Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04946-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04946-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04946-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04946-01
Accionante: DORMY NELLY LLOREDA Y OTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SEGUNDA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – no se cumplen
con los requisitos de procedibilidad / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - no se
acredita el cumplimiento
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 1° de noviembre de 2024, mediante la cual la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo de tutela solicitado 1.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda2
1. El 11 de septiembre de 2023, Dormy Nelly Lloreda Trejos y Marino de Jesús
Echeverry Pulgarín, a través de apoderado judicial, presentaron tutela en contra del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por la sentencia de segunda
instancia proferida en el proceso de reparación directa identificado con el radicado
No. 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065), del 17 de abril de 2023, al
1 Que ingresó para fallo el 19 de abril de 2024.
2 Índice electrónico No. 02 de SAMAI.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04946-01
Accionante: Dormy Nelly Lloreda y otro
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
considerar que con esta decisión se vulneraron sus derechos fundamentales a la
libertad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. Los accionantes presentaron una de demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama
Judicial, por la privación injusta de la libertad que sufrieron, con ocasión del proceso
penal adelantado en su contra, por el delito de rebelión, del que fueron absueltos en
segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.
3. El Tribunal Administrativo de Risaralda, que tramitó el proceso de reparación
directa en primera instancia, condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de
los perjuicios morales y materiales ocasionados a los ahora accionantes y a sus
familiares.
4. La Fiscalía General de la Nación apeló la sentencia condenatoria en su contra y
este recurso lo resolvió la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que, mediante sentencia del 17 de abril de 2023, revocó la condena
impuesta por el a quo y absolvió de todos los cargos a la recurrente, al encontrar
probada la configuración del eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de
las víctimas, por considerar que estos, con sus actuaciones incidieron en la
imposición de la medida restrictiva de la libertad.
5. La sentencia de segunda instancia fue notificada electrónicamente el 14 de julio
de 2023.
Pretensiones
6. Si bien los accionantes no formulan un acápite expreso de pretensiones, de la
lectura de la demanda de tutela se infiere que lo pretendido a través de la tutela es
el amparo de los derechos fundamentales a la libertad, debido proceso y acceso a
la administración de justicia, que estiman vulnerados con la sentencia proferida, el
17 de abril de 2023, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04946-01
Accionante: Dormy Nelly Lloreda y otro
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Estado, en el proceso identificado con el radicado No. 66001-23-31-000-2012-
00233-01 (63.065), por lo que se entiende que lo que pretenden es que se deje sin
efectos esa decisión.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. La parte tutelante alega que en la sentencia del 17 de abril de 2023 se
configuraron varios defectos fácticos y que esa decisión se profirió desconociendo
el precedente jurisprudencial.
7. El apoderado de los accionantes señaló que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico en su dimensión
positiva, al analizar los elementos probatorios obrantes en el expediente, toda vez
que sobredimensionó los hechos indicadores como indicios, sin ninguna reflexión
inspirada en la sana crítica, por lo que afirmó que no era cierto, sino inexacto y
arbitrario, el concluir que el intento de destrucción de un documento al momento de
adelantarse el allanamiento justificaba la imposición de una medida de
aseguramiento y, además, manifestó que los aspectos centrales para predicar la
posible responsabilidad penal de los procesados por el delito de rebelión estuvo
centrada en sus relaciones sociales y comerciales, las cuales ejercieron bajo el
imperio del miedo, por el contexto de conflicto y violencia que aquejaba la zona en
la que ocurrieron los hechos.
8. De igual forma, indicó que se había configurado un defecto fáctico en su
dimensión negativa, en tanto que en la sentencia cuestionada se había omitido
valorar otras pruebas como el informe técnico de los archivos almacenados en el
computador que se encontró en el allanamiento efectuado en el marco del proceso
penal en contra de los ahora accionantes o se pasó por alto la falta de la prueba
técnica para identificar las voces de los interlocutores en las interceptaciones
telefónicas que se realizaron.
9. Asimismo, se advirtió que en la sentencia cuestionada se omitió absolutamente
el análisis del contexto social, económico, político y militar con motivo de la
ocupación guerrillera durante el tiempo en el que ocurrieron los hechos objeto de
análisis en el corregimiento de Santa Cecilia, por lo que los argumentos expuestos
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04946-01
Accionante: Dormy Nelly Lloreda y otro
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
para concluir que se configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de
la víctima estaban descontextualizados.
