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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2012-00233-01

Fecha
17 de abril de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2012-00233-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 8 de junio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala cuarta de decisión, por las razones expuestas en esta providencia y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-31-000-2012-00233-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de abril de 2023

Radicación: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad – Culpa de la víctima

Síntesis del caso: Los demandantes principales fueron privados de su libertad con ocasión
del proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de Rebelión.
Dicha actuación finalizó con sentencia de segunda instancia absolutoria a su favor

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada en contra de la Sentencia proferida el 8 de junio de 20181 por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante la
cual se accedió, parcialmente, a las pretensiones de la demanda 2.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones

1 Este expediente se resuelve sin tener en cuenta el turno de entrada para fallo, de conformidad con el Acta N°10
de 25 de abril de 2013, mediante el cual la Sección Tercera dio prelación para fallo los casos de privación injusta
de la libertad.
2 En el resuelve de la providencia se dispuso lo siguiente (se trascribe): “1. DECLARASE NO PROBADA la excepción

de culpa exclusiva de la víctima, formulada por la Nación-Rama Judicial. 2. DECLARAR administrativa, patrimonial
y solidariamente responsables a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Rama Judicial, por el daño
antijurídico causado a la parte demandante, por la privación injusta de la libertad de la cual fueron víctimas los
señores Marino de Jesús Echeverri Pulgarín y Dormy Nelly Lloreda Trejos, en las circunstancias y hechos explicados
en la parte motiva de esta providencia. 3. En consecuencia, CONDENASE a la Nación - Fiscalía General de la
Nación y a la Nación-Rama judicial al pago a favor de los demandantes, de las siguientes sumas de dinero a la
fecha de ejecutoria de la sentencia: 3.1 Por concepto de perjuicios morales. en favor de Marino de Jesús Echeverri
pulga ron, Dormy Nelly Lloreda Trejos (víctimas), Leidy Joanna Echeverry Lloreda, Henry Alejandro Echeverry Lloreda
(hijos de las víctimas), para la sucesión de Rafael Antonio Echeverri Pérez (padre de Marino e Jesús Echeverri
Pulgarín) y para Flor de María Trejos de Lloreda (madre de Dormy Nelly Lloreda Trejos), la suma equivalente a 100
SMLMV, para cada uno a la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y para Alberto de Jesús Echeverri o Echeverry
Pulgarín, Francisco Luis Echeverri Pulgarín, Luis Eduardo Echeverri Pulgarín, Luis Fernando Echeverry Pulgarín, Carlos
Alberto Echeverry Pulgarín, Jhon Jairo Echeverri Pulgarín, Rosa María Echeverri o Echeverry Pulgarín, José Antonio
Echeverri Pulgarín, Gloria Estela Echeverri Pulgarín, Jesús Antonio Echeverri o Echeverry Pulgarín, Hernán de Jesús
Echeverri o Echeverry Pulgarín y Jorge Iván Echeverri Pulgarín (hermanos de Marino de Jesús); y Felicidad Lloreda
Trejos, Liliana Lloreda Trejos, María Orfilia Lloreda Trejos, Gloria Nancy Lloreda Trejos, Moisés Lloreda Trejos, José
Adolías Lloreda Trejos y Omar Antonio Lloreda Trejos (hermanos de Dormí Nelly), la suma equivalente a 50 SMLMV,
para cada uno a la fecha de ejecutoria de la sentencia. 3.2. Por concepto de daño a la salud (perjuicios a la vida
de relación): en favor de Marino de Jesús Echeverri Pulgarín y Dormy Nelly Lloreda Trejos, su equivalente a 10
SMLMV, para cada uno a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. 3.3. Por perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante: A favor Marino de Jesús Echeverri Pulgarín y Dormy Nelly Lloreda Trejos, la suma de veinte millones
trescientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y seis pesos m/c. ($20.353.696.), para cada uno; y por perjuicios
materiales en la modalidad de daño emergente: A favor Marino de Jesús Echeverri Pulgarín, la suma de diez
millones de pesos m/cte. ($10.000.000), la cual deberá ser actualizada al momento del pago, conforme a la
fórmula expresada en la parte motiva de esta providencia: y a favor Dormy Nelly Lloreda Trejos, la suma de treinta
millones de pesos m/cte. ($30.000.000), la cual deberá ser actualizada al momento del pago, conforme a la
fórmula expresada en la parte motiva de esta providencia. 4. DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73
de la Ley 270 de 19963.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de junio de 2012, Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y Dormy Nelly
Lloreda Trejos, con su grupo familiar4, presentaron demanda, en ejercicio de
la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Fiscalía General
de la Nación y la Rama Judicial, para obtener la reparación de los perjuicios
sufridos con ocasión de la privación injusta de su libertad. La medida de
aseguramiento de detención preventiva fue decretada dentro del proceso
penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de
rebelión5.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se
trascribe):

“Declárese que la Nación Colombiana, Fiscalía General de la Nación y Rama
Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, son administrativa y
solidariamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios morales,
materiales, menoscabo a los derechos fundamentales relativos a la honra y al
buen nombre personal, comercial y profesional, causados a los demandantes
(…) con la privación injusta y arbitraria de la libertad de que fueron víctimas
los señores MARINO DE JESÚS ECHEVERRY PULGARÍN Y DORMY NELLY LLOREDA
TREJOS como presuntos coautores del delito de rebelión en el periodo
comprendido entre el 28 de mayo de 2004 y el 30 de junio de 2010 (…)”.

3. Por lo anterior, solicitó que se condenara a las entidades demandadas
a pagar los siguientes montos:

Perjuicio Demandante Calidad Monto

3 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación
de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00.
4 En calidad de cónyuges y sus hijos Leidy Johana Echeverry Lloreda, Fredy Alexander Echeverry Lloreda y Henry

Alejandro Echeverry Lloreda. Por parte del señor Marino de Jesús, su padre Rafael Antonio Echeverry Pérez y sus
hermanos Alberto de Jesús Echeverry Pulgarín, Francisco Luis Echeverry Pulgarín, Luis Eduardo Echever ry Pulgarín,
Luis Fernando Echeverry Pulgarín, Carlos Alberto Echeverry Pulgarín, Jhon Jairo Echeverry Pulgarín, Rosa María
Echeverry Pulgarín, Jose Antonio Echeverry Pulgarín, Gloria Stella Echeverry Pulgarín, Jesús Antonio Echeverry
Pulgarín, Hernán de Jesús Echeverry Pulgarín y Jorge Iván Echeverry Pulgarín. Por parte de la señora Dormy Nelly,
su madre Flor de María Trejos de Lloreda y sus hermanos Felicidad Lloreda Trejos, Liliana Lloreda Trejos, María Orfilia
Lloreda Trejos, Gloria Nancy Lloreda Trejos, Moisés Lloreda Trejos, Migdonio de Jesús Lloreda Trejos, Jose Adolias
Lloreda Trejos y Omar Antonio Lloreda Trejos.
5 Folios 1 al 58 del cuaderno No. 1 del tribunal.

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

Marino de Jesús Echeverry
Víctima directa 600 SMLMV6
Pulgarín
Dormy Nelly Lloreda Trejos Víctima directa 600 SMLMV
Leidy Johana Echeverry Lloreda Hija 600 SMLMV
Fredy Alexander Echeverry Lloreda Hijo 600 SMLMV
Henry Alejandro Echeverry Lloreda Hijo 600 SMLMV
Rafael Antonio Echeverry Pérez Padre 600 SMLMV
Flor de María Trejos de Lloreda Madre 600 SMLMV
Alberto de Jesús Echeverry P Hermano 600 SMLMV
Francisco Luis Echeverry Pulgarín Hermano 600 SMLMV
Luis Eduardo Echeverry Pulgarín Hermano 600 SMLMV
Luis Fernando Echeverry Pulgarín Hermano 600 SMLMV
Carlos Alberto Echeverry Pulgarín Hermano 600 SMLMV
Jhon Jairo Echeverry Pulgarín Hermano 600 SMLMV
Rosa María Echeverry Pulgarín Hermana 600 SMLMV
Perjuicios
José Antonio Echeverry Pulgarín Hermano 600 SMLMV
morales
Gloria Stella Echeverry Pulgarín Hermana 600 SMLMV
Jesús Antonio Echeverry Pulgarín Hermano 600 SMLMV
Hernán de Jesús Echeverry P Hermano 600 SMLMV
Jorge Iván Echeverry Pulgarín Hermano 600 SMLMV
Felicidad Lloreda Trejos Hermana 600 SMLMV
Liliana Lloreda Trejos Hermana 600 SMLMV
María Orfilia Lloreda Trejos Hermana 600 SMLMV
Gloria Nancy Lloreda Trejos Hermana 600 SMLMV
Moisés Lloreda Trejos Hermano 600 SMLMV
Migdonio de Jesús Lloreda Hermano 600 SMLMV
Jose Adolias Lloreda Trejos Hermano 600 SMLMV
Omar Antonio Lloreda Trejos Hermano 600 SMLMV

“Perjuicio a
Víctimas directas, padre, 400 SMLMV
la vida de Para todos los demandantes
madre, hijos y hermanos para cada
relación”
uno
400 SMLMV
“El daño al
para cada
buen
Víctimas directas, padre, uno
nombre, Para todos los demandantes
madre, hijos y hermanos
honra y
fama”

Por concepto
Marino de Jesús Echeverry P Víctima directa
de lucro
cesante, la
suma
estimada de
Perjuicios
$390.950.5507
materiales
Dormy Nelly Lloreda Trejos Víctima directa y por
concepto de
daño
emergente la
suma

6La expresión “SMLMV” se refiere a salarios mínimos legales mensuales vigentes.
7“Consistente en las sumas de dinero que dejaron de percibir durante los 2190 días de afectación de su vida
personal, familiar, social y privación de su libertad, utilidad o beneficio económico dejado de percibir por
compraventa de oro, una de las actividades principales de las demandantes, durante el tiempo de su reclusión”

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

estimada de
$608.823.5208

4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:

5. 1) El 6 de junio de 2004, la Policía Nacional capturó a Marino de Jesús
Echeverry, Dormy Nelly Lloreda Trejos y Leidy Johana Echeverry, con ocasión
del proceso penal No. 1842 adelantado en su contra, por la presunta
comisión del delito rebelión. En la misma fecha, los implicados fueron
dejados a disposición de la Fiscalía 3 especializada de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitaria.

6. 2) Mediante Resoluciones de 10 de junio de 2004 y 24 de junio de 2004,
la Fiscalía 3 especializada de Derechos Humanos resolvió la situación
jurídica de Dormy Nelly Lloreda y Marino de Jesús Echeverry,
respectivamente, y les impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva, sin beneficio de excarcelación.

7. 3) El 21 de julio de 2004 se informó al director de la Cárcel de Mediana
y Alta Seguridad “La Dorada” que, Marino Echeverry y otros sindicados,
dentro del proceso penal No. 1842, quienes se encontraban a órdenes de
la Fiscalía 3 especializada, ahora quedaban a órdenes de la Fiscalía 6
Especializada por resolución del Fiscal General de la Nación.

8. 4) El 14 de diciembre de 2004, la Fiscalía 6 especializada de Derechos
Humanos profirió resolución de acusación en contra de los dos
demandantes principales y otros sindicados.

9. 5) Durante el proceso penal, los defensores de los sindicados solicitaron
la libertad provisional, al haber trascurrido más de 6 meses, sin que hubiese
iniciado la audiencia de juzgamiento. El Juzgado 6 penal del circuito de
Pereira resolvió la solicitud mediante Auto interlocutorio de 2 de febrero de
2006 y les otorgó la libertad provisional a los 2 demandantes y otros
sindicados.

10. 6) El 12 de diciembre de 2007, el Juzgado 6 penal del circuito de Pereira
profirió sentencia condenatoria respecto de todos los procesados, incluidos
los demandantes. Esta providencia fue recurrida y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, en providencia de 30 de junio de

8 “Consistente en los gastos ocasionados como perjuicios materiales por las erogaciones económicas para atender
su defensa, los costos de su manutención en condiciones dignas en los establecimientos carcelarios, la adquisición
de grave enfermedad durante su reclusión comprendidos en el presente caso, el viaje intempestivo de sus hijos a
la república de España, por el encarcelamiento de sus padres y la ruptura de la unidad familiar, todo lo
relacionado con su desplazamiento, los créditos para atender sus obligaciones urgentes, la pérdida de sus
negocios por la suspensión de la actividad económica, los deudores que dejaron de cancelarles préstamos, la
venta abrupta de ganado vacuno”.

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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2010, revocó la condena de Marino de Jesús Echeverry y Dormy Nelly
Lloreda y los absolvió de todos los cargos.

11. 7) La privación injusta de la libertad de Marino de Jesús Echeverry y
Dormy Nelly Lloreda causó en ellos y en sus familiares graves perjuicios
materiales y morales que deben ser reparados.

1.2. Posición de la parte demandada9

12. El 3 de mayo de 2013, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito
de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones
formuladas y objetó la cuantía presentada 10. Al respecto, sostuvo que, la
medida de aseguramiento fue impuesta de conformidad con los medios
probatorios recaudados en el proceso, los cuales comprometían la
responsabilidad de los sindicados. Expuso que no podía perderse de vista
que la absolución de los demandantes ocurrió en segunda instancia por la
aplicación del principio in dubio pro reo y no porque se hubiese demostrado
su inocencia. Alegó que la privación de la libertad de los demandantes no
tuvo la connotación de antijurídica, pues era “una circunstancia que tenían
que soportar” y, en consecuencia, no se estructuraban los presupuestos de
la responsabilidad. Además, consideró que la fiscalía actuó en
cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, por lo que afirmar
que, la responsabilidad del Estado siempre se compromete cuando en un
proceso penal se absuelve al sindicado, “conllevaría a la denegación
misma de la justicia y a un flagrante desconocimiento de la potestad
punitiva que tiene el estado”.

13. El 6 de mayo de 2013, la Rama Judicial contestó la demanda11. En su
escrito se opuso a las pretensiones de la demanda, dado que no le era
atribuible el daño antijurídico alegado, debido a que el proceso penal
trascurrió bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000, en la cual la etapa de
investigación era de competencia exclusiva de la Fiscalía General de la
Nación. Afirmó que las decisiones proferidas por los jueces penales fueron
ajustadas a derecho y fundamentadas en los medios probatorios
debidamente valorados, conforme a las reglas de la sana crítica. Indicó que
en el proceso penal existieron indicios graves de la responsabilidad de los
sindicados, por lo que la investigación penal era una carga que debían
soportar. Por último, formuló las excepciones de “falta de legitimación en la
causa por pasiva” y “culpa exclusiva de la víctima”, toda vez que las
actuaciones de la parte demandante dieron lugar al proceso penal
seguido en su contra.

9 Mediante Auto de 22 de noviembre 2012, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda presentada
por todos los demandantes, salvo por Fredy Alexander Echeverry Lloreda y Migdonio Lloreda Trejos en contra de
la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Folios 516 al 520 del cuaderno 1-2 del Tribunal.
10 Folios 529 al 549 del cuaderno 1-2 del Tribunal.
11 Folios 555 al 572 del cuaderno 1-2 del Tribunal.

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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1.3. Sentencia de primera instancia

14. El 8 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala cuarta
de decisión, profirió Sentencia de primera instancia, en la que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda12. Como fundamento de la
decisión señaló que, una vez acreditada la privación de la libertad de
Marino de Jesús y Dormy Nelly, desde el 6 de junio de 2004 hasta el 2 de
febrero de 2006, y habida cuenta de que fueron absueltos por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira, se debía analizar el cumplimiento de
los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento a efectos
de determinar la eventual responsabilidad de las demandadas. Por lo
anterior, concluyó que la medida de aseguramiento fue injusta pues, de las
piezas del proceso penal podía advertirse que esta fue impuesta
únicamente con fundamento en unas interceptaciones telefónicas de las
cuales no hubo una prueba técnica para el reconocimiento de los
interlocutores, y unos testimonios de personas reinsertadas que no daban
cuenta de acciones de participación específica de los demandantes en el
delito por el cual se les investigaba. Expuso que como no existían los indicios
graves que establecía la ley para imponer la medida de aseguramiento, la
misma se calificó como injusta y surgió la obligación del Estado de
indemnizar el daño ocasionado.

15. Adicionalmente, no advirtió ninguna prueba sobre una conducta de la
víctima que pudiera calificarse como determinante en la ocurrencia del
daño, por lo que condenó a los demandados a pagar la indemnización de
perjuicios así: perjuicios morales para todos los demandantes, y daño a la
salud y perjuicios materiales únicamente para las víctimas directas de la
privación.

1.4. Recurso de apelación

16. El 27 de junio de 2018, la Rama Judicial interpuso recurso de apelación,
en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se negaran las pretensiones de la demanda13. En su escrito insistió que
no se evidenciaba una actuación irregular de la entidad y que, por el
contrario, esta actuó conforme a derecho cuando otorgó libertad
provisional a los sindicados, una vez se cumplieron los requisitos para
conceder este beneficio, así como cuando emitió la sentencia
condenatoria, porque existían medios de prueba para ello. Además, reiteró
que la absolución de los sindicados en segunda instancia ocurrió porque las
pruebas no resultaron suficientes para confirmar la sentencia de primera

12 Folios 687 al 711 del cuaderno del Consejo de Estado.
13 Folios 715 al 717 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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instancia, más no porque se demostrara la inocencia de los sindicados, por
lo que se encontraba configurada la culpa exclusiva de la víctima.

17. El 27 de junio de 2018, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso
de apelación, en el que solicitó, igualmente, que se revocara la sentencia
de primera instancia14. En su escrito explicó que, al momento de la
imposición de la medida de aseguramiento, sí se cumplieron los requisitos
establecidos en la ley y que, además, no era competencia de la jurisdicción
contenciosa cuestionar y revisar lo realizado por la fiscalía en el proceso
penal. Por otro lado, argumentó que, el tribunal no tuvo en cuenta que la
absolución de los sindicados se produjo por las dudas probatorias surgidas
en segunda instancia, pero bajo ningún supuesto porque los elementos
probatorios en los que se basó la instrucción y la condena de primera
instancia estuvieran desprovistos de legalidad. Además, recalcó que la
sentencia recurrida realizó una indebida valoración probatoria, pues no tuvo
en cuenta las contradicciones en las que incurrieron los sindicados para el
momento de la imposición de la medida y que existían varios indicios graves
de la responsabilidad, por lo que se encontraba configurada la culpa
exclusiva de la víctima. Por último, se opuso a la condena por daño a la
salud y por lucro cesante pues no se encontraban debidamente
acreditados.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación
del daño; 2.3. Análisis del hecho de las víctimas; 2.4. Costas

2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

18. La parte demandante pretende la indemnización de los perjuicios que
le fueron causados, con ocasión de la privación de la libertad de Dormy
Nelly Lloreda y Marino de Jesús Echeverry, materializada dentro del proceso
penal que se siguió en su contra por la presunta comisión del delito de
rebelión. En esta instancia, las entidades demandadas solicitan que se
revoque la sentencia condenatoria, entre otras razones, porque se
configuró la culpa exclusiva de la víctima, como elemento determinante en
la imposición de la medida de aseguramiento durante el proceso penal.

19. Se encuentra probado en el expediente que, Dormy Nelly Lloreda
Trejos estuvo privada de la libertad en establecimiento carcelario, entre el 6
de junio de 2004 hasta el 8 de noviembre de 2004 y, posteriormente, en
detención domiciliaria, desde el 9 de noviembre de 2004 hasta el 2 de
febrero de 200615. Además, Marino de Jesús Echeverry estuvo privado de su

14Folios 720 al 741 del cuaderno del Consejo de Estado.
15De acuerdo con la tarjeta decadactilar en la que consta que, Dormy Nelly fue capturada el 6 de junio de 2004
por el delito de rebelión y que la Fiscalía 6 de Derechos Humanos le otorgó detención domiciliaria desde el 9 de
noviembre de 2004 (Folio 59 del cuaderno de pruebas N. 2). Adicionalmente, con el oficio suscrito por la Policía
Nacional que dejó a disposición de la Fiscalía 3 Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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libertad en establecimiento carcelario, entre el 6 de junio de 2004 y el 7 de
febrero de 200616. El proceso penal que se adelantó en su contra por el
delito de rebelión, finalizó con sentencia absolutoria a su favor 17.

20. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación
de la demanda dentro del término legal. En efecto, la sentencia absolutoria
quedó ejecutoriada el 17 de noviembre de 201018 y el 27 de febrero de 2012
se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial, por lo que se suspendió
el término de caducidad. El 16 de mayo de 2012 se expidió la constancia
que la declaró fallida19 y el 12 de junio de 2012 se radicó la demanda, es
decir, dentro del término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8,
del C.C.A.

21. Así las cosas, se revocará la Sentencia de primera instancia que
accedió, parcialmente, a las pretensiones de la demanda por encontrar
configurada la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el
hecho exclusivo de las víctimas, por las razones que se indicarán más
adelante.

22. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: identificará que se
acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad;
luego, analizará las razones por las cuales se considera configurada la
mencionada causal y, finalmente, declarará improcedente la condena en
costas.

2.2. Identificación del daño

23. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de
Dormy Nelly Lloreda Trejos en establecimiento carcelario entre el 6 de junio
de 2004 y el 8 de noviembre del mismo año y, posteriormente, en detención
domiciliaria, desde el 9 de noviembre de 2004 hasta el 2 de febrero de 2006;

Humanitario a la capturada Dormy Nelly, el 6 de junio de 2004 por el proceso penal No. 1842 (Folio 49 del cuaderno
de pruebas N. 2). Ahora, si bien mediante providencia de 2 de febrero de 2006, el Juzgado 6 Penal del Circuito
otorgó la libertad provisional a varios sindicados, dentro de los que se encontraba la demandante, lo cierto es que
no se comisionó a ninguna autoridad para que se efectuara su notificación, por lo que se tendrá en cuenta la
fecha en que se concedió la libertad (folio 256 al 261 del cuaderno de pruebas N.2).
16 La fecha de la captura se puede establecer de conformidad con el oficio suscrito por la Policía Nacional que

deja a disposición de la Fiscalía 3 Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario al capturado
Marino de Jesús, el 6 de junio de 2004 por el proceso penal 1842 (Folio 49 del cuaderno de pruebas N. 2).
Igualmente, la fecha en la cual recuperó su libertad se desprende de la boleta de libertad No. J004771 suscrita
por el Juzgado 54 Penal del Circuito por comisión del Juzgado 6 Penal del Circuito de Pereira (Folio 352 del
cuaderno de pruebas N. 2-1), proferida con ocasión de la providencia de 2 de febrero de 2006, mediante la cual
el Juzgado 6 Penal del Circuito otorgó la libertad provisional del sindicado (Folio 356 al 361 del cuaderno de
pruebas N. 2-1).
17 Sentencia proferida el 30 de junio de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Folios 406 al 409

del cuaderno N. 1-1 del Tribunal que continúa en los folios 410 al 496 del cuaderno N. 1-2 del Tribunal.
18 La Sentencia de segunda instancia fue proferida el 30 de junio de 2010 y notificada por edicto el 7 de julio de

2010. De conformidad con la información proporcionada por la página de la Rama Judicial- Consulta procesos,
en su debida oportunidad, se interpuso el recurso de casación que fue admitido mediante auto de 4 de agosto
de 2010. Durante este trámite se declaró la prescripción de la acción penal mediante Auto que quedó
debidamente ejecutoriado el 17 de noviembre de 2010 (Folio 48 del cuaderno de pruebas 2).
19 Folio 154 del cuaderno 1 del Tribunal.

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

así como de Marino de Jesús Echeverry Pulgarín en establecimiento
carcelario, desde el 6 de junio de 2004 hasta el 7 de febrero de 2006.

24. Ahora bien, con respecto a Marino de Jesús Echeverry, el tribunal de
primera instancia determinó que el periodo de privación de la libertad
acreditado trascurrió, desde el 6 de junio de 2004 hasta el 2 de febrero de
2006, esto es, por un periodo de 19 meses y 28 días. Esta decisión no fue
apelada por la parte demandante, quien tenía interés para ello, razón por
la cual se limita el periodo a lo establecido por el tribunal.

2.3. Análisis del hecho de las víctimas

25. Al expediente se aportó copia de las siguientes piezas del proceso
penal adelantado en contra de Dormy Nelly Lloreda y Marino de Jesús
Echeverry, por el delito de rebelión: (1) la Resolución de 10 de junio de 2004
por medio de la cual se le impone medida de aseguramiento de detención
preventiva a Dormy Nelly Lloreda20; (2) la Resolución de 24 de junio de 2004
por medio de la cual se le impone medida de aseguramiento de detención
preventiva a Marino de Jesús Echeverry21; (3) la Resolución de acusación de
14 de diciembre de 2004 proferida en contra de los demandantes
principales y otros sindicados22; (4) la Sentencia condenatoria de primera
instancia de 12 de diciembre de 200723; y (5) la Sentencia absolutoria de
segunda instancia de 30 de junio de 2010 24.

26. De las piezas procesales enunciadas puede advertirse que, las
actuaciones procesales desarrolladas por Dormy Nelly Lloreda y Marino de
Jesús Echeverry incidieron en la imposición de la medida restrictiva de la
libertad, por lo que, de conformidad con lo previsto por el artículo 70 de la
Ley 270 de 1996, la Sala encuentra configurado el hecho exclusivo de las
víctimas. Para ello, se estudiará de forma independiente las actuaciones de
los implicados y la forma como suscitaron la aludida medida de
aseguramiento.

27. Respecto de Dormy Nelly Lloreda Trejos, en la Resolución de 10 de junio
de 2004, por medio de la cual se definió su situación jurídica, se puso de
presente que, al momento de practicarse la diligencia de allanamiento a la
vivienda de la implicada, en la que también se produjo su captura, fueron
encontrados unos documentos que la relacionaban con los miembros del
grupo insurgente y que intentó destruir. Al respecto se indicó (se trascribe):

20 Folios 156 al 164 del cuaderno N. 1 del Tribunal.
21 Folios 165 al 220 del cuaderno N. 1 del Tribunal.
22 Folios 221 al 345 del cuaderno N. 1-1 del Tribunal.
23 Folios 346 a 405 del cuaderno N. 1-1 del Tribunal.
24 Folios 406 al 409 del cuaderno N. 1-1 del Tribunal que continúa en los folios 410 al 496 del cuaderno N. 1-2 del

Tribunal.

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

“En el allanamiento realizado a la vivienda de DORMINELY en Pereira,
también se le incautaron cinco millones novecientos cincuenta mil de
pesos, un revolver; el orden de batalla del ERG del batallón San Mateo, se
dejó constancia por parte del fiscal que realizo la diligencia que la señora
DORMINELLY trató de destruir con el agua y luego rompió una carta, que
se recuperó y se allegó partida en pedazos, se dejó constancia que era
un reclamo que le hacía a Guillermo N”.

28. De esta actuación, acompañada de otros elementos de juicio, como
(1) su indagatoria, en la que afirmó que los documentos que le fueron
incautados “los conservaba por que había sido victima de secuestro y
extorsiones”, (2) el informe policial que daba cuenta del control técnico que
se estaba realizando a las líneas telefónicas de su familia y (3) las
declaraciones juramentadas de los testigos, la Fiscalía concluyó que había
lugar a imponerle medida de aseguramiento sin beneficio de
excarcelación25.

29. Adicionalmente, al momento de proferir la Resolución de acusación de
14 de diciembre de 2004, la Fiscalía resaltó que la actuación de la
demandante, consistente en el intento de destrucción de un documento,
ocurrió porque dicho elemento reflejaba una situación de amistad con un
guerrillero, que no se encontraba debidamente justificada. Así lo explicó:

“DORMINELLY en ampliación de indagatoria hace referencia a
computador portátil que supuestamente dejó un guerrillero en su tienda
cuando llegó el ejército, y a una carta a GUILLERMO, un guerrillero, que
explica era relacionada con un dinero que éste le dejó a guardar y en
cual demuestra cierta amistad, documento que la sindicada trató de
destruir. También dice que la orden de batalla del E.R.G. hallado en su
casa se lo había dejado un médico que salió de la cárcel para que se lo
diera a ROMANA, ya que éste lo quería matar (…)Además, como lo
señala el Ministerio Público, no se ha dado una satisfactoria explicación
de los documentos y elementos hallados en su residencia, como lo vimos,
respecto al documento que DORMINELLY trató de destruir, dirigido a
GUILLERMO, un guerrillero y respecto al orden e batalla del E.R.G. e incluso
en relación con el dinero”.

30. De lo anterior, la Sala constata que, la actuación de Dormy Nelly
Lloreda Trejos, consistente en intentar destruir una de las pruebas halladas
durante la diligencia de allanamiento, configuró un indicio grave de
responsabilidad penal y, además, revelaba la necesidad de imponer la
medida de aseguramiento en su contra, ante la existencia de evidencia
cierta sobre el riesgo de obstrucción de la acción de la justicia. En efecto, el
artículo 355 de la ley 600 de 2000, vigente para la época de los hechos,
dispone que la medida de aseguramiento procede para impedir las labores

25 Así se indicó en la Resolución de 10 de junio de 2004: “Este es el compromiso penal de DORMINELLY LLOREDA
TREJOS, quien no solo son las declaraciones que obran en su contra, sino también las interceptaciones telefónicas,
traídas como prueba trasladada, la que da cuenta de la amistad íntima que tiene con el comandante del Ejército
Revolucionario Guevarista, ROMAÑA, con quien habla con mucha familiaridad, contrario a lo que ella pregona
en su injurada, de haber sido extorsionada por éste (…)”.

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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que el sindicado “emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos
probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad
probatoria”.

31. Ahora, si bien en la sentencia de segunda instancia se revocó la
condena impuesta a Dormy Nelly Lloreda, allí no se pronunció sobre los
argumentos expuestos por la Fiscalía, relacionados con la actuación de la
demandante al momento de la diligencia de allanamiento, en la cual
intentó evitar que se recaudara el material probatorio necesario para
esclarecer los hechos.

32. De todas maneras, la actitud observada por la imputada en el curso
del proceso, en particular, al momento de practicarse la diligencia de
allanamiento, al tratar de destruir material probatorio relevante para la
investigación, incidió de manera definitiva en la imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva en su contra.

33. Por otro lado, respecto de Marino de Jesús Echeverry se puede advertir
lo siguiente:

34. En la Resolución de definición de su situación jurídica de 24 de junio de
2004, la fiscalía consideró que, el aquí demandante, durante el desarrollo de
sus diligencias, intentó inducir en error a las autoridades, al señalar que sus
actuaciones estuvieron motivadas en la coacción y amenazas proferidas en
su contra por los grupos al margen de la ley. Al respecto, intentó justificar
algunos de sus comportamientos, al aludir al secuestro de su hija -no podían
ser colaboradores de la guerrilla, al ser, aparentemente, víctimas del mismo
grupo armado-, situación ésta que a su vez los obligó a deshacerse del
establecimiento de comercio que tenían en esa zona -aunque no había
ninguna evidencia de ello26-. Sin embargo, estas explicaciones no solo
resultaron imprecisas, sino contrarias a hechos objetivamente probados, sin
que se proporcionara alguna justificación al respecto. En la providencia se
sostuvo(se trascribe):

“Quiere MARINO DE JESÚS hacer creer que a su hija la secuestró la
guerrilla, pero tal como se dijera en el momento de resolver la situación
de DORMINELLY, este hecho se verificó con el Gaula de Risaralda,
estableciéndose que la joven Leydi Johana fue rescatada a los tres días
de su secuestro, el cual fue perpetrado por integrantes de las fuerzas
militares los cuales fueron capturados.

Aunque en su injurada manifestó que había vendido el negocio que tiene
en Santa Cecilia, al momento de allanarse dicho establecimiento, la
persona que atendió la diligencia, de quien DORMINELLY dijo era el

26 El indagado presentó esta cita exculpatoria, pero no la demostró con ningún elemento de juicio durante el
proceso. Por el contrario, Dormy Nelly Lloreda, en su diligencia de indagatoria, informó que no se había formalizado
la venta de su establecimiento y en la diligencia de allanamiento al almacén, Héctor González, que la atendió,
manifestó que los dueños del local eran los esposos Marino y Dormy Nelly.

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
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comprador, fue enfático en decir que era el empleado, indicando el lugar
donde vivían sus patrones en la ciudad de Pereira, lo cual desvirtúa el
hecho de que ya no sea propietario (…)”.

35. Esta situación fue reiterada en la Resolución de acusación, que fue
considerada como un indicio de su responsabilidad, adicional a los otros
medios probatorios que se encontraban en el expediente, así:

“De otra parte, no es cierto que la guerrilla fue la que secuestró a su hija,
como también se quiere hacer ver por parte de los sindicados, sino
miembros del ejército que incluso fueron capturados (…) Por manera que
debemos creer lo que dicen los testigos de cargo, ya que como se ve,
hay otras evidencias que corroboran su dicho y que desdicen del actuar
coaccionado de los sindicados en los favores prestados a la guerrilla en
Santa Cecilia, como podría pensarse".

36. De lo anterior, se desprende que las exculpaciones presentadas por
Marino de Jesús no se encontraban respaldadas en ningún medio
probatorio y, por el contrario, se contradecían, toda vez que, el secuestro
de su hija Leydi Johana fue realizado por integrantes de las fuerzas militares,
que fueron debidamente capturados, razón por la cual esta situación
tampoco pudo propiciar la venta inminente de su establecimiento de
comercio.

37. Debido a que Dormy Nelly Lloreda Trejos y Marino de Jesús Echeverry se
encontraban en una situación fáctica similar, los argumentos relacionados
con las contradicciones o justificaciones contraevidentes expuestas para
tratar de comprobar que eran constreñidos por la guerrilla, fueron tenidos
en cuenta para proferir sentencia condenatoria de primera instancia en su
contra.

38. Como puede observarse, el intento de destrucción del material
probatorio y las manifestaciones contraevidentes en relación con el
secuestro de su hija fueron actuaciones procesales determinantes para que
la fiscalía les impusiera la medida de aseguramiento de detención
preventiva en su contra. En consecuencia, al encontrarse configurada la
causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo
de las víctimas, la Sala revocará la decisión de primera instancia que
accedió, parcialmente, a las pretensiones formuladas en la demanda.

2.4. Costas

39. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

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Radicado: 66001-23-31-000-2012-00233-01 (63.065)
Actor: Marino de Jesús Echeverry Pulgarín y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca sentencia apelada
_____________________________________________________________________________________________________________

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 8 de junio de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala cuarta de decisión, por las razones
expuestas en esta providencia y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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