Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03073-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03073-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03073-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03073-00
Accionante: Richard Gómez Vargas
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
ocurrida con ocasión de la «providencia del 16 de febrero de 2024», proferida
dentro de la acción de tutela con el radicado 11001-03-15- 000-2023-05438-00.
Decisión: Se niegan las pretensiones por no encontrarse demostrada la
vulneración alegada.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Richard Gómez Vargas, actuando en nombre
propio, en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, ocurrida con ocasión de la «providencia del 16 de
febrero de 2024», proferida dentro de la acción de tutela con el radicado 11001-
03-15- 000-2023-05438-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1
El 26 de septiembre de 2023, el señor Richard Gómez Vargas interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, al considerar que se
vulneró su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión del auto del 19
de abril de 2023 proferido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001-23-33-000-2022-00062-00.
El proceso correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
despacho judicial que mediante sentencia del 27 de octubre de 2023 resolvió
1 Es de advertir que los hechos se complementaron con la información que reposa en la acción de tutela
con el radicado 11001-03-15- 000-2023-05438-00.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03073-00
Accionante: Richard Gómez Vargas
rechazar por improcedente el mecanismo constitucional por temeridad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991. En la
mencionada providencia se ordenó remitir copia de lo actuado a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para lo de su competencia.
El 8 de noviembre de 2023, el accionante solicitó aclaración del fallo, petición
que fue negada a través del proveído del 1.° de diciembre de 2023.
Con ocasión de lo anterior, el 12 de diciembre de 2023, el señor Gómez Vargas
presentó solicitud de nulidad, petición que fue rechazada mediante auto del 6 de
febrero de 2024.
Con posterioridad, esto es, el 16 de febrero de 2024 el proceso se envió a la
Corte Constitucional para los fines pertinentes. Sin embargo el 7 de junio de la
presente anualidad, el hoy accionante presentó un incidente de nulidad porque
no se le dio trámite a la impugnación. Por lo tanto, el 14 de junio de 2024, el
proceso se reactivó de nuevamente.
2.2. Fundamento jurídico
La parte accionante manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia porque no le fue notificada la decisión por medio de la cual se resolvió el
incidente de nulidad presentado el 12 de diciembre de 2023; así como tampoco
se pronunció acerca de la impugnación que interpuso en la misma fecha y aun
así, el 16 de febrero de 2024, el proceso se remitió a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«Solicito respetuosamente se proteja el derecho fundamental al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
(…)
Con el debido respeto le manifiesto al despacho que el mecanismo
judicial está dirigido contra la providencia del 16 de febrero de 2024
expedida por la SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A del
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO.» (Sic a toda la cita)
2.4. Intervenciones
La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 31 de julio de
2024, a través del cual ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A como accionado y al Tribunal Administrativo de Caldas, a la
Asamblea Departamental de Caldas y a la Universidad de Caldas como terceros
interesados en el resultado del proceso.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03073-00
Accionante: Richard Gómez Vargas
2.4.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A manifestó que
mediante la providencia del 20 de junio de 2024, decretó la nulidad de lo actuado
con posterioridad a la providencia del 6 de febrero de 2024, y en consecuencia,
ordenó que se practicara nuevamente la notificación de dicho proveído a las
partes, al constatarse que al día siguiente de haberse realizado la última
notificación, fue allegada constancia de rechazo del buzón del destinatario.
Asimismo, indicó que en la referida providencia, descartó la configuración de la
causal de nulidad establecida en el numeral 2.° del artículo 133 del Código
General del Proceso, pues, a pesar de que el expediente de tutela fue remitido
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, el registro de esa actuación
fue eliminado por esa Corporación para que se tramitara la impugnación
presentada por el señor Richard Gómez Vargas.
En ese sentido, hizo énfasis en que ha procurado garantizar los derechos
fundamentales del actor, adoptando las medidas procesales tendientes a sanear
eventuales irregularidades; no obstante, el señor Gómez Vargas, con
posterioridad a la providencia del 20 de junio de 2024, presentó una solicitud de
aclaración y promovió un nuevo incidente de nulidad, toda vez que, a su juicio,
se configuró la cosa juzgada constitucional.
Por lo anterior, señaló que requirió al actor mediante la providencia del 1° de
agosto de la presente anualidad, con el fin de que expresara si desistía de la
impugnación que presentó contra la sentencia del 27 de octubre de 2023, toda
vez que con la presentación del incidente de nulidad por la supuesta
configuración de la cosa juzgada constitucional «pareciera que la intención del
señor Gómez Vargas es que no se le imparta trámite alguno al memorial de
impugnación».
