Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06789-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06789-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06789-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de noviembre de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06789-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés 2023
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06789-00
Accionante: Ricardo Gómez Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial que resolvió solicitud
de nulidad propuesta en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Ausencia del defecto alegado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Ricardo Gómez Vargas,
en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Caldas.
ANTECEDENTES
El señor Ricardo Gómez Vargas, en nombre propio, instauró acción de tutela, en
aras de que se le ampare su derecho fundamental al debido proceso.
HECHOS
Manifestó el señor Ricardo Gómez que mediante el auto interlocutorio núm. 163
del 24 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó en el
proceso 17001-23-33-000-2022-00062-00 excluir de la demanda los hechos, las
normas violadas, los fundamentos de derecho, las pruebas y las pretensiones,
pues en su entender el escrito solo debía contener el nombre de las partes y la
dirección para notificación de las mismas.
Posteriormente, adujo que el Tribunal en auto del 20 de febrero de 2023 declaró
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la falta de competencia funcional para conocer del proceso antes referenciado;
sin embargo, después emitió las siguientes providencias núm. 68, 147 y 171 del
del 19 de abril, 18 de julio y 21 de septiembre de 2023, situación que viola el
artículo 16 del CGP.
Señaló que interpuso acción de tutela en contra del Tribunal, bajo el radicado
11001-03-15-000-2023-06174-00, la cual fue admitida el 12 de octubre del
presente año por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el informe que
rindió la autoridad judicial accionada mencionó que mediante auto del 31 de
octubre de 2022 resolvió la nulidad propuesta por la parte actora; no obstante, el
señor Ricardo adujo que no presentó dicha solicitud.
Adicionalmente, expuso que existe pleito pendiente constitucional por el mismo
objeto, causa y partes con las tutelas 11001-03-15-000-2023-04998-00 (ya
decidida en primera instancia por la doctora Marta Nubia Velásquez Rico) y
11001-03-15-000-2023-05438-00 (en instancia de decisión de la doctora María
Adriana Marín); no obstante, argumentó que esta acción no es idéntica a las ya
referenciadas, pues en esta a diferencia de las otras alega el defecto sustantivo,
“por falta de conexidad material de las normas aplicadas para la determinación
de la competencia e interpretación errónea de las mismas”.
PRETENSIONES
Solicita que se ampare su derecho fundamental al debido proceso.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 9 de noviembre de 2023 se dispuso su admisión, se ordenó su
notificación y se vinculó a la Asamblea Departamental de Caldas y a la
Universidad del Atlántico, como terceros interesados.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Caldas rindió informe donde señaló que el
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accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en
contra de la Asamblea Departamental de Caldas, la Universidad del Atlántico y
el departamento de Caldas, donde pretende que i) se declare la nulidad de la
Convocatoria Pública CGC001-2021 contenida en la Resolución 0299 del 6 de
septiembre de 2021 para la elección del contralor general departamental de
Caldas periodo 2022-2025; ii) la nulidad de las actas de publicación de
resultados prueba definitivos de conocimientos y de experiencia, educación,
actividad docente y producción de obras de los aspirantes que superaron la
prueba de conocimientos; iii) la nulidad del Contrato Interadministrativo
ADCCI01-2021 del 21 de septiembre de 2021 y iv) a título de restablecimiento
del derecho solicitó una condena solidaria por la suma de $683.809.488.
Asimismo, el Tribunal señaló que, si bien mediante el auto del 16 de marzo (sic)
de 2023 se declaró la falta de competencia, el proceso continúa en el despacho,
dado que la parte actora ha presentado recursos y solicitudes de nulidad que
han impedido la remisión del expediente a los juzgados administrativos. Por lo
tanto, no encuentra el despacho alguna actuación que haya podido vulnerar los
derechos fundamentales del señor Ricardo, dado que el trámite judicial se ha
adelantado a cabalidad, con respeto del derecho de defensa y contradicción.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El presidente de la Asamblea Departamental de Caldas allegó informe donde
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por falta del requisito
de subsidiariedad por existencia de mecanismo judicial, pues el accionante
debió proponer “las presuntas violaciones al debido proceso inicialmente en el
agotamiento de cada una de las etapas del medio de control de nulidad subjetiva
respectivo dentro del proceso radicado 170012333002022-00062-00, en el
marco del control de legalidad a la luz del artículo 207 de la ley (sic) 1437 de
2011”.
