado».
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 27 de septiembre de 2023, se admitió la presente acción de tutela
y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
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Caldas, en calidad de parte demandada, y, al presidente de la Asamblea
Departamental de Caldas y al rector de la Universidad de Caldas, como terceros
con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
2.1. El Tribunal Administrativo de Caldas rindió el informe pertinente, indicó que las
actuaciones del trámite en el que se profirió la providencia recurrida se adelantaron
con observancia de las garantías procesales y sustanciales previstas en el
ordenamiento jurídico, de manera que no incurrió en la vulneración que alega el
demandante; también señaló que existe una acción de tutela, con identidad de
partes, objeto y causa, cuyo trámite se adelanta ante esta Corporación y que está
pendiente por resolverse, bajo el Radicado 11001-03-15-000-2023-04998-00.
2.2. La Asamblea Departamental de Caldas intervino solicitando la improcedencia
de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad, a su juicio, el
accionante contaba con otros mecanismos judiciales ordinarios para cuestionar la
providencia recurrida
2.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
I. CONSI DERACIONES
1. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo constituye una
actuación temeraria, de conformidad con lo informado por la autoridad judicial
accionada en la contestación de la demanda. De ser así, la tutela se declarará
improcedente.
De no existir una actuación temeraria, la Sala deberá examinar si se cumplen los
requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencia
judicial y, de cumplirse, entrará a definir si el Tribunal Administrativo de Caldas
vulneró o no los derechos fundamentales reclamados por la parte demandante.
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2. Análisis del caso
2.1. Temeridad en materia de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 determina que se incurrirá en una conducta
temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».
La Corte Constitucional, en sentencia SU-168 de 2017, precisó que la temeridad se
configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad de partes, b)
identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) la ausencia de justificación
en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe
por parte del libelista. Sobre la configuración del último de los elementos
enunciados, manifestó:
El último de los elementos mencionados se presenta cuando la actuación del
actor resulta amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción
del interés individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho
porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o
pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien
administra justicia.
9. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aún existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se
funda en: (i) la ignorancia del accionante; (ji) el asesoramiento errado de
profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un estado de
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En
estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación no
se considera 'temeraria' y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción
en contra del demandante2.
La Corte Constitucional también ha sostenido que bien puede configurarse la cosa
juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela,
«debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno
de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de
la existencia previa de un recurso de amparo»3. Desprovisto de la mala fe propia de
la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando concurren los
siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes;
(ii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas
2 Sentencia SU -168 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
3
Sentencia T-560 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Criterio reiterado en la
sentencia T-280 de 2017, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís.
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pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó
el anterior, es decir, por los mismos hechos, y (iv) que en el proceso de tutela
anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte Constitucional 4.
En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que se hayan
presentado varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los
mismos hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate
que quien ha acudido ante los jueces constitucionales, lo hace de mala fe, en forma
abusiva o con el propósito de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable
de los jueces, de suerte que, deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de
varios jueces para propiciar una decisión acorde a sus intereses.
La Corte Constitucional ha señalado que, aunque objetivamente se adviertan los
requisitos de la temeridad, existen circunstancias que impiden que se configure o
que sea declarada por el juez:
Con todo, se configurará la temeridad solo cuando concurran los siguientes
elementos: (i) identidad fáctica con otra acción de tutela; (ii) identidad de
demandante y de accionado; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción[52]. Esta situación supone un
desgaste al sistema judicial por capricho del accionante y por desconocimiento
del principio de buena fe. Con todo, la temeridad debe ser plenamente
acreditada y no puede ser inferida tras una simple revisión formal de las
acciones de tutela que llevan a suponer que se ha configurado dicha conducta.