Así las cosas, manifestó que a la fecha, está a la espera de que el referido
memorial ingrese nuevamente al despacho para emitir el correspondiente
pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad presentada por el actor.
Finalmente, puso de presente el ejercicio desmedido y abusivo de la acción de
tutela por parte del señor Gómez Vargas, el cual resulta desgastante para la
administración de justicia, especialmente para el Consejo de Estado, que en
numerosas ocasiones ha tenido que pronunciarse frente a toda suerte de
acciones, recursos y solicitudes realmente improcedentes. Razón por la que,
mediante sentencia proferida en el proceso de tutela con radicado 11001- 03-15-
000-2023-05438-00, declaró que se presentó una actuación temeraria de su
parte y ordenó remitir copia del expediente a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, para que determinara si había lugar a investigarlo
disciplinariamente, dada su calidad de abogado.
2.4.2. La Universidad de Caldas solicitó ser desvinculada del presente proceso
porque no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03073-00
Accionante: Richard Gómez Vargas
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
El 28 de agosto de 2024, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
encontrarse incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 5.º
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que reza:
“5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial»,
Esto, por cuanto sostiene una amistad intima de muchos años con la magistrada
María Adriana Marín, quien, en su condición de ponente, tramitó la acción de
tutela que se discute en esta sede.
En este orden de ideas, la Sala de Subsección declarará fundado el impedimento
para conocer del presente asunto, en consideración a que la afirmación señalada
por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se ajusta al presupuesto fijado en
el dispositivo mencionado.
3.3. Problema jurídico
De conformidad con los argumentos de la impugnación, la Sala de Subsección
considera que el problema jurídico se circunscribe a establecer si el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante en el
trámite de la acción de tutela con radicado 11001-03-15- 000-2023-05438-00.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
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Accionante: Richard Gómez Vargas
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3.4. Del requisito de subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia2.
No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual
se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.
3.4.1. Análisis del presupuesto de subsidiariedad
El señor Richard Gómez Vargas considera que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia porque no le fue notificada la decisión por medio de la
cual se resolvió el incidente de nulidad presentado el 12 de diciembre de 2023;
así como tampoco se pronunció acerca de la impugnación que interpuso en la
misma fecha y aun así, el 16 de febrero de 2024, el proceso se remitió a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
2 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic)
un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar
el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines
del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela,
que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
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Sobre el particular, se observa que la autoridad judicial accionada, mediante auto
del 20 de junio de 20243, declaró la nulidad de todo lo actuado con posterioridad
a la providencia del 6 de febrero de 2024.
Con posterioridad, el actor presentó nuevamente una solicitud de aclaración y
promovió un nuevo incidente de nulidad, toda vez que, a su juicio, se configuró
la cosa juzgada constitucional.
Luego, la autoridad judicial accionada mediante la providencia del 1° de agosto
de 20244 requirió al señor Gómez Vargas con el fin de que expresara si desistía
o no de la impugnación que presentó contra la sentencia del 27 de octubre de
2023, al considerar que con la presentación del incidente de nulidad por la
supuesta configuración de la cosa juzgada constitucional daba la impresión de
que la intención del señor Gómez Vargas era que no se le impartiera trámite al
memorial de impugnación.
En ese sentido, la Sala considera que la presente acción de tutela es
improcedente en la medida que el proceso de tutela bajo radicado 11001-03-15-
000-2023-05438-00 se encuentra vigente y pendiente de decidir la impugnación
presentada por el señor Richard Gómez Vargas.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos
ordinarios de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para
la salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a
incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación
que estimen lesiva de sus derechos.
Ahora, es de advertir que en el presente asunto no se acredita la amenaza
inminente de los derechos fundamentales de los cuales la parte actora pide su
protección, ni tampoco se encuentra que el amparo deba concederse de manera
urgente.
De tal modo, al no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo porque el proceso de
tutela se reactivó y en la actualidad se encuentra pendiente de estudiar la
impugnación, lo que la torna improcedente.
Así las cosas, la Sala rechazará por improcedente la presente acción, pues, se
reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de
sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener la protección
iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se
convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de
amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones que le encomendó la carta a los jueces
constitucionales.
3 Ver documento 54_Autoqueresuel_20230543800RICHARDGO_0_20240620171554362 (1).pdf
4 Ver documento 67_Autoquerequie_20240543800RICHARDGO_0_20240805173858135 (1).pdf
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Acción de Tutela
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Accionante: Richard Gómez Vargas
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. FALLA
Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván
Duque Gutiérrez para conocer del asunto de la referencia, por las razones
expuestas.
Segundo: Rechazar por improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Richard Gómez Vargas, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada envíese a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento fundado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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