Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04978-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04978-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04978-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro1
Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia y iii) reparación integral
Derecho Fundamental Amparado: Acceso a la administración de justicia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por Sofanor Torres Cancio, Laura
Vanesa Román Vergara, Yaneth Vergara Álvarez, Anderson Torres Vergara y Adil
José Meléndez Márquez contra la sentencia de tutela de 26 de septiembre de 2024
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
medio de la cual resolvió “[…] Negar el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como los derechos a la
verdad, justicia y reparación integral del demandante Narcido Silgado Torres y de
los terceros con interés directo en las resultas del proceso […]”.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en medio digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Sincelejo, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir, la sentencia de
23 de febrero de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir, la sentencia de 21 de febrero de
2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 700013333006201500164-01:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, junto con otras personas2, presentaron demanda contra la
Nación – Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional – Armada
Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional, el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y el Departamento de Sucre en ejercicio del medio de control
de reparación directa, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por el desplazamiento forzado del que fueron
víctimas por el actuar de miembros de la AUC en asocio con agentes del Estado,
en consecuencia, se les repararan los perjuicios causados.
4. Señaló que, el Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo, profirió sentencia,
en primera instancia, el 21 de febrero de 2022, en la cual, resolvió declarar probada
la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.
2 Grupos familiares expuestos en la sentencia cuestionada de 23 de febrero de 2023. Folios 1 a 10. Cfr. Índice
núm. 11 de SAMAI proceso núm. 700013333006201500164-01. Documento denominado
“13_SENTENCIA(.pdf) NroActua 11”. Archivo aportado en medio digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
5. Advirtió que, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre
profirió sentencia, en segunda instancia, el 23 de febrero de 2023, mediante la cual
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la Sentencia proferida el 21 de
febrero de 2022 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
en cuanto declaro (sic) la caducidad del medio de control de reparación directa
respecto de las pretensiones del grupo familiar de la señora Nardela Baena
Contreras derivada de la desaparición forzada y posterior muerte del señor Alasil
Mejía Baena, por lo dicho en la parte motiva. En consecuencia, en su respecto
continúese el proceso en primera instancia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones
expuestas en este proveído. […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Ad initio apunta la Sala que conforme lo considerado en líneas precedentes para
la solución del presente asunto, al abordar el mismo, desde el punto de vista
constitucional, legal y convencional por parte de una Alta Corte, se tendrá como
precedente la sentencia de Unificación proferida por el H. Consejo de Estado el 29 de
enero de 2021, antecedente que rige todos los asuntos de manera inmediata,
rechazando la postura del apelante respecto a la aplicabilidad de la misma. […]”.
[…]
“[…] En estos términos, la regla aplicable para efectos de considerar la caducidad
resulta aquella que señala: Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda
deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de la acción u
omisión causante del daño si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Ahora bien, el material probatorio arriba discriminado permite tener por acreditado el
desplazamiento forzado de que fueron víctimas Narcido Silgado Torres y los demás
núcleos familiares residentes de la vereda La Alemania y poblaciones aledañas,
sucedido en el periodo comprendido entre 1998 y 2005, como consecuencia del
conflicto armado interno en el la región de los Montes de María, Municipio de San
Onofre, Sucre, por las amenazas recibidas en su hogar; hecho que además fue
aceptado por los actores en la narración de los supuestos fácticos de la demanda
[…]”.
[…]
“[…] Ahora, la jurisprudencia de unificación citada en precedencia establece como
punto de partida para contabilizar el término para el ejercicio válido del medio de
control en asuntos de Lesa Humanidad, aquel en el cual las víctimas tuvieron serias
posibilidades materiales de ejercer el derecho de acción; supuesto que no comporta
conocer a ciencia cierta los autores del hecho generador del daño para poder acceder
a la justicia. […]”.
[…]
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
“[…] Así, no era requisito para ello, esperar sentencia judicial alguna o la condena a
personas determinadas para ello, sino comprender que existe un posible responsable
a quien puede reclamarse cualquier tipo de interés que se tenga y tal conocimiento,
lo tenían los accionantes desde el mismo momento en que se vieron obligados a
desplazarse de sus terruños.
En tal sentido, no es de recibo el argumento según el cual, los actores, sólo hasta el
año 2014, con algunas declaraciones de miembros del proceso de Justicia y Paz,
pudieron conocer de la participación del Estado en las atrocidades cometidas en la
zona de origen, de la cual tuvieron que desplazarse.
Ello como fundamento para que a partir de dicha fecha se contabilizará el término de
caducidad, más aún cuando los escritos presentados por ellos mismos –los actores-
ante distintas autoridades dejaron constancia del conocimiento de los hechos
violentos. […]”.
[…]
“[…] Concordante con lo expuesto, al plenario no se allegó prueba alguna que
acreditara la indudable imposibilidad material de los actores de interponer el medio
de control, esto es, no se evidencia una circunstancia especial que hubiera impedido
el ejercicio oportuno de la presente acción y que conllevara a variar los límites
temporales del estudio de la caducidad frente al caso bajo análisis. Por el contrario,
en el relato de los acontecimientos se reconoce que algunos de los integrantes de la
parte activa de este medio de control, iniciaron acciones de tutelas y procesos
judiciales ordinarios y penales, por hechos relacionados, en los años de 2002, 2008,
2009 y 2013, como obra en el material probatorio relacionado y como bien
manifestaron […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, para la Sala es claro que si los demandantes pudieron acudir a la
Justicia denunciar su desplazamiento en los años 2002, 2008, 2009 y 2013, también
pudieron asistir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para solicitar la
indemnización de los perjuicios derivados de dicho acto criminal.
A lo anterior, se suma que en el libelo demandatorio se narró sobre el retorno de 35
de los 49 núcleos familiares demandantes al lugar del que fueron desplazados, a partir
del año 2006, y algunos otros recibieron ayudas y beneficios humanitarios otorgados
por la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
[…]”.
[…]
“[…] De otra parte, sostiene la parte actora que en el asunto que nos ocupa debe
aplicarse, como precedente judicial, la Sentencia SU-254 de 2013, al respecto,
además de lo ya expuesto en precedencia, agrega esta Sala “que los presupuestos a
que se refiere la sentencia SU-254 de 2013 tienen que ver la reclamación, o fijación
del monto de la indemnización administrativa establecida en la Ley 1448 de 2011 y
su Decreto Reglamentario 4800 del mismo año, más no con el término para reclamar
la indemnización propia por daños en torno a la responsabilidad del Estado, conforme
a la cláusula establecida en el artículo 90 constitucional”3.
3 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE -SALA SEGUNDA DE DECISIÓN- Sincelejo, dieciséis (16) de
noviembre de dos mil veintidós (2022) Asunto: Sentencia de segunda instancia. M. de control:Reparación
directa. Expediente: 70-001-33- 33-004-2018-00114-01 Demandante: Fulgencio Batista Atencio y otro
Demandado: Nación-Ministerio de DefensaArmada Nacional y otros Magistrado Ponente: César Enrique Gómez
Cárdenas
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
Anunciado lo precedente y teniendo como punto de referencia las fechas que se
indican a continuación, las cuales fueron indicadas en la Sentencia de Primera
Instancia y corroboradas por esta Corporación, no quedan dudas que en el presente
asunto, sobrevino el fenómeno extintivo de la Caducidad del Medio de Control de
Reparación Directa […]”.
[…]
“[…] Se denota, entonces, que, inclusive, para la fecha en que se elevó la solicitud de
Conciliación Extrajudicial, a saber, 21 de mayo de 2015, ya había transcurrido en
exceso el término de dos (2) años para el ejercicio válido del mecanismo de defensa
judicial, más aún, para la fecha de presentación de la demanda, 18 de agosto de
2015. […]”.
[…]
“[…] Finalmente, destaca la Sala que en el escrito de Alzada el recurrente afirma que
el Juzgado de Primera Instancia “no se pronunció sobre la desaparición forzada del
señor ALASIL BAENA, hechos que claramente vienen anunciado (sic), sin que la sede
judicial evocara conocimiento de los mismos, decretando prematuramente la
caducidad sobe (sic) el desplazamiento forzado de que fueron victima (sic) la mayoría
de los demandantes desconociendo el hecho victimizante de la desaparición forzada
expuesto en la demanda”. […]”.