El 14 de noviembre de 2023 la Secretaría General del Consejo de Estado
notificó a la Universidad del Atlántico de la acción de tutela; sin embargo, esta
guardó silencio.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental del accionante, para lo cual se abordará i) la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y ii) el caso concreto.
I) Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar
a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.
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II) Caso concreto
El señor Ricardo Gómez Vargas solicitó la protección de su derecho fundamental
al debido proceso en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001-23-33-000-2022-00062-00. Ahora, si bien en el
escrito de tutela no señaló de manera expresa que la controversia recae contra
del auto del 18 de julio de 2023, que rechazó de plano la solicitud de nulidad
propuesta, lo cierto es que, esto se desprende del argumento utilizado según el
cual, el Tribunal realizó actuaciones posteriores a la declaratoria de la falta de
competencia funcional.
Aclarado lo anterior, a esta Subsección le corresponde analizar, en primer lugar,
si se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela para
discutir la providencia del 18 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Sexta.
Se tienen por cumplidos los requisitos de procedibilidad, pues a) la relevancia
constitucional está dada por el derecho fundamental invocado como vulnerado
por la providencia cuestionada; b) el accionante no cuenta con otro medio de
defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la providencia; d) no se invoca una irregularidad procesal y e) la
tutela no se dirige contra un fallo de tutela.
Pues bien, para poder emitir un pronunciamiento con respecto a la anterior
inconformidad, es necesario analizar los argumentos que utilizó la autoridad
judicial accionada en el auto del 18 de julio de 2023 para rechazar de plano la
solicitud de nulidad propuesta frente al auto proferido el 19 de abril del presente
año3.
Así, se observa que el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Sexta rechazó de
plano la solicitud de nulidad propuesta por el accionante con fundamento en el
numeral 1.° del artículo 133 del CGP, por remisión expresa del artículo 306 de la
3 Auto por medio del cual, se rechazó de plano la nulidad formulada contra el auto del 16 de marzo de 2023,
que resolvió recurso de súplica en contra del auto que declaró la falta de competencia funcional.
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Ley 1437 de 2011, bajo el argumento que, no se ha generado ninguna actuación
con posterioridad a la decisión de falta de competencia para conocer del proceso,
sino que, solo se han decidido los recursos y nulidades procesales impetrados
por el accionante, que han sido procedentes, a efectos de preservar el derecho
de contradicción y defensa, frente a las decisiones judiciales.
Al respecto, observa la Subsección que las providencias del 16 de marzo4, 19 de
abril 5y 18 de julio de 20236, que se emitieron después del auto del 20 de febrero
de 2023, que declaró la falta de competencia funcional, han sido producto del
recurso de súplica y las dos solicitudes de nulidad que propuso el señor Jorge.
En ese orden de ideas, encuentra la Sala que las providencias antes
referenciadas no han sido actuaciones posteriores que incidan de manera real y
efectiva en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que son
consecuencias de las peticiones que ha elevado el accionante ante el despacho,
las cuales han sido resueltas por este, en aras de garantizar el derecho de
defensa y contradicción.
Sumado a lo expuesto sea del caso mencionar que el accionante en el escrito de
tutela adujo que se configuraba el defecto sustantivo; sin embargo, no trajo a
colación cual fue la interpretación errónea que el Tribunal realizó a la hora de
determinar la competencia.
Por otro lado, advierte la Sala que actualmente el expediente se encuentra en el
Juzgado 1.° Administrativo Oral de Manizales con radicado 17001-33-33-001-
2023-00340-00, tal y como se puede apreciar en el acta de reparto del 29 de
septiembre de 20237.
Por las razones esgrimidas, la Sala encuentra que en la providencia enjuiciada
no se incurrió en ningún defecto y, por ello no se advierte la vulneración del
derecho fundamental alegado.
4 Auto que resolvió el recurso de súplica interpuesto por el accionante en contra del auto del 20 de febrero
de 2023 que declaró la falta de competencia funcional.
5 Auto que resolvió la nulidad propuesta por el accionante en contra del auto del 16 de marzo de 2023.
6 Auto que resolvió nulidad propuesta en contra del auto del 19 de abril de 2023.
7 Índice 103 acta de reparto en expediente digital.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Ricardo Gómez Vargas, en
nombre propio, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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