Si hay concurrencia de los elementos citados, el juez podrá, rechazar de plano
la tutela o decidir negativamente la petición, cuando advierta que la actuación
(i) envuelva una actuación amañada, en la que se reservan para cada acción
los argumentos o pruebas que convaliden las pretensiones; (ii) denote un
interés desleal de alcanzar un beneficio individual al perseguir una
interpretación judicial favorable; (iii) evidencie el abuso del derecho al actuar
abiertamente de mala fe; (iv) pretenda asaltar la buena fe de los
administradores de justicia.[53]
Con todo, a pesar de la posible concurrencia de los citados elementos que dan
estructura a la figura de la temeridad, debe verificarse las circunstancias
particulares del caso concreto, en especial cuando se pueda advertir alguna de
las siguientes circunstancias: (i) la condición del actor que lo coloca en estado
de ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales
del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de
la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para
decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante: y por último (iv) se puede resaltar la
4 Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace
explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en
igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión.[54]5
• Análisis de la temeridad en el caso concreto
El 26 de septiembre de 2023, el señor Richard Gómez Vargas cuestionó la
providencia proferida 19 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-23-33-
000-2022-00062-00.
El magistrado ponente de la decisión acusada rindió el informe pertinente e informó
que existía otra acción de tutela en esta Corporación con identidad de partes, objeto
y causa, identificada con el radicado 11001-03-15-000-2023-04998-00.
Revisado el expediente de dicha acción constitucional, se advierte que, en efecto,
se trata de la misma demanda y confluyen los elementos objetivos de la temeridad:
identidad de partes, de objeto y de causa. De hecho, el texto es casi idéntico, salvo
porque en la petición de amparo que ahora es objeto de estudio, el accionante
adicionó algunos antecedentes que no están relacionados con la presunta
vulneración a sus derechos e intentó justificar las razones por las que considera que
la providencia cuestionada vulneró sus garantías fundamentales. Como se explica
a continuación:
Tutela 2023-04998-00
Partes Objeto Causa
Demandante: Richard Protección del derecho al En síntesis, se afirmó en la
Gómez Vargas debido proceso, cuya tutela que la autoridad
vulneración se atribuye al demandada incurrió en una
Demandado: Tribunal auto del 19 de abril de 2023, vulneración al debido proceso,
Administrativo de Caldas proferido en el proceso con con ocasión de la expedición
radicado 17001-23-33-000- del auto del 19 de abril de
2022-00062-00. 2023.
5 Corte Constitucional, sentencia T-579 de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05438-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
Se adujo que la Ley Estatutaria
de Administración de Justicia
reconoce que la justicia es un
valor superior que debe guiar
la acción del Estado y que este
está llamado a garantizar la
efectividad de los derechos
fundamentales en el marco del
Estado Social de Derecho.
Tutela 2023-05438
Partes Objeto Causa
Demandante: Richard Protección del derecho al Afirma la parte actora que la
Gómez Vargas debido proceso, cuya autoridad demandada violó su
vulneración se atribuye al derecho al debido proceso con
Demandado: Tribunal auto del 19 de abril de 2023, ocasión del auto del 19 de abril
Administrativo de Caldas proferido en el proceso con de 2023. Añadió que con dicha
radicado 17001-23-33-000- providencia también se
2022-00062-00. transgredió lo dispuesto en el
artículo 130 del CGP y reiteró
los argumentos expuestos en
el incidente de nulidad
propuesto el 22 de marzo de
2023 en el proceso ordinario.
El único elemento aparentemente diferenciador, como se anticipó, es que en esta
nueva acción de tutela el demandante i) adicionó los argumentos expuestos en el
incidente de nulidad propuesto por el demandante y ii) argumentó que la decisión
cuestionada trasgredió el artículo 130 del CGP. No obstante, esta Subsección
considera que dicha circunstancia no modifica la causa petendi de la petición de
amparo, pues es evidente que lo que pretende el demandante en ambas acciones
de tutela es que se deje sin efectos el auto del 19 de abril de 2023, por medio del
cual la autoridad judicial demandada resolvió una solicitud de nulidad que aquel
presentó.