10. Finalmente, el apoderado de la parte actora manifestó que se había desconocido
el precedente jurisprudencial, que debió aplicarse en el caso analizado, de
conformidad con los diferentes tratados internacionales y jurisprudencia relacionada
con la protección de los derechos humanos, al asimilar las características de las
“ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos” con los “falsos positivos judiciales” y,
en particular, señaló el desconocimiento del carácter excepcional de la detención
preventiva de la libertad, de conformidad con lo previsto en la sentencia C - 327 de
1997.
Trámite en primera instancia
11. Mediante auto del 14 de septiembre de 2023, la Sección Segunda del Consejo
de Estado admitió la tutela de la referencia, ordenó notificar a la autoridad judicial
accionada y vinculó a los sujetos procesales de la acción de reparación directa.
Intervenciones
12. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B3, manifestó que la el
expediente y la sentencia cuestionada contienen los elementos y los argumentos
necesarios para que el juez de la acción de tutela adoptara la decisión que en
derecho corresponda.
13. La Fiscalía General de la Nación indicó que la acción de tutela resultaba
improcedente por las siguientes razones: i) existía otro mecanismo judicial idóneo
para ventilar la controversia, como lo es el recurso extraordinario de revisión, el cual
no se agotó; ii) no se sustentaron las causales específicas de procedibilidad, en
relación con la configuración de los defectos en los que habría incurrido la autoridad
judicial accionada; iii) no existió una vulneración al derecho fundamental al debido
proceso, en tanto que el Consejo de Estado respetó todas las garantías de los
demandantes; y iv) no se vulneró el precedente jurisprudencial, toda vez que el fallo
3 Despacho del consejero Alberto Montaña Plata.
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Accionante: Dormy Nelly Lloreda y otro
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
cuestionado se ajustó a los parámetros previsto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU – 072 de 2018 en relación con el estudio de la privación injusta de la
libertad.
La sentencia de primera instancia
14. Mediante sentencia del 1° de noviembre de 2023, la Sección Segunda -
Subsección B del Consejo de Estado negó el amparo solicitado al considerar que
los accionantes no habían desarrollado “una suficiente carga argumentativa para
sustentar su incidencia en la vulneración de los derechos deprecados”.
15. En ese mismo sentido se estableció que al proferirse la sentencia del 17 de abril
de 2023 no se incurrió en una vía de hecho por la configuración de un defecto
fáctico, ni por desconocimiento del precedente judicial, en tanto que la decisión se
soportó en un estudio razonable de los hechos, así como de la normativa y la
jurisprudencia aplicable y, de igual forma, se evidenció que la autoridad judicial
accionada, en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y
sana crítica, efectuó un análisis probatorio coherente y válido de las pruebas
allegadas.
16. De otra parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que los
argumentos presentados por la parte accionante demuestran su inconformidad con
la decisión adoptada por el juez de segunda instancia en la demanda de reparación
directa, sin que lograran acreditar las irregularidades de orden constitucional en las
que presuntamente se había incurrido, por lo que la Sala rechazó que se pretendiera
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con
el fin de reabrir el debate jurídico que se propuso en el proceso ordinario, con el fin
de obtener un resultado favorable sus pretensiones
La impugnación
17. El apoderado de la parte actora solicita revocar el fallo de tutela y que se
reconozcan los derechos constitucionales de los accionantes, así como “el derecho
a la indemnización patrimonial y moral por privación injusta de su libertad cuyo actor
principal fue la Fiscalía General de la Nación”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04946-01
Accionante: Dormy Nelly Lloreda y otro
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
18. Se insiste en la incidencia del contexto del conflicto armado en la vulneración de
los derechos constitucionales de los accionantes y se reiteran los argumentos
propuestos en la demanda de tutela en relación con la configuración del defecto
fáctico y con el desconocimiento del precedente que se materializó en la sentencia
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
19. La Subsección modificará el fallo impugnado, porque considera que la acción
de tutela carece de relevancia constitucional.
20. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la
relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la
autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces4.
21. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber5:
22. i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está
constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial.
4 Sentencia T–422 de 2018.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04946-01
Accionante: Dormy Nelly Lloreda y otro
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
23. De conformidad con la demanda y con impugnación presentada en contra de la
decisión que negó el amparo solicitado, la Sala estima que la carga argumentativa
empleada por la parte actora para cuestionar la sentencia proferida por la autoridad
accionada es insuficiente para estimar que la tutela involucra, genuinamente,
asuntos que involucren la vulneración de derechos fundamentales. Veamos:
24. En la sentencia del 17 de abril de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía
General de la Nación en contra de la decisión de primer grado que acogió las
pretensiones dentro del proceso de reparación directa seguido por la privación de
la libertad de Dormy Nelly Lloreda y Marino de Jesús Echeverry, en un proceso
penal que se siguió en su contra por la presunta comisión del delito de rebelión.