[…]
“[…] El Consejo de Estado en Sentencia de Unificación proferida el 29 de enero del
año 20204, estableció unas sub reglas para el conteo del término de caducidad de
medio de control de Reparación Directa derivado de delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerras; subregla de las cuales quedó exceptuada la desaparición
forzada por tener regulación específica […]”.
[…]
“[…] Atendiendo a lo expuesto, verificado el contenido del expediente digital puesto a
disposición se observa que en el mismo no reposa prueba alguna que acredite la
aparición de la víctima, así como tampoco, que se hubiere proferido sentencia judicial
en la cual se hubiere declarado la responsabilidad del Estado por la desaparición
forzada y posterior muerte del señor Alasil Mejía Baena, circunstancia que impedía
declarar la caducidad del medio de control de Reparación Directa respecto de este
extremo litigioso, por cuanto no aparecía probada según los supuestos de la norma
trascrita (sic) en precedencia. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela5:
4 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SALA
PLENA. Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de
dos mil veinte (2020). Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033). Actor: JUAN JOSÉ COBA
OROS Y OTROS. Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS. Referencia:
APELACIÓN SENTENCIA - REPARACIÓN DIRECTA
5 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
“[…] a. Tutelar mis derechos fundamentales Constitucionales al debido proceso,
Acceso a la Administración de Justicia, a la Derechos a la Verdad, Justicia, y
Reparación Integral., los cuales han sido vulnerados por las entidades accionadas, al
desconocer el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional, el
Honorables Consejo de Estado, La Corte Interamericana en materia de graves
violaciones a los derechos humanos, incumplir con los tratados Internacionales, e
incurrir un vía de hecho absteniéndose de tramitar el Medio de Control Reparación
Directa radicado Bajo el Numero 70001333300620150016400 decretando la
caducidad de la acción por el desplazamiento del que fuimos víctimas.
b. Dejar sin efecto la sentencia de fecha del 21 de febrero de 202 mediante el Juzgado
Sexto Oral Administrativo de Sucre […] y el Tribunal Administrativo de Sucre,
decretaron la Caducidad del Medio de Control Reparación directa por los hechos de
(desplazamiento), radicado bajo el número, 70001333300620150016400, cuya
demanda inicial fue presentada en el año 2015.
c. Como consecuencia de la anterior declaración, Ordenar, a la entidad demandada,
Juzgado Sexto Oral Administrativo y Tribunal Administrativo, de Sincelejo Sucre, sala
cuarta de decisión, que continúe con el trámite el trámite y estudio de la demanda por
los hechos relacionados al desplazamiento forzado del que fueron víctimas […].
d. Exhortar a las entidades demandas para que, en futuros proceso, hagan el estudio
pormenorizado de los hechos y pruebas de la demanda, la reforma. […]”.
6.1. Manifestó que, se incurrió en un defecto sustantivo, en la medida en que, se
configuró una indebida aplicación del literal i del numeral 2 del artículo 164 y del
artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero 20116.
6.2. El actor en su escrito de tutela señaló que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que su decisión se apartó de lo establecido en la
sentencia SU-254 de 20137 que, a su juicio, le era aplicable al caso bajo estudio,
para en su defecto aplicar lo señalado en la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado8 y la sentencia SU-
312 de 20209 proferida por la Corte Constitucional.
6.3. Argumentó que “[…] se demostró que la demanda fue radicada en el mes de
agosto del año 2015, bajo las directrices establecidas en la Sentencia de Unificación
de la Honorable Corte Constitucional SU -254 del 24 de abril de 2013. […]”.
6.4. Expuso que, “[…] La providencia atacada, es regresiva, retroactiva y viola los
6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 29
de enero de 2020, radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033). C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
derecho de los actores a la Administración de Justicia, en tanto que desconoció el
precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional (Sentencia SU 254), y
no valoro (sic) que la demanda se presentó bajo una línea jurisprudencial que en su
momento ofrecía garantías para que las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos, amparadas en el principio de la buena fe y la seguridad jurídica
acudieron a la administración de justicia de cara a que se le resolviera a través del
Medio de Control Reparación Directa las pretensiones de su demanda por el daño
antijuridico (sic) sufrido. […]”.
6.5. Señaló que, “[…] El fallador de instancia se limitó a aplicar la sentencia de
Unificación del 29 de enero de 2020, sin tener en cuenta que dicha providencia fue
posterior a la presentación de la demanda, y que los efectos de la misma no podían
negar ni desconocer los derechos adquiridos por los accionantes con las
jurisprudencias vigentes a la fecha en que se presentó la demanda. […]”.
6.6. Advirtió que, “[…] en el caso que nos convoca no está llamado aplicarse la
caducidad del medio de control de reparación con fundamento en la sentencia de
unificación del 29 de enero del año 2020, y en el literal i del artículo 164 del CPACA,
debido a que el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha dicho que los
cambios jurisprudenciales no pueden ser retroactivos cuando atentan contra las
garantías procesales de usuarios de la administración de justicia. […]”.
6.7. Precisó que, “[…] como quiera que nos encontramos frente a un caso de lesa
humanidad, resulta indiferente para el estudio de la caducidad que la demanda haya
sido presentada con anterioridad o posterioridad a la expedición del citado
pronunciamiento unificador, teniendo en cuenta que en el ordenamiento
internacional se encuentra plasmada unos principios o normas que integran el ius
cogens aceptados por el Estado Colombiano que establecen de manera directa la
garantía de la imprescriptibilidad de las acciones civiles a favor de las víctimas de
delitos atroces, que permiten a estas reclamar su reparación en cualquier tiempo,
sin estar sujetos a reglas restrictiva de la caducidad establecidas en normas o en
prácticas o jurisprudencia interna como la precitada. [...]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
Actuación
7. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 3 de noviembre de 2023: i) admitió la acción
de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre y al Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo; iii)
vinculó como terceros con interés legítimo a la Nación – Ministerio del Interior, a la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional - Ejército Nacional -
Policía Nacional, a Prosperidad Social, a la Unidad Administrativa para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, al Departamento de Sucre a las personas que
actuaron en el medio de control de reparación directa, tal y como consta en las
providencias objeto de la litis.
8. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, profirió
sentencia, en primera instancia, el 15 de febrero de 2024, en la cual, resolvió:
“[…] Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, así como los derechos a la verdad, justicia y reparación
integral del demandante Narcido Silgado Torres. En consecuencia, se dispone:
Segundo: Dejar sin efectos la sentencia del 23 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, respecto del señor Narcido Silgado Torres, en el
medio de control reparación (sic) directa, radicado bajo el número,
70001333300620150016401. […]”.
9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 18 de abril de 2024: i) Declaró la nulidad de
lo actuado a partir de la notificación del auto admisorio de la acción de tutela
presentada por Narcido Silgado Torres10; ii) ordenó notificar el auto admisorio de 3
de noviembre de 2023 a los grupos familiares respecto de los cuales se allegó
información para su debida notificación, para que, dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación de dicha providencia, se pronunciaran sobre la acción de
tutela incoada por el señor Narcido Silgado Torres y, si así lo consideraban,
indicaran expresamente si deseaban fungir como accionantes en el asunto bajo
10 Al respecto, el A quo consideró que “[…] en el asunto de la referencia, si bien la Secretaría General del
Consejo de Estado ordenó fijar el aviso con el propósito de notificar a todos los núcleos familiares que actuaron
como demandantes en el medio de control de reparación directa 70001-33-33-006-2015-00164-01, lo cierto es
que, se itera, no se tuvieron en cuenta las solicitudes del abogado Adil José Meléndez Márquez (quien actuó
como su apoderado en el proceso ordinario), por medio de los cuales aportó las direcciones de correo
electrónico de los grupos familiares 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 26, y 28, y pidió que se le
reconociera como agente oficioso de los demás grupos, de quienes no fue posible conseguir dichas direcciones
[…]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
examen; iii) reconoció como agente oficioso de algunos grupos familiares al señor
Adil José Meléndez Márquez; y iv) requirió a Adil José Meléndez Márquez para que,
en el término de tres (3) días, manifestara expresamente si sus agenciados debían
ser incluidos como accionantes en el presente asunto, so pena de que los efectos
de una eventual sentencia favorable a sus intereses no los cobijara.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. El Ministerio de Defensa Nacional rindió informe en los siguientes términos:
“[…] Ahora bien, en cuanto Sentencia (sic) proferida el veintitrés (23) de febrero dos
mil veintitrés (2023), por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el marco del proceso
de reparación directa con radicado No 70- 001-33-33-006-2015-00164-01, mediante
la cual revocó la decisión del Juzgado 06 Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo en sentencia de fecha 21 de febrero de 2022, se dio aplicación al
precedente jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020, lo cual es acorde con la línea de unificación y obligatoria en su aplicación
establecida por el Alto Tribunal en temas de caducidad, como así lo ha expresado
el Consejo de Estado […]”.
[…]
“[…] De lo expuesto por el Tribunal Administrativo de Sucre en la sentencia
cuestionada, se puede observar el análisis de los hechos y de las pruebas obrantes
en el expediente como así las enlista y señala, que los desplazamientos se dieron
de acuerdo a sus relatos años 2002, 2008, 2009 y 2013, sin que se hubiese
demostrado impedimento alguno para demandar en termino (sic) oportuno
establecido por el legislador, por tanto, al proferir sentencia de primera y segunda
instancia se encontraba vigente el precedente judicial contemplado en la sentencia
de fecha 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado, por tanto, los
pronunciamientos previos a esta, en materia de caducidad en casos de lesa
humanidad no constituían precedente judicial, puesto que no existía una línea
argumentativa única por parte de las subsecciones del Consejo de Estado, por el
contrario, había varios criterios y lineamientos en el tema. […]”.
[…]
“[…] Esta más que demostrado y ampliamente argumentado, que el Tribunal
Administrativo de Sucre lo que hizo en su decisión de fecha la sentencia de fecha
(sic) veintitrés (23) de febrero dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, en el marco del proceso de reparación directa con radicado
No. 70- 001-33-33-006-2015-00164-01, fue ceñirse a lo dispuesto por su órgano de
cierre de lo Contencioso Administrativo el cual unificó postura en lo que se refiere a
la contabilización del termino (sic) de caducidad del medio de control de reparación
directa en casos de lesa humanidad y así lo confirmó la Corte Constitucional también
en sentencia SU 312-2020 al acoger la posición adoptada por el Consejo de Estado
en la misma materia, razón por la cual ya no hay discusión, sino por el contrario
uniformidad en cuanto al tema en mención, en consecuencia, la decisión atacada
debe quedar incólume, por tanto, se debe declarar que no hubo vulneración de los
derechos que refiere la parte actora. […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
11. El Ministerio del Interior solicitó su desvinculación al considerar que carece
de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que:
“[…] Concurre en el caso sub examine la falta de legitimación material en la causa por
pasiva, por la inexistencia de nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acción u omisión por parte
del Ministerio del Interior, por lo que la presente acción se torna improcedente
respecto a la entidad de orden nacional. Los hechos propuestos por los accionantes,
suponen de una presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, verdad, justicia, y reparación integral,
al considerar que las decisiones tomadas por el Juzgado Sexto Oral Administrativo
de Sucre en primera instancia y por el Tribunal Administrativo de Sucre en sede de
segunda instancia, al declarar y confirmar la caducidad dentro del proceso del medio
de control de reparación directa con radicado No. 70001333300620150016400,
debido a que en estas no se otorgó la posibilidad de analizar el caso en detalle por
parte de los administradores de justicia. […]”.
12. La Policía Nacional informó que, “[…] De la interpretación armónica de la
jurisprudencia en mención, se desprende no desconocer el mandato imperativo
derivado del el literal i) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 del 2011
“Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” norma aplicable para la
época en la que se interpuso el medio de control, en virtud del principio de seguridad
jurídica el término de caducidad para el medio de control de reparación directa es
de 2 años, por lo cual el Tribunal Administrativo de Sucre siendo garante de los
derechos fundamentales de la parte actora declaró parcialmente la caducidad de la
acción. […]”.
13. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó declarar
improcedente la solicitud de tutela, por las siguientes razones:
“[…] Teniendo en cuenta lo expuesto por las Altas Cortes, no se ve razón alguna
que justifique que, pese a que el Accionante invoca la vulneración a su derecho
fundamental al DEBIDO PROCESO (derecho de raigambre fundamental, cuya
vulneración conlleva la nulidad de una actuación por aplicación del artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia), se le exima de seguir los procedimientos legales
establecidos, para hacer uso, como debe ser, del RECURSO EXTRAORDINARIO
DE REVISIÓN como mecanismo jurídico idóneo, en el marco del proceso judicial
adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ante su Juez
natural, para exponer la vulneración constitucional alegada, siendo clara la posición
de la Sala Plena del Consejo de Estado para aplicar las reglas relativas a la nulidad
por violación al debido proceso, en dicho recurso extraordinario, al señalar: “…como
causales de revisión, además de las definidas expresamente por el legislador,
aquellas que tuvieran relación con la violación del debido proceso, el acceso efectivo
a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva”. […]”.
[…]
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
“[…] Por ello, fuerza concluir que no hay fundamento para entender que se
“exceptúa” al Accionante del uso del mecanismo judicial extraordinario que tiene a
su alcance para revisar la sentencia, con el objeto de enmendar los errores que se
hubieran cometido en la providencia judicial (a través de la declaratoria de nulidad -
ante la violación del debido proceso y, en la que, por orden del artículo 255 de la
Ley 1437 de 2011, concluye con la remisión del proceso a la autoridad judicial de
origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo), efecto legal que es,
exactamente, el mismo que concedió el Juez de tutela en este caso, quien pasó por
alto el requisito necesario de subsidiariedad, evitándole al Actor acudir al mecanismo
previsto legalmente para discutir la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, presuntamente cometido en la providencia censurada. […]”.
14. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por las siguientes
razones:
“[…] Existe unidad de criterios en las ALTAS CORTES COLOMBIANAS, sobre la
improcedencia de la acción de tutela respecto de las providencias proferidas por los
diversos despachos judiciales y que hacen tránsito a cosa juzgada debido a la
inmutabilidad de las mismas. […]”.
[…]
“[…] Al respecto debo señalar que dentro del trámite objeto del presente control
constitucional, tanto el Juzgado de Primera Instancia, como el Tribunal Administrativo
de Sucre actuaron conforme a derecho, respetando las formas propias de la acción
de Reparación Directa. […]”.
15. El núcleo familiar núm.3: Juan Jairo Torres Cancio, quien actúa en nombre
propio y en representación de su hijo JCTJ11 y Ana Rosa Jaraba Zuñiga; el núcleo
familiar núm. 4: Robinson Blanco Torres, Luz Marina Meléndez de Blanco, Robinson
Manuel Blanco Meléndez, Víctor Alfonso Moguea, Naileth Blanco Meléndez y
Leonardo Blanco Meléndez; el núcleo familiar núm. 7: Marlenis Mendoza de Bello,
Damaso Bello Torres, Estivinson Bello Mendoza, Juan Felipe Bello Mendoza e
Ingrid María Bello Mendoza; el núcleo familiar núm. 10: Enith del Carmen Licona
Torres y Roque Javier Silgado Licona; el núcleo familiar núm. 11: Sergio Antonio
Toscano Bassa, Martha Isabel Ladeus Márquez, Sergio Luis Toscano Ladeus; el
núcleo familiar núm. 12: Sofanor Torres Cancio, quien actúa en nombre propio y
representación de sus hijos ATV y ACT12; Yaneth Vergara Álvarez, Laura Vanesa
Roman Vergara, Arnoldo Andrés Torres Vergara y Anderson Torres Vergara; el
11
Esta Sala adopta como medida de protección del derecho a la intimidad del menor de 18 años relacionado
en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán
reemplazados por las siguientes iniciales JCTJ.