En suma, los escritos de tutela dan cuenta de que se cuestiona el auto del Tribunal
Administrativo de Caldas, en virtud del que se rechazó de plano un incidente de
nulidad propuesto por el demandante por presuntamente vulnerar su derecho
fundamental al debido proceso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05438-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
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De acuerdo con la jurisprudencia Constitucional, para que se configure la temeridad,
no basta la convergencia de los elementos objetivos, es necesario que no se haya
justificado en debida forma la interposición de las dos acciones. En este caso, se
observa que la acción de tutela que fue decidida con anterioridad 6 (exp. 2023-
04998-00) se radicó el 13 de septiembre de 2023 ante esta Corporación, mientras
que la que ahora se examina fue presentada el 26 de septiembre de 2023 ante esta
Corporación.
La acción de tutela con radicado 2023-04998 fue admitida mediante auto del 15 de
septiembre de 2023 que se le notificó al señor Gómez Vargas el 19 de septiembre
de 2023, es decir, para la fecha de radicación de la presente acción de tutela: 26 de
septiembre de 2023, el accionante ya tenía conocimiento del trámite constitucional
que se adelantaba ante esta Corporación, cuyo objeto, causa y extremos de la litis
resultan idénticos.
Revisado el expediente de la solicitud de amparo, no se halló manifestación alguna
del demandante tendiente informar o justificar la duplicidad de acciones de tutela;
de forma que para esta Subsección resulta reprochable e inaceptable que la parte
demandante pretenda cuestionar nuevamente, por vía de acción de tutela, el auto
del 19 de abril de 2023, simplemente porque en la nueva solicitud de amparo
transcribió los argumentos de la nulidad propuesta en el trámite ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Ciertamente, la calidad de profesional del derecho que ostenta el señor Richard
Gómez Vargas requiere un comportamiento acucioso, leal y transparente con la
Administración de Justicia, de manera que la doble presentación de la misma tutela
ante dos autoridades, sin explicar las razones de tal irregularidad y su silencio sobre
el particular, aun habiéndose notificado de la admisión de las dos acciones, dan
cuenta de un ejercicio abusivo de la acción de tutela y de un acto contrario al celo
profesional que como abogado le es exigible al demandante.
En consecuencia, la petición de amparo será declarada improcedente, por haberse
configurado la temeridad. Adicionalmente, como el inciso segundo del artículo 38
del Decreto 2591 de 1991, señala que el «abogado que promoviere la presentación
de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será
6 De hecho, la decidió esta misma Subsección mediante sentencia del 2 de octubre de 2023, M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En
caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional», para efectos de tomar
esa determinación la competencia recae en el juez disciplinario de los profesionales
del derecho. De ahí que deba remitirse copia de lo actuado a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá, para lo de su competencia.
Llama la atención de la Sala que no son pocas las acciones de tutela que el señor
Gómez Vargas ha interpuesto contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por las
decisiones proferidas por esta autoridad judicial, originadas en la decisión de esa
corporación de remitir a los juzgados administrativos de Manizales las demandas
de nulidad y restablecimiento del derecho que aquel ha instaurado contra la
Asamblea Departamental de Caldas y la Universidad del Atlántico por haberlo
excluido de la convocatoria para el cargo de Contralor General Departamental de
Caldas periodo 2022-2025.
De allí que conviene recordar al demandante que la acción de tutela es un valioso
mecanismo constitucional procedente exclusivamente en el evento en que se vea
seriamente afectado el pleno ejercicio de algún derecho fundamental, de ahí que su
ejercicio abusivo termina por afectar y congestionar la administración de justicia, en
detrimento de los asuntos en los que realmente están comprometidos derechos
fundamentales y que están a la espera de una decisión pronta, por lo que se exhorta
al accionante de abstenerse de seguir congestionando y desgastando la
Administración de Justicia con peticiones de amparo abiertamente improcedentes e
infundadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Richard
Gómez Vargas, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Remitir copia íntegra de este expediente a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá, para que, si a bien lo tiene, inicie la investigación
disciplinaria a que haya lugar, en relación con el demandante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05438-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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px.
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