25. La autoridad judicial accionada concluyó que el daño consistente en la privación
de la libertad se encontraba acreditado, por cuanto Dormy Nelly Lloreda Trejos y
Marino de Jesús Echeverry efectivamente fueron recluidos en establecimientos
carcelarios y que el proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de
rebelión, finalizó con sentencia absolutoria a su favor. No obstante, consideró que
el daño no era imputable la Fiscalía General de la Nación por encontrar configurada
la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de
las víctimas:
“26. De las piezas procesales enunciadas puede advertirse que, las actuaciones
procesales desarrolladas por Dormy Nelly Lloreda y Marino de Jesús Echeverry
incidieron en la imposición de la medida restrictiva de la libertad, por lo que, de
conformidad con lo previsto por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, la Sala
encuentra configurado el hecho exclusivo de las víctimas. Para ello, se
estudiará de forma independiente las actuaciones de los implicados y la forma
como suscitaron la aludida medida de aseguramiento.
27. Respecto de Dormy Nelly Lloreda Trejos, en la Resolución de 10 de junio
de 2004, por medio de la cual se definió su situación jurídica, se puso de
presente que, al momento de practicarse la diligencia de allanamiento a la
vivienda de la implicada, en la que también se produjo su captura, fueron
encontrados unos documentos que la relacionaban con los miembros del grupo
insurgente y que intentó destruir. Al respecto se indicó (se trascribe):
‘En el allanamiento realizado a la vivienda de DORMINELY en Pereira, también se
le incautaron cinco millones novecientos cincuenta mil de pesos, un revolver; el
orden de batalla del ERG del batallón San Mateo, se dejó constancia por parte del
fiscal que realizo la diligencia que la señora DORMINELLY trató de destruir con el
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agua y luego rompió una carta, que se recuperó y se allegó partida en pedazos, se
dejó constancia que era un reclamo que le hacía a Guillermo N’.
28. De esta actuación, acompañada de otros elementos de juicio, como (1) su
indagatoria, en la que afirmó que los documentos que le fueron incautados “los
conservaba porque había sido víctima de secuestro y extorsiones”, (2) el
informe policial que daba cuenta del control técnico que se estaba realizando a
las líneas telefónicas de su familia y (3) las declaraciones juramentadas de los
testigos, la Fiscalía concluyó que había lugar a imponerle medida de
aseguramiento sin beneficio de excarcelación.6
29. Adicionalmente, al momento de proferir la Resolución de acusación de 14
de diciembre de 2004, la Fiscalía resaltó que la actuación de la demandante,
consistente en el intento de destrucción de un documento, ocurrió porque dicho
elemento reflejaba una situación de amistad con un guerrillero, que no se
encontraba debidamente justificada.
30. De lo anterior, la Sala constata que, la actuación de Dormy Nelly Lloreda
Trejos, consistente en intentar destruir una de las pruebas halladas durante la
diligencia de allanamiento, configuró un indicio grave de responsabilidad penal
y, además, revelaba la necesidad de imponer la medida de aseguramiento en
su contra, ante la existencia de evidencia cierta sobre el riesgo de obstrucción
de la acción de la justicia. En efecto, el artículo 355 de la ley 600 de 2000,
vigente para la época de los hechos, dispone que la medida de aseguramiento
procede para impedir las labores que el sindicado ‘emprenda para ocultar,
destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o
entorpecer la actividad probatoria’. (…).
32. De todas maneras, la actitud observada por la imputada en el curso del
proceso, en particular, al momento de practicarse la diligencia de allanamiento,
al tratar de destruir material probatorio relevante para la investigación, incidió
de manera definitiva en la imposición de la medida de aseguramiento de
detención preventiva en su contra. (…).