12
Esta Sala adopta como medida de protección del derecho a la intimidad de los menores de 18 años
relacionados en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus
nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales ATV y ACT.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
núcleo familiar núm. 13: Ana Rosa Torres de Licona, quien actúa en nombre propio
y en representación de su hijo OLJ13, Nicolas Licona Julio, Nelson Licona Torres,
Arnaldo Licona Torres, Anuar de Jesús Licona Torres y Nilson Jose Licona Berrio;
el núcleo familiar núm. 16: Nelsy Passo Contreras, Pedro Barrios Atencio y Andrés
Barragan Passo; el núcleo familiar núm. 19: Daiver Torres Cancio, Sandra Patricia
Bello Mendoza, Lucía del Carmen Mendoza Pérez, Darlenis Milena Bello Mendoza;
el núcleo familiar núm. 23: Rosa Isabel Cancio Herazo, Rosa Facundo Torres
Ricardo y Noris María Torres Cancio; el núcleo familiar núm. 25: Julia Isabel Torres
Cancio, Kelly Johana Martínez Torres y Luis Miguel Martínez Torres; el núcleo
familiar núm. 26: Yarsil Moguea Castro, quien actúa en nombre propio y en
representación de su hija LMZ14, José María Morelo Mendoza, Armando Moguea
Castro, Gleys Moguea Zuñiga, Luis Francisco Moguea Villero, Yadira Morelo
Mendoza y Ana Victoria Castro de Silgado, solicitaron ser vinculados “[…] como
terceros con interés directo en el presente proceso de tutela liderada por NARCIDO
SILGADO TORRES. […]”. Para tal efecto manifestaron:15
“[…] ratificamos y coadyuvamos los hechos y pretensiones, fundamento del medio
de control, constitucional — acción de tutela incoada, por nuestro compañero Sr.
NARCIDO SILGADO TORRES en contra del Tribunal Administrativo de Sucre y
contra el Juzgado Sexto Administrativo de ese Círculo Judicial, con intervención del
agente del Ministerio Publico (sic), y de las accionadas en sede de reparación directa
[…]”.
[…]
“[…] Los jueces de instancias (Tribunal y Juzgado) sin estudiar el fondo del asunto (la
demanda y pruebas), acogiendo la tesis jurisprudencial de unificación de la sentencia
del 29 de enero del 2020 sin que mediara siquiera un mínimo razonable de estudio
del caso, y con un lábil argumento decretaron la caducidad del medio de control,
desconociendo su condición de juez convencional, las obligaciones internacionales
del estado Colombiano (Pacto de San José), la persistencia del conflicto armado y la
situación particular que impidieron a las víctimas incoar el medio de control
Reparación Directa oportunamente, es decir, después de la sentencia de unificación
del 29 de enero del 2020 que trazo los lineamientos para estudiar las demandas por
graves violaciones a los derechos humanos. Las victimas en Sucre, perdimos el
derecho de acceso a la Administración de Justicia, dado que ningún despacho se
ocupa de estudiar de fondo estas acciones, ni tampoco se conocen condenas contra
la nación por graves violaciones a los derechos humanos, pese a que la línea
jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado y la Corte Constitucional han
impartido sendas órdenes de estudiar de fondo las demandas relacionadas a
Violaciones a los derechos Humanos.
13
Esta Sala adopta como medida de protección del derecho a la intimidad del menor de 18 años relacionado
en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán
reemplazados por las siguientes iniciales OLJ.
14
Esta Sala adopta como medida de protección del derecho a la intimidad de la menor de 18 años relacionada
en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán
reemplazados por las siguientes iniciales LMZ.
15 Transcripción literal del texto.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
5. Teniendo en cuenta, que la demanda se presentó de manera oportuna en el año
2015 al amparo de la línea jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional
(Sentencia de unificación 254 de 2013), y bajo la seguridad jurídica que ofrecía la
línea jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado y la Corte Interamericana, era
imperativo para los jueces de instancia asumir su rol como juez de la convención,
aplicar el control de convencionalidad, pero contrario a es imperativo constitucional ,
prefirieron conducirse especialmente por los senderos de la comodidad, sin estudiar
el fondo del diferendo judicial después de una larga y prolongada mora que es en
esencia el proceder y la naturaleza de la Juez Sexta Administrativa de Sincelejo,
profirió una sentencia denegando la súplica de la demanda la cual fue confirmada por
el Tribunal Administrativo de Sincelejo la cual ha dado lugar a esta acción de tutela.
[…]”. (Resaltado por la Sala)
16. Adil José Meléndez Márquez quien actúa “[…] como agente oficioso de
quienes habiendo iniciado el medio de Control Acción de Reparación directa que ha
dado lugar a este diferendo en sede constitucional, se desconoce su domicilio y
residencia. […]”, manifestó que:16
“[…] Me ratifico y coadyuvo los hechos que sirven de fundamento para las
pretensiones del medio de control, constitucional – acción de tutela incoada, por
NARCIDO SILGADO TORRES en contra del Tribunal Administrativo de Sucre y
contra el Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo […]”.
[…]
“[…] Los jueces de instancias (Tribunal Administrativo y Juzgado Sexto Administrativo
de Sincelejo), no cumplieron con la obligación de tramitar el proceso garantizando las
etapas procesales, ni mucho menos estudiaron el fondo del diferendo judicial, (la
demanda y pruebas), limitaron sus actuaciones al acoger su decisión a la tesis
jurisprudencial de unificación contenida en la sentencia del 29 de enero del 2020 sin
que mediara siquiera un mínimo razonable de estudio del caso, y con un lábil
argumento decretaron la caducidad del medio de control desconociendo su condición
de juez convencional, y en consecuencia las obligaciones internacionales del estado
Colombiano (Pacto de San José) la persistencia del conflicto armado y la situación
particular que impidieron a las victimas incoar el medio de control Reparación Directa
oportunamente. Es decir, después de la sentencia de unificación del 29 de enero del
2020 que trazo los lineamientos para estudiar las demandas por graves violaciones a
los derechos humanos, las victimas en Sucre, perdimos el derecho de acceso a la
Administración de Justicia, dado que ningún despacho se ocupa de estudiar de fondo
estas acciones, ni tampoco se conocen condenas contra la nación por graves
violaciones a los derechos humanos, pese a que la línea jurisprudencial del Honorable
Consejo de Estado y la Corte Constitucional han impartido sendas órdenes de
estudiar de fondo las demandas relacionadas a Violaciones a los derechos Humanos.
Quinto: Teniendo en cuenta que la demanda se presentó de manera oportuna en el
año 2015 al amparo de la línea jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional
(Sentencia de unificación 254 de 2013), y bajo la seguridad jurídica que ofrecía la
línea jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado y la Corte Interamericana, era
imperativo para los operadores de instancia asumir su rol como juez de la convención,
aplicar el control de convencionalidad, pero contrario a es imperativo constitucional
prefirieron conducirse especialmente por los senderos de la comodidad, sin estudiar
el fondo del debate judicial y después de una LARGA Y PROLONGADA MORA QUE
16 Transcripción literal del texto.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
ES EN ESENCIA EL PROCEDER Y LA NATURALEZA DE LA JUEZ SEXTA
ADMINISTRATIVA DE SINCELEJO, profirió una sentencia anticipada denegando la
súplica de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Sincelejo la cual ha dado lugar a esta acción de tutela. […]”. (Resaltado por la Sala)
17. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo allegó copia digital
del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 700013333006201500164-01.
La sentencia impugnada
18. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia en primera instancia, el 26 de septiembre de 2024, por medio de la cual
resolvió lo siguiente:
“[…] Primero: Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, así como los derechos a la verdad, justicia y
reparación integral del demandante Narcido Silgado Torres y de los terceros con
interés directo en las resultas del proceso. […]”.
18.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Pues bien, se advierte que en la providencia objeto de censura, el Tribunal
Administrativo de Sucre, para analizar el ejercicio oportuno de la acción, en efecto
trajo a colación la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente
61.033 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y, concluyó, que con
base en dicho pronunciamiento el punto de partida para contabilizar el término para
el ejercicio válido del medio de control en asuntos de esa humanidad, es aquel en el
cual las víctimas tuvieron serias posibilidades materiales de ejercer el derecho de
acción, supuesto que no comporta conocer a ciencia cierta los autores del hecho
generador del daño para poder acceder a la justicia.
En ese sentido, consideró que en el asunto no era de recibo el argumento según el
cual los actores solo hasta el año 2014, con algunas declaraciones de miembros del
proceso de Justicia y Paz, pudieron conocer de la participación del Estado en las
presuntas atrocidades cometidas en sus zonas de origen de las cuales tuvieron que
desplazarse. En consecuencia, respecto del caso del actor Narcido Silgado Torres,
concluyó, que según la denuncia que presentó, como la fecha de su retorno a la Finca
La Alemania se produjo en el año 2005, el plazo para presentar la demanda era hasta
el año 2007.
Al respecto, en primer lugar, se debe precisar que, si bien en anteriores oportunidades
esta Subsección ha tenido en cuenta la fecha de presentación de la demanda para
examinar la aplicabilidad del precedente judicial fijado en la sentencia del 29 de enero
de 2020 por la Sección Tercera de esta corporación, a partir del fallo del 23 de mayo
de 2024 emitido dentro del expediente de tutela 11001 03 15 000 2023 07406 01,17
se rectificó esa postura […]”.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de mayo de 2019, proferida bajo el
radicado 11001 03 15 000 2023 07406 01, con ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves
15
Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
[…]
“[…] La Subsección consideró que como se determinó en la aludida decisión de tutela,
en la cual se analizaron ampliamente los efectos en el tiempo de las sentencias de
unificación, la regla general es que se deben usar de forma inmediata y retrospectiva,
salvo que se establezca expresamente un efecto distinto, bien sea prospectivo o
retroactivo, lo cual debe advertirse en el texto de la providencia; por consiguiente,
resulta dable la aplicación de forma inmediata del criterio que se fija en el fallo
unificador.
En segundo lugar, la Sala señaló que era indispensable atender las directrices que la
Corte Constitucional traza en la Sentencia SU-406 de 2016, en los casos en que se
produce un cambio de la línea jurisprudencial. […]”.
[…]
“[…] En tal sentido, la Sala estima que para la fecha en que se emitió la providencia
del 23 de febrero de 2023, objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno
a la caducidad del medio de control de reparación directa, en casos relacionados con
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, que se halla
previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y, por tanto, puede
concluirse prima facie que el Tribunal Administrativo de Sucre estaba en la obligación
de aplicarla dado su carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo
270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) y en la Sentencia C-836 de 2001.
Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que las pretensiones se relacionan
con la reparación de los perjuicios por el desplazamiento forzado al que se vio
sometido el grupo familiar del señor Narcido Silgado Torres, así como de los demás
grupos familiares vinculados con terceros con interés directo en las resultas del
proceso, indicados en el 1.2.6., ut supra, el Tribunal Administrativo de Sucre procedió
a examinar cada caso concreto para establecer la presentación dentro del término
legal del medio de control de reparación directa, concluyendo que ya había operado
la caducidad de la acción, dado que se demostró que el conocimiento de la
participación del Estado en el hecho dañoso no se dio en el 2014, sino que los
accionantes en el proceso ordinario ya había adelantado acciones tanto
administrativas como judiciales por circunstancias similares, tal y como se indicó en
el 2.8.4., de esta providencia.
Igualmente, argumentó que el accionante ni los terceros interesados ni el agente
oficioso alegaron o probaron circunstancia alguna que les impidiera acudir en forma
oportuna a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, por tanto, no era posible
aplicar la excepción a la caducidad contemplada en las reglas de unificación del
Consejo de Estado, pues la demanda daba cuenta que en los años 2002, 2008, 2009
y 2013, muchos de los actores habían incoado denuncias ante la Fiscalía General de
la Nación, acciones de tutela y solicitudes a la administración sobre los hechos
acaecidos en le vereda La Alemania.
Con fundamento en lo anterior, concluyó la autoridad judicial tutelada que debía
aplicar la regla general de caducidad establecida en dos años, dado que las (sic)
accionantes conocían la posible atribución del daño reclamado al Estado, antes de
2014. […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, la Sala estima que la actuación del Tribunal Administrativo de
Sucre, en la sentencia del 23 de febrero de 2023 no está incursa en una vía de hecho
que vulnere los derechos fundamentales de la parte actora y de los terceros
16
Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
vinculados con interés directo, pues resolvió el asunto que se sometió a su examen
con fundamento en la normativa y la jurisprudencia relacionada con el fenómeno
jurídico de la caducidad, y en ejercicio de las facultades de autonomía e
independencia judicial de las que está investido el juez de la causa, para decidir los
asuntos que se someten a su arbitrio. […]”.
La impugnación
19. El núcleo familiar núm. 12: Sofanor Torres Cancio quien actúa en
representación de sus hijos menores ATV y ACT; Yaneth Vergara Álvarez, Laura
Vanesa Roman Vergara, Arnoldo Andrés Torres Vergara y Anderson Torres Vergara
solicitaron revocar la sentencia de 26 de septiembre de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las siguientes
razones:18
“[…] Discrepamos de la sentencia, recurrida, teniendo en cuenta que, tal como se dijo
en en el medio de control (tutela), la demanda de Reparación Directa impetrada por
el señor Narcido Silgado Torres y Otros núcleos familiares, víctimas de delitos de lesa
Humanidad, fue radicada en momentos en que existía una línea jurisprudencial19 que
ofrecía la seguridad jurídica necesaria para garantizar los derechos supremos de
Acceso a la Administración de Justicia […]”.
[…]
“[…] En el medio de control que ha dado lugar a esta acción de tutela, el juez de
instancia no debió aplicar articulo 182Aa, literal b, del decreto ley 2028 de 2021,
teniendo en cuenta, que existían medios probatorios que decretar y practicar,
especialmente las pruebas testimoniales, como medios idóneos, a atreves de las
cuales se pudo demostrar las razones que impidieron que oportunamente los actores
incoaran la acción de reparación de perjuicios. Pero contrario al deber de garantizar
los derechos de los demandantes, y cumplir las formas procesales que le imponía la
Constitución y la ley., la juez de instancia de manera apresurada ordeno correr
traslado para alegar, prescindiendo de la audiencia inicial, al igual negó las pruebas
testimoniales en franca violación al debido proceso y en detrimento de nuestros
derechos de acceso a la administración de justicia con el único propósito de negra
(sic) las pretensiones de la demanda. […]”.
[…]
“[…] De manera que, al prescindirse de la audiencia Inicial, de decretar y practicar las
pruebas testimoniales, los actores, no tuvimos la oportunidad de expresar las razones
que manera impidieron presentar el medio de control de reparación directa de al
oportuna, debido que los jueces de instancia nos negaron esa oportunidad tramitar el
proceso en detrimento de nuestras garantías procesales, y aplicar las normas menos
violaciones a favorables, pese a que el tema a tratar correspondía a graves los
derechos humanos. […]”.
[…]
18 Transcripción literal del texto.
19 Sent. SU 254 de 2013
17
Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
“[…] De lo anterior se concluye que, la sentencia de tutela recurrida no advirtió, si bien
es cierto, los jueces son autónomos en sus decisiones, no es menos cierto que esa
autonomía so puede estar por encima, ni desconocer los derechos de las partes. Y
en el caso que nos ocupa, no se valoraron las pruebas, las partes no participamos en
el curso del proceso, se pretermitieron las etapas procesales, se aplicaron normas y
sentencias regresivas, lo que evidencia una vía de hecho, y en consecuencia el
desconocimiento e inaplicación de los mandatos convencionales. […]”.
20. Adil José Meléndez Márquez actuando como agente oficioso en los términos
del auto de 18 de abril de 2024 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, solicitó i) revocar la sentencia de 26 de septiembre de 2024,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y ii)
amparar los derechos fundamentales de sus agenciados, al señalar que: 20
“[…] Discrepamos de la sentencia, recurrida, teniendo en cuenta que, tal como se dijo
en el medio de control (tutela), la demanda de Reparación Directa impetrada por el
señor Narcido Silgado Torres y Otros núcleos familiares, víctimas de delitos de lesa
Humanidad, fue radicada en momentos en que existía una línea jurisprudencial21 que
ofrecía la seguridad jurídica necesaria para garantizar los derechos supremos de
Acceso a la Administración de Justicia. […]”.
[…]
“[…] En el medio de control que ha dado lugar a esta acción de tutela, el juez de
instancia no debió aplicar articulo 182Aa, literal b, del decreto ley 2028 de 2021,
teniendo en cuenta, que existían medios probatorios que decretar y practicar,
especialmente las pruebas testimoniales, como medios idóneos, a atreves de las
cuales se pudo demostrar las razones que impidieron que oportunamente los actores
incoaran la acción de reparación de perjuicios. Pero contrario al deber de garantizar
los derechos de los demandantes, y cumplir las formas procesales que le imponía la
constitución y la ley., la juez de instancia de manera apresurada ordeno correr
traslado para alegar, prescindiendo de la audiencia inicial, al igual negó las pruebas
testimoniales en franca violación al debido proceso y en detrimento de nuestros
derechos de acceso a la administración de justicia con el único propósito de negra las
pretensiones de la demanda. En efecto, y como era de esperarse la Juez Sexto,
profirió sentencia anticipada negando las pretensiones, sin que los demandantes
hubieran participado en el proceso, o a lo sumo en las etapas procesales, más allá de
obedecer cada una de sus decisiones que a nuestros juicios resultaron arbitrarias, e
irregulares. […]”.
[…]
“[…] De manera que, al prescindirse de la audiencia Inicial, de decretar y practicar las
pruebas testimoniales, los actores, no tuvieron la oportunidad de expresar las razones
que impidieron presentar el medio de control de reparación directa de manera
oportuna, debido que los jueces de instancia les negaron esa oportunidad al tramitar
el proceso en detrimento de sus garantías procesales, y al aplicar las normas menos
favorables, pese a que el tema a tratar correspondía a graves violaciones a los
derechos humanos. […]”.
[…]
20 Transcripción literal del texto.
21 Idem pie de página núm.6 supra.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
“[…] De lo anterior se concluye que, la sentencia de tutela recurrida no advirtió, si bien
es cierto, los jueces son autónomos en sus decisiones, no es menos cierto que esa
autonomía so puede estar por encima, ni desconocer los derechos de las partes. Y
en el caso que nos ocupa, no se valoraron las pruebas, las partes no participamos en
el curso del proceso, se pretermitieron las etapas procesales, se aplicaron normas y
sentencias regresivas, lo que evidencia una vía de hecho, y en consecuencia el
desconocimiento e inaplicación de los mandatos convencionales. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
21. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199122, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202123 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201924, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
22. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestiones previas
Falta de legitimación en la causa por pasiva
23. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Nación – Ministerio del Interior,
22 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
23 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
24 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
no fue objeto de pronunciamiento por parte del A quo en el trámite de la primera
instancia, esta Sala entrará a realizar el respectivo análisis.
24. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
25. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 200625, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
25 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[26].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
26. La Sala advierte que la Nación – Ministerio del Interior solicitó su
desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva.
27. Al respecto, es preciso indicar que la Nación – Ministerio del Interior fue
vinculada al proceso de tutela de la referencia como tercero con interés, en la
medida en que integró la parte demandada dentro del medio de control de
reparación directa cuestionado por el actor; es decir, que a dicha entidad le asiste
interés en el resultado del proceso de la referencia.
28. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Nación – Ministerio
del Interior le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
29. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Nación – Ministerio del
Interior.
De la coadyuvancia
30. La Sala encuentra que las personas que integran los núcleos familiares
señalados en el numeral 15 supra y Adil José Meléndez Márquez, quien fue
reconocido como agente oficioso en los términos del auto de 18 de abril de 2024
proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
presentaron escrito de coadyuvancia en los siguientes términos: “[…] ratificamos y
coadyuvamos los hechos y pretensiones, fundamento del medio de control,
constitucional — acción de tutela incoada, por nuestro compañero Sr. NARCIDO
26 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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SILGADO TORRES en contra del Tribunal Administrativo de Sucre y contra el
Juzgado Sexto Administrativo de ese Círculo Judicial […]”.
31. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. del
artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud […]”, la Corte Constitucional ha destacado que “[…] la
coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran
de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante
una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia […]”27.
32. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos. Esto dijo textualmente28:
“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para
estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar,
siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés
legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la
solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el
amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de
tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial
desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acción
de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los derechos
fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.
Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez
constitucional no puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las
extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos
fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por
reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad, su competencia
sigue teniendo como límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial
y respeto por la cosa juzgada. Ellos se verían afectados en una medida mucho
mayor si el juez constitucional avoca el estudio, no solo de los defectos planteados
por el accionante, sino sobre otros defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes
27 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
28 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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pudieran aducir, toda vez que podrían ventilarse en una acción de carácter
excepcional y subsidiaria la totalidad de los aspectos debatidos en las instancias
precedentes. Un escenario como el planteado convertiría la acción de tutela en una
tercera instancia, pese a que la Corte ha proscrito expresamente esta hipótesis. En
este sentido, admitir las controversias propuestas por los terceros dentro del
proceso de tutela en relación con sus propios derechos y con independencia
de los hechos y derechos planteados por el accionante, desnaturalizaría la
acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala).
33. En este sentido, las personas que integran los núcleos familiares señalados
en el numeral 15 supra y Adil José Meléndez Márquez, quien fue reconocido como
agente oficioso en los términos del auto de 18 de abril de 2024 proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, están legitimados
para intervenir como coadyuvantes de lo pretendido por el actor.
Problemas Jurídicos
34. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, al proferir la sentencia de
23 de febrero de 2023, y el Juzgado Sexto Administrativo de Sincelejo, al proferir la
sentencia de 21 de febrero de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de radicación
70001333300620150016400-01, incurrieron en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, lo que trajo como consecuencia que se
declarara probada la excepción de caducidad y, en consecuencia, se negaran las
pretensiones propuestas dentro de dicho medio de control.
35. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los
requisitos de procedencia en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a
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la reparación integral; viii) análisis del caso concreto, y finalmente ix) las
conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
36. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello29, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
37. Esta Sección30 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
38. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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39. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedencia, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado
como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de
tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”31.
40. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
41. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”32 que encaje en dichos
parámetros.
42. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
43. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201433.
31Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
32 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto
44. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.
45. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia, así:
45.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral.
45.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la
posible afectación de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii)
el actor cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas
por las cuales las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente.
45.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales34, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
34 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
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providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
45.4. Cumplió con el requisito general de procedencia de inmediatez35.
45.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados.
45.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
45.7. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
45.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
46. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
47. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189636 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201137;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200138; C-816 de
201139; C-179 de 201640; y T-102 de 201441.
35 Puesto que la sentencia de 23 de febrero de 2023 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre se notificó el 16 de marzo de 2023 (dos días siguientes al envío del mensaje de datos
que se realizó el 14 de marzo de 2023), mientras que la tutela se interpuso el 12 de septiembre de 2023, es
decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia cuestionada.
36 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
37 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
38 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
39 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
40 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
41 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
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48. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”42 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
49. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional43, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
50. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria44, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.
51. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala45, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
42 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
43 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
44 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de
febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013,
C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
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regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.
52. En efecto, la Sala46 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial47”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.
53. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, fijan reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
54. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
46 ibídem.
47 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
55. Atendiendo a que, la Corte Constitucional48 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
56. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
57. Atendiendo a que, la Corte Constitucional49 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
48 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
49 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
reparación integral
58. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
59. Atendiendo a que la Corte Constitucional50 ha entendido que el derecho a la
reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición
[…]”.
Análisis del caso en concreto
60. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Sexto Administrativo
de Sincelejo, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir, la sentencia de 23 de
febrero de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir, la sentencia de 21 de febrero de 2022,
en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 70001333300620150016400-01:
vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
61. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
50 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
62. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
63. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
63.1. Copia digital del expediente del proceso del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 700013333006201500164-
01.
Solución del caso concreto
64. De conformidad con lo resuelto por el juez constitucional en primera instancia
y los planteamientos formulados en los recursos de impugnación, la Sala precisa
que el análisis del caso en esta instancia se centrará en el presunto
desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia SU 254 de 2013,
en lo relacionado de forma exclusiva a la caducidad por el hecho del desplazamiento
forzado.
65. La Sala advierte que, el actor en su escrito de tutela señaló que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que su decisión se apartó de lo
establecido en la sentencia SU-254 de 201351 que, a su juicio, le era aplicable al
caso bajo estudio, para en su defecto aplicar lo señalado en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
51 Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Núm. único de radicación: 110010315000202304978-01
Actor: Narcido Silgado Torres
Estado52 y la sentencia SU-312 de 202053 proferida por la Corte Constitucional. Para
tal efecto, el actor manifestó lo siguiente:54
“[…] En el plenario cuyas pruebas no fueron practicadas, se demostró que la demanda
fue radicada en el mes de agosto del año 2015, bajo las directrices establecidas en la
Sentencia de Unificación de la Honorable Corte Constitucional SU -254 del 24 de abril
de 2013. Sin embargo, la incertidumbre, e inseguridad es de tal magnitud, que, frente
a un mismo tópico judicial, las secciones del Honorables Consejo de Estado han fijado
posiciones diferentes, algunas garantes de los derechos de acceso a la
Administración de Justicia, otras regresivas que atentan contra los mismos.
Nítida, fue la decisión adoptada por la Honorable Corte Constitucional en sentencia
de Unificación SU 254 de abril de 2013, al fijar los parámetros para que las víctimas
por graves violaciones a los derechos humanos acudieran ante la Jurisdicción de los
Contencioso Administrativo en ejercicio del derecho de acción. […]”.
[…]
“[…] La providencia atacada, es regresiva, retroactiva y viola los derecho de los
actores a la Administración de Justicia, en tanto que desconoció el precedente
jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional (Sentencia SU 254), y no valoro que
la demanda se presentó bajo una línea jurisprudencial que en su momento ofrecía
garantías para que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos,
amparadas en el principio de la buena fe y la seguridad jurídica acudieron a la
administración de justicia de cara a que se le resolviera a través del Medio de Control
Reparación Directa las pretensiones de su demanda por el daño antijuridico sufrido.
El fallador de instancia se limitó a aplicar la sentencia de Unificación del 29 de enero
de 2020, sin tener en cuenta que dicha providencia fue posterior a la presentación de
la demanda, y que los efectos de la misma no podían negar ni desconocer los
derechos adquiridos por los accionantes con las jurisprudencias vigentes a la fecha
en que se presentó la demanda.
En cambio, jurisprudencial adoptado por la célula judicial, no solo resulta regresivo y
retroactivo, sino que genera un manto de dudas, incertidumbre, y quebranta el
principio de buena fe, dado que, si la demanda fue presentada bajo la garantía de un
marco normativo y jurisprudencial, el despacho estaba obligado a aplicar dichas
normas al momento de fallar, y contrario a esa obligación, adopto una línea
jurisprudencial que en nada ayudaron a resolver el fondo del asunto, negándole a los
demandantes el derechos fundamental de acceso a la administración de justicia. […]”.
[…]
“[…] Sin embargo, a pesar de lo anterior, en el caso que nos convoca no está llamado
aplicarse la caducidad del medio de control de reparación con fundamento en la
sentencia de unificación del 29 de enero del año 2020, y en el literal i del artículo 164
del CPACA, debido a que el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha dicho
que los cambios jurisprudenciales no pueden ser retroactivos cuando atentan contra
las garantías procesales de usuarios de la administración de justicia.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de
29 de enero de 2020, radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033). C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
53 Corte Constitucional. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
54 Transcripción literal del texto.
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Actor: Narcido Silgado Torres
Agrega la alta corporación que “si un órgano de cierre fija en un momento dado un
criterio jurisprudencial sobre la acción idónea para reclamar un derecho, es claro que
luego de presentada la demanda no es razonable ni proporcionado que sorprenda al
demandante con un intempestivo cambio de criterio en este punto. […]”.
[…]
“[…] Lo anterior significa que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
resulta inaplicable al caso en estudio, dado que fue expedida en fecha posterior a la
presentación de la demanda, y los actores apoyaron sus pretensiones en virtud del
criterio jurisprudencial que imperaba para esa época, cual es como ya se indicó él de
la inoperancia de la caducidad frente a juzgamientos de conductas derivadas por
delitos de lesa humanidad o de graves violaciones de los derechos humanos e
infracción al derecho internacional humanitario.
Cabe precisar que como quiera que nos encontramos frente a un caso de lesa
humanidad, resulta indiferente para el estudio de la caducidad que la demanda haya
sido presentada con anterioridad o posterioridad a la expedición del citado
pronunciamiento unificador, teniendo en cuenta que en el ordenamiento internacional
se encuentra plasmada unos principios o normas que integran el ius cogens
aceptados por el Estado Colombiano que establecen de manera directa la garantía
de la imprescriptibilidad de las acciones civiles a favor de las víctimas de delitos
atroces, que permiten a estas reclamar su reparación en cualquier tiempo, sin estar
sujetos a reglas restrictiva de la caducidad establecidas en normas o en prácticas o
jurisprudencia interna como la precitada. […]”.
[…]
“[…] Lo anterior significa que la caducidad resulta inaplicable al presente caso, pese
a la existencia de sentencia (sic) y del inciso i del artículo 164 del CPACA, toda vez
que el mismo legislador ha reconocido que las pretensiones derivadas por el daño
antijurídico por actos de lesa humanidad o graves violaciones de los derechos
humanos no están sometido a términos de caducidad, por cuanto dicha garantía se
encuentra consagrada en el ordenamiento internacional de los derechos humanos y
por tanto la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo.
Cabe destacar que las normas del ius cogens por ningún lado establecen reglas
relativas a la prescripción o caducidad de las acciones civiles cuando se juzga la
responsabilidad de Estado por actos de lesa humanidad o crímenes de guerra, lo que
significa aún más que el presente caso no se encuentra afectado por la regla procesar
de la caducidad propia de nuestro derecho interno, y en tal sentido la demanda puede
ser presentada en cualquier tiempo.
Lo anterior deja dicho de que efectivamente las reglas de caducidad establecidas en
la sentencias de unificación de fecha 29 de enero del año 2020 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y en el inciso i del artículo 164 del CPACA, resultan
inaplicables a casos como el que se debate, toda vez que las mismas son contraria a
la convención y las normas del ius congens, como quiera que estás se encuentran
sustentadas en normas de derecho interno que en manera alguna no jamás podría ir
en contra de las disposiciones de derechos internacional. […]”.
[…]
“[…] Como se vislumbra el mismo Consejo de Estado ha dejado sentado que los
Jueces y magistrado se pueden apartar del pronunciamiento de unificación
establecido en la sentencia del 29 de enero del año 2020, y de inaplicar el literal i del
artículo 164 del CPACA, cuando se juzgan la responsabilidad del Estado por actos de
lesa humanidad y crímenes de Estado, es decir, que dicho pronunciamiento de
unificación no es absoluto y en tanto admite ser inaplicado a casos como el que se
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Actor: Narcido Silgado Torres
debate, teniendo en cuenta las razones expuesta por la Subsección B de la Sección
Tercera del mismo Consejo de Estado, entre que ya se expusieron a lo extenso de
este acápite. […]”.
66. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que para la aplicación del
precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los
siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre
una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente55.
Sentencia SU-254 de 201356
67. La Sala Plena de la Corte Constitucional abordó el estudio de varios casos
relacionados con víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, en los cuales
se solicitó una reparación integral. Al respecto, en la sentencia de la referencia se
lee:
“[…] Adujeron los accionantes que, como consecuencia del desplazamiento forzado
por el conflicto armado de que fueron víctimas, tuvieron que padecer todo tipo de
vejámenes y discriminación. Sumado a esto, afirman que dejaron atrás sus trabajos
y viviendas, y que les ha sido difícil estabilizarse socio-económicamente en los
lugares de recepción.
Debido a su situación de desplazamiento, en la mayoría de los casos, los peticionarios
acudieron a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para que
les fuera reconocido su derecho a la reparación integral, sin lograr respuesta alguna
ante sus solicitudes u obteniendo respuesta negativa. Frente a lo anterior, los
accionantes afirman que Acción Social sólo se ha limitado a brindarles ayuda
humanitaria de emergencia, sin reconocer los demás derechos que les son inherentes
por tratarse de personas con especial protección constitucional. En los demás casos,
los accionantes acudieron directamente a la vía de tutela, sin solicitud previa ante
Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin
de reivindicar su derecho a una reparación integral y a una indemnización justa,
pronta y eficaz.
De esta forma, en todos los casos, de manera directa o previa solicitud de reparación
e indemnización ante la entidad accionada, los actores interpusieron acciones de
tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional- Acción Social-, ahora Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, para que les fuera reconocido su derecho fundamental a la indemnización
justa e inmediata de todos los daños y perjuicios ocasionados por el desplazamiento
forzado.
55 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
56 Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actor: Narcido Silgado Torres
En los casos acumulados en la presente sentencia de unificación, con excepción de
los expedientes T-2.405.734 y T-2.448.283 en los cuales los jueces de instancia
rechazaron por improcedente las acciones de tutela, el amparo fue concedido y se
condenó en abstracto a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional -Acción Social-, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, al pago de los perjuicios derivados del desplazamiento forzado y
se remitió el expediente a los jueces administrativos para que se adelante el trámite
correspondiente al incidente de liquidación de los perjuicios […]”.
68. La Corte Constitucional planteó como problema jurídico determinar “[…] si en
los casos de tutela que se examinan, se presenta vulneración del derecho a la
indemnización administrativa y a la reparación integral de los accionantes, por parte
de la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional -Acción Social-, hoy transformada en el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, de conformidad con la Constitución Política de 1991, los
estándares mínimos de derecho internacional en materia de reparación a víctimas,
y el nuevo marco jurídico e institucional creado por la Ley 1448 de 2011 y sus
decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 4800 de 2011. Así, la Sala Plena
de esta Corporación deberá unificar los distintos criterios jurídicos que han dado
lugar a la ejecución de distintas acciones judiciales, a partir de las cuales se han
adjudicado diferentes consecuencias jurídicas a los mismos supuestos de hecho en
materia de reparación integral e indemnización administrativa a víctimas del
desplazamiento forzado. Para ello, la Corte deberá resolver diversos
cuestionamientos jurídicos, tanto de tipo procesal como sustancial, asociados a la
procedencia de la acción de tutela, su prosperidad en los casos en concreto y el
régimen legal aplicable, con el fin de lograr la protección efectiva del derecho a la
reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado, atendiendo el nuevo
marco legal y reglamentario en la materia […]”.
69. Por tratarse de un asunto complejo, la Corte realizó varios análisis frente a la
situación de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, resolviendo lo
siguiente respecto del término de caducidad para la población desplazada en
relación con futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso
administrativa:
“[…] VIGÉSIMO CUARTO.- DETERMINAR que para efectos de la caducidad de
futuros proceso (sic) judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán
computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en
cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial
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Actor: Narcido Silgado Torres
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema
y debilidad manifiesta […]”. (Resaltado por la Sala)
70. Para la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, si bien el asunto que se
resolvió en la sentencia SU-254 de 2013 fue complejo y abordó múltiples situaciones
de la población desplazada, lo cierto es que se observa que en ambos casos se trata
de víctimas de desplazamiento forzado57, que solicitaron una reparación integral
frente a los perjuicios derivados de ese desplazamiento.
71. En el caso del actor, de conformidad con las sentencias proferidas en primera
y en segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa, se advierte
que: i) “[…] el desplazamiento forzado de que fueron víctimas Narcido Silgado Torres
y los demás núcleos familiares residentes de la vereda La Alemania y poblaciones
aledañas, sucedido en el periodo comprendido entre 1998 y 2005, […]”; y ii) “[…] la
fecha de presentación de la demanda, 18 de agosto de 2015. […]”.
72. Por otra parte, se advierte que, i) la sentencia SU-254 de 2013 determinó que
“[…] para efectos de la caducidad de futuros proceso (sic) judiciales ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población
desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no
se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos
de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de
vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta […]”; y ii) la ejecutoria de dicha
sentencia de unificación se configuró el 23 de mayo de 2013.
73. La Sala precisa que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 21
de mayo de 2015 y, de conformidad con la información contenida en el auto de 18
de marzo de 2016 proferido en el proceso objeto de debate, la respectiva constancia
de no acuerdo fue “[…] expedida por la Procuraduría 164 Judicial II de Sincelejo de
fecha 18 de agosto de 2015 (fls. 760-761) […]”.
57 En la sentencia de 23 de febrero de 2023, objeto de debate en la presente acción de tutela, la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre manifestó que “[…] Ahora bien, el material probatorio arriba
discriminado permite tener por acreditado el desplazamiento forzado de que fueron víctimas Narcido Silgado
Torres y los demás núcleos familiares residentes de la vereda La Alemania y poblaciones aledañas, sucedido
en el periodo comprendido entre 1998 y 2005, como consecuencia del conflicto armado interno en el la región
de los Montes de María, Municipio de San Onofre, Sucre, por las amenazas recibidas en su hogar; hecho que
además fue aceptado por los actores en la narración de los supuestos fácticos de la demanda […]”.
37
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Actor: Narcido Silgado Torres
74. Al respecto, la Sala advierte que, en un caso con supuestos fácticos y jurídicos
similares, esta Sección58 se pronunció en los siguientes términos:
“[…] 54. Para la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, si bien el asunto que se
resolvió en la sentencia SU-254 de 2013 fue complejo y abordó múltiples situaciones
de la población desplazada, lo cierto es que se observa que en ambos casos se trata
de víctimas de desplazamiento forzado, que solicitaron una reparación integral frente
a los perjuicios derivados de ese desplazamiento.
55. En el caso de los actores, de conformidad con la sentencia de primera y segunda
instancia proferidas dentro del medio de control de reparación directa, se advierte que:
i) “[…] a partir de las afirmaciones de la demanda, el desplazamiento se produjo en el
año 2001 […]”; y ii) “[…] la demanda se presentó hasta el año 2014 […]”.
56. Por otra parte, se advierte que, i) la sentencia SU-254 de 2013 determinó que “[…]
para efectos de la caducidad de futuros proceso (sic) judiciales ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo
podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en
cuenta trascursos (sic) de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema
y debilidad manifiesta […]”; y ii) la ejecutoria de dicha sentencia de unificación se
configuró el 23 de mayo de 2013.
57. Igualmente, se advierte que, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la sentencia T-374 de 2023, la sentencia SU-254 de 2013 era el precedente vigente
al momento de la interposición de la demanda de reparación directa, tratándose de
una regla especial para la población desplazada por la violencia, que busca garantizar
el acceso efectivo a la administración de justicia de una población con una “[…]
especial situación de vulnerabilidad […]”.
75. En ese orden de ideas, la Sala considera que se desconoció la ratio decidendi
establecida en dicha sentencia, puesto que, tal como se expuso previamente, los
supuestos fácticos y jurídicos estudiados en la sentencia de 23 de febrero de 2023
se subsumen dentro de la regla jurisprudencial que para tal efecto estableció la Corte
Constitucional y, en esa medida, su análisis deberá realizarse de conformidad con
lo allí establecido.
Conclusiones de la Sala
76. En suma, la Sala revocará la sentencia de tutela de 26 de septiembre de 2024
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
medio de la cual negó el amparo los derechos fundamentales del actor y de los
terceros con interés directo en las resultas del proceso y, en su lugar, concederá
el amparo del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero de
2024, radicado número 110010315000202304852-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Actor: Narcido Silgado Torres
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: RECONOCER como coadyuvantes a las personas que integran los
núcleos familiares señalados en el numeral 15 supra y Adil José Meléndez Márquez,
quien fue reconocido como agente oficioso en los términos del auto de 18 de abril
de 2024 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Nación – Ministerio del Interior, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 26 de septiembre de 2024 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para en su
lugar, AMPARAR el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
del actor y de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 23 de febrero de 2023 proferida
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 700013333006201500164-01.
QUINTO: ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Sucre que, dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SÉPTIMO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
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Actor: Narcido Silgado Torres
2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Salva voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto
JAIME HUMBERTO TOBAR ORDOÑEZ
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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