34. En la Resolución de definición de su situación jurídica de 24 de junio de
2004, la fiscalía consideró que, el aquí demandante, durante el desarrollo de
sus diligencias, intentó inducir en error a las autoridades, al señalar que sus
actuaciones estuvieron motivadas en la coacción y amenazas proferidas en su
contra por los grupos al margen de la ley. Al respecto, intentó justificar algunos
de sus comportamientos, al aludir al secuestro de su hija -no podían ser
colaboradores de la guerrilla, al ser, aparentemente, víctimas del mismo grupo
armado-, situación ésta que a su vez los obligó a deshacerse del
establecimiento de comercio que tenían en esa zona -aunque no había ninguna
6 Cita del original: “Así se indicó en la Resolución de 10 de junio de 2004: ‘Este es el compromiso
penal de DORMINELLY LLOREDA TREJOS, quien no solo son las declaraciones que obran en su
contra, sino también las interceptaciones telefónicas, traídas como prueba trasladada, la que da
cuenta de la amistad íntima que tiene con el comandante del Ejército Revolucionario Guevarista,
ROMAÑA, con quien habla con mucha familiaridad, contrario a lo que ella pregona en su injurada,
de haber sido extorsionada por éste (…)”’.
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evidencia de ello7. Sin embargo, estas explicaciones no solo resultaron
imprecisas, sino contrarias a hechos objetivamente probados, sin que se
proporcionara alguna justificación al respecto. En la providencia se sostuvo (se
trascribe):
‘Quiere MARINO DE JESÚS hacer creer que a su hija la secuestró la guerrilla, pero
tal como se dijera en el momento de resolver la situación de DORMINELLY, este
hecho se verificó con el Gaula de Risaralda, estableciéndose que la joven Leydi
Johana fue rescatada a los tres días de su secuestro, el cual fue perpetrado por
integrantes de las fuerzas militares los cuales fueron capturados. Aunque en su
injurada manifestó que había vendido el negocio que tiene en Santa Cecilia, al
momento de allanarse dicho establecimiento, la persona que atendió la diligencia,
de quien DORMINELLY dijo era el comprador, fue enfático en decir que era el
empleado, indicando el lugar donde vivían sus patrones en la ciudad de Pereira, lo
cual desvirtúa el hecho de que ya no sea propietario (…)’.
35. Esta situación fue reiterada en la Resolución de acusación, que fue
considerada como un indicio de su responsabilidad, adicional a los otros medios
probatorios que se encontraban en el expediente, así:
‘De otra parte, no es cierto que la guerrilla fue la que secuestró a su hija, como
también se quiere hacer ver por parte de los sindicados, sino miembros del ejército
que incluso fueron capturados (…) Por manera que debemos creer lo que dicen los
testigos de cargo, ya que como se ve, hay otras evidencias que corroboran su dicho
y que desdicen del actuar coaccionado de los sindicados en los favores prestados a
la guerrilla en Santa Cecilia, como podría pensarse’.
36. De lo anterior, se desprende que las exculpaciones presentadas por Marino
de Jesús no se encontraban respaldadas en ningún medio probatorio y, por el
contrario, se contradecían, toda vez que, el secuestro de su hija Leydi Johana
fue realizado por integrantes de las fuerzas militares, que fueron debidamente
capturados, razón por la cual esta situación tampoco pudo propiciar la venta
inminente de su establecimiento de comercio.
37. Debido a que Dormy Nelly Lloreda Trejos y Marino de Jesús Echeverry se
encontraban en una situación fáctica similar, los argumentos relacionados con
las contradicciones o justificaciones contraevidentes expuestas para tratar de
comprobar que eran constreñidos por la guerrilla, fueron tenidos en cuenta para
proferir sentencia condenatoria de primera instancia en su contra.
38. Como puede observarse, el intento de destrucción del material probatorio y
las manifestaciones contraevidentes en relación con el secuestro de su hija
fueron actuaciones procesales determinantes para que la fiscalía les impusiera
la medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra. En
consecuencia, al encontrarse configurada la causal de exoneración de
responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de las víctimas, la Sala
7 Cita del original: El indagado presentó esta cita exculpatoria, pero no la demostró con ningún
elemento de juicio durante el proceso. Por el contrario, Dormy Nelly Lloreda, en su diligencia de
indagatoria, informó que no se había formalizado la venta de su establecimiento y en la diligencia de
allanamiento al almacén, Héctor González, que la atendió, manifestó que los dueños del local eran
los esposos Marino y Dormy Nelly.
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revocará la decisión de primera instancia que accedió, parcialmente, a las
pretensiones formuladas en la demanda”.
26. Frente al anterior análisis, en la demanda de tutela se sostiene que la decisión
judicial impugnada ignoró el contexto del conflicto armado en la región,
interpretando erróneamente ciertos eventos como indicativos de responsabilidad.
Además, argumenta que se incurrió en un defecto fáctico en sus dimensiones
positivas como negativas; también cuestiona el trabajo de la Fiscalía, especialmente
en lo referente a la detención preventiva de los acusados, disputa la valoración de
pruebas técnicas y alega que la Fiscalía no logró demostrar adecuadamente la
conexión de los acusados con la insurgencia.
27. Desde la perspectiva de la Sala, los reproches presentados por la parte
demandante no evidencian errores que vulneren los derechos fundamentales por
parte de la autoridad demandada, sino que más bien buscan convertir el escenario
de la tutela en una suerte de juicio para corregir el fallo judicial impugnado.
Específicamente, se dirigen a que se reconsidere la conclusión de la autoridad
judicial según la cual la privación de la libertad fue como consecuencia del hecho
de las víctimas, al intentar destruir parte del material probatorio y las declaraciones
contradictorias respecto al secuestro de la hija de los solicitantes.
28. Contrario a lo expuesto en la demanda, el análisis probatorio realizado en la
sentencia cuestionada, específicamente en lo relacionado con la configuración del
eximente de responsabilidad de hecho exclusivo de la víctima, se ajusta a los
parámetros previstos por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU
– 363 de 20218, en tanto que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado estudió los comportamientos de los demandantes dentro del proceso penal
adelantado en su contra, como lo es la destrucción u ocultamiento de elementos
probatorios o el presentar declaraciones contradictorias y contrarias a la verdad y,
8 “la culpa exclusiva de la víctima se determina por la conducta que ésta despliega dentro de la
actuación penal y no por la conducta que origina la investigación que, por lo demás, no termina en
una condena. Esto significa que el juez de lo contencioso administrativo deberá comprobar: (i) un
comportamiento doloso por parte de la persona, es decir, que despliegue conductas tales como la
confesión falsa, la fuga o evasión, la realización de amenazas, la destrucción o el ocultamiento de
elementos probatorios o la realización deliberada de conductas que obstruyen la acción de la justicia
o; (ii) un actuar a título de culpa grave, es decir, que corresponde a la negligencia grave o descuido
significativo en relación con el deber de colaboración con la administración de justicia, cuando
ocurran, por ejemplo, afectaciones respecto de los elementos probatorios bajo su cuidado”.
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con base en ello, fue que concluyó que se encontraba acreditado que la actuación
de los accionantes había sido determinante para la imposición de las medidas de
aseguramiento de detención preventiva en su contra.
29. Es importante señalar que el criterio utilizado por el juez al determinar la
responsabilidad en una acción de reparación directa difiere del exigido en el ámbito
penal. En tal sentido, las consideraciones sobre pruebas técnicas o la influencia de
grupos al margen de la ley son relevantes para establecer la responsabilidad penal
de los demandantes, pero la imposición de medidas de aseguramiento de detención
preventiva según lo dispuesto en el artículo 355 de la Ley 600 de 2000, se guía por
parámetros normativos y jurisprudenciales distintos, tal como lo reconoció la
autoridad judicial al emitir el fallo cuestionado.
30. Respecto al desconocimiento de precedentes jurisprudenciales, la Sala no
encuentra fundamentos que respalden tal conclusión. La sentencia C-327 de 1997,
que examina la constitucionalidad de normas relacionadas con la detención
preventiva en el Decreto 2700 de 1991, aclara que no todos los tratados
internacionales sobre libertad personal forman parte del bloque de
constitucionalidad ni deben considerarse al determinar la conformidad de una ley
con la Carta Política. Además, resalta el carácter excepcional de la detención
preventiva, cuya justificación requiere un análisis detallado de las circunstancias
específicas de cada caso, aspectos que no se ignoran en el fallo atacado.
31. Finalmente, se concluye que los argumentos presentados por los demandantes
no sustentan la idea de que la decisión de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado haya violado los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela o ignorado la jurisprudencia. Más bien, reflejan objeciones frente
a la decisión del tribunal de segunda instancia, sin contar con un fundamento
constitucional para cuestionar el análisis probatorio realizado. Por tanto, es
necesario recordar que la tutela no puede emplearse como un recurso adicional
para reabrir debates legales sobre una sentencia que no favorece los intereses de
las partes.
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
MODIFICAR la sentencia del 1° de noviembre de 2023, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar se dispone:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Dormy Nelly Lloreda Trejos y Marino de Jesús Echeverry Pulgarín, por las razones
expuestas en las consideraciones que anteceden